Cláusulas suelo: El “negocio” de las demandas masivas: ¿son válidos los contratos entre abogado y consumidor? | Legal

La economía moderna y la globalización nos trae una nueva problemática derivada de que, en la contratación con consumidores, las empresas intentan racionalizar y estandarizar las operaciones, normalizándolas; lo que permite una contratación generalizada, con la consiguiente reducción de costos y la facilitación de las transacciones. En este entorno, la práctica ilegal o irregular de una empresa, afectará a múltiples personas, generando daños masivos. Los ejemplos son numerosos, como por ejemplo en el ámbito de las instituciones financieras con las “cláusulas suelo” o las preferentes. Por eso, en los últimos años, numerosos despachos de abogados han decidido captar a los consumidores perjudicados; muchos de ellos casi desconocidos, pero que no quieren abstenerse de participar en el “negocio” que supone la presentación de demandas de forma masiva.

La publicidad contenida en las páginas web de los despachos de abogados sorprende por su agresividad: “Más de 28.809 sentencias favorables ganadas con un 99 % de casos de éxito”; “miles de clientes han recuperado la totalidad de la inversión, sin ningún coste para ellos” (…). Es obvio que el particular afectado se siente atraído por el imbatible binomio de “total eficacia sin coste” decidiendo contratar los servicios de un abogado.

Esta nueva práctica de la abogacía que quiere acceder a un negocio millonario, nos debe hacer reflexionar sobre la bondad del contrato que vincula al consumidor perjudicado que acude a un despacho de abogados para solicitar sus servicios. Como veremos, este contrato arroja o genera muchas dudas o sombras.

Como punto de partida debemos tener en cuenta que el máximo intérprete de la legislación europea en materia de consumo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante una reciente sentencia de 15 enero 2015, precisó que los contratos de servicios jurídicos que no se negocian de forma individual, tal y como ocurre en la mayoría de los conflictos que determinan la presentación de demandas de forma masiva, son contratos entre un profesional (abogado) y un consumidor (cliente); contratos de consumo. Por ello, como el cliente se encuentra en una situación de inferioridad respecto del abogado, se le deberá otorgar la máxima protección, procurando que los contratos estén redactados de forma clara y comprensible para el consumidor, respetando la normativa especial en esta materia. Si no se hiciera de esta forma, el contrato podría contener cláusulas abusivas que serían nulas.

Condiciones de los contratos

La normativa especial es muy precisa cuando regula las condiciones que deben reunir los contratos de servicios con consumidores (información previa al contrato, contenido del mismo, derecho de desistimiento, etcétera); no obstante, nos vuelve a llamar la atención, comprobar que las páginas web que ofertan los servicios jurídicos para reclamaciones masivas suelen coincidir en las virtudes y eficacia de los servicios que se prestan, así como en el hecho de que no tienen coste para el cliente, o que sólo pagará si se gana el pleito. Realmente cuesta encontrar las condiciones concretas de la prestación de los servicios jurídicos atendiendo a las diferentes situaciones que se pueden generar con ocasión de un proceso jurisdiccional (la suspensión del mismo, su terminación mediante una negociación, entre otras).

Todo ello se deja en manos, en la mayoría de ocasiones, de un servicio de atención telefónica que se activa cuando facilitas los datos personales; sin saber con quién estás hablando ni la cualificación profesional que tiene tu interlocutor. Es obvio que esta forma de contratar despierta muchas dudas respecto de la claridad y comprensión de las condiciones de prestación del servicio tal y como exige la regulación especial sobre la materia; aprovechándose del hecho de que, al consumidor se le ofrece el resultado que busca de una manera sencilla; pero, sin que sepa si es la más adecuada.

Continuando en la línea de conocer cómo prestan los servicios los despachos de abogados especializados en demandas masivas, comprobamos que la mayoría hacen su “negocio” al establecer como condición a sus clientes, que cobrarán un porcentaje del dinero que pague la empresa a la que se le formula la reclamación; el famoso pacto de “quota litis”. Este hecho también choca frontalmente con las Recomendaciones que da la Unión Europea a los Estados miembros para unificar la regulación de las acciones colectivas derivadas de los daños masivos causados por las empresas, al infringir la normativa comunitaria en materia de consumo (Recomendación de la Comisión de 11 de junio de 2013).

En realidad, la Unión Europea pretende que se utilicen las acciones colectivas, por ser las más adecuadas frente a las infracciones que generan daños masivos (una demanda que engloba a numerosos consumidores). Por el contrario, los despachos de abogados a los que venimos refiriéndonos, plantean, de forma simultánea, múltiples demandas individuales, todas ellas similares, haciendo que nuestra organización jurisdiccional colapse. En este entorno de las reclamaciones colectivas o demandas masivas, la Unión Europea advierte a los Estados miembros, que deberían garantizar que los honorarios de los abogados y su método de cálculo no creen ningún incentivo para emprender acciones judiciales innecesarias o litigios abusivos; subrayando como medida concreta impedir como norma general, los “honorarios condicionales”, o lo que hemos llamado el pacto de “quota litis” (cobrar un porcentaje en función del resultado). De esta forma, comprobamos la existencia de otro aspecto cuestionable en la contratación de los servicios jurídicos, derivado de la fijación de los honorarios.

Debemos concluir volviendo al inicio del artículo o reflexión: la economía moderna, la globalización nos trae una nueva problemática que se verá acentuada con las transacciones realizadas en un entorno digital. En este nuevo ámbito, se está creando una práctica procesal nueva en la que destaca la protección que se le debe otorgar a la figura del consumidor. Todo ello, nos obliga a adaptar nuestros contratos de prestación de servicios, para que podamos seguir cumpliendo con el deber fundamental del abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que nos sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede servir como excusa para realizar “negocios” que nos desvíen del fin supremo de Justicia a que la abogacía se halla vinculada.

 

Francisco José Peláez Sanz es abogado y director del Área de Derecho Procesal de Esade Law School. Universidad Ramón Llull.

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El TJUE libra a Intel de una multa histórica (de momento) | Legal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia muy esperada. Se trata del caso Intel, que podría haber dado lugar a una de las mayores multas por infracción de derecho de la competencia a nivel comunitario, sólo superada por la impuesta al gigante tecnológico Google hace unos meses. De momento, la empresa americana de microprocesadores se libra de la sanción, que ascendía a 1.060 millones de euros, ya que ha sido anulada la sentencia previa que confirmaba y se devuelve ahora el caso al Tribunal General para que lo estudie de nuevo. 

La cuestión en liza tiene que ver con la posibilidad de que una empresa pueda aplicar un determinado tipo de descuentos para lograr imponerse en el mercado. En el año 2009, la Comisión Europea impuso la sanción en cuestión al fabricante tecnológico por abuso de posición dominante en el mercado de los microprocesadores, concretamente en el mercado mundial de las CPUs x86, entre octubre de 2002 y diciembre de 2007, al aplicar una estrategia destinada a expulsar del mercado a su único competidor importante, la empresa Advanced Micro Devices (AMD).

Según apunta el tribunal, la Comisión consideró que Intel ocupaba una posición dominante porque poseía una cuota de mercado de alrededor del 70% o más y porque para los competidores resultaba extremadamente difícil entrar en el mercado y expandirse, debido a que las inversiones en investigación y desarrollo, propiedad intelectual e instalaciones productivas no son recuperables. Para la Comisión, el abuso consistió en diversas medidas adoptadas por Intel respecto a sus propios clientes (fabricantes de ordenadores) y al distribuidor europeo de dispositivos microelectrónicos Media-Saturn-Holding.

Aplicación de descuentos

Al parecer, Intel concedió descuentos a cuatro destacados fabricantes de ordenadores (Dell, Lenovo, HP y NEC) con la condición de que éstos le compraran la totalidad o la casi totalidad de sus CPUs x86. Además, la compañía americana efectuó varios pagos a Media-Saturn para que ésta vendiera exclusivamente ordenadores equipados con las CPUs x86 de Intel. Según la Comisión, esos descuentos y pagos garantizaron la fidelidad de los cuatro fabricantes citados y de Media-Saturn y redujeron notablemente la capacidad de los competidores de Intel para competir basándose en las virtudes de sus CPU x86. Por lo tanto, la conducta contraria a la competencia de Intel contribuyó de ese modo a reducir las opciones ofrecidas a los consumidores y los incentivos a la innovación.

Ante tales hechos, la Comisión decidió imponer a Intel la multa de 1.060 millones de euros, sanción que fue recurrida por la compañía ante el Tribunal General, solicitando la anulación de la misma o, al menos, una reducción sustancial de la cuantía. Sin embargo, el Tribunal General desestimó el recurso de Intel en su totalidad, en una sentencia de 12 de junio de 2014.

El Tribunal General validó la argumentación de la Comisión según la cual los descuentos de fidelidad concedidos por una empresa en posición dominante tienen, por su propia naturaleza, la capacidad de restringir la competencia, de modo que no era necesario analizar la totalidad de las circunstancias del asunto ni, en particular, aplicar un test AEC (así denominado por la expresión inglesa «as efficient competitor test», o test del competidor igualmente eficiente).

Recurso de casación

Intel decidió actuar ante este pronunciamiento e interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia del Tribunal General sosteniendo, entre otras alegaciones, que este último incurrió en un error de derecho al no examinar los descuentos controvertidos tomando en consideración la totalidad de las circunstancias del asunto. Y es aquí donde la justicia europea inclina finalmente la balanza en favor del fabricante americano.

El Tribunal de Justicia señala que, pese a haber afirmado que los descuentos de que se trata tenían la capacidad de restringir la competencia, la Comisión realizó sin embargo un examen en profundidad de las circunstancias del asunto, lo que la llevó a concluir que un competidor igualmente eficiente se habría visto obligado a cobrar precios que no habrían sido viables y que, por lo tanto, la práctica de descuentos de que se trata podía expulsar del mercado a ese competidor. El test AEC tuvo, pues, verdadera importancia en la apreciación de la Comisión sobre la capacidad de la práctica de descuentos de que se trata para producir un efecto de expulsión del mercado de los competidores.

Examinar todas las alegaciones

Llega así a la conclusión de que el Tribunal General estaba obligado a examinar todos las alegaciones de Intel sobre dicho test (por ejemplo, los errores en la realización del test que Intel reprochaba a la Comisión), cosa que no hizo. Por ello, anula la sentencia del Tribunal General al haberse abstenido éste de examinar esas alegaciones al analizar la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

El Tribunal de Justicia decide devolver el asunto al Tribunal General para que examine, a la luz de las alegaciones formuladas por Intel, la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

Pero no en todo ha salido victorioso el fabricante de microprocesadores. El Tribunal de Justicia ha desestimado las alegaciones de Intel sobre la falta de competencia territorial de la Comisión para sancionar el abuso y sobre la existencia de vicios de procedimiento que, en su opinión, habían afectado a su derecho de defensa.

 

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Los consumidores europeos centran sus reclamaciones en las firmas textiles y las aerolíneas | Mi dinero

El Senado tiene previsto tramitar en las próximas semanas el Proyecto de Ley de Resolución Alternativa de Litigios en materia de Consumo, regulación que busca implantar en España un sistema de reclamaciones extrajudiciales similar al que ya existe prácticamente en toda la Unión Europea y a la que el Congreso de los Diputados ya dio su visto bueno en julio.

La medida persigue mejorar la protección de los consumidores, agilizar sus canales de denuncia ante las deficiencias de bienes o servicios facilitados por compañías europeas y evitar que estos asuntos colapsen los juzgados, como viene ocurriendo en los últimos meses en España con los litigios sobre materia hipotecaria, por ejemplo.

Mientras tanto, en el resto de Europa miles de reclamaciones, principalmente dirigidas contra firmas de ropa o calzado y aerolíneas, se han reconducido por la vía extrajudicial.

De hecho, la Comisión Europea ofrece una página web desde la que los consumidores que experimenten algún problema con una compra online pueden presentar una reclamación contra la compañía rellenando un sencillo formulario que derivará al particular y a la empresa a un organismo de resolución de conflictos que suele dictar una resolución en unos 90 días, ahorrando a ambas partes ir a juicio.

Cualquier residente en la Unión Europea, Noruega, Islandia o Liechtenstein, tiene derecho a acudir a esta vía para denunciar a empresas de cualquiera de los citados territorios. Cualquiera, excepto en el caso de las reclamaciones dirigidas contra empresas de España y Rumanía, países que al no haber adoptado aún la directiva comunitaria 2013/11/UE, no han regulado debidamente los organismos de mediación que exige esta web. Esa situación debería cambiar en otoño, cuando el citado proyecto de ley quede aprobado definitivamente.

Con todo, pese al escaso desarrollo que ha tenido hasta la fecha la vía extrajudicial en España, y la falta de opciones como la citada web comunitaria, los consumidores españoles se han mostrado activos en este campo y han presentado ya más de 4.000 reclamaciones contra empresas europeas (más de la mitad de ellas españolas y el resto de otras regiones, especialmente británicas y germanas, con medio millar en cada caso). La cifra sitúa a los españoles como los terceros más activos de la UE, solo por detrás de Alemania (10.390) y Reino Unido (9.069).

En paralelo, las empresas españolas han recibido más de 3.300 denuncias de consumidores europeos, un millar de ellas de ciudadanos extranjeros, especialmente portugueses (256), británicos (168) y franceses (166).

A falta de ver qué sectores españoles son los que más reclamaciones generan una vez que la vía extrajudicial esté plenamente implantada, en el conjunto de la UE son los artículos de vestir (incluyendo las prendas hechas a medida) y el calzado los que generan un mayor volumen de litigios extrajudiciales, en concreto, un 10,97% del total.

La cifra supera la de las denuncias recibidas por las compañías de transporte aéreo, que suponen un 10,21% del total de reclamaciones extrajudiciales tramitadas, según datos de la Comisión Europea.

A partir de ahí, las reclamaciones de los consumidores europeos se dirigen contra artículos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (7,65%); aparatos electrónicos (5,26%); servicios de telefonía móvil (4,35%); muebles y accesorios (3,75%); artículos de ocio, como material deportivo o instrumentos musicales (3,66%); piezas de repuesto y accesorios para vehículos (2,78%); servicios de internet (2,3%) y electrodomésticos (2,24%).

Cómo será el modelo español?

  • Objetivo: El Proyecto de Ley de Resolución Alternativa de Litigios, promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, busca garantizar que cualquier particular “pueda acceder a mecanismos extrajudiciales de litigios en materia de consumo, independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos”.
  • Origen: La medida proviene de la directiva europea 2013/11/UE, que España tiene pendiente transponer. De hecho, el Congreso aceptó tramitarla en primavera por el procedimiento de urgencia, a fin de equiparar lo antes posible la protección del consumidor español a la del resto de europeos. La Cámara Baja dio su visto bueno en julio y la norma pasará ahora al Senado.
  • Definición: la resolución alternativa de litigios engloba “todos los procedimientos que permiten tratar una reclamación sin tener que ir a juicio”, explica la Comisión Europea, detallando que normalmente implica la intervención de un intermediario entre el consumidor y la empresa, que podrá proponer o imponer una solución, o fomentar una negociación entre las partes. “La resolución alternativa de litigios (también llamada mediación, conciliación, arbitraje, etc.) suele ser más barata, sencilla y rápida que acudir a los tribunales”, dice la CE.
  • Características: En España, se ofrecerá una solución al consumidor en un plazo máximo de 90 días desde la fecha de su reclamación. El proceso no podrá tener un coste superior a 30 euros para el particular.

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Rajoy reta a la oposición a presentar otra moción de censura | España

Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.

Mariano Rajoy se ha escudado en los retos urgentes que a su juicio afronta España para no dar detalles ni explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PP en el pleno extraordinario del Congreso sobre el caso Gürtel. Convocado por la oposición para dar cuenta de sus responsabilidades políticas en esa trama, el presidente ha pedido unidad política para combatir el terrorismo yihadista, superar el reto de los independentistas catalanes y consolidar la recuperación económica. “Contra la corrupción son más efectivas las reformas que los reproches”, ha dicho Rajoy, que hace un mes declaró en la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel y que este lunes se ha dicho sometido a “un juicio político” por el “celo inquisitorial” de la oposición, a la que ha retado a presentar otra moción de censura (ya superó la planteada por Unidos Podemos en junio).

“Los sistemas constitucionales modernos han establecido un instrumento para exigir la responsabilidad política del Gobierno: la moción de censura”, ha argumentado Rajoy, que también ha repasado las medidas de lucha contra la corrupción que ha aprobado su Ejecutivo. “Así se exige hoy en España la responsabilidad política”, ha retado a la oposición el presidente, que ya comprobó en junio que los partidos de izquierda no suman los apoyos suficientes como para desbancarle del poder. “Dicho de otra forma, la crítica al Gobierno por un hecho o una política concreta no determina la exigencia de una responsabilidad política. Para ello es preciso que la Cámara, por mayoría, retire la confianza al Gobierno y nombre a otro presidente. Es decir, que apruebe una moción de censura, tal y como exige nuestra Constitución”, ha rematado ante un silencioso Hemiciclo, en el que no ha estado presente Pedro Sánchez, líder del PSOE, impulsor de la comparecencia de este lunes y sin acta de diputado.

Los socialistas han centrado la atención del presidente del PP en sus dos intervenciones. De hecho, Rajoy ha protagonizado una dura réplica a Margarita Robles, la portavoz del PSOE, que se había descrito “sonrojada” por las explicaciones del líder del PP en el discurso con el que ha comenzado la sesión.

“¿Un dirigente político puede acudir a los tribunales cuando se le cita como testigo o debe dimitir?”, se ha preguntado Rajoy tras recordar que Robles también declaró como testigo en el caso Lasa y Zabala. “¿Cuando liquidamos la presunción de inocencia?”, ha continuado. “Me parece muy poco serio. Le pido un poco de pudor, porque si no será muy difícil que me la pueda tomar en serio”, le ha dicho a Robles. “Ser testigo en un procedimiento judicial no es un deshonor para nadie”, ha añadido sobre su paso por la Audiencia Nacional.

Rajoy también ha deslizado una referencia a sus dudas sobre la financiación de Podemos (“si hay algún partido político que se ha financiado con el dinero de Venezuela e Irán, a mi me importa”); ha recordado que ha dado explicaciones en el Congreso sobre los casos de corrupción de su partido en 52 ocasiones; ha subrayado que ya existen dos comisiones que se ocupan de este asunto; y ha atribuido la convocatoria de este miércoles al “celo inquisitorial” de la oposición. Una referencia a las grietas que ha abierto el pleno extraordinario en la confianza que tenía el Ejecutivo en sus socios.

Así, la comparecencia del líder del PP ha roto la alianza tácita que había tejido el Gobierno con Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias para aprobar los Presupuestos. Ninguno de estos partidos se opuso a que el presidente diera explicaciones sobre su responsabilidad política en el caso Gürtel. Solo Ciudadanos discutió el formato (prefería que la comparecencia hubiera sido en una comisión de investigación). Y todos se unieron en la misma estrategia: desgastar a Rajoy asediándole con los casos de corrupción que afectan a su partido. En consecuencia, este lunes la mayoría de partidos han pedido su dimisión.

Críticas de la oposición y Ley de limitación de mandatos

“Es usted un presidente bajo sospecha. Hoy tampoco nos ha aclarado usted nada. Mi grupo quiere conocer la verdad”, le ha espetado al líder del PP Margarita Robles, la portavoz del PSOE. “Su declaración en la Audiencia Nacional me produjo sonrojo por sus evasivas. No trató de aclarar los hechos objeto de enjuiciamiento”, ha continuado. “No haga como otros presidentes que en los tiempos de Banca Catalana se envolvieron en las banderas para tapar la corrupción”, ha seguido. “Está atrincherado en La Moncloa”.

“A usted de la corrupción no le gusta hablar, pero la corrupción no se puede esconder”, ha dicho Pablo Iglesias, el líder de Unidos Podemos, que le ha planteado seis preguntas sobre la corrupción a Rajoy. “Solo un incompetente podía no saber lo que pasaba en su partido”, ha añadido.

“La corrupción le ha afectado al PP, a CDC, al PSOE, 30 años de bipartidismo han dado para mucha corrupción y hay que investigarla”, ha opinado Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que el lunes presentará la Ley de limitación de mandatos presidenciales, incluida en su acuerdo de investidura del PP, que no la ha impulsado. “Hoy hemos tenido un mitin. El señor Rajoy no ha pronunciado la palabra Gürtel. En este formato no tiene la obligación de decir la verdad. Si a lo mejor no ha dicho la verdad en los tribunales, ¿la va a decir aquí?”, se ha preguntado. “El formato es la comisión de investigación que ustedes intentaron impedir. No lo lograron porque aunque no tiene palabra [la comisión está incluida en el pacto de PP y Ciudadanos] no tiene tampoco escaños para impedirlo”. Y ha añadido: “Usted ha dicho que contra la corrupción son más efectivas las reformas que los reproches, pero para hacer reformas hacen falta legitimidad y ganas. Usted no tiene”.

Por su parte, Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha afirmado que “más que para poner a prueba al Gobierno lo que se quería poner a prueba” con esta solicitud de comparecencia es “al Partido Socialista y a su recién elegido Secretario General por parte de Podemos”.

“Dimitir es una responsabilidad moral”, le ha continuado Joan Tardá, portavoz de ERC, que también se ha referido a la hoja de ruta independentista. “Nosotros optamos por la valentía de votar el 1 de octubre. Usted, por la fuerza, bruta y corrupta”.

“El objetivo es echar al PP de las instituciones, lo dijo el señor Iglesias”, ha acusado Rafael Hernando, el portavoz del partido que sostiene al Gobierno, que también ha hecho referencia al reto independentista y la amenaza terrorista para argumentar que un pleno sobre el caso Gürtel era inoportuno. “Eso no va a pasar”, ha seguido. “Señor Iglesias, usted no es libre, sobre usted manda quien le paga”, ha espetado. “Y señores del PSOE, ustedes ocupan el número uno del ránking en corrupción. Tienen un problema: su táctica para intentar ganar en los tribunales lo que no consiguen en las urnas no les está dando resultado”.

Gürtel. Púnica. Bárcenas. Taula. Brugal. Auditorio. Palma Arena. El nombre de las numerosas operaciones policiales en los que han estado implicados representantes del PP ha vuelto a resonar en el Congreso. En los días previos a la comparecencia del presidente, los portavoces de la oposición recordaron los casos de corrupción que afectan al partido que sostiene al Gobierno. Los homólogos del PP respondieron enunciando los que a su vez afectaron en su día al PSOE. Un fiel reflejo de la situación que viven hoy las Cortes españolas: mientras el Congreso investiga la presunta financiación ilegal de la formación de Rajoy en una comisión, el Senado hace lo mismo con las cuentas del resto de partidos a iniciativa del PP.

En ese contexto, la comparecencia del presidente en el Congreso ha aportado un factor distintivo. El pleno extraordinario por el caso Gürtel es el primer fruto de la colaboración parlamentaria que han iniciado el PSOE y Unidos Podemos tras la reelección de Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas, en mayo. Aunque los dos partidos de izquierdas seguirán necesitando el apoyo de otras fuerzas para sacar adelante sus iniciativas en contra del Gobierno, la comparecencia de Rajoy demuestra que pueden conseguirlo. Como dijo Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, en conversación con EL PAÍS: “Haber sacado adelante una iniciativa trascendente es una buena noticia, pero no es suficiente, porque para regenerar este país Mariano Rajoy debe abandonar La Moncloa. Eso se puede ir construyendo. Para avanzar en ese camino, este primer paso es positivo”.

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Empleo prohíbe a Factoo que siga facturando en nombre de los ‘freelance’ | Mi dinero

El Ministerio de Empleo ha decidido “descalificar” a la cooperativa Fidelis Factu, S. Coop. –conocida comercialmente como Factoo.es– al considerar probadas “numerosas conductas infractoras” en su actividad. Esta cooperativa se dedica a actuar como intermediaria entre profesionales y la Seguridad Social y Hacienda para facturar sus trabajos, sin que el profesional tenga que darse de alta como trabajador autónomo.

Empleo ha tomado esta decisión a la vista del informe emitido por la Unidad Especializada en el Área de Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia –donde tiene la sede esta cooperativa– que ya desde febrero pasado inició la investigación para descalificar a esta compañía.

Fuentes administrativas explican que la “descalificación” implica, según el artículo 116 de la Ley de Cooperativas, la disolución de la cooperativa. Los responsables del Ministerio de Empleo notificaron ayer a Fidelis Factu esta decisión. Sin embargo, la cooperativa seguía hoy operando con normalidad, según ha podido comprobar este diario.

Entre las infracciones laborales graves detectadas por la Inspección de Trabajo está que los socios trabajadores que tiene toda cooperativa, en este caso son “simulados” ya que, en general, son profesionales trabajadores por cuenta propia dedicados a cualquier actividad, que actúan en el tráfico mercantil, por lo que se ven en la necesidad de emitir factura a sus clientes, y también, deben cumplir con las obligaciones fiscales y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, explican desde el Ministerio de Empleo.

Otra de las conductas infractoras consiste en que durante los dos años que lleva activa, la cooperativa ha tenido en alta a más de 5.000 afiliados distintos a la Seguridad Social. Cada uno de los socios trabajadores se mantiene en alta durante escasos días, lo que supone una “vinculación anómala” con el sistema. Mientras que, según Empleo, lo correcto sería que los socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado se incorporen en la prestación del trabajo con una relación laboral, en principio, indefinida.

Por su parte, la dirección general de Cooperativas considera que Factoo y otras entidades de este tipo no responden a los objetivos de una cooperativa “porque no proporciona ningún empleo y sus socios no organizan en común la producción de bienes y servicios para terceros”.

Además, la decisión del Ministerio de Empleo está respaldada por un informe de la Abogacía del Estado emitido el pasado día 16 de agosto, en el que indica que “resultan acreditados los hechos objeto de imputación, haberse respetado las garantías del procedimiento sancionador y concurrir los requisitos para la descalificación de la cooperativa”.

Cómo opera Factoo

Fidelis Factu Sociedad Cooperativa opera comercialmente como Factoo.es que se ofrece a los profesionales independientes o freelance como plataforma para facturar los trabajos que desempeñen para sus clientes sin necesidad de darse de alta de autónomos.

Mediante una inscripción en su página web y abonando una cuota única de 30 euros, Factoo da de alta a sus asociados en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que les proporciona una situación similar a la de un trabajador por cuenta ajena, con cotización para la jubilación o la prestación por desempleo.

Las personas adscritas a Factoo pueden emitir así facturas a los clientes que lo reclamen sin necesidad de darse de alta como autónomos o constituir una empresa propia. Las facturas se emiten a nombre de la sociedad cooperativa, que es quien cobra por los servicios prestados y abona luego a sus asociados el saldo que resulte de restar el porcentaje que cobra la compañía y las cotizaciones sociales. Su compromiso es liquidar los pagos en un plazo máximo de tres días desde su cobro.

Mientras no facturen, los asociados no tienen ningún coste adicional a la cuota inicial de 30 euros. Una cantidad que podrán recuperar si deciden darse de baja después de haber realizado 10 facturas o más con Factoo o haber ingresado más de 1.500 euros. Si no se alcanza este nivel, la cooperativa solo les devuelve 10 euros.

Factoo adelanta el coste de las cotizaciones de sus “empleados” y luego se las descuenta de las posteriores facturas que les liquide. Quienes utilizan sus servicios no tienen que realizar declaraciones trimestrales de IVA o IRPF. La plataforma ofrece además la posibilidad de inscribirles en la Seguridad Social de forma acelerada en un plazo de 24 horas para ajustar los periodos de cotización al tiempo trabajado para cada cliente. La firma promete también a sus cooperativistas asesoramiento laboral o jurídico en caso, por ejemplo, de que tengan dificultades para cobrar un servicio a un cliente.

Factoo ofrece también otros servicios, como Tecnicoo.es, una cooperativa generalista de trabajo asociado especializada para técnicos, o Autonomoo.es, una gestoría online de bajo coste para quienes decidan darse de alta como trabajadores por cuenta propia.

Sus tarifas

Por sus servicios, Factoo ofrece dos tipos de planes de pago. El llamado “Plan Especial”, por el que cobra un 7% del neto facturado incluyendo las gestiones administrativas, el seguro de responsabilidad civil y la gestión de los riesgos laborales o la mutua, y el “Plan Estándar”, el más popular, por el que se abona un 4% del neto facturado.

Esta segunda modalidad deja aparte el pago de las gestiones y seguros que se deseen a un euro por gestión, un euro al día por el seguro de responsabilidad civil y el 1,5% adicional del neto facturado para cubrir riesgos laborales.

Promete el doble de ingresos

En un vídeo explicativo colgado en su web, Factoo asevera que un autónomo recibirá 492,96 euros líquidos de una factura sin IVA de 1.000 euros, frente a los 864 euros que acaba ingresando el asociado a la cooperativa.

El cálculo que presentan es que, de esos 1.000 euros brutos, el asociado a Factoo solo paga 56,50 euros a la Seguridad Social, 59,50 euros por los gastos de gestión y unos 20 euros como retención (ojo, solo del 2%) del IRPF.

Por el contrario, quien se haya dado de alta como autónomo abona 267 euros a la Seguridad Social, 50 euros por los costes de gestoría, y una retención del 19% por IRPF que asciende a 190 euros.

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Un amaño para pagar menos IRPF acaba costando 98.000 euros a una empresa | Legal

En un caso resuelto por el juzgado n.º 33 de Madrid el pasado mes de marzo, una empresa y el trabajador despedido en el acto de conciliación disfrazaron interesadamente la relación de alta dirección como ordinaria para eludir el pago del IRPF asociado a la indemnización por despido improcedente.

Tras ello, la Agencia Tributaria realizó liquidación en el IRPF del trabajador despedido al considerar que la indemnización fijada en el acto de conciliación se debía a la extinción de una relación contractual de alta dirección, la cual no estaba exenta del impuesto. El trabajador, además de abonar los más de 500.000 euros del pago del impuesto tuvo que pagar otros 98.638,74 euros de intereses de demora. Tras ello ejercitó una acción de reembolso contra la empresa ya que consideraba que la negociación de la indemnización se hizo en base a cantidades netas, libres de impuestos. Lo cual se opone a lo manifestado por la empresa que indica que las cantidades son brutas y que el único obligado tributario es el trabajador despedido.

La sentencia aclara que en el acuerdo firmado por las partes en el acto de conciliación no consta que la cantidad de la indemnización fuera neta. Y añade que incluso aunque así constara, el acuerdo sería contrario a la ley y por lo tanto nulo, ya que según se indica en la resolución “los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas”.

Sin embargo, el juzgado sí da la razón al trabajador en cuanto al reembolso por parte de la empresa de los intereses de demora. Tal y como señala la sentencia en virtud de la doctrina del Tribunal Supremo, la obligación de retener y pagar a cuenta es autónoma de la obligación del pago del impuesto, y por esa razón la Administración Tributaria debe exigir al retenedor los efectos perjudiciales, – intereses y sanciones-, generados por no haberse practicado la retención o haberse practicado de modo cuantitativamente insuficiente. Todo ello, independientemente de que el incumplimiento de la empresa viniera motivado por un acuerdo con el trabajador despedido.

Para el juez no cabe duda de que la relación era de alta dirección porque además de contar el demandante con los más amplios poderes otorgados por el consejo de administración para la organización y toma de decisiones estratégicas en la empresa, pertenecía al comité de dirección y su cargo era el de secretario general. Por lo tanto, aunque es el trabajador el sujeto pasivo del impuesto en cuanto a sus rendimientos por su trabajo, y los salarios e indemnizaciones por alta dirección, es la empresa como pagador de las rentas por el trabajo quien está obligado a retener e ingresar a cuenta el impuesto.

En definitiva, la empresa fue condenada a resarcir al directivo con los intereses de demora abonados por éste, 98.638,74 euros, los cuales no se hubieran producido si la empresa hubiera cumplido con sus obligaciones de retener e ingresar a cuenta.

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Más de 2.000 afectados por la resolución de Popular presentarán un recurso ante el TJUE este lunes | Compañías

Más de 2.000 afectados por la resolución de Banco Popular, representados por Rúa Abogados, presentarán un recurso este lunes contra la Junta Unica de Resolución (JUR) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, por la decisión de las autoridades comunitarias de resolver la entidad.

El despacho interpondrá otro recurso contra el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (Frob) ante la Audiencia Nacional el próximo 1 de septiembre por ejecutar la resolución de Popular.

Este viernes, la Plataforma de Afectados por el Banco Popular, que integra a unos 150 accionistas de la entidad, ha informado de que se ha integrado en los recursos que presentará Rúa Abogados. Estos recursos puede interponerlos cualquier afectado, con independencia de que además presenten demandas individuales en vía civil.

Según explican representantes de la plataforma, se les planteó unirse al recurso que está elaborando el despacho gallego con el fin de anular las resoluciones adoptadas por la JUR y el Frob y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados por las mismas.

“Después de contactar con más de diez despachos de abogados y analizar todas sus propuestas creemos que Rúa Abogados es la mejor opción para defender nuestros intereses”, aseguraron.

La decisión de recurrir la resolución de la JUR y el Frob responde a varios motivos, ya que no excluye presentar una demanda civil individual, permite obtener, de una forma más rápida, los datos y documentación para futuros procesos civiles, y porque podría darle a los accionistas la opción de recuperar una parte de su dinero, como indemnización por los daños causados por ambos organismos, según ha explicado el bufete.

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Consejos para una empresa que se enfrenta a un juicio penal | Legal

Se ha tratado mucho la responsabilidad penal de la persona jurídica y las ventajas de tener un plan de prevención de riesgos penales. El compliance está de moda, pero aún se desconocen las especialidades y cautelas procesales que deben seguirse a la hora de enjuiciar a una empresa. Prueba de ello son las sentencias dictadas dejando patente que las partes o, incluso, los jueces y los fiscales, debían haber obrado de otro modo.

Hay dos premisas fundamentales que deben cumplirse. La primera es que la persona jurídica tiene las mismas garantías procesales que la persona física, deben aplicársele, por tanto, los mismos principios del proceso penal, como son los de oralidad -debe ser escuchada- y contradicción -debe poder defenderse de la acusación- entre otros. Esto, que parece de Perogrullo, ya ha dado lugar a absoluciones, por no haber sido imputada la empresa en forma (sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Marzo de 2016) , o por no haber sido oída (sentencia de Tribunal Supremo de 6 de octubre 2016).

Sin ir más lejos, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 2 de junio de 2017, ha absuelto a una empresa de los delitos fiscales por los que sí fueron condenados sus administradores, debido a que el Fiscal no acusó y el Abogado del Estado, en el trámite de conformidad, preguntó a los acusados si se conformaban con los hechos, y así lo hicieron, pero no preguntó a quien representaba legalmente a la empresa, que era precisamente uno de los acusados. De forma que éste reconoció los hechos en su propio nombre, pero no en el de la persona jurídica, y no solicitó la continuidad del juicio para demostrar los hechos contenidos en su escrito de acusación contra la persona jurídica.

Esto nos lleva a la segunda premisa, y es la de que puede existir un conflicto de intereses si la empresa es representada legalmente en juicio por la persona física acusada, a su vez, de cometer el delito. La estrategia de defensa de ambas puede divergir. Por ejemplo, a la persona jurídica puede interesarle denunciar los hechos en cuanto los conoce, aportando datos y pruebas sobre la identidad de su autor y los hechos por él cometidos para que ello pueda servirle como atenuante del artículo 31 bis quáter b del Código Penal, pero perjudicar así a la persona física, o a la inversa, a la persona física puede interesarle conformarse con los hechos para ver reducida su pena y a la persona jurídica esto le produce unas consecuencias reputacionales muy graves.

Hasta la fecha, los remiendos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que han ido llenando las lagunas de la intervención de la persona jurídica en juicio no han resuelto este extremo. En otros ordenamientos se prevén distintas fórmulas como: la designación a estos efectos por el juez correspondiente de una especie de “defensor judicial” de la persona jurídica; la asignación de tales responsabilidades a un órgano colegiado compuesto por personas independientes, junto con otras en representación de los intereses de terceros afectados por las posibles sanciones derivadas del ilícito de la persona jurídica; o en nuestro propio país en el Borrador de Código Procesal Penal de 2013 (artículo 51.1) mediante la atribución de esas funciones de defensa, con carácter prioritario, al “director del sistema de control interno de la entidad” (el denominado también como “oficial de cumplimiento” o “compliance officer”).

Ya la primera sentencia del Tribunal Supremo que condenó a una persona jurídica el 29 de febrero de 2016 abordó esta problemática advirtiendo de que podría apreciarse la posible violación del derecho de defensa de la persona jurídica y disponer la repetición del juicio para que la misma fuera representada por alguien que debería ser designado, por los órganos de representación, sin intervención en tal decisión de quienes fueran a ser juzgados en el mismo proceso. El Supremo, además, envía el encargo a los jueces de que, en cada supuesto concreto que aborden, intenten evitar que esos riesgos lleguen a producirse. Y va más allá, lanzando al legislador el mensaje de que “remedie normativamente la posibilidad de que se produzcan situaciones indeseables de esta clase, con una regulación adecuada de la materia”.

Ya lo dice el refranero popular, que es muy sabio : más vale solo que mal acompañado y por matar dos pájaros de un tiro, te puede salir el tiro por la culata.

Para saber más sobre los procesos contra personas jurídicas consulta el concepto en las guías jurídicas de Wolters Kluwer

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Todas las claves del nuevo recurso de casación, un año después de su entrada en vigor | Legal

Un año después de la entrada en vigor de los nuevos criterios para la admisión de recursos de casación presentados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el balance es de 1.432 recursos analizados y una sentencia dictada. Además, la Sala ha celebrado ya cuatro vistas públicas de recursos que contarán con sentencia de forma inmediata.

En estos doce meses, se ha pasado de la polémica y la incertidumbre a un escenario en el que ya empiezan a vislumbrarse las líneas de actuación del Alto Tribunal.

Normas de estilo para los escritos

La incorporación del concepto de interés casacional objetivo como nuevo criterio para la admisión de recursos ante la Sala Tercera del Alto Tribunal hizo prever la llegada de un aluvión de asuntos. Para limitar estos efectos, la Sala de Gobierno del Supremo decidió aprobar unas normas de estilo que hicieran más sencilla para los magistrados la gestión de los nuevos asuntos. En dichas normas se establecía el formato y la estructura de los escritos, así como la extensión máxima de los mismos, fijándose un tope de 50.000 caracteres con espacios -el equivalente a 25 folios-.?Estas medidas no fueron bien recibidas por los abogados, que rechazaron las limitaciones impuestas por el Alto Tribunal, al entender que restringían el derecho de defensa.

Problemas con el tamaño de la letra

Los efectos de las nuevas normas de estilo ya han tenido consecuencias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó hace unos meses una resolución pionera en la que requería a un abogado del Estado que subsanase los defectos de su escrito de preparación del recurso de casación por no adaptarse a los criterios del Tribunal Supremo. Concretamente, en su escrito, no se había “utilizado para el texto como fuente ‘Times New Roman’ con un tamaño de 12 puntos, sino de 11,5 puntos”.

Primera sentencia

Recientemente, el Tribunal Supremo ha resuelto, en menos de un año, el primer caso tramitado íntegramente de acuerdo con la nueva regulación. Se trata de una sentencia estimatoria del recurso de una empresa en materia de inscripción de instalaciones fotovoltaicas. La resolución ha sido rápida, teniendo en cuenta que en 2016 la duración media de un procedimiento ante la Sala Tercera del Alto Tribunal era de 24 meses y 16 días.

Balance de datos

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el 22 de julio de 2016 –fecha de entrada en vigor- y hasta el 31 de mayo de 2017, se han presentado 2.976 recursos, de los cuales casi la mitad (1.432, el 48%) han obtenido ya una resolución de admisión o inadmisión. Los casos que han prosperado han sido minoría: tan sólo 245 autos de admisión (el 17% de los 1.432 analizados hasta el momento).

Menos casos de los esperados

Aunque todo hacía prever una avalancha de asuntos, lo cierto es que, un año después, algunos datos muestran que, al menos en los meses de 2016, no fue así. Durante ese año disminuyó en un 31,78% el número de asuntos ingresados en la Sala Tercera del Supremo respecto a 2015, según los datos que ofrece Jurimetría, la herramienta de analítica jurisprudencial de Wolters Kluwer.

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Fraudes en el fútbol español: los casos más sonados | Compañías

La Unidad Central Operativa (UCO) durante varios meses ha investigado un caso de corrupción dentro de la Federación Española de Fútbol. Esto se debe a la malversación de 1,2 millones de euros concedidos a esta en calidad de una subvención del Estado para fortalecer las políticas transversales de las federaciones deportivas que también tuvieran una fundación.

Los 1,2 millones concedidos tendrían que haber sido destinados para la realización de cuatro proyectos de carácter solidario, como la construcción de una escuela de fútbol en Haití que nunca llegó a construirse.

Tras la presentación de la justificación de cuentas de estos proyectos en el año 2011, en 2016 de marzo de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol y su hijo la CSD apuntó irregularidades en los documentos presentados. Comenzó así la investigación, que tras la imputación el pasado mes Gorka Villar, ahora desemboca en la detención de ambos (junto a otros miembros de la Federación) y el registro de la sede de la Federación así como de domicilios particulares.

Este golpe para la imagen pública del deporte rey no es un caso aislado. Sonados escándalos como los 14,7 millones de euros defraudados a Hacienda de Cristino Ronaldo o los 4,1 millones defraudados por Leo Messi están día a día en el ojo de la opinión pública.

El Fútbol Club Barcelona individualmente, en el año 2016 fue condenado por dos delitos fiscales ejercidos en las operaciones realizadas durante el fichaje del futbolista Neymar da Silva. El club tuvo que pagar una multa de 5,5 millones de euros en compensación, admitiendo así cometer dos delitos fiscales durante el fichaje y renovación del futbolista, en el año 2011 y 2013.

El futbolista Radamel Falcao, está actualmente acusado por la Fiscalía por no tributar sus ganancias derivadas de sus derechos de imagen durante los años 2012 y 2013. Se le reclama una cantidad que asciende a un total de 5,6 millones de euros.

El ex futbolista del Fútbol Club Barcelona Samuel Eto’o también ha sido condenado por no declarar sus beneficios por derechos de imagen durante los años 2006 y 2009. Reclamando 3,46 millones de euros, la Fiscalía pidió en noviembre del año pasado una condena de 10 años y medio de cárcel para el deportista. Si la acusación llega a formalizarse, este tendrá que abonar una multa de 14 millones de euros.

El exjugador del Real Madrid, Ángel Di María, el pasado 22 de junio llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el cual, tras defraudar 1,3 millones de euros durante 2012 y 2013, pagará dos millones y se le suma un año de cárcel, que no llegará a cumplir. También, el pasado 20 de junio la Fiscalía acusó al entrenador José Mourinho de defraudar a Hacienda 3,3 millones de euros, por no declarar durante 2011 y 2012 sus ingresos por la cesión de derechos de imagen.

En 2012, el futbolista Luis Figo tuvo que devolver los 2 millones y medio de euros que había defraudado a Hacienda durante los años 1997 y 1999. Iker Casillas pagó en 2014 dos millones a Hacienda tras una inspección. El futbolista Javier Mascherano asumió una multa de 700,000 euros en el año 2015 y devolvió el millón y medio de euros que defraudó por no declarar sus ingresos por derechos de imagen entre 2011 y 2012. El jugador de la selección española Xavi Alonso se vio en la misma situación, devolviendo un millón y medio de euros y abonando una multa de 850,000 euros.

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