Casi 50.000 empresas informan a Hacienda del IVA en tiempo real | Mi dinero

Casi 50.000 empresas están aplicando el Suministro Inmediato de Información (SII), lo que significa que envían los datos de IVA a la Agencia Tributaria en tiempo casi real. El nuevo sistema es el cambio de gestión en el principal tributo indirecto más importante desde que se introdujo el IVA en España en 1986.

A partir de julio, las grandes empresas -aquellas que facturan más de seis millones de euros-, las compañías adscritas al régimen de devolución mensual (Redeme) o los grupos de IVA deben enviar en un plazo de ocho días el detalle de las facturas emitidas y recibidas. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, aseguró hoy durante su intervención en el congreso de la Organización de Inspectores de Hacienda celebrado en Sevilla que casi 50.000 empresas se han incorporado al nuevo sistema.

El SII ha exigido que las empresas modificaran su organización interna y sus modelos de facturación. Menéndez minimizó el coste económico que ha supesto adecuarse al IVA en tiempo real y destacó que conlleva más ventajas que perjuicios. Las 50.000 empresas suman el 90% del censo de compañías que por su tamaño o  características deben aplicar el SII. Si se excluyen las sociedades exentas de liquidar el impuesto, el porcentaje aumenta al 97%. La Agencia Tributaria ya se ha puesto en contacto con estas compañías y, de momento, no ha aplicado sanciones.

Hacienda ha recibido información de 700 millones de facturas expedidas y recibidas. Unas 10.000 empresas adheridas al Redeme -y que por lo tanto estaban obligadas a informar del IVA en tiempo real- solicitaron su baja de este sistema. Menéndez se mostró convencido de que se irán reincoporando a medida que el conocimiento del funcionamiento del SII se amplíe. De hecho, señaló que la tendencia será que incluso las empresas que no están obligadas a informar del IVA en tiempo real opten por el nuevo modelo de gestión. Aun así, no está previsto forzar por ley a las pymes a aplicar el SII.

Hacienda pone en valor que el nuevo sistema permite que a las compañías contrastar la información procedente de terceros. Además, los adscritos al SII ya no deben presentar los modelos fiscales 347, 340 y 390. Y el pago del IVA se amplía del día 20 del mes al 30.

Aun así, la patronal CEOE criticó el poco plazo que han tenido las empresas para cumplir con el SII y defendieron, sin éxito, que la entrada en vigor se retrasara hasta el 1 de enero de 2018. A partir de esa fecha, el margen de ocho días para informar del IVA de las empresas bajará a cuatro días.

Cataluña como telón de fondo

La crisis política en Cataluña ha estado presente en los tres días que ha durado el Congreso de Inspectores de Hacienda. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, trasladó su “cariño” a los funcionarios que trabajan en Cataluña. El presidente del colectivo, José Luis Groba, lamentó la presión que sufren los inspectores en Cataluña y señaló que la Agencia Tributaria Catalana (ATC), una de las “estructuras de Estado” creadas por la Generalitat, no tiene capacidad para recaudar los tributos que hoy gestiona Hacienda. A pesar de que empresas públicas catalanas se comprometieron a pagar sus tributos a la ATC, ninguna se ha atrevido a desafiar al fisco y, hasta la fecha, están al día con la Agencia Tributaria.

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Preguntas que un asesor de autónomos debería saber responder | Autónomos

Los autónomos, antes de iniciar su actividad económica e incluso cuando ya están inmersos en ella, necesitan de los servicios de un asesor o gestoría. Una entidad capaz de gestionar y resolver dudas laborales, tributarias y de cualquier otra índole. La compañía Sage ha hecho público un listado de preguntas que cualquier asesor debería saber responder. Las recopilamos y analizamos a continuación, con el objetivo de que te ayude a la hora de contratar a quien te asesorará a lo largo de tu trayectoria profesional.

¿Cómo hay que darse de alta y cotizar correctamente? ¿Es mejor ser autónomo o actividad empresarial?

Es la primera pregunta que realizan los emprendedores. El asesor debe tener en cuenta el calendario antes de responderte: si nos encontramos en los últimos meses del año y puede aplazar el inicio, deberían recomendártelo.

Se ahorrará el depósito de cuentas, las declaraciones informativas y el Impuesto de Sociedades, en caso de que se trate de una empresa. Si es autónomo, el asesor debe recordar la obligatoriedad de cotizar desde el primer día de mes, con independencia de sus ingresos.

¿Cuál es la mejor forma jurídica?

Dependerá del número de personas que conformen la empresa, de sus previsiones de ingresos, gastos, así como de los riesgos que conlleva la realización de la actividad empresarial. El asesor debería recordare que para formar una Sociedad Limita el capital inicial es de 3.000 euros y para constituir una Sociedad Anónima, asciende a 60.000. Puede ser dinero líquido o activos materiales.

¿Qué obligaciones tengo como autónomo?

Las principales son el pago de la cuota correspondiente a la Seguridad Social, darse de alta en el censo de empresarios de la Agencia Tributaria y la declaración trimestral de IVA ante Hacienda en concepto de liquidaciones.

¿Cómo obtengo el certificado digital y para qué sirve?

A través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es interesante que el asesor te cuente que con este certificado, se pueden realizar trámites con cualquier administración pública las 24 horas del día, cualquier día del año, de manera legal y segura. También debería informarte sobreque su emisión no tiene coste.

¿Es obligatorio para el IAE?

Sage recuerda que no en todos los casos es obligatorio hacer frente al Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Están exentos las sociedades sin personalidad jurídica y los contribuyentes cuya cifra de negocio sea inferior a un millón de euros en el penúltimo año anterior al del devengo del impuesto. Tampoco pagan los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros periodos impositivos.

¿Cómo incluyo a mi pareja e hijos en la empresa?

Tanto los cónyuges como los familiares de hasta segundo grado, es decir, desde padres e hijos hasta abuelos, nietos, hermanos y cuñados, que realicen alguna actividad laboral para la empresa, deben estar dados de alta también en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Un asesor adecuado te recordará también que este tipo de relaciones serán modificadas en la próxima Ley de Autónomos, aprobada ya por el Congreso.

¿Por qué tengo que contratarle?

El asesor que estás valorando puede responder aquí diversas cuestiones. Desde Sage recomiendan a aquel profesional que te invite a valorar a otros perfiles, pues es una muestra de transparencia y honestidad. También de que sus precios están dentro del mercado.

¿Es bueno ayudar a un autónomo con los planes de empresa?

Un asesor que muestre preocupación por este aspecto ganará muchos puntos. Valora aquel que se implique en este servicio, pues es un plus a valorar, dado que muchos asesores tienen una variada experiencia. Este hecho se deriva de las diferentes casuísticas que se le presenten, al trabajar con empresas de diversos ámbitos.

¿Cómo se fija el salario del administrador?

El asesor debe informarte, en primer lugar, de que esta cuestión no atañe al empresario individual (autónomo). Deberá trasladarte que sólo afecta a los autónomos societarios y se fija en función de la normativa vigente. Es imprescindible que las condiciones de la remuneración se especifiquen en los estatutos de la empresa.

-¿Qué es el acta de titularidad real?

Es un documento que deben tener las sociedades mercantiles y emiten los notarios. Sirven para prevenir los casos de blanqueo de capital. Se emplean en operaciones para la ampliación económica de una sociedad.

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Los inspectores piden que el Estado recompense a quien denuncie fraudes fiscales | Mi dinero

La Organización de inspectores de Hacienda del Estado ha presentado este jueves su propuesta de Estatuto de la Agencia Tributaria. Durante su congreso anual que se celebra hoy y mañana en Sevilla, este colectivo ha reclamado que se regule la figura del confidente fiscal. Es decir, proponen que el Estado premie a aquellos ciudadanos que denuncien un supuesto fraude fiscal si el caso finaliza con el cobro de una deuda fiscal. En el ámbito del contrabando, ya se contempla esa posibilidad. El Estado también premia, por ejemplo, con un 10% del patrimonio aflorado a aquellos ciudadanos que comunican la existencia de una herencia que pasa a manos del sector público por falta de herederos.

Los inspectores creen que premiar al chivato fiscal elevaría el número de comunicaciones de fraude e incrementaría la recaudación. En la misma línea de lucha contra la evasión, los inspectores propusieron que se les permita actuar de incógnito. Actualmente, tienen la obligación de identificarse como funcionarios públicos nada más acceder a una empresa o comercio.

El documento presentado será entregado a todos los grupos parlamentarios y los inspectores confían en que finalmente exista un compromiso firme de establecer un Estatuto de la Agencia Tributaria como se contemplaba cuando se creó este organismo en 1992. Los inspectores destacaron que es rentable invertir en políticas contra la evasión. Sostienen que por cada euro que destina el Estado a luchar contra el fraude recupera casi diez. Estas son otras medidas que proponen los inspectores:

  • Director de la Agencia Tributaria

Los inspectores proponen que el director de la Agencia Tributaria sea elegido por el Congreso de los Diputados y, no como sucede ahora, por el Ejecutivo. Para el nombramiento se requeriría una mayoría cualificada y el mandato sería por cinco años y renovable por otros cinco.  Además de no seguir el calendario electoral, para asegurar la independencia se fijarían causas de destitución tasadas y reguladas. Actualmente, el secretario de Estado de Hacienda es también el presidente de la Agencia Tributaria. Los inspectores piden que se suprima este cargo para desvincular el organismo público de la política.

“La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria”, señala el documento. Se trata de una muy vieja reclamación que ya fue estudiada, por ejemplo, por Josep Borrell en su etapa como secretario de Estado de Hacienda. 

  • Órgano único de recaudación

Los inspectores defienden que se centralicen las deuda a recaudar por todas las Administraciones Públicas mediante su integración en un sistema de red que permitiría la interconexión automática.

Proponen que la Dirección General del Catastro pases a formar parte de la Agencia Tributaria como un departamento más. “La integración generaría importantes sinergias, que reforzarían la estructura de medios de apoyos administrativo”.

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Los españoles declaran tener en el extranjero el equivalente al 13,4% del PIB | Mi dinero

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, anunció hoy que los últimos datos de la declaración de bienes en el exterior reflejan que los españoles han informado de bienes en el exterior por un importe de 156.122 millones de euros. Se trata de una cifra que equivale al 13,4% del PIB.

La declaración de bienes en el exterior obliga a los españoles con bienes o derechos (depósitos, cuentas, acciones o inmuebles, entre otros) que superan los 50.000 euros a informar de ello ante la Agencia Tributaria. Si bien se trata de una mera declaración informativa, el régimen sancionador es muy duro. De hecho, la liquidación y sanción puede superar el valor de los bienes en el exterior. Además, los contribuyentes que no han presentado el modelo 720 teniendo la obligación de hacerlo no se pueden amparar en la prescripción. La elevada sanción y la imprescriptibilidad son dos factores que han llevado a la Comisión Europea a abrir un expediente contra España. Bruselas emitió un dictamen en el que reclamó rebajar las multas por incumplir la obligación de informar de los bienes en exterior.

Durante su intervención en el congreso anual de la Organización de Inspectores de Hacienda celebrado en Sevilla, Fernández de Moya, recordó que la Agencia Tributaria recaudó 14.883 millones por su actividad contra el fraude fiscal en 2016. Una cifra elevada, pero que supone un 5% menos que el ejercicio anterior. Aunque la situación ha mejorado este año. Hasta junio, Hacienda ha recaudado por su plan contra el fraude fiscal 7.459 millones, un 5,2% más que en el mismo período del año anterior.

La situación política en Cataluña ha provocado que el Gobierno no cuente con suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados para aprobar las cuentas de 2018. Fernández de Moya recordó que estaba previsto incluir en las cuentas para el próximo año una rebaja del IRPF. En concreto, el pacto con Ciudadanos contemplaba que las rentas inferiores a 14.000 euros no pagaran el impuesto sobre la renta. El límite actual está fijado en 12.000 euros. Además, se contemplaba una reducción para contribuyentes con salarios hasta 17.000 euros. Esta medida ha quedado en el aire por la prórroga presupuestaria.

El Ejecutivo confía en aprobar el Presupuesto de 2018 una vez iniciado el año. El acuerdo con Ciudadanos también incluía ayudas fiscales adicionales para las contribuyentes con hijos a cargo. Además, se elevará el incremento de la reducción tributaria por familias numerosas

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Cataluña: La fragmentación fiscal no es la solución | Mi dinero

El sistema tributario de un país está integrado por unos impuestos que deben pagar los ciudadanos y por una Administración Tributaria que debe aplicar y gestionar dichos impuestos. El sistema tributario español es un foco permanente de problemas que ahora se ven agravados por las veleidades independentistas de algunas comunidades autónomas, como sucede con Cataluña.

El primer problema es el de los impuestos que configuran nuestro sistema tributario. Solo hay que fijarse en el impuesto sobre el patrimonio, del que no siempre se es consciente de si está en vigor o no, o con el impuesto sobre sucesiones, que se paga o no según la comunidad autónoma en la que se resida, provocando importantes problemas de deslocalizacion de contribuyentes. Sería más que deseable, imprescindible, que el nuevo sistema de financiación autonómica que ahora se negocia resolviera esos problemas y diseñara la distribución de los importes recaudados entre Estado, comunidades autónomos y ayuntamientos de la forma más justa posible.

El segundo de los problemas se refiere al enorme fraude fiscal y economía sumergida que existe en nuestro país, muy superior al de los países de nuestro entorno. Bien es cierto que existen fraudes, como el fraude carrusel en el IVA, la planificación fiscal de las multinacionales o la utilización de los paraísos fiscales, que exigen la adopción de medidas coordinadas a nivel internacional. Pero para combatir el resto, existen muchas otras que se podrían aprobar en España y no se ha hecho hasta ahora.

La tercera dificultad es la referida a los órganos que deben gestionar el sistema tributario, que para los impuestos estatales es la Agencia Tributaria, y las comunidades autónomas gestionan los tributos cedidos y los propios. La Agencia Tributaria tiene serios problemas de funcionamiento operativo por la falta de personal y de medios que, en cierto modo, ha empezado a paliarse con las ofertas extraordinarias de empleo público que el Gobierno ha aprobado últimamente, confiando en que en el futuro siga en esa línea.

Los tres problemas mencionados se agravan con el problema del independentismo catalán y sus efectos futuros.

Cuando el problema era solo de negociación, y de ver lo máximo que se podía sacar cada vez que el Gobierno español de turno necesitaba los votos de los partidos catalanes, estos últimos tenían muy claro en el ámbito tributario que querían “las llaves de Letamendi”, el edificio principal de la Agencia Tributaria en Barcelona, y en esa sencilla frase se resumía que se quedaban con el edificio, los funcionarios, y la gestión y cobro de todos los impuestos estatales. Se fueron dando pasos intermedios, como la creación de la Agencia Tributaria Catalana y de un Consorcio para ir haciendo el traspaso, con el objetivo final de que la Agencia Catalana lo asumiera todo. Lo que ocurrió después es que ninguna comunidad autónoma ha querido ser menos que la otra y todas se lanzaron a crear sus propias Agencias Tributarias o Consorcios.

Los inspectores de Hacienda sabemos el desastre que supondría esa situación de fragmentación de la Agencia Estatal desde muchos puntos de vista, de gestión de los impuestos, de recaudación y, sobre todo, de lucha contra el fraude fiscal. Por ello, no nos cansamos de remitir a las autoridades tributarias y a los grupos parlamentarios del Congreso nuestras propuestas y advertencias sobre lo que supondría de consecuencias desastrosas una división de las competencias de la Agencia Estatal. Dichas propuestas y peligros fueron presentadas incluso en el Parlamento de Cataluña, al que personalmente asistí en su momento como presidente de Inspectores de Hacienda para advertir de los graves peligros de esa fragmentación. Curiosamente y como detalle revelador señalar que no quisieron hacerme las preguntas en castellano, como solicité.

Los que trabajamos día a día con los impuestos sabemos lo imprescindible que es tener una buena base de datos y los problemas que genera en el día a día que, por ejemplo, no se disponga de la información que está en las Haciendas Forales. La base de datos de la Agencia Tributaria es admirada y envidiada en el ámbito internacional y se iría por mal camino si esa información se fraccionara y la gestionaran diferentes Administraciones tributarias, cada una con sus bases de datos.

Resulta curioso que los políticos catalanes hayan puesto algunas veces como ejemplo la descentralización existente en Alemania, cuando es precisamente este país el que ha tenido que dar marcha atrás en algunos aspectos de esa descentralización, como las bases de datos, al comprobar lo absolutamente desastroso que era el hecho de que cada región dispusiera de su propio sistema de número de identificación fiscal, haciendo imposible cualquier intercambio de datos con otras regiones y gestionar el propio sistema tributario nacional.

Sirva todo lo anterior para subrayar que la solución negociada, para contentar a algunos o para evitar problemas mayores, no puede suponer la fragmentación de la Administración Tributaria, por los efectos tan negativos que tendría desde el punto de vista de la eficacia en su aplicación y de la lucha contra el fraude fiscal.

Animo a los políticos a que adopten las soluciones que Inspectores de Hacienda venimos proponiendo durante años, insistiendo en la necesidad de aprobar el Estatuto de la Agencia Tributaria en el que se incluyera la participación de forma efectiva de las comunidades autónomas en sus órganos de dirección, conformando una Agencia Tributaria de todos y para todos, profesional e independiente.

José María Peláez Martos es inspector de Hacienda del Estado.

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Grecia combatirá el fraude fiscal con una lotería | Mercados

El Gobiero griego ha lanzado un sistema de lotería mundial en el que participarán todas las personas que hagan sus pagos mediante tarjeta. Esta medida tiene como objetivo reducir la evasión fiscal.

El sorteo se celebrará al final de cada mes y en él participarán todos los pagos mediante tarjeta de consumidores mayores de edad que dispongan de un código de identificación fiscal, según la información proporcionada por el ministerio de Finanzas. La lotería distribuirá cada mes 1.000 premios de 1.000 euros cada uno, que serán transferidos a las cuentas bancarias de los ganadores. Según el comunicado, los premios no estarán sujetos al impuesto sobre la renta, ni tampoco pueden ser confiscados por deudas del ganador con Hacienda o con la seguridad social.

Grecia era uno de los países europeos con menor uso de tarjetas bancarias hasta la implantación del control de capitales en julio de 2015. Según datos de Mastercard de junio pasado, a partir de entonces su uso subió exponencialmente, y los pagos por tarjeta pasaron del 6% del consumo total en 2014 al 13% en 2016, aunque sigue siendo inferior a la media europa (40%).

Este incremento tuvo un efecto inmediato en las arcas del Estado, cuyos ingresos por IVA aumentaron en más de un 10% en 2016, según el Banco de Grecia- Sin embargo, esta medida no fue suficiente, pues muchos comerciantes ofrecen a sus clientes rebajas su pagan efectivo. Según cálculos del Ministerio de Finanzas, la economía sumergida mueve cifras que suman en torno al 25% del PIB:

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EE UU será un rival fiscal mayor para Europa que Amazon o Apple | Compañías

La zarina antitrust europea Margrethe Vestager está cerrando las lagunas fiscales, la mitad de la batalla tributaria. La otra mitad –igualar los impuestos a nivel mundial– puede que esté fuera de su alcance.

Vestager ordenó ayer a Luxemburgo recaudar 250 millones de Amazon, diciendo que una decisión de 2003 había permitido al gigante evitar los impuestos que debería haber pagado por tres cuartas partes del beneficio obtenido con las ventas en la UE. Irónicamente, Jean-Claude Juncker, ahora presidente de la Comisión Europea, era entonces primer ministro del país. Amazon está valorando apelar, y Luxemburgo está en desacuerdo con la decisión.

Sin embargo, es otro hito en la cruzada de Europa contra lo que percibe como evasión de impuestos; y va bastante bien. Es cierto que a Irlanda parece estar costándole recaudar 13.000 millones de Apple, pero la decisión de Vestager de remitir al país a los tribunales europeos debería ayudar a acelerar las cosas. Más importante aún, algunos de los métodos de evasión fiscal más clamorosos son ahora más difíciles de realizar, tanto en Irlanda como en Luxemburgo, tras varias reformas legales.

La siguiente fase del impulso europeo en materia de impuestos corporativos se enfrenta a un enemigo mucho mayor: EE UU. El mes pasado la Comisión expuso el desafío que supone fiscalizar a los gigantes de la tecnología usando reglas diseñadas para empresas físicas. Los pagos se deben realizar en los países donde las empresas se consideran “permanentemente establecidas”. Dado que las tecnológicas pueden prestar servicios online con poca o ninguna presencia física, Bruselas estima que pagan en la práctica impuestos a la UE equivalentes a la mitad de lo que pagan sus pares no digitales.

Una solución lógica es ajustar las reglas para incluir la presencia comercial, algo en lo que está trabajando la OCDE. Eso, sin embargo, afectaría a los impuestos que teóricamente deberían pagar en EE UU. Los movimientos para cambiar el régimen fiscal de aquel país vuelven el asunto confuso en cualquier caso. Pero es difícil imaginar que Donald Trump firme un acuerdo en el que Europa gane lo que pierde EE UU.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.

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Bruselas sancionará a Amazon con la devolución de cientos de millones por ventajas fiscales | Compañías

Bruselas anunciará este miércoles que Amazon deberá pagar a Luxemburgo varios cientos de millones de euros, más intereses, por haberse beneficiado de rebajas fiscales ilegales. La compañía de Jeff Bezos eludió el pago de impuestos sobre 3.000 millones de euros de ingresos, según avanzó este martes el Financial Times. La decisión llegaría tras tres años de investigación por parte de la dirección general de Competencia de la Comisión Europa. Pero el acuerdo fiscal declarado ilegal se remonta al año 2003 y fue suscrito por el gigante estadounidense del comercio electrónico con el gobierno de Luxemburgo, presidido entonces por Jean-Claude Juncker, actual presidente de la CE.

El fondo del caso es el mismo que llevó a Bruselas a exigir a Irlanda en 2016 la recuperación de 13.000 millones de euros en impuestos eludidos por Apple. Tras el castigo al fabricante del iPhone, Starbucks y Amazon, Bruselas apunta ahora a McDonald´s, que en diciembre anunció su decisión de mudar su sede fiscal a Reino Unido.

La ofensiva contra estas multinacionales la inició Joaquín Almunia en 2014, por aquel entonces comisario europeo de Competencia, como una vía para atajar la competencia fiscal desleal entre los socios de la UE. El problema era conocido desde hacía años, pero la crisis financiera redujo dramáticamente la recaudación de varios Estados y alentó la búsqueda de nuevos ingresos.

La ofensiva de la Comisión se basó en la normativa sobre ayudas de Estado, un instrumento apenas utilizado en la lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales. Los casos ganaron aún más fuerza con las filtraciones conocidas como LuxLeaks, que rebelaron cientos de acuerdos fiscales suscritos entre Luxemburgo y numerosas multinacionales.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que sustituyó a Almunia en 2014, ha redoblado el ataque y el año pasado llegó a exigir a Irlanda la citada recuperación de 13.000 millones en impuestos presuntamente eludidos por Apple. Era la reclamación por impuestos no pagados mayor de la historia de la Unión Europea por delante de la devolución de 1.400 millones exigida a EDF.

La ofensiva comunitaria no está exenta de riesgos ni de críticas. Algunos abogados dudan de la base jurídica utilizada por la Comisión y consideran que el éxito de los expedientes aun no está garantizado. Las compañías afectadas por la devolución de impuestos han recurrido al Tribunal de Justicia europeo, que será la instancia encargada de refrendar o desbaratar la estrategia de la Comisión.

Bruselas también ha sido criticada por centrar la mayoría de los casos en multinacionales estadounidenses. La Comisión insiste en que no hay ninguna discriminación hacia las empresas por su país de origen, pero casi todos los dictámenes apuntan hacia compañías de EE UU.

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El plan fiscal de Trump provocará moratones entre los republicanos | Mercados

Los planes de los republicanos estadounidenses de eliminar las deducciones fiscales estatales y locales (SALT) aumentarían los ingresos federales en al menos 1,3 billones de dólares en una década, ayudando así a compensar los recortes propuestos a las rentas individuales y los gravámenes corporativos. Los asalariados de altos ingresos que viven en zonas pro-Hillary Clinton, como Nueva York, serían los más perjudicados.

El plan es parte del programa fiscal del presidente Donald Trump y sus aliados republicanos. Nueva York, California, Connecticut y Nueva Jersey serían los estados más afectados, según el think tank Tax Foundation. En todo el país, alrededor del 10% de las personas que ganan menos de 50.000 dólares al año se aplican estas deducciones, en comparación con el más del 80% de los ganan al menos 100.000, según otro think tank, el Tax Policy Center. En general, el 30% de los estadounidenses se aprovechan de deducciones detalladas como SALT.

A los estados pro-Clinton les siguen Pensilvania, Wisconsin y Ohio, en los que ganó Trump. La derogación de SALT aumentaría los impuestos en ellos un promedio de unos 2.000 dólares. Los estados que no tienen impuesto sobre la renta como Florida, también pro-Trump, se aprovechan de SALT deduciendo los impuestos sobre las ventas. La factura tributaria promedio aumentaría allí en 1.400 dólares.

La disposición SALT lleva en vigor desde que se estableció el impuesto sobre la renta federal, en 1913, y ha sobrevivido a muchos intentos de abolirla. Ronald Reagan no la derogó cuando lideró el último esfuerzo exitoso de reforma fiscal, en 1986. El borrador de la nueva reforma dice que elimina las “deducciones más detalladas”, pero no menciona específicamente las locales y estatales. Funcionarios de la Administración dijeron el martes que formarían parte de la ofensiva.

Un informe de este año respaldado por la Asociación Nacional de Gobernadores y por la Conferencia de Alcaldes destacó el sufrimiento al que se enfrentarían todos los estados si se eliminara SALT. Los republicanos que representan a los distritos más afectados se enfrentarán a la presión de sus vecinos. Empieza una pelea con moretones.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.

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Hacienda reduce a la mitad las pérdidas por fraude en el IVA | Mercados

España ha reducido a la mitad las pérdidas en la recaudación del IVA hasta 2.503 millones de euros en 2015, según un informe publicado este jueves por la Comisión Europea. Solo cuatro años antes, a Hacienda se le escapaban 8.622 millones, el 13% de la recaudación potencial como consecuencia del fraude, la evasión, las bancarrotas o los errores de cálculos. El agujero se ha reducido ahora al 3,52%. Además, el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ha logrado aumentar la recaudación un 8% en 2015 hasta recaudar más de 68.000 millones de euros. Tres puntos de la mejora se explican por la ampliación de la base imponible y cinco puntos por la mayor eficiencia.

El informe anual encargado por la Comisión Europea intenta calibrar en cada país de la UE la diferencia entre el potencial de recaudación del IVA y los ingresos finales. En 2015, las pérdidas del conjunto del club europeo se redujeron en 8.700 millones de euros. Pero el sistema sigue presentando un agujero descomunal de 151.500 millones de euros, equivalente al presupuesto de la UE para todo un ejercicio.

“Los Estados miembros no pueden aceptar unas pérdidas tan impactantes”, señala el comisario europeo de Economía y Fiscalidad, Pierre Moscovici. Los estudios que maneja la Comisión indican que el 36% de la hemorragia se debe al fraude, propiciado por un sistema de recaudación ideado hace cinco décadas y que apenas se ha modernizado en el último cuarto de siglo.

El país con más exenciones

España recaudó 68.589 millones de euros en 2014 sobre un potencial (en base a la legislación actual) de 71.092 millones de euros. Pero el informe de la Comisión, elaborado por el centro de estudios CASE de Varsovia, calcula que el IVA aplicado en España apenas genera el 41% de la recaudación que podría lograr sin exenciones ni tipos reducidos.

España encabeza el ránking de impacto de las exenciones que equivalen al 44% de la recaudación total posible, por encima de la media europea del 35%.

¿Cómo se explica que España dejará de recaudar 8.622 millones en 2011 y ahora solo 2.503 millones? La realidad es que no existe una respuesta clara a esta pregunta y ello es una de las debilidades de estos informes anuales que realiza la Comisión Europea. Se trata de un estudio que gira en torno a la idea de la recaudación potencial del IVA, una cifra que es una mera estimación que se obtiene tras cruzar multitud de variables y que contiene un elevado grado de incertidumbre.

De hecho, la Comisión Europea corrige sus propios datos. En la edición de 2015, Bruselas señaló que en el año 2011, España dejó de ingresar 11.773 millones. En la edición publicada ayer, la pérdida recaudatoria de 2011 se había reducido a 8.622 millones. Ello refleja que los datos deben tomarse con cierta cautela y distancia.

Fuentes de la Agencia Tributaria señalaron que calculan un dato alternativo que reduce la pérdida de ingresos por IVA a más de la mitad. Según los números de Hacienda, a España se le escapan 1.120 millones al año, menos de la mitad de lo que apunta la Comisión Europea. La Agencia Tributaria señala que no existe polémica alguna con Bruselas, ya que ambas cifras proceden de sus cuentas.

El dato alternativo que ofrece la Agencia Tributaria consiste en tomar como referencia el IVA en términos de devengo en lugar de utilizar el criterio de Contabilidad Nacional. También se corrige el IVApor inversión en vivienda para ajustarlo al hecho imponible. Se trata de dos factores técnicos que explican que la pérdida recaudatoria sea inferior.

España recaudó 68.589 millones de euros en 2014 sobre un potencial (basándose en la legislación actual) de 71.092 millones. Pero el informe de la Comisión, elaborado por el centro de estudios CASE de Varsovia, calcula que el IVA aplicado en España apenas genera el 41% de la recaudación que podría lograr sin exenciones ni tipos reducidos. España encabeza el ranking de impacto de las exenciones que equivalen al 44% de la recaudación total posible, por encima de la media europea del 35%.

Moscovici tiene previsto presentar próximamente una drástica reforma del IVA. El principal cambio será la unificación del tratamiento de las ventas nacionales y transfronterizas. El nuevo modelo abolirá la exención de IVA en las exportaciones intracomunitarias. El país de origen de la mercancía o el servicio cargará el IVA al tipo vigente en el país de destino y le trasladará el ingreso. La nueva fórmula pretende erradicar el llamado fraude del carrusel que aprovecha el comercio transfronterizo para defraudar cientos de miles de millones de euros. “Si bien la Comisión está apoyando los esfuerzos por mejorar la recaudación fiscal en toda la UE, las normas vigentes datan de 1993 y han quedado obsoletas. Vamos a proponer en breve una revisión de la normativa del IVA sobre las ventas transfronterizas. Nuestra reforma contribuirá a reducir el fraude del IVA transfronterizo en un 80% y devolverá un dinero muy necesario a las arcas de los Estados miembros”, señaló Moscovici.

Bruselas considera imprescindible mejorar la efectividad de un impuesto que supone una de las principales fuentes de ingresos de las haciendas europeas, con una recaudación total cercana al billón de euros, según datos de 2014.

Grecia sigue a la baja

Grecia, bajo presión de la troika, ha elevado el tipo estándar del IVA al 23%, por encima del de Alemania (19%), Francia (19,5%) o España (21%). Pero la recaudación potencial, tras siete años de rescate, sigue sin despegar y la efectividad del sistema tampoco mejora.

En 2015, a raíz del tercer rescate, se elevaron los tipos del IVA de varios bienes y servicios, incluidos los de algunos alimentos. Cinco islas del país, además, perdieron el 30% de rebaja del IVA que disfrutaban hasta entonces.

El efecto ha sido mínimo, según el informe publicado por la CE este jueves. La recaudación potencial se ha incrementado en 1.000 millones de euros hasta 17.964 millones. Pero como consecuencia del deterioro económico sufrido, sigue muy por debajo de los 22.600 millones potenciales de 2011.

El impacto en la recaudación real ha sido aún menor, pues en 2015 solo aumentó en 200 millones de euros, hasta 12.885 milones. Como consecuencia, el agujero entre recaudación potencial y real ha aumentado y asciende ya al 28%, más del doble que la media europea (12,77%) y muy por encima de las pérdidas registradas en España en el mismo ejercicio (3,52%).

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