El caso de Popular pone de relieve las carencias del mecanismo de resolución | Compañías

Banco Popular se convirtió el pasado 7 de junio en la primera entidad financiera intervenida por las autoridades europeas. Aunque hacía meses que cundía la preocupación por su situación, la fuga de clientes que sufrió precipitó su final y el estreno del nuevo mecanismo comunitario de resolución.

La aplicación de la herramienta, dejando sin dinero a los accionistas de la entidad, y la inmediata venta a Banco Santander por un euro simbólico es objeto ya de demandas e impugnaciones. A la espera de que la justicia determine si hubo irregularidades, los estudiosos del mecanismo aseveran que el proceso ha dejado al menos algunas valiosas lecciones para las futuras intervenciones.

“La crisis de Popular, que fue de liquidez, hace que las normas de resolución, pensadas para tomar con calma, se tomaran en 12 horas”, explicaba este miércoles Francisco Uría, socio principal de KPMG y responsable del sector financiero, subrayando que al contrario que en las crisis de solvencia, en las de liquidez hay que actuar con gran velocidad.

“Hubo suerte de que había un comprador que con lo que había pasado en las semanas anteriores estaba en disposición de hacer una oferta esa noche. Si no lo hubiera, la entidad había dicho que no podía abrir las oficinas al día siguiente”, expone, advirtiendo de lo delicada que hubiera sido dicha situación.

“Las lecciones aprendidas en Popular es que cuando tenemos una crisis de liquidez hay poco tiempo y las cosas tienen que estar muy preparadas”, resumía durante su intervención en unas jornadas sobre la materia organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros (IEAF-FEF).

Así, de un lado, advierte Uría, queda la impresión de que la JUR debe manejar al detalle la información sobre la entidad financiera a intervenir por si es necesario realizar un proceso acelerado de subasta en unas pocas horas.

De otra parte, prosigue el responsable de KMPG, harían falta fórmulas para ganar algo de tiempo, tal vez creando “un prestamista de última instancia que adelante liquidez” aunque el banco no tenga ya garantías colaterales que ofrecer, como le ocurrió a Popular cuando no pudo pedir más ayuda al Banco Central Europeo. En este sentido, Uría ve posibles referentes en los sistemas de moratoria de pagos de Alemania o EE UU.

“Se está intentando aprender de las lecciones, sobre todo generando un instrumento de liquidez”, coincide Santiago Carbó, Catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School y del Colegio Universitario de Estudios Financieros, que se muestra “escéptico porque necesitas completar la Unión Bancaria”, y amarrar una auténtica unión fiscal para tratar de “prevenir la siguiente crisis”.

El colchón anticrisis

Por otra parte, ambos se muestran de acuerdo en que el nuevo colchón anticrisis para los bancos europeos, el llamado MREL, tiene una utilidad relativa porque cuando se produce una situación de desconfianza del mercado, también este pilar se verá perjudicado.

Este colchón está pensado para poder recapitalizar instantáneamente un banco en apuros si se ve obligado a tapar agujeros con su solvencia original. Está por ver, en todo caso, la reacción de los inversores institucionales que apoyen a los bancos adquiriendo los instrumentos que alimentan ese capital de reserva.

“Estos inversores no se juegan una rentabilidad, sino perder su inversión”, advierte Uría. “Cuando tengan sensación de preocupación tratarán de limitar daños reduciendo posiciones”, tratando de vender una patata caliente que “se puede convertir en una fuente de volatilidad”, asume. “MREL crea colchones pero se pueden ver perjudicados si hay desconfianza en el mercado”, concuerda Carbó.

Las demandas 

En cuanto a los litigios que arrojará la resolución de Popular, Uría asume que se presentarán demandas por todos las cauces posibles, pues esa es la labor de los abogados que representan a los afectados. Otra cosa es que haya responsabilidades que depurar.

“La resolución no está para ayudar a los accionistas, está para resolver un problema en el sector financiero”, sostiene Uría que considera que la intervención de Popular “fue un éxito porque a las mañana siguiente, a las ocho, Popular abrió sus oficinas y sus clientes fueron atendidos”.

Luego la duda es si los bombos, que entraron a apagar el fuego que es lo que deben hacer, debían tirar la puerta abajo o no. Todos somos críticos pero no somos conscientes de lo que hubiera ocurrido si Popular no hubiera abierto las puertas”, concluye.

Uría considera que el precedente más cercano a este caso, salvando las distancias, que ha abordado la justicia europea es el de las quitas aplicadas a los bonistas de Grecia, que el Tribunal avaló.

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Cataluña: una economía fuerte en medio del caos político | Compañías

El conflicto entre la Administración central y la catalana no ha minado el ánimo de los inversores extranjeros. La prima de riesgo de la deuda española permanece estable (en los nueves meses que han transcurrido apenas ha sufrido cambios, ya que empezó en 109 puntos básicos y el viernes cotizaba en el entorno de los 117 puntos) y la llegada de capital extranjero ha seguido aumentando a buen ritmo, incluso en Cataluña, lo que refleja que la confianza en la economía española persiste, pese a que las disputas entre ambas partes se han recrudecido en los últimos meses. Sin embargo, la cercanía del referéndum para que los ciudadanos catalanes voten si quieren independizarse de España ha provocado la reacción política, en primer lugar, y la de los empresarios, en segundo, alertando sobre los riesgos de la convocatoria de una consulta y de una futurible independencia. Esas advertencias pueden provocar un efecto no deseado en los mercados, con una escalada de la desconfianza y de la prima de riesgo, que por ahora los analistas descartan, al menos en el corto plazo.

Está mucho menos claro cómo el apoyo a la independencia evolucionará a medio plazo. Ese camino dependería en gran medida de las políticas y respuestas de ambas partes. Podría haber desencadenantes que hicieran que el camino a corto plazo no fuera lineal, lo que podría conducir a una escalada mayor:una chispa de violencia; una respuesta desproporcionada por cualquiera de las partes; o quizás la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central para retirar las competencias autonómicas a Cataluña”, resalta un informe del banco británico Barclays sobre Cataluña.

Otro informe de Goldman Sachs recalca que la celebración de un referéndum tiene un apoyo mayoritario de la población, pero que eso no significa que quieran más independencia, sino que están a favor de una mayor autonomía del Estado central y a recibir un mejor trato fiscal. “En nuestra opinión, la celebración de un referéndum es una oportunidad de Cataluña para recordar al Gobierno de Madrid las demandas de la región sobre mayor autonomía. Esa es la parte de donde viene la fuerza de Cataluña, no de sus reivindicaciones de independencia”, apuntó.

El Gobierno central le ha prestado 68.458 millones desde 2013, el 30% del rescate autonómico

A falta de dos semanas para la celebración del referéndum, la fotografía de la economía catalana refleja una fortaleza que contrasta con el caos político que se vive, con un parlamento fracturado entre los que apoyan y rechazan la independencia y un gobierno autonómico que ha cortado las líneas de comunicación con Hacienda.

Comunidades autónomas

El PIB de Cataluña ha crecido dos ejercicios consecutivos rozando el 4%, por encima de la media nacional, y la tasa de paro se ha mantenido por debajo de la marcada por España durante toda la crisis. El último dato correspondiente a la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre corrobora una tendencia visible desde 2011: la tasa de paro en España fue del 17,22% de la población activa y la de Cataluña fue del 13,20%, cuatro puntos por debajo. La mayoría de empresas no ha huido de la comunidad autónoma, sino que ha redoblado su apuesta por seguir creciendo en Cataluña. El ejemplo más claro es la multinacional Amazon, que a principios de septiembre confirmó que tendrá un centro de I+D en Barcelona, que se sumaba al nuevo centro logístico anunciado en abril. La cadena hotelera B&B anunció también a principios de septiembre una inversión de siete millones de euros para duplicar las camas del establecimiento que tiene en Viladecans, que en 2018 tendrá 216 habitaciones, convirtiéndose en el más grande de la firma, que en la actualidad tiene seis hoteles en Cataluña.

El temor a la secesión apenas ha tenido reflejo en las cifras de comercio exterior. Las exportaciones han crecido a buen ritmo y la inversión extranjera, lejos de recortarse, ha aumentado de forma continuada en los últimos cuatro ejercicios. De 2.675 millones de euros captados en 2012 se ha pasado a 5.051 millones en 2016. Estas últimas cifras se refieren a inversión productiva, aquellas que genera actividad y empleo. Los últimos datos, correspondientes al primer trimestre, apuntan en esa misma dirección. Entre enero y marzo, la inversión extranjera recibida por Barcelona fue de 856 millones de euros, un 70% más que el mismo período de 2016 y la cifra más alta desde que estalló la crisis económica.

Dos terceras partes de la deuda de Cataluña está en manos del Gobierno

Esta aparente contradicción responde a dos cuestiones: la primera es que los inversores no se han creído hasta ahora la opción de la independencia, y en segundo lugar, la intervención de facto de la economía catalana desde que Mariano Rajoy llegó a la presidencia en diciembre de 2011. Entre 2012 y 2016, el Estado ha gastado 223.000 millones de euros en el rescate autonómico, de los que 68.458 (el 30,7% del total) los ha recibido Cataluña.

Esos fondos, que han servido para pagar vencimientos e impagos con proveedores, se han convertido posteriormente en deuda. El pasivo de Cataluña no ha dejado de crecer desde 2012 y se ha situado en el primer trimestre de este año en 75.443 millones, el 27% del total de todas las comunidades autónomas. El Estado es el principal acreedor de Cataluña, con 50.626 millones de euros. La estrategia del Gobierno central era establecer un vínculo de dependencia económico lo suficientemente fuerte con Cataluña para desactivar el conflicto político. Y hasta ahora lo había conseguido, ya que los fondos que ha ido proporcionando a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han servido para pagar a los empleados públicos, las facturas a los proveedores y sobre todo para evitar el contagio al sector privado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó esta semana que no se habían identificado deslocalizaciones a otras autonomías, aunque advirtió que la secesión tendría un impacto catastrófico, con un recorte del PIB del 30%. Independizarse de España supondría la salida automática de la UE y el establecimiento de aranceles en sus intercambios comerciales. Una parte sustancial de las ventas de bienes y servicios de Cataluña se destina a España y la imposición de barreras arancelarias las haría menos competitivas, por lo que las empresas españolas buscarían proveedores en otros países.

La resolución de ambos conflictos (político y económico) no parece sencilla y ofrece distintas alternativas. Josep González, presidente de PIMEC, la patronal que representa a medio millón de pymes, aboga por la conveniencia “de un referéndum acordado con el Gobierno y también cumplir con la legalidad”. Otros abogan por que política y economía se encuentren en un pacto fiscal, en el que Cataluña vea “reconocido” el desajuste fiscal que sufren. Las últimas conclusiones de Hacienda, realizadas a partir del trabajo de Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los expertos para la reforma de la financiación autonómica, apuntan a que hay cuatro comunidades que aportan más al Estado de lo que perciben. Se trata de Baleares, con un saldo negativo de 1.516 millones, Comunidad Valenciana (1.735 millones), Cataluña (9.892 millones) y Madrid (19.205).

Con el propósito de que la secesión no se produzca, políticos y empresarios han unido sus voces para frenar el referéndum Todos coinciden en desactivar la ruptura con España, pero las diferencias son evidentes en cómo resolver el conflicto, que van desde una reforma de la Constitución, del sistema de financiación autonómico para corregir el déficit fiscal catalán con el Estado o incluso un nuevo estatuto de autonomía que amplíe las competencias frente al Estado.

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Bankia lanza una plataforma digital para dar cuenta de su gestión | Mi dinero

La banca parece estar tomando conciencia de que en un momento de incertidumbre, la transparencia se ha convertido en una moneda de cambio necesaria para granjearse la confianza de clientes, inversores y, en algunos casos, contribuyentes.

Así, después de que CaixaBank lanzara la pasada semana un canal online de atención permanente para inversores, Bankia acaba de poner en marcha una plataforma digital para responder a cualquier interesado en los pormenores de la gestión de la mayor entidad nacionalizada.

Bankia responde”, que así se llama, nace como un portal de contenidos que ofrece respuestas a algunas cuestiones frecuentes que surgen alrededor de la entidad, como cuánto dinero público recibió, cuánto ha devuelto, en qué punto se encuentra la absorción de BMN o qué ocurre con sus cláusulas suelo, y el compromiso de contestar a las preguntas que plantee cualquier particular en un plazo máximo de tres días.

“Queremos responder a cualquier tipo de pregunta sobre nuestro funcionamiento o estructura de gestión en Bankia”, afirmaba el presidente de Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri, mediante un comunicado que aclara que la web está abierta a cualquier interesado sin necesidad de que sea cliente.

Bankia asevera que dará respuesta a cualquier cuestión que tenga que ver con el gobierno corporativo, el funcionamiento o la estructura de la entidad, siempre bajo un cariz institucional, remitiendo las cuestiones comerciales, sobre productos u horarios, al canal específico de atención a clientes.

“La transparencia es una gran oportunidad para nosotros, ya que nos permite explicar lo que hacemos, por qué lo hacemos y por qué es útil para la sociedad y nuestros clientes. Estamos convencidos de que la sostenibilidad de cualquier proyecto empresarial pasa por que la sociedad quiera que existas”, subraya Goirigolzarri.

La propuesta de Bankia llega solo unos días después de que viera la luz una iniciativa con algunas similitudes: la oficina virtual de atención a accionistas de CaixaBank. Se trata de un servicio que busca dar transparencia y tranquilidad a los inversores de la firma en un momento de especial inquietud tras la desaparición de la noche a la mañana de Banco Popular.

En este caso, el sistema impulsado por la entidad catalana está dirigido únicamente a inversores a quienes se les ofrecerá una videoconferencia personalizada para resolver las dudas que puedan tener sobre la cotización del grupo o sus actuaciones estratégicas.

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Qué lecciones podemos extraer de los rescates | Mercados

Una vez es casualidad. Dos veces, coincidencia. La tercera es acción enemiga. El adversario de James Bond, Auric Goldfinger, no estaba hablando de bancos europeos enfermos. Pero los inversores pueden encontrar su lógica útil al interpretar lo que los últimos tres rescates bancarios dicen sobre la voluntad de los reguladores de liquidar entidades problemáticas.

A primera vista, el trío tiene poco en común. Los acreedores del Banco Cooperativo de Gran Bretaña acordaron inyectar 700 millones de libras de capital a la institución enferma. Banco Popular se vendió a Santander por un euro. Mientras tanto, el Gobierno italiano puso 17.000 millones de euros para amortiguar el desastre de dos bancos venecianos.

Aun así, hay aspectos comunes. El primero es que los reguladores aceptan de buen grado que los pequeños accionistas soporten el daño. Los tenedores de bonos subordinados en los bancos español e italiano fueron aniquilados; en el caso del británico, los bonos fueron intercambiados por patrimonio. El segundo es que los tenedores de bonos sénior han salido ilesos. Eso se debe en parte a que las autoridades se preocupan por las consecuencias para otros bancos si los bonos sénior, en particular los de los minoristas, salen mal parados. La tercera lección es que, 10 años después de la crisis financiera, las reglas para liquidar los bancos están aún lejos de estar resueltas. El futuro del Banco Cooperativo se complicó por culpa de su fondo de pensiones, que comparte con su antigua matriz. La decisión de liquidar la entidad habría provocado un déficit en el fondo, dicen fuentes de su entorno. El caso italiano también revela un gran fallo en las normas europeas.

Hay una buena noticia: las nuevas regulaciones harán innecesarias algunas de estas maniobras. Europa está forzando a los bancos a tener un colchón de capital y deuda. Un amortiguador equivalente al 16% de los activos ponderados por riesgo habría sido suficiente para absorber las pérdidas sufridas por la mayoría de los bancos durante la última crisis. Cuanto antes emitan los bancos suficiente capital para absorber posibles pérdidas, antes podrán los inversores olvidarse de los malvados bonos.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción es responsabilidad de Cinco Días.

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Unión bancaria: España versus Italia | Compañías

En junio de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy ya había solicitado el rescate bancario. Lejos de calmar a los mercados, la prima de riesgo estaba en llamas, los inversores temían una salida desordenada del euro de España y el contagio llegó a la prima de riesgo italiana. El presidente italiano, Mario Monti, buen economista formado en Yale con el nobel James Tobin y excomisario europeo, propuso con buen criterio avanzar en la unión bancaria. El temor de los inversores era que el Tesoro público español e italiano no pudieran emitir la deuda pública necesaria para recapitalizar el sistema bancario y provocasen una salida desordenada del euro desencadenando una crisis financiera mayor que la quiebra de Lehman y una nueva gran depresión global.

Al final fue el Banco Central Europeo y otro italiano, Mario Draghi, el que evitó aquel escenario apocalíptico. Draghi dijo que el BCE haría lo necesario para evitar la ruptura del euro y los inversores interpretaron que compraría toda la deuda pública que fuera necesaria para que los Estados recapitalizasen sus bancos sin provocar un impago de la deuda soberana y una salida desordenada del euro. Meses después, en una cumbre europea, Monti amenazó con dimitir si no se avanzaba en la unión bancaria, según se filtró. Y se avanzó, aunque como siempre en Europa, demasiado poco y demasiado lento.

Hoy tenemos supervisión única dirigida por el BCE y un mecanismo de resolución de entidades único de nueva creación. Pero como estamos comprobando, aún habrá que seguir avanzando para tener una unión bancaria efectiva y que proteja por igual a todos los depositantes europeos. El Gobierno de Syriza inyectó un 10% del PIB para rescatar a sus bancos y lo pagaron los contribuyentes griegos, igual que sucedió con el rescate del Gobierno de Rajoy en 2012. El Gobierno socialista portugués tuvo que rescatar varios bancos y lo pagaron los contribuyentes portugueses.

Pero el escándalo surgió el pasado mes, cuando el BCE activó el rescate de tres bancos, Popular y dos entidades italianas, y el procedimiento de resolución fue diferente. El 31 de mayo, la agencia Reuters filtró una información del nuevo mecanismo europeo advirtiendo de que tenían un plan preparado para rescatar a Banco Popular. Ocho días después, el banco tenía que ser rescatado, y como ha confirmado la propia presidenta alemana del mecanismo, la causa de la intervención fue por una fuga de depósitos.

Un banco toma depósitos a muy corto plazo y presta a largo plazo. Eso le hace extremadamente vulnerable a fuga de depósitos, y desde la Edad Media, a esas situaciones se les denomina banca rota. Los bancos centrales se crearon para prestar a las entidades cuando nadie en el mercado quiere hacerlo y evitar crisis bancarias sistémicas. La historia nos enseña que las crisis económicas, cuando van acompañadas de crisis bancarias, provocan mayor destrucción de empleo, mayor caída de los ingresos públicos y mayor aumento de la deuda pública.

Para reducir el coste de las crisis, la regulación y la supervisión bancaria son muy estrictas, se creó el fondo de garantía de depósitos e instituciones para intervenir los bancos en caso de necesidad. Si los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME) hubieran tardado días en llegar al incendio de Doñana, se habría pedido la dimisión de sus responsables. Si un funcionario español hubiera estigmatizado a un banco alemán y fuera rescatado días después, Merkel habría pedido su dimisión. ¿Por qué Rajoy no lo hizo? ¿Por qué Guindos alabó la intervención del mecanismo de resolución?

Se argumentó que Banco Popular solo tenía problemas de liquidez; entonces, ¿por qué se vendió por un euro? Un euro significa que el pasivo exigible es mayor que el valor del activo y eso es lo que lleva a los jueces a declarar una sociedad en quiebra. El Banco de España ha derivado la responsabilidad al BCE, que no ha dado aún ninguna explicación para informar cómo es posible que el banco pasara la revisión de activos y los test de estrés. Popular afloró pérdidas millonarias muchos meses antes y el Gobierno de Rajoy hizo lo que mejor sabe hacer: nada. Y, como en 2012, tuvieron que ser las instituciones europeas las que tomaran la decisión.

Diez años después de comenzar la crisis, el Gobierno italiano no había reconocido ni saneado sus bancos contaminados con activos tóxicos. Mario Draghi fue presidente del Banco Italia antes que del BCE, y no acometió el saneamiento bancario. Desde el pasado año, el Gobierno activó un plan de saneamiento y comenzó a negociar con Bruselas. Seguramente eso ayude explicar que los bancos italianos hayan sido rescatados ordenadamente un fin de semana con los mercados cerrados, lo cual te da casi tres días para actuar.

La información de nuevo es muy imprecisa, pero parece que los accionistas y bonistas subordinados de los bancos italianos también perderán el 100% de su inversión. Pero el Estado devolverá el dinero a los minoristas. En España, en el rescate de 2012, los preferentistas tuvieron que acudir a los juzgados para defender sus derechos.

Conclusiones: aún estamos lejos de tener una unión bancaria europea; la supervisión y la gestión de crisis europea es susceptible de mejorar; no todos los europeos somos tratados por igual; la supervisión del Banco Central Europeo y la eficacia de sus test de estrés está en cuestión y el Gobierno italiano es infinitamente más hábil que el Gobierno español gestionando crisis bancarias.

José Carlos Díez es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá.

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Los clientes de la banca española poseen 3.600 millones en deuda subordinada | Mercados

El rescate de Banco Popular ha abierto la caja de los truenos de las pérdidas que pueden llegar a asumir bonistas y tenedores de deuda cuando una entidad financiera es inviable. El manual europeo de rescates bancarios establece que, en caso de que un banco necesite ayuda, serán accionistas y bonistas –empezando por tenedores de bonos convertibles (cocos) y deuda subordinada– quienes primero contribuyan con sus activos a capitalizar la entidad, lo que en el caso de Popular ha supuesto la pérdida total de la inversión. También para los pequeños clientes que suscribieron emisiones de deuda subordinada por 450 millones de euros.

El final abrupto de Popular ha puesto de evidencia por tanto que no solo se puede perder dinero en Bolsa, hacia la que los inversores suelen estar prevenidos del riesgo, sino también en deuda, aunque no toda tenga el mismo grado de peligro. De hecho, la deuda sénior, la considerada como más segura, ha quedado a salvo en Popular, al igual que los depósitos, también los superiores a los 100.000 euros. En la liquidación de los italianos Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza también se ha obligado a asumir pérdidas a accionistas y titulares de deuda subordinada, aunque con la diferencia respecto a Popular de que los pequeños clientes que suscribieron esta última –por apenas 60 millones de euros– serán compensados.

Los recientes precedentes de Popular y los bancos italianos son por tanto una clara advertencia para el conjunto de clientes que poseen deuda subordinada de bancos españoles. No porque estas entidades emisoras tengan problemas de solvencia en la actualidad sino por el riesgo hipotético que pueden llegar a asumir. De hecho, los minoristas poseen un total de 3.664,6 millones de euros en deuda subordinada y convertible de entidades españolas, según datos recogidos en el mercado de renta fija AIAF, derivada en su inmensa mayoría de emisiones ofrecidas a los antiguos tenedores de preferentes.

Es el caso de CaixaBank, que tiene las dos emisiones más voluminosas en circulación, que ofreció a sus clientes en febrero de 2011 en un canje de sus participaciones preferentes por deuda subordinada. En concreto, por una emisión por 2.072 millones de euros y otra por 1.300 millones de euros, ambas con vencimiento en febrero de 2022. CaixaBank no ha procedido a su amortización anticipada, según explican fuentes de la entidad, de modo que sus titulares vienen cobrando un cupón anual del 4% en la primera emisión y el 5% en la segunda.

Se trata de emisiones que llegan a pagar el 7% anual, aunque a riesgo de perderlo todo en caso de resolución

El resto de entidades que en su día colocaron subordinada entre la clientela sí ha ido reduciendo el saldo vivo de estas emisiones a través de recompras y amortizaciones anticipadas. Así, el volumen total emitido supera los 4.300 millones de euros, de los que queda aún en circulación el 84%, una cifra determinada por las emisiones de CaixaBank.

Ibercaja lanzó en 2006 una emisión de subordinada por 200 millones, de la que solo quedan vivos 45,4, y en 2007 otra por 350 millones y un saldo vivo actual por 77,8 millones. Fuentes de la entidad explican que se lanzaron con anterioridad a la crisis, sin la premura de reforzar capital, también destinadas a institucionales pero con derecho de suscripción preferente para los minoristas, una práctica que tras la crisis de las preferentes ahora sería impensable.

El caso de los bonos convertibles de Liberbank en manos de particulares sí tiene en cambio que ver con la crisis bancaria. Fueron ofrecidos –bajo la exigencia del FROB– a los titulares de preferentes de las antiguas cajas que dieron lugar a la entidad, con sus correspondientes quitas. En la emisión más voluminosa, de 245 millones, ha habido ocho ventanas de conversión en acciones desde su emisión en marzo de 2013.

Las claves de un producto en apariencia ‘inofensivo’

En caso de rescate bancario, quienes primero están obligados por la normativa europea a asumir pérdidas son los accionistas, seguidos de los tenedores de bonos convertibles en acciones, deuda subordinada, deuda sénior y finalmente, depósitos superiores a los 100.000 euros.

Tanto en Popular como en la reciente liquidación de los italianos Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, los tenedores de deuda subordinada lo han perdido todo. Aunque a los pequeños clientes con deuda subordinada de los italianos, por apenas 60 millones de euros, se les compensará, según ha reconocido Banca Intesa, que se hace cargo del negocio sano de ambos bancos.

Las emisiones para minoristas de deuda subordinada lanzada por la banca española pueden negociarse en el mercado Send de AIAF, aunque su liquidez es mínima y no tienen atractivo para los inversores institucionales, apuntan fuentes de mercado.

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Guindos dice que Italia afronta ahora la reordenación sectorial | Compañías

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, defendió también ayer que el rescate de las entidades italianas Popolare di Vicenza y Veneto Banca es un caso “absolutamente diferente” al vivido por el Popular. También valoró que el sistema financiero español está “saneado”.
De Guindos especificó que ambas entidades tienen “aproximadamente la mitad” del volumen de negocio del Banco Popular. En su opinión, la reacción de Italia es similar a la de España en 2012. Es decir, “ inyectar dinero público, reestructurar y, de alguna forma, sanear el sistema financiero”.

Para el ministro de Economía, Italia está afrontando ahora esa reestructuración, que “es imposible sin ayudas públicas”. Y reiteró que se trata de un caso “absolutamente diferente” al del Banco Popular, donde “no ha habido ningún tipo” de respaldo de las instituciones. Luis de Guindos añadió que esa ausencia de apoyos responde al citado escenario de entidades saneadas en España, además de a las buenas perspectivas de crecimiento económico del país.

Por contra, Italia asume a corto plazo una etapa sin incremento del PIB, a juicio de Guindos. En esta línea, la medida aplicada por el gobierno transalpino italiano es “positiva”. De no haberla afrontado, Italia podría haber perdido la oportunidad de engancharse a una futura etapa de recuperación económica, concluyó. De Guindos realizó estas declaraciones antes de una comida con representantes del Círculo de Empresarios Vascos, que tuvo lugar en el Real Club Marítimo del Abra, en el barrio de Neguri de Getxo (Bizkaia).

Por la tarde, el ministro de Economía, Industria y Competitividad presidió en el Museo Guggenheim de Bilbao la apertura de una cumbre sobre inversión responsable, en la que participaron los responsables de diferentes entidades del sector financiero nacional. En una de las intervenciones, Gregorio Villalabeitia, presidente de Kutxabank, manifestó que los proyectos que tienen en cuenta su impacto social “permiten prevenir potenciales riesgos o identificar nuevas oportunidades de valor, aspectos que no siempre se integran en el análisis financiero tradicional”.

Villalabeitia concluyó que la inversión responsable es un “reto importante al que el sector bancario tendrá que hacer frente, porque cada vez es más demandado por la sociedad”.
Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, manifestó en el encuentro que los bancos deben recuperar la confianza de los clientes, porque reconoció que existe una cierta desconexión entre las entidades y los ciudadanos.

Cumbre en Bilbao

La capital vizcaína acoge desde ayer una cumbre internacional sobre inversión responsable que continúa hoy y en la que participan responsables de bancos y de las empresas cotizadas. El encuentro, denominado Biscay ESG Global Summit, es una iniciativa de la Diputación de Bizkaia, para recuperar la posición de Bilbao como plaza financiera. CaixaBank, Kutxabank y Laboral Kutxa, junto con Sabadell, fueron los protagonistas de la jornada de ayer.

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