El Gobierno rebaja al 2,3% su previsión de déficit público para 2018 | Mi dinero

El Gobierno estima que el déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas se situará en el 2,3% del PIB a finales de 2018, lo que supone una décima más de lo acordado con la Comisión Europea (2,2%). Así lo recoge el Plan Presupuestario 2018, remitido este lunes por el Gobierno a Bruselas ante la imposibilidad de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la inestabilidad política generada por la deriva independentista en Cataluña.

El Ejecutivo había pactado con Bruselas un déficit del 3,1% del PIB este año, objetivo que asegura se va a cumplir; y del 2,2% en 2018, aunque la previsión que tiene ahora el Gobierno es de que será una décima superior y se situará en el 2,3%. La décima de desviación se adjudica a la administración central, que tendrá un déficit del 0,8% frente al 0,7% estimado. Mientras, se mantiene el déficit del 0,4% en las comunidades autónomas y del 1,1% en la Seguridad Social. El Gobierno indica que “de acuerdo con los últimos datos de recaudación y de ejecución presupuestaria disponibles, España tiene garantizado el cumplimiento, si cabe con menor riesgo, del objetivo de déficit público de 2017, fijado en el 3,1% del PIB”. “Esto nos sitúa en una buena posición de partida”, explica el Ejecutivo, aunque agrega que “la proyección bajo la hipótesis de política constante, junto con la ralentización del crecimiento económico real previsto para 2018, sitúa la estimación del déficit para 2018 en el 2,3%”.

“Es el resultado automático de proyectar el déficit de las administraciones públicas de 2017, una vez se descuenta la mejora cíclica estimadapara 2018”, se expone en el documento enviado a la Comisión. Según el texto, la previsión de déficit para 2018 es del 2,3% del PIB “en un escenario sin cambio de políticas públicas”, año en el que, en todo caso, España saldrá del Procedimiento por Déficit Excesivo (PDE). “Esta previsión se ha efectuado descontando el impacto del ciclo estimado para 2018 al déficit de las administraciones públicas previsto para 2017. Una vez se presente el Presupuesto del próximo año, se darán a conocer las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad en 2018”, se añade.

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La crisis en Cataluña y el PNV paralizan el trámite de los Presupuestos | Mi dinero

El calendario de los Presupuestos para 2018 ha saltado por los aires. La legislación establece que antes del 1 de octubre, el Consejo de Ministros debe aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 y remitirlos al Congreso de los Diputados. Es decir, el Gobierno debería cumplir el trámite esta semana, pero no será así porque Hacienda quiere ganar tiempo ante el rechazo del PNV a negociar las cuentas del próximo año en mitad de la crisis institucional abierta en Cataluña. 

Es cierto que para presentar los Presupuestos en el Congreso no es necesario tener un pacto, sino que ello se puede trabajar durante el trámite parlamentario. Aun así, Hacienda confiaba en entregar al Consejo de Ministros un Presupuesto con al menos con un principio de acuerdo o con posibilidades reales de salir adelante. La negativa del PNV ha desbaratado ese plan. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que los Presupuestos no se aprobarán este viernes y, por lo tanto, se incumplirá la normativa. La idea de una prórroga presupuestaria no puede descartarse, aunque el Ejecutivo insiste en que su voluntad es tener un Presupuesto. Si un pacto presupuestario, también ganaría fuerza la posibilidad de un adelanto electoral. Un escenario que tampoco agrada a Moncloa en un momento de máxima tensión y polaridad.  

Los Presupuestos del próximo año ya contaban con el apoyo de Ciudadanos, que pactó incluir una rebaja del IRPF para que el impuesto no lo pagaran las rentas inferiores a 14.000 euros frente a los 12.000 euros actuales. También contemplaba una rebaja del IRPF para los salarios inferiores a 17.000 euros y ayuda para familias con hijos. En al ámbito familiar, las cuentas también debían incorporar una ampliación de la baja de paternidad de las cuatro semanas vigentes a las cinco. Todas estas medidas quedan ahora en el aire. Sin Presupuesto, también queda en el aire la rebaja del IVA a las entradas de cine, que Ciudadanos y PP pactaron que entrara en vigor este año y que implicaba reducir el tipo de los tiques del 21% al 10%. 

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Referéndum: ¿Tiene razones Cataluña para quejarse del pago en las autopistas? | Compañías

Cataluña tuvo la primera línea de tren de la península, la Barcelona -Mataró (1948), para desarrollar la comarca del Maresme; fue el segundo destino del AVE desde Madrid, y Barcelona goza de una de las mayores redes de Cercanías (Rodalíes), siempre puesta en comparación con la infraestructura ferroviaria que sirve a la capital. Ha tenido, y conserva, un lugar predominante en el desarrollo español de infraestructuras, con hitos como ser la única comunidad con sus capitales de provincia conectadas por la alta velocidad. Pero Cataluña también estrenó la barrera de peaje en 1969 (Barcelona-Mataró), cuando en Madrid se inauguraban tramos de autovía gratuita en la A-3 y A-6.

Este tipo de comparaciones, que alimentan el discurso nacionalista, son el pan nuestro de cada día en el Congreso de los Diputados, donde los votos catalanes han sostenido Gobiernos, en ocasiones a cambio de una millonaria lluvia de obras.

Cataluña es la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, por licitación de proyectos desde el Gobierno central entre 2012 y 2016, y ocupa la misma posición, tras Galicia y su AVE, por adjudicaciones. Además, el presidente Mariano Rajoy trató de aplacar los vientos soberanistas anunciando en marzo una inversión de 4.200 millones hasta 2020.

Pero los peajes, sostenidos por contratos a muy largo plazo, siempre están ahí. Son la muestra esencial del agravio que dice sufrir el pueblo catalán. Con 630 kilómetros de pago, aproximadamente uno de cada cinco kilómetros de las autopistas españolas se asienta sobre las provincias catalanas. La Rioja, Galicia, Navarra o la Comunidad Valenciana no le van a la zaga. Y la gran diferencia respecto a Madrid o las dos Castillas es la práctica ausencia de vías paralelas gratuitas.

Cataluña es la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, por licitación de proyectos del Gobierno central entre 2012 y 2016, y ocupa la misma posición, tras Galicia y su AVE, por adjudicaciones

Quienes revisten de objetividad y gravedad esta circunstancia recuerdan que el 96% del transporte terrestre en España va por carretera. En el caso de Cataluña, las conexiones del Litoral, y entre los grandes núcleos urbanos, son de pago, con casi la mitad de los kilómetros impulsados por la propia Generalitat. Comparando políticas, Andalucía ha construido 800 kilómetros de autovía gratuita, mientras Cataluña es titular de 400 kilómetros de alta capacidad, de los que 170 tienen barrera.

Asumiendo que el desequilibrio en el pago por uso existe, desde Fomento se reitera una y otra vez que la instauración del peaje se debió, entre los años 60 y 70, a la necesidad de responder la industrialización de Cataluña y a la falta de fondos.

El resto del país trataba de progresar atravesado por nacionales de un solo carril por sentido. Por ello, durante más de 30 años fueron minoritarias las quejas de quienes debían pagar por carreteras cercanas a los estándares europeos. Llegaron en los años ochenta el desdoblamiento de esos enrevesados trazados y el debate sobre las distintas españas.

La que fue Secretaria de Estado de Infraestructuras durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, Josefina Cruz, ya anticipó en una tribuna publicada en 2012 en El País que el conflicto por las autopistas estaba servido: “Contemplado con la perspectiva de los 45 años que han transcurrido desde que se inicia esta política de infraestructura, se advierte la ausencia de planificación territorial en su diseño y un claro cambio de rumbo cuando se opta por construir autovías libres de peaje, provocando de facto un desequilibrio territorial”. Cruz Villalón ya abogaba por evitar ampliaciones de plazo en las concesiones de próximo vencimiento.

Ya en su primera comisión parlamentaria (13 de diciembre de 2016), el actual ministro Íñigo de la Serna fue recibido por la diputada de Esquerra Republicana Teresa Jordá i Roura con dos recriminaciones: la “desatención” de las carreteras catalanas de titularidad estatal y el “pésimo e indigno servicio de Rodalíes”, cuya gestión fue traspasada al Govern en 2010, manteniendo el Adif el control de la infraestructura. La toma de este último es otra de la reivindicaciones clave de Cataluña, quejosa del estado de las vías y estaciones utilizadas cada día por 400.000 viajeros.

La respuesta del Gobierno, en un intento de última hora de tender puentes, es un plan para invertir 4.000 millones en las cercanías hasta 2025. “Somos conscientes de la necesidad de un esfuerzo especial”, dijo Rajoy en marzo. Asumía así el estado obsoleto de parte del ferrocarril catalán.

Madrid como núcleo

Otro puntal del discurso catalanista es el de la concepción radial del mapa de infraestructuras, propio del aznarismo, frente al interés de conectar con Europa. Toda infraestructura calificada de estratégica parte de la capital, quedando durante años desatendidas reivindicaciones como las mejoras en la N-II que viaja de Zaragoza a Barcelona paralela a la AP-2. Esa estrategia comenzó a equilibrarse con infraestructuras como la A-66 o autovía de la Plata, que baja desde Galicia hasta Andalucía; la A-8 o autovía del Cantábrico, y la propia A-7 o autovía del Mediterráneo.

El trazado de esta última va de Algeciras hasta Barcelona, siendo el tramo del norte, entre Castellón y la Ciudad Condal el que no concluye. De hecho, la reversión de la AP-7 a manos de Fomento podría ser utilizada como cierre de la autovía. Al respecto, está por ver si el Ministerio relicitará las autopistas de próximo vencimiento, manteniéndolas bajo el pago por uso, o las abre al tráfico gratuito. La primera decisión ha sido no prorrogar las concesiones.

Si la falta de continuidad de la A-7 por la costa catalana es munición para las proclamas lanzadas contra el Gobierno, también es cierto que la Comunidad Valenciana ha sido más activa que la Generalitat en el desdoblamiento de carreteras paralelas a la AP-7, como la CV-10 (82 kilómetros) y la CV-40 (23 kilómetros). No faltan quienes opinan que en Cataluña se ha protegido el derecho de una empresa local, como es Abertis, a gestionar la AP-7 sin competencia pública.

Frente al concepto de desarrollo radial con núcleo en Madrid del ‘aznarismo’, se pusieron en marcha las autovías de la Plata, Cantábrico o la A-7

Una obra emblemática que rompe con el concepto de Madrid como núcleo logístico del país es el Corredor Mediterráneo, con previsión de arranque con AVE y tráfico de mercancías en 2023. El proyecto, que acumula fuertes retrasos e indefinición, conectará definitivamente el Levante español con Europa, y servirá de puente a Valencia y Barcelona.

Desde el Palau de la Generalitat también ha resonado durante años la petición de la gestión directa del aeropuerto de El Prat, donde Fomento prevé la conexión ferroviaria con la estación de Sants (285 millones), entre otros proyectos que afectarán a aeropuertos catalanes.

Los argumentos no faltan en uno y otro sentido. Pero Cataluña, con AVE, el segundo aeropuerto del país, uno de los puertos más pujantes de Europa, y mucha carretera de peaje, ha convertido sus tradicionales reivindicaciones en un muro que busca distinguirla del resto de España.

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El Estado gastó 4.000 millones en pagar cotizaciones de parados en 2016 | Mi dinero

El Estado destinó el pasado año 4.061 millones de euros a costear las cotizaciones a la Seguridad Social de los beneficiarios de prestaciones contributivas y subsidios por desempleo, según la liquidación final del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondiente al ejercicio de 2016.

Esta cantidad, que el SEPE paga a la Seguridad Social para no perjudicar las carreras de cotización de los desempleados mientras están cobrando estas ayudas, representa aproximadamente el 22% del gasto total en prestaciones y subsidios en 2016 (18.638 millones de euros).

A finales del pasado año 1,9 millones de desempleados cobraban algún tipo de ayuda por estar en desempleo.

No obstante, este coste de financiar las cuotas a los parados se ha recortado a la mitad en los últimos siete años, ya que en 2009 se llegaron a gastar más de 8.000 millones en estas transferencias del SEPE a la Seguridad Social.

Este descenso se corresponde con una disminución similar en el gasto total en prestaciones por desempleo, cuyo coste llegó a superar los 32.000 millones de euros anuales en 2009;mientras que en 2016 el ejercicio cerró con un presupuesto ejecutado de 18.600 millones de euros.

A finales del año pasado, el mayor colectivo de beneficiarios era el de perceptores del subsidio por desempleo, que reciben aquellos que han agotado la prestación contributiva y reúnen los requisitos de rentas y/o edad (mayores de 55 años) requeridos para esta ayuda. Un total de 850.764 personas recibían estos subsidios.

Si bien el gasto en cotizaciones del colectivo fue de 726 millones de euros. Esta cifra es muy inferior a lo destinado a pagar las cuotas de los beneficiarios de prestaciones contributivas, a lo que se destinaron 3.228 millones de euros, a pesar de que el número de perceptores de estas ayudas era inferior a los beneficiarios del subsidio. En concreto, en diciembre 780.074 personas recibían prestaciones contributivas por desempleo.

Esta diferencia se produce porque el Estado cotiza por la base mínima legal por los beneficiarios del subsidio, mientras que en el caso de los perceptores de prestaciones contributivas, el Estado cotiza exactamente por la última base de cotización que tuviera el trabajador antes de quedarse en paro;y muchas de ellas son bases mucho más elevadas que la mínima.

Así, el Gobierno destinó 8.443 millones de euros a pagar prestaciones contributivas por desempleo, lo que supuso el doble de lo que invirtió en costear los subsidios asistenciales para parado, a los que se destinaron 4.266 millones). Pero si solo se analiza el pago de las cotizaciones de estos desempleados, el mayor volumen de bases medias y altas de cotización entre los perceptores de las prestaciones contributivas multiplicó por tres lo gastado en cotizaciones a los beneficiarios de subsidios (3.228 millones frente a 726,2 millones).

Además, las cotizaciones de los beneficiarios del subsidio agrario costaron a las arcas estatales el pasado año otros 106 millones de euros.

Programa de activación

En el desglose de la ejecución de este presupuesto de los servicios públicos estatales de empleo, se certifica también el escaso éxito obtenido por el programa de ayudas de Activación para el empleo, de reciente creación. Se trata de la última ayuda pública a la que pueden acceder los parados de larga duración y cargas familiares cuando ya han agotado el resto de programas.

Ante el bajo número de beneficiarios que cumplía los requisitos para esta ayuda, el Gobierno rebajó en abril pasado sus condiciones de acceso. De esta forma, la mitad del año transcurrió con los nuevos requisitos menos exigentes. Pese a ello, el SEPE solo se gastó el 43% del presupuesto que tenía para este programa.

En concreto, contaba con 350 millones de euros y solo aprobó y ejecutó ayudas por valor de 125 millones de euros a beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo.

Ante esta situación, y tras la problemática surgida por las competencias del otro plan de ayudas a parados de larga duración (Prepara) el Gobierno y los interlocutores sociales negocian la reunificación de estos planes en una nueva ayuda.

Dinero que se queda sin gastar

  • La ejecución presupuestaria del SEPE del pasado año revela también que se dejaron sin gastar tres de cada diez euros que inicialmente se iban a invertir en la formación de trabajadores, ya estuvieran estos ocupados o desempleados. Concretamente, el presupuesto de este organismo incluía una partida de 1.060 millones para dar cursos de formación para trabajadores ocupados, de los cuales finalmente se gastaron 732,7 millones de euros, el 70% del total. Igualmente, de los 892,8 millones previstos para dar cursos formativos a desempleados, se habían gastado a final del ejercicio, 641,1 millones, el 71,8% del total. El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que la única partida que el Gobierno ha gastado al 100% es la del dinero transferido para programas formativos en el ámbito autonómico, “pero la falta de transparencia hace que se desconozca su grado real de ejecución territorial”.
  • Otro de los incumplimientos presupuestarios más significativos del SEPE correspondió a la partida destinada a pagar prestaciones por cese de actividad. El Gobierno estimó que abonaría estas prestaciones por valor de 11,6 millones de euros, pero solo llegó a abonar 2,3 millones. Igualmente, quienes diseñaron este presupuesto creyeron que pagarían cuatro millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social de estos perceptores de la prestación por cese de actividad y solo abonaron un millón. Esto supone que el grado de ejecución de este presupuesto apenas superó el 20%.
  • El Ministerio de Empleo también incluyó en las cuentas del SEPE una partida de 40 millones de euros para la “mejora las oficinas de empleo”, de la que, según la ejecución presupuestaria, no se ha gastado ni un solo euro. Si se han gastado, sin embargo, los 60 millones destinados a la “modernización” de los servicios públicos de empleo.
  •  La partida presupuestaria destinada a bonificaciones empresariales para la contratación de trabajadores tampoco se agotó. En 2016 se destinaron 1.550,3 millones para estas ayudas a las empresas, el 95% de los 1.635 millones presupuestados para ello.

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El recelo del PNV deja en el aire la rebaja del IRPF y la mayor baja por paternidad | Mi dinero

En mitad del clima enrarecido y crispado por el proceso soberanista en Cataluña, el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Un trámite que se prevé tortuoso. De hecho, Hacienda ha modificado el calendario previsto y ha sacado de la agenda del Consejo de Ministros de hoy la aprobación del Presupuesto. Se busca ganar tiempo para acercar posturas.

El PNV, que apoyó las cuentas del ejercicio en curso, se ha mostrado reacio a ceder sus votos y ha criticado la actuación del Gobierno en la gestión de la crisis política abierta en Cataluña. También el procés ha sido clave, pero en sentido contrario, para acelerar el acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos. La formación naranja ha querido confirmar su apoyo a las cuentas para dar una imagen de estabilidad.

Ciudadanos apoyará los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha negociado medidas como incluir una rebaja del IRPF. En concreto, las cuentas contemplarán que los asalariados que ganan menos de 14.000 euros al año no tributen por IRPF. Actualmente, la exención se limita a quienes cobran hasta 12.000 euros. Para las rentas entre 14.000 y 17.500 euros se fijará una reducción tributaria que aún no se ha concretado. También en el ámbito del IRPF, se ampliarán las bonificaciones y ayudas para las familias con hijos. Y el compromiso es bajar el IVA de las entradas de cine del 21% al 10% en 2018.

Ciudadanos cerró este pacto de la rebaja del IRPF en junio, tras sortear la negativa inicial del ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro era partidario de posponer a final de legislatura la reducción fiscal.

Ahora, el acuerdo para apoyar el Presupuesto también incluye elevar una semana hasta las cinco el permiso de paternidad. Ya el año pasado se amplió dos semanas. Rivera, que compareció ayer en el Congreso, señaló que entre los compromisos también se ha incluido la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. 

El presidente de Ciudadanos también aseguró que se incluirán ayudas de guardería para las familias con hijos entre cero y tres años y prometió inversiones para el Corredor Mediterráneo. En total, Rivera estimó que el pacto entre PP y C’s ascenderá a 8.000 millones de euros. “Si se cumplen, Ciudadanos dará luz verde a los Presupuestos”, dijo. 

En cualquier caso, el pacto con Ciudadanos se daba por hecho. Las cuentas del año pasado salieron adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. La clave será la negociación con los nacionalistas vascos, que ya arrancaron el año pasado una actualización del cupo muy beneficiosa para los intereses del País Vasco.

La posibilidad de que el Presupuesto no salga adelante es real y podría acelerar la convocatoria de elecciones. Sin embargo, fuentes del Gobierno reconocen que este escenario no es deseable en un contexto como el actual, en el que altos cargos de la Generalitat de Cataluña están detenidos y el movimiento independentista llama a una manifestación permanente.

Si no se produce un Consejo de Ministros extraordinario, será el viernes 29 de septiembre cuando se aprueben los Presupuestos de 2018, que deben ser remitidos al Congreso antes del 1 de octubre. Ello significa que podría habilitar el sábado 30.

El pasado julio, los Presupuestos ya sortearon su primer trámite parlamentario cuando el Congreso aprobó el techo de gasto para 2018 con los votos de PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y la abstención de Nueva Canarias. El límite de gasto no financiero se fijó en 119.834 millones, un 1,3% más que el ejercicio anterior. El incremento es inferior a la evolución prevista del PIBnominal y, por ello, Hacienda mantiene que son unos Presupuestos austeros.

España se ha comprometido con Bruselas a rebajar su déficit público hasta el 2,2% del PIB, lo que supondría cumplir el Pacto de Estabilidad de la UE por primera vez en una década. Se trata de un reto exigente, aunque es cierto que en el momento en el que se baja del entorno del 3%, los posibles desvíos se consideran más aceptables tanto por Bruselas como por los mercados.
La deuda pública, que ronda el nivel del 100%, también debe mantener una senda descendente. Según los objetivos de estabilidad, el pasivo se situará en 2018 en el 97,6% del PIB para caer hasta el 92,5% en 2020. El crecimiento económico, el aumento de los ingresos y la contención del gasto son las variables que permitirán reducir la deuda.

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Sindicatos y Gobierno vuelven a negociar la subida salarial de los funcionarios | Mi dinero

Después del fracaso de la negociación para alcanzar un pacto salarial en el sector privado, sindicatos y Gobierno asumen el reto de convertir a la Administración en el único ámbito donde sí podría llegarse a un consenso sobre cuánto deben aumentar los sueldos de los empleados públicos en los próximos años.

Fuentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT admitieron ayer que están a punto de retomar las negociaciones suspendidas a finales de julio por el descanso estival, ya que el reloj corre en su contra.

Todo apunta a que si no ocurre ningún imprevisto de última hora que lo impida, el próximo día 22 el Gobierno aprobará en su reunión semanal del Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos de 2018. El caso es que el Ejecutivo no cuenta con mucho margen porque la ley establece que dicho texto ha de remitirse a las Cortes para su aprobación definitiva antes del 30 de septiembre, por lo que retrasar el visto bueno del Consejo al viernes 29 se antoja poco probable.

Y dicho proyecto de ley ha de contener como una de las grandes cifras de las cuentas públicas el gasto en personal previsto para el próximo ejercicio. Por eso, si el Gobierno quiere conseguir que esta vez exista un consenso total con los sindicatos en la subida salarial a los empleados públicos, apenas cuenta con 15 días para cerrar el pacto.

Por el momento, ninguna de las partes quiere hablar de horquillas de subidas salariales y sí de un acuerdo plurianual que logre recuperar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante la crisis tras años de congelación salarial, los recortes decretados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la supresión de la paga extra de Navidad ordenada por el Gabinete de Rajoy.

El Gobierno, como es lógico, elude hablar de a cuánto asciende esa pérdida de poder de compra de los empleados públicos. Sin embargo, los sindicatos hablan de entre un 12% y un 15%, según los casos. De hecho, recuerdan que trabajadores de algunas administraciones, como aquellos dependientes de la Generalitat de Cataluña, sufrieron la pérdida de más pagas extras que, por ejemplo, los empleados de la Administración General del Estado; debido a la delicada situación de las finanzas públicas catalanas.

La extra de Navidad de 2012 no abonada ya ha sido devuelta a la totalidad de los empleados públicos y para 2016 y 2017 fueron decretadas sendas mejoras en sus retribuciones del 1%, pero los sindicatos consideran que ha llegado el momento de que el Gobierno haga un mayor esfuerzo.

“Si es cierto que la recuperación va tan bien y con la economía creciendo más del 3% durante varios años seguidos, nosotros consideramos que la subida para 2018 ha de situarse por encima del 1% y en ese compromiso está de acuerdo el Ejecutivo”, argumentó ayer el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell.

En este sentido, el dirigente sindical recordó que una mejora por encima del 1% no solo sería buena para los trabajadores de la función pública, “es que una subida generalizada de salarios le vendría muy bien a la economía española”.

Por su parte, desde el Gobierno insisten en mostrar toda su disposición para la consecución de un buen acuerdo que no se suscriba únicamente a 2018, sino que abarque, al menos, lo que resta de legislatura, 2020 incluido. Admiten que las cuentas del próximo año tienen más margen para aprobar alzas más generosas que en 2016 y 2017, pero al mismo tiempo advierten contra los efectos que podrían tener “demasiadas alegrías” en la consecución del objetivo de déficit, del 3,1% del PIB.

Más allá del capítulo salarial, para los sindicatos es igualmente esencial que la negociación consiga avanzar en dos cuestiones claves. La primera es el contencioso sobre la jornada laboral de los empleados públicos. Uno de los recortes aplicados en 2012 consistió en modificar el Estatuto básico del empleado público y donde rezaba que su jornada de trabajo sería como máximo de 37,5 horas, el Gobierno decretó suprimir el término “máximo”, de forma que allí donde se había generalizado la jornada de 35 horas, esta tuvo que ampliarse a las citadas 37,5. Desde el Ministerio de Hacienda se recalca que esto también se va a estudiar.

Y otra de las reivindicaciones sindicales es la recuperación de la cobertura en salario que tienen los empleados públicos por incapacidad temporal (IT) o baja por enfermedad. Piden que dejen de descontarse del sueldo los primeros días de baja como ocurre en la actualidad.

Algunas claves que pueden facilitar el pacto

Estos son algunos de los asuntos que formarán parte de la negociación que ahora se retoma.

Jornada laboral. En algunas administraciones como la Junta de Andalucía, Gobierno regional y sindicatos han llegado a un acuerdo para recuperar la jornada de 35 horas, pero el Ejecutivo central ha de autorizarlo.

Bajas por enfermedad. De la misma manera, en algunos ayuntamientos y administraciones autonómicas se han mostrado partidarios de dejar de descontar del sueldo durante los primeros días de baja como fue decretado en 2012 para combatir el absentismo laboral. Los sindicatos exigen a Hacienda que elabore una norma de ámbito estatal que aclare en qué casos o por qué tipos de enfermedades no se podrá recortar dinero al trabajador que cause baja.

Empleo público. Y aunque en materia de empleo hay consenso y se ha logrado activar la mayor oferta de plazas de la última década, lo cierto es que se ha creado una comisión de seguimiento que velará porque eso sea así y continuará demandando otros aspectos. Entre ellos medidas para rejuvenecer las plantillas, como el fomento de la jubilación parcial y los contratos de relevo.

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Las seis claves de Fitch Ratings sobre la recuperación de España | Mercados

Fitch Ratings, agencia internacional de calificación crediticia, ha valorado, al término del primer semestre del año, la situación actual de la economía de España como positiva. Las previsiones de la agencia, que concuerdan con los datos proporcionados por el Gobierno de España, apuntan a la continuación de la recuperación económica, fijando el crecimiento del PIB en el 3,1% para el final del año, así como una reducción tanto de los riesgos a corto plazo como un incremento en la rapidez de reducción del déficit fiscal. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ayuda a la consolidación del crecimiento económico del país, según apunta la agencia. Aun así, prevén que continúe la inestabilidad política del país que radica de los desacuerdos del Gobierno central con Cataluña, lo cual no tendrá un impacto directo en el desarrollo económico de los próximos años. 

La agencia vuelve a valorar la solvencia del país con la calificación BBB+, valor que mantiene desde 2014. Este indicador está dos escalones por encima del llamado bono basura y uno sobre el mínimo que registró entre 2012 y 2014, BBB. En 2003 España obtuvo la calificación AAA, la más alta concedida por esta firma. La perspectiva de la deuda es positiva, lo que implica que es posible que en los próximos meses Fitch suba la calificación.

  • Recuperación económica constante

El crecimiento del PIB se mantiene y se vislumbran indicios de recuperación gracias a la reducción de los desajustes en el plano macroeconómico. El crecimiento del primer semestre iguala la subida del 3,2% del año anterior, consecuencia de una reducción del desempleo del 17,1% en junio. La reducción del endeudamiento se mantiene, con una caída de 6.6 puntos en el primer trimestre de la deuda no financiara del sector privado. Fitch prevé un crecimiento del PIB del 3,1% al término de 2017, moderando esta subida al 2,5% en 2018 y al 2,2% en 2019.

  • Reducción cíclica del déficit

Los riesgos a corto plazo en la ejecución presupuestaria se han reducido gracias a la aprobación de presupuestos del Estado para 2017 y el acuerdo para fijar el techo de gastos de 2018 (aumentará un 1,3% respecto al techo de gastos de este año). Se prevé una reducción en el déficit del Gobierno del 3,2% este año en comparación al 4,5% de 2016. Para 2018 se prevé un 2,5%, continuando con la recuperación cíclica de la economía. De acuerdo con el análisis de la deuda a largo plazo de Fitch Ratings, el grueso de la deuda pública descenderá levemente, pasando del 99,4% con el que cerró 2026 a un 95,3% en 2020.

  • Los ajustes en la economía exterior continúan

El superávit de cuenta corriente se incrementó un 2.0% en 2016 en comparación al 1,4% de 2015, mejorando así desde el comienzo de la crisis financiera en 11,7 puntos. Las exportaciones se han apoyado en la caída de los costes laborales unitarios, que en 2016 cayeron un 2,5% y desde 2009 han descendido un 15,6%. La deuda externa neta cayó al 84,6% en 2016, cuando en 2015 este descenso se fijó en un 92,0%. Aun así, sigue siendo un valor elevado para la situación actual.

  • Riesgo político e incertidumbre

La previsión de la agencia señala que las tensiones entre el Gobierno central y Cataluña aumentarán durante los próximos meses, pero esto no tendrá un impacto en la economía o en el funcionamiento del Gobierno.

  • La aprobación de los presupuestos del Estado reduce la inestabilidad

La estabilidad a término medio del Gobierno sin mayoría absoluta actual ha sido reforzada por la reciente aprobación de los Presupuestos del Estado y el acuerdo del techo de gasto de 2018. Aun así, sigue habiendo un riesgo en el parlamento debido a la situación actual en la que el partido gobernante no tiene la mayoría absoluta, lo cual limita las operaciones para una sustancial nueva reforma económica, en especial con la disminución de apoyos del Partido Socialista durante los últimos meses al Partido Popular.

Fe de errores

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El Tribunal de Cuentas pide reducir las tasas por publicación de anuncios en el BOE | Legal

Las tasas para publicar anuncios en los boletines oficiales son demasiado altas en relación con los costes reales del servicio. Así lo entiende el Tribunal de Cuentas que acaba de publicar el Informe de Fiscalización de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) correspondiente al ejercicio 2014.

En su documento, el Tribunal de Cuentas recuerda que los principales ingresos de la AEBOE se derivan de las tasas por la publicación de anuncios en el BOE, así como de anuncios y actos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). En este sentido, apunta que, en su conjunto, estos ingresos ascendieron a 36,1 millones de euros en 2014 –el año que está fiscalizando el tribunal-, una cifra muy superior al total de los gastos de gestión ordinaria, que es de 26,7 millones de euros.

Según explica la institución fiscalizadora, “la cuantificación de estas tasas es contraria a la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, ya que está establecida por encima de los costes reales del servicio”. Concretamente, el artículo 7 de la citada ley recoge el principio de equivalencia por el cual “las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible”, algo que, al parecer, no sucede en el BOE.

El tribunal continúa explicando que esta circunstancia “generó una recaudación de 30,4 millones de euros –cantidad superior a los gastos de gestión de la Agencia-, lo que permite una transferencia al presupuesto del Estado, derivada de un exceso recaudatorio no permitido”.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas concluye que se deben “revisar las cuantías de las tasas por publicación de anuncios en el BOE y de anuncios y actos en el BORME, para cumplir con la obligatoriedad de considerar el principio de equivalencia, conforme a la legislación y, en consecuencia, dejar de incluir en el presupuesto de la AEBOE la transferencia anual a los presupuestos del Estado derivada de dicho exceso recaudatorio”.

Exceso de tesorería

Además, también se ha detectado que “el remanente de tesorería anual de la AEBOE es excesivo, ascendiendo a 104,3 millones de euros en 2014”. En este sentido, el Tribunal de Cuentas recuerda que ha venido recomendando, en sus Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado, “que se tomen las medidas necesarias para reducir los remanentes de tesorería de los organismos públicos, una magnitud que no debería exceder del importe de sus presupuestos de gastos”.

El tribunal recomienda que la Agencia incluya en su planificación estratégica “mejorar la configuración de las actividades industriales y comerciales, en especial las que desarrolla como medio propio, para justificar la atención, por un lado, a criterios de necesidad y utilidad para la Administración General del Estado y, por otro, a los requerimientos normales en las actividades que operan en un mercado competitivo (costes, tarifas, rentabilidad, etc.)”.

Incentivos vinculados a objetivos

Otra cuestión que sale a la luz en el informe de fiscalización es que “los complementos e incentivos de productividad al personal funcionario y laboral deben vincularse al cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión”.

Según explica el tribunal, “los objetivos estratégicos de la entidad no están cuantificados específicamente, sino que se valoran de un modo conjunto, a través del denominado Índice General de cumplimiento de objetivos de la Agencia (IGA)”. Este índice se obtiene con carácter anual mediante la ponderación de los resultados de diversos indicadores y, aunque el informe considera que son indicadores “relevantes, coherentes y medibles”, aprecia “algunas omisiones y carencias que pueden disminuir su validez para una evaluación rigurosa del cumplimiento de toda la actividad de la AEBOE”. Además, los resultados presentan un alto grado de eficacia, pero detecta en algunos casos “una excesiva prudencia o conformismo en las metas a alcanzar”.

Sobre esta cuestión, el tribunal recomienda “analizar el sistema de acreditación de los complementos e incentivos de productividad, tanto para el personal funcionario como para el personal laboral, de manera que su cuantificación individual se vincule al cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión y al rendimiento individual”.

A 31 de diciembre de 2014 la Agencia contaba con 429 empleados, de los cuales 79 eran funcionarios y 350 laborales. Los gastos de personal son el principal elemento de costes de la organización, con un 71% del coste total de la Agencia.

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Rajoy presenta un plan de carreteras de 5.000 millones de financiación privada | Compañías

El Gobierno quiere dar el impulso necesario a unas olvidadas carreteras en los últimos años, las infraestructuras que más recortes en la inversión han sufrido desde la política de ajuste del déficit iniciada en 2010. Además, quiso anunciar sus medidas con toda la solemnidad posible, en el Salón de Tapices del Palacio de La Moncloa e invitando al sector privado que será necesario en el nuevo plan.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, presentó este viernes un plan extraordinario de carreteras. Le acompañaba Soraya Sáenz, vicepresidenta del Ejecutivo, y Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. Esta iniciativa contempla obras en 20 corredores por unos 2.000 kilómetros en total.

Rajoy se rodeó además de los presidentes de grandes constructoras del país, como Florentino Pérez, de ACS, o Esther Alcocer Koplowitz, de FCC, y los consejeros delegados de Ferrovial y OHL, Iñigo Meirás y Tomás García Madrid, respectivamente. También acudieron los responsables de las patronales del ramo como Seopan, Anci y CNC.

El plan tendrá un coste de alrededor de 5.000 millones, financiados inicialmente por la iniciativa privada. A diferencia de otras como las quebradas radiales de peaje, no tendrá coste por uso para los ciudadanos. Fomento pagara alrededor de 350 millones de euros anualmente por las vías a partir de que las obras están terminadas y durante 30 años. Es el llamado pago por disponibilidad, un modelo que Rajoy dijo traer de otros países europeos.

El 20% de cada obra deberá ser financiada mediante los recursos propios de la compañía que realice la obra, o en UTE entre varias de ellas si son de tamaño pequeño. El restante 80% de coste se financiará a partes iguales entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y por las entidades financieras privadas.

El BEI participará gracias a los recursos del Plan Juncker. El Gobierno ya ha presentado la iniciativa a la Comisión Europea y ha recibido su bendición. Pero cada proyecto deberá contar con el visto bueno del banco con sede en Luxemburgo. Por eso, todos estos proyectos deben tener un sentido estratégico para la Unión Europea. El coste de esa deuda paras las empresas se prevé que sea a niveles de euribor más 0,75 puntos. Respecto a la financiación privada, las compañías tendrán libertad para trabajar con bancos o fondos de infraestructuras y desde Fomento se cree que no tendrán problemas para captar recursos por la enorme liquidez que existe en el mercado.

Se trata de un modelo de colaboración público-privada en el que las empresas deben costear la obra. El Ejecutivo insistió que todo el riesgo lo asumen las compañías ni existen mecanismos de rescate como en las autovías en quiebra.

Las obras comenzarán a partir desde septiembre y durarán hasta 2021. A partir de ese año, el Estado pagará por la disponibilidad de las carreteras. Si se suman esos 350 millones anuales durante tres décadas, el coste público alcanza los 10.500 millones en total para las arcas públicas. Eso cubre los 5.000 millones de la inversión además del mantenimiento que las compañías deberán sufragar durante los 30 años.

Gracias a esta iniciativa se crearán 48.000 empleos directos, 30.000 indirectos y 72.000 inducidos, según aseguró el propio Rajoy en la presentación. Mientras que en la fase de mantenimientos se requerirán 12.000 directos, 8.000 indirectos y 19.200 inducidos. En total 189.200 empleos, con los cálculos del Ejecutivo.

Rajoy hizo hincapié en que este modelo no tendrá efecto sobre el actual objetivo de reducción de déficit, debido a que el coste se pagará anualmente a partir de 2021. Según los cálculos del Gobierno, el pago anual de 350 millones supone un importe del 20% del actual presupuesto del Ministerio de Fomento.

El Ejecutivo aún no ha determinado el paquete de obras concretas que se acometerán a través de este plan, que se presentarán después del verano junto con las empresas del sector, con el fin de iniciar también entonces el proceso de su contratación.

“Tenemos unas magníficas infraestructuras y queremos seguir mejorándolas, implicando en ello a la iniciativa privada, mirando a Europa y manteniendo el compromiso con el objetivo de déficit”, aseguró Rajoy. “Además, este plan será un potente motor de crecimiento económico, impulso a la competitividad, la cohesión territorial, la seguridad vial y, en definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos”, subrayó. Desde Fomento se destaca que el sector de la construcción es el último que se está incorporando a la recuperación, por eso, creen que esta iniciativa va a servir como tractor para las empresas.

Rajoy avanzó que después del verano presentarán la relación de obras, que se pondrán en marcha y que se irán licitando a partir de septiembre. Por último, el presidente del Gobierno comentó que dicho plan irá destinado primero, además de a nuevas construcciones, a obras de gran envergadura, a la mejora de conexiones, uniones entre vías y carreteras más antiguas, para después abordar su mantenimiento. Pero todas ellas deberán tener un sentido estratégico transeuropeo.

Además, las obras que se incluyan en el plan tendrán que pasar un examen de viabilidad económica y el pago que la Administración dará a las constructoras estará condicionado a que la vía presente un correcto mantenimiento, que se medirá “mensualmente por unos concretos y estrictos parámetros”.

Así, con esta iniciativa, además de salvar este ajuste, el Ejecutivo pretende contribuir a reactivar la obra pública, actualmente en mínimos. La licitación de obra marcó en 2016 uno de sus volúmenes más bajos de la historia reciente (alrededor de 9.323,63 millones). Además, actualmente está sostenida por los proyectos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, dado el desplome que presenta la correspondiente a Fomento, principal órgano inversor de la Administración central.

Satisfacción en Seopan

El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, calificó como “muy positivo” el plan extraordinario de carreteras anunciado hoy por el presidente del Gobierno y ha destacado la fórmula de ejecución empleada.

Núñez explicó que el plan se desarrollará mediante contratos de concesión por disponibilidad, que, según su criterio, “tienen la ventaja añadida de que no incidirá de forma negativa” en el déficit público porque las inversiones “serán financiadas íntegramente” por las empresas.

Para el presidente de la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, este plan supone “el inicio de la recuperación de un sector vital para la modernización y desarrollo económico, como es el de las infraestructuras públicas”.

Añadió que el nivel de inversión en estas infraestructuras “ha caído a menos de la mitad durante los años de crisis”, y ha subrayado que “señala el camino a seguir” por parte de las restantes Administraciones inversoras.

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El presupuesto de 2018 que bajará el IRPF salva su primer trámite | Mi dinero

El pleno del Congreso avala hoy el techo de gasto de 2018 y unos nuevos objetivos de déficit y deuda pública que darán más margen para el gasto social y que conllevará una rebaja del IRPF para las rentas más vulnerables el próximo año.

El Gobierno ha conseguido el apoyo suficiente, con 175 votos a favor procedentes del PP, de Ciudadanos, del PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria para que, junto con la abstención de Nueva Canarias, puedan empezar a tramitarse los Presupuestos Generales del Estado de 2018 a partir de septiembre.

El pleno del Congreso ha debatido el Acuerdo sobre los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para 2018-2020 y el límite de gasto no financiero de 2018 que, a falta de la votación, saldrá adelante con apoyos suficientes, pese a los votos en contra del PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PDeCAT, Compromís y EH Bildu.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha defendido un techo de gasto que ayudará a mejorar los salarios de los funcionarios en 2018 y contemplará una rebaja del IRPF para las rentas más bajas así como deducciones para las familias con cargas, o para las personas con discapacidad.

Montoro ha pedido responsabilidad a los partidos políticos que no apoyan este nuevo plan y ha lamentado que se queden “al margen de lo que lo que está siendo el final del túnel de la crisis” y por lo tanto, den la espalda a la recuperación económica.

De hecho ha criticado que el PSOE vote en contra de unos objetivos de déficit para las comunidades autónomas que son mejores que los que sí apoyó en diciembre con el techo de gasto de 2017, ya que suponen una décima al alza en las metas que deben cumplir y les proporciona 1.000 millones más de gasto social.

“Los que se quieran quedar al margen que ofrezcan argumentos con contenidos”, les ha dicho, al tiempo que ha lamentado que Unidos Podemos sea “la izquierda contumaz” que “ve regresiva una bajada de impuestos”.

El ministro ha señalado que la rebaja del IRPF es “una buena forma de empezar a bajar impuestos en esta legislatura” y ha pedido a los socialistas hacer política “por el bien de los españoles”.

“Estamos ante la mejor oportunidad de crecimiento económico de la historia”, ha reiterado Montoro en varias ocasiones al presentar una estimación de crecimiento del PIB del 3 % que impulsará la creación de empleo y conseguirá que haya 20,5 millones de ocupados en 2020.

Montoro también ha valorado los apoyos de las formaciones políticas que votan a favor y que apuestan por la estabilidad en España.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha insistido en las exigencias que han impuesto al Gobierno y en los acuerdos que han conseguido, una cuarta parte del pacto de investidura, mientras que el PNV ha reseñado el acuerdo alcanzado en el concierto económico y el mayor margen de déficit que tendrá Euskadi.

También, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias han resaltado los beneficios de un techo de gasto un 1,3 % superior al de 2017 y los pactos cerrados en el presupuesto de este año que conllevan medidas para sus territorios también para 2018.

La abstención del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha sido clave para que la votación tenga más síes que noes y durante su discurso ha argumentado que 1.000 millones más de déficit son una garantía para poder mantener sus políticas de gasto social.

En sentido contrario el PSOE y la coalición de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han lamentado que el techo de gasto no traiga consigo ninguna actuación sobre los ingresos, que a juicio de ambos es el principal problema de las finanzas públicas españolas.

El portavoz socialista Pedro Saura ha explicado que votaron a favor del techo de gasto de 2017 porque conllevaba medidas para mejorar los ingresos a través del impuesto de sociedades, mientras que el ajuste para 2018 se hace por el lado de los gastos, al tiempo que los portavoces de Unidos Podemos Alberto Montero y Alberto Garzón han abogado por una reforma fiscal justa y en profundidad.

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