El conflicto catalán también divide a la Unión Europea | Mercados

El conflicto de Cataluña ya había fracturado antes del 1 de octubre la convivencia dentro de la comunidad autónoma y en el conjunto de España. Tras la bronca jornada del domingo pasado, amenaza con dividir también a la Unión Europea, cada vez más forzada a tomar posición sobre un problema del que se había desentendido calificándolo como “asunto interno” de España.

El asunto interno ha cruzado ya las fronteras y resquebraja la aparente unidad de las capitales y de las instituciones comunitarias, que hasta ahora se limitaban a expresar su apoyo al orden constitucional vigente.

El agravamiento de la crisis obliga a concretar más la posición y con el detalle emergen las diferentes sensibilidades políticas que laten en cada capital y los intereses no siempre coincidentes de los Estados miembros.

Cataluña se ha convertido en arma arrojadiza entre centralistas y federalistas, entre partidarios de avanzar en la integración europea y quienes abogan por frenarla, y entre euroentusiastas y eurófobos.

La división cristalizará este miércoles en Estrasburgo, durante el debate convocado por el Parlamento Europeo con carácter de urgencia para abordar la situación en Cataluña. Pero las diferencias vienen de mucho antes, aunque empezaron a hacerse patentes tras las imágenes de la intervención policial para abortar el referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.

El debate de Estrasburgo obliga a la Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, a pronunciarse en el plenario sobre un tema que había esquivado con esmero para no interferir en asuntos españoles pero también para no sufrir una división interna.

Prueba de lo espinoso del asunto es que el organismo comunitario tuvo que deliberar el martes a puerta cerradas para consensuar una posición de cara al plenario, que será defendida por el vicepresidente de la Comisión, el socialista holandés Frans Timmermans.

Las negociaciones previas eran imprescindibles porque en el seno de la Comisión (28 comisarios, uno por país) conviven sensibilidades muy distintas en relación con las reivindicaciones nacionalistas, en general, y sobre el conflicto catalán, en particular.

Al igual que las principales capitales (Berlín, París o Roma), la mayoría de los comisarios se alinea con las tesis de Madrid, representadas en Bruselas por el comisario español Miguel Arias Cañete.

Pero la Comisión cuenta con miembros como el vicepresidente de Asuntos Económicos y ex primer ministro de Letonia, Valdis Dombrovskis, temido por la diplomacia española por sus simpatías hacia el nacionalismo catalán. Un nacionalismo que suele evocar la independencia de los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) como un precedente ejemplar para sus aspiraciones de secesión.

Las cargas policiales del domingo también han enfriado el apoyo hacia el gobierno español entre los comisarios de origen nórdico o de sesgo liberal. Ninguno de ellos parece cuestionar el derecho del Estado español a impedir una ilegalidad, pero se preguntan sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas.

“Está claro que el gobierno español tiene razón legalmente, pero la actuación desproporcionada puede restarle legitimidad”, tuiteaba el domingo el jefe de gabinete del Jyrki Katainen, vicepresidente finlandés de la Comisión Europea.

En la reunión del martes, los comisarios europeos acordaron mantenerse al margen del conflicto y rechazar las peticiones de mediación cursadas por el govern de Carles Puigdemont. Y se aferraron a una línea de consenso que, por ahora, complace a todas la Comisión. La posición pactada señala que “esperamos que las dos partes se sienten a hablar, que se relaje la situación y que encuentren una solución”, según resumió el vicepresidente Katainen al término de la reunión.

“España no acepta lecciones de democracia”, asegura el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons

 

El equilibrio de la Comisión no calmará el debate del Parlamento, previsiblemente tan acalorado como casi todos los que provoca la crisis de Cataluña. Estrasburgo ya tuvo un aperitivo el martes con una intervención del eurodiputado británico, Nigel Farage (Ukip).

“Nunca hubiera pensado que veía a la policía de un Estado miembro hiriendo a 900 personas para intentar impedir que votaran”, señaló Farage, uno de los líderes que impulsó el brexit en Reino Unido.

“Señor Farage, mi país no acepta lecciones de democracia de alguien a quien no considero demócrata”, replicó el eurodiputado español, Esteban González Pons (PP). “Gracias al brexit se marchará de esta cámara la extrema derecha. Lo único bueno que tiene el brexit es que no tendremos que escuchar jamás al señor Farage”.

Las acusaciones y reproches de Farage y Pons ilustran la dimensión europea que ha alcanzado el conflicto catalán y la trascendencia de su resolución o enquistamiento para el resto del continente. El desgarro al sur de los Pirineos puede agravar otras heridas europeas. Y viceversa.

“Para los partidarios del brexit en Reino Unido, por ejemplo, es una bendición que surjan fisuras en cualquier socio de la UE y más, si es del tamaño de España”, señala una fuente comunitaria. Como consecuencia del conflicto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya se ha perdido una cumbre europea (en Tallin, el 29 de septiembre) y ha tenido que centrar gran parte de su agenda internacional en la defensa de la integridad de España en detrimento de otros intereses económicos o geoestratégicos.

Las visitas de Rajoy al Elíseo y a la Casa Blanca se destinaron principalmente a recabar el apoyo público de Emmanuel Macron y Donald Trump a la unidad de España.

El conflicto catalán no solo impone el ensimismamiento de España. También puede cruzarse en los esfuerzos del renovado eje franco-alemán para reforzar la zona euro con nuevos instrumentos presupuestarios y nuevas cesiones de soberanía.

Los países reacios a esa evolución ya empiezan a achacar en parte la crisis catalana a la incomodidad de algunas administraciones regionales con una Unión Europea que apenas les concede representatividad. Esas voces abogan por recuperar el apoyo popular mediante la devolución de competencias Bruselas hacia las capitales y de éstas hacia las regiones. Un movimiento centrífugo europeo que el Gobierno español asegura haber frenado en Cataluña.

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Cmo lograr que los gigantes digitales tributen ms en Europa | Economa

La pantalla de un ordenador muestra la web del buscador Google.

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La UE asumirá parte de las competencias de la CNMV | Mercados

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un proyecto de Reglamento para transferir amplios poderes de supervisión bursátil desde las autoridades nacionales a los organismos comunitarios.

La nueva norma supone el mayor paso dado hasta ahora para crear un supervisor único europeo, una suerte de CNMV con competencias sobre ciertas áreas de todas las Bolsas del continente.

El proyecto de Reglamento otorga a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) la potestad de impulsar investigaciones sobre casos de abuso de mercado con repercusiones transfronterizas.

La ESMA, con sede en París, asumirá, además, el control directo de los índices de referencia (como el Euribor) y de las proveedores de datos; así como la autorización y supervisión de los fondos de inversión armonizados por la legislación europeo.

El organismo podrá imponer multas de hasta 10 millones de euros o de hasta el 6% de facturación anual a las empresas que infrinjan sus normas. Y de 1,2 millones de euros a los particulares.

El Reglamento, que necesitará el visto bueno de los Gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, supone el embrión de un supervisor único para los mercados bursátiles, en un proceso similar al que transfirió al Mecanismo Único de Supervisión (dependiente del BCE) la vigilancia sobre la mayor parte de las entidades financieras del continente.

“Estamos dando pasos decisivos para fortalecer el sistema europeo de supervisión financiera”, ha señalado Jirky Katainen, vicepreisdente de la Comisión Europea para el área de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad.

La transformación de la ESMA persigue, además, centralizar el control europeo sobre gran parte de la actividad de la City londinense, el mayor centro financiero de la zona euro que, tras el brexit, dejará de ser territorio comunitario.

El Reglamento confiere a la ESMA poderes exclusivos sobre ciertos servicios cuando sean ofrecidos desde un país tercero, como es el caso de las cámaras de compensación y liquidación. Esa potestad someterá a la City a una estrecha y centralizada vigilancia europea, muy superior, curiosamente, a la que soporta en estos momentos, porque está supervisada en exclusiva por las autoridades británicas. La Autoridad europea bursátil, ya dispone, además, del control directo sobre las grandes agencias de calificación

El cambio de la ESMA se enmarca en la reforma de las autoridades europeas de supervisión financiera (EBA o Autoridad Bancaria; EIOPA o Autoridad de Seguros y pensiones de jubilación; y ESMA), cuya estructura y financiación se reforzará para que dejen de ser poco más que unos foros de coordinación de las autoridades nacionales y pasen a convertirse en organismos con poderes de control sobre el día a día de os mercados.

Con ese objetivo, la Comisión también propone  que cada una de esas Autoridades se dote de un comité ejecutivo independiente similar al que dirige el BCE. La propuesta incluye la sustitución de la financiación nacional de las Autoridades (60% del total) por contribuciones directas del sector financiero y bursátil, lo que permitirá a los organismos aumentar sus recursos y lograr su independencia de las capitales. El presupuesto comunitario seguirá cubriendo el 40% de la financiación, lo que permitirá a Bruselas ejercer una importante influencia sobre las tres Autoridades.

 

1.600 folletos y 134 fondos

La ESMA, según el proyecto de Reglamento aprobado hoy por la CE, asumirá la autorización de los folletos de colocación en bolsa de ciertas emisiones mayoristas, los de emisores especializados (desde compañías mineras a navieras), los de titulizaciones y de los de emisores extranjeros (como la City tras el brexit). Bruselas calcula que la ESMA pasará a tener el control de unos 1.600 folletos al año o el 45% del total de la UE.

La ESMA también asumirá la supervisión directa de los fondos de inversión armonizados a nivel europeo. Se trata de fondos de reciente creación pero cuya actividad aumenta por momentos. En 2016 se autorizaron 22 fondos de capital riesgo (EuVECA), de los que ya operan 117. A los se añaden 7 fondos de empresariado social (EuSEF) y casi una decena de fondos de inversión a largo plazo (ELTIF).

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Bruselas señala que la resolución del Popular puede recurrirse en el TJUE | Compañías

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Euro, Valdis Dombrovskis, afirmó hoy que la resolución del Banco Popular fue un acto de la Unión Europea y, por tanto, puede ser recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

“Desde el punto de vista legal, las decisiones de resolución son un acto de la UE y pueden ser recurridas en el marco del Tratado de la UE y, en este caso, dependería del TJUE decidir sobre tales recursos”, dijo Dombrovskis en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea.

El político letón rehusó “especular” sobre si debe ser España o la Unión Europea las que deben hacer frente a los costes en caso de que prosperen las demandas judiciales que presenten los accionistas y bonistas que sufrieron pérdidas por la resolución.

En última instancia, serán los tribunales españoles o europeos los encargados de determinar quién debe asumir este coste en función de qué instancia sea declarada responsable del hecho que dé derecho a la compensación, apuntan fuentes comunitarias.

Estas añaden, sin embargo, que es muy pronto para saber en qué desembocarán unos procesos judiciales que podrían tardar años en dirimirse.

La resolución del Banco Popular fue ordenada por la Junta Unica de Resolución europea el 8 de junio después de que el Banco Central Europeo, en su papel de supervisor, determinase que la entidad era inviable por falta de liquidez.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) español, por su parte, se encargó de la ejecución del plan, que supuso la venta del Popular al Santander por un euro e impuso pérdidas totales a accionistas y tenedores de deuda subordinada.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, insistió hoy en que los “responsables” de la resolución del Popular fueron la Junta Unica de Resolución y el Banco Central Europeo, que actuaron conforme a las normas de la Unión Bancaria, si bien rechazó “adelantar acontecimientos” sobre quien debería asumir los posibles costes derivados de los litigios.

El titular de Economía aseguró además este lunes que el contribuyente español no tendrá que asumir ninguna pérdida por la operación puesto que el FROB no asumió ningún pasivo.

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