Una quincena de bufetes se involucran en los litigios por el fin de Banco Popular | Compañías

La desaparición de Banco Popular, aprobada por las autoridades europeas en la madrugada del 7 de junio para su inmediata venta a Banco Santander por un euro simbólico, con la consecuente pérdida del dinero para sus más de 300.000 accionistas, se ha convertido en el asunto legal del año.

Según detallan fuentes del sector, una quincena de bufetes de abogados se ha involucrado ya en el caso. Mientras que los principales exresponables de Popular arman sus defensas ante las primeras querellas penales, el grueso de afectados se prepara para presentar recursos por la vía contencioso administrativa contra las autoridades que decretaron el fin del banco.

Los abogados trabajan en esta vía contrarreloj, pues el plazo de dos meses para recurrir la resolución del banco concluye el próximo 7 de agosto. Las apelaciones se dirigen tanto al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como principal autoridad española involucrada, como, sobre todo, ante la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo europeo que decretó el final de Popular.

Los bufetes centran sus escritos en el controvertido informe de Deloitte usado para valorar Popular, que en principio lo tasó entre -2.000 y -8.000 millones pero, según trascendió luego, incluía también un escenario en que valía 1.500 millones en positivo, y que ha sido criticado hasta por los inspectores del Banco de España.

De otra parte, los abogados están subrayando el agravio comparativo sufrido por los inversores de Popular en comparación con los de las italianas Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza, saneadas con dinero público y vendidas por un euro a Intesa Sanpaolo con compensaciones para los titulares de deuda subordinada.

Trabajan en estos recursos diversos colectivos afectados, entre los que destacan los grandes inversores de Popular. Es el caso de la familia chilena Luksic, que ha contratado a Roca Junyent, que representó a la infanta Cristina en el caso Noos.

También es la vía finalmente elegida por la familia mexicana Del Valle, que ha contratado a Ontier para el frente español y a Kirkland & Ellis, para las actuaciones internacionales. También la tradicional sindicatura de accionistas, parte de la cual, con la Unión Europea de Inversiones, ligada al Opus Dei, a la cabeza, ha acudido al bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

El despacho que preside Javier Cremades representa además a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), primer colectivo en presentar una denuncia por la crisis de Popular ante la Fiscalía Anticorrupción, y el bufete también acudirá a la vía penal bajo la tesis de que la responsabilidad de lo ocurrido corresponde al último presidente del banco, Emilio Saracho, la consejera Reyes Calderón o el grupo inversor Del Valle, al que acusa de jugar en contra de la entidad. El despacho cuenta ya con un millar de poderes notariales de accionistas que dejan en sus manos lograr un resarcimiento, lo que le posiciona en cabeza de los grupos de demandantes.

También por la vía penal acude la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que de la mano del letrado Eliseo Martínez, del bufete Ius+Aequitas, ha interpuesto una querella contra el expresidente de Popular Ángel Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la auditora Pwc y el socio que firmó las cuentas, Pedro Barrio.

También presentó una denuncia el bufete Durán & Durán, que pone el acento en la relación laboral de Saracho con Santander, a quien se acabó vendiendo Popular, así como con JP Morgan, a quien encargó la venta de la entidad antes de su caída.

Aunque estos tres últimos bufetes compartieron impresiones, fuentes conocedoras del contacto subrayan que aunque no se descarta que sigan colaborando para allanar el terreno al litigio penal, sus planteamientos difieren y no se planteará una estrategia común.

También ultima una querella criminal la asociación de usuarios financieros Asufin, mientras que la asociación Adicae ha optado por recurrir la resolución del banco ante el FROB y la JUR.

Por su parte, el bufete Jausas armará demandas civiles para recuperar el dinero de inversores institucionales de Popular mientras que el despacho Ferrer-Bonsom & Sanjurjo lo hará para particulares. Destaca en la vía civil la plataforma constituida por el presidente de Naturhouse, Felix Revuelta, que ha puesto al abogado de la firma, Rafael Moreno, al servicio de una plataforma de afectados dispuestos a reclamar su dinero. También reclamarán por la vía civil varios fondos y bonistas de Popular, con el bufete internacional especializado Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan.

A partir de aquí, un puñado de bufetes más han sido fichados por los exresponsables de Popular para asesorarles en su estrategia de defensa y asistirles legalmente en caso necesario, como es el caso del despacho Choclán, contratado por Ron, o Alemany, Escalona & De Fuentes, para Reyes Calderón. En paralelo, Santander o PwC cuentan con sus propios departamentos legales.

Economía carece de estimaciones sobre los litigios

“No tenemos ni idea, en absoluto”, aseveró ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre volumen e impacto de las denuncias y demandas que puede acarrear la resolución de Banco Popular, asegurando que el Gobierno no tiene estimaciones sobre cuántas podrían registrarse. A su llegada al consejo de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, celebrado ayer en Bruselas, Guindos instó a “no adelantar acontecimientos” sobre la repercusión judicial, recoge Efe. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo instaron el viernes a España a “vigilar de cerca” los riesgos de la adquisición de Popular por Banco Santander, entidad que ha reconocido el potencial riesgo de litigiosidad que acompaña a la absorción del banco fallido.

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