Rajoy: “Pido que no se vayan más empresas ni más depósitos. Esto se arreglará” | Mercados

Pido que no se vayan más empresas ni más depósitos. Esto se arreglará”. La economía ha sido uno de los argumentos principales que ha utilizado Mariano Rajoy para decidir la aplicación del artículo 155 regresar. Su prioridad, ha dicho el presidente, será la “vuelta a la legalidad” así como volver a la “recuperación económica”, una recuperación que se ha visto amenazada. 

En su comparecencia en Moncloa para explicar las medidas aparejadas a la aplicación del artículo 155, Rajoy ha enumerado las “faltas a la verdad” en materia económica en las que ha incurrido el independentismo para justificar sus aspiraciones. Para empezar, ha señalado, la independencia llevaría a Cataluña a un “empobrecimiento” ya que perdería “entre el 25% y el 30%” de su PIB. Y ha añadido: abandonaría la UE y la OMC” y pasaría a ser un “tercero” en las relaciones comerciales con el resto de Europa. Se le aplicaría por lo tanto los derechos autónomos del Arancel Exterior Común, además de controles aduaneros en frontera. El documento que ha aprobado el Gobierno señala que todo ello “supondría una gran pérdida en términos de competitividad, crecimiento y empleo para una economía en la que el comercio exterior supone el 70% del PIB”.

El presidente del Gobierno español ha señalado que “más de 1.000 empresas” han abandonado Cataluña en las últimas semanas además de gran parte de las grandes compañías, unos datos que ha definido como “preocupantes”. 

La incertidumbre que se ha abierto desde el pasado 6 de septiembre cuando se aprobó la cuestionada Ley del Referéndum en el Parlament catalán ha llevado a muchas compañías a trasladar su sede social  fuera de Cataluña. En el caso de la banca, se sumó además la salida de depósitos por miedo a una intervención o a un corralito financiero, una inseguridad que provocó una una pérdida de al menos 4.000 millones de euros en un solo día en cuentas en Cataluña, según reconoció la ministra de Sanidad, Dolors Monrserrat. Compañías como Caixabank, Banco Sabadell, Gas Natural, Abertis, Codorníu, Grupo Planeta, o GVC Gaesco Beka ya han decidido su traslado (en muchos casos también la sede fiscal), una fuga que provocará una pérdida de recaudación cercana a 5.000 millones de euros

El Ejecutivo aprobó el pasado 6 de octubre una normativa para agilizar la salida de las empresas de Cataluña, a través de la simplificación de un proceso que ya facilitó en 2015

En su explicación de motivos, el documento aprobado por el Ejecutivo este sábado, describe los efectos económicos de la “pretendida independencia”:

  • Empobrecimiento: caída económica de hasta el 30%

Según señala en su explicación de motivos, el documento aprobado por el Ejecutivo, la “pretendida independencia” de Cataluña generaría unos “efectos económicos de impacto y magnitudes gravísimas” para los intereses de Cataluña y para el interés general de España. Así, subraya que “implicaría aislar una economía” que hoy está “plenamente integrada” en España y la UE, al tiempo que llevaría a “un empobrecimiento” de su economía de entre el 25% y el 30%” y la coyuntura económica sería “insostenible”. 

  • Salir del paraguas del BCE

Asimismo, desde el punto de vista financiero, la salida de Cataluña de la Unión Económica y Monetaria “implicaría la ausencia de representación en los órganos de gobierno de todas sus instituciones, de su amparo y sus beneficios, y en concreto de las facilidades del Banco Central Europeo”. La salida de capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Cataluña, “resultaría en un flujo de salida de euros hacia el resto de España y del mundo que “impediría la utilización de facto del euro como moneda en Cataluña”.

  • Inviabilidad de una moneda nueva

“Incluso la creación de una moneda y un Banco central propios resultaría inviable, por el elevado nivel de déficit público. Se harían irremediables la expansión monetaria, la inflación desproporcionada y la contracción del crédito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión”, alerta el Gobierno en el documento.

  • Presupuesto inviable: sin ingresos

Desde el punto de vista de la financiación pública, el Ejecutivo augura que, en caso de independencia, “las tensiones presupuestarias serían evidentes”. Por el lado de los ingresos, la capacidad recaudatoria sería “muy limitada, en lo funcional y en lo efectivo”, por la erosión de las bases imponibles en un contexto de contracción económica, el previsible desplazamiento de personas y domicilios sociales, y la falta de transferencias de España y de la Unión Europea”.

Sin embargo los gastos se verían incrementados, al tener que asumir los hasta ahora sufragados por el Estado español, lo que obligaría a emitir deuda pública en los mercados, hecho que sería cada vez más gravoso en un contexto de recesión en el que, además del sector público, el sector financiero estaría simultáneamente demandando financiación, según añade el documento del Gobierno.

La independencia “implicaría aislar una economía que hoy está plenamente integrada en España, en la UE y en el mundo” y supondría su aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales.

  • Mantener los servicios públicos 

Ante esa perspectiva, un “objetivo irrenunciable” del Gobierno es el de “garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica”.

Según este texto, el proceso independentista ha “relegado a un papel marginal las necesidades más básicas” de los catalanes dado que se ha convertido “en la prioridad de la agenda política los requisitos del proceso y no las necesidades de los servicios públicos”.

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iIndependencia de Cataluña: Qué implica el artículo 155 para la Generalitat, la economía, Mossos y medios de comunicación | Mercados

El Consejo de Ministros ha acordado este sábado una serie de medidas en el ámbito de aplicación del artículo 155 de la Constitución. El control de la economía, la política tributaria y fiscal, los Mossos y la televisión pública se someterán a las directrices del Gobierno central.  

Las medidas se aprobarán en el pleno del Senado, fijado para el viernes 27 de octubre, y estarán vigentes hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, tras la celebración de elecciones

 Las medidas afectan a varios ámbitos: 

  • Generalitat y Administración pública 

– Cese del presidente de la Generalitat, vicepresidente y consejeros

– Las funciones las ejercerá el órgano que designe el Gobierno

– Rajoy asume en concreto la competencia de disolver anticipadamente el Parlament y convocar elecciones autonómicas. Esta competencia deberá ejercitarse en el plazo máximo de seis meses.

– Una vez acordado el ceso del Govern, la Generalitat actuará bajo “directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación”. Mariano Rajoy ha señalado que serán asumidas por los Ministerios.

– Los ministerios o el órgano que se cree podrá

  1.  Dictar y adoptar las disposiciones, actos o instrucciones necesarias para el ejercicio de las competencias asumidas. Serán de obligado cumplimiento para todos los funcionarios o empleados de la Generalitat
  2. Someter a un régimen de autorización previa a la Administración de la Generalitat
  3. Acordar nombramientos, el cese o la sustitución temporal de las funciones correspondientes de cualquier autoridad, cargos públicos y personal de la Administración de la Generalitat.
  4. En caso de incumplimiento de las disposiciones o actos dictadas por el órgano designado por el Gobierno español, se incurrirá en responsabilidad disciplinaria.
  5. Se habilita al Gobierno a ejercer todas estas facultades.

 

  • Seguridad y orden público

– El órgano que cree el Gobierno podrán dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de la Generalitat- Mossosd’Esquadra

– También podrán acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, coordinando la actuación de la Policía de la Generalitat de Cataluña- Mossos d’Esquadra

– “En el caso de que sea necesario”, los Mossos podrán ser sustituidos por efectivos dela Policía Nacionalo dela Guardia Civil. 

  • Economía, gestión trubutaria y presupuestaria

– Se habilita al Gobierno español o al órgano que cree a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria para que, en “beneficio del interés general” se garantice “la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”.

– Se adoptarán medidas que permitan garantizar que los fondos que se transfieran del Estado a Cataluña, así como los ingresos que recaude “no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista” o que “contravengan las medidas” aprobadas por el Consejo de Ministros. 

  • Telecomunicaciones y audiovisual

Corresponderá a la autoridad que se cree las funciones de la Generalitat relativas a:

– Telecomunicaciones y a los servicios digitales, en particular, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña

– Comunicación audiovisual: se garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial” 

En este apartado se limita las competencias del Parlament: 

1. La presidenta del Parlament Carme Forcadell no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat, ni el Parlamento celebrar debate y votación de investidura, siempre y cuando se mantengan las medidas y hasta la constitución del nuevo Parlamento de Cataluña que surja de las elecciones,

2. No será de aplicación las funciones de control y las figuras del los artículos 66 (Comisiones de investigación) y 67 (comparecencias ante las comisiones de investigación) sobre los órganos y autoridades que sustituyan al Gobierno catalán. Las facultades de seguimiento y control sobre las mismas corresponderán exclusivamente al órgano que designe a tal efecto el Senado.

3. Las propuestas del Parlament para impulsar la acción política “no podrán dirigirse” a las autoridades al mando de la Generalitat

4. El Parlament de Cataluña seguirá ejerciendo su potestad legislativa y de organización propia, si bien no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas, si bien no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas, ni a su presupuesto, objeto y finalidad. 

Para garantizarlo, las iniciativas de la cámara deberán ser remitidas por la Mesa del Parlament “a la autoridad que se designe a tal efecto por el Gobierno de la Nación, para que ésta manifieste, en el plazo de 30 días, su conformidad o no a la tramitación”.

No podrán someterse a debate y votación las iniciativas y enmiendas “mientras que la autoridad que se designe a tal efecto no haya expresamente otorgado su conformidad o, en su defecto, no hayan transcurridos los 30 días desde su comunicación”. 

  • Otras medidas transversales

1. El ejercicio de las competencias, facultades y funciones de los nuevos gestores designados por el Gobierno se ajustará a la normativa vigente estatal o autonómica que en cada caso resulte de aplicación. 

Su revisión jurisdiccional corresponderá a los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo, en atención al rango de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la nación.

 2. Invalidez e ineficacia de leyes contrarias. Queda prohibida la aprobación de resoluciones, contratos, convenios, acuerdos o encomiendas a las autoridades, cargos públicos y personal del Parlament o de la Administración de la Generalitat que contravengan las medidas contenidas en el acuerdo de intervención. Serán “nulos” de pleno derecho y carecerán de efecto. 

3. Boletín oficial. Los órganos que cree o designe el Gobierno dispondrán de la facultad de publicación de los acuerdos y resoluciones en el Diario Oficial de la Generalitat o en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña. No será vigente la publicación sin autorización o en contra de lo acordado por los nuevos gestores.

4. Estructuras. Los nuevos gestores tendrán la potestad de organizar, crear, modificar y extinguir los organismos y entidades públicas creadas o autorizadas por Ley.

 5. Creación de órganos. Se habilita al Gobierno de la nación para crear los órganos o nombrar las autoridades que sean necesarias para proporcionar seguridad jurídica.  

6.Protocolos de actuación. Se autoriza al Gobierno o a los nuevos gestores para adoptar las resoluciones y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del acuerdo de intervención.

 7. Funcionarios públicos. Se anulan los expedientes sancionadores al personal del sector público empresarial o de la administración por acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial relacionadas con el proceso secesionista. Se advierte de la responsabilidad penal o administrativa a quien inicie, tramite o resuelva los citados expedientes sancionadores.

 8.Potestad disciplinaria. El texto recuerda que el incumplimiento de las medidas se considerará infracción por incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y estará sujeto a la normativa disciplinaria estatal o autonómica. 

El ejercicio de la potestad disciplinaria pasa a los nuevos gestores, sin perjuicio de que puedan poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

 9. Duración y revisión de las medidas: Las medidas estarán vigentes hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat, tras la celebración de elecciones. 

El Gobierno podrá plantear al Senado modificaciones o actualizaciones de las medidas iniciales.

También podrá anticipar el cese de esta medidas si cesan las causas que lo motivan.

El Gobierno dará cuenta al Senado del estado de aplicación de las medidas con una periodicidad de dos meses. 

10 Entrada en vigor. Las medidas que resulten aprobadas por el Senado se notificarán personalmente al presidente de la Generalitat, a su vicepresidente y a los consejeros, así como a la presidenta del Parlament.

Las medidas entrarán en vigor desde el momento de la publicación del acuerdo en el BOE.

Fe de errores

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Quién destruyó la autonomía de Cataluña (y quién no) | Compañías

No. La independencia de Cataluña no es la respuesta a la represión del Estado, como ahora nos quieren hacer creer, porque el procés se puso en marcha, y aceleró, mucho antes de que el Estado respondiera de ninguna manera.

No. Cataluña no se ha ganado el derecho a la independencia por la actuación policial (torpe e ineficaz, interesadamente exagerada) en el 1-O, porque precisamente lo que se votaba en aquella farsa de referéndum era la independencia inmediata.

No. Quien ha destruido la autonomía de Cataluña no es ese malvado Madrid, sino los gobernantes de la comunidad que decidieron dinamitar la legalidad. El Gobierno central pecó, si acaso, de inacción, pero no de provocación o precipitación

No, el artículo 155 no es un golpe de Estado. Si ha habido aquí un golpe de Estado es el que se dio en las noches de los días 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlament votó las dos leyes de ruptura (es una cursilada lo de desconexión) con la oposición fuera de sus escaños. El 155 pudo activarse entonces, pero el Gobierno se esperó a ver si lograba evitar la votación, luego se esperó a una declaración formal de independencia, después se cruzaron las dos cartas, se hizo la petición de una convocatoria electoral que habría sido la única salida no traumática.

No. Los responsables de este desastre no pueden presentarse como las víctimas. Si se pretendía desafiar al Estado e iniciar una revolución, había que medir antes las fuerzas que se tienen para ganarla. No vale llorar porque te hacen daño si has empezado tú la pelea. Sabían lo que hacían cuando votaron que habría un referéndum vinculante aunque lo prohibiera el Constitucional, que se proclamarían resultados aunque nadie los verifique, que en 48 horas se proclamaría la república.

No. No bastaba decir en un minuto “asumo el mandato” y “ahora lo suspendo” para hacernos creer que hemos vuelto a la normalidad.

No. España no es un Estado autoritario (mucho menos totalitario, como ha dicho un indocumentado Junqueras) por suspender la autonomía de Cataluña. Cualquier Estado democrático, con cualquier Constitución, intervendría ante un intento de secesión a las bravas. Tampoco Canadá o el Reino Unido habrían permitido esto jamás. Tony Blair suspendió nada menos que cuatro veces la autonomía de Irlanda del Norte después de la paz del Viernes Santo de 1998, hasta que logró forzar consensos entre unionistas y nacionalistas, lo que ayudó a encauzar aquel difícil proceso de paz. Ahora Theresa May amenaza con hacer lo mismo.

No. Europa no ha comprado el relato nacionalista, solo lo hacen aquellos que también quieren romper Europa. La prensa seria internacional hace autocrítica por las noticias falsas que le han colado estos días. La UE tiene que apoyar al Gobierno español porque el contagio de la fiebre secesionista la destruiría.

No, no habría paz en un continente de fronteras inestables, metido en una espiral de fragmentación.

No, la autodeterminación no es un derecho humano, ni de los pueblos que no hayan sido colonizados, ocupados o sometidos a genocidio.

No. No nos miremos en el desmoronamiento de Yugoslavia, el episodio más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No, Cataluña no es Kosovo ni Eslovenia. Que nunca sea Bosnia.

No. No son presos políticos quienes responden ante la justicia por sus acciones contra la ley, nunca por sus ideas.

No. No estamos volviendo a un Estado centralista. La intervención de la autonomía, como la ha anunciado Mariano Rajoy, es total, pero tiene un horizonte temporal definido, de seis meses hasta elegir un nuevo Parlament. Es reversible, lo que no habría sido la independencia. Cataluña mantendría intactas todas sus atribuciones si no se hubiera saltado la ley; las recuperará en cuanto renuncie a seguir esa vía. No se dan pasos atrás en la descentralización. Pero el federalismo, o como lo llamemos, solo puede basarse en la lealtad de las instituciones. Ningún sistema político permite en su seno a gobiernos rebeldes al imperio de la ley.

No. Esto no es España contra Cataluña. Sobre todo es media Cataluña contra la otra media, como ha dicho bien Joaquín Sabina. Una fractura interna, cargada de odio, que costará mucho cerrar.

No. No va a ser fácil lo que viene. Una administración intervenida va a funcionar mal. Se va a enfrentar a resistencias enormes dentro y fuera, en la calle. Es una situación tan extraordinaria como incómoda.

No. Esta no era la solución ideal. No. No había alternativa para salvar el Estado de derecho. Este desastre tiene padres bien conocidos. ¿Quién destruyó la Cataluña que ha gozado de más autogobierno en la historia moderna? Exacto. Ellos. Los que se disfrazan de mártires.

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Cataluña: Cancelada la reunión de Junqueras con un grupo de multinacionales | Compañías

El vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha cancelado finalmente la reunión que tenía previsto mantener hoy con un grupo de representantes de multinacionales implantadas en Cataluña.

Fuentes cercanas a los asistentes a la reunión han asegurado a Efe que, al filtrarse en varios medios que la reunión se iba a producir, finalmente se ha optado por cancelar la cita, que pretendía ser discreta.

Junqueras había convocado ese encuentro en un intento por aportar tranquilidad a las compañías ante la incertidumbre generada por el proceso independentista.

Según las fuentes consultadas por Efe, al encuentro estaba previsto que asistieran una decena de representantes de compañías como Alstom, Hewlett Packard o bien Microsoft, entre otras, y llegaba en un momento de gran nerviosismo en el sector económico por la deriva soberanista del Govern y la posibilidad de que el Ejecutivo aplique el artículo 155 de la Constitución.

De hecho, sólo en el último mes más de 800 empresas han trasladado sus sedes sociales fuera de Cataluña por el contexto político, entre las que figuran CaixaBank, Abertis, Gas Natural Fenosa, Catalana Occidente, Banco Sabadell, Codorníu, Aguas de Barcelona o Colonial.

Fuentes del departamento de Economía consultadas por Efe se han limitado a asegurar que no comentan la agenda privada del vicepresidente del Govern. Pero Junqueras ha asegurado hoy que no está “nada satisfecho” con el hecho de que multitud de empresas catalanas hayan trasladado su sede social fuera de Cataluña, aunque ha recordado que “hay 260.000 empresas en el país que no han tomado esta decisión”.

Peparado económicamente para la independencia

Junqueras, ha asegurado este viernes que la Generalitat está preparada para aplicar la independencia en cuatro ámbitos financieros clave como pagar las nóminas públicas, los servicios públicos, la supervivencia económica de Cataluña y conseguir crédito para la Generalitat.

“La respuesta es sí, sí, sí y sí”, ha concluido el también vicepresidente en declaraciones a Catalunya Ràdio, donde ha recordado que la Generalitat lleva tiempo preparándose para asumir la gestión plena de los impuestos de los catalanes.

Además, Junqueras ha rechazado este viernes la celebración de unas elecciones anticipadas en Cataluña, ya sean convocadas por el propio Govern o forzadas por el Estado en aplicación del artículo 155.

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Rajoy logra el respaldo de la UE y evita la mediación de Bruselas | Mercados

Doble objetivo conseguido. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha logrado en el Consejo Europeo celebrado este jueves y viernes en Bruselas el respaldo generalizado de los socios europeos y ha evitado que la UE asuma un papel protagonista como reclama el ejecutivo de Carles Puigdemont.

A pesar de los esfuerzos de los independentistas por elevar el conflicto hasta la mesa del Consejo Europeo, el Gobierno español ha esquivado la colocación del asunto en la agenda oficial. España insiste en que se trata de un asunto interno en el que otros países no tienen nada que opinar salvo confirmar su apoyo al orden constitucional vigente.

“El asunto de Cataluña no figuraba en la agenda y yo estoy de acuerdo en que no figure porque es un asunto de índole nacional, un asunto interno de España”, ha señalado Rajoy tras la conclusión de la cumbre.

El debate en el Consejo Europeo hubiera visualizado las diferentes sensibilidades “regionalistas” que conviven en la UE, con países muy centralizados, como Francia, otros federales, como Bélgica, y algunos, proclives a la autodeterminación, como los bálticos, que recuperaron su independencia en 1991 tras la implosión de la Unión Soviética.

El mínimo matiz en una declaración del Consejo podría haber sido aprovechado por el govern catalán como una señal de apoyo. Y el debate oficial hubiera obligado al Gobierno de Rajoy a sufrir un desgaste diplomático para garantizar que la línea oficial de Bruselas coincide punto por punto con la de España

“Todos nosotros tenemos emociones, opiniones y valoraciones”, reconocía en relación con Cataluña el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras la primera jornada de la cumbre. Pero tras sus contactos con Rajoy previos a la cumbre, descartaba incluir el asunto en la agenda. Y cerraba la puerta a cualquier tipo de intervención de Bruselas. “No hay margen para ningún tipo de mediación, iniciativa o acción internacional”, zanjó Tusk, que se define a sí mismo como “regionalista” y “perteneciente a una minoría étnica” dentro de Polonia.

El portazo de Bruselas a las peticiones independentistas de mediación llega acompañado del aluvión de declaraciones a favor del Gobierno español a solo unas horas de la anunciada activación del artículo 155 de la Constitución española. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en particular, cierran filas con Rajoy y dan su visto bueno tácito a las medidas que pueda adoptar el Ejecutivo para garantizar el orden constitucional en Cataluña.

“Apoyo pleno y total de Francia en esta situación”, ha señalado Macron este viernes, tras celebrar el día antes un encuentro bilateral con Rajoy. Merkel también ha reiterado su apoyo y ha abogado “por una solución dentro de la Constitución”. La primera ministra británica, Theresa May, también ha insistido en que “a postura de Reino Unido es muy clara. Creemos que la gente debe respetar la legalidad y la Constitución española”.

Rajoy ha agradecido el apoyo de los principales líderes europeos y ha atribuido el cierre de filas con el Gobierno español al hecho de que “estamos en el siglo XXI y estamos en Europa”. “Figúrense ustedes”, ha añadido Rajoy, “que Renania del Norte-Westfalia o cualquier otra región europea declarara unilateralmente la independencia. Nadie lo entendería”.

Arremetida contra Puigdemont: “incapaces e irresponsables”

El presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sale del palau de la Generalitat después de mantener una reunión con los consellers. EFEQuique García
El presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sale del palau de la Generalitat después de mantener una reunión con los consellers. EFE/Quique García

A solo unas horas del Consejo de Ministros que activará el artículo 155 de la Constitución, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dirigido desde Bruselas duras palabras contra los responsabies del govern catalán.

“No se pueden hacer las cosas peor”, ha señalado Rajoy, tras acusar al equipo de Carles Puigdemont de haberse negado a buscar una salida para no llegar al extremo de la intervención de la administración autonómica. “Hemos llegado a esta situación porque han querido”, acusa Rajoy. Y ha calificado a los responsables de la Generalitat de “incapaces estar a la altura de las circunstancias“.

Rajoy les culpa de la fuga de más de 900 empresas del territorio catalán desde el frustrado referéndum del 1 de octubre, una huida que el presidente del Gobierno asegura que es “producto de decisiones irresponsables”.

Tras la diatriba contra Puigdemont, Rajoy ha asegurado que “con otras personas, con una forma similar de pensar, esto no hubiera sucedido“. Y ha rematado su tácita alusión al ex presidente Artur Mas, defenestrado por la CUP, añadiendo que “cuando uno deja que los radicales y los extremistas te cambien el candidato a la presidencia de Gobierno, pasa esto”.

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Starwood Capital, primer fondo que le dice a sus partícipes que no invertirá más en Cataluña | Compañías

El fondo Starwood ha reconocido os riesgos económicos de la situación en Cataluña y ha hecho un comunicado al regulador del mercado británico en el que asegura  que mientras se mantenga este escenario será “más cauto” y priorizará inversiones que estén “relativamente aisladas” a esta incertidumbre.

La gestora cuenta con un hotel den Barcelona que valora en 46 millones de euros. La empresa señala que, aunque la amenaza independentista tiene ya bastante tiempo, se ha agravado desde el referéndum del 1-O.

En paralelo, el Consejo de Administración de Cementos Molins acordó este viernes trasladar su sede social de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) a Madrid, debido a “la situación política y social que se vive en Cataluña y a la inseguridad jurídica que ello provoca”.

La histórica cementera catalana, que cotiza en la Bolsa española, asegura que ha adoptado esta decisión “con el objetivo de salvaguardar los intereses del grupo, de marcado carácter internacional, y garantizar su normal operativa”.

En un comunicado, la compañía remarca que mantendrá su actividad habitual, así como las sedes sociales de las sociedades industriales del grupo ubicadas en Cataluña, como son Cementos Molins Industrial, Promsa y Propamsa.

De igual modo, la junta general de socios de Cemolins Internacional, holding a través del cual se canaliza la inversión en sociedades internacionales del grupo, ha decidido trasladar su domicilio social fuera de Cataluña, a la calle Espronceda, número 38, de Madrid.

Fundada en 1928, Cementos Molins es una de las empresas más importantes del sector en España y desarrolla su actividad en este país, Argentina, Uruguay, México, Bolivia, Colombia, Túnez y Bangladesh.

Además del cemento, participa en el negocio del hormigón, los áridos, los morteros especiales y de cementos-cola, así como en actividades medioambientales. La compañía, que alcanzó un beneficio de cerca de 64 millones de euros en 2016, tenía hasta ahora su sede social en Sant Vicenç dels Horts, municipio del que fue alcalde el actual vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, de ERC. Esta empresa cementera está controlada en un 91 % por la familia Molins.

Un total de 1.185 empresas han trasladado su sede social desde Cataluña a otras regiones de España entre el pasado 2 de octubre y este jueves, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España. Solo en esta semana, lo hicieron un total de 553 y el máximo se registró este jueves 19, con 268.

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Cataluña: La aseguradora Zurich traslada a Madrid su sede social en España | Compañías

El grupo asegurador Zurich ha decidido trasladar su sede social en España de Barcelona a Madrid “por motivos de seguridad jurídica”.

La compañía sigue así los pasos de otras aseguradoras que en los últimos días se han llevado el domicilio social fuera de Cataluña por la situación política, como SegurCaixa, MGS Seguros, Axa, Divina Pastora o Catalana Occidente.

En un comunicado, Zurich ha explicado que esta situación “no supone ningún cambio en el modelo de negocio y actividad” del grupo en España y que los centros de trabajo en Cataluña “seguirán operando con normalidad”.

Zurich desarrolla su negocio en toda España a través de Zurich Insurance plc, sucursal de Zurich Irlanda, y de Zurich Vida, con sede en Madrid, y es parte de una multinacional suiza que opera en más de 210 países en todo el mundo.

De este modo, y según los datos aportados por el Colegio de Registradores, son ya 805 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otros puntos de España desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre hasta el martes 17, según datos del Colegio de Registradores de España. En la jornada de ayer movieron su sede social desde Cataluña 105 empresas, 78 en Barcelona, 23 en Lérida, 3 en Tarragona y una en Gerona.

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Los tres escenarios políticos para Cataluña | Mercados

La decisión que hoy tome el president rebelde de Cataluña condiciona el devenir de la política en Cataluña y en España para los próximos meses, años quizás, y por supuesto el de la actividad económica. No es lo mismo elegir caminos despejados de desconfianza que senderos minados de conflicto. No es lo mismo. No es lo mismo convocar elecciones autonómicas y quitarse de en medio que mantener la declaración difusa de independencia y activar elecciones constituyentes. No es lo mismo dejar la Generalitat en manos de un Gobierno delegado alumbrado por el 155 de la Constitución y convocar elecciones a la brava, que suspender una parte de las competencias y al president y abrir una negociación real que desemboque en elecciones autonómicas en el medio plazo. No es lo mismo. Las consecuencias serán graves en todo caso, porque la apuesta secesionista ha ido demasiado lejos y parece que cuanto más allá vaya, más cuesta parar. Se trata de usar la vía con la solución menos mala entre las malas.

Supongamos que Puigdemont convoca elecciones autonómicas. Es la fórmula más diáfana para volver a la legalidad sin pasar por el sonrojo de admitir ante unos que ha declarado la independencia, aunque sea por una veintena de segundos para después firmarla fuera del pleno del Parlament, y ante otros que no lo ha hecho y que no está en disposición de mantenerla. Es una opción que varios políticos catalanes han susurrado al oído del ex alcalde de Girona, muchos de ellos del PDCat, pese a que la expectativa electoral de la antigua Convergència es la peor de su historia, con riesgo real de pasar a la insignificancia parlamentaria. Es la vía para mantener una autonomía muy reconocida e histórica, renunciando al ilusorio Estado catalá.

Unas elecciones autonómicas regulares darían la voz a todos los catalanes, y proporcionaría la vía más admitida por todos ellos, sin injerencias adicionales del Estado. Generaría alivio en los colectivos unionistas y una mezcla de rechazo y melancolía en los indepes, seguramente porque consideran que la historia no da muchas ocasiones de disponer de un Parlamento con mayoría secesionista, aunque se haya construido con la alianza antinatura de la aristocracia nacionalista y los totalitarios antisistema.

Con los electores unionistas muy movilizados, las candidaturas independentistas tienen muy complicado reeditar su triunfo. En tal caso, y siempre que se produjese un ejercicio de unidad en los constitucionalistas, los nacionalistas serían desalojados de la administración, como lo fueron en el País Vasco tras el atrevimiento del lehendakari Juan José Ibarretxe con su Estado Libre Asociado, que al menos tuvo el detalle de pasar por el Congreso. Un sacrificio, salir del Gobierno, que bajará la temperatura al nacionalismo por mucho tiempo, como en el País Vasco, y que en este caso, como en el País Vasco, está en manos de los socialistas. Situado siempre en posiciones ambiguas, el PSC, con un descarado coqueteo con los soberanistas en el pasado tripartito que le ha costado decenas de miles de votos, su elección tras estas hipotéticas elecciones es clave.

Eso sí: las iniciativas que algunos poderes del Estado han tomado ya para sancionar los atropellos a la ley, y los que puedan tomar en adelante, no los parará nadie, y no pueden ser nunca moneda de cambio en un estado con separación de poderes.

Supongamos que Puigdemont mantiene la calculada ambigüedad sobre la DUI, y convoca elecciones constituyentes. En tal sentido van las peticiones públicas de Esquerra Republicana de Cataluña y de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), para lo que es preceptiva la declaración del Estado catalán en forma de República, que solo puede hacer el propio Parlament en plenario, según la ley de transitoriedad y de referéndum. Hay que recordar, no obstante, que el cumplimiento de las leyes, aunque se trate de normas creadas por un Parlament pisoteando a la democracia, es un detalle que no está entre los que respeta en estos tiempos una Generalitat montaraz.

En tal caso, el Estado activará el 155 de la Constitución (aprobación en Consejo de Ministros extraordinario y aval del Senado) con una profundidad desconocida, pero que debe suspender de competencias al president (que tendría que hacer frente a acusaciones de sedición explícita), y seguramente de todas y cada una de las consejerías, puesto que todas ellas cuelgan de un president que ha elegido a sus titulares.

Esta salida sería la más complicada de gobernar, puesto que excitaría en extremo a las fuerzas separatistas, que llevarían a la calle el conflicto, paralelo a una escalada de actuaciones judiciales que incrementarían la nómina de “políticos presos”, hasta ahora limitada a Sánchez y Cuixart. El conflicto político entraría en una fase de desorden público de incalculables consecuencias para el país, y con un deterioro externo irreparable, con efectos sobre la economía que dejarían los acontecidos hasta ahora en cosa de simples aficionados.

Parecer ser que Puigdemont maneja activar en tal caso la asamblea de alcaldes y diputados electos para intensificar el plan secesionista, y la calle estaría en manos de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, y de los comités de defensa del referéndum, colectivos organizativamente transversales en los que los activistas de la CUP tendrían un protagonismo decisivo.

Supongamos que Puigdemont repite los juegos florales del lunes y resuelve el segundo requerimiento como el primero. El Gobierno tendría que echar mano del 155, aunque con un control menos vasto sobre las competencias autonómicas, limitadas a la presidencia, a los organismos encargados de la seguridad, y a las comunicaciones, además de las ya controladas de las finanzas, que están en manos de Hacienda hace semanas.

Este escenario proporciona un control administrativo, pero encubre un problema político de complicada resolución. La ulterior convocatoria de elecciones podría ser boicoteada por los nacionalistas, lo que le restaría legitimidad por muy abrigada que estuviese por las leyes. Pretender dar soluciones políticas a Cataluña con un nuevo Parlament en el que solo estuviesen Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido de los Socialistas de Cataluña, y en el mejor de los casos, los comunes, y en ausencia de los nacionalistas, es una quimera. Es una opción que generaría más problemas que soluciones, por muy quirúrgica que lo consideren tanto C’s como el PP, y con menos entusiasmo el PSC.

Para llegar a una consulta electoral integral y normalizada sería preciso recomponer el diálogo, seguramente con interlocutores alejados del radicalismo de Puigdemont, y devolver el protagonismo a los electores una vez recompuesta la silueta del partido que siempre engrasó el posibilismo con Madrid: el PDCat.

La negociación que plantea el actual president no tiene opción alguna. Amparado en un desenfrenado e impostado deseo de diálogo, el ex alcalde de Girona, para tratar de imponer los resultados de un referéndum ilegal o el trágala de la convocatoria de otro ulterior fundamentado en un derecho a decidir que no existe en ninguna Constitución del mundo, trata de ganar una batalla puramente propagandística a la que nadie desde Madrid accederá. La vía de la comisión parlamentaria no es lo mejor para quien quiere solo bilateralismo, pero es la que han dado por buena los constitucionalistas, y deberían agarrarse a ella.

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La Airef alerta de que la crisis en Cataluña puede reducir en más de un punto el crecimiento previsto en 2018 | Mercados

La crisis política abierta en Cataluña y la situación de incertidumbre llevaron el Gobierno a rebajar su previsión de crecimiento para 2018 del 2,6% al 2,3%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) avala las previsiones del Gobierno, pero también alerta de que existen elevados riesgos de que la desaceleración sea superior a la prevista.

La Airef ha tratado, con todas las limitaciones evidentes, de calibrar el impacto económico de la crisis política en Cataluña. El efecto varía en función de si la tensión política es temporal o permanente y si se limita el análisis solo a la actividad en Cataluña o se tiene en cuenta que existe un efecto desbordamiento que perjudicará al conjunto de la economía española. Los modelos económicos elaborados por al Airef y que siguen la literatura económica sobre el tema apuntan que el proceso soberanista puede reducir el PIB en 0,4 y 1,2 puntos porcentuales. Tomando como referencia el escenario central de la Airef, ello implica que en el peor de los casos previstos, la economía crecería este año un 1,5%.

Respecto al déficit público, la desaceleración de la economía se traduciría en menos ingresos. Según la Airef, la situación en Cataluña podría elevar entre dos y cinco décimas el déficit previsto para 2018 del 2,3%. Ello significa que, incluso en el peor de los escenarios, cabe esperar que España sitúe su déficit por debajo del 3% que exige el Pacto de Estabilidad de la UE.

Todos estos datos deben tomarse con prudencia en la medida en que la literatura “no proporciona casos realmente comparables y los datos de series históricas no proporcionan información útil para analizar este episodio”.

¿Existe riesgo de recesión? La Airef considera que España parte de un nivel de crecimiento intenso y sano. El ciclo económico es suficientemente solido para no contemplar un escenario de recesión en el conjunto de España. Respecto a Cataluña, la situación genera más dudas porque el impacto puede ser mucho más elevado. Aun así, la Airef no lo ha calculado.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta las enormes conexiones que existen entre las comunidades autónomas. Según la Airef, una caída de un punto en la actividad en Cataluña provocaría un retroceso de dos décimas para el crecimiento del conjunto de España. En el caso del empleo, una caída del 1% supondría una disminución del 0,17% para el resto de España y del 0,21% en el empleo agregado.

Para el ejercicio en curso, la Airef confia en que la economía no se vea afectada de forma signifciativa por el clima de tensión en Cataluña y mantiene que España crecerá a ritmos del 3% este año. El shock económico debería ser extremadamente violento en los meses que quedan de año para que el PIB bajara de ese nivel del 3%.

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Las reservas de turistas a Cataluña caen un 20% | Compañías

El proceso de independencia ya está pasando factura a la economía catalana. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha apuntado esta mañana que la actividad turística en la primera quincena de octubre, desde que se produjo el referéndum de independencia en Cataluña, ha caído un 15%, tal y como han confesado las empresas consultadas por este lobby turístico. Zoreda también ha añadido que en paralelo se ha producido un frenazo de las inversiones previstas para el cierre de este año.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur ha advertido que las consecuencias pueden ser aún más dramáticas para Cataluña, y especialmente para Barcelona como principal destino, “si se llegase a agravar la volatilidad y los altercados fueran manifiestos y constantes”. Esta organización calcula que en el primer escenario, las expectativas que manejan agencias de viaje, empresas de transporte o alojamiento reflejan una caída del 20% de las reservas hasta final de año, lo que equivaldría a un impacto negativo de 1.197 millones de euros en el cuarto trimestre. En el segundo escenario, con mayor incertidumbre, la merma se elevaría al 30%, lo que supondría un coste de 1.796 millones de euros.

Zoreda también ha alertado del impacto que tendría sobre el empleo turístico, “del que dependen 405.00 personas en Cataluña en el cuarto trimestre”, y el efecto arrastre que tendría sobre otros sectores.

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