Báñez quiere obligar a las empresas a publicar los sueldos desglosados por género | Mi dinero

El Gobierno quiere “establecer legalmente” que las empresas publiquen “regularmente” los salarios por categorías de sus trabajadores –incluyendo la remuneración fija y variable– y que toda esta información sea desglosada por género, según ha anunciado hoy la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

En una interpelación en el Congreso sobre la brecha salarial de género en el mercado laboral, Báñez ha señalado que es una de las medidas que el Gobierno quiere proponer en el diálogo social ante un problema que, ha defendido, ha mejorado en los últimos años en España.

Junto a esto, ha animado a las empresas a realizar auditorías salariales externas y a registrar sus planes de igualdad con el objetivo de obtener un distintivo de compañía igualitaria de género en materia salarial.

Con estas medidas, expuso, se podrá determinar el “efectivo cumplimiento” y la “eficacia jurídica” de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

La responsable de Empleo reconoció que el “camino no será rápido y fácil”, aunque la brecha salarial es algo que “debemos de atajar”, ya que, entre otras cosas, tiene consecuencias en las pensiones.

La portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha afeado a Báñez su actitud ante la “gravedad” y la “vergüenza” del problema de la brecha de genero -que llega al 23% de diferencia de sueldo entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, según algunos estudios- y ha denunciado que las políticas del Gobierno no hacen “más que consolidar el machismo” en España.

 

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Los promotores advierten de que faltan trabajadores para la construcción de viviendas | Mi dinero

Hay mucha más construcción de viviendas que mano de obra. Y eso genera tensiones”, así de contundente se muestra Juan Velayos, consejero delegado de la inmobiliaria cotizada Neinor Homes. “Para nosotros no hay un problema de costes, porque hacemos contratos de llave en mano con las constructoras (con precio cerrado), pero nos preocupan más los plazos”, añade.

Este es un caso particular que se está generalizando en la obra residencial debido a la recuperación del sector tras años de parón. El número de viviendas iniciadas para este año puede duplicarse o incluso triplicarse respecto al mínimo de 30.000 casas y el objetivo es alcanzar en los próximos años una velocidad de crucero de entre 125.000 y 150.000 viviendas anuales. Lejos quedan las más de 800.000 unidades que se llegaron a tocar en el pasado boom.

“Mucha gente que vivió los años de bonanza se ha jubilado o se ha cambiado a otros sectores. Falta gente joven que quiera ir a la obra, porque en este sector la experiencia y la formación sobre un oficio se obtiene en la obra”, explica Ana Hernández, presidenta de la comisión de formación de la patronal de promotores madrileña Asprima. La Encuesta de Población Activa (EPA) recoge que en el primer trimestre de 2008, cuando terminaba el anterior ciclo alcista, 1.470.000 personas trabajaban en la edificación residencial, frente a los 435.800 profesionales de la última oleada, del segundo trimestre de 2017. Toda la construcción llegó a contar con más de 2,4 millones de afiliados, que se han reducido a los 1,06 millones actuales. “A los jóvenes no les interesa ir a la obra. Los salarios oscilan de 1.000 a 1.500 euros, muy lejos de los 3.000 o 4.000 euros que ganaba un albañil antes. Prefieren no pasar frío o calor. La obra es dura. Creo también que es una cuestión familiar y me pregunto si hay padres que les parece estupendo que sus hijos sean ninis”, añade la responsable de la patronal.

La mayor parte de las promotoras contratan a una constructora para realizar la obra, que a su vez, subcontrata a empresas o cuadrillas para los distintos oficios. Son estas constructoras las que se están enfrentando con el problema de encontrar trabajadores para la obra.

“Faltan profesionales para muchos oficios. Esto genera tensiones y retrasos. Hay muchas más obras que equipos. Nosotros utilizamos subcontratas de otras provincias para cubrir la escasez en Madrid y Barcelona”, reconoce Carlos García Velasco, director general de Inbisa Construcción. Y pone ejemplos de esos gremios con carencias: caravisteros, encofradores, ferralleros, soladores, alicatadores, operarios de pladur, pintores, soldadores, fontaneros, electricistas, cerrajeros… “Es real que las cuadrillas te dejan tirado y se van a la obra de enfrente si les pagan más”.

“De un día para otro se van de la obra”, confirma Teresa Minondo, directora de personas y organización del grupo navarro ACR. Pero apunta otro de los problemas: “Los salarios empiezan a crecer considerablemente. Hay empleos para los que han subido un 50% y un 60% en los últimos 12 meses”. Minondo también añade escasez de profesionales en los jefes de grupo (arquitectos y aparejadores), jefes de obra y encargados (que dirigen a los distintos gremios in situ). “Empieza a haber retrasos por esto”, coincide. “Hay un gap de profesionales porque durante 10 años nadie se ha formado. No hay ladrilleros, no hay yeseros. Las cuadrillas saltan de una promoción a otra porque les pagan más”, opina Ignacio Moreno, director general de Inmoglaciar, que prevé entregar 1.100 viviendas en 2018.

La responsable de Asprima ve la solución en la formación de los jóvenes, una inmigración cualificada y subidas de salarios, “pero no a nivel del boom”. Coincide con ella Minondo, de ACR: “Si los salarios suben, los precios de los pisos se elevarán. Estamos cayendo en el mismo error que en la época de la burbuja”, advierte.

El presidente de Asprima y APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado manifestó ayer durante una jornada sobre la transformación del sector organizada por EY que espera que esta escasez de mano de obra sea puntual y se solucione lo antes posible, evitando así que se convierta en un problema de costes. De hecho, la única estadística oficial de costes de construcción que existe, que elabora Fomento, constata que los costes de mano de obra y materiales del sector residencial están subiendo al 1,7% anual, mientras solo la mano de obra de toda la construcción lo hace a un ritmo inferior, del 1,14%, con datos hasta julio pasado. Gómez-Pintado instó a las promotoras a proseguir con el proceso de concentración para contrarrestar la falta de financiación para el volumen de obra nueva en proyecto.

Los retos del sector a corto y medio plazo

Todas las variables de actividad y precios del sector acumulan tres años de datos positivos, lo que hace ya indiscutible la recuperación. Sin embargo, las empresas encaran una nueva etapa repleta de desafíos.

Financiación. Aunque los promotores dan por normalizado el flujo de crédito, lo cierto es que desde la patronal APCE se advierte de que puede que no exista en la actualidad volumen de financiación suficiente para todos los proyectos en curso. Por este motivo, y dado que la banca ha endurecido los criterios que exige para otorgar préstamos al promotor, la patronal insta a las empresas a fusionarse para ganar tamaño y solvencia.

Innovación. Las empresas que no apuesten por la innovación no tienen cabida en el mercado. Así de contundentes se muestran el CEO de Neinor, Juan Velayos, y Miguel Pereda, consejero director general de Grupo Lar.

Sostenibilidad. Las nuevas viviendas han de ser eficientes desde el punto de vista energético como parte de una apuesta decidida por la sostenibilidad. Quienes no entiendan esto o decidan que no es crucial escuchar al cliente, deberán echar el cierre.

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Invertir en educación es rentable: los salarios pueden ser hasta un 150% superiores | Mi dinero

La enorme importancia de la educación de los ciudadanos en el desarrollo de un país está más que comprobada en la teoría y en la práctica. Pero, además, el impacto de los niveles formativos en el éxito laboral es también constatable. El Consejo General de Economistas ha presentado hoy un conjunto de trabajos en los que se concluye que invertir en educación es, sin duda, rentable.

Es más, uno de estos trabajos ha calculado de cuánto puede ser esta rentabilidad, medida en los salarios de los trabajadores en función de su nivel formativo. En concreto, los economistas Inés P. Murillo y Josep Lluís Raymond han presentado, con datos de la Encuesta de Estructura Salarial, lo que denominan “primas salariales por niveles de estudio para España y Cataluña”. Según esto, en 2010 –último año utilizado por estos economistas– un trabajador con un doctorado universitario cobraba de media un 141% más que otro individuo sin estudios o solo con estudios primarios. Y esta prima era del 150% en el caso de Cataluña.

En el caso de los licenciados universitarios en España era aún mayor que los doctorados, ya que cobran el 145% más que aquellos sin estudios (un 138% en Cataluña). Además, estos economistas destacan que estas diferencias se mantienen en el tiempo “a pesar del aumento de educados”.

Si bien, el hecho de que haya cada vez más licenciados sí mitiga estas diferencias salariales. De hecho, en el año 2000 aquellos los trabajadores en posesión de un doctorado universitario llegaban a cobrar casi un 200% que los que tenían estudios primarios como mucho. Y los licenciados, cobraban, tanto en toda España como en Cataluña, alrededor de un 160% más que quienes carecían de formación.

Este trabajo atribuye estas primas salariales por formación a tres posibles cuestiones. La primera a “una mayor productividad de los más educados” debido a los años de educación recibida; en segundo lugar, a que el proceso de “screening” o “señalización” ha permitido a la sociedad apuntar a los más hábiles o más productivos, a través de los títulos acreditativos de la formación; y finalmente, a que los individuos más hábiles, y por tanto más productivos, han logrado los mayores niveles formativos.

“Posiblemente las tres causas ofrezcan una parte de verdad, por lo que invertir en educación constituiría una estrategia recomendable tanto en el ámbito individual como colectivo”, concluyen Murillo y Raymond.

De hecho, en general, desde el Colegio General de Economistas aportan más datos en esta misma línea, al asegurar que “la media de los salarios brutos mensuales de los ocupados con una titulación de enseñanza terciaria es prácticamente un 30% superior al dato para el conjunto de la población empleada”.

Y no solo mejoran los salarios. Si la comparación se hace entre los graduados superiores y los titulados en el nivel educativo inmediatamente inferior (bachillerato o ciclo formativo de grado medio), la tasa de ocupación de los primeros en España es un 16% más elevada; su tasa de paro es un 35% inferior y los ingresos un 51% superiores.

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El PSOE propone un pacto que devuelva 40.000 millones de euros a los asalariados | Mi dinero

El Partido Socialista plantea una serie de medidas de política salarial para superar la precariedad contractual y remunerativa que se ha generado en la salida de la crisis. A su juicio, desde el año 2008 los asalariados han perdido unos 40.000 millones de euros de riqueza nacional, que con la “devaluación salarial han ido a parar a manos de los beneficios empresariales”. Los responsables económicos del nuevo PSOE que lidera Pedro Sánchez recuerdan que este año, tras cuatro de crecimiento, se recuperará el PIB de 2008, pero con dos millones de trabajadores menos, y con una recuperación muy fuerte de la productividad aparente del factor trabajo.

Para recuperar los 40.000 millones de euros de riqueza perdida por los asalariados, el Partido Socialista propone acabar con la reforma laboral que “ha consagrado la devaluación salarial como mecanismo de recuperación de la economía”, y un golpe de timón en la negociación colectiva que reequilibre el poder de decisión en las relaciones industriales y devuelva el protagonismo a los convenios sectoriales. Considera también que debe firmarse un compromiso de rentas para los próximos cuatro años con subidas del 2% al 3% para 2018 y que oscilen entre el 2,5% y el 3,5% para cada uno de los tres años siguientes (2019, 2020 y 2021).

Esta propuesta, que tiene un parecido elevado con la defendida por los sindicatos en la negociación fracasada con la patronal, ha sido presentada ya al ministro de Economía, Luis de Guindos, y a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una reunión reciente en la que, según el PSOE, no descalificaron los términos de la propuesta. Eso sí: el PSOE insiste en que no quiere suplantar las funciones de los sindicatos y la patronal, y que deberían ser ellos quienes negociasen su contenido.

Un SMI de 1.000 euros

Con carácter general, consideran los responsables de economía del PSOE que la negociación de los salarios debe respetar siempre la generación de productividad, de tal manera que las subidas de sueldos sean superiores a la inflación, pero inferiores a la productividad esperada.

La propuesta de los socialistas lleva aparejadas también medidas para la remuneración de la función pública y la revisión del salario mínimo interprofesional. En este asunto plantean pactar con los sindicatos y los empresarios una subida gradual para los tres próximos años que lleve la remuneración mínima interprofesional hasta los 1.000 euros mensuales desde los 707 euros actuales. Tal avance supondría un incremento agregado del 41,44% y una subida de unos 98 euros más al mes cada uno de los tres próximos ejercicios.

Para los nuevas contrataciones en cada uno de los sectores económicos, el Partido Socialista estima que en el ámbito de la negociación colectiva se establezcan salarios mínimos de entrada para atajar desde el inicio la precariedad retributiva.

Para los funcionarios proponen que para 2018 la subida sea igual a la inflación y que se incorpore tanto en 2018 como en los ejercicios siguientes un complemento que permita recuperar lo que consideran que se ha perdido en los años de la crisis. Estiman que también debería proseguir la reducción de la jornada laboral de los trabajadores del sector público hasta llegar a las 35 horas semanales sin disminución de las retribuciones económicas.

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El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida del 7,25% en tres años | Mi dinero

La segunda reunión entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y los sindicatos más representativos de los empleados públicos (CC OO, UGT y CSIF), no ha podido culminar con un consenso. Fuentes de la negociación han avanzado que la oferta de partida que se ha debatido este martes en la mesa es una subida salarial del 7,25% en tres años (2018, 2019 y 2020) que se articulará a través de un 1,5% de incremento fijo para 2018, un 1,75% para 2019 y un 2% para el siguiente año, más una parte variable en función del crecimiento que registre el PIB, que en el mejor de los casos supondrá un incremento adicional del 0,50% en 2018, 0,75% en 2019, y este mismo porcentaje en el siguiente ejercicio. El incremento acumulado, por tanto, habrá sido de hasta un 7,25%.

Fuentes sindicales consultadas por Cinco Días califican esta cifra de insuficiente, ya que distintos estudios calculan la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores desde que se inició la crisis de entre el 13% y el 23%, según los colectivos.

Las mismas fuentes subrayan que en materia de empleo público sí que se ha producido un acercamiento de las posturas, puesto que la oferta de Hacienda consiste en asegurar que para el próximo ejercicio se garantizará el 100% de reposición de todas las bajas que se produzcan (jubilaciones fundamentalmente) en prácticamente todos los ámbitos de la Administración y en algunos, los más sensibles, el Gobierno está dispuesto a ir incluso más allá del 100% de reposición, por lo que se produciría creación neta de empleo.

En cuanto a la situación de los interinos, Hacienda también ha planteado que se puedan consolidar las plazas de aquellos que lleven como temporales más de dos años en todos los ámbitos de la Administración y no solo en Justicia, Sanidad y Educación, como reza el acuerdo alcanzado esta primavera entre el Ejecutivo y los sindicatos de funcionarios.

Tampoco ha habido consenso en lo relativo a recuperar la jornada de 35 horas semanales, uno de los asuntos capitales para los sindicatos para poder rubricar un pacto con el Gobierno. Hacienda se muestra por ahora inflexible a la hora de permitir que cada Administración pueda negociar con los representantes de los trabajadores si ve viable o no volver a las 35 horas en su territorio, en lugar de las 37,5 horas que estableció el Ejecutivo central en 2012 con carácter general para toda la función pública.

Así, ambas partes se emplazaron este martes para mantener un nuevo encuentro este miércoles en la Mesa General de la Función Pública, justo un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley de presupuestos para 2018.

De no alcanzarse finalmente el acuerdo, los sindicatos de funcionarios han advertido que no dudarán en llevar a cabo movilizaciones en demanda de la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis y en defensa de la labor llevada a cabo por los casi tres millones de empleados públicos que componen la plantilla de la Administración en España.

Merma del poder de compra y temporalidad

Salarios. Los cálculos efectuados por CC OO estiman que los empleados públicos acumulan desde 2010 y hasta este año incluido una pérdida de poder adquisitivo media del 14,42%. A esta cifra, el sindicato recuerda que habría que añadir el efecto del recorte de salario por el ajuste de jornada (por pasar de 35 a 37,5 horas semanales), así como la merma por días de vacaciones, y de asuntos propios, entre otros.

Contratos. A la rebaja de salarios, CC OO recuerda que hay que sumar la precariedad en el empleo de muchos trabajadores públicos. Así, la temporalidad apenas se ha reducido en dos puntos desde 2005, al pasar del 25,4% hace 12 años a un 23,26% actual. Una temporalidad que afecta más a las mujeres (28,26%) que a los hombres (17,05%).

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El coste laboral por trabajador acumula año y medio a la baja | Mi dinero

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.584,58 euros en el segundo trimestre de 2017, lo que supone un descenso del 0,2% respecto al mismo periodo de 2016, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, el coste laboral acumula ya año y medio o seis trimestres en terreno negativo, si bien durante el primero de este ejercicio se mantuvo invariable. Tal y como recuerda el INE en su nota, el coste laboral se compone del coste salarial y otros como son las cotizaciones a la Seguridad Social, atrasos o indemnizaciones por despido.

Así, en el segundo trimestre, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) bajó un 0,1% respecto al mismo trimestre de 2016, situándose en una media de 1.942,01 euros por trabajador y mes.

Los otros costes (no salariales) alcanzaron en el segundo trimestre de este año los 642,57 euros, lo que representa un descenso interanual del 0,5%. El componente más importante de esos otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 590,47 euros, un 0,8% más que en el segundo trimestre de 2016.

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que cayeron un 12,6% en tasa interanual, debido al descenso de las prestaciones sociales directas, especialmente las indemnizaciones por despido, y de las otras percepciones no salariales. Por su parte, las subvenciones y bonificaciones, también incluidas en los otros costes, descendieron un 9,4% en tasa interanual.

Otra de las variables que mide esta estadística es la de la jornada media pactada. En el segundo trimestre fue de un promedio de 34,3 horas a la semana. De estas, se perdieron 4,3 horas a la semana, de las cuales 2,7 horas fue por vacaciones y fiestas disfrutadas.

El coste laboral por hora efectiva subió un 3,8% en el segundo trimestre, situándose en 19,67 euros, como consecuencia del menor número de horas trabajadas, debido a que la Semana Santa tuvo lugar este año en el segundo trimestre mientras que en 2016 se celebró en el primero.

El análisis por sectores reveló que mientras la industria elevó su coste laboral en el segundo trimestre un 0,4% interanual, hasta un promedio de 3.105,82 euros; por contra, éste se redujo un 1,2% en la construcción, hasta los 2.712,11 euros, y un 0,2% en los servicios, hasta los 2.479,93 euros.

Algunas claves

Fuertes diferencias. El suministro de energía, gas vapor y aire acondicionado y las actividades financieras fueron las que presentaron los costes laborales más elevados, con 6.315 y 4.905 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que los menores correspondieron a los otros servicios (1.682 euros) y la hostelería (1.567 euros).

 Dispersión territorial. Por comunidades, los costes laborales más altos los registraron Madrid (3.021 euros por trabajador y mes), País Vasco (2.920), Cataluña (2.773) y Navarra (2.756), mientras que los más bajos se dieron en Extremadura (2.116) y Canarias (2.201).

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Finaliza sin acuerdo la reunión entre Hacienda y sindicatos de funcionarios | Mi dinero

Pesimismo y perplejidad fueron los dos sentimientos con los que salieron este jueves los tres grandes sindicatos de funcionarios, UGT, CC OO y CSIF de la reunión que mantuvieron con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

Pesimismo porque tal y como reconoció el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell, la sensación al término del encuentro es que hoy el acuerdo con el Gobierno es más improbable de lo que pensaba que sería hace una semana.

Y perplejidad porque a solo una semana para que sean aprobados en Consejo de Ministros los Presupuestos del Estado para 2018 el Gobierno sigue sin dar a conocer cuál es la oferta de incremento salarial que ofrece aplicar a los casi tres millones de empleados públicos los próximos tres ejercicios, hasta el final de la legislatura.

“Esperábamos más concreción puesto que el Ministerio ya nos había especificado que estaban valorando que la subida estuviera compuesta de una parte fija y otra variable en función del crecimiento del PIB esperado para los próximos años”, explica Monell. Nosotros ya le habíamos indicado que nos parecía razonable vincular parte del incremento de los sueldos al PIB porque es algo que ya se ha realizado alguna vez en la Administración y es más habitual en el sector privado.

Sin embargo, para hoy esperaban que el Gobierno presentara sus números con el objetivo de poder comenzar a debatir si estaban o no cerca de las pretensiones planteadas por los sindicatos. “Por el contrario, lo que han hecho es hablar de filosofía, de cómo sigue siendo prioritario cumplir con el déficit, por lo que sinceramente pensamos que hoy el acuerdo está más lejos que hace una semana”, añaden desde UGT.

Desde CC OO y CSIF muestran de la misma manera su preocupación por lo lejos que parecen estar las posturas a ocho días de que las cuentas públicas superen su primer trámite. El Gobierno, por su parte, se ha limitado a exponer el escenario macroeconómico que espera para los próximos años y cómo espera que se comporten los precios hasta 2020. De ahí se deduce que el departamento que dirige Cristóbal Montoro estaría barajando ofrecer a los empleados públicos una mejora salarial de entre el 5,5% y el 6% en tres años, a años luz de lo que reclaman los tres sindicatos.

“De confirmarse esas cifras, y con una pérdida acumulada de poder adquisitivo de entre el 13% y el 23%, según los colectivos, apoyar ese incremento sería tratar de tomar el pelo a los empleados de la función pública”, advierte Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Servicios Sanitarios de CC OO.

De esta manera, la percepción compartida por los representantes de los tres sindicatos asistentes a la reunión es que frente a los mensajes conciliadores del ministro reconociendo el esfuerzo realizado por los funcionarios, la disponibilidad a recuperar buena parte del poder adquisitivo perdido en un escenario plurianual se aleja.

En cuanto a la recuperación de la jornada de 35 horas, el Gobierno se ha mostrado inflexible a recuperar la situación que contemplaba el estatuto del empleado público antes de la crisis, donde se especificaba que la jornada sería como máximo de 35 horas. El Ejecutivo defiende que el coste de volver a generalizar esa jornada a toda la Administración es muy elevado. Y los sindicatos defienden, tal y como insisten fuentes de CSIF, que lo más razonable es que el Estado renuncie a imponer un criterio en todo el territorio y deje a cada Administración que negocie con los sindicatos y en función de su situación qué jornada puede aplicar.

En lo que sí parece que ha habido cierto acercamiento es en materia de empleo y en la prestación por incapacidad temporal. Hacienda ha transmitido a los sindicatos que está dispuesta a extender la oferta extraordinaria de empleo público a más colectivos y a eliminar o al menos ampliar las tasas de reposición (porcentaje de empleados que se jubilan que pueden sustituirse) a más colectivos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la Universidad o los servicios sociales, entre otros.

Respecto a la incapacidad temporal, la Secretaría de Estado de Función Pública también se ha mostrado partidaria de seguir estudiando la situación actual del absentismo en España y de ampliar el catálogo de enfermedades que quedarían excluidas de los recortes que se aplican ahora a los trabajadores que causan baja.

“Nuestra propuesta es clara, tenemos que conseguir que a ningún trabajador que caiga enfermo le cueste dinero de su salario estar de baja y que ningún trabajador acuda enfermo a trabajar por no poderse permitir ese recorte de sueldo”, coinciden los tres sindicatos.

Radiografía del sector público

Gobierno y sindicatos afrontan la recta final de la negociación con las posturas muy enfrentadas.

 Efectivos. La plantilla total del sector público asciende a poco más de 2,974 millones de trabajadores, un 0,1% por encima del nivel registrado en 2007. Sin embargo, en 2010, el máximo de la serie, la Administración llegó a contar con 3,25 millones de empleados. El mínimo se marcó en 2013, con 2.909.000 trabajadores. Esos más de 276.000 puestos destruidos por la crisis son los que ahora los sindicatos plantean recuperar para mejorar la calidad de los servicios públicos y promover el rejuvenecimiento de las plantillas. Hay departamentos donde más del 60% de los efectivos es mayor de 55 años. El Gobierno defiende haber puesto en marcha la mayor oferta de empleo público de la década con más de 20.000 plazas y la regularización de más de 200.000 interinos.

Poder de compra. Al abordar la pérdida de poder adquisitivo los números tampoco coinciden. Los sindicatos sitúan la pérdida promedio entre el 13% y el 23%, ya que algunas organizaciones recuerdan que no todos los colectivos se vieron afectados por igual. Hacienda elude dar cifras y defiende que la prioridad es el déficit.

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Sindicatos y Gobierno vuelven a negociar la subida salarial de los funcionarios | Mi dinero

Después del fracaso de la negociación para alcanzar un pacto salarial en el sector privado, sindicatos y Gobierno asumen el reto de convertir a la Administración en el único ámbito donde sí podría llegarse a un consenso sobre cuánto deben aumentar los sueldos de los empleados públicos en los próximos años.

Fuentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT admitieron ayer que están a punto de retomar las negociaciones suspendidas a finales de julio por el descanso estival, ya que el reloj corre en su contra.

Todo apunta a que si no ocurre ningún imprevisto de última hora que lo impida, el próximo día 22 el Gobierno aprobará en su reunión semanal del Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos de 2018. El caso es que el Ejecutivo no cuenta con mucho margen porque la ley establece que dicho texto ha de remitirse a las Cortes para su aprobación definitiva antes del 30 de septiembre, por lo que retrasar el visto bueno del Consejo al viernes 29 se antoja poco probable.

Y dicho proyecto de ley ha de contener como una de las grandes cifras de las cuentas públicas el gasto en personal previsto para el próximo ejercicio. Por eso, si el Gobierno quiere conseguir que esta vez exista un consenso total con los sindicatos en la subida salarial a los empleados públicos, apenas cuenta con 15 días para cerrar el pacto.

Por el momento, ninguna de las partes quiere hablar de horquillas de subidas salariales y sí de un acuerdo plurianual que logre recuperar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante la crisis tras años de congelación salarial, los recortes decretados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la supresión de la paga extra de Navidad ordenada por el Gabinete de Rajoy.

El Gobierno, como es lógico, elude hablar de a cuánto asciende esa pérdida de poder de compra de los empleados públicos. Sin embargo, los sindicatos hablan de entre un 12% y un 15%, según los casos. De hecho, recuerdan que trabajadores de algunas administraciones, como aquellos dependientes de la Generalitat de Cataluña, sufrieron la pérdida de más pagas extras que, por ejemplo, los empleados de la Administración General del Estado; debido a la delicada situación de las finanzas públicas catalanas.

La extra de Navidad de 2012 no abonada ya ha sido devuelta a la totalidad de los empleados públicos y para 2016 y 2017 fueron decretadas sendas mejoras en sus retribuciones del 1%, pero los sindicatos consideran que ha llegado el momento de que el Gobierno haga un mayor esfuerzo.

“Si es cierto que la recuperación va tan bien y con la economía creciendo más del 3% durante varios años seguidos, nosotros consideramos que la subida para 2018 ha de situarse por encima del 1% y en ese compromiso está de acuerdo el Ejecutivo”, argumentó ayer el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell.

En este sentido, el dirigente sindical recordó que una mejora por encima del 1% no solo sería buena para los trabajadores de la función pública, “es que una subida generalizada de salarios le vendría muy bien a la economía española”.

Por su parte, desde el Gobierno insisten en mostrar toda su disposición para la consecución de un buen acuerdo que no se suscriba únicamente a 2018, sino que abarque, al menos, lo que resta de legislatura, 2020 incluido. Admiten que las cuentas del próximo año tienen más margen para aprobar alzas más generosas que en 2016 y 2017, pero al mismo tiempo advierten contra los efectos que podrían tener “demasiadas alegrías” en la consecución del objetivo de déficit, del 3,1% del PIB.

Más allá del capítulo salarial, para los sindicatos es igualmente esencial que la negociación consiga avanzar en dos cuestiones claves. La primera es el contencioso sobre la jornada laboral de los empleados públicos. Uno de los recortes aplicados en 2012 consistió en modificar el Estatuto básico del empleado público y donde rezaba que su jornada de trabajo sería como máximo de 37,5 horas, el Gobierno decretó suprimir el término “máximo”, de forma que allí donde se había generalizado la jornada de 35 horas, esta tuvo que ampliarse a las citadas 37,5. Desde el Ministerio de Hacienda se recalca que esto también se va a estudiar.

Y otra de las reivindicaciones sindicales es la recuperación de la cobertura en salario que tienen los empleados públicos por incapacidad temporal (IT) o baja por enfermedad. Piden que dejen de descontarse del sueldo los primeros días de baja como ocurre en la actualidad.

Algunas claves que pueden facilitar el pacto

Estos son algunos de los asuntos que formarán parte de la negociación que ahora se retoma.

Jornada laboral. En algunas administraciones como la Junta de Andalucía, Gobierno regional y sindicatos han llegado a un acuerdo para recuperar la jornada de 35 horas, pero el Ejecutivo central ha de autorizarlo.

Bajas por enfermedad. De la misma manera, en algunos ayuntamientos y administraciones autonómicas se han mostrado partidarios de dejar de descontar del sueldo durante los primeros días de baja como fue decretado en 2012 para combatir el absentismo laboral. Los sindicatos exigen a Hacienda que elabore una norma de ámbito estatal que aclare en qué casos o por qué tipos de enfermedades no se podrá recortar dinero al trabajador que cause baja.

Empleo público. Y aunque en materia de empleo hay consenso y se ha logrado activar la mayor oferta de plazas de la última década, lo cierto es que se ha creado una comisión de seguimiento que velará porque eso sea así y continuará demandando otros aspectos. Entre ellos medidas para rejuvenecer las plantillas, como el fomento de la jubilación parcial y los contratos de relevo.

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Economía sugiere que es más urgente crear empleo que subir los salarios | Mi dinero

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba la semana pasada que aún se deben crear 1,5 millones de empleos para recuperar los niveles de ocupación de finales de 2007 y dar así por cerrada la crisis.

No especificó, sin embargo, qué deberían hacer los salarios, más allá de indicar que el proceso de “normalización” salarial se iría produciendo.

¿Qué quería decir Guindos con esto? ¿Sería conveniente que las empresas subieran más los salarios, tal y como ha venido aconsejando en los últimos tiempos la ministra de Empleo, Fátima Báñez, o en el Ministerio de Economía no apuestan de forma tan clara por esta recomendación?

“El principal reto (de la economía española) en estos momentos es el mercado laboral y la prioridad absoluta es la creación de empleo”, aseguran fuentes de Economía, que sugieren que la recuperación de los niveles de ocupación precrisis –superando los 20 millones de ocupados– es algo más urgente que la mejora salarial y del poder adquisitivo.

De hecho, aunque estas fuentes reconocen que “el proceso de normalización de los salarios no ha acabado, como no ha acabado la consolidación de la economía española”, es aconsejable dar más prioridad al empleo que a los sueldos porque estos últimos ya han superado el poder de compra previo a la crisis.

Así, el análisis de los datos que hacen desde Economía muestra que entre 2007 y 2016 “no solo se han recuperado los niveles de renta sino que también se ha ganado poco más de un 1% de poder adquisitivo”.

Para hacer esta afirmación, estas fuentes utilizan los datos de remuneración por asalariado real de la Contabilidad Nacional Trimestral. Estas cifras incluyen tanto la masa salarial global de los trabajadores asalariados como el pago de cotizaciones sociales e indican que en el segundo trimestre de 2017 la remuneración real (descontado el impacto de la evolución de los precios) por cada asalariado era de 8.143 euros al trimestre frente a los 8.032 euros del último trimestre de 2007, justo en la antesala de la crisis.

Ante esto, “no podemos decir que desde el inicio de la crisis los salarios hayan perdido poder adquisitivo”, reiteran desde el departamento que dirige Luis de Guindos.

En opinión de estas fuentes, “para saber qué ha pasado con el conjunto de los salarios medios y de la masa salarial” la fuente estadística más completa es la Contabilidad Nacional Trimestral. Si bien también reconocen las fiabilidad de la Encuesta trimestral de coste laboral,”que ofrece el detalle más exhaustivo de la evolución de los salarios”, añaden.

Según estas otras cifras de la encuesta de coste laboral, la recuperación salarial no es tan evidente. Ya sea tomando el coste laboral real por trabajador (que incluye los salarios, las cotizaciones sociales y otros pagos extra, atrasos o indemnizaciones por despido) o solo el coste salarial por empleado, España aún no habría recuperado los niveles salariales de 2007.

En concreto, el coste laboral real por trabajador y mes ascendía a finales de 2016 a 2.541 euros, un 2,5% menos que en 2007 (2.605 euros mensuales). E igualmente, el coste salarial por trabajador de finales del año pasado era de 1.897 euros al mes, un 1,4% menos que hace diez años, cuando era de 1.923.

Es más, si la comparativa de la situación actual se hace con 2009 –ya que en los primeros años de la crisis los salarios siguieron subiendo al tiempo que la destrucción de empleo se convertía en masiva– la recuperación salarial estaría aún más lejana. El coste laboral real por trabajador estaría a finales de 2016 un 6,6% por debajo del de 2009.

Pese a ello, desde Economía insisten en que “sin duda hay que crear aún 1,5 millones de empleos para normalizar los salarios”. Y, ¿qué es normalizar los salarios para los responsables de Economía? “Que el nivel de los salarios sea compatible con un crecimiento del empleo sostenido en el tiempo”, responden.

De momento, el coste laboral por trabajador lleva cinco trimestres consecutivos cayendo (un -0,2% interanual, es el último dato publicado, del primer trimestre de 2017) y en ese tiempo se han creado más de 400.000 empleos.

El peso de la renta salarial

Justo antes de que empezara la crisis, a finales de 2007, las rentas laborales suponían el 49% del PIB, mientras que el peso del resto de rentas empresariales (incluidos los autónomos) era del 41%. Desde entonces, las rentas salariales han ido perdiendo peso hasta el 47% actual;y las rentas empresariales han ganado esos dos puntos perdidos por los salarios, situándose en el 43%. Desde el Gobierno argumentan que esta pérdida de peso de las rentas salariales en el PIBobedece fundamentalmente a la destrucción de empleo y al hecho de que aún estemos a un 11% de recuperar el nivel de trabajadores (medido como número de empleos a tiempo completo) previo a la crisis.

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Primark sube un 1,5% el salario de su plantilla en España | Compañías

Sindicatos y empresa han aprobado el nuevo convenio laboral de Primark. Y lo hace con subidas salariales. Los 6.000 trabajadores que integran la plantilla de la empresa irlandesa en España se anotarán desde este año una subida del 1,5% anual, que se mantendrá hasta 2020, según consta en el texto publicado en el BOE.

De este modo, según la nueva tabla salarial para este año, los trabajadores quedan repartidos en cuatro escalas. La inferior, nivel 0, tendrá un salario por hora de 7,83 euros y un anual de 13.867. Los empleados del grupo I cobrarán 9,04 euros por hora y 16.009 al año. El grupo II alcanza los 10,19 euros por hora y los 18.038 euros al año. El último grupo, el III, sobra 11,47 euros la hora y 20.293 euros anuales.

De este modo, una vez concluya el periodo del nuevo convenio colectivo, el salario mínimo por hora se situará en 8,18 euros la hora y 14.500 euros anuales y el máximo estará en casi 12 euros la hora y 21.219 euros al año.

El nuevo convenio laboral también contempla una reducción del trabajo en domingos y festivos que alcanzará el 60% a partir del 1 de enero de 2020 y el incremento en un 20% de las horas complementarias para los trabajadores a tiempo parcial, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además, incluye el aumento de las libranzas de calidad en dos domingos y lunes anuales y el establecimiento de tres sábados y domingos a la plantilla de trabajo de cuatro días que hasta ahora no tenían.

Primark cuenta con 6.000 trabajadores en España y continúa en proceso de expansión. La compañía de moda ‘lowcost’ incrementó un 1% su beneficio en 2016, hasta los 774 millones de euros.

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