El TJUE libra a Intel de una multa histórica (de momento) | Legal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia muy esperada. Se trata del caso Intel, que podría haber dado lugar a una de las mayores multas por infracción de derecho de la competencia a nivel comunitario, sólo superada por la impuesta al gigante tecnológico Google hace unos meses. De momento, la empresa americana de microprocesadores se libra de la sanción, que ascendía a 1.060 millones de euros, ya que ha sido anulada la sentencia previa que confirmaba y se devuelve ahora el caso al Tribunal General para que lo estudie de nuevo. 

La cuestión en liza tiene que ver con la posibilidad de que una empresa pueda aplicar un determinado tipo de descuentos para lograr imponerse en el mercado. En el año 2009, la Comisión Europea impuso la sanción en cuestión al fabricante tecnológico por abuso de posición dominante en el mercado de los microprocesadores, concretamente en el mercado mundial de las CPUs x86, entre octubre de 2002 y diciembre de 2007, al aplicar una estrategia destinada a expulsar del mercado a su único competidor importante, la empresa Advanced Micro Devices (AMD).

Según apunta el tribunal, la Comisión consideró que Intel ocupaba una posición dominante porque poseía una cuota de mercado de alrededor del 70% o más y porque para los competidores resultaba extremadamente difícil entrar en el mercado y expandirse, debido a que las inversiones en investigación y desarrollo, propiedad intelectual e instalaciones productivas no son recuperables. Para la Comisión, el abuso consistió en diversas medidas adoptadas por Intel respecto a sus propios clientes (fabricantes de ordenadores) y al distribuidor europeo de dispositivos microelectrónicos Media-Saturn-Holding.

Aplicación de descuentos

Al parecer, Intel concedió descuentos a cuatro destacados fabricantes de ordenadores (Dell, Lenovo, HP y NEC) con la condición de que éstos le compraran la totalidad o la casi totalidad de sus CPUs x86. Además, la compañía americana efectuó varios pagos a Media-Saturn para que ésta vendiera exclusivamente ordenadores equipados con las CPUs x86 de Intel. Según la Comisión, esos descuentos y pagos garantizaron la fidelidad de los cuatro fabricantes citados y de Media-Saturn y redujeron notablemente la capacidad de los competidores de Intel para competir basándose en las virtudes de sus CPU x86. Por lo tanto, la conducta contraria a la competencia de Intel contribuyó de ese modo a reducir las opciones ofrecidas a los consumidores y los incentivos a la innovación.

Ante tales hechos, la Comisión decidió imponer a Intel la multa de 1.060 millones de euros, sanción que fue recurrida por la compañía ante el Tribunal General, solicitando la anulación de la misma o, al menos, una reducción sustancial de la cuantía. Sin embargo, el Tribunal General desestimó el recurso de Intel en su totalidad, en una sentencia de 12 de junio de 2014.

El Tribunal General validó la argumentación de la Comisión según la cual los descuentos de fidelidad concedidos por una empresa en posición dominante tienen, por su propia naturaleza, la capacidad de restringir la competencia, de modo que no era necesario analizar la totalidad de las circunstancias del asunto ni, en particular, aplicar un test AEC (así denominado por la expresión inglesa «as efficient competitor test», o test del competidor igualmente eficiente).

Recurso de casación

Intel decidió actuar ante este pronunciamiento e interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia del Tribunal General sosteniendo, entre otras alegaciones, que este último incurrió en un error de derecho al no examinar los descuentos controvertidos tomando en consideración la totalidad de las circunstancias del asunto. Y es aquí donde la justicia europea inclina finalmente la balanza en favor del fabricante americano.

El Tribunal de Justicia señala que, pese a haber afirmado que los descuentos de que se trata tenían la capacidad de restringir la competencia, la Comisión realizó sin embargo un examen en profundidad de las circunstancias del asunto, lo que la llevó a concluir que un competidor igualmente eficiente se habría visto obligado a cobrar precios que no habrían sido viables y que, por lo tanto, la práctica de descuentos de que se trata podía expulsar del mercado a ese competidor. El test AEC tuvo, pues, verdadera importancia en la apreciación de la Comisión sobre la capacidad de la práctica de descuentos de que se trata para producir un efecto de expulsión del mercado de los competidores.

Examinar todas las alegaciones

Llega así a la conclusión de que el Tribunal General estaba obligado a examinar todos las alegaciones de Intel sobre dicho test (por ejemplo, los errores en la realización del test que Intel reprochaba a la Comisión), cosa que no hizo. Por ello, anula la sentencia del Tribunal General al haberse abstenido éste de examinar esas alegaciones al analizar la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

El Tribunal de Justicia decide devolver el asunto al Tribunal General para que examine, a la luz de las alegaciones formuladas por Intel, la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

Pero no en todo ha salido victorioso el fabricante de microprocesadores. El Tribunal de Justicia ha desestimado las alegaciones de Intel sobre la falta de competencia territorial de la Comisión para sancionar el abuso y sobre la existencia de vicios de procedimiento que, en su opinión, habían afectado a su derecho de defensa.

 

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EE UU pide sanciones más duras para aislar económicamente a Corea del Norte | Mercados

La onda expansiva de la bomba nuclear que el régimen norcoreano probó el domingo amenaza con poner en riesgo una vez más las relaciones comerciales entre EE UU y China. Pyongyang exhibe músculo militar, Corea del Sur responde con ejercicios balísticos y EE UU presiona en el Consejo de Seguridad de la ONU, celebrado este lunes, para que se vote en siete días la aplicación de sanciones más duras que asfixien económicamente al país asiático. Aunque los norteamericanos siguen sin descartar el enfrentamiento militar como única salida. “No buscamos la confrontación militar pero nuestra paciencia no es ilimitada. Corea del Norte está clamando por una guerra con su uso abusivo de los misiles”, señaló la embajadora estadounidense en la reunión.

Poco después de que los 50 kilotones de la bomba de Kim Jong-un hiciese temblar el fondo del océano Pacífico, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, aseguró en una entrevista que todos los que quisieran hacer negocios con Washington tendrían que romper con Pyongyang. Algo que reiteró el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter y en lo que insistió la embajadora de EE UU ante la ONU, Nikki Haley.

Si la administración estadounidense persevera en esta idea y el presidente lleva a término sus amenazas, tendrá que romper relaciones comerciales con China, que es el mayor aliado comercial de Kim Jon-un, según las estadísticas de Global Trade Atlas, y, a su vez, el principal comprador de deuda de EE UU.

Y aunque China no es el único socio comercial que comparten Washington y Pyonyang (México, Singapur e India, entre otros, también hacen negocios con Corea del Norte) sí resulta fundamental para los intereses económicos de EE UU.

Además de poseer la mayor parte de la deuda del país norteamericano, China también es su mayor proveedor de bienes. Se trata principalmente de juguetes, teléfonos inteligentes o maquinaria de uso militar que el año pasado se cuantificaron por un valor de 40.000 millones de dólares. En 2016 el comercio entre las dos potencias alcanzó los 650.000 millones de dólares.

Un portavoz chino de Asuntos Exteriores ha asegurado este lunes que no descartan apoyar a la ONU si decide ejecutar un embargo total de las exportaciones de petróleo y derivados a Corea del Norte. Sin embargo, Pekín ha calificado de “injustas” las amenazas de Trump y ha afirmado que es inaceptable que sus intereses “se vean puestos en riesgo” mientras “intentan resolver pacíficamente la situación”.

“Si EE UU decide llevar a término su amenaza, desde luego lo hará con todos menos con China”, asegura Robert Tornabell, profesor emérito de Finanzas Internacionales del ESADE. Tornabell asegura que EE UU sería la principal víctima del cese de relaciones comerciales que plantea el presidente: “No pueden permitirse que China deje de comprar deuda exterior estadounidense, sobre todo ahora que Trump quiere elevarla. Sería una manera de bloquear la economía de su propio país”. 

Este es un nuevo episodio en las relaciones comerciales que mantienen ambas potencias y que se tensaron por última vez en agosto, también bajo la sombra de Kim Jon-un. Entonces, Trump firmó un memorando para investigar si las prácticas chinas atentaban contra la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses. El Gobierno chino tomó este movimiento como una medida de presión para conseguir que se involucraran más para frenar a Corea del Norte. Pero la respuesta de Pekín fue cautelosa, apeló a la prudencia de la Casa Blanca y aseguró que protegerían sus intereses.

“No creo que Xin Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, deje de ayudar a Corea del Norte por mucho que se lo exija Estados Unidos”, sentencia Tornabell. 

El volumen comercial norcoreano rondó los 6.500 millones de dólares el año pasado, lo que supuso un incremento del 4,7% respecto a 2015, en gran parte gracias al comercio exterior con China. El 85% de las importaciones norcoreanas provienen del gigante asiático y el 83% de las exportaciones lo tienen como destino.

Algunos expertos creen que Pekin sí accederá a un bloqueo temporal de las exportaciones de crudo hacia Corea del Norte, como parte de las presiones para evitar un conflicto en la frontera sur, pero descartan que lo haga permanentemente. Pese a que China es el principal aliado externo de Corea del Norte, en esta ocasión se han dado dos afrentas difíciles de obviar: el terremoto, consecuencia de la prueba nuclear, se dejó sentir en territorio chino y coincidió con la inaguración de la cumbre de países emergentes, con el presidente chino a la cabeza. 

Una sanción de Jinping supondría un duro golpe al régimen de Kim Jon-un, ya que el petróleo y sus derivados son la principal importación del país y resultan fundamentales para mantener operativa la fuerza militar de la que hace gala. “China no dejará de venderle petróleo porque paralizaría el país por completo y lo sufriría la población civil, especialmente ahora que se acerca el invierno”, afirma el profesor de ESADE. Además, iría en contra de sus intereses económicos.

Si la ONU decide aprobar las nuevas sanciones propuestas por EE UU, estas se sumarán a las últimas aprobadas en agosto. En ellas se establecía un bloqueo a las exportaciones norcoreanas de carbón (su principal activo), hierro y plomo o pescados y mariscos. También prohibía aumentar la contratación de trabajadores norcoreanos y cerrar nuevas alianzas empresariales. Estas medidas, también impulsadas por EE UU, suponen un recorte de casi 1.000 millones anuales, casi un tercio del total, en los intercambios comerciales norcoreanos.

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Empleo prohíbe a Factoo que siga facturando en nombre de los ‘freelance’ | Mi dinero

El Ministerio de Empleo ha decidido “descalificar” a la cooperativa Fidelis Factu, S. Coop. –conocida comercialmente como Factoo.es– al considerar probadas “numerosas conductas infractoras” en su actividad. Esta cooperativa se dedica a actuar como intermediaria entre profesionales y la Seguridad Social y Hacienda para facturar sus trabajos, sin que el profesional tenga que darse de alta como trabajador autónomo.

Empleo ha tomado esta decisión a la vista del informe emitido por la Unidad Especializada en el Área de Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia –donde tiene la sede esta cooperativa– que ya desde febrero pasado inició la investigación para descalificar a esta compañía.

Fuentes administrativas explican que la “descalificación” implica, según el artículo 116 de la Ley de Cooperativas, la disolución de la cooperativa. Los responsables del Ministerio de Empleo notificaron ayer a Fidelis Factu esta decisión. Sin embargo, la cooperativa seguía hoy operando con normalidad, según ha podido comprobar este diario.

Entre las infracciones laborales graves detectadas por la Inspección de Trabajo está que los socios trabajadores que tiene toda cooperativa, en este caso son “simulados” ya que, en general, son profesionales trabajadores por cuenta propia dedicados a cualquier actividad, que actúan en el tráfico mercantil, por lo que se ven en la necesidad de emitir factura a sus clientes, y también, deben cumplir con las obligaciones fiscales y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, explican desde el Ministerio de Empleo.

Otra de las conductas infractoras consiste en que durante los dos años que lleva activa, la cooperativa ha tenido en alta a más de 5.000 afiliados distintos a la Seguridad Social. Cada uno de los socios trabajadores se mantiene en alta durante escasos días, lo que supone una “vinculación anómala” con el sistema. Mientras que, según Empleo, lo correcto sería que los socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado se incorporen en la prestación del trabajo con una relación laboral, en principio, indefinida.

Por su parte, la dirección general de Cooperativas considera que Factoo y otras entidades de este tipo no responden a los objetivos de una cooperativa “porque no proporciona ningún empleo y sus socios no organizan en común la producción de bienes y servicios para terceros”.

Además, la decisión del Ministerio de Empleo está respaldada por un informe de la Abogacía del Estado emitido el pasado día 16 de agosto, en el que indica que “resultan acreditados los hechos objeto de imputación, haberse respetado las garantías del procedimiento sancionador y concurrir los requisitos para la descalificación de la cooperativa”.

Cómo opera Factoo

Fidelis Factu Sociedad Cooperativa opera comercialmente como Factoo.es que se ofrece a los profesionales independientes o freelance como plataforma para facturar los trabajos que desempeñen para sus clientes sin necesidad de darse de alta de autónomos.

Mediante una inscripción en su página web y abonando una cuota única de 30 euros, Factoo da de alta a sus asociados en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que les proporciona una situación similar a la de un trabajador por cuenta ajena, con cotización para la jubilación o la prestación por desempleo.

Las personas adscritas a Factoo pueden emitir así facturas a los clientes que lo reclamen sin necesidad de darse de alta como autónomos o constituir una empresa propia. Las facturas se emiten a nombre de la sociedad cooperativa, que es quien cobra por los servicios prestados y abona luego a sus asociados el saldo que resulte de restar el porcentaje que cobra la compañía y las cotizaciones sociales. Su compromiso es liquidar los pagos en un plazo máximo de tres días desde su cobro.

Mientras no facturen, los asociados no tienen ningún coste adicional a la cuota inicial de 30 euros. Una cantidad que podrán recuperar si deciden darse de baja después de haber realizado 10 facturas o más con Factoo o haber ingresado más de 1.500 euros. Si no se alcanza este nivel, la cooperativa solo les devuelve 10 euros.

Factoo adelanta el coste de las cotizaciones de sus “empleados” y luego se las descuenta de las posteriores facturas que les liquide. Quienes utilizan sus servicios no tienen que realizar declaraciones trimestrales de IVA o IRPF. La plataforma ofrece además la posibilidad de inscribirles en la Seguridad Social de forma acelerada en un plazo de 24 horas para ajustar los periodos de cotización al tiempo trabajado para cada cliente. La firma promete también a sus cooperativistas asesoramiento laboral o jurídico en caso, por ejemplo, de que tengan dificultades para cobrar un servicio a un cliente.

Factoo ofrece también otros servicios, como Tecnicoo.es, una cooperativa generalista de trabajo asociado especializada para técnicos, o Autonomoo.es, una gestoría online de bajo coste para quienes decidan darse de alta como trabajadores por cuenta propia.

Sus tarifas

Por sus servicios, Factoo ofrece dos tipos de planes de pago. El llamado “Plan Especial”, por el que cobra un 7% del neto facturado incluyendo las gestiones administrativas, el seguro de responsabilidad civil y la gestión de los riesgos laborales o la mutua, y el “Plan Estándar”, el más popular, por el que se abona un 4% del neto facturado.

Esta segunda modalidad deja aparte el pago de las gestiones y seguros que se deseen a un euro por gestión, un euro al día por el seguro de responsabilidad civil y el 1,5% adicional del neto facturado para cubrir riesgos laborales.

Promete el doble de ingresos

En un vídeo explicativo colgado en su web, Factoo asevera que un autónomo recibirá 492,96 euros líquidos de una factura sin IVA de 1.000 euros, frente a los 864 euros que acaba ingresando el asociado a la cooperativa.

El cálculo que presentan es que, de esos 1.000 euros brutos, el asociado a Factoo solo paga 56,50 euros a la Seguridad Social, 59,50 euros por los gastos de gestión y unos 20 euros como retención (ojo, solo del 2%) del IRPF.

Por el contrario, quien se haya dado de alta como autónomo abona 267 euros a la Seguridad Social, 50 euros por los costes de gestoría, y una retención del 19% por IRPF que asciende a 190 euros.

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Un amaño para pagar menos IRPF acaba costando 98.000 euros a una empresa | Legal

En un caso resuelto por el juzgado n.º 33 de Madrid el pasado mes de marzo, una empresa y el trabajador despedido en el acto de conciliación disfrazaron interesadamente la relación de alta dirección como ordinaria para eludir el pago del IRPF asociado a la indemnización por despido improcedente.

Tras ello, la Agencia Tributaria realizó liquidación en el IRPF del trabajador despedido al considerar que la indemnización fijada en el acto de conciliación se debía a la extinción de una relación contractual de alta dirección, la cual no estaba exenta del impuesto. El trabajador, además de abonar los más de 500.000 euros del pago del impuesto tuvo que pagar otros 98.638,74 euros de intereses de demora. Tras ello ejercitó una acción de reembolso contra la empresa ya que consideraba que la negociación de la indemnización se hizo en base a cantidades netas, libres de impuestos. Lo cual se opone a lo manifestado por la empresa que indica que las cantidades son brutas y que el único obligado tributario es el trabajador despedido.

La sentencia aclara que en el acuerdo firmado por las partes en el acto de conciliación no consta que la cantidad de la indemnización fuera neta. Y añade que incluso aunque así constara, el acuerdo sería contrario a la ley y por lo tanto nulo, ya que según se indica en la resolución “los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas”.

Sin embargo, el juzgado sí da la razón al trabajador en cuanto al reembolso por parte de la empresa de los intereses de demora. Tal y como señala la sentencia en virtud de la doctrina del Tribunal Supremo, la obligación de retener y pagar a cuenta es autónoma de la obligación del pago del impuesto, y por esa razón la Administración Tributaria debe exigir al retenedor los efectos perjudiciales, – intereses y sanciones-, generados por no haberse practicado la retención o haberse practicado de modo cuantitativamente insuficiente. Todo ello, independientemente de que el incumplimiento de la empresa viniera motivado por un acuerdo con el trabajador despedido.

Para el juez no cabe duda de que la relación era de alta dirección porque además de contar el demandante con los más amplios poderes otorgados por el consejo de administración para la organización y toma de decisiones estratégicas en la empresa, pertenecía al comité de dirección y su cargo era el de secretario general. Por lo tanto, aunque es el trabajador el sujeto pasivo del impuesto en cuanto a sus rendimientos por su trabajo, y los salarios e indemnizaciones por alta dirección, es la empresa como pagador de las rentas por el trabajo quien está obligado a retener e ingresar a cuenta el impuesto.

En definitiva, la empresa fue condenada a resarcir al directivo con los intereses de demora abonados por éste, 98.638,74 euros, los cuales no se hubieran producido si la empresa hubiera cumplido con sus obligaciones de retener e ingresar a cuenta.

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Todas las claves del nuevo recurso de casación, un año después de su entrada en vigor | Legal

Un año después de la entrada en vigor de los nuevos criterios para la admisión de recursos de casación presentados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el balance es de 1.432 recursos analizados y una sentencia dictada. Además, la Sala ha celebrado ya cuatro vistas públicas de recursos que contarán con sentencia de forma inmediata.

En estos doce meses, se ha pasado de la polémica y la incertidumbre a un escenario en el que ya empiezan a vislumbrarse las líneas de actuación del Alto Tribunal.

Normas de estilo para los escritos

La incorporación del concepto de interés casacional objetivo como nuevo criterio para la admisión de recursos ante la Sala Tercera del Alto Tribunal hizo prever la llegada de un aluvión de asuntos. Para limitar estos efectos, la Sala de Gobierno del Supremo decidió aprobar unas normas de estilo que hicieran más sencilla para los magistrados la gestión de los nuevos asuntos. En dichas normas se establecía el formato y la estructura de los escritos, así como la extensión máxima de los mismos, fijándose un tope de 50.000 caracteres con espacios -el equivalente a 25 folios-.?Estas medidas no fueron bien recibidas por los abogados, que rechazaron las limitaciones impuestas por el Alto Tribunal, al entender que restringían el derecho de defensa.

Problemas con el tamaño de la letra

Los efectos de las nuevas normas de estilo ya han tenido consecuencias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó hace unos meses una resolución pionera en la que requería a un abogado del Estado que subsanase los defectos de su escrito de preparación del recurso de casación por no adaptarse a los criterios del Tribunal Supremo. Concretamente, en su escrito, no se había “utilizado para el texto como fuente ‘Times New Roman’ con un tamaño de 12 puntos, sino de 11,5 puntos”.

Primera sentencia

Recientemente, el Tribunal Supremo ha resuelto, en menos de un año, el primer caso tramitado íntegramente de acuerdo con la nueva regulación. Se trata de una sentencia estimatoria del recurso de una empresa en materia de inscripción de instalaciones fotovoltaicas. La resolución ha sido rápida, teniendo en cuenta que en 2016 la duración media de un procedimiento ante la Sala Tercera del Alto Tribunal era de 24 meses y 16 días.

Balance de datos

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el 22 de julio de 2016 –fecha de entrada en vigor- y hasta el 31 de mayo de 2017, se han presentado 2.976 recursos, de los cuales casi la mitad (1.432, el 48%) han obtenido ya una resolución de admisión o inadmisión. Los casos que han prosperado han sido minoría: tan sólo 245 autos de admisión (el 17% de los 1.432 analizados hasta el momento).

Menos casos de los esperados

Aunque todo hacía prever una avalancha de asuntos, lo cierto es que, un año después, algunos datos muestran que, al menos en los meses de 2016, no fue así. Durante ese año disminuyó en un 31,78% el número de asuntos ingresados en la Sala Tercera del Supremo respecto a 2015, según los datos que ofrece Jurimetría, la herramienta de analítica jurisprudencial de Wolters Kluwer.

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El Tribunal Supremo fija la interpretación de los requisitos de la jubilación activa | Legal

Sí que es compatible trabajar con cobrar la pensión de jubilación. El problema es que existen requisitos legales que hacen de esta situación un asunto complicado y controvertido. Si bien cada jubilado es un mundo y la cantidad de pensión que percibe depende de su vida laboral, las normas son iguales para todos y el cálculo se realiza con los mismos parámetros. En muchas ocasiones, las características del caso concreto hacen necesario que la justicia interceda para interpretar la mejor solución.

La última sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo (TS) sobre este tema, a 30 de mayo de 2017, fija los requisitos requeridos para poder conceder la jubilación activa, una modalidad que permite al jubilado cobrar el 50% de la pensión mientras realiza otro trabajo. La intención de este tipo de jubilación, como está recogido en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2013 de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, es favorecer el alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, y aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores.

El caso del que se ocupa la sentencia llegó al TS a través de un recurso de casación para unificación de doctrina contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJAS) que negaba a un jubilado el cobro de la jubilación activa por no cumplir los requisitos exigidos en el real decreto ley. El problema que se plantea ante el TS es determinar los requisitos para dicha jubilación y, más concretamente, si es necesario tener reconocido un porcentaje que dé derecho a una pensión de jubilación del 100%de la base reguladora en el momento de acceder a ella o si puede recabar ese 100% con las cotizaciones efectuadas por los trabajos posteriores a la jubilación.

Pues bien, el TS da la razón al tribunal asturiano y, por tanto, al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como parte recurrida, argumentando la necesidad de que concurran dos requisitos para disfrutar de la jubilación activa: “Se requiere en primer lugar tener reconocida una pensión de jubilación por haber alcanzado la edad exigible legalmente en cada caso y, en segundo lugar, que la pensión reconocida sea equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente”. Esto implica, como bien aclara la sentencia, que existe “la necesidad de haberse jubilado con una pensión equivalente al 100% de la base reguladora de la misma, para poder compatibilizar el trabajo con la pensión reconocida”. Esta pensión a la que se tiene acceso no será del 100%, sino un 50%, y no es posible alcanzar el 100% con cotizaciones posteriores.

El recurrente, al tiempo de causar la prestación por cumplir la edad de jubilación tenía 11.187 días cotizados y derecho a un porcentaje del 88,79% de la base reguladora, cifra inferior, por tanto, al 100% exigido por la norma. Así, el jubilado no cumple los requisitos de acceso a la jubilación activa y, por tanto, no puede cobrar el 50% de la prestación.

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La ejecución de sentencias, el agujero negro de la justicia española | Legal

El trámite de ejecución de sentencias es uno de los grandes lastres de la justicia española actualmente. Y es que, muchas veces, ganar un pleito no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva lucha para lograr que lo decidido en los tribunales finalmente se ejecute y se haga cumplir. El problema de que, tras obtener una sentencia favorable, esta tarde en hacerse efectiva no solo supone una frustración para el interesado, sino que puede llegar a crear desconfianza en la seguridad jurídica del país y, por ende, en la economía.

Son numerosos los estudios que demuestran la enorme influencia que puede tener el funcionamiento de la justicia en la economía y mucha la literatura que se ha publicado al respecto. De hecho, los datos permiten ver en qué medida el diseño de determinados procedimientos judiciales puede ser más decisivo en unos casos que en otros. En el caso de las ejecuciones judiciales, un agujero negro de la justicia española, los resultados no dejan lugar a dudas: los retrasos pueden llegar a afectar a la disponibilidad de crédito en nuestro país.

Así lo ponía de manifiesto un estudio del Banco de España, según el cual existe una relación directa entre la eficacia delas ejecuciones judiciales y la disponibilidad de crédito en España. Las conclusiones, publicadas en un documento de trabajo del ente público, señalan que una mejora en la eficacia de las ejecuciones judiciales (cuando el juez obliga forzosamente al pago de una deuda) incrementaría la disponibilidad de crédito en nuestro país.

Sin embargo, la eficacia de otra fase del procedimiento, como la fase declarativa (cuando la existencia de una deuda es verificada por un juez), no parece tener un efecto tan significativo sobre el crédito. Según explicaban los autores del documento, Juan S. Mora-Sanguinetti, Marta Martínez Matute y Miguel García-Posada, una posible explicación de esta observación es que una proporción importante de los impagos es estratégica, es decir, realizados por deudores que son, en realidad, solventes.

Eso sí, el informe también detectaba una menor morosidad en las provincias en las que los procesos declarativos son más eficaces. Pero esta última observación es significativa “solamente después del inicio de la gran recesión de 2008 y podría estar relacionada con el incremento de los impagos no estratégicos que se produce durante las crisis económicas”, según explica el documento.

La ejecución de sentencias es, sin duda, una de las grandes asignaturas pendientes de la justicia española. Lo reflejan también otros informes, como el del Observatorio dela Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, según el cual el porcentaje de sentencias firmes que llegaron a ejecutarse en el año 2015 fue de apenas el 39,10%. Se trata de un dato preocupante, tal y como ha reconocido en diversas ocasiones el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalando que es una cuestión sobre la que deben tomarse medidas. De hecho, se ha llegado a plantear la posibilidad de acometer una reforma procesal en el ámbito civil para revisar las fases de ejecución de sentencia.

Según los datos recogidos en la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –publicada en 2016 con datos relativos a 2015–, el número de ejecuciones que quedan en trámite al finalizar el año sigue aumentando. Concretamente, en los datos de 2015 del CGPJ que se centran en los juzgados de primera instancia, de familia y de primera instancia e instrucción –los que representan la mayoría de las ejecuciones–, el resultado fue que quedaron pendientes más de dos millones de ejecuciones de sentencias.

 

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El número de asuntos laborales que llega a los tribunales se dispara un 15,2% | Legal

En el primer trimestre de 2017, el número de asuntos que ingresaron en la jurisdicción social se disparó un 15,2%. Así lo reflejan los últimos datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial relativos a los tres primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2016. Concretamente, los asuntos registrados relacionados con conflictos laborales alcanzaron la cifra de 108.198 y en ese tiempo se resolvieron 112.856 casos, un número más elevado de los que ingresaron, aunque siguieron quedando pendientes otros 274.710 al finalizar el trimestre.

El órgano de esta jurisdicción más congestionado de España es el Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta, y el que cuenta con menor carga de trabajo, el número 2 de Terrassa, según se puede extraer de los datos de Jurimetría, la herramienta de analítica jurisprudencial y predictiva de Wolters Kluwer. En cuanto a los tribunales superiores de justicia (TSJ), el que acapara mayor volumen de trabajo en este ámbito es el de la Comunidad Valenciana, y el que menos, el de La Rioja.

También la jurisdicción civil ha experimentado un importante incremento en el número de asuntos ingresados. En el primer trimestre registró 511.147 casos, lo que supone un incremento del 7,8% respecto a 2016. En ese tiempo se resolvieron un total de 517.592 asuntos, quedando en trámite al final del periodo 1.033.570.

En civil, el juzgado más sobrecargado de España es el de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montoro (Córdoba), y el que asume menor volumen de asuntos es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1deVélez-Rubio (Almería), según los datos de Jurimetría. Respecto a la actividad de los TSJ y las audiencias provinciales, los más desbordados en materia civil son el TSJ de Asturias y la Audiencia de Málaga, y los menos saturados, el TSJ de Islas Baleares y la Audiencia de Ávila.

Pero no en todas las jurisdicciones ha crecido el número de asuntos ingresados. En la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, los asuntos que entraron en los primeros tres meses del año (49.009) fueron similares a los del mismo periodo un año antes y, en penal, la cifra descendió en un 4,2%, entrando 833.067 nuevos casos.

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