Más de 2.000 afectados por la resolución de Popular presentarán un recurso ante el TJUE este lunes | Compañías

Más de 2.000 afectados por la resolución de Banco Popular, representados por Rúa Abogados, presentarán un recurso este lunes contra la Junta Unica de Resolución (JUR) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, por la decisión de las autoridades comunitarias de resolver la entidad.

El despacho interpondrá otro recurso contra el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (Frob) ante la Audiencia Nacional el próximo 1 de septiembre por ejecutar la resolución de Popular.

Este viernes, la Plataforma de Afectados por el Banco Popular, que integra a unos 150 accionistas de la entidad, ha informado de que se ha integrado en los recursos que presentará Rúa Abogados. Estos recursos puede interponerlos cualquier afectado, con independencia de que además presenten demandas individuales en vía civil.

Según explican representantes de la plataforma, se les planteó unirse al recurso que está elaborando el despacho gallego con el fin de anular las resoluciones adoptadas por la JUR y el Frob y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados por las mismas.

“Después de contactar con más de diez despachos de abogados y analizar todas sus propuestas creemos que Rúa Abogados es la mejor opción para defender nuestros intereses”, aseguraron.

La decisión de recurrir la resolución de la JUR y el Frob responde a varios motivos, ya que no excluye presentar una demanda civil individual, permite obtener, de una forma más rápida, los datos y documentación para futuros procesos civiles, y porque podría darle a los accionistas la opción de recuperar una parte de su dinero, como indemnización por los daños causados por ambos organismos, según ha explicado el bufete.

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Todas las claves del nuevo recurso de casación, un año después de su entrada en vigor | Legal

Un año después de la entrada en vigor de los nuevos criterios para la admisión de recursos de casación presentados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el balance es de 1.432 recursos analizados y una sentencia dictada. Además, la Sala ha celebrado ya cuatro vistas públicas de recursos que contarán con sentencia de forma inmediata.

En estos doce meses, se ha pasado de la polémica y la incertidumbre a un escenario en el que ya empiezan a vislumbrarse las líneas de actuación del Alto Tribunal.

Normas de estilo para los escritos

La incorporación del concepto de interés casacional objetivo como nuevo criterio para la admisión de recursos ante la Sala Tercera del Alto Tribunal hizo prever la llegada de un aluvión de asuntos. Para limitar estos efectos, la Sala de Gobierno del Supremo decidió aprobar unas normas de estilo que hicieran más sencilla para los magistrados la gestión de los nuevos asuntos. En dichas normas se establecía el formato y la estructura de los escritos, así como la extensión máxima de los mismos, fijándose un tope de 50.000 caracteres con espacios -el equivalente a 25 folios-.?Estas medidas no fueron bien recibidas por los abogados, que rechazaron las limitaciones impuestas por el Alto Tribunal, al entender que restringían el derecho de defensa.

Problemas con el tamaño de la letra

Los efectos de las nuevas normas de estilo ya han tenido consecuencias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó hace unos meses una resolución pionera en la que requería a un abogado del Estado que subsanase los defectos de su escrito de preparación del recurso de casación por no adaptarse a los criterios del Tribunal Supremo. Concretamente, en su escrito, no se había “utilizado para el texto como fuente ‘Times New Roman’ con un tamaño de 12 puntos, sino de 11,5 puntos”.

Primera sentencia

Recientemente, el Tribunal Supremo ha resuelto, en menos de un año, el primer caso tramitado íntegramente de acuerdo con la nueva regulación. Se trata de una sentencia estimatoria del recurso de una empresa en materia de inscripción de instalaciones fotovoltaicas. La resolución ha sido rápida, teniendo en cuenta que en 2016 la duración media de un procedimiento ante la Sala Tercera del Alto Tribunal era de 24 meses y 16 días.

Balance de datos

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el 22 de julio de 2016 –fecha de entrada en vigor- y hasta el 31 de mayo de 2017, se han presentado 2.976 recursos, de los cuales casi la mitad (1.432, el 48%) han obtenido ya una resolución de admisión o inadmisión. Los casos que han prosperado han sido minoría: tan sólo 245 autos de admisión (el 17% de los 1.432 analizados hasta el momento).

Menos casos de los esperados

Aunque todo hacía prever una avalancha de asuntos, lo cierto es que, un año después, algunos datos muestran que, al menos en los meses de 2016, no fue así. Durante ese año disminuyó en un 31,78% el número de asuntos ingresados en la Sala Tercera del Supremo respecto a 2015, según los datos que ofrece Jurimetría, la herramienta de analítica jurisprudencial de Wolters Kluwer.

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