Rajoy planta cara a Macron para defender a los camioneros | Mi dinero

Semana decisiva para la polémica reforma de la directiva sobre trabajadores desplazados temporalmente de un país a otro de la UE, una norma que provoca un choque frontal entre los países del corazón del club comunitario y los de la periferia. España encabeza el bloque de socios que se resisten a un endurecimiento de la norma, defendido con especial ahínco por el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El consejo de ministros de Empleo de la UE, al que asistirá la ministra Fátima Báñez, intentará este lunes (23 de octubre) en Luxemburgo limar las diferencias entre los dos bandos. El miércoles será el turno del Parlamento Europeo, que espera aprobar en Estrasburgo su posición sobre la directiva. Si ambas instituciones logran su objetivo, se desbloquería la tramitación de una directiva que lleva 18 meses estancada.

Macron se reunió el pasado jueves en Bruselas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para intentar ganarse el apoyo de España. Pero, según fuentes diplomáticas, las espadas siguen en alto y España mantendrá su rechazo a menos que se garantice una excepción para el sector del transporte por carretera.

“Queremos el acuerdo pero no va a ser fácil”, admiten fuentes españolas, que acuden a la cita con una enorme presión politica por parte de la Comisión Europea y de los grandes países de la UE (Alemania, Francia e Italia) para que acepten

 El proyecto de directiva equipara todos los derechos del trabajador desplazado con los vigentes en el país de destino, incluida la remuneración. La directiva actual, aprobada en 1995, solo les reconoce el derecho al salario mínimo de cada país.

Bruselas quiere aplicar la norma a todos los sectores, incluido el de transporte. Pero España, Portugal, Irlanda y los países de Europa central y del Este temen que los cambios propuestos penalicen su competividad y dañen la creación de empleo.

España exige una excepción para los transportistas, para aplicar la directiva solo a partir del quinto día de actividad internacional del camionero fuera de su país. Con ese umbral temporal, los transportistas podrian prestar servicio fuera de sus países, incluido el cabotaje, sin verse obligado a adaptar la remuneración al país de destino.

Las discrepancias sobre la directiva también afectan al período temporal en que un trabajador puede estar desplazado. El proyecto fija un máximo de 24 meses, pero algunos países quieren reducirlo a 12. La negociación de los ministros también deberá resolver el conflcto sobre el plazo para transponer la directiva a la legislación nacional. Bruselas ofrece un período de tres años, pero algunos paises reclaman un período de transición más largo dada la complejidad del texto y su previsible impacto económico. España se muestra flexible en ambos puntos siempre y cuando se resuelva su demanda sobre el transporte.

El debate del lunes se reproducirá solo 48 horas después en el Parlamento Europeo, donde el pleno someterá a votación el proyecto de directiva, aprobado ya en comisión parlamentaria. Varios representantes de los sindicatos españoles acudirán a Estrasburgo para trasladar sus protestas por la posición española ante esta reforma y apoyar la de Francia.

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, cree que los responsables españoles del Gobierno a se alinearán finalmente con los países del Este, contrarios a que los trabajadores desplazados tengan que recibir las mismas condiciones laborales que el país que los acoge.

“Estamos totalmente en contra de la postura de España, ya que los sindicatos queremos que se respeten siempre los convenios, los salarios y las condiciones de los países donde están desplazados los trabajadores”, aseguró Antoñanzas. Además, consideró que existen pocas probabilidades de que España cambie dicha postura.

Asimismo, desde UGT creen que la reforma de esta directiva debería incluir que los desplazados tuvieran las mismas condiciones que los trabajadores del país donde trabajan desde los doce meses de estar allí y no a partir de 24 meses, como propone la Comisión Europea.

Para  ladirigente ugetista, más difícil aún será que la legislación europea encuentre una solución para la problemática del sector del transporte por carretera. En este punto, aseguró que “los camioneros españoles empiezan a estar muy afectados, porque estamos hablando, en muchos casos de mafias, procedentes de otros países, que están tirando los precios.”

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convertido esa ley en uno de los símbolos de su cruzada para refundar Europa y demostrar a la opinión pública que el club comunitario combate el dumping laboral y protege los derechos de los trabajadores. Pero la ofensiva de París se ha topado con la resistencia de España, que al igual que la mayoría de los socios de Europa central y del este temen que la nueva directiva encarezca excesivamente sus exportaciones al mercado europeo.

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Estos son los diez sectores con empleos más precarios | Mercados

Mi trabajo evoca recuerdos de la infancia: aún tengo que levantar la mano para ir al servicio”. “He trabajado en dos centros privados de Formación Profesional durante. El primer mes no me dieron de alta. El salario se reducía a unos cinco euros la hora”. “Tengo 26 años. Trabajo como auxiliar administrativa, hago 40 horas semanales y cobro 803,65 euros al mes. ¿Hay derecho a esto?” Estas son algunas de las situaciones de precariedad laboral a la que se enfrentan más de 1,2 millones de personas, según el sindicato Comisiones Obreras (CC OO).

La organización ha lanzado una campaña en la que identifica diez nuevos trabajos más vulnerables.  Estos empleos son: consultor de TIC e informático, profesionales de la hostelería en establecimientos de comida rápida, repartidores a domicilio, dependientes, promotores de productos y reponedores de supermercado, vigilantes de seguridad, trabajadoras del hogar, auxiliares de servicios y auxiliares a la dependencia.

En esta cuerda floja laboral se encuentran trabajadores que ya llevan tiempo en su puesto y a los que acceden al mercado laboral por primera vez.

La precariedad afecta a muchos empleados de diferentes sectores, pero parece ensañarse especialmente con los jóvenes y las mujeres. Según CC OO, ellas son las titulares del 72% de los contratos parciales que se firman. No por decisión propia, sino por la imposibilidad de encontrar otro con mayor jornada. La temporalidad y discontinuidad también afectan más a las mujeres. El 80% de las trabajadoras sufren estas alteraciones.

Bruselas advertía el pasado julio del peligro de que los jóvenes precarios hoy se convirtiesen en pensionistas pobres. Esto se debe a que los trabajadores de la llamada “generación del euro” soportan más temporalidad, peores salarios y cotizaciones más bajas. 

No obstante, las últimas cifras facilitadas por el Ministerio de Empleo prueban cómo de todos los nuevos contratos que se firman cada mes, la contratación indefinida crece a mayor ritmo que la temporal. Si bien en términos absolutos, sigue habiendo muchos más contratos de nueva creación temporales que indefinidos. En el cómputo global, alrededor del 70% de todos los contratos vigentes en la actualidad son fijos.

Los diez más precarios

Diez nuevos empleos se unen a la lista de los más afectados por la precariedad: consultor de TIC e informático, profesionales de la hostelería en establecimientos de comida rápida, repartidores a domicilio, dependientes, promotores de productos y reponedores de supermercado, vigilantes de seguridad, trabajadoras del hogar, auxiliares de servicios y auxiliares a la dependencia.

Los consultores informáticos son profesionales muy cualificados que se enfrentan a niveles salariales de entrada muy bajos, de entre 10.500 y 13.500 euros al año, en un sector muy rentable. 

El 90% de los trabajadores de la restauración moderna están bajo un contrato a tiempo parcial que en ocasiones esconde más horas no remuneradas o cobradas en negro sin cotizar a la Seguridad Social. Además, se convierten en mano de obra multitarea: descarga de materias primas, atención al cliente, limpieza, etc. por lo que acumulan gran carga de trabajo. 

La aparición de aplicaciones que facilitan la experiencia al cliente ha traído consigo un grupo de trabajadores especialmente expuestos a la precariedad: el de los repartidores a domicilio. Ellos son los que menos cobran dentro de la hostelería, con sueldos muy próximos al salario mínimo. También hacen más horas de las estipuladas y van contrarreloj para poder hacer más repartos ya que obtienen un plus por cada servicio, eso hace que se expongan a mayores riesgos laborales asociados al desplazamiento. Además, la mayoría pone su propia moto o bicicleta a servicio de la empresa. 

Ya en julio los riders, como se conoce a los repartidores de comida a domicilio de Deliveroo, se pusieron “en pie de guerra”. En aquel entonces denunciaron encontrarse bajo el Régimen Especial del Trabajo Autónomo, pero sin beneficiarse de las condiciones de este colectivo. Una situación que, aseguraron, “les impedía tener condiciones laborales dignas, garantías de ingresos y protección de su empleo”.

Son el primer rostro que el cliente se encuentra al entrar en la tienda, ellos son los dependientes. La mayoría de estos puestos están ocupados por mujeres que deben sonreír y mostrarse atentas a las demandas de los clientes. Lo que no se ve son los horarios irracionales a los que tienen que hacer frente, turnos largos, partidos, turnos de apertura o cierre que pasan factura a su vida fuera del comercio. Las dependientas sufren riesgos físicos derivados del tiempo que deben permanecer de pie y se exponen a consecuencias psicosociales por la atención al público. 

Con la externalización de algunos servicios, los reponedores y promotores de productos han visto como su trabajo se ha abaratado. Según CC OO, ahora cobran la mitad y tienen el doble de jefes, los directos y los de las empresas a las que ofrecen los servicios. Su trabajo es puntual, parcial y cobran el salario mínimo. 

De los cuerpos de seguridad privada, el sindicato destaca la disponibilidad absoluta que deben mostrar estos profesionales, alrededor de 123.000 personas, que el pasado septiembre protagonizaron una huelga para denunciar su situación en el Aeropuerto de Barcelona. Con jornadas que pueden sobrepasar las 12 horas, los vigilantes también son instados a hacer otros encargos como repartir el correo o aparcar coches. Estos trabajadores son los que más han sufrido la devaluación salarial. 

De las 750.000 trabajadoras del hogar, solo 427.000 están dadas de alta en la Seguridad Social. Es el sector más precario en prácticamente todos los aspectos. Cobran el Salario Mínimo Interprofesional, no tienen derecho a paro ni a la jubilación anticipada. Además, al desarrollar su trabajo en un ámbito privado y familiar son más vulnerables a los abusos laborales. 

El trabajador multiusos o la figura abstracta del auxiliar de servicios. No hay un convenio al que poder agarrarse y sus labores son en ocasiones un batiburrillo de funciones propias de otros sectores como limpieza, jardinería, conserjería, seguridad, mantenimiento, etc. Para los autores de la campaña, estas empresas actúan en un limbo ya que no hay un número de empresas dedicadas a este servicio ni un dato fiable de las personas que ocupan estos puestos de trabajo. Comisiones Obreras estima que son alrededor de 200.000. 

También se encuentran en esta situación los auxiliares que cuidan a las personas que se encuentran en una situación de dependencia. Llevan a cabo una labor esencial para sociedad que apenas se reconoce y trabajan una media de 20 horas a la semana por menos de 400 euros al mes. Este sector, de los más desregularizados, emplea a más de 220.000 personas, que desde 2015 deben estar certificadas por la administración. 

En último lugar, CC OO guarda un lugar para el personal laboral de las administraciones que se encuentran en un limbo entre lo público y privado. Estos trabajadores han sufrido recortes y congelaciones salariales y como consecuencia han perdido capacidad adquisitiva. 

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Bruselas alienta el ‘thatcherismo’ laboral de Macron | Compañías

París es el último objetivo de la troika (CE, BCE y FMI), concluía Yanis Varoufakis tras su efímero y tortuoso paso por Bruselas como ministro griego de Economía. El pronóstico parece condenado al fracaso porque la troika vive sus últimos estertores a la espera de la retirada definitiva del FMI.

Pero algunas de las recetas de los organismos europeos entraron en Francia por la puerta grande del Elíseo con la aplastante victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales de mayo. Y la Comisión Europea no oculta su deseo de que el presidente francés aplique cuanto antes una reforma del mercado laboral reclamada desde hace años desde Bruselas e intentada sin éxito por los predecesores de Macron, el conservador Nicolas Sarkozy y el socialista François Hollande.

“La tasa de empleo en Europa es más elevada que nunca (…) pero el problema es un gran país no muy alejado de Bélgica que no logra rebajar su nivel de paro, por eso hoy me expreso en francés”, apuntaba el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, el pasado 29 de agosto durante un acto de inicio de curso con los diplomáticos comunitarios.

Bruselas verá en parte colmados sus deseos este mismo viernes, porque el Gobierno de Macron se dispone a aprobar por decreto una polémica reforma laboral que ha puesto en pie de guerra a los temidos sindicatos franceses.

El choque ya se compara al que libró y ganó el gobierno de Margaret Thatcher con los sindicatos británicos hace casi 40 años. Y el presidente francés también parece en condiciones de imponerse en un pulso en el que se juega su credibilidad dentro de Francia y su capacidad de influencia ante el resto de socios europeos.

Macron tiene a su favor una mayoría parlamentaria de su movimiento La République en marche (309 escaños de 577), una economía en expansión (0,5% de crecimiento en los últimos tres trimestres) y una tasa de paro elevada pero en ligero descenso (9,8% en julio frente al 10,2% de enero de 2016).

El presidente francés parece convencido, además, de que los sindicatos disfrutan de una capacidad de influencia desproporcionada en relación con su número de afiliados (el 8% de una fuerza laboral de casi 29 millones de trabajadores, según los datos de la agencia europea Eurofound) y ha decidido desafiarles hasta el punto de menospreciar como “haraganes” y “cínicos” a los enemigos de su reforma laboral. 

La reforma persigue, entre otras cosas, debilitar la influencia sindical reconociendo el derecho de negociación a nivel de empresa e, incluso, de filial. A cambio, se mejora la capacidad de influencia de los trabajadores en la dirección de las compañías aunque sin llegar al modelo de cogestión aplicado en Alemania.

Se introduce un límite en las indemnizaciones por despido para evitar a los empresarios la incertidumbre sobre el coste de la resolución judicial de un conflicto laboral. Macron ya intentó imponer ese techo a las indemnizaciones en su etapa como ministro de Hollande, pero el gobierno de Manuel Valls lo dejó en mera referencia voluntaria a la vista de las protestas del grupo parlamentario socialista (diezmado en las legislativas de junio).

Y se amplía la flexibilidad para la duración de los contratos temporales y de teletrabajo y se autorizan los contratos vinculados exclusivamente a la duración de un determinado proyecto o encargo de la empresa.

La reforma laboral forma parte de la terapia de schock que el presidente francés quiere aplicar a la economía y la sociedad francesa. Pero Macron busca, sobre todo, congraciarse con Berlín, con el objetivo de reactivar el tándem franco-alemán para reformar una zona euro que, según el gobierno francés, podría desintegrarse si se mantiene la parálisis de la última década. París ofrece a Berlín una flexibilización laboral como la introducida en Alemania hace 15 años por el gobierno socialista de Gerhard Schröeder, que sentó las bases para una caída de los subsidios de desempleo.

El método y el calendario de la reforma laboral parecen calculados para satisfacer a Angela Merkel, que con toda probabilidad saldrá reelegida como canciller en los comicios del 24 de septiembre. El presidente francés dispone de mayoría parlamentaria suficiente para tramitar la reforma pero ha decidido aprobarla por decreto justo a tiempo para las elecciones en Alemania.

La reforma no va tan lejos como desearían Berlín y Bruselas. La CE también reclama cambios en el sistema de prestaciones por desempleo y en el sistema automático de revalorización del salario mínimo en función de la inflación. Pero Macron quiere demostrar ya ante la opinión pública francesa y ante las capitales europeas su firme voluntad de aplicar un programa electoral en el que no ocultó su agenda de liberalización.

Tras los cambios de esta semana, el gobierno francés prepara ya otro de mucho más calado y potencialmente conflictivo: asumir el control de las prestaciones de desempleo, gestionadas por los agentes sociales desde 1958. El sistema se encuentra en números rojos desde 2008, con un agujero de 30.000 millones de euros. En 2017 se espera un incremento del déficit de 3.700 millones de euros y en 2018 de 3.900 millones.

Bruselas atribuye tan tremendo agujero a la generosidad de los subsidios franceses de desempleo, que fijan un límite por perceptor de 7.000 euros mensuales, con un período mínimo de contribución de cuatro meses sobre 28 y una cobertura de hasta dos años tras una cotización de al menos 24 meses.

La escalada de la factura del paro, sin embargo, también se debe al aumento en el número de trabajadores con contrato temporal, que se ha doblado con creces desde 1,6 millones por trimestre en el año 2000 a 3,9 millones por trimestre a comienzos de 2016, según los datos de Eurofound.

Los sindicatos temen que las reformas de Macron aceleren la espiral de precariedad y falta de cotizaciones que hagan insostenible el modelo de protección vigente en las últimas décadas. Y que provoquen una brecha social como la sufrida por Alemania desde su reforma laboral.

“El tramo de salarios bajos apenas existía en Alemania antes de la reforma estructural; ahora ha pasado de 5,6 millones de trabajadores en 2003 a ocho millones en 2016”, señala Carsten Brzeski, economista jefe de ING en el país de Merkel. El porcentaje de trabajadores con un segundo empleo  también se ha doblado en Alemania en la última década, según los datos de Eurostat.

 

 

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Finaliza sin acuerdo la reunión entre Hacienda y sindicatos de funcionarios | Mi dinero

Pesimismo y perplejidad fueron los dos sentimientos con los que salieron este jueves los tres grandes sindicatos de funcionarios, UGT, CC OO y CSIF de la reunión que mantuvieron con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

Pesimismo porque tal y como reconoció el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell, la sensación al término del encuentro es que hoy el acuerdo con el Gobierno es más improbable de lo que pensaba que sería hace una semana.

Y perplejidad porque a solo una semana para que sean aprobados en Consejo de Ministros los Presupuestos del Estado para 2018 el Gobierno sigue sin dar a conocer cuál es la oferta de incremento salarial que ofrece aplicar a los casi tres millones de empleados públicos los próximos tres ejercicios, hasta el final de la legislatura.

“Esperábamos más concreción puesto que el Ministerio ya nos había especificado que estaban valorando que la subida estuviera compuesta de una parte fija y otra variable en función del crecimiento del PIB esperado para los próximos años”, explica Monell. Nosotros ya le habíamos indicado que nos parecía razonable vincular parte del incremento de los sueldos al PIB porque es algo que ya se ha realizado alguna vez en la Administración y es más habitual en el sector privado.

Sin embargo, para hoy esperaban que el Gobierno presentara sus números con el objetivo de poder comenzar a debatir si estaban o no cerca de las pretensiones planteadas por los sindicatos. “Por el contrario, lo que han hecho es hablar de filosofía, de cómo sigue siendo prioritario cumplir con el déficit, por lo que sinceramente pensamos que hoy el acuerdo está más lejos que hace una semana”, añaden desde UGT.

Desde CC OO y CSIF muestran de la misma manera su preocupación por lo lejos que parecen estar las posturas a ocho días de que las cuentas públicas superen su primer trámite. El Gobierno, por su parte, se ha limitado a exponer el escenario macroeconómico que espera para los próximos años y cómo espera que se comporten los precios hasta 2020. De ahí se deduce que el departamento que dirige Cristóbal Montoro estaría barajando ofrecer a los empleados públicos una mejora salarial de entre el 5,5% y el 6% en tres años, a años luz de lo que reclaman los tres sindicatos.

“De confirmarse esas cifras, y con una pérdida acumulada de poder adquisitivo de entre el 13% y el 23%, según los colectivos, apoyar ese incremento sería tratar de tomar el pelo a los empleados de la función pública”, advierte Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Servicios Sanitarios de CC OO.

De esta manera, la percepción compartida por los representantes de los tres sindicatos asistentes a la reunión es que frente a los mensajes conciliadores del ministro reconociendo el esfuerzo realizado por los funcionarios, la disponibilidad a recuperar buena parte del poder adquisitivo perdido en un escenario plurianual se aleja.

En cuanto a la recuperación de la jornada de 35 horas, el Gobierno se ha mostrado inflexible a recuperar la situación que contemplaba el estatuto del empleado público antes de la crisis, donde se especificaba que la jornada sería como máximo de 35 horas. El Ejecutivo defiende que el coste de volver a generalizar esa jornada a toda la Administración es muy elevado. Y los sindicatos defienden, tal y como insisten fuentes de CSIF, que lo más razonable es que el Estado renuncie a imponer un criterio en todo el territorio y deje a cada Administración que negocie con los sindicatos y en función de su situación qué jornada puede aplicar.

En lo que sí parece que ha habido cierto acercamiento es en materia de empleo y en la prestación por incapacidad temporal. Hacienda ha transmitido a los sindicatos que está dispuesta a extender la oferta extraordinaria de empleo público a más colectivos y a eliminar o al menos ampliar las tasas de reposición (porcentaje de empleados que se jubilan que pueden sustituirse) a más colectivos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la Universidad o los servicios sociales, entre otros.

Respecto a la incapacidad temporal, la Secretaría de Estado de Función Pública también se ha mostrado partidaria de seguir estudiando la situación actual del absentismo en España y de ampliar el catálogo de enfermedades que quedarían excluidas de los recortes que se aplican ahora a los trabajadores que causan baja.

“Nuestra propuesta es clara, tenemos que conseguir que a ningún trabajador que caiga enfermo le cueste dinero de su salario estar de baja y que ningún trabajador acuda enfermo a trabajar por no poderse permitir ese recorte de sueldo”, coinciden los tres sindicatos.

Radiografía del sector público

Gobierno y sindicatos afrontan la recta final de la negociación con las posturas muy enfrentadas.

 Efectivos. La plantilla total del sector público asciende a poco más de 2,974 millones de trabajadores, un 0,1% por encima del nivel registrado en 2007. Sin embargo, en 2010, el máximo de la serie, la Administración llegó a contar con 3,25 millones de empleados. El mínimo se marcó en 2013, con 2.909.000 trabajadores. Esos más de 276.000 puestos destruidos por la crisis son los que ahora los sindicatos plantean recuperar para mejorar la calidad de los servicios públicos y promover el rejuvenecimiento de las plantillas. Hay departamentos donde más del 60% de los efectivos es mayor de 55 años. El Gobierno defiende haber puesto en marcha la mayor oferta de empleo público de la década con más de 20.000 plazas y la regularización de más de 200.000 interinos.

Poder de compra. Al abordar la pérdida de poder adquisitivo los números tampoco coinciden. Los sindicatos sitúan la pérdida promedio entre el 13% y el 23%, ya que algunas organizaciones recuerdan que no todos los colectivos se vieron afectados por igual. Hacienda elude dar cifras y defiende que la prioridad es el déficit.

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Hacienda ofrece a los funcionarios un alza salarial hasta 2020 ligada al PIB | Mi dinero

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ofrecido a los empleados públicos un plan de subida salarial a tres años vinculado al Producto Interior Bruto (PIB) y a otros indicadores macroeconómicos como pueda ser el precio del petróleo, según han confirmado fuentes sindicales.

De momento, los sindicatos que se encuentran estos días negociando con el Ministerio de Hacienda su sueldo para los próximos años, solo tienen dos certezas avanzadas por el titular de este departamento, Cristóbal Montoro: que los salarios de los empleados públicos crecerán por encima del 1% en 2018 –en 2017 aumentaron 1%– y que el Gobierno planterá un escenario plurianual de incrementos retributivos para toda la legislatura (2018, 2019 y 2020).

La intención del Gobierno, según lo manifestado por los responsables de Hacienda en el último encuentro tenido con los representantes sindicales de CC OO, UGT y CSIF, es ofrecer una fórmula para fijar los incrementos salariales de los empleados públicos que tenga en cuenta la marcha de la economía para establecer mayores o menores aumentos.

En concreto, la oferta gubernamental consistiría en emular, en la medida de lo posible, la fórmula que pactaron los sindicatos y los empresarios del sector privado en el II Acuerdo para el Empleo y  Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, donde se incluían las recomendaciones para fijar las retribuciones de más de diez millones de asalariados protegidos por convenio colectivo.

Los firmantes de aquel pacto admitieron un baremo de incremento de los salarios en función exclusivamente de la marcha del PIB. Decían concretamente: “En el año 2014, el aumento de los salarios pactados debería ajustarse al ritmo de actividad de la economía española, según los siguientes criterios: Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es inferior al 1%, el aumento salarial no excederá el 0,6%.  Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es superior al 1% e inferior al 2%, el aumento salarial no excederá el 1%. Y, finalmente, si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 alcanza o supera el 2%, el aumento salarial no excederá el 1,5%”.

En aquel pacto se establecían también unos baremos de incremento salarial ligados a la marcha de los precios en España y su desviación sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo. En concreto, indicaba que “en el año 2012, el aumento de los salarios pactados no debería exceder el 0,5%, con una cláusula de actualización aplicable al final del ejercicio concretada en el exceso de la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%)”.

Además, el texto añadía “si la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre fuera superior a la tasa de variación anual del IPC armonizado de la Zona Euro en el mismo mes, entonces se tomará esta última para calcular el exceso. De producirse este hecho, la cantidad resultante se aplicaría en una vez. Y si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el mes de diciembre es superior en un 10% al precio medio del mes de diciembre anterior, para calcular el exceso citado se tomarán como referencia los indicadores de inflación mencionados excluyendo en ambos los carburantes y combustibles”.

Sin embargo estas referencias a los precios serían de difícil reproducción en la actualidad dada la existencia de la ley de Desindexación que prohibe referenciar la evolución de numerosos indicadores al IPC, salvo que pueda probarse que el incremento de la tarifa o el precio final del bien o servicio está generado por el aumento del precio de la materia prima, como podría ser el caso del petróleo.

Las previsiones del Gobierno estiman que el PIB crecerá un 2,6% en 2018, un 2,5% en 2019 y un 2,4% en 2020, del tal manera que vincular los salarios de los funcionarios al incremento de la economía evitaría, al menos, una pérdida de poder adquistivo, teniendo en cuenta además que el Ejecutivo contempla una evolución moderada de la inflación en los próximos años.

Reacciones sindicales

Desde los sindicatos valoran la propuesta de Hacienda como “un factor más a tener en cuenta” para el incremento salarial, pero a priori y a la espera de que se concrete la propuesta, consideran que el crecimiento del PIB no debería ser determinante para fijar la subida salarial, sino simplemente un factor más a tener en cuenta, señalaron a Europa Press en fuentes de UGT.

En su lugar, siguen reclamando una subida salarial para los funcionarios ligada al IPC para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, indicaron desde UGT y CSIF. Es más, desde esta última central hacen hincapié en que en los próximos años no solo se recupere el poder de compra perdido sino que no se pierda más. CSIF cifra en torno al 20% esta pérdida de poder adquisitivo.

Además, también ven “fundamental” la recuperación de la jornada de 35 horas para aquellas administraciones que así lo acuerden con las organizaciones sindicales, como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid.

Los sindicatos también destacan la importancia de aprobar una oferta de empleo público que ponga fin a la tasa de reposición y que permita, a través de un plan de recursos humanos, aumentar las plantillas por encima de las jubilaciones “en los ámbitos donde sea necesario”.

Antes de las vacaciones de verano, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostró abierto a incluir esta medida en las cuentas del Estado para 2018.

En esta línea, el Gobierno confirmó que estaba “dispuesto a negociar” y que quizás es posible recuperar las 35 horas en algunos ámbitos. No obstante, interlocutores sociales afirman que Hacienda “por el momento” no ha mostrado sus cartas y les han trasladado que están viendo “posibilidades presupuestarias”.

Nuevo encuentro esta semana

Hacienda convocará de nuevo esta semana a las centrales sindicales, previsiblemente para el miércoles o el jueves, para seguir negociando la subida salarial y el resto de asuntos relativos a los funcionarios, de forma que convocará la semana que viene la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

En la Mesa General están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes 22 de septiembre.

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CC OO exige al Gobierno 23.000 millones para educación y sanidad hasta 2020 | Mercados

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha exigido este jueves al Gobierno que invierta unos 23.000 millones de euros en educación y sanidad en esta legislatura. También ha pedido que se recuperen los empleos destruidos durante la crisis y afianzar los servicios públicos. 

Esta cantidad que CC OO solicita al Estado hasta 2020 es la necesaria para que la inversión en ambos sectores alcance los niveles de inversión previos a la crisis. En 2009 se destinó el 5,09% del PIB a educación, cifra que en la actualidad se sitúa en el 4,1%, lo que se traduce en alrededor de 10.000 millones de euros menos, aproximadamente. En el caso de la sanidad, hoy se invierte el 5,9% del PIB frente al 7,2% previo a la crisis: un tijeretazo de más de 13.000 millones de euros. 

Ante esta demanda, que se enmarca en las próximas negociaciones para diseñar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el sindicato ha anunciado una campaña de movilizaciones para que el Ejecutivo tenga en cuenta sus demandas y no descarta “actuaciones más contundentes” durante la negociación de las cuentas públicas.

Bajo el lema Vamos a recuperar lo arrebatado, CC OO ha instado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que la “recuperación económica” de la que hace gala el Gobierno se deje notar en el sector público y llegue a la ciudadanía. El sindicato centra su campaña en los derechos laborales, el empleo público, la inversión en el sector y la recuperación del poder adquisitivo que los funcionarios han perdido desde el inicio de la crisis.

Es más, los responsables de los sectores de la sanidad y la educación de CC OO han asegurado que no descartan una huelga general en el sector público si no se tienen en cuenta sus peticiones, pero para ello tendrían que contar con el apoyo de las otras fuerzas sindicales.

Por su parte el sindicato de funcionarios CSIF, solicita fundamentalmente que el colectivo recupere el poder adquisitivo perdido y la vuelta a las 35 horas laborales en toda la Administración, además de la recuperación de más de 230.000 empleos públicos perdidos desde 2011. Esta central y UGT coinciden con CC OO en que si Montoro no tiene en cuenta sus reivindicaciones, habrá más movilizaciones.

En lo referente al empleo, el sindicato que dirige Unai Sordo desde junio pasado, pide que universalicen las ofertas a todos los servicios y que se recuperen los puestos de trabajo destruidos en los últimos años, alrededor de 300.000, según Pepe Fernández, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO.

Alrededor de 36.500 personas perdieron su empleo en la educación pública desde 2009, de los que 22.000 eran profesores de educación obligatoria, 4.500 de enseñanza universitaria y 10.000 personal administrativo y de servicios. En la sanidad española fueron cerca de 28.000. Para lograr esa recuperación, los responsables sindicales consideran “indispensable” la supresión de la tasa de reposición, el ratio que determina el número de nuevos funcionarios que pueden incorporarse a la administración pública en función de las bajas del año anterior. 

También exigen una subida salarial “por encima del IPC”, como mínimo, y recuperar el 5% perdido en pagas extraordinarias y otros conceptos económicos.

“El sector público ha sido el colectivo sometido a una precariedad más dura por parte del Gobierno desde 2010”, ha asegurado Mercedes González, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO, que añadió que los funcionarios deben recuperar el poder adquisitivo del que disfrutaban antes de la crisis, cifrado entre el 12% y el 21%, dependiendo del sector. 

En la línea de los derechos laborales, CC OO destaca que la negociación colectiva es otro de los puntos centrales de la campaña, junto con la recuperación y extensión de las 35 horas laborales y que los trabajadores con incapacidad temporal reciban el 100% de la prestación. 

En la tarde de este jueves, representantes de los tres grandes sindicatos de funcionarios (UGT, CC OO y CSIF) han mantenido una primera toma de contacto con el ministro Montoro en la que expusieron todas estas premisas. Fuentes sindicales han destacado que el titular de Hacienda se ha mostrado receptivo y se ha comprometido a estudiar las propuestas que los sindicatos le han puesto sobre la mesa. 

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Los tres primeros días de enfermedad del trabajador no necesitan parte de baja | Legal

El pasado mes de junio la Audiencia Nacional resolvió una demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato CC. OO. que cuestionaba que una empresa pidiera a sus trabajadores el parte de incapacidad temporal desde el primer día de enfermedad. En este caso según la norma convencional, un Acuerdo de Homologación de condiciones de trabajo para el personal de la empresa demandada, los trabajadores podían disfrutar de un permiso retribuido durante los tres primeros días de cada período de enfermedad, sin necesidad de ser declarados en situación de baja médica. Con el único requisito de contar con un justificante de ausencia o reposo, distinto del parte de baja, emitido y firmado por un facultativo del Servicio Público de Salud o Mutua.

La sentencia pone de manifiesto las diferencias prácticas entre el permiso por enfermedad (de hasta 3 días) y la incapacidad temporal. En primer lugar, el hecho que da lugar a cada una de las dos situaciones. Mientras que para el permiso retribuido es la enfermedad del trabajador justificada por el sistema sanitario público durante los 3 primeros días de cada período de enfermedad, la incapacidad temporal es un supuesto de suspensión del contrato de trabajo. Otro punto distinto es que durante el permiso retribuido el trabajador tiene derecho a percibir su salario íntegro mientras que durante la baja médica percibe una prestación de la Seguridad Social cuyo objeto es paliar la pérdida del derecho al salario, propia de cualquier situación de suspensión del contrato de trabajo.

A pesar de estas diferencias y de lo que dicta la norma convencional, desde marzo de 2016 en Galicia, y posteriormente en otras delegaciones de la empresa, se empezó a exigir el parte de baja para justificar tal permiso, amparándose en la entrada en vigor de la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio que desarrolla el Real Decreto 625/2014 por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración.

La sentencia sin embargo, reconoce que el precepto convencional que regula este permiso es claro a la hora de admitir que la enfermedad esté justificada por el sistema sanitario público del trabajador, lo que avala cualquier tipo de justificante, práctica que además venía siendo admitida por la empresa con anterioridad.

En conclusión, la Audiencia Nacional otorgó la razón al sindicato y declaró, en virtud del tenor literal del artículo del convenio aplicable, el derecho de los trabajadores de la empresa a disfrutar del permiso retribuido durante los tres primeros días de cada período de enfermedad, sin necesidad de ser declarados en situación de baja médica o incapacidad temporal.

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Marcos Peña, un inspector salomónico para pacificar El Prat | Mi dinero

Un hombre tranquilo, conciliador, ecuánime. Tiene todas las virtudes necesarias para ejercer de árbitro en el conflicto de los trabajadores de Eulen de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat. Aunque estos consideran que el laudo impuesto por elGobierno es un ataque a sus derechos, no les queda otra que acatarlo, y se han mostrado dispuestos a colaborar conMarcos Peña (Lleida, 1948), un inspector de trabajo que preside desde hace más de una década el Consejo Económico y Social (CES), con rango de secretario de Estado.

Culto, amante de la lectura y del cine, le gusta hablar de actores y actrices, y citar a filósofos, historiadores y escritores. Los que le conocen dicen que genera tranquilidad y sosiego, y tiene buenas relaciones tanto con la patronal como con los sindicatos.
Peña cree que debería haber un reconocimiento social a la labor de los agentes sociales, que a través de la negociación colectiva “han contribuido a un grado de bienestar cada vez mayor y han hecho al país más tolerante con su cultura de diálogo y pacto”, a pesar de que para 2017 no han sido capaces de cerrar un acuerdo salarial.

“Tiene un gran sentido del humor, también en el trabajo; empatiza, y eso le ayuda a llegar a acuerdos”, explica Félix Martín Galicia, miembro del CES en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios. “A los consejeros nos hace la vida más fácil”, subraya.
Los vicios de Peña son el tabaco y el café.Está casado. Nació enLleida, aunque sus raíces son aragonesas. También está muy ligado a Asturias, donde va a menudo, y a la Granja de SanIldefonso (Segovia).

En el mundo empresarial se valoran tanto sus conocimientos de derecho del trabajo –es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid–, como su trayectoria en el sector, que comenzó al superar la oposición de inspector a los 24 años. A partir de entonces desarrolló una intensa actividad como mediador en la negociación de convenios colectivos de sector a nivel nacional y de grandes empresas, como Telefónica, Renfe, Repsol, Alcatel, Endesa, Pegaso o Astilleros; en despidos colectivos; y, en general, en conflictos laborales. En un periodo posterior medió en empresas como Izar, donde consiguió acordar el convenio colectivo de 2003 y 2004, tras seis meses de ruptura de negociaciones entre las partes.

Con el Gobierno de Felipe González fue nombrado consejero laboral en la embajada española en Roma (1984-89), secretario general de Salud (1991-92) y secretario general de Empleo (1993-96), con el ministro José Antonio Griñán. En este último periodo fue responsable de las negociaciones y de la elaboración de normas para la reforma del mercado de trabajo y en materia de prevención de riesgos laborales. Tuvo que hacer frente a la huelga general del 27 de enero de 1994 y al paro del 11 de mayo del mismo año, cuando el Ejecutivo aprobó las empresas privadas de colocación.

En 2005, ya con José Luis Rodríguez Zapatero, entró como experto en el CES, y un año después le designaron presidente, lo cual conlleva que sea miembro nato del Consejo de Estado.

El CES se encarga de representar en igualdad de condiciones y en un mismo organismo a las asociaciones patronales, sindicales y del tercer sector más representativas de la economía española. Aunque es de carácter consultivo, sus informes sobre todas y cada una de las leyes que se aprueban en España son obligatorios.

No obstante, dado que sus informes no son vinculantes y que el Estado tiene que retribuir a sus 61 miembros, su existencia ha sido puesta en cuestión en numerosas ocasiones, sobre todo en los años más duros de la crisis. Varias comunidades eliminaron sus equivalentes autonómicos, que proliferaron durante las etapas de bonanza.

Peña –y el propio CES– ha sobrevivido a la crisis, entre otras cosas, porque el Gobierno no ha encontrado un sustituto de garantías. No ha llegado a ministro, quizás por su falta de militancia en un partido, aunque seguramente también eso es lo que le hace idóneo para mediar o arbitrar conflictos.

El de El Prat afecta a 400 trabajadores, y dada la función que cumplen, ha llegado a colapsar el aeropuerto. El laudo que dicte Peña deberá ser acatado por ambas partes sin huelga posible, al tener carácter de ley; aunque podría derogarse si los tribunales decidieran que no había motivo para un laudo obligatorio.

Según Peña, el problema va más allá de lo económico y también se basa en la salud y la capacitación de los trabajadores y la calidad del trabajo. El dictamen se producirá el miércoles, según ha anunciado él mismo, un día antes de la fecha límite. Nadie quedará satisfecho, advierte, aunque seguramente eso no le quite ni un ápice de prestigio y respeto en el mundo laboral español.

Preocupado por el papel de la mujer

Como secretario general de Empleo, Marcos Peña participó en los Consejos de Ministros de la UE y representó alMinisterio de Trabajo ante la OIT.

En febrero, hizo de mediador (no de árbitro) en la negociación entre patronal y sindicatos en torno a la reforma de la estiba. El acuerdo que propuso fue recogido en el desarrollo reglamentario del real decreto ley de reforma del sector y se aprobó en elCongreso.

Una de sus preocupaciones principales es la escasa presencia de la mujer en el mercado laboral, y en concreto en los puestos de responsabilidad. “Es absolutamente incomprensible, no obedece a razón y es ineficiente”. También ha señalado que las condiciones de las empleadas de los filtros de seguridad de El Prat son especialmente duras.

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Empleo intenta que las comunidades le dejen prorrogar el Prepara para parados | Mi dinero

El Ministerio de Empleo intentará llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para que estas le permitan prorrogar la ayuda de 400 o 450 euros del plan Prepara para parados de larga duración o con responsabilidades familiares que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios. El Gobierno debe tener el permiso de las comunidades para esta prórroga después de que el Tribunal Constitucional determinara en julio pasado que la gestión de esta ayuda debe ser autonómica.

Así lo ha explicado hoy el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, que se ha reunido con los representantes sindicales y empresariales para comunicarles que el Ministerio está ya hablando con las comunidades para conseguir esta prórroga.

Técnicamente, el Ministerio de Empleo debe obtener lo que se denomina una encomienda de gestión de las comunidades que, tras la sentencia del Constitucional, le permita seguir al frente de esta ayuda y, por tanto, prorrogarla por seis meses más. Podría darse el caso de que unas comunidades cedan la competencia de esta gestión al Estado y otras decidan gestionarla ellas mismas.

El responsable de Empleo de la patronal CEOE, Jordi García Viña, ha explicado que si el Gobierno consigue el permiso de las comunidades la prórroga podría producirse por seis meses más, en las actuales condiciones de acceso, y de forma retroactiva. Esto quiere decir que, aunque la vigencia de este plan termina mañana, 15 de agosto, a quienes la soliciten o cumplan los requisitos a partir de esta fecha, se les reconocerá la ayuda cuando nuevamente se apruebe su prórroga.

Desde UGT, cuya representante Maricarmen Barrera, ha estado presente en la reunión de hoy por videoconferencia, han entendido que el Gobierno tiene prácticamente cerrados los apoyos autonómicos y que prorrogará esta ayuda, por otros seis meses más, en el Consejo de Ministros del próximo 25 de agosto, el primero a la vuelta de vacaciones.

Por su parte, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, Lola Santillana, ha propuesto al Gobierno que hasta que logre la prórroga del Prepara, adecúe el Programa de Activación para el Empleo (PAE) para que pueda dar cobertura a los 12.000 potenciales beneficiarios que a partir de mañana podrían obtener la ayuda que termina mañana su vigencia.

Riesgo ha precisado que convocará a finales de agosto o principios de septiembre una conferencia sectorial de Empleo y Asuntos laborales de las comunidades autónomas para “consensuar un mecanismo extraordinario y temporal que permita garantizar la cobertura a potenciales beneficiarios del programa que se vieran afectados desde la finalización prevista del mismo hasta la efectiva entrada en vigor de los nuevos mecanismos complementarios”.

De hecho, la intención tanto del Ministerio como de los agentes sociales y las comunidades autónomas es iniciar unas negociaciones de más calado para reordenar el actual mapa de ayudas a los desempleados una vez estos agotan sus prestaciones cotributivas y subsidios por los que han cotizado.

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Empleo negocia con los agentes sociales el plan Prepara para parados | Mi dinero

No es habitual que haya reuniones del diálogo social en pleno mes de agosto pero el Ministerio de Empleo no ha tenido más remedio que convocar un encuentro de urgencia para este lunes con los sindicatos y los empresarios.

El motivo de esta reunión de la mesa que busca un plan de cheque para el empleo, es buscar una alternativa al plan Prepara de ayuda a los desempleados, ya que termina su vigencia el próximo 15 de agosto y no existe la posibilidad legal de establecer una una prórroga automática como la que se venía aplicando hasta la fecha.

Esta ayuda consiste en 400 euros (o 450 euros si se tienen responsabilidades familiares) durante seis meses improrrogables, para parados de larga duración o con con cargas familiares que hayan agotado el resto de prestaciones y subsidios. Se creó en febrero de 2011 para sustituir a un programa similar (Prodi) y, desde entonces, se ha venido prorrogando en varias ocasiones.

En 2013, el Real Decreto que sirvió para mantener esta ayuda estipuló su prórroga automática hasta que la tasa de paro se situara por debajo del 20%, medido según la Encuesta de Población Activa (EPA). Dicho umbral para prorrogar el Prepara se redujo al 18% en abril de 2016.

Ahora, los últimos datos de la EPA, correspondientes al segundo trimestre de 2017 reflejan que la tasa de paro en España ha bajado al 17,22%. Esto implica que, tras el próximo 15 de agosto este programa –fecha en la que se terminaba la vigencia de estas ayudas– no podrá prorrogarse de manera automática. Es más, según han explicado desde el Ministerio de Empleo, actualmente la continuidad del Preprara exige el desarrollo de una norma con rango de ley que, por tanto debería negociarse.

Pese a ello, la idea del Gobierno, y así se lo trasladó a los empresarios y sindicatos, era volver a prorrogar el programa. Pero a finales de julio una inesperada sentencia del Tribunal Constitucional determinó que la gestión de las ayudas, como el Prepara, para desempleados que han agotado la prestación y subsidios corresponde a las comunidades autónomas y no al Servicio Público de Empleo Estatal, encargado ahora de gestionarlo.

Por tanto, el Gobierno se encuentra ahora con el problema de tener que plantear a los interlocutores una solución alternativa al Prepara y negociar sus condiciones, al tiempo que debe hacer compatible esta alternativa con que sea gestionada por parte de las comunidades autónomas.

Fuentes conocedoras de la situación aseguran que Empleo ya ha iniciado las conversaciones con las comunidades.

No obstante, estas mismas fuentes añaden que los responsables del Ministerio de Empleo “están tranquilos y cómodos con la situación” porque si no se llega a un acuerdo, existe el Programa de Activación para el Empleo (PAE) que, adecuándolo, podría dar cobertura al colectivo de desempleados que protege el Prepara.

Propuesta sindical

Los sindicatos reclaman que se recuperen los requisistos para cobrar esta ayuda previos a 2012, cuando el Gobierno recién llegado de Mariano Rajoy endureció las condiciones de acceso.

De hecho, entre febrero de 2011 y julio de 2012 se registraron 475.000 beneficiarios y desde entonces solo se han sumado unos 300.000 perceptores más en cinco años. En total unos 800.000 parados han cobrado el Prepara.

No obstante, la secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT, Maricarmen Barrera, es consciente de las dificultades que existen para que Empleo replique las actuales condiciones de acceso al Prepara.

Por ello, asegura Barrera que “los sindicatos queremos arrancar este lunes al Gobierno el compromiso para iniciar la negociación de una ley marco que reorganice todas las ayudas a los desempleados;que sirva de paraguas para las comunidades y tenga reflejo presupuestario”.

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