Orange refuerza la red en zonas turísticas ante el aumento del tráfico móvil | Compañías

Orange también ha decidido reforzar su red móvil en las zonas turísticas ante el presumible aumento del uso por parte de los usuarios. La teleco ha anunciado que destinará un total de 21,4 millones de euros este verano para dar respuesta al mayor incremento de tráfico que se producirá en estas fechas en las localidades turísticas.

En un comunicado, la operadora ha señalado que este año, además, se inaugura la circunstancia excepcional derivada de la nueva normativa de la Unión Europea (UE) sobre roaming. “Este hecho obliga a los operadores de telefonía móvil a hacer planes adicionales de refuerzo por el incremento del tráfico que esto puede suponer, especialmente en países como España, que es uno de los más importantes receptores de turistas durante todo el año y especialmente en la época estival”, ha explicado Orange.

La operadora indica que el crecimiento de tráfico que está midiendo en su red con respecto al año pasado alcanza ya valores del 80%. A este aumento, hay que sumar habitualmente en verano el derivado del crecimiento de turistas extranjeros, cuyo número podría subir este año cerca de un 10%. “Además, debido a la nueva normativa, los turistas que el año pasado utilizaban datos podrían ahora hasta duplicar su uso y muchos otros que no lo hacían, podrían comenzar a hacerlo”, asegura Orange, que añade que los visitantes extranjeros podrían incrementar su perfil de uso este verano hasta en un 132%. “El tráfico de roaming en los destinos turísticos se podría multiplicar por cuatro comparado con el registrado el año pasado”, afirma Orange.

La compañía precisa que está desarrollando este año un plan, valorado en unos 9,8 millones de euros, para intensificar su despliegue 4G en municipios con perfil vacacional de hasta 2.000 habitantes. Para ello, la compañía ha desplegado 246 nuevas estaciones 4G y, para garantizar la capacidad de su red, está ejecutando un plan de ampliaciones de sus infraestructuras de cuarta generación ya instaladas en años anteriores. Este plan afectará a otras 222 estaciones de su red, con el fin de garantizar los niveles óptimos de servicio habituales en poblaciones consideradas como objetivo turístico.

Pero además, Orange está desarrollando un proyecto valorado en 11,6 millones de euros, para redimensionar su red, con el fin de dar respuesta a esta demanda adicional por el fin del roaming. “Dicho plan contempla la asignación de más canales de tráfico donde los clientes lo requieren para absorber estos incrementos de tráfico y asegurar el mantenimiento de la calidad del servicio”, asegura Orange.

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Las multas solo publicarán las iniciales del infractor | Legal

El Ministerio de Justicia ha impulsado la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Esta norma se prepara para adaptar la legislación española a las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, antes de su definitiva entrada en vigor, fijada para el próximo 25 de mayo de 2018.

Una de las novedades destacadas que introduce el texto del Anteproyecto, publicado este miércoles en la página del Ministerio de Justicia, es que en la identificación de los interesados en las notificaciones de multas o sanciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos, se identificará a los afectados sólo con las iniciales de su nombre y apellidos, junto a su número de DNI, a diferencia de lo que sucede actualmente con la publicación del nombre completo.

Concretamente, en la Disposición Adicional Undécima, relativa a la identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos, se señala que “cuando la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto administrativo contuviese datos de carácter personal del destinatario, se identificará al mismo mediante las iniciales de su nombre y de sus dos apellidos y su número de documento nacional de identidad”.

La técnica legislativa inicialmente utilizada era la de modificar la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas introduciendo un párrafo tercero en su artículo 46. Pero en el texto publicado parece que se ha preferido esta vía de Disposición Adicional. Si prospera este texto significará que todas las notificaciones de actos administrativos realizadas por edictos o boletines públicos que contengan datos personales del destinatario, dejarán de mostrar el nombre y dos apellidos de dicho destinatario, haciendo públicas solo sus iniciales, además del DNI.

Parece una solución que ayudará a que no se indexen estos nombres y apellidos de modo que algunos datos de los ciudadanos puedan resultar menos obvios en la era internet. Las multas o los resultados de oposiciones son actos que se notifican con frecuencia por estas vías, y que exponen en cierto modo a los individuos. Parece una vía sencilla para facilitar el derecho al olvido.

Otras novedades

Este Anteproyecto recoge muchas de las adaptaciones que nuestro país necesitaba para el nuevo marco europeo. Así, se regula el tratamiento de los datos de personas fallecidas por parte de sus herederos, siguiendo las instrucciones aportadas por las mismas. Se excluye el consentimiento tácito, debiendo ser expreso y afirmativo y se establece la presunción de exactitud y actualización de los datos obtenidos directamente del interesado. En cuanto a la edad para el consentimiento, se reduce desde los catorce a los trece años, por otra parte, edad mínima que el Reglamento permite.

Y respecto al tratamiento de los datos, si bien ya no será precisa la inscripción de los ficheros, se adopta el principio de transparencia. Es nueva también la regulación de los sistemas de información crediticia, la videovigilancia (con sus especialidades obvias por no poderse contar en este caso con consentimiento expreso), los sistemas de exclusión publicitaria (listas Robinson), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado.

Por último, especial atención merecen los derechos de los afectados: acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, y se introduce la obligación de bloqueo que garantiza que esos datos queden a disposición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan borrar para encubrir el incumplimiento.

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