Icex y Correos, unidas para promover la internacionalización | Compañías

Las cifras son claras. El 86% de las pymes exportadoras españolas ya generan ingresos a través del comercio electrónico, un porcentaje superior al de la media europea que se sitúa en el 80%. Así lo demuestra el informe de la compañía de transporte, FedEx Express, sobre la exportación de las pymes europeas.

De igual modo, la encuesta Future of Business sobre comercio internacional, realizada por el Banco Mundial, la OCDE y Facebook, afirma que el 46% de las pymes españolas que exportan a otros países han incrementado sus ingresos gracias al uso de herramientas online para vender internacionalmente y que, además, el 44% asegura que el 75% de sus ventas internacionales depende de estas herramientas.

Sin embargo, según la misma encuesta, España, a pesar de su alto volumen de pequeñas y medianas empresas, es uno de los países con menos pymes exportadoras. Con un 10% solo se sitúa por delante de Grecia, un porcentaje muy lejano al 27% de las pymes belgas o al 26% de las portuguesas.

Ante esta realidad, Icex y Correos han firmado un acuerdo por el que ambas entidades se han comprometido a facilitar y promover la internacionalización de las empresas españolas a través del comercio electrónico, su adaptación a las nuevas tecnologías y su expansión en China, uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento en el panorama internacional, gracias al acuerdo que Correos mantiene con la china Alibaba desde principios de 2016.

En concreto, el convenio, que ha sido aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se centrará en tres puntos de actuación. Por un lado, se realizarán diferentes acciones formativas sobre comercio electrónico y exportaciones, acceso a plataformas de venta online en diferentes países y el uso de nuevas tecnologías para la expansión comercial. Otra de las vías se centrará en la difusión de contenidos en China sobre productos españoles a través del canal digital. Y por último, el acuerdo servirá para fomentar el intercambio de información y tendencias de las principales plataformas de comercio electrónico del panorama internacional.

Además, el Icex facilitará contenidos sobre la oferta productiva española en gastronomía y alimentación, moda y bienes de consumo, para darla a conocer entre los potenciales usuarios extranjeros de la tienda online que está creando Correos en la plataforma Tmall de Alibaba, a través del acuerdo firmado entre la compañía de transportes y el gigante chino.

Pymes poco exportadoras

España, con un 10% de pequeñas y medianas empresas exportadoras, es uno de los países europeos con menor presencia internacional, según la encuesta Future of Business sobre comercio electrónico, elaborada por el Banco Mundial, la OCDE y Facebook.

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Aena nombra presidente a García-Legaz y consejero a Josep Piqué | Compañías

El consejo de administración de Aena ha designado este viernes al exsecretario de Estado de Comercio y actual presidente de Cesce, Jaime García-Legaz, como nuevo presidente y consejero delegado de Aena, cargo que asumirá el próximo 16 de octubre, en sustitución de José Manuel Vargas, a propuesta del Gobierno como accionista mayoritario (51% del capital), según señaló la entidad en un hecho relevante enviado a la CNMV.

Aena también anunció el nombramiento del exministro Josep Piqué como consejero de la sociedad, con efectos desde este viernes 13 de octubre.

Con el nombramiento de García-Legaz se elimina la incertidumbre que generó la dimisión de Vargas, anunciada públicamente esgrimiendo “motivos personales” y cuya salida será efectiva el domingo, después de que el Gobierno hubiese rechazado en diversas ocasiones avanzar en la privatización de la empresa.

García-Legaz llega al cargo una vez zanjado el conflicto laboral con los trabajadores de seguridad de Eulen en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, que tuvo en vilo este verano a miles de pasajeros y finalizó en un laudo, y con un preacuerdo con CC OO, UGT y USO que desactivó 25 días de huelga.

Entre los retos que debe afrontar García-Legaz en su mandato se encuentran potenciar la expansión internacional de la compañía aprovechando las oportunidades de negocio que surjan en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, y mantener los costes a raya, tras la decisión del Gobierno de bajar un 11% las tarifas aeroportuarias hasta 2021, lo que limita el crecimiento de sus ingresos.

En la actualidad, Aena controla el 51% del aeropuerto de Luton (Londres), que es el quinto mayor de Reino Unido, y tiene además presencia en 12 aeropuertos de México, dos en Colombia y uno en Jamaica. En el ámbito inmobiliario, también tiene la opción de activar el plan que guardaba José Manuel Vargas en la recámara para desarrollar 2.000 hectáreas alrededor de los aeródromos de Madrid y Barcelona.

García-Legaz debe intentar poner en valor la masiva afluencia de turistas internacionales a España a través de la red aeroportuaria, que sigue batiendo récords. El único escollo es en materia salarial. El presidente de Aena es el ejecutivo con el sueldo más bajo entre las empresas del Ibex 35, dado su carácter semipúblico.

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José Manuel Vargas dimite como primer ejecutivo de Aena “por motivos personales” | Compañías

José Manuel Vargas deja el puesto de presidente y consejero delegado de Aena, decisión que tendrá efectos a partir del día 15 de octubre. La renuncia ha sido comunicada por el operador aeroportuario a la CNMV a primera hora de la tarde.

El consejo ha admitido la dimisión de Vargas y también la marcha del empresario hotelero Simón Pedro Barceló. El primer ejecutivo cumplió cinco años al frente de la empresa el pasado mes de enero. Su renuncia se produce “por motivos personales”, tal y como ha confirmado el propio Vargas acompañado del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en un encuentro con periodistas. Sobre quién será la persona que le sustituya al frente de la compañía, el ministro ha admitido tener decidido el nombre del sucesor, pero reclamó tiempo antes de que sea comunicado oficialmente.

Vargas ha sido protagonista en las últimas semanas a raíz del interés de Aena por entrar en la puja por Abertis, actualmente pendiente de la aprobación de la italiana Atlantia. El presidente, junto con el fondo TCI, que controla el 11% del capital, apadrinó la opción de una opa sobre el operador de autopistas, pero esta fue descartada por el Gobierno a través de Enaire, titular de más de la mitad de las acciones de Aena.

La opa habría forzado a Aena a una ampliación de capital, con lo que Enaire habría perdido su posición de dominio. No obstante, la normativa actual impide que baje del umbral del 51% sin previo paso por el Congreso de los Diputados.

Tanto el ministro como el todavía presidente de la sociedad han explicado que si bien la operación de Abertis tenía todo el sentido económico, lo cierto es que también presentaba numerosos peros que fueron los que finalmente tumbaron la intención de Aena de entrar en el capital de la concesionaria de autopistas.

Entre los inconvenientes, el ministro ha citado el hecho de que fuese un negocio al que no se dedica Aena, lo cual habría conllevado una modificación de sus estatutos. Además, de haber fructificado, ell Estado se habría visto de repente como juez y parte en el conflicto que tiene abierto el Ministerio de Fomento con Abertis por las radiales y la autopista AP-7. Preguntado sobre si ACS seguirá en la puja y qué ocurrirá si no lo hace, ambos optaron por recomendar prudencia y esperar acontecimientos.

Batalla en El Prat

Adicionalmente, el PSOE ya había pedido la cabeza de Vargas a raíz del conflicto registrado este verano en El Prat. Aena tiene subcontratadas las labores del control de seguridad a Eulen, quien aplicó una rebaja salarial a los trabajadores que, a su vez, se declararon en huelga indefinida en plena temporada veraniega. Finalmente, la intervención de la Guardia Civil evitó males mayores en el aeródromo y un árbitro designado por el Gobierno, el presidente del CES Marcos Peña, fijó un aumento salarial para los empleados. Podemos solicitó la apertura de una comisión de investigación.

También este verano los sindicatos de Aena convocaron otra huelga para este mes de septiembre, paralizada tras llegar a un preacuerdo con la empresa. Los trabajadores reclamaban mejoras salariales, una mayor tasa de reposición para la plantilla, avances en materia de conciliación y la extensión del convenio.

Con los dos asuntos resueltos, Vargas saldrá de Aena tras haber dado la vuelta a los números de la compañía y haber mantenido una postura férrea a favor de temas tan polémicos como el avance en la privatización de la compañía pública o la imposibilidad de la empresa de retener talento con una política salarial propia del sector público. Se da por descontado que el presidente de Aena cerrará este mismo año al frente de una empresa: “Tiene proyectos, pero no será en el sector público”, aseguran en su entorno.

Sobresaliente trayectoria en Bolsa

Aena salió a Bolsa en 2015, tras un retraso de varios meses, pero protagonizó una de las mejores OPV de los últimos tiempos en España, además de la más voluminosa. Tras conocerse la noticia de la renuncia, Aena caía más del 1% en Bolsa. Desde su OPV sube el 162%.

El ministro agradeció los servicios prestados por Vargas y confirmó que cuando él llegó a Fomento ya le pidió hacer efectiva su salida por dar por finalizada su etapa al frente del gestor aeroportuario. Sin embargo, De la Serna le pidió continuar hasta ahora, algo que ha agradecido ell presidente de Aena en el encuentro con periodistas.

Respecto a los proyectos más importantes que tiene la compañía por delante, ambos altos cargos descartaron que vaya a continuar el proceso de privatización. “No existe el consenso político necesario para llevar adelante una transformación tan importante de la compañía, ni por parte del PSOE, ni siquiera por parte de Ciudadanos”, confirmó el ministro. Vargas lamentó esta situación porque, en su opinión, “tener grandes empresas en los países ayuda mucho”. En este sentido, mostró su deseo de “sacar a las empresas de la política” y se mostró satisfecho con el cambio experimentado por la entidad, sobre la que dijo que “hoy vale 25.000 millones y está en el Ibex 35”.

Por último, José Manuel Vargas se mostró convencido de que la nueva etapa que afronta la compañía debe ser pilotada por un nuevo equipo y aunque eludió concretar qué motivos personales son los que le llevan a presentar su dimisión, lo cierto es que dijo que “no son especialmente graves” y confirmó que cuenta con otros proyectos fuera de la Administración; si bien matizó que la existencia de los mismos no son causa de su renuncia.

En cuanto a las prioridades inmediatas de Aena, el ministro de Fomento citó dos. La primera y más importante es el pleno desarrollo de DORA, el documento por el que se pretende implantar el nuevo marco jurídico de regulación aeroportuaria. Y en segundo lugar citó la presentación de una buena oferta por el aeropuerto de Murcia, que para Aena es muy importante.

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Referéndum: ¿Tiene razones Cataluña para quejarse del pago en las autopistas? | Compañías

Cataluña tuvo la primera línea de tren de la península, la Barcelona -Mataró (1948), para desarrollar la comarca del Maresme; fue el segundo destino del AVE desde Madrid, y Barcelona goza de una de las mayores redes de Cercanías (Rodalíes), siempre puesta en comparación con la infraestructura ferroviaria que sirve a la capital. Ha tenido, y conserva, un lugar predominante en el desarrollo español de infraestructuras, con hitos como ser la única comunidad con sus capitales de provincia conectadas por la alta velocidad. Pero Cataluña también estrenó la barrera de peaje en 1969 (Barcelona-Mataró), cuando en Madrid se inauguraban tramos de autovía gratuita en la A-3 y A-6.

Este tipo de comparaciones, que alimentan el discurso nacionalista, son el pan nuestro de cada día en el Congreso de los Diputados, donde los votos catalanes han sostenido Gobiernos, en ocasiones a cambio de una millonaria lluvia de obras.

Cataluña es la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, por licitación de proyectos desde el Gobierno central entre 2012 y 2016, y ocupa la misma posición, tras Galicia y su AVE, por adjudicaciones. Además, el presidente Mariano Rajoy trató de aplacar los vientos soberanistas anunciando en marzo una inversión de 4.200 millones hasta 2020.

Pero los peajes, sostenidos por contratos a muy largo plazo, siempre están ahí. Son la muestra esencial del agravio que dice sufrir el pueblo catalán. Con 630 kilómetros de pago, aproximadamente uno de cada cinco kilómetros de las autopistas españolas se asienta sobre las provincias catalanas. La Rioja, Galicia, Navarra o la Comunidad Valenciana no le van a la zaga. Y la gran diferencia respecto a Madrid o las dos Castillas es la práctica ausencia de vías paralelas gratuitas.

Cataluña es la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, por licitación de proyectos del Gobierno central entre 2012 y 2016, y ocupa la misma posición, tras Galicia y su AVE, por adjudicaciones

Quienes revisten de objetividad y gravedad esta circunstancia recuerdan que el 96% del transporte terrestre en España va por carretera. En el caso de Cataluña, las conexiones del Litoral, y entre los grandes núcleos urbanos, son de pago, con casi la mitad de los kilómetros impulsados por la propia Generalitat. Comparando políticas, Andalucía ha construido 800 kilómetros de autovía gratuita, mientras Cataluña es titular de 400 kilómetros de alta capacidad, de los que 170 tienen barrera.

Asumiendo que el desequilibrio en el pago por uso existe, desde Fomento se reitera una y otra vez que la instauración del peaje se debió, entre los años 60 y 70, a la necesidad de responder la industrialización de Cataluña y a la falta de fondos.

El resto del país trataba de progresar atravesado por nacionales de un solo carril por sentido. Por ello, durante más de 30 años fueron minoritarias las quejas de quienes debían pagar por carreteras cercanas a los estándares europeos. Llegaron en los años ochenta el desdoblamiento de esos enrevesados trazados y el debate sobre las distintas españas.

La que fue Secretaria de Estado de Infraestructuras durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, Josefina Cruz, ya anticipó en una tribuna publicada en 2012 en El País que el conflicto por las autopistas estaba servido: “Contemplado con la perspectiva de los 45 años que han transcurrido desde que se inicia esta política de infraestructura, se advierte la ausencia de planificación territorial en su diseño y un claro cambio de rumbo cuando se opta por construir autovías libres de peaje, provocando de facto un desequilibrio territorial”. Cruz Villalón ya abogaba por evitar ampliaciones de plazo en las concesiones de próximo vencimiento.

Ya en su primera comisión parlamentaria (13 de diciembre de 2016), el actual ministro Íñigo de la Serna fue recibido por la diputada de Esquerra Republicana Teresa Jordá i Roura con dos recriminaciones: la “desatención” de las carreteras catalanas de titularidad estatal y el “pésimo e indigno servicio de Rodalíes”, cuya gestión fue traspasada al Govern en 2010, manteniendo el Adif el control de la infraestructura. La toma de este último es otra de la reivindicaciones clave de Cataluña, quejosa del estado de las vías y estaciones utilizadas cada día por 400.000 viajeros.

La respuesta del Gobierno, en un intento de última hora de tender puentes, es un plan para invertir 4.000 millones en las cercanías hasta 2025. “Somos conscientes de la necesidad de un esfuerzo especial”, dijo Rajoy en marzo. Asumía así el estado obsoleto de parte del ferrocarril catalán.

Madrid como núcleo

Otro puntal del discurso catalanista es el de la concepción radial del mapa de infraestructuras, propio del aznarismo, frente al interés de conectar con Europa. Toda infraestructura calificada de estratégica parte de la capital, quedando durante años desatendidas reivindicaciones como las mejoras en la N-II que viaja de Zaragoza a Barcelona paralela a la AP-2. Esa estrategia comenzó a equilibrarse con infraestructuras como la A-66 o autovía de la Plata, que baja desde Galicia hasta Andalucía; la A-8 o autovía del Cantábrico, y la propia A-7 o autovía del Mediterráneo.

El trazado de esta última va de Algeciras hasta Barcelona, siendo el tramo del norte, entre Castellón y la Ciudad Condal el que no concluye. De hecho, la reversión de la AP-7 a manos de Fomento podría ser utilizada como cierre de la autovía. Al respecto, está por ver si el Ministerio relicitará las autopistas de próximo vencimiento, manteniéndolas bajo el pago por uso, o las abre al tráfico gratuito. La primera decisión ha sido no prorrogar las concesiones.

Si la falta de continuidad de la A-7 por la costa catalana es munición para las proclamas lanzadas contra el Gobierno, también es cierto que la Comunidad Valenciana ha sido más activa que la Generalitat en el desdoblamiento de carreteras paralelas a la AP-7, como la CV-10 (82 kilómetros) y la CV-40 (23 kilómetros). No faltan quienes opinan que en Cataluña se ha protegido el derecho de una empresa local, como es Abertis, a gestionar la AP-7 sin competencia pública.

Frente al concepto de desarrollo radial con núcleo en Madrid del ‘aznarismo’, se pusieron en marcha las autovías de la Plata, Cantábrico o la A-7

Una obra emblemática que rompe con el concepto de Madrid como núcleo logístico del país es el Corredor Mediterráneo, con previsión de arranque con AVE y tráfico de mercancías en 2023. El proyecto, que acumula fuertes retrasos e indefinición, conectará definitivamente el Levante español con Europa, y servirá de puente a Valencia y Barcelona.

Desde el Palau de la Generalitat también ha resonado durante años la petición de la gestión directa del aeropuerto de El Prat, donde Fomento prevé la conexión ferroviaria con la estación de Sants (285 millones), entre otros proyectos que afectarán a aeropuertos catalanes.

Los argumentos no faltan en uno y otro sentido. Pero Cataluña, con AVE, el segundo aeropuerto del país, uno de los puertos más pujantes de Europa, y mucha carretera de peaje, ha convertido sus tradicionales reivindicaciones en un muro que busca distinguirla del resto de España.

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Los sindicatos cierran un preacuerdo con Aena y Enaire que despeja la amenaza de huelga | Compañías

Los sindicatos con representación en Aena y Enaire han cerrado este lunes un principio de acuerdo con responsables de estas empresas públicas que despeja la amenaza de huelgas en los aeropuertos españoles hasta fin de año. 

Así lo explicaron a Servimedia fuentes sindicales, que indicaron que dicho preacuerdo debe ser ratificado por los consejos de administración de Aena y Enaire, además de recibir también el visto bueno del Ministerio de Fomento. 

Por ello, estas fuentes, que no quisieron revelar los términos definitivos del preacuerdo, esperan que la firma definitiva se produzca a finales de esta semana o a principios de la próxima.

En este proceso de negociaciones con la participación del Ministerio de Fomento, las organizaciones sindicales reclamaban al gestor aeroportuario una mejora de los salarios y las plantillas, tras amenazar con la convocatoria de 25 días de huelga en los aeropuertos españoles, en un primer momento desde el 15 de septiembre, fecha que se retrasó hasta el 1 de octubre para permitir la negociación.trabajadores de Aena vienen reclamando que, tras tres años de beneficios de la empresa, debe compensarse con una subida salarial la pérdida de poder adquisitivo del 8%, según sus estimaciones, sufrida en los últimos años. 

También piden la creación de 450 nuevos empleos en Aena y 250 en Enaire con el objetivo de compensar la reducción de plantilla llevada a cabo en años anteriores.

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Los vigilantes de Eulen en El Prat convocan una nueva huelga para el 6 de octubre | Compañías

Los trabajadores de Eulen en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que se encargan de los controles de seguridad, han decidido convocar una nueva huelga a partir del viernes 6 de octubre, esta vez para exigir a la empresa que cumpla con el laudo obligatorio que el árbitro, Marcos Peña, publicó la semana pasada.

El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha subrayado que eso no quiere decir que vean con “buenos ojos” el laudo, cuyo contenido la misma asamblea ha rechazado por unanimidad.

“Queremos que se cumpla aquello que no queremos, pero que es a lo único a lo que nos podemos acoger y no se está cumpliendo”, ha señalado Giménez en declaraciones a los medios tras la asamblea. En la reunión se ha puesto sobre la mesa que el día a día de los trabajadores es “peor” ahora que cuando empezó el conflicto.

Giménez ha confiado en que este mes sirva para llegar a un acuerdo con la empresa y ha reclamado que Aena vuelva a sentarse en la mesa para que adquiera el compromiso de respetar las mejoras que incluye el convenio en futuras licitaciones.

En la asamblea de trabajadores de Eulen se ha puesto sobre la mesa que el día a día es “peor” ahora que cuando empezó el conflicto

El compromiso de la empresa

La semana pasada Eulen anunció la readmisión de los dos trabajadores que fueron despedidos por no presentarse a su puesto de trabajo durante el conflicto laboral en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, en cumplimiento del laudo arbitral obligatorio presentado por el presidente del CES el pasado jueves.

En un comunicado, Eulen también se comprometió a incluir en las nóminas del mes de agosto la cantidad correspondiente al complemento salarial establecido en el laudo, de 200 euros mensuales. La empresa tenía previsto, por último, desistir la demanda interpuesta contra el comité de huelga.

Con el laudo de obligatorio cumplimiento, el Gobierno dio por finiquitado el conflicto que ha amenazado con el colapso del segundo aeropuerto de la red de Aena por número de viajeros. El propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, apeló a la responsabilidad de los trabajadores para que levantar las huelgas previstas para este mes de septiembre. Lo que no entraba en sus presupuestos es que la asamblea mantuviera vivo el conflicto a la espera de ver gestos tangibles por parte de la empresa.

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El Tribunal de Cuentas sospecha que la mutua Fremap fraccionó contratos | Mi dinero

La adjudicación de contratos por parte de Fremap, la mutua de accidentes de trabajo dependiente de la Seguridad Social, está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas. En un informe emitido este viernes, el órgano fiscalizador advierte de una serie de presuntas irregularidades que incluyen el fraccionamiento de un mismo contrato en dos de menor cuantía para evitar los controles previstos para los servicios públicos.

En concreto, el Tribunal hace referencia a la adjudicación de dos contratos, por 1.924.278 y 2.602.879 euros, respectivamente, realizada el mismo día, el 8 de julio de 2014, para la ejecución de obras de reforma del Hospital de Barcelona, para los que se eligió a una misma empresa.

Aunque el Tribunal no lo menciona, según ha podido saber este diario, la compañía elegida para los dos contratos, con un valor estimado conjunto de 6.081.631 euros (IVA excluido), adjudicados por un importe global de 4.527.157 euros, fue OHL.

En ambos casos, el objetivo de los contratos fue el mismo: la ejecución de obras para la reforma y adaptación del Hospital de Barcelona, justificándose la necesidad de contratar en los dos expedientes, según consta en las memorias fechadas el mismo día (11 de febrero de 2014), en la adaptación del centro y “gran parte de las instalaciones…a las nuevas necesidades…y…a las modificaciones normativas de obligado cumplimiento producidas en los últimos años”.

En ambos, los criterios de adjudicación planteados por Fremap fueron idénticos, incluyendo la exigencia de una facturación de al menos 11,5 millones de euros. “Exigencia que, por su elevada cuantía, resulta proporcional solo si se tiene en cuenta el importe conjunto de los dos contratos (6.081.631 euros, IVA excluido)”, advierte el Tribunal. Una exigencia que pudo restringir con fuerza el acceso de otras compañías a la licitación.

La coincidencia también alcanza a la fecha de inicio de las obras, el 6 de agosto de 2014 e incluso una doble modificación de los contratos el 23 de abril de 2015, con la misma justificación, la presencia de “errores u omisiones en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas”.

“Teniendo en cuenta estos hechos, el Tribunal de Cuentas considera que la tramitación separada de los precitados expedientes de obras constituye un supuesto de posible fraccionamiento del objeto del contrato”, subraya el informe.

Este alega que la suma del importe de los contratos supera el tope de 5.186.000 euros (IVA excluido) que exige un mayor grado de transparencia en las licitaciones que garantice un proceso competitivo. En este caso, dice el Tribunal, “pudo haberse eludido la aplicación de las normas establecidas” sobre “la preparación y adjudicación de los mencionados contratos”, citando “en particular, la publicidad obligatoria de la convocatoria de la licitación del procedimiento”.

La respuesta de Fremap

La mutua, por su parte, emitió un extenso documento de alegaciones en el que defiende que en el caso de estas obras “la semejanza o similitud no es identidad”, y que se trataba de dos procesos diferenciados que requerían de dos contratos diferentes.

Fremap asegura que no hubo fraccionamiento de los contratos y defiende además que no hay un criterio único para fijar las exigencias impuestas en las licitacioines en cuanto al volumen de facturación requerido a las empresas, que el Tribunal de Cuentas plantea que limitó la competencia impidiendo participar a firmas de una facturación inferior.

Otras irregularidades

Más allá del posible caso de fraccionamiento de contratos, el Tribunal de Cuentas advierte que ha detectado varias deficiencias en los criterios de adjudicación utilizados en los contratos de obras. Un ejemplo es que en todas ellas se puntuó la reducción del plazo de entrega o de ejecución del proyecto prometido por las emprseas, pese a que luego todas las compañías adjudicatarias incumplieron los plazos previstos y hubo que ampliarlos.

De hecho, hubo cinco casos en que pese a las demoras sobre el plazo previsto no consta que se impusieran penalidades económicas a las empresas que incumplieron el calendario marcado.

El Tribunal de Cuentas también alude a 13 contratos de servicios en que no se publicitaron debidamente los criterios de adjudicación, lo que redujo la transparencia. Algo que también ocurrió con los contratos de suministro.

Recomendaciones del Tribunal

En vista del análisis realizado, el organismo fiscalizador insta a la mutua a garantizar la capacidad de las empresas adjudicatarias de sus contratos fijando claros criterios de solvencia y experiencia.

También le recomienda elevar la transparencia general de los mecanismos de control de publicidad y formalización de los contratos así como afianzar el seguimiento y control de los contratos de obra y el incumplimiento de plazos

Los gastos indebidos

Se da el caso de que la mutua Fremap ya fue objeto de controversia hace unos años al conocerse que había gastado indebidamente más de 30 millones de euros, entre otras cosas en dietas a directivos o mariscadas.

Una utilización indebida del dinero para una asociación sin ánimo de lucro que la compañía tiene pendiente devolver a la Seguridad Social.

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Los sindicatos de Aena congelan la huelga y Fomento ve factible llegar a un acuerdo | Compañías

Los sindicatos UGT, CC OO y USO acordaron este miércoles aplazar dos días la convocatoria de huelga en Aena y Enaire, del 15 al 17 de septiembre, hasta que se evalúen las propuestas de Fomento en la mesa negociadora, convocada para el próximo día 7 de septiembre.

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, compareció en el Congreso de los Diputados para informar sobre la crisis labortal que viven el aeropuerto de Barcelona-El Prat y los distintos aeropuertos del territorio español.

El ministro aprovechó también la comparecencia para agraceder a los sindicatos con representación en Aena y Enaire la paralización de la convocatoria de huelga en los aeropuertos del territorio español y se mostró “optimista” sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Los sindicatos, en este caso, mantienen el preaviso de huelga de 25 jornadas que afectaría, en gran parte, a la operación retorno veraniega en la red de aeropuertos españoles. Estos paros, no obstante, quedan a expensas de lo que suceda en el próximo encuentro entre las partes.

En este contexto, el titular de Fomento aseguró que la decisión de los sindicatos permitirá “avanzar en el proceso de negociación desde la tranquilidad”.

Los representantes de los trabajadores han planteado un incremento de la plantilla en Aena, empresa mayormente pública con un 51% y en Enaire (100% pública), por encima de la tasa de reposición, una subida salarial, una mejora de las condiciones de trabajo y la prórroga hasta 2021 del convenio vigente para ambas empresas. Al respecto, De la Serna recordó que los ministerios de Hacienda y Función Públioca y de Fomento “son la misma cosa”, y precisó que la decisión sobre las reivindicaciones será conjunta” y tomada como Gobierno.

Sobre el desarrollo de la negociación después del primer contacto entre los sindicatos, las empresas y Fomento, el Ministro reconoció que la propuesta de un incremento de la plantilla que vaya más allá de la tasa de reposición todavía requiere un “cierto debate”, mientras que sobre las cuestiones salariales para los trabajadores de Aena y Enaire, el Ministro señaló que deberá someterse a debate y análisis de lo que se negocie en la mesa de la función pública del próximo 7 de septiembre, que será cuando vuelvan a reunirse las partes en Fomento.

Petición de cese

Iñígo de la Serna defendió, además, la actuación de Aena en el conflicto de Eulen y sus trabajadores en el aeropuerto de El Prat y pidió no confundir la participación del gestor para lograr un acuerdo. No obstante, los grupos parlamentarios exigieron principalmente, la dimisión José Manuel Vargas, presidente de Aena, a quien acusaron de mantenerse “ajeno”, junto con el Gobierno, al conflicto de Eulen y sus empleados de seguridad en el acceso de pasajeros.

Los parlamentarios denunciaron “mala gestión” en Aena por las licitaciones de los aeropuertos y “bajas temerarias”, los grupos portavoces del PDCat y En Comú Podem-En Marea, apuntaron que el modelo centralizado de Aena es “ineficaz” y choca con los modelos modernos, lo que dejó paso a la petición de una gestión del aeropuerto controlada por el Govern de Cataluña.

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El PSOE pedirá la cabeza del presidente de Aena en el Congreso | Compañías

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado este jueves en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso, que pedirá al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, la dimisión del presidente de Aena por la gestión en el conflicto de los trabajadores de Eulen en El Prat. En esta sesión, todos los grupos parlamentarios se han mostrado a favor de la comparecencia de De la Serna, que se espera para la próxima semana.

Lastra, ha mostrado su preocupación por el conflicto laboral en Eulen y la “amenaza de que se extienda” al resto de aeropuertos españoles. Asimismo ha criticado que el Gobierno haya “demonizado” a este colectivo de trabajadores de El Prat y ha censurado tanto la gestión de Aena como el laudo impuesto para solucionar el conflicto.

La portavoz socialista ha sentenciado que este asunto en El Prat se resuelve “introduciendo reformas necesarias” en la ley de contratos del sector público y con la destitución del presidente de Aena, José Manuel Vargas.

Por su parte, el Ministro de Fomento destacó este jueves, en una comparecencia en Santander, la “voluntad” de los sindicatos de Aena y Enaire para “conseguir alcanzar algunos acuerdos” que eviten la huelga programada a partir del 15 de septiembre y que contaría con 25 jornadas de paros que se distribuirían en distintas fechas hasta el 30 de diciembre. Iñigo de la Serna, garantizó que por parte del Gobierno se hará “todo el esfuerzo que sea necesario para intentar alcanzar esos acuerdos”.

El responsable de Fomento insistió en que, a diferencia de otros casos, se trata de empleados públicos, por lo que en la negociación tendrán que “sujetarse” a cuestiones que afectan a otros empleados públicos como el aspecto salarial. Así, señaló que algunos de los temas planteados deberán dirimirse en la Mesa de Función Pública, en la que es muy importante que “se trabaje como venimos haciendo, con distintos departamentos”, especialmente el de Hacienda, dijo De la Serna.

Al hilo, De la Serna ha considerado que es importante avanzar en una negociación global de carácter nacional sobre la seguridad privada en equipamientos públicos, no sólo aeropuertos, tal y como han pedido los principales sindicatos, que han solicitado crear un grupo de trabajo
para abordar asuntos “que tengan que ver con la parte pública de la negociación” para después trasladarlos a la mesa sectorial.

El 30 de agosto habrá laudo en El Prat

Marcos Peña que se reunió este miércoles con los trabajadores de Eulen, todavía debe reunirse tanto con la dirección de la empresa, como con Aena y la Generalitat. Peña aseguró a la salida del primer encuentro, que espera “tenerlo el laudo listo” para el martes y que el miércoles 30 de agosto sea entregado a ambas partes del conflicto, un día antes de lo previsto.

El comité de Eulen indicó que el mediador “les prometió” que antes de redactar el laudo, podrían “corregir lo que se considere”. Un recurso positivo para los empleados de Eulen, ya que en las actas de la oferta de mediación que hizo la Generalitat, hubo detalles que no se especificaron. Los trabajadores aseguraron que estarán atentos para que no ocurra de nuevo en la redacción del laudo actual.

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Marcos Peña reconoce que ninguna parte “quedará contenta” tras el laudo de El Prat | Compañías

El mediador del conflicto entre Eulen y su plantilla en El Prat, ha comparecido este miércoles después de reunirse con los empleados en la Terminal 2 del aeropuerto. Esta ha sido la primera reunión de las tres que tiene programadas hasta que dicte una resolución de obligatorio cumplimiento para las partes afectadas. Marcos Peña, tras el encuentro con el comité de huelga, ha asegurado que el laudo que resuelva el conflicto laboral no será del agrado de ninguna de las partes. “Sabemos que nadie va a acabar contento pero lo importante es minimizar el conflicto”, ha asegurado.

“Aquí no tiene razón nadie, lo importante es conciliar intereses y ver qué solución puede tener el conflicto”, ha añadido Peña, quien también ha afirmado que la reunión con el comité de huelga ha servido para “escuchar, comprender y aprender” sobre un conflicto que, según él, va más allá de lo económico y que también se basa en la salud y la capacitación de los trabajadores y la calidad del trabajo.

En este aspecto, el árbitro ha destacado la “importancia del tema de la mujer” para los trabajadores, que se han quejado reiteradamente de que las condiciones de las empleadas de los filtros de seguridad son especialmente duras, y ha considerado que sus pretensiones son razonables.

“Lo importante es garantizar la dignidad de los trabajadores, la comodidad de los pasajeros y la seguridad”, ha sentenciado Marcos Peña antes de reunirse con los responsables de la empresa, dispuesto a limitar el efecto del conflicto laboral.

Turno para Aena y Generalitat

Peña ha explicado que comenzará a trabajar en la resolución del laudo el próximo viernes y espera tenerlo listo el martes para entregarlo el miércoles a todas las partes implicadas –un día antes de la fecha límite– y ha recordado que “no se puede recurrir” y es de obligado cumplimiento.

Antes de redactar el laudo, Marcos Peña ha anunciado que quiere reunirse con Aena y con la Generalitat, que ha realizado de mediadora en el conflicto, y cuyo papel se debe “agradecer y reconocer”.

Por último, Peña ha asegurado que este conflicto laboral no se reduce al Aeropuerto de Barcelona porque “todos los grandes aeropuertos tienen conflictos similares”, contradiciendo la versión que ha defendido el Gobierno.

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