Los jueces piden la supresión de los juzgados hipotecarios por su colapso | Mi dinero

La solución ideada al colapso judicial, especializando un juzgado por provincia para absorber todas las denuncias en materia hipotecaria, hace aguas ante la falta de recursos para asumir el aluvión de litigios que desatan los créditos bancarios. Así lo han denunciado los Jueces Decanos de España en el escrito de conclusiones de las XXVII Jornadas Nacionales que concluyeron este miércoles en Bilbao. Los jueces consideran tan grave la situación que instan a abolir este sistema a partir de finales de año para volver a repartir la carga entre todos los juzgados del país.

El colectivo judicial justifica su petición pormenorizando la situación de cada sede provincial, un informe del que se desprende que, desde su creación el 1 de junio hasta la fecha, acumulan unos 88.500 asuntos hipotecarios sin apenas recibir refuerzos. Y eso sin contar las denuncias recibidas en ocho provincias que no cuentan con datos actualizados. Sumando los casos que estas sedes tenían a comienzos de septiembre, el total de litigios sería ya de 98.677, cifra que sin duda ha sido superada en el último mes y medio.

“Y la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final”, advierten los jueces decanos, remachando que “las medidas de refuerzo” puestas en marcha “están resultando un completo y absoluto fracaso”.

Tal es la situación que los jueces decanos instan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dejar sin efecto el plan de juzgados especializados en materia hipotecaria a partir del 31 de diciembre, dado “que no se han puesto los medios que se preveían en un inicio”, para que a partir de 1 de enero de 2018, esos asuntos vuelvan a ser repartidos entre todos los juzgados de primera instancia de España.

En todo caso, los jueces entienden que los juzgados especializados deberían mantenerse en marcha hasta que el colapso que han provocado los litigios de consumidores contra la banca se rebaje y se hayan resuelto todos los asuntos que ya les han sido asignados.

Un colapso anunciado

Los últimos datos oficiales ofrecidos por el CGPJ revelaban que a 8 de septiembre los 52 juzgados por cláusulas suelo habían recibido ya 60.000 demandas hipotecarias (pese a que agosto es un mes inhábil), y que 24 de estas sedes requerían refuerzos.

El plan puesto en marcha en junio, que buscaba precisamente evitar el colapso del sistema judicial español ante la avalancha de demandas por cláusulas suelo y otros asuntos hipotecarios, preveía reforzar los juzgados especializados que recibieran más de 900 asuntos. Pero estos apoyos no han llegado en todos los casos, o se han demostrado insuficientes.

Así, la mayoría de sedes siguen trabajando con un solo juez (habitualmente en prácticas), pese a haber duplicado la cota que activa los refuerzos. La carga de trabajo es tal que en sus primeros meses, estos jueces solo fueron capaces de emitir un puñado de fallos.

Se da la situación de que el juzgado 101 bis de Madrid, el que más asuntos acumula de toda España, ha registrado ya 22.234 asuntos, con lo que requeriría unos 25 jueces. Sin embargo, solo cuenta con dos jueces en prácticas, el apoyo de uno de adscripción territorial y la asistencia parcial de otro que dedica el 25% de su tiempo. Completan el equipo 10 funcionarios y dos letrados de la administración de justicia en un piso de la Gran Vía en el que se acumulan los expedientes por los pasillos.

Los decanos aseveran que ya venían advirtiendo del problema y alertan de que se agravará cuando culmine el periodo de prácticas de los jueces destinados a estas plazas. Critican además la asignación de un único juzgado por provincia, sin analizar las necesidades de cada territorio. También recuerdan que en España hay 12’2 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 21 de media europea, y reclaman la creación de e 250 plazas anuales durante cuatro años.

Ante la posibilidad de que las autoridades ignoren su propuesta de dar marcha atrás al plan, los decanos exigen que Justicia y el CGPJ detallen qué refuerzos concretos se pondrán en marcha para tratar de desatascar el colapso. La situación, aducen, “ha desbordado todas las previsiones” de forma que “la inmensa mayoría de juzgados especializados en toda España, están ya saturados de asuntos, con números imposibles de ser manejados” por los apenas 60 jueces destinados a las plazas especializadas.

El origen del plan

La creación de estos juzgados se puso en marcha en junio en previsión del aluvión de demandas que iba a provocar el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado diciembre, en el que exigía que los bancos indemnicen a sus clientes con retroactividad total por lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo abusivas.

El Gobierno puso en marcha también, mediante un decreto, un sistema de negociación extrajudicial entre bancos y clientes, si bien las entidades financieras vienen siendo renuentes a abonar lo cobrado a los consumidores, lo que ha derivado a la vía judicial muchos de los casos. Hasta el punto de atascarla.

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Hipotecas: El Supremo pospone a octubre su fallo sobre multidivisa a la luz del dictamen europeo | Mi dinero

El Tribunal Supremo tenía previsto pronunciarse el pasado miércoles sobre las hipotecas multidivisa en un fallo del que están pendientes unas decenas de miles de familias y que podría obligar a la banca a recalcular en euros estos créditos desde su origen, lo que supondría un importante coste para el sector en devoluciones para compensar la fluctuación de las divisas.

Esa misma mañana, sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un dictamen sobre este tipo de créditos estableciendo los criterios por los que deben de ser considerados nulos, por abusivos. Esto es, en aquellos casos en que la redacción de la cláusula no sea clara o en los que la entidad no informara debidamente al cliente de los riesgos.

Ante esta nueva doctrina, a la que el Tribunal Supremo está sujeto, el Alto Tribunal español ha decido aplazar su decisión hasta el mes de octubre para estudiar la posible incidencia en la causa que aborda.

En concreto, según fuentes conocedoras del caso, el Supremo ha remitido a las partes una providencia, fechada el miércoles y entregada el jueves, concediéndoles un periodo de 10 días hábiles para presentar alegaciones sobre las potenciales implicaciones del fallo de la Corte de Luxemburgo en esta causa.

Se trata de una demanda interpuesta por un cliente contra Barclays (hoy absorbido por CaixaBank) por un préstamo multidivisa en yenes que fue firmado en 2008. La operación subrogaba una hipoteca anterior firmada con Caja Madrid para unificar gastos bajo el nuevo crédito.

La disputa fue resuelta inicialmente a favor de la demandante por el Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid, si bien la Audiencia Provincial Civil admitió luego el recurso presentado por la entidad y anuló la sentencia inicial. El Supremo debe resolver ahora definitivamente.

Alegaciones del demandante

Patricia Gabeiras, abogada responsable de la demanda, avanza que presentará alegaciones porque el dictamen europeo beneficia claramente a su cliente. La Audiencia Provincial falló a favor del banco alegando que la hipoteca multidivisa no era un producto complejo que exigiese información adicional, explica Gabeiras, pero el Tribunal de Justicia de la UE ha advertido ahora que los casos los contratos en que no se detallaran los riesgos deben ser considerados nulos.

Es probable que la coincidencia entre la dictamen europeo y la fecha que el Supremo fijó para votar sobre el caso español no fuera coincidencia. La letrada del bufete Gaberias & Asociados advirtió a los magistrados de que estaba pendiente esta resolución y el Alto Tribunal viene guardándose de no ser desdicho por la Corte de Luxemburgo después de que este así lo hiciera en su fallo sobre cláusulas suelo del pasado diciembre.

Desde entonces, el Supremo ha elevado varias consultas prejudiciales al TJUE sobre algunas de las cláusulas hipotecarias más controvertidas, como las de vencimiento anticipado o intereses de demora, a fin de ceñirse al criterio europeo en sus dictámenes.

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El chileno Luksic y nuevos fondos demandan a la UE por Popular | Compañías

La batalla judicial en torno al colapso de Banco Popularsigue fraguándose. Nuevos accionistas clave de la entidad fallida, que incluyen a fondos de inversión representados por el despacho B. Cremades & Asociados, o el grupo Aeris Invest, propiedad de la familia chilena Luksic, acaban de anunciar que han emprendido acciones legales ante la justicia europea contra las autoridades comunitarias.

En concreto, el grupo Aeris ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El grupo chileno poseía un 3,45% de las acciones de Banco Popular, lo que le convertía en el mayor accionista individual aunque por debajo de la sindicatura de accionistas. Los Luksic perdieron toda su inversión cuando la entidad fue intervenida y vendida a Banco Santander por un euro simbólico el pasado 7 de junio.

Ya el pasado 21 de junio, el grupo del magnate chileno presentó un recurso contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) que fue quien ejecutó el mandato de las autoridades europeas y adjudicó la entidad al mejor, y en este caso único, postor.

En su reclamación contra las decisiones de las autoridades europeas, Luksic asevera que la decisión infringe numerosos principios y normales legales. Aeris critica que no se hayan hechos públicos todos los motivos de la Junta Única de Resolución (JUR) o que la crisis de la entidad fuera causada por las declaraciones de su responsable de que Popular estaba bajo vigilancia.

También considera que no se analizaran alternativas menos lesivas para los intereses de los accionistas a los que dejó sin propiedad acordando la resolución y venta a Santander sin una valoración adecuada o buscando maximizar el precio de venta.

El grupo considera además que el uso del Mecanismo Único de Resolución (MUR) imponiendo a los accionistas las primeras pérdidas sin tomar en cuenta medidas menos restrictivas sobre su inversión supone una lesión del derecho de propiedad de manera “desproporcinada”.

El recurso de Cremades

En paralelo, el despacho B. Cremades & Asociados, en representación de otros grandes clientes, ha presentado un segundo recurso ante el TJUE contra la CE y la JUR, a la que también acusan violar sus deberes de confidencialidad sobre la entidad.

Desde el bufete consideran que “los bonistas deberían recibir el 100% del nominal de su inversión y los accionistas una compensación de 2,57 euros” por título, aunque solicitan una indemnización mínima equivalente al precio de cotización de los instrumentos de capital de Popular a 22 de mayo de 2017 (cuando la acción cotizaba a 0,696 euros).

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El caso de Popular pone de relieve las carencias del mecanismo de resolución | Compañías

Banco Popular se convirtió el pasado 7 de junio en la primera entidad financiera intervenida por las autoridades europeas. Aunque hacía meses que cundía la preocupación por su situación, la fuga de clientes que sufrió precipitó su final y el estreno del nuevo mecanismo comunitario de resolución.

La aplicación de la herramienta, dejando sin dinero a los accionistas de la entidad, y la inmediata venta a Banco Santander por un euro simbólico es objeto ya de demandas e impugnaciones. A la espera de que la justicia determine si hubo irregularidades, los estudiosos del mecanismo aseveran que el proceso ha dejado al menos algunas valiosas lecciones para las futuras intervenciones.

“La crisis de Popular, que fue de liquidez, hace que las normas de resolución, pensadas para tomar con calma, se tomaran en 12 horas”, explicaba este miércoles Francisco Uría, socio principal de KPMG y responsable del sector financiero, subrayando que al contrario que en las crisis de solvencia, en las de liquidez hay que actuar con gran velocidad.

“Hubo suerte de que había un comprador que con lo que había pasado en las semanas anteriores estaba en disposición de hacer una oferta esa noche. Si no lo hubiera, la entidad había dicho que no podía abrir las oficinas al día siguiente”, expone, advirtiendo de lo delicada que hubiera sido dicha situación.

“Las lecciones aprendidas en Popular es que cuando tenemos una crisis de liquidez hay poco tiempo y las cosas tienen que estar muy preparadas”, resumía durante su intervención en unas jornadas sobre la materia organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros (IEAF-FEF).

Así, de un lado, advierte Uría, queda la impresión de que la JUR debe manejar al detalle la información sobre la entidad financiera a intervenir por si es necesario realizar un proceso acelerado de subasta en unas pocas horas.

De otra parte, prosigue el responsable de KMPG, harían falta fórmulas para ganar algo de tiempo, tal vez creando “un prestamista de última instancia que adelante liquidez” aunque el banco no tenga ya garantías colaterales que ofrecer, como le ocurrió a Popular cuando no pudo pedir más ayuda al Banco Central Europeo. En este sentido, Uría ve posibles referentes en los sistemas de moratoria de pagos de Alemania o EE UU.

“Se está intentando aprender de las lecciones, sobre todo generando un instrumento de liquidez”, coincide Santiago Carbó, Catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School y del Colegio Universitario de Estudios Financieros, que se muestra “escéptico porque necesitas completar la Unión Bancaria”, y amarrar una auténtica unión fiscal para tratar de “prevenir la siguiente crisis”.

El colchón anticrisis

Por otra parte, ambos se muestran de acuerdo en que el nuevo colchón anticrisis para los bancos europeos, el llamado MREL, tiene una utilidad relativa porque cuando se produce una situación de desconfianza del mercado, también este pilar se verá perjudicado.

Este colchón está pensado para poder recapitalizar instantáneamente un banco en apuros si se ve obligado a tapar agujeros con su solvencia original. Está por ver, en todo caso, la reacción de los inversores institucionales que apoyen a los bancos adquiriendo los instrumentos que alimentan ese capital de reserva.

“Estos inversores no se juegan una rentabilidad, sino perder su inversión”, advierte Uría. “Cuando tengan sensación de preocupación tratarán de limitar daños reduciendo posiciones”, tratando de vender una patata caliente que “se puede convertir en una fuente de volatilidad”, asume. “MREL crea colchones pero se pueden ver perjudicados si hay desconfianza en el mercado”, concuerda Carbó.

Las demandas 

En cuanto a los litigios que arrojará la resolución de Popular, Uría asume que se presentarán demandas por todos las cauces posibles, pues esa es la labor de los abogados que representan a los afectados. Otra cosa es que haya responsabilidades que depurar.

“La resolución no está para ayudar a los accionistas, está para resolver un problema en el sector financiero”, sostiene Uría que considera que la intervención de Popular “fue un éxito porque a las mañana siguiente, a las ocho, Popular abrió sus oficinas y sus clientes fueron atendidos”.

Luego la duda es si los bombos, que entraron a apagar el fuego que es lo que deben hacer, debían tirar la puerta abajo o no. Todos somos críticos pero no somos conscientes de lo que hubiera ocurrido si Popular no hubiera abierto las puertas”, concluye.

Uría considera que el precedente más cercano a este caso, salvando las distancias, que ha abordado la justicia europea es el de las quitas aplicadas a los bonistas de Grecia, que el Tribunal avaló.

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Maternidad: ¿Se puede despedir a una embarazada en el marco de un despido colectivo? | Legal

El 9 de enero de 2013, la compañía española Bankia inició un período de consultas con los representantes de los trabajadores con vistas a proceder a un despido colectivo. El 8 de febrero de 2013, la comisión negociadora alcanzó un acuerdo en el que se establecían los criterios que debían aplicarse para la selección de los trabajadores que iban a ser despedidos y de aquellos que conservarían su empleo en Bankia.

El 13 de noviembre de 2013, Bankia envió una carta a la empleada, que estaba embarazada en ese momento, por la que se le notificaba la extinción de su contrato de trabajo con arreglo al acuerdo de la comisión negociadora. La carta de despido exponía, en particular, que en el caso concreto de la provincia en la que ella prestaba servicios era necesario un profundo ajuste de la plantilla, y que en el proceso de valoración realizado en la entidad durante el período de consultas la puntuación que ella había obtenido se encontraba entre las más bajas de la provincia.

La trabajadora presentó una demanda impugnando su despido ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Mataró (Barcelona), el cual se pronunció a favor de Bankia. Ella recurrió entonces ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el cual solicitó al Tribunal de Justicia que interpretara la prohibición de despido de trabajadoras embarazadas y, más en particular, que indicara cómo debía interpretarse esa prohibición en el marco de un procedimiento de despido colectivo.

Conclusiones

En sus conclusiones presentadas hoy, la Abogado General Sharpston sostiene, en primer lugar, que la Directiva de maternidad protege a las trabajadoras «durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad», aunque aún no hayan informado de su estado al empresario. La excepción que permite el despido de la trabajadora embarazada sólo es aplicable en casos excepcionales no inherentes a su estado. Por otra parte, la Directiva sobre despidos colectivos regula los despidos producidos en el marco de los despidos colectivos y define estos últimos como «los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores».

Por lo que se refiere a la interacción entre los dos instrumentos normativos, la Abogado General estima que las condiciones en las que se admite el despido de una trabajadora embarazada, a saber «casos excepcionales no inherentes a su estado admitidos por las legislaciones y/o prácticas nacionales», no deben interpretarse en el sentido de que se corresponden exactamente con la expresión «uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores». En el contexto de la Directiva sobre despidos colectivos existen situaciones que se consideran, efectivamente, excepcionales. No obstante, ello no significa que cualquier despido colectivo sea un «caso excepcional» a efectos de la Directiva de maternidad. En consecuencia, corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si, en este caso, el despido colectivo puede calificarse como «caso excepcional» para apreciar si es aplicable la excepción a la prohibición de despido.

La Abogado General considera igualmente que, para que opere la excepción basada en la existencia de «casos excepcionales» que hacen posible el despido de una trabajadora embarazada, no basta con invocar motivos que afecten a su puesto en caso de despido colectivo -ni, por otra parte, fuera de este contexto-, sino que, además, en la práctica no debe haber realmente posibilidad de recolocar a la trabajadora embarazada en otro puesto de trabajo adecuado.

Y precisa que el concepto de «recolocación en otro puesto de trabajo» no equivale al de «permanecer en la empresa». La recolocación en otro puesto de trabajo es posible si éste queda vacante o si se crea una vacante transfiriendo a otro trabajador a otro puesto y asignando a la trabajadora el puesto que ha quedado de este modo vacante, mientras que la permanencia en la empresa significa que, sin importar cómo, la trabajadora embarazada conservará su empleo. A este respecto, la Directiva de maternidad no exige a los Estados miembros que adopten expresamente disposiciones que concedan prioridad de permanencia en la empresa a las trabajadoras embarazadas en caso de despido colectivo: si el Derecho nacional ha incorporado correctamente la Directiva de maternidad, la legislación nacional resultante debe garantizar normalmente que una trabajadora embarazada conserve efectivamente su empleo en caso de despido colectivo.

La Abogado General también estima que la Directiva de maternidad exige a los Estados miembros que ofrezcan a las trabajadoras embarazadas tanto protección contra el despido en sí (tutela preventiva), como protección contra las consecuencias de un despido prohibido que se ha producido a pesar de todo (tutela reparativa). En este contexto, la Abogado General afirma que la normativa española aplicable parece establecer que un despido ilegal es «nulo de pleno Derecho». Así pues, parece que esa normativa ofrece una tutela reparativa más que una tutela preventiva. De ser eso cierto, la legislación española no cumpliría los requisitos de la Directiva.

Finalmente, la Abogado General concluye que, para que un preaviso de despido se ajuste a los requisitos previstos en la Directiva de maternidad, éste deberá formalizarse por escrito y poner de manifiesto los motivos, debidamente justificados en relación con casos excepcionales no inherentes al embarazo que admiten el despido. En el contexto de un despido colectivo, no cumpliría este criterio un preaviso de despido que se limita a exponer los motivos generales que justifican los despidos, así como los criterios de selección, sin explicar por qué es admisible el despido de una trabajadora embarazada, dado que las circunstancias específicas del despido colectivo en cuestión hacen de éste un «caso excepcional».

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La Justicia europea apunta que el ERE de Bankia no justifica el despido de una embarazada | Mi dinero

La protección del puesto de trabajo de las empleadas embarazadas no puede ser vulnerada por el mero hecho de que una empresa acometa un despido colectivo. Así lo ha defendido la Abogado General de la Unión Europea Eleanor Sharpston en el dictamen que antecede al pronunciamiento que deber realizar la Corte de Luxemburgo sobre el caso de una afectada por el ERE aprobado por Bankia en 2013.

La Abogado General, una suerte de fiscal del Tribunal de Justicia de la UE cuyo dictamen suelen seguir luego los magistrados (con llamativas excepciones como ocurrió en el caso de las cláusulas suelo hipotecarias) advierte que un despido colectivo no siempre es un “caso excepcional” que permite prescindir de una trabajadora encinta o que disfruta de la baja maternal.

Sharpston sostiene en su escrito que la Directiva europea de maternidad protege a las trabajadoras “durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad”, incluso aunque el empresario no haya sido informado de su estado.

Las excepciones que permiten llevar a cabo un despido de una trabajadora durante este periodo nunca pueden basarse en la situación de embarazo de la misma o por el mero hecho de abordar un Expediente de Regulación de Empleo que afecte a decenas de empleados, puesto que en el caso de la embarazada siempre habrá que optar primero por tratar de recolocarla en otro puesto entre otras medidas.

El caso abordado por la Abogado General de la UE, que la Corte de Luxemburgo deberá resolver, es el de una empleada de Bankia a la que le fue comunicado su despido, dentro del proceso de ajuste de empleo aplicado por la entidad en 2013, mientras estaba embarazada.

La carta de notificación exponía que en su caso concreto se la elegía entre las trabajadoras prescindibles por presentar una de las puntuaciones más bajas de la provincia en la que estaba empleada.

La afectada presentó una demanda impugnando el despido ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Mataró (Barcelona), que dio la razón a Bankia. La empleada solicitó entonces al Tribunal de Justicia de la UE que se pronunciara al respecto. El dictamen de la Abogado General es el primer paso. 

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La reforma hipotecaria se tramitará en un ‘otoño caliente’ en el frente judicial | Mi dinero

La derivada judicial en la que han entrado miles de hipotecas en España en los últimos años promete animarse este otoño. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el Tribunal Supremo español tienen previsto pronunciarse sobre algunas de las cláusulas más polémicas de los contratos de crédito para la compra de vivienda mientras que los nuevos juzgados especializados en hipotecas deberán comenzar a digerir los miles de litigios recibidos, especialmente sobre cláusulas suelo.

Un otoño caliente, en definitiva, que promete marcar la tramitación parlamentaria de la reforma hipotecaria que el Gobierno impulsará en las próximas semanas para cumplir, con año y medio de retraso, con la regulación europea y para elevar la protección del consumidor bancario.

Después de todo, los dictámenes previstos de los dos Altos Tribunales mencionados tendrán efecto en algunos de los puntos clave de la reforma hipotecaria planteada. En primer lugar, el Tribunal Supremo tiene previsto pronunciarse sobre las llamadas hipotecas multidivisa el 20 de septiembre, informan desde la asociación de usuarios financieros Asufin. La sentencia, que se publicaría unos días después, será clave para las cerca de 70.000 familias que, según esta plataforma de consumidores, contrataron hipotecas en yenes o francos suizos entre 2007 y 2008.

A falta de conocer el dictamen de los magistrados, las hipotecas multidivisa serán una pieza clave de la reforma que tramitará el Congreso de los Diputados pues así lo exige la transposición de la directiva europea. Según consta en el último borrador al que ha tenido acceso este diario, la nueva legislación hipotecaria dará por primera vez el derecho a solicitar en cualquier momento la conversión a euros –u otra divisa en que se obtengan los ingresos recurrentes– del crédito constituido en otras divisas extranjeras.

Hitos clave del calendario

  • Mes de septiembre. El proyecto de ley de reforma hipotecaria será remitido al Congreso de los Diputados en las próximas semanas para iniciar su tramitación.
  • 20 de septiembre. El Tribunal Supremo tiene previsto abordar las hipotecas multidivisa y someterlas a votación y fallo el día 20.
  • Mes de diciembre. Los juristas asumen que la respuesta del Tribunal de Justicia de la UE al Tribunal Supremo sobre cláusulas de vencimiento anticipado e intereses de demora se recibirá previsiblemente a finales de año.

Por otra parte, el TJUE tiene pendiente responder a dos consultas elevadas por el Supremo español, que prefirió curarse en salud y pedir orientación sobre dos nuevas cláusulas hipotecarias que han sido objeto de controversia judicial, tras el varapalo que sufrió su doctrina sobre cláusulas suelo.

En concreto, preguntó cómo actuar cuando sea declarada nula, por abusiva, una cláusula de intereses de demora o una de vencimiento anticipado, aquella que permite a la banca activar la ejecución de la hipoteca, y el desahucio del inquilino, ante determinado número de impagos. En concreto, cuestiona cuánto sería correcto cobrar si se anula el castigo estipulado en el contrato hipotecario en caso de retraso del cliente en los pagos, y qué procedimiento seguir cuando un particular deje de pagar las cuotas al banco si la cláusula que lo regula no vale.

El Gobierno prevé solventar la recurrente anulación de estas cláusulas fijando un nuevo articulado en la reforma hipotecaria. De un lado, prevé limitar a tres veces el interés legal del dinero la sanción por demora y, de otro, propone que la banca solo pueda ejecutar el crédito ante el impago de un 2% del monto de la deuda, en lugar de ante cierto número de cuotas sin pagar.

La duda es si estas propuestas casarán con lo que acabe dictaminando el TJUE. En todo caso, aunque el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, aseveró que el Gobierno no esperará a la resolución del TJUE para acometer los cambios previstos sobre estas cláusulas, fuentes judiciales asumen que el dictamen puede llegar cuando la reforma esté aún en tramitación.

Aunque el TJUE rechazó la petición del Supremo de pronunciarse al respecto mediante un procedimiento acelerado, se espera que su decisión se produzca antes de final de año, lo que daría una oportunidad para adaptar la nueva legislación al criterio europeo.

En paralelo, será este otoño cuando los nuevos juzgados especializados en materia hipotecaria, creados para evitar el colapso del sistema judicial por el aluvión de demandas, comiencen a resolver los miles de casos recibidos, especialmente por cláusulas suelo.

Los fallos que se produzcan y la evaluación prevista de la vía de negociación impulsada por el Ejecutivo para las reclamaciones por suelos hipotecarios podrían generar un debate en el Congreso sobre si modificar la vía extrajudicial o adaptarla para otros casos.

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El Constitucional alemán cuestiona las compras de deuda del BCE, pero se inhibe en favor del TJUE | Mercados

El Tribunal Constitucional (TC) alemán informó hoy de que después de varias demandas y ante las dudas acerca del programa de compra de deuda de la zona euro del Banco Central Europeo (BCE) apelará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según el TC, hay varios motivos de peso que permiten afirmar que las decisiones que fundamentan el programa de compra de deuda violan la prohibición de financiación pública por parte del BCE.

La corte de Karsruhe ha decidido trasladar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al que solicita que se pronuncie con la mayor brevedad posible mediante un “procedimiento acelerado”. El caso se originó ante las reclamaciones presentadas por ciudadanos alemanes, incluyendo políticos y académicos, contra el programa PSPP del BCE por el que el banco central compra bonos soberanos de los países de la zona euro, así como de empresas públicas, alegando que este plan viola el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prohíbe la financiación monetaria.

“En opinión del Senado (del Tribunal Constitucional) existen razones significativas indican que las decisiones del BCE sobre el programa de compra de activos violan la prohibición de financiación monetaria y exceden el mandato de política monetaria del banco central, invadiendo así las competencias de los Estados”, señala el Tribunal alemán.

La decisión del Constitucional alemán sigue así los pasos de la adoptada en 2014, cuando el Tribunal decidió someter al TUE la decisión acerca de la legitimidad del programa OMT del BCE, por el que la entidad podía adquirir bonos soberanos de manera ilimitada a cambio de reformas, plan que nunca llegaría a aplicarse, aunque el TUE opinó que el programa era compatible con el mandato del BCE.

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Los funcionarios interinos ya pueden reclamar 20 días por año si son cesados | Legal

El Juzgado Contencioso nº 2 de A Coruña ha dictado una sentencia pioneraque reconoce a los funcionarios interinos el mismo derecho a ser indemnizados tras el cese en su trabajo. Se iguala así su situación a la de sus compañeros contratados en régimen laboral. Es decir, tienen derecho a cobrar 20 días por año trabajado.

Tras la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre indemnización por extinción de contratos de interinidad de 14 de septiembre de 2016, los tribunales siguen dando alegrías al personal temporal de la Administración Pública, ya no solo al laboral, sino que ahora también al funcionarial.

Se calcula que esta cuestión puede afectar a un total de 250.000 personas en España, según datos del sindicato de funcionarios CSIF, que ha facilitado la sentencia.

El funcionario, tras ser cesado, reclamó ante la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria una indemnización de 20 días por año trabajado que le fue denegado. En total reclamaba 1.500 euros como profesor sustituto en el periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2015 y el 14 de septiembre de 2016. Ahora, el juzgado le ha dado la razón, equiparando su cese a un despido por razones objetivas.

La sentencia indica que, de no admitir la petición del profesor, existiría una manifiesta discriminación entre el empleado laboral de la Administración (que sí se le ha reconocido derecho a la indemnización por cese) y el funcionario interino, a tenor de la doctrina del tribunal de justicia europeo y de las posteriores sentencias dictadas en el orden social.

El juez expone que la Administración no acredita qué razones pueden existir para tal diferencia de trato y le condena a pagar la cantidad reclamada por el profesor. En conclusión, el personal laboral y el funcionarial interino no pueden tener condiciones laborales diferentes, incluidas sus retribuciones, respecto del empleado público no temporal.

La cuestión de las costas

Aunque pudiera parecer que, al haberse estimado totalmente la reclamación del funcionario, éste debería quedar libre del pago de los gastos generados por el juicio (condena en costas, conforme al artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa), la sentencia señala que dada la complejidad del asunto, una situación de “mutación normativa”, cada parte deberá sufragar sus propios gastos.

Es decir, habrá que tener en cuenta cuál es la cantidad que se reclama, pues si esta es muy pequeña quizá los costes puedan superar la indemnización recibida.

Docentes de “usar y tirar”

Lo docentes son uno de los colectivos más afectados por la temporalidad en los contratos; ya sea en régimen laboral o administrativo, en numerosas ocasiones han padecido el llamado “fraude de ley en la contratación”, como encadenamiento de contratos temporales durante muchos años, o discriminación respecto a pluses y otras retribuciones que sí eran percibidas por compañeros que realizaban las mismas funciones.

Recientemente, la Sala de lo Social del Supremo ha condenado a la Universidad de Barcelona precisamente por este fraude de ley en la contratación; la sentencia aborda el problema planteado por un profesor que había trabajado para la Universidad a través de sucesivos contratos de carácter temporal desde el año 2003 hasta el 2013.

A pesar de que esa forma de contratación estaba prevista en la ley, llega a la conclusión de que el docente cubría necesidades permanentes y ajenas a un contrato temporal. Fue cesado, y ese cese, fue declarado despido improcedente, porque realmente se trataba de un contratado indefinido no fijo.

El profesor había acumulado, nada más y nada menos, que nueve contratos temporales durante 10 años y acreditó que impartía las mismas asignaturas troncales y otras complementarias en el departamento de escultura de la Facultad de Bellas Artes.

El Supremo recuerda que el ámbito universitario –a pesar de su autonomía en el ámbito de la contratación de personal- no es inmune a la normativa comunitaria y española sobre contratación temporal.

¿Cuál es la consecuencia por contratar en fraude de ley? En estos casos el Supremo ha declarado que si bien no puede hablarse de nulidad del contrato (porque no hay vicio del consentimiento, ni simulación…), sí que existirá un verdadero y oculto contrato, en este caso indefinido-no fijo, cuya extinción debe calificarse de despido improcedente, con las consecuencias indemnizatorias pertinentes.

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El Tribunal de la UE pone coto a los gastos abusivos que cobran las aerolíneas | Mi dinero

La encendida defensa de la protección al consumidor que viene proporcionando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se ciñe solo a los derechos de los clientes de la banca, sino que afecta también a otros grandes sectores como el de las aerolíneas.

Así lo ha dejado claro la Corte de Luxemburgo este jueves en un fallo que abre la puerta a que los Estados miembros puedan cancelar los gastos abusivos que las compañías de aviación cobran a sus clientes.

El pronunciamiento se ha producido en respuesta un litigio entre la unión federal alemana de centrales de consumidores (Bundesverband der Verbraucherzentralen) y la compañía Air Berlin.

La compañía incluye una cláusula por la que cuando un pasajero anula su reserva de un vuelo de tarifa económica o no se presente a su embarque, se le restará un importe de 25 euros en concepto de gastos de tramitación sobre la cuantía que se le devuelve, lo que los consumidores consideraban una comisión “desproporcionada”.

La unión federal de consumidores consideraba además que, al tratarse del cumplimiento de una obligación legal, Air Berlin no puede exigir gastos específicos. La asociación denunciaba, además, que la compañía aérea no desglosaba correctamente los diferentes gastos del billete y ofrecía información engañosa sobre el coste de las distintas tasas, por ejemplo.

El Tribunal de Justicia de la UE ha expuesto que la libertad de fijación de precios para las aerolíneas no se opone a la aplicación de la directiva europea en materia de protección al consumidor que pueden llevar a anular las cláusulas que se considere abusivas.

En cuanto a la transparencia en los precios, el TJUE advierte que en virtud del reglamento de explotación de servicios aéreos las compañías deben precisar por separado qué importes corresponden a impuestos, tasas aeroportuarias, así como los cánones, recargos y derechos, independientemente de la tarifa del vuelo.

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