La banca acepta 7.324 daciones en pago pero solo 8 quitas sobre deuda hipotecaria | Mi dinero

El Gobierno informó ayer de que el paquete de medidas para la protección de deudores hipotecarios ha beneficiado ya a 87.000 familias desde su puesta en marcha hace cinco años entre todas las medidas puestas en marcha.

De una parte, el Código de Buenas Prácticas que se sugirió firmar a las entidades financieras que operan en el país ha ayudado a 50.272 familias en situación de exclusión social a suavizar las condiciones de su crédito, incluyendo 42.575 reestructuraciones hipotecarias y 7.324 daciones en pago (entregas de la vivienda como única condición para saldar la deuda).

El hecho de que entre todo el paquete de medidas posibles solo se hayan firmado ocho quitas de deuda (el 0,009% del total de las soluciones dadas a las 87.000 familias beneficiadas por las medidas antidesahucios) da idea de las reticencias de la banca a la opción de condonar parte de la deuda.

De otra parte, el Fondo Social de Vivienda (FSV) impulsado por el Ejecutivo y alimentado con inmuebles de la banca ha propiciado la firma de 9.020 contratos de alquiler social (al cierre de 2016). Finalmente, la moratoria sobre los desahucios ha dejado en suspenso 27.400 desalojos de vivienda hasta este mes.

 

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Estas son las respuestas al malestar ciudadano con los turistas | Compañías

Se veía venir, se queda corto. Los que en la academia y en contexto internacional nos ocupamos de desarrollo turístico disponemos de suficiente conocimiento para haber previsto en detalle lo que iba a caerse encima de las mayores ciudades europeas: niveles crecientes e imparables de presión turística, empeoramiento de las condiciones de vida en las ciudades de destino y hasta efectos en la sociedad local.

De un lado, la despoblación de los centros históricos o, más bien –esto sí que es nuevo– la sustitución de la población residente con población flotante, que se aloja en pisos turísticos sin licencia, no genera impuestos y no vota. En pocas palabras, destruyendo capital social del que hace ciudad con puro consumo de lugar. Del otro, una respuesta ciudadana que ha pasado del ser pura irritación (fenómeno ya analizado por el sociólogo Doxey hace 42 años) a ser organización de alternativas.

En este sentido, el caso español es admirable, porque en muchos otros destinos turísticos masificados del mundo esta respuesta ha tardado muchísimo en llegar. Quien les escribe es nativo (y todavía medio residente) de Venecia, worst case scenario del mundo en cuanto a impacto del turismo. Esta ciudad ha sido laboratorio para la investigación en turismo durante décadas: varios modelos analíticos que utilizamos en el análisis de la transformación de lugares sujetos a altos niveles de estrés han sido retallados al caso veneciano. Y, sin embargo, después de 35 años de haber constatado que Venecia tiene un problema con su turismo, las posibles soluciones han sido eternamente discutidas y nunca implementadas, hasta que solo ahora, frente a una creciente presión ciudadana y de organismos internacionales, y de forma sumamente confusa, se están tomando medidas que, ya podemos anticipar, apenas funcionarán.

En un artículo que publicamos en la revista Journal of Urban Affairs con Alessandro Scarnato (premio Ciudad de Barcelona 2016), sugerimos que el caso de Barcelona puede considerarse único, pero ha abierto una brecha importante en cómo se ve y se habla del turismo a nivel mundial: una ciudad que debe sus grandes avances y éxitos desde la transición a un progresivo proceso de cosmopolitización y embellecimiento en el que el desarrollo turístico es una dimensión fundamental. Al mismo tiempo, un modelo que acaba de ser fagocitado por el mismo turismo, lo único que creció de verdad, especialmente durante la crisis, produciendo una ruptura del consenso social, sobre todo entre las clases medias que aquel modelo hicieron posible en su tiempo.

De aquí, un cambio político hasta un punto inesperado: Barcelona es el único gran destino mundial que elige un gobierno abiertamente crítico con el modelo de crecimiento basado en los grandes números del turismo; es más, creemos que si ha ganado las elecciones Ada Colau es precisamente por ello. Revertir el modelo tomará años o décadas y no dejará Barcelona en la misma situación que antes de 1992; si la visión estratégica que está dibujándose en planes y procesos participativos, la de organizar un nuevo urbanismo para una ciudad abierta a múltiples movilidades –pero no dominada por ellas– tendrá éxito, se tratará de una redefinición fundamental y de alcance global de cómo se entienden y gestionan las ciudades hoy en día.

Por el momento, Ada Colau y sus concejales tienen que lidiar con las emergencias turísticas –que han quedado en un segundo plano tras los atentados del mes de agosto–. Lo hacen desde una objetiva posición de debilidad política, empeorada por el incómodo posicionamiento en el campo soberanista. Turistas borrachos, invasión de espacio público, un modelo de promoción (privada) de la ciudad totalmente fuera de control y gestionado como si fuera 1993, un parque de viviendas que desaparece a diario frente a la presión especulativa (por tantas multas que se puedan poner), un puerto y aeropuerto que siguen creciendo, caóticamente, sin posibilidad de control por parte de los organismos locales, y una falta de gobernanza preocupante por parte de la Generalitat, a la que parece costarle muchísimo revisar algo tan simple como las formas de recaudación y de gasto de la tasa turística para hacer frente a los costes generados por el turismo a nivel local.

La supuesta turismofobia reprochada por los adversarios políticos al Gobierno de Colau, como si hubiera un mandado político oculto de perseguir a los turistas, no es nada más que una subida de tensión en un debate ciudadano sobre el malestar creado por el turismo, que por el momento no puede encontrar respuestas a corto plazo. Dejando de lado los ataques reivindicados por Arran, que tienen que leerse exclusivamente en clave de lucha en la izquierda por el poder (soberanista), cuatro pintadas en las paredes no pueden hacer olvidar dónde y cuándo se ha credo esta situación, quién tiene la responsabilidad política, quién está sufriendo sus efectos y cómo se puede salir de ello. Como bien sugiere Raúl Solís Galván en El Diario del 8 de agosto (Turismofobia, tu padre), empezando de una vez a retribuir dignamente a los trabajadores del sector, persiguiendo legalmente y policialmente las prácticas especulativas en torno a la vivienda, y dejando de tratar a los residentes como ciudadanos de serie B. Algunas cosas en este sentido han cambiado en Barcelona, en Palma de Mallorca, en Valencia, en San Sebastián; otras tendrán que cambiar, pero no sin un apoyo claro de Gobiernos autonómicos, Estado y Comisión Europea.

Antonio Paolo Russo, Universidad Rovira i Virgili (Tarragona).

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Yescapa se consolida como el Airbnb de caravanas y furgonetas en España | Compañías

La recuperación económica ha propiciado que muchos españoles, tras años de austeridad, hayan vuelto a viajar durante sus vacaciones. Esta semana fue la Comisión Europea la que dio por acabada la crisis iniciada en 2008 en la UE. Los datos macroeconómicos, como los salarios o el PIB, desmontan la tesis de las autoridades comunitarias. A ello se une la eclosión de otros negocios digitales, que ofrecen, al estilo de Airbnb, formas más económicas de viajar.

Es el caso de Yescapa, una plataforma nacida hace cinco años en Francia y que desde hace dos opera en España poniendo en contacto a propietarios de autocaravanas y furgonetas camper con personas interesadas en alquilarlas. Julie Da Vara, responsable de Yescapa en España, subraya que el negocio ha avanzado muy rápido gracias a la buena aceptación de otros modelos similares, como Airbnb o Blablacar. “Es una actividad que está muy sujeta a la estacionalidad y a los períodos de vacaciones, aunque la gente cada vez lo demanda más para reuniones familiares o bodas por una cuestión puramente económica”, señala Da Vara en una entrevista con CincoDías. Tras dos años de actividad, Yescapa cerró el pasado ejercicio con 600 reservas en España y el objetivo para este año es triplicar esa cifra hasta llegar a las 1.800, con lo que el peso de España en el total de la compañía llegaría al 10% de su volumen de negocio. “En la actualidad tenemos 40.000 usuarios y 450 furgonetas. Solo entre enero y mayo obtuvimos tantas reservas como en todo 2016”, subraya Da Vara, que destaca que España es el país en el que un mayor número de usuarios (47%) utilizan el sistema Android.

El sistema de reserva funciona de una forma similar a la de Airbnb. El propietario publica de forma gratuita el anuncio, establece una tarifa y el interesado se pone en contacto con él. El anunciante dispone de 48 horas para rechazar o aceptar la solicitud. En el primer caso procederá al pago del precio, que incluye los tres euros diarios por el seguro de viaje y que puede realizarlo en dos plazos, mientras que el segundo se deshace la operación sin ningún tipo de compensación al propietario. Una vez realizado el pago, ambos pactan un lugar de recogida, en el que se firma el contrato de alquiler y se realiza una inspección in situ de la estado del vehículo. Al mismo tiempo, el arrendatario está obligado a presentar el carnet que le faculta para conducir ese vehículo y a pagar la fianza acordada. El propietario recibirá el pago acordado el día después al que se haya iniciado el alquiler.

Yescapa firmó en marzo un acuerdo con Lagún Aro para que fuera la gestora de los seguros a todo riesgo, que cubren posibles robos y facultan para tener asistencia técnica en carretera en España y en el resto de la UE. Consolidado el negocio en Francia (donde el corredor de seguros es Allianz) y afianzado el lanzamiento en España, Da Vara apunta que los dos próximos objetivos son Alemania y Reino Unido. “Ya estamos establecidos en el mercado alemán, en el que todas las transacciones que se han cerrado hasta ahora se pagan en efectivo, algo impensable en España mientras que nuestro gran objetivo a largo plazo es el mercado británico”, señala. Las negociaciones del nuevo modelo de relación con la UE condicionarán la apuesta por el mercado británico.

Hitos de la compañía

Origen. En 2011, Benoît Panel comienza a recopilar información para viajar en familia y adentrarse en Reino Unido en autocaravana. Descubre que los precios que le piden son muy elevados y opta finalmente por alquilar un apartamento en el norte de España. Convence a Adrien Pison en el Startup Weekend, un evento de emprendedores en Bretaña, para desarrollar un nuevo negocio. Ambos fundan Yescapa.

Ronda de financiación. El 2 de febrero de 2015 captan medio millón de euros para comenzar a desarrollar el negocio en España. El 17 de enero de 2016, un año después de lograr la inversión, la compañía logra llegar a los 2.000 usuarios.

Alemania. El 28 de abril de 2016 se lanza la plataforma en el país germano. Alquila caravanas en Berlín, Hamburgo, Colonia, Dresde, Múnich y Fráncfort.

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El negocio de la drogadicción en EE UU llega a los fármacos veterinarios | Compañías

En EE UU hay un vivo mercado negro de traficantes y contrabandistas de analgésicos. Pero la economía de la adicción está muy generalizada. En la Superbowl se anuncian fármacos para el estreñimiento causado por los opiáceos, y en las estaciones de tren hay anuncios de píldoras para ayudar a superar la adicción a estos. Empresas de seguridad, prisiones y funerarias también se benefician de la miseria del país. Ahora, incluso un vendedor online de medicamentos para mascotas está acusado de aprovecharse.

El gasto en atención médica y tratamientos por abuso de sustancias alcanzó más de 28.000 millones de dólares en 2013. En 2015 hubo 33.000 muertes por opioides, un tercio más que en 2013, y la cifra sigue subiendo. Este verano, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo que la disminución de la población activa está ligada probablemente a la crisis de los opioides.

La miseria da dinero. Transformar el VIH en una enfermedad controlable y curar la hepatitis C convirtió a Gilead Sciences en una compañía de casi 100.000 millones de dólares. Sin embargo, puede haber un lado más oscuro. A finales del año pasado, los fiscales federales presentaron acusaciones de extorsión contra seis ejecutivos de Insys Therapeutics por fomentar el uso de un opiáceo.

Por eso el mercado reaccionó violentamente la semana pasada a la afirmación de un vendedor en corto de que PetMed Express está vendiendo opioides a personas. Sus beneficios subieron en los dos primeros trimestres del año y las acciones se duplicaron entre mayo y junio; ambos habían mostrado un crecimiento modesto en los últimos cinco años. Además, sus productos aparecen en la parte superior en las busquedas online de opiáceos. PetMed niega haber hecho algo mal, y calificó la información como difamatoria. Dice que esos medicamentos requieren la prescripción de un veterinario y constituyen un pequeño porcentaje de las ventas.

Que las mascotas puedan ser un vehículo para alimentar la adicción nacional a los opiáceos es una señal de lo mala que ha llegado a ser la crisis. Su omnipresencia puede hacer que la sociedad se vuelva insensible al problema.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.

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¿Quién eres hoy, América?

Durante los ocho años de presidencia de Barack Obama, muchos pensamos que empezaba una nueva era en todos los ámbitos. Menos tensiones raciales, vuelta al crecimiento económico, generación de empleo, sanidad universal, mejores relaciones con el resto del mundo, etc.

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Cuatro hoteles esquivan la moratoria turística en Barcelona | Compañías

El pasado 28 de enero entró en vigor el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos de Barcelona (Peuat), que servía para establecer una moratoria para la construcción de nuevos establecimientos (hoteles, pensiones, albergues o apartamentos turísticos) ante la masificación del turismo y los problemas de convivencia que se iniciaron en el barrio de la Barceloneta en el verano de 2016.

El plan dividía la ciudad en cuatro zonas concéntricas: la zona 1, que coge los barrios del centro, en la que no se conceden licencias; la zona 2, en la que solo se otorgan si algún otro proyecto cesa previamente, y las zonas 3 y 4, en el extrarradio, con crecimiento limitado. Es en estas dos últimas zonas donde se han concedido las primeras licencias. En concreto, nueve proyectos han recibido un informe favorable previo a la solicitud de la licencia por parte del Ayuntamiento desde que éste aprobó el Peuat.

Los nueve suman unas 900 plazas y se ubican en zonas en las que el Peuat permite abrir nuevos establecimientos. Los nuevos alojamientos estarán situados en los distritos de Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu, Sant Martí y Nou Barris, han detallado fuentes municipales a Europa Press. De estos nuevos alojamientos turísticos que pretenden abrir en la ciudad en las zonas permitidas, cuatro son hoteles, tres son pensiones,uno es un apartamento turístico, y otro es un albergue.

Los expertos rechazan este plan al considerar que reorienta la oferta hotelera a zonas sin demanda, en la que los empresarios no van a invertir. Bruno Hallé, socio director de Magma Hospitality Consulting, considera que una solución más eficaz para acabar con el exceso de oferta es el control de la oferta ilegal. “Si lo controlas en Barcelona te quitas 70.000 camas de un plumazo. En cambio se ha hecho un plan que establece una moratoria sobre el 90% de la oferta. Si hay algún inversor que está dispuesto a gastarse 30 millones de euros es porque previamente habrá hecho un estudio sobre la viabilidad de la inversión. No creo que lo vaya a hacer si solo se le permite en zonas sin demanda”, dice.

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Racismo en Estados Unidos y consecuencias imprevisibles | Mercados

Mi amigo, el teniente general del Cuerpo de Marines de quien escribí la semana pasada, me ha contado una anécdota en un contexto de extrema tensión, tanto para él como para el país. Hace unos días, en una operación en Oriente Medio, tuvo un percance grave y cuatro marines afroamericanos (una mujer y tres hombres) le trasladaron en camilla al hospital de campaña. Antes de perder el conocimiento, mi amigo preguntó a sus colegas de dónde eran. Los cuatro respondieron “de Chicago, señor” y él, antes de quedar inconsciente, les dijo en broma y cantando en susurros: “Querréis decir que sois de sweet home Chicago, que le gusta mucho cantar a Barack…”. Y quedó inconsciente.

Sweet home Chicago es una canción que hicieron famosos los Blues Brothers en su película de 1980, con Aretha Franklin y Ray Charles, ambos negros. Pero la canción no nació en Chicago en 1980, sino a principios del siglo pasado en Memphis (Tennessee). Un muy joven B.B. King la hizo famosa en 1949 y, cuando oyó la versión de Elvis Presley, dijo: “Elvis ha ganado mi respeto y el de todos los cantantes negros de soul, R&B, Gospel y R&R”. El hecho de que Elvis naciera paupérrimo en Tupelo (Mississippi), en una casa de una habitación, baño y cocina y que, desde los dos años, escuchara por las noches en su porche a negros cantando blues y gospel, y que los domingos fuera a la iglesia afroamericana de Tupelo para cantar en el coro (“yo era el único niño blanco”, recordó Elvis el 31 de julio de 1969, cuando volvió a los escenarios tras una década de películas en Hollywood). Elvis, del sur confederado, el sur racista, el de la esclavitud, el de las “leyes segregacionistas” de Jim Crow. Más que normas, eran costumbres de dos siglos de historia: la Casa Blanca la construyeron esclavos negros y el primer presidente de Estados Unidos, George Washington tuvo esclavos, como todos los presidentes hasta Lincoln, quien hizo la Proclamación de Emancipación y acabó con la esclavitud en el norte.

Pero la Guerra Civil (1861/1865) no acabó con el racismo. Los ricos tenían plantaciones y tenían que pagar salarios a los negros, ya libres pero sin derechos. Y los blancos pobres del sur, inmensa mayoría, se sentían mejor pensando que, por debajo de ellos, estaban los negros.

Es curioso, pero el sur siempre votó en masa a los demócratas hasta 1965, cuando el presidente Johnson (LBJ) aprobó la Civil Rights Act y acabó legalmente con el segregacionismo y las normas de racistas de Jim Crow. Desde entonces, el sur en masa se pasó al partido republicano de Richard Nixon y Ronald Reagan quien, a pesar de tener dudas morales y en contra del consejo del partido republicano, apoyó el régimen del Apartheid de Sudáfrica.

Hoy, en las cinco ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hay afroamericanos, latinos, blancos, asiáticos y, en los cinco cuerpos especiales también hay mujeres, tanto o más duras que los más duros hombres. El problema en el Ejército americano, hoy, no es la raza, sino el sexo, la aceptación del colectivo LGTB.

En una ocasión, George Bush vio en televisión a Oprah criticándole por ser racista. El presidente la invitó a la Casa Blanca, donde fue recibida por Colín Powell, general del Ejército de cuatro estrellas y exjefe de la junta de jefes del estado mayor; en aquel momento, secretario de Estado y por Condi Rice, national security advisor y, después, secretaria de estado. Oprah salió impresionada y contenta del Despacho Oval. Al día siguiente, dijo en televisión que se había equivocado con George Bush, porque no era un racista. El mismo presidente que, junto a su padre, Bush senior, ha publicado una carta en que critica los comentarios del presidente Trump sobre los sucesos de Charlottesville.

Esos afroamericanos tuvieron que luchar mucho para llegar alto. En el mundo del cine, Denzel Washington, Morgan Freeman y Samuel L Jackson siempre se han quejado de actitudes y comportamientos racistas hacia los negros en Hollywood. Recordemos que, en los últimos años, ha habido boicots a la ceremonia de entrega de los Oscar por parte de la comunidad afroamericana, por sentirse discriminada. Este año, una mujer negra, por fin, recibió el Oscar a la mejor actriz por Fence.

El racismo siempre ha estado presente en Estados Unidos. Durante la guerra de Vietnam, ricos y blancos se libraban de ir a Nam y eran negros pobres los que iban obligados. En marzo de 2008, un veterano de la guerra de Vietnam, el pastor Jeremiah Wright, el hombre que caso a Barack y Michelle Obama y bautizó a sus hijas, hizo unas muy polémicas declaraciones en que comparaba a la nación negra en América con la nación judía en la época de la esclavitud de Egipto. Según él, Estados Unidos mereció el 11S por todo el mal que hacia en el mundo y que ahora le había vuelto como un boomerang. Acabo diciendo: “Dios maldiga América”. Barack se vio obligado a enfrentarse a la cuestión del racismo. Y, en su famoso discurso de marzo de 2008, en Filadelfia, explicó los derechos humanos reconocidos en la Constitución americana de 1783 y apeló a una nación “que ni es ni de negros, ni blancos, republicanos, demócratas, del norte o del sur… somos una única nación, los Estados Unidos de América”.

Durante su presidencia, Obama, en más de 15 ocasiones, ha tenido que enfrentarse a las cámaras para consolar a la nación por crímenes fruto del odio o del racismo. En diciembre de 2012, Barack lloró recordando a las docenas de niños y profesores ametrallados en una escuela de Newton. Después, en las matanzas de Charlestón, Ohio, Baltimore, etc.

Pero Obama no incitó al odio sino que busco la reconciliación. Su mujer, Michelle, se enfadaba con él porque pensaba que no era duro con los racistas por falta de entendimiento: “Barack, cómo se ve que no eres descendiente de esclavos, como yo si soy”.

La respuesta de Obama a los sucesos de Charlottesville que se están extendiendo por todo el sur conforme monumentos confederados son retirados de las calles y supremacistas blancos se manifiestan como los nazis en Nuremberg, con antorchas, o como el KKK en los años 20, ha tenido mucho eco. Gentes que van contra negros, liberales, judíos, católicos y que, como los terroristas islamistas, conducen furgonetas contra multitudes de personas inocentes.

El tuit que se ha llevado más me gusta de la historia pertenece a Barack Obama, del 17 de agosto, con una cita del libro autobiográfico de Nelson Mandela y una foto de él en 2011, dando la mano a niños que están en lo que hoy es una escuela y, durante décadas, fue la celda de Mandela.

Barack nunca echó más leña al fuego. En cambio, el presidente Trump se está quemando a sí mismo. Jugar con el racismo, con la Guerra Civil y las heridas abiertas entre norte y sur es algo muy serio que, posiblemente, el presidente no ha contemplado. Cuando el martes 15 de agosto, frente a 200 periodistas, dio una rueda de prensa en que puso al mismo nivel a los racistas y a los no racistas (se suponía que iba a hablar de creación de empleo mediante su plan de infraestructuras), Trump se metió en un lío del que aún no se sabe cómo va a salir. Su jefe de gabinete, general John Kelly, marine, se llevaba las manos a la cabeza y, con él, todo el gabinete.

Durante ocho años se acusó a Barack de ser anti business. Pero todas las semanas cenaba con una docena de empresarios y directivos de las principales empresas americanas, especialmente tecnológicas. Trump creo el Strategic and Policy Forum y el Manufacturing Jobs Initiative. Los presidentes de Merck, Goldman Sachs, Wall-Mart, General Electric, 3M, Walt Disney, Intel, IBM, etc.: la nobleza del empresariado americano en torno al presidente. Pero su tibieza y falta de claridad a la hora de condenar el racismo y los racistas han hecho que esas docenas de empresarios dimitieran de esos consejos, emitiendo comunicados condenatorios del presidente. Trump, en cuestión de minutos, tuiteó que había decidido el cancelar los dos consejos.

Los sucesos de Charlottesville y la reacción de Trump pueden tener consecuencias imprevisibles. El partido republicano ha condenado a Trump y puede pagarlo caro en las elecciones legislativas de noviembre de 2018. Sin embargo, las bases conservadoras que apoyan a Trump, le apoyan hoy más que ayer y menos que mañana. Ojo a ese dato. A veces, sacando lo peor de cada uno, algunos se benefician y Trump es un jugador de apuestas. Seguramente piense que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Como quede la nación y sus ciudadanos, es harina de otro costal que pudiere ser, el presidente no ha pensado ni previsto. Pero que podría ser terrible para Estados Unidos.

Jorge Díaz-Cardiel es Socio Director Advice Strategic Consultants. Autor de El legado de Obama.

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El abogado de las causas ganadas que abandonó a Trump | Compañías

Está acostumbrado a defender argumentos en solitario, en contra de la corriente general, y salir victorioso; en este caso, no ha sido exactamente el primero, pero sí el que ha provocado la gran estampida de los empresarios que se atrevieron a acercarse a Trump. Kenneth Frazier (Filadelfia, 17 de diciembre de 1954), abogado de profesión y máximo ejecutivo de la farmacéutica Merck, conocida como MSD fuera de EE UU, se salió el lunes del consejo industrial del presidente estadounidense. La avalancha posterior de fugas provocó que el magnate, acostumbrado a presumir de que es él quien controla la situación, optara por desmantelar sus dos foros de empresarios (el industrial y el estratégico) cinco minutos antes de que se quedaran desiertos.

En junio, Elon Musk, de Tesla, y Bob Iger, de Disney, abandonaron el foro de estrategia de Donald Trump, cuando este rechazó el Acuerdo de París sobre el clima. Esta vez ha sido el racismo en Charlottesville (Virginia), y la dubitativa respuesta de la tuitstar, la que ha hecho que Frazier se marchara del otro consejo presidencial, el industrial.

“Los líderes estadounidenses deben honrar nuestros valores fundamentales y rechazar claramente las expresiones de odio, fanatismo y supremacía grupal, que van en contra del ideal estadounidense de que todas las personas nacen iguales”, dijo en su declaración oficial. “Como CEO de MSD y por una cuestión de conciencia personal, siento la responsabilidad de adoptar una actitud firme contra la intolerancia y el extremismo”.

Después de él, fueron los dirigentes de Under Armour, Intel, Walmart y Sopas Campbell los que dejaron el consejo, hasta que Trump se rindió.

Kenneth Carleton Frazier es presidente de MSD –una de las mayores farmacéuticas del mundo– desde 2007 y CEO desde 2011, después de una carrera que comenzó como abogado externo de la compañía, y luego como letrado en plantilla, desde 1992.

Como abogado jefe de la empresa, supervisó la defensa contra las afirmaciones de que el fármaco antiinflamatorio Vioxx había causado ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Los analistas preveían que la responsabilidad de MSD oscilaría entre 20.000 y 50.000 millones de dólares, pero Frazier eligió pelear cada una de las 5.000 demandas en los tribunales, en lugar de llegar a acuerdos extrajudiciales, y finalmente logró que el coste para la empresa fuera de solo 5.000 millones de dólares.

Antes, cuando aún trabajaba de forma externa para MSD, en el despacho Drinker Biddle & Reath, defendió gratis a James Willie Bo Cochran –negro, o afroamericano, como Frazier–, que pasó dos décadas en el corredor de la muerte acusado de asesinato. Consiguió demostrar su inocencia, que le quitaran la condena y le declararan no culpable. En 2004, comentó que los miembros del jurado que condenaron a Cochran tenían prejuicios racistas.

Pero no siempre ha tenido tanta paciencia. Como patrono de la Universidad Penn State, en la que estudió, fue elegido para dirigir una investigación sobre los abusos sexuales a niños del entrenador de fútbol americano Jerry Sandusky –que acabaría condenado. Durante el proceso, hizo unas declaraciones polémicas en las que mencionaba el caso de O. J. Simpson, por las que luego se disculpó.

Thurgood Marshall, juez del Tribunal Supremo, era uno de sus ídolos de la infancia. Su madre, Clara Elizabeth, falleció cuando tenía 12 años, dejando a su marido, Otis Frazier, conserje de profesión, al cuidado de tres niños. Otis murió de alzhéimer, enfermedad cuya investigación es una prioridad para Frazier.

Como CEO, ha priorizado los riesgos financieros y el desarrollo de nuevos tratamientos en perjuicio de los objetivos de ganancias. MSD no está entre las compañías más criticadas por los precios de los medicamentos –a pesar de que Trump también haya disparado contra Frazier por esa cuestión–, y el propio CEO ha censurado a otras empresas que suben los precios de fármacos antiguos.

Para ganar dinero extra en su época universitaria –se graduó en Derecho por Harvard– criaba renacuajos y tritones y los vendía a las tiendas locales. Ya como profesional, pudo tomarse cuatro veranos sabáticos para enseñar abogacía en Sudáfrica. Ahora, su salario es de entre 17 y 21 millones de dólares anuales. Además, posee 600.304 acciones de la compañía, valoradas en 37 millones.

Está casado con la neoyorquina Andrea, con la que tiene una hija, Lauren –ingeniera informática–, y un hijo, James. Le encanta ver partidos de béisbol y fútbol americano, correr, y leer, especialmente historia y biografías.

Como abogado, y además afroamericano, Frazier no habrá encontrado muchos iguales entre los ejecutivos. Pero ha demostrado de sobra que la mejor compañía es la propia conciencia.

A nivel mundial, MSD factura 33.900 millones de euros y tiene 69.000 trabajadores. En España, ingresa 922 millones de euros –806 millones en salud humana y 122 en salud animal– y cuenta con 1.300 empleados.

Kenneth Frazier recibió un reconocimiento de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) en abril, por su impulso a la innovación y la investigación, y su compromiso con la sociedad.

El CEO de MSD se sienta además en el consejo de administración de la petrolera Exxon Mobile, y es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. También es patrono de la Cornerstone Christian Academy, una escuela privada que ayuda a jóvenes en riesgo de exclusión en Filadelfia.

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Hacienda no entiende la economía digital | Compañías

Hacienda somos todos, y cualquier persona –física o jurídica– que lleve a cabo una actividad económica sujeta a tributación debe pagar lo que exigen las leyes. Esto debe aplicarse tanto en el mundo offline como online, sin que las nuevas tecnologías e internet sirvan como subterfugio para escapar del control de Hacienda. Sin embargo, la Agencia Tributaria debe primero comprender el funcionamiento de los nuevos modelos de negocio digitales para encontrar luego la forma de regularlos. No se pueden aplicar fórmulas antiguas a realidades nuevas, ya que ello puede resultar en mecanismos de control ineficientes, desproporcionados y contrarios a la normativa del entorno digital.

Un ejemplo de esto último lo encontramos en el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Hacienda que incluye la obligación para las plataformas colaborativas de informar sobre el arrendamiento de viviendas con fines turísticos. Este texto es claramente impreciso en sus definiciones, pero adolece de un defecto aún mayor: se impone un régimen de información contrario a la normativa digital e inadecuado según la naturaleza de las plataformas y de la actividad que llevan a cabo.

Las llamadas plataformas colaborativas son prestadores de servicios de la sociedad de la información y, como tales, están sometidos a la directiva de comercio electrónico y a su ley nacional de transposición. Este régimen jurídico exime a las plataformas de ejercer una actividad general de supervisión o monitorización de sus contenidos, de forma que no están obligadas a recabar información de manera activa (sea para transmitirla o no a las autoridades públicas). Por tanto, la normativa propuesta desde Hacienda quebranta el régimen jurídico establecido por las autoridades europeas para las plataformas digitales, tratando de cambiar con una norma de rango reglamentario lo que está establecido en una directiva comunitaria.

¿Y no pueden las plataformas igualmente compartir la información que se les pide? La respuesta es que no. Además de que la normativa les exime de hacerlo, las plataformas tampoco pueden dar la información que quiere Hacienda porque no la tienen. El texto del proyecto prevé que las plataformas remitan un conjunto de información tremendamente exhaustivo que comprende los datos personales de anfitriones y huéspedes, la identificación de los inmuebles con su referencia catastral y detalles sobre la duración de las estancias y el importe de cada alquiler (incluso aunque sea gratuito).

Las plataformas digitales son muy diferentes entre sí, desde algunas que se limitan a ser un portal de anuncios que facilita el contacto entre particulares, hasta otras que tienen funcionalidades adicionales para aportar más seguridad a la intermediación. De esta manera, la información que maneja cada tipo de plataforma es muy dispar y, en ningún caso, llega hasta los extremos que pretende Hacienda. En otras palabras, la Agencia Tributaria está pidiendo a las plataformas digitales una información sobre la actividad subyacente (la de arrendamiento de viviendas con fines turísticos) que se produce en el entorno digital que ellas habilitan, pero que es una actividad en la que no intervienen y sobre la que no disponen de toda la información, ya que no tiene relación con el servicio concreto que prestan a sus usuarios.

En definitiva, las obligaciones tributarias contenidas en el proyecto de Real Decreto son, por un lado, contrarias a la normativa de comercio electrónico y, por otro, injustificadas, desproporcionadas e irreales por lo que respecta al propio funcionamiento de las plataformas y del entorno digital.

Además, como han advertido la Comisión Europea y la CNMC, este tipo de normas desproporcionadas representan una barrera de entrada al mercado que desincentiva la aparición de nuevos competidores digitales, lo que obstaculiza el desarrollo de la innovación y la digitalización. España necesita sumarse a la transformación digital y aprovechar más las oportunidades que esta ofrece para conseguir un modelo de crecimiento estable y con futuro. Para ello es necesario que las administraciones entiendan mejor los modelos digitales y sean más creativas a la hora de buscar fórmulas para regularlos, evitando alterar por vías indirectas aquellos instrumentos jurídicos que ya funcionan y que han permitido el desarrollo de dichas nuevas realidades económicas.

Por otro lado, es importante destacar que la propia existencia de las plataformas ya ayuda a las autoridades fiscales, gracias a la mayor trazabilidad de las operaciones. Asimismo, algunas plataformas envían también información periódica a sus usuarios de la actividad económica generada y su forma de tributación para facilitar el pago de los impuestos correspondientes. Es más, en otros países, incluso se han llegado a acuerdos con plataformas para que estas procesen el pago de ciertas tasas turísticas en nombre de los usuarios, poniendo de manifiesto que las fórmulas de colaboración público-privada son posibles si se entiende la naturaleza y particularidades de los nuevos modelos digitales.

Entonces, ¿cuál es la solución? Siguiendo las recomendaciones de las autoridades europeas y de los organismos de competencia, las administraciones deben llevar a cabo una revisión normativa para adaptarse a la digitalización, colaborando con las plataformas para encontrar soluciones eficientes que garanticen el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales. La heterogeneidad de las plataformas digitales impide la aplicación de soluciones uniformes al uso, y Hacienda debe escuchar a las plataformas y trabajar con ellas para buscar soluciones realistas, proporcionadas, flexibles y adaptadas al mundo digital.

Alfonso González de León es abogado y consultor senior en Vinces.

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Operación turismofobia | Compañías | Cinco Días

Desde hace unos meses que la palabra turismofobia viene ocupando un lugar central en la escena política y mediática del turismo. El origen de este neologismo puede ser ubicado en 2007, cuando José Antonio Donaire, profesor de geografía de la Universidad de Girona y reconocido experto en turismo, alertó de “la ofensiva turismofóbica” que se estaba gestando en ciertos ámbitos sociales, mediáticos y académicos. Sin embargo, como el mismo Donaire aclaró en su momento, esta turismofobia no era otra cosa que la expresión que tomaba lo que el economista George Victor Doxey llamó a mediados de los años 70 “fase de antagonismo” de todo proceso turístico, una idea prestada de la teoría del Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos del geógrafo británico Richard Butler, y readaptación de los fundamentos que economistas como Joel Dean o Raimon Vernon utilizaron para describir el movimiento vital de cualquier producto en el mercado. La teoría de Butler, fuertemente anclada en el pensamiento liberal de Walt Whitman Rostow, partía de una premisa fundamental: los destinos evolucionan y lo hacen siempre siguiendo el patrón “exploración-involucración-desarrollo-consolidación-estancamiento”.

Pero la recuperación actual del concepto turismofobia poco tiene que ver con su sentido doxeyniano, y en parte es así porque eso implicaría un debate serio y preciso sobre las implicaciones e impactos de la turistificación, algo a lo que el sector (sector de sectores, heterogéneo y desigual, con liderazgos e intereses contrarios, pero al fin y al cabo sector) no parece estar dispuesto. Y es que valdría la pena empezar a reconocer que en el mando del turismo –si hacemos caso a cómo ha ido la historia del desarrollo turístico español en los últimos cincuenta años– quien ha marcado el camino y la estrategia a seguir ha sido siempre el capital financiero y especulativo, y ha sido así tanto en el franquismo como en democracia. Hoy, este capital financiero actúa en esencia igual que entonces, es decir, desbordando todo tipo de marcos legales, expoliando territorios, acaparando recursos fundamentales, así como precarizando trabajadores a corto y largo plazo. Se podrán llenar páginas sobre el destacado papel que ha jugado del pequeño empresario, sobre los esfuerzos que ha hecho para dar un servicio de calidad a los clientes o para garantizar los derechos de sus trabajadores, pero lo cierto es que el pequeño empresario nunca ha tenido ninguna incidencia ni capacidad de decisión en la política turística del país.

En este escenario, salidas ya conocidas como “la apuesta por el turismo de calidad” no solo enmudecen el debate, sino que insisten en un abanico de soluciones que no evitan ni mucho menos la generación de externalidades, impactos y transformaciones urbanas catalizadoras de desigualdad social. La actual situación habitacional y laboral, también legal y financiera, muestra hasta qué punto la gestión del turismo en nuestro país se ha mostrado insuficiente, inoperante e incluso contraproducente para la vida de miles y miles de habitantes. Ya no tiene mucho sentido medir y evaluar la huella turística a partir de la planta hotelera existente o del número de entradas vendidas por el museo del Barça. Nuevas dinámicas económicas, residenciales, legales, culturales y ecológicas están redefiniendo los límites de una ciudad-región turística con cada vez menos margen para practicarla, donde la expulsión de residentes es exponencial y el derecho a la movilidad ha sometido el derecho al lugar, a permanecer en él, a hacerlo y transformarlo, siempre siendo parte, nunca estando aparte.

El turismo ha perdido definitivamente el salvoconducto que le permitía aparentar ser una industria sin chimeneas, y ahora más que nunca, resulta evidente que siempre las ha tenido. Tampoco es la gallina de los huevos de oro ni una fuente de riqueza colectiva. La caída de estos mitos fundacionales ha provocado una rápida reacción, siendo la turismofobia uno de los artefactos conceptuales que se han destinado a definir, medir y contrarrestar el estado de crítica social hacia la ciudad turístificada y sus propietarios. La turismofobia tiene así una intención incriminatoria: en manos de determinados actores políticos-empresariales-mediáticos, trata de definir un tipo de reacción irracional, obsesiva y reprobable socialmente. Este relato patologizador que procura ayudar a mantener intactas las posiciones de un sector en estado de delirio.

Si bien es evidente que en el espectáculo mediático de la turismofobia hay intereses paralelos (véase, por ejemplo, la cobertura hecha en las protestas de Arran), resulta fácil asumir que es una nueva cortina de humo, un nuevo intento por deslegitimar la crítica y criminalizar la movilización social frente al modelo urbano y económico que se impone. Con el uso insistente e interesado de este concepto, se intenta definir los bandos y los límites mentales y políticos del conflicto, llevar las aguas al terreno de los intereses privados, y reducir lo que es un problema social en una estúpida pero peligrosa pataleta de unos pocos molestos con los turistas que “nos visitan”. Para que avance el barricidio, la fobia debe imponerse.

Queda por ver qué caminos alternativos se construyen ante esta ofensiva por el control de las ciudades, qué capacidad de gobernanza tiene el poder público para detener esta sangría de consecuencias irreversibles, o qué rol puede terminar ejerciendo la población organizada en la defensa de sus derechos fundamentales. Por lo demás, el problema de la turismofobia tiene una rápida solución, y no es otra que dejar de hablar de ella y abrir un debate serio y real, con consecuencias concretas sobre la vida de las personas y sus ciudades.

Sergi Yanes es doctor en Antropología Social. Miembro de Turismografías.

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