El nuevo canon digital entra hoy en vigor, así lo notarás en el bolsillo | Lifestyle

Hacía semanas que conocíamos que el nuevo canon digital entraba en vigor el 1 de agosto, y que gracias a él veremos cómo centenares de productos tecnológicos aumentarán su precio, aunque todo hay que decirlo, de una forma bastante moderada. Hablamos de un canon que grava a los productos que pueden permitir la copia privada de contenidos multimedia. De esta manera el canon compensa a los autores y propietarios intelectuales de las obras protegidas. Un canon digital que no es nuevo ni mucho menos, y con el que la sociedad lleva lidiando desde hace ya una década, habiéndose convertido en uno de los aspectos que más ha enfrentado a asociaciones de consumidores con los sucesivos gobiernos que lo han aplicado.

Un canon digital más suave que en el resto de Europa

Sin duda es el aspecto más destacable de este nuevo canon, que gravará con mucha menos virulencia a los dispositivos vendidos en España, que por ejemplo a los vendidos en Francia o Alemania. El tipo de dispositivos y productos que se verán afectados en España será de lo más variopinto, incluyendo a móviles, tabletas, discos duros, DVDs, CDs o tarjetas SD, que por otro lado son los productos más propensos a albergar y hacer copias de contenidos protegidos por derechos de autor.

DVD y CD
Los DVD y CD son algunos de los productos gravados con el canon digital

Aunque hay otros dispositivos como las impresoras, que según sus características pueden llegar a tener un sobrecoste de 200 euros sobre su precio habitual, aunque es evidente que hablamos de casos muy puntuales. El listado completo de productos que se verán afectados por el canon digital y su cuantía será el siguiente:

  • Teléfonos móviles y smartphones: 1,10 euros por unidad.
  • Tabletas y ebooks: 3,15 euros por unidad.
  • Memorias USB, tarjetas SD y tarjetas microSD: 0,30 euros por unidad.
  • Discos duros y SSD: 12 euros por unidad.
  • Equipos multifunción de sobremesa que funcionen con inyección de tinta y que tengan un peso inferior a 17 kilos: 7,95 euros por unidad.
  • Equipos multifunción láser de sobremesa que no tengan un peso de más de 17 kilos: 10,00 euros por unidad.
  • Escáner mono función: 9 euros por unidad.
  • Grabadora de CD: 0,60 euros por unidad.
  • Grabadora de DVD: 3,40 euros por unidad.
  • CD no regrabable: 0,17 euros por unidad.
  • CD regrabable: 0,22 por unidad.
  • DVD no regrabable: 0,44 euros por unidad.
  • DVD regrabable: 0,60 euros por unidad.

Como podéis comprobar se trata de un gravamen casi testimonial en algunos casos, porque evidentemente en el precio de un móvil, 1,10 euros es una subida casi imperceptible, de hecho en otros países europeos este aumento en el precio es de más del doble.

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Derecho: Una propiedad intelectual caduca busca modernizarse | Fortuna

Hace casi 30 años, en noviembre de 1987, el Boletín Oficial del Estado (BOE) registraba la última Ley de Propiedad Intelectual en España. La norma daba, por fin, un soplo de aire fresco a todo el sector creativo y divulgativo del país, que hasta entonces seguía rigiéndose por la ley predecesora, con más de un siglo de antigüedad, que databa de 1879. “Llegaba así una normativa de vanguardia, que miraba al futuro, absolutamente participativa, con el consenso de las fuerzas políticas y empresariales, y también moderna, rompiendo unos viejos sistemas de privilegios que se habían dado en España hasta entonces”. Así resumió ayer esta ley el director corporativo de negocios de derechos y de la propiedad intelectual & business affairs del Grupo PRISA, José Manuel Gómez Bravo, además de director del curso de verano La modernización de la propiedad intelectual en España y su evolución, organizado en la Universidad Complutense de Madrid.

La citada ley, que acabó con el anacronismo de su antecesora, que ni siquiera contemplaba aspectos tales como el derecho de creación en la industria de la radio, de la televisión o de un internet que empezaba a vislumbrarse como fuente de cambio, ya ha quedado desfasada. “Entonces no había industria digital, no había piratería, no había leyes comunitarias e internacionales que regularan el sector… Por eso urge adaptar la tesitura a los nuevos tiempos”, prosiguió Gómez Bravo.

Esto no significa que el trabajo realizado por los juristas y funcionarios del momento fuese malo: “La actual regulación recogió muchas reivindicaciones, como los contratos sujetos a la legalidad o la certificación de la tirada de las obras. Simplemente requiere de un cambio, debido a los avances tecnológicos”, continuó Rosalina Díaz Valcárcel, vicepresidenta de la Federación de Gremios de Editores de España. Lo que había, era insostenible. “Estábamos seguros de que íbamos a crear una ley que resolviese los problemas existentes y se anticipase a los retos que venían. Por ejemplo, la obra como creación de una persona física, la relación exacta de las obras protegidas y de las entidades en cuestión, la divulgación del contenido… Planteamos un giro completo de la concepción dominante en España sobre el derecho de autor”, apuntó el presidente de honor de la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores, y el único de los padres de la citada ley que queda con vida, Juan Mollá.

El desahogo que supuso para el sector el mes de noviembre de 1987 lo puso de manifiesto el director general de Industrias Culturales y del Libro, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Óscar Sáenz de Santamaría: “La ley puso orden en un sistema obsoleto”. Se introdujeron cambios para procurar reconocimiento y protección, se comenzó a distinguir entre los derechos propios del autor y los de el resto de personas pertenecientes a la cadena de creación, como los intérpretes o distribuidores; además de crearse nuevas figuras que intervienen en el proceso, relativas a la industria audiovisual.

La ley de 1987 puso orden en un sistema obsoleto y anacrónico

Pero las leyes han de adaptarse al paso del tiempo. “Sufrió muchas modificaciones legislativas, un total de 19, más incontables desarrollos de apartados. Cambios motivados por la aparición de internet, de las plataformas digitales o de los requerimientos normativos de la UE”, explicó Sáenz de Santamaría, enumerando varios de los enésimos detalles que deben actualizarse, como los plazos temporales del derecho de autor, la ordenación de las obras huérfanas, la regulación por compensación de copias privadas, la industria de radio online o los contenidos de lectura para personas ciegas. Casos, todos ellos, que en 1987 eran realmente impensables.

Precisamente por eso, como reconocieron los expertos, es indispensable actualizar la normativa. “También porque debido a todos los cambios y modificaciones que ha vivido, la ley ha pasado a ser incomprensible en muchas cuestiones, que en algunos casos crean barreras con lo que dicta la UE y que pueden llevar a España a perder competitividad dentro del mercado digital comunitario”, recordó la socia del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues, Carolina Pina. ¿Qué ramas de la ley podrían empezar a cambiarse? Sobre esto habló el socio de Uría Menéndez y una de las voces más autorizadas en España sobre propiedad industrial e intelectual, Agustín González García. “Tengo la sensación de que en materia de propiedad intelectual han perdido protagonismo el creador y el ciudadano. No seré yo quien reste importancia a los derechos afines, pero han crecido de una manera desproporcionada en comparación con el derecho de autor”, afirmó.

El derecho de autor se ha mercantilizado, y es un error pensar solo en los euros

No es la única crítica de este experto hacia la deriva de buena parte del sector. Hay que añadir que “el derecho de autor se ha mercantilizado, y no se debe hacer una revisión de la ley pensando solo en los euros, ya que es algo que afecta a la cultura, a la educación y al conjunto de la sociedad. Esa mercantilización, que suele llegar de la UE, es un error”. Otros puntos a reformar, recomendó Agustín González, serían los límites de los derechos de propiedad intelectual, “que se han quedado demasiado pequeños”; el régimen de transmisión de los derechos, “ya que hay algunos contratos muy regulados y otros que carecen de dicha regulación”; y la armonía entre la norma española y las directivas y tratados internacionales.

Con todo esto, como recordó el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, José Miguel Rodríguez, “la ley del 87 fue puntera y alabada en toda Europa”. “Hoy tenemos el reto de hacer una norma que recoja todos los cambios y no quede obsoleta al pronto de dictarse”, señaló Óscar Sáenz de Santamaría.

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El Parlamento convalida el nuevo ‘canon digital’ | Mercados

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado hoy, con el apoyo, entre otros, del PP, PSOE y Ciudadanos, el nuevo decreto ley del “canon digital”, una nueva norma que Podemos, Esquerra y PNV han pedido, sin éxito, que se tramite como proyecto de ley.

Con 270 votos a favor, 60 en contra (incluidos PNV y Podemos) y 18 abstenciones (entre ellos, Izquierda Unida y Esquerra) el gobierno del PP ha visto como ha salido adelante este nuevo “canon digital” que “supera los defectos de los sistemas anteriores”, según ha expresado en su intervención el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo.

El nuevo decreto ley sustituye al aprobado en 2012 y que declaró ilegal el Tribunal Supremo el año pasado y que cargaba en los Presupuestos Generales del Estado la compensación a los autores por las copias de sus obras.

Ahora la compensación a los autores se cargará en los equipos, aparatos y soportes digitales (móviles, CD y memorias). Un nuevo texto que, en palabras del ministro, hace que España se ajuste a derecho comunitario y que convierta a los “creadores y consumidores en los protagonistas”. “Es un sistema estable, sostenible y permanente”, ha puntualizado.

En palabras de Méndez de Vigo, este nuevo decreto ley también va “acompañado” de un “incremento” de la vigilancia a las asociaciones de gestión de derechos de autor con el objetivo de “desterrar prácticas” que las “desprestigian”, ha dicho el ministro, sin dar más detalles.

Tras recordar que el nuevo texto fija una “implantación escalonada” para “facilitar la introducción del nuevo modelo”, el diputado Félix Alvarez de Ciudadanos ha apoyado su apoyo a esta convalidación con refranes como “a buenas horas mangas verdes” para referirse a que se trata de una nueva norma que llega con “urgencia”.

“Lo apoyamos porque la compensación por fin se ajusta a la directiva europea, y nosotros somos partidarios de cumplir con la legislación europea. Y también -ha añadido- porque este sistema de compensación ahora sí, antes no, nos equiparará al resto de los países de la Unión Europea. Ojalá esta sea la primera medida de muchas en materia de lucha por la propiedad intelectual”.

Por su parte, el diputado socialista José Andrés Torres Mora ha afirmado que este decreto ley “no arregla el futuro, pero arregla el presente, y más vale pájaro en mano porque aprobar este decreto ley facilita que con este escalón subamos el resto de escalones”. Eduardo Maura, de la confederación parlamentaria Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha rechazado la norma y ha criticado que no haya habido un “debate de fondo” para la elaboración del texto, que ha calificado de “decreto vintage”.

La diputada popular María José García Pelayo, al igual que el ministro, ha agradecido al sector haber “hecho posible” este nuevo decreto ley, en particular al director de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), Antonio Fernández, (presente en el hemiciclo) por ser el “puente de enlace” entre todas las entidades. Tras ser convalidado por el Congreso, este decreto ley se elevará al Senado.

El primer año se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la disposición transitoria segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.

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China, pequeños pasos hacia el respeto a la marca | Compañías

La venta de falsificaciones se ha instalado en nuestras calles más comerciales como un elemento más del paisaje. ¿Sabemos el volumen comercial que significa el tráfico de mercancías falsas en nuestro entorno? A nivel de la Unión Europea, los productos falsificados y pirateados representan el 5% de sus importaciones totales, lo que equivale a 85 millones de euros. A nivel mundial, estos productos ya constituyen el 2,5% del comercio internacional: nada menos que 338.000 millones de euros. Son datos del informe Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, publicado en abril por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En cuanto al origen de dichas mercancías, a pesar de que los productos falsificados empiezan a producirse en varias partes del mundo, el principal productor de falsificaciones sigue siendo Asia y, dentro de ella, China, que supone en torno al 60% del origen de las falsificaciones mundiales, por un valor estimado de 396.000 millones de dólares al año.

No obstante, algo parece estar moviéndose muy tímidamente en los últimos años en China. Cabe destacar que, a principios de este año, el Consejo de Estado chino lanzó un plan estratégico para los próximos cinco años que persigue atajar las infracciones de propiedad industrial incrementando la lucha contra la producción, distribución y la venta de falsificaciones. En ese sentido, las aduanas chinas intervinieron en 2016 alrededor de 42 millones de productos falsificados que estaban listos para ser exportados a terceros países. Todo ello a pesar de que el modo en el que están llegando las falsificaciones chinas a Occidente está evolucionando hacia la pequeña paquetería y envíos postales.

Como consecuencia, en parte, de la presión que está ejerciendo el Gobierno chino a través de su proyecto Bridgehead, algunas plataformas de comercio online chinas están mejorando los procedimientos de detención de producto falso en sus páginas a través del uso del big data. Mediante el uso de dicha tecnología, Alibaba ha llevado a cabo con el Ministerio de Seguridad Pública chino la operación Cloud Sword, que ha derivado en el arresto de 322 individuos y la intervención de productos falsos por valor de 2.100 millones de dólares.

Además, el Global Anticounterfeiting Network Group ha otorgado recientemente su premio en la categoría de Institución Nacional a la Shanghai People’s Procuratorate, por haber incrementado la eficacia en la labor de los fiscales chinos contra la criminalidad relativa a la venta de falsificaciones.

Por tanto, y a pesar de ciertos pasos hacia atrás, como la regulación del procedimiento de notificación y retirada de productos falsos por parte de plataformas en el borrador de Ley de Comercio Electrónico china, parece que el Gobierno chino da pasos adelante. Y lo hace convencido de la necesidad de perseguir a las mafias que se encuentran detrás del negocio de las falsificaciones, tal y como reconoció recientemente el viceministro Liu Junchen, de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio (SAIC). Y de esa nueva y tímida política, motivada por la defensa de sus propias marcas que ya empiezan a sufrir los embates de las falsificaciones, nos beneficiamos también las marcas occidentales que llevamos años sufriendo la competencia desleal del producto falsificado con origen en China.

De todas formas, debemos resaltar que China debe hacer más para impedir las exportaciones de productos falsos a Europa, más para perseguir a los grandes centros de producción de falsificaciones situados a lo largo de su territorio. De lo contrario, el impacto que percibimos en nuestros países hace que dicho esfuerzo de la Administración china sea bastante imperceptible.

Sin embargo, no todas las infracciones que se producen de marcas occidentales en China son responsabilidad exclusiva del infractor. En el mundo de la propiedad industrial, basado en el principio de territorialidad, si no tienes una marca registrada en un territorio difícilmente vas a poder defenderte del uso de tu marca en ese país, al no haberse instado su registro. Por ello, es fundamental que la empresa española que quiera abordar su conquista del mercado chino esté concienciada de la necesidad ineludible de registrar sus marcas y otros derechos de propiedad intelectual en China, incluso antes de iniciar la actividad comercial en el país. Sin la protección adecuada para las marcas y signos distintivos de las empresas, estas se encuentran totalmente expuestas a sufrir infracciones contra las que será realmente complicado actuar si no se ha obtenido el registro de la marca correspondiente en el país.

Es más, los expertos recomiendan el registro de las marcas ante las autoridades competentes de aduanas del país. De esta forma, se puede combatir más eficazmente la actuación contra la exportación de falsificaciones a otros mercados en el caso de bienes que han sido fabricados en China y quieren ser exportados al exterior.

China empieza a despertar en la necesaria protección de sus marcas y de las marcas de terceros países presentes en su mercado. La competencia leal y el respeto a la propiedad industrial y la creatividad harán de China un socio de mayor confianza. Pero, valorando y reconociendo el esfuerzo que se está haciendo, hay que pedirle a las autoridades chinas una respuesta mayor y más firme tanto frente a la producción como a la exportación desde sus fronteras. Que los pasitos tímidos se conviertan en pasos de gigante, como corresponde a su escala de potencia mundial.

José Antonio Moreno es director general de Andema.

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El Gobierno aprueba la vuelta al ‘canon digital’ | Compañías

El Gobierno recupera el canon digital. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-Ley por el que se reforma el sistema de compensación equitativa por copia privada para adaptarlo a la jurisprudencia europea, después de que el pasado noviembre el Tribunal Supremo declarara “nulo” e “inaplicable” el Real Decreto que regulaba el procedimiento de pago de dicha compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El Ejecutivo ha decidido apostar por el modelo que carga la compensación equitativa a los fabricantes e importadores de equipos, aparatos y soportes de reproducción. Es decir, a los fabricantes de móviles, tabletas, ordenadores, discos duros y otros soportes para el almacenamiento de datos digitales. El nuevo sistema aprobado hoy también exceptúa del pago a las personas físicas y jurídicas que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes adquiridos, y a las entidades integrantes del sector público.

Las tarifas que se han establecido fijan un gravamen de unos 20 céntimos de euro para los DVD vírgenes, 1,10 euros para cada smartphone y 3,15 euros por cada tableta. Según una nota remitida por la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual (Adepi), “los importes provisionalmente asignados para reparar el daño causado” y hacer efectiva la compensación son “objetivamente más bajos” que los que se aplican en otros países del entorno europeo. Por ejemplo, en Francia los teléfonos inteligentes llevan un recargo de 8 euros, de 6,25 euros en el caso de Alemania y de 4 euros en Italia.

Desde esa organización se insiste en que los importes en España se quedan por debajo de la media de la Unión Europea, por lo que esperan que los mismos “sean ajustados con criterios objetivos” durante el desarrollo reglamentario del nuevo sistema. Adepi destaca que el nuevo Real Decreto-ley cumple con la Directiva europea y la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, y soluciona “la situación de ilegalidad en la que se encuentra España, donde a pesar de las citadas sentencias, la excepción de copia privada ha seguido vigente sin que exista un sistema de compensación equitativa, lo que ha causado un grave perjuicio a los titulares de derechos”.

Para gestionar la facturación de la compensación equitativa por copia privada a los fabricantes y distribuidores, las entidades de gestión deberán constituir una persona jurídica que, además, será la responsable de gestionar las excepciones del pago y los reembolsos.

El Real Decreto-Ley fija una implantación escalonada para facilitar la introducción del nuevo modelo. El primer año tras la entrada en vigor de esta norma se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la Disposición Transitoria Segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores. Transcurrido un año se regulará mediante Real Decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado. Las sucesivas modificaciones se harán mediante Orden Ministerial.

“Agradecemos el compromiso para resolver el problema adquirido por el ministro Íñigo Méndez de Vigo y el nuevo equipo de la Secretaría de Estado de Cultura, encabezado por Fernando Benzo, así como el trabajo que están desarrollando todos los grupos políticos para que España deje de ser una excepción en Europa respecto a esta materia”, ha señalado Antonio Fernández, director general de Adepi.

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