El TJUE libra a Intel de una multa histórica (de momento) | Legal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia muy esperada. Se trata del caso Intel, que podría haber dado lugar a una de las mayores multas por infracción de derecho de la competencia a nivel comunitario, sólo superada por la impuesta al gigante tecnológico Google hace unos meses. De momento, la empresa americana de microprocesadores se libra de la sanción, que ascendía a 1.060 millones de euros, ya que ha sido anulada la sentencia previa que confirmaba y se devuelve ahora el caso al Tribunal General para que lo estudie de nuevo. 

La cuestión en liza tiene que ver con la posibilidad de que una empresa pueda aplicar un determinado tipo de descuentos para lograr imponerse en el mercado. En el año 2009, la Comisión Europea impuso la sanción en cuestión al fabricante tecnológico por abuso de posición dominante en el mercado de los microprocesadores, concretamente en el mercado mundial de las CPUs x86, entre octubre de 2002 y diciembre de 2007, al aplicar una estrategia destinada a expulsar del mercado a su único competidor importante, la empresa Advanced Micro Devices (AMD).

Según apunta el tribunal, la Comisión consideró que Intel ocupaba una posición dominante porque poseía una cuota de mercado de alrededor del 70% o más y porque para los competidores resultaba extremadamente difícil entrar en el mercado y expandirse, debido a que las inversiones en investigación y desarrollo, propiedad intelectual e instalaciones productivas no son recuperables. Para la Comisión, el abuso consistió en diversas medidas adoptadas por Intel respecto a sus propios clientes (fabricantes de ordenadores) y al distribuidor europeo de dispositivos microelectrónicos Media-Saturn-Holding.

Aplicación de descuentos

Al parecer, Intel concedió descuentos a cuatro destacados fabricantes de ordenadores (Dell, Lenovo, HP y NEC) con la condición de que éstos le compraran la totalidad o la casi totalidad de sus CPUs x86. Además, la compañía americana efectuó varios pagos a Media-Saturn para que ésta vendiera exclusivamente ordenadores equipados con las CPUs x86 de Intel. Según la Comisión, esos descuentos y pagos garantizaron la fidelidad de los cuatro fabricantes citados y de Media-Saturn y redujeron notablemente la capacidad de los competidores de Intel para competir basándose en las virtudes de sus CPU x86. Por lo tanto, la conducta contraria a la competencia de Intel contribuyó de ese modo a reducir las opciones ofrecidas a los consumidores y los incentivos a la innovación.

Ante tales hechos, la Comisión decidió imponer a Intel la multa de 1.060 millones de euros, sanción que fue recurrida por la compañía ante el Tribunal General, solicitando la anulación de la misma o, al menos, una reducción sustancial de la cuantía. Sin embargo, el Tribunal General desestimó el recurso de Intel en su totalidad, en una sentencia de 12 de junio de 2014.

El Tribunal General validó la argumentación de la Comisión según la cual los descuentos de fidelidad concedidos por una empresa en posición dominante tienen, por su propia naturaleza, la capacidad de restringir la competencia, de modo que no era necesario analizar la totalidad de las circunstancias del asunto ni, en particular, aplicar un test AEC (así denominado por la expresión inglesa «as efficient competitor test», o test del competidor igualmente eficiente).

Recurso de casación

Intel decidió actuar ante este pronunciamiento e interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia del Tribunal General sosteniendo, entre otras alegaciones, que este último incurrió en un error de derecho al no examinar los descuentos controvertidos tomando en consideración la totalidad de las circunstancias del asunto. Y es aquí donde la justicia europea inclina finalmente la balanza en favor del fabricante americano.

El Tribunal de Justicia señala que, pese a haber afirmado que los descuentos de que se trata tenían la capacidad de restringir la competencia, la Comisión realizó sin embargo un examen en profundidad de las circunstancias del asunto, lo que la llevó a concluir que un competidor igualmente eficiente se habría visto obligado a cobrar precios que no habrían sido viables y que, por lo tanto, la práctica de descuentos de que se trata podía expulsar del mercado a ese competidor. El test AEC tuvo, pues, verdadera importancia en la apreciación de la Comisión sobre la capacidad de la práctica de descuentos de que se trata para producir un efecto de expulsión del mercado de los competidores.

Examinar todas las alegaciones

Llega así a la conclusión de que el Tribunal General estaba obligado a examinar todos las alegaciones de Intel sobre dicho test (por ejemplo, los errores en la realización del test que Intel reprochaba a la Comisión), cosa que no hizo. Por ello, anula la sentencia del Tribunal General al haberse abstenido éste de examinar esas alegaciones al analizar la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

El Tribunal de Justicia decide devolver el asunto al Tribunal General para que examine, a la luz de las alegaciones formuladas por Intel, la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

Pero no en todo ha salido victorioso el fabricante de microprocesadores. El Tribunal de Justicia ha desestimado las alegaciones de Intel sobre la falta de competencia territorial de la Comisión para sancionar el abuso y sobre la existencia de vicios de procedimiento que, en su opinión, habían afectado a su derecho de defensa.

 

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Todas las claves del nuevo recurso de casación, un año después de su entrada en vigor | Legal

Un año después de la entrada en vigor de los nuevos criterios para la admisión de recursos de casación presentados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el balance es de 1.432 recursos analizados y una sentencia dictada. Además, la Sala ha celebrado ya cuatro vistas públicas de recursos que contarán con sentencia de forma inmediata.

En estos doce meses, se ha pasado de la polémica y la incertidumbre a un escenario en el que ya empiezan a vislumbrarse las líneas de actuación del Alto Tribunal.

Normas de estilo para los escritos

La incorporación del concepto de interés casacional objetivo como nuevo criterio para la admisión de recursos ante la Sala Tercera del Alto Tribunal hizo prever la llegada de un aluvión de asuntos. Para limitar estos efectos, la Sala de Gobierno del Supremo decidió aprobar unas normas de estilo que hicieran más sencilla para los magistrados la gestión de los nuevos asuntos. En dichas normas se establecía el formato y la estructura de los escritos, así como la extensión máxima de los mismos, fijándose un tope de 50.000 caracteres con espacios -el equivalente a 25 folios-.?Estas medidas no fueron bien recibidas por los abogados, que rechazaron las limitaciones impuestas por el Alto Tribunal, al entender que restringían el derecho de defensa.

Problemas con el tamaño de la letra

Los efectos de las nuevas normas de estilo ya han tenido consecuencias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó hace unos meses una resolución pionera en la que requería a un abogado del Estado que subsanase los defectos de su escrito de preparación del recurso de casación por no adaptarse a los criterios del Tribunal Supremo. Concretamente, en su escrito, no se había “utilizado para el texto como fuente ‘Times New Roman’ con un tamaño de 12 puntos, sino de 11,5 puntos”.

Primera sentencia

Recientemente, el Tribunal Supremo ha resuelto, en menos de un año, el primer caso tramitado íntegramente de acuerdo con la nueva regulación. Se trata de una sentencia estimatoria del recurso de una empresa en materia de inscripción de instalaciones fotovoltaicas. La resolución ha sido rápida, teniendo en cuenta que en 2016 la duración media de un procedimiento ante la Sala Tercera del Alto Tribunal era de 24 meses y 16 días.

Balance de datos

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el 22 de julio de 2016 –fecha de entrada en vigor- y hasta el 31 de mayo de 2017, se han presentado 2.976 recursos, de los cuales casi la mitad (1.432, el 48%) han obtenido ya una resolución de admisión o inadmisión. Los casos que han prosperado han sido minoría: tan sólo 245 autos de admisión (el 17% de los 1.432 analizados hasta el momento).

Menos casos de los esperados

Aunque todo hacía prever una avalancha de asuntos, lo cierto es que, un año después, algunos datos muestran que, al menos en los meses de 2016, no fue así. Durante ese año disminuyó en un 31,78% el número de asuntos ingresados en la Sala Tercera del Supremo respecto a 2015, según los datos que ofrece Jurimetría, la herramienta de analítica jurisprudencial de Wolters Kluwer.

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El Tribunal Supremo fija la interpretación de los requisitos de la jubilación activa | Legal

Sí que es compatible trabajar con cobrar la pensión de jubilación. El problema es que existen requisitos legales que hacen de esta situación un asunto complicado y controvertido. Si bien cada jubilado es un mundo y la cantidad de pensión que percibe depende de su vida laboral, las normas son iguales para todos y el cálculo se realiza con los mismos parámetros. En muchas ocasiones, las características del caso concreto hacen necesario que la justicia interceda para interpretar la mejor solución.

La última sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo (TS) sobre este tema, a 30 de mayo de 2017, fija los requisitos requeridos para poder conceder la jubilación activa, una modalidad que permite al jubilado cobrar el 50% de la pensión mientras realiza otro trabajo. La intención de este tipo de jubilación, como está recogido en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2013 de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, es favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores.

El caso del que se ocupa la sentencia llegó al TS a través de un recurso de casación para unificación de doctrina contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJAS) que negaba a un jubilado el cobro de la jubilación activa por no cumplir los requisitos exigidos en el real decreto ley. El problema que se plantea ante el TS es determinar los requisitos para dicha jubilación y, más concretamente, si es necesario tener reconocido un porcentaje que dé derecho a una pensión de jubilación del 100%de la base reguladora en el momento de acceder a ella o si puede recabar ese 100% con las cotizaciones efectuadas por los trabajos posteriores a la jubilación.

Pues bien, el TS da la razón al tribunal asturiano y, por tanto, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como parte recurrida, argumentando la necesidad de que concurran dos requisitos para disfrutar de la jubilación activa: “Se requiere en primer lugar tener reconocida una pensión de jubilación por haber alcanzado la edad exigible legalmente en cada caso y, en segundo lugar, que la pensión reconocida sea equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente”. Esto implica, como bien aclara la sentencia, que existe “la necesidad de haberse jubilado con una pensión equivalente al 100% de la base reguladora de la misma, para poder compatibilizar el trabajo con la pensión reconocida”. Esta pensión a la que se tiene acceso no será del 100%, sino un 50%, y no es posible alcanzar el 100% con cotizaciones posteriores.

El recurrente, al tiempo de causar la prestación por cumplir la edad de jubilación tenía 11.187 días cotizados y derecho a un porcentaje del 88,79% de la base reguladora, cifra inferior, por tanto, al 100% exigido por la norma. Así, el jubilado no cumple los requisitos de acceso a la jubilación activa y, por tanto, no puede cobrar el 50% de la prestación.

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La ejecución de sentencias, el agujero negro de la justicia española | Legal

El trámite de ejecución de sentencias es uno de los grandes lastres de la justicia española actualmente. Y es que, muchas veces, ganar un pleito no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva lucha para lograr que lo decidido en los tribunales finalmente se ejecute y se haga cumplir. El problema de que, tras obtener una sentencia favorable, esta tarde en hacerse efectiva no solo supone una frustración para el interesado, sino que puede llegar a crear desconfianza en la seguridad jurídica del país y, por ende, en la economía.

Son numerosos los estudios que demuestran la enorme influencia que puede tener el funcionamiento de la justicia en la economía y mucha la literatura que se ha publicado al respecto. De hecho, los datos permiten ver en qué medida el diseño de determinados procedimientos judiciales puede ser más decisivo en unos casos que en otros. En el caso de las ejecuciones judiciales, un agujero negro de la justicia española, los resultados no dejan lugar a dudas: los retrasos pueden llegar a afectar a la disponibilidad de crédito en nuestro país.

Así lo ponía de manifiesto un estudio del Banco de España, según el cual existe una relación directa entre la eficacia delas ejecuciones judiciales y la disponibilidad de crédito en España. Las conclusiones, publicadas en un documento de trabajo del ente público, señalan que una mejora en la eficacia de las ejecuciones judiciales (cuando el juez obliga forzosamente al pago de una deuda) incrementaría la disponibilidad de crédito en nuestro país.

Sin embargo, la eficacia de otra fase del procedimiento, como la fase declarativa (cuando la existencia de una deuda es verificada por un juez), no parece tener un efecto tan significativo sobre el crédito. Según explicaban los autores del documento, Juan S. Mora-Sanguinetti, Marta Martínez Matute y Miguel García-Posada, una posible explicación de esta observación es que una proporción importante de los impagos es estratégica, es decir, realizados por deudores que son, en realidad, solventes.

Eso sí, el informe también detectaba una menor morosidad en las provincias en las que los procesos declarativos son más eficaces. Pero esta última observación es significativa “solamente después del inicio de la gran recesión de 2008 y podría estar relacionada con el incremento de los impagos no estratégicos que se produce durante las crisis económicas”, según explica el documento.

La ejecución de sentencias es, sin duda, una de las grandes asignaturas pendientes de la justicia española. Lo reflejan también otros informes, como el del Observatorio dela Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, según el cual el porcentaje de sentencias firmes que llegaron a ejecutarse en el año 2015 fue de apenas el 39,10%. Se trata de un dato preocupante, tal y como ha reconocido en diversas ocasiones el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalando que es una cuestión sobre la que deben tomarse medidas. De hecho, se ha llegado a plantear la posibilidad de acometer una reforma procesal en el ámbito civil para revisar las fases de ejecución de sentencia.

Según los datos recogidos en la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –publicada en 2016 con datos relativos a 2015–, el número de ejecuciones que quedan en trámite al finalizar el año sigue aumentando. Concretamente, en los datos de 2015 del CGPJ que se centran en los juzgados de primera instancia, de familia y de primera instancia e instrucción –los que representan la mayoría de las ejecuciones–, el resultado fue que quedaron pendientes más de dos millones de ejecuciones de sentencias.

 

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El número de asuntos laborales que llega a los tribunales se dispara un 15,2% | Legal

En el primer trimestre de 2017, el número de asuntos que ingresaron en la jurisdicción social se disparó un 15,2%. Así lo reflejan los últimos datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial relativos a los tres primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2016. Concretamente, los asuntos registrados relacionados con conflictos laborales alcanzaron la cifra de 108.198 y en ese tiempo se resolvieron 112.856 casos, un número más elevado de los que ingresaron, aunque siguieron quedando pendientes otros 274.710 al finalizar el trimestre.

El órgano de esta jurisdicción más congestionado de España es el Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta, y el que cuenta con menor carga de trabajo, el número 2 de Terrassa, según se puede extraer de los datos de Jurimetría, la herramienta de analítica jurisprudencial y predictiva de Wolters Kluwer. En cuanto a los tribunales superiores de justicia (TSJ), el que acapara mayor volumen de trabajo en este ámbito es el de la Comunidad Valenciana, y el que menos, el de La Rioja.

También la jurisdicción civil ha experimentado un importante incremento en el número de asuntos ingresados. En el primer trimestre registró 511.147 casos, lo que supone un incremento del 7,8% respecto a 2016. En ese tiempo se resolvieron un total de 517.592 asuntos, quedando en trámite al final del periodo 1.033.570.

En civil, el juzgado más sobrecargado de España es el de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montoro (Córdoba), y el que asume menor volumen de asuntos es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1deVélez-Rubio (Almería), según los datos de Jurimetría. Respecto a la actividad de los TSJ y las audiencias provinciales, los más desbordados en materia civil son el TSJ de Asturias y la Audiencia de Málaga, y los menos saturados, el TSJ de Islas Baleares y la Audiencia de Ávila.

Pero no en todas las jurisdicciones ha crecido el número de asuntos ingresados. En la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, los asuntos que entraron en los primeros tres meses del año (49.009) fueron similares a los del mismo periodo un año antes y, en penal, la cifra descendió en un 4,2%, entrando 833.067 nuevos casos.

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