Los jueces piden la supresión de los juzgados hipotecarios por su colapso | Mi dinero

La solución ideada al colapso judicial, especializando un juzgado por provincia para absorber todas las denuncias en materia hipotecaria, hace aguas ante la falta de recursos para asumir el aluvión de litigios que desatan los créditos bancarios. Así lo han denunciado los Jueces Decanos de España en el escrito de conclusiones de las XXVII Jornadas Nacionales que concluyeron este miércoles en Bilbao. Los jueces consideran tan grave la situación que instan a abolir este sistema a partir de finales de año para volver a repartir la carga entre todos los juzgados del país.

El colectivo judicial justifica su petición pormenorizando la situación de cada sede provincial, un informe del que se desprende que, desde su creación el 1 de junio hasta la fecha, acumulan unos 88.500 asuntos hipotecarios sin apenas recibir refuerzos. Y eso sin contar las denuncias recibidas en ocho provincias que no cuentan con datos actualizados. Sumando los casos que estas sedes tenían a comienzos de septiembre, el total de litigios sería ya de 98.677, cifra que sin duda ha sido superada en el último mes y medio.

“Y la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final”, advierten los jueces decanos, remachando que “las medidas de refuerzo” puestas en marcha “están resultando un completo y absoluto fracaso”.

Tal es la situación que los jueces decanos instan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dejar sin efecto el plan de juzgados especializados en materia hipotecaria a partir del 31 de diciembre, dado “que no se han puesto los medios que se preveían en un inicio”, para que a partir de 1 de enero de 2018, esos asuntos vuelvan a ser repartidos entre todos los juzgados de primera instancia de España.

En todo caso, los jueces entienden que los juzgados especializados deberían mantenerse en marcha hasta que el colapso que han provocado los litigios de consumidores contra la banca se rebaje y se hayan resuelto todos los asuntos que ya les han sido asignados.

Un colapso anunciado

Los últimos datos oficiales ofrecidos por el CGPJ revelaban que a 8 de septiembre los 52 juzgados por cláusulas suelo habían recibido ya 60.000 demandas hipotecarias (pese a que agosto es un mes inhábil), y que 24 de estas sedes requerían refuerzos.

El plan puesto en marcha en junio, que buscaba precisamente evitar el colapso del sistema judicial español ante la avalancha de demandas por cláusulas suelo y otros asuntos hipotecarios, preveía reforzar los juzgados especializados que recibieran más de 900 asuntos. Pero estos apoyos no han llegado en todos los casos, o se han demostrado insuficientes.

Así, la mayoría de sedes siguen trabajando con un solo juez (habitualmente en prácticas), pese a haber duplicado la cota que activa los refuerzos. La carga de trabajo es tal que en sus primeros meses, estos jueces solo fueron capaces de emitir un puñado de fallos.

Se da la situación de que el juzgado 101 bis de Madrid, el que más asuntos acumula de toda España, ha registrado ya 22.234 asuntos, con lo que requeriría unos 25 jueces. Sin embargo, solo cuenta con dos jueces en prácticas, el apoyo de uno de adscripción territorial y la asistencia parcial de otro que dedica el 25% de su tiempo. Completan el equipo 10 funcionarios y dos letrados de la administración de justicia en un piso de la Gran Vía en el que se acumulan los expedientes por los pasillos.

Los decanos aseveran que ya venían advirtiendo del problema y alertan de que se agravará cuando culmine el periodo de prácticas de los jueces destinados a estas plazas. Critican además la asignación de un único juzgado por provincia, sin analizar las necesidades de cada territorio. También recuerdan que en España hay 12’2 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 21 de media europea, y reclaman la creación de e 250 plazas anuales durante cuatro años.

Ante la posibilidad de que las autoridades ignoren su propuesta de dar marcha atrás al plan, los decanos exigen que Justicia y el CGPJ detallen qué refuerzos concretos se pondrán en marcha para tratar de desatascar el colapso. La situación, aducen, “ha desbordado todas las previsiones” de forma que “la inmensa mayoría de juzgados especializados en toda España, están ya saturados de asuntos, con números imposibles de ser manejados” por los apenas 60 jueces destinados a las plazas especializadas.

El origen del plan

La creación de estos juzgados se puso en marcha en junio en previsión del aluvión de demandas que iba a provocar el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado diciembre, en el que exigía que los bancos indemnicen a sus clientes con retroactividad total por lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo abusivas.

El Gobierno puso en marcha también, mediante un decreto, un sistema de negociación extrajudicial entre bancos y clientes, si bien las entidades financieras vienen siendo renuentes a abonar lo cobrado a los consumidores, lo que ha derivado a la vía judicial muchos de los casos. Hasta el punto de atascarla.

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Hipotecas: El Supremo pospone a octubre su fallo sobre multidivisa a la luz del dictamen europeo | Mi dinero

El Tribunal Supremo tenía previsto pronunciarse el pasado miércoles sobre las hipotecas multidivisa en un fallo del que están pendientes unas decenas de miles de familias y que podría obligar a la banca a recalcular en euros estos créditos desde su origen, lo que supondría un importante coste para el sector en devoluciones para compensar la fluctuación de las divisas.

Esa misma mañana, sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un dictamen sobre este tipo de créditos estableciendo los criterios por los que deben de ser considerados nulos, por abusivos. Esto es, en aquellos casos en que la redacción de la cláusula no sea clara o en los que la entidad no informara debidamente al cliente de los riesgos.

Ante esta nueva doctrina, a la que el Tribunal Supremo está sujeto, el Alto Tribunal español ha decido aplazar su decisión hasta el mes de octubre para estudiar la posible incidencia en la causa que aborda.

En concreto, según fuentes conocedoras del caso, el Supremo ha remitido a las partes una providencia, fechada el miércoles y entregada el jueves, concediéndoles un periodo de 10 días hábiles para presentar alegaciones sobre las potenciales implicaciones del fallo de la Corte de Luxemburgo en esta causa.

Se trata de una demanda interpuesta por un cliente contra Barclays (hoy absorbido por CaixaBank) por un préstamo multidivisa en yenes que fue firmado en 2008. La operación subrogaba una hipoteca anterior firmada con Caja Madrid para unificar gastos bajo el nuevo crédito.

La disputa fue resuelta inicialmente a favor de la demandante por el Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid, si bien la Audiencia Provincial Civil admitió luego el recurso presentado por la entidad y anuló la sentencia inicial. El Supremo debe resolver ahora definitivamente.

Alegaciones del demandante

Patricia Gabeiras, abogada responsable de la demanda, avanza que presentará alegaciones porque el dictamen europeo beneficia claramente a su cliente. La Audiencia Provincial falló a favor del banco alegando que la hipoteca multidivisa no era un producto complejo que exigiese información adicional, explica Gabeiras, pero el Tribunal de Justicia de la UE ha advertido ahora que los casos los contratos en que no se detallaran los riesgos deben ser considerados nulos.

Es probable que la coincidencia entre la dictamen europeo y la fecha que el Supremo fijó para votar sobre el caso español no fuera coincidencia. La letrada del bufete Gaberias & Asociados advirtió a los magistrados de que estaba pendiente esta resolución y el Alto Tribunal viene guardándose de no ser desdicho por la Corte de Luxemburgo después de que este así lo hiciera en su fallo sobre cláusulas suelo del pasado diciembre.

Desde entonces, el Supremo ha elevado varias consultas prejudiciales al TJUE sobre algunas de las cláusulas hipotecarias más controvertidas, como las de vencimiento anticipado o intereses de demora, a fin de ceñirse al criterio europeo en sus dictámenes.

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Los juzgados hipotecarios reciben 60.000 demandas desde junio | Mi dinero

La avalancha de demandas hipotecarias no ha tardado en desbordar las oficinas de los nuevos juzgados provinciales especializados en esta materia que se pusieron en marcha el pasado junio para tratar de evitar el colapso del sistema judicial.

En concreto, según datos facilitados este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el 1 de junio y el 8 de septiembre, estas nuevas sedes han registrado ya unas 60.000 demandas, incluyendo las 7.000 recibidas durante el mes de agosto, inhábil en la jurisdicción civil.

La cifra supone un importante salto desde las 16.000 demandas registradas en el primer mes en activo de estos juzgados y confirma el temor del CGPJ de que si este ritmo de litigación continúa se producirán unos 200.000 litigios hipotecarios en un año.

De momento, el juzgado especializado en materia hipotecaria que más actividad está teniendo es el de Madrid. El juzgado 101 bis ha recibido ya 13.064 demandas. Una avalancha de papel que literalmente ya se amontona en la sede de Gran Vía. A la hora de afrontar semejante carga de trabajo, el juzgado tiene previsto celebrar 159 vistas solo este mes, llevar a cabo 512 más en octubre y alcanzar su velocidad crucero en noviembre, cuando acogería 1.108 vistas en solo un mes.

Le siguen en carga de trabajo el juzgado especializado de Barcelona, con 4.644 demandas registradas y el de Sevilla, con 2.946 litigios pendientes.

Durante los tres primeros meses de existencia de estas nuevas sedes, los tribunales han emitido ya sus primeras sentencias. Son solo un puñado frente al aluvión de miles de demandas pero hay que tener en cuenta que en muchos casos estas sedes comenzaron a operar con retraso debido a la falta de recursos o al periodo inicial de formación del personal asignado, y contando con que no hubo sesiones durante el mes de agosto.

Los fallos, que han sido contrarios a la banca en todos los casos de los que existe información, han abordado hasta el momento varias de las condiciones hipotecarias más controvertidas: cláusulas suelo, intereses de demora, cláusulas de vencimiento anticipado o reparto de gastos de constitución, fundamentalmente.

Aunque algunos juzgados han sido ya reforzados con un segundo juez, como es el caso de Madrid, son muchas las sedes que reclaman más personal. Las distintas administraciones de Justicia tienen previsto reunirse en los próximos días para analizar los primeros meses de vida del plan de choque contra los litigios hipotecarios y para evaluar la necesidad de ampliar los recursos destinados a estos juzgados.

24 plazas requieren refuerzo

Los 54 juzgados especializados, uno por provincia y otro por cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear, se pusieron en marcha ante la nueva oleada de demandas que provocó el dictamen del Tribunal de la Justicia de la UE del pasado diciembre en el que imponía la devolución con retroactividad total de lo cobrado por los bancos en aplicación de cláusulas suelo opacas. Estas plazas se dedican de forma exclusiva, pero no excluyente, de todo tipo de demandas en materia hipotecaria. Fueron dotados de un personal mínimo y un juez en prácticas aunque el compromiso fue reforzarlos si recibían más de 900 demandas. A día de hoy, 24 plazas superan ya este registro, varias de las cuáles han comenzado a ser reforzadas.

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El juzgado hipotecario de Madrid anula una cláusula de desahucio de Bankia | Mi dinero

Los juzgados especializados en litigios hipotecarios acaban de cumplir sus tres primeros meses de vida y, mientras van cobrando velocidad crucero, se amplía el abanico de asuntos sobre los que empiezan a pronunciarse.

Tras dos primeros meses hábiles (agosto no lo fue) en los que los nuevos juzgados especializados emitieron una quincena de fallos contrarios a la banca en materia de cláusulas suelo y reparto de los gastos hipotecarios, la sede madrileña acaba de dictar sentencia sobre otra de las más controvertidas condiciones hipotecarias: la cláusula de vencimiento anticipado.

Se trata, en concreto, de la cláusula por la que la entidad financiera puede ejecutar el crédito hipotecario y proceder al desahucio del inquilino ante, normalmente, determinado número de impagos.

El Juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid, situado en la Gran Vía y dotado de dos jueces y un puñado de funcionarios, acaba de emitir su primer fallo entrando en el fondo del asunto y declarando la nulidad, y expulsión del contrato, de la cláusula de vencimiento anticipado de una hipoteca de Bankia.

La condición analizada establecía que la entidad podía dar por vencido el préstamo ante cualquier tipo de incumplimiento por parte de los prestatarios, sin tener en cuenta la gravedad, por lo que la juez anula la condición. Se trata de la primera vez que uno de los juzgados especializados en materia hipotecaria, creados para tratar de evitar el colapso de la justicia por el aluvión de demandas sobre créditos, se pronuncia sobre este tipo de condiciones.

Su controversia es tal quel el Tribunal Supremo ya elevado una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestionando cómo deben de operar los juzgados cuando consideren abusivo su articulado.

En paralelo, el fallo deja sin efecto la cláusula de intereses de demora de la hipoteca, al considerar que son abusivos –al ser superior en cuatro puntos al interés remuneratorio- y la de reparto de gastos, obligando a Bankia a hacerse cargo de la factura notarial y de registro, por ser la entidad la principal interesada.

Otro punto de interés del pronunciamiento es que la hipoteca original que aborda data de 1994 y aunque la entidad financiera había solicitado tener en cuenta el plazo de prescripción, la juez alega que no ha lugar dado que se trata de dilucidar la nulidad del contenido del contrato.

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Cláusulas suelo: El “negocio” de las demandas masivas: ¿son válidos los contratos entre abogado y consumidor? | Legal

La economía moderna y la globalización nos trae una nueva problemática derivada de que, en la contratación con consumidores, las empresas intentan racionalizar y estandarizar las operaciones, normalizándolas; lo que permite una contratación generalizada, con la consiguiente reducción de costos y la facilitación de las transacciones. En este entorno, la práctica ilegal o irregular de una empresa, afectará a múltiples personas, generando daños masivos. Los ejemplos son numerosos, como por ejemplo en el ámbito de las instituciones financieras con las “cláusulas suelo” o las preferentes. Por eso, en los últimos años, numerosos despachos de abogados han decidido captar a los consumidores perjudicados; muchos de ellos casi desconocidos, pero que no quieren abstenerse de participar en el “negocio” que supone la presentación de demandas de forma masiva.

La publicidad contenida en las páginas web de los despachos de abogados sorprende por su agresividad: “Más de 28.809 sentencias favorables ganadas con un 99 % de casos de éxito”; “miles de clientes han recuperado la totalidad de la inversión, sin ningún coste para ellos” (…). Es obvio que el particular afectado se siente atraído por el imbatible binomio de “total eficacia sin coste” decidiendo contratar los servicios de un abogado.

Esta nueva práctica de la abogacía que quiere acceder a un negocio millonario, nos debe hacer reflexionar sobre la bondad del contrato que vincula al consumidor perjudicado que acude a un despacho de abogados para solicitar sus servicios. Como veremos, este contrato arroja o genera muchas dudas o sombras.

Como punto de partida debemos tener en cuenta que el máximo intérprete de la legislación europea en materia de consumo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante una reciente sentencia de 15 enero 2015, precisó que los contratos de servicios jurídicos que no se negocian de forma individual, tal y como ocurre en la mayoría de los conflictos que determinan la presentación de demandas de forma masiva, son contratos entre un profesional (abogado) y un consumidor (cliente); contratos de consumo. Por ello, como el cliente se encuentra en una situación de inferioridad respecto del abogado, se le deberá otorgar la máxima protección, procurando que los contratos estén redactados de forma clara y comprensible para el consumidor, respetando la normativa especial en esta materia. Si no se hiciera de esta forma, el contrato podría contener cláusulas abusivas que serían nulas.

Condiciones de los contratos

La normativa especial es muy precisa cuando regula las condiciones que deben reunir los contratos de servicios con consumidores (información previa al contrato, contenido del mismo, derecho de desistimiento, etcétera); no obstante, nos vuelve a llamar la atención, comprobar que las páginas web que ofertan los servicios jurídicos para reclamaciones masivas suelen coincidir en las virtudes y eficacia de los servicios que se prestan, así como en el hecho de que no tienen coste para el cliente, o que sólo pagará si se gana el pleito. Realmente cuesta encontrar las condiciones concretas de la prestación de los servicios jurídicos atendiendo a las diferentes situaciones que se pueden generar con ocasión de un proceso jurisdiccional (la suspensión del mismo, su terminación mediante una negociación, entre otras).

Todo ello se deja en manos, en la mayoría de ocasiones, de un servicio de atención telefónica que se activa cuando facilitas los datos personales; sin saber con quién estás hablando ni la cualificación profesional que tiene tu interlocutor. Es obvio que esta forma de contratar despierta muchas dudas respecto de la claridad y comprensión de las condiciones de prestación del servicio tal y como exige la regulación especial sobre la materia; aprovechándose del hecho de que, al consumidor se le ofrece el resultado que busca de una manera sencilla; pero, sin que sepa si es la más adecuada.

Continuando en la línea de conocer cómo prestan los servicios los despachos de abogados especializados en demandas masivas, comprobamos que la mayoría hacen su “negocio” al establecer como condición a sus clientes, que cobrarán un porcentaje del dinero que pague la empresa a la que se le formula la reclamación; el famoso pacto de “quota litis”. Este hecho también choca frontalmente con las Recomendaciones que da la Unión Europea a los Estados miembros para unificar la regulación de las acciones colectivas derivadas de los daños masivos causados por las empresas, al infringir la normativa comunitaria en materia de consumo (Recomendación de la Comisión de 11 de junio de 2013).

En realidad, la Unión Europea pretende que se utilicen las acciones colectivas, por ser las más adecuadas frente a las infracciones que generan daños masivos (una demanda que engloba a numerosos consumidores). Por el contrario, los despachos de abogados a los que venimos refiriéndonos, plantean, de forma simultánea, múltiples demandas individuales, todas ellas similares, haciendo que nuestra organización jurisdiccional colapse. En este entorno de las reclamaciones colectivas o demandas masivas, la Unión Europea advierte a los Estados miembros, que deberían garantizar que los honorarios de los abogados y su método de cálculo no creen ningún incentivo para emprender acciones judiciales innecesarias o litigios abusivos; subrayando como medida concreta impedir como norma general, los “honorarios condicionales”, o lo que hemos llamado el pacto de “quota litis” (cobrar un porcentaje en función del resultado). De esta forma, comprobamos la existencia de otro aspecto cuestionable en la contratación de los servicios jurídicos, derivado de la fijación de los honorarios.

Debemos concluir volviendo al inicio del artículo o reflexión: la economía moderna, la globalización nos trae una nueva problemática que se verá acentuada con las transacciones realizadas en un entorno digital. En este nuevo ámbito, se está creando una práctica procesal nueva en la que destaca la protección que se le debe otorgar a la figura del consumidor. Todo ello, nos obliga a adaptar nuestros contratos de prestación de servicios, para que podamos seguir cumpliendo con el deber fundamental del abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que nos sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede servir como excusa para realizar “negocios” que nos desvíen del fin supremo de Justicia a que la abogacía se halla vinculada.

 

Francisco José Peláez Sanz es abogado y director del Área de Derecho Procesal de Esade Law School. Universidad Ramón Llull.

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17 sentencias contra la banca en los primeros tres meses de juzgados hipotecarios | Mi dinero

Los nuevos juzgados especializados en materia hipotecaria cumplieron el viernes tres meses desde su constitución. Estas 54 sedes, impulsadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el apoyo del Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas, echaron a andar el 1 de junio con un juez en prácticas y un pequeño retén de personal. Su objetivo es descargar al resto del colapsado sistema judicial absorbiendo el aluvión de litigios por cláusulas suelo y otras condiciones hipotecarias. Desde entonces, los nuevos juzgados han registrado miles de demandas que, de momento, han derivado en una quincena de sentencias. Todas ellas contrarias a la banca.

En concreto, según los datos remitidos al Consejo General del Poder Judicial, en este primer trimestre en activo, los nuevos juzgados han dictado al menos 17 fallos, aunque hay que tener cuenta que agosto es un mes inhábil en la jurisdicción civil. Las sentencias se han centrados sobre todo en cláusulas suelo opacas y en el reparto de gastos de constitución de la hipoteca que cargaban toda la factura sobre el cliente.

El juzgado más diligente hasta la fecha está resultando ser el de Primera Instancia número 6 de Oviedo que hasta finales de julio había recibido ya 722 demandas (cuatro veces más que las que atendía anualmente antes de especializarse) y emitido una docena de resoluciones.

El primero de estos fallos fue comunicado a las partes el 7 de julio, apenas un mes después de que estos juzgados echaran a andar, en muchos casos sin la dotación material necesaria o con el personal asignado todavía formándose para la labor. Esta sede, en todo caso, contó con un segundo juez de refuerzo desde el 19 de junio. Su previsión es atender 45 audiencias a la semana a partir de hoy.

Otra de las primeras plazas especializadas en comenzar a emitir sentencias fue el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona. El 20 de julio anuló la cláusula suelo de una hipoteca de Banco Sabadell, condenando a la entidad a devolver a su cliente todo lo cobrado por ella, más los intereses generados, y recalculando sus cuotas.

Un día después, el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza número 12 Bis dictó un primer fallo anulando la cláusula de reparto de gastos de constitución de una hipoteca de Ibercaja, y condenó a la entidad a abonar 1.022,45 euros al particular, más los intereses generados. El juez considera que la entidad obligó a su cliente a cargar con la factura notarial , de registro y gestoría “de manera total e indiscriminada” e impone un reparto que al menos cargue un 50% de costes al banco y el 100% de los aranceles de registro.

Poco después, el 26 de julio, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander bis declaró nula por abusiva la cláusula de un contrato hipotecario de Liberbank que cargaba al cliente todos los gastos de constitución del crédito. El magistrado consideró que esta condición general “que impone a los consumidores” todos los costes “contraría la buena fe creando desequilibrio en detrimento de los demandantes”.

“Es al banco a quien le interesa una escritura pública y por ello es quien requiere al notario el otorgamiento, así que será el quien tenga que costearlo”, argumenta el juez, que asume que los prestatarios aceptaron correr con los gastos “solo porque de otro modo no tendrían financiación, pero en puridad no eran los interesados en escriturar”.

Pese a todo, la sentencia anula la cláusula pero no condena al banco a abonar al cliente la facturo que abonó en su día en gastos de gestoría, notaría o registro dado que el demandante no lo había solicitado. El juez sí advierte a la entidad de que no podrá aplicar en el futuro otros cobros abusivos previstos en el contrato como el de los gastos de cancelación de la hipoteca.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia 25 Bis de Valencia anuló una cláusula suelo de Cajamar, condenándola a devolver lo cobrado por ella, en un fallo que pudo resolver cierta rapidez gracias a que la entidad se allanó previamente a la pretensión de los demandantes.

Finalmente, también pudo dictar sentencia con agilidad el Juzgado Número 2 de Lugo al allanarse el banco que juzgaba a la demanda.

Celebrarán 60 vistas semanales a partir de este mes

  • Sentencias. Los 54 juzgados especializados en materia hipotecaria –uno por provincia y otro por cada principal isla canaria y balear- han emitido hasta la fecha 17 fallos. “Teniendo en cuenta los problemas informáticos iniciales, que agosto es inhábil y que las entidades financieras están apurando al máximo los plazos para contestar a las demandas, se puede decir que el ritmo de señalamientos del juzgado exclusivo es muy ágil”, declaró en julio el juez decano de Vigo, Germán Serrano, en una evaluación que bien vale para el conjunto de sedes.
  • Demandas. Solo en un mes, estos juzgados registraron 16.000 demandas y la cifra ha seguido aumentando. El juzgado de Valencia, por ejemplo recibió 1.500 demandas en dos meses, 112 de ellas en un mismo día. Los juzgados de las cuatro provincias gallegas recibieron 1.600; 722 el de Asturias; más de 400 los de Baleares y Navarra. Madrid se lleva la palma con 8.091 demandas recibidas. El CGPJ aceptó reforzar los juzgados que recibiesen más de 900 asuntos y algunas plazas cuentan ya con dos jueces (como Madrid o Asturias) o recibirán otro este mes (como Valencia).
  • Previsiones. Para este mes, cuando se prevé que tomen velocidad de crucero, algunos juzgados esperan celebrar 60 vistas semanales.

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Un nuevo marco hipotecario que acabe con los excesos del pasado | Mi dinero

La larga y profunda crisis a la que la economía ya dice adiós ha impactado en la manera de interpretar la realidad de los ciudadanos, es de esperar que para bien. Pero la historia recuerda que no se suele escarmentar en cabeza ajena, con lo que esto significa de pérdida de tiempo y energía. Aunque no sea fácil, cuando lleguen las vacas gordas, conviene tener la vista puesta en los diez últimos años para no cometer los mismos errores.

Si algo ha quedado claro en la crisis han sido las enormes carencias y los reprobables excesos que presentaba el sistema hipotecario a todos los niveles. Desde las subprime estadounidenses hasta las cláusulas suelo españolas, la viga que supone el crédito hipotecario para el sector financiero mostró carcoma a ambos lados del Atlántico.

En el caso español, hoy, cuando las aguas vuelven a su cauce, el sistema hipotecario se enfrenta a la doble tesitura de mejorar su marco legal de actuación y, paralelamente, resolver multitud de causas pendientes. La deriva judicial en la que han entrado miles de préstamos para vivienda en España promete un otoño hipotecario caliente. El Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Supremo español deberán pronunciarse sobre varios de los aspectos más polémicos de estos contratos, y a la vez los nuevos juzgados especializados en hipotecas comenzarán a digerir los miles de litigios en marcha, especialmente sobre cláusulas suelo, en las que precisamente el Supremo ya sufrió un notable varapalo de la justicia europea.

Con ese trasfondo judicial, siempre expuesto a sentencias no exentas de polémica, y con nada menos que año y medio de retraso, se va a desarrollar la tramitación parlamentaria de la reforma hipotecaria que el Gobierno prevé impulsar en las próximas semanas para cumplir, por fin, con la regulación europea y elevar la protección del consumidor. Con seguridad, los dictámenes de los altos tribunales, que afectan a decenas de miles de familias, van a tener efecto en puntos clave de la reforma y es deseable que los calendarios de unos y otra sean compatibles. Tanto como que el nuevo marco legal subsane los muchos defectos, y en muchos casos injusticias, que ha demostrado tener el vigente hasta ahora.

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La reforma hipotecaria se tramitará en un ‘otoño caliente’ en el frente judicial | Mi dinero

La derivada judicial en la que han entrado miles de hipotecas en España en los últimos años promete animarse este otoño. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el Tribunal Supremo español tienen previsto pronunciarse sobre algunas de las cláusulas más polémicas de los contratos de crédito para la compra de vivienda mientras que los nuevos juzgados especializados en hipotecas deberán comenzar a digerir los miles de litigios recibidos, especialmente sobre cláusulas suelo.

Un otoño caliente, en definitiva, que promete marcar la tramitación parlamentaria de la reforma hipotecaria que el Gobierno impulsará en las próximas semanas para cumplir, con año y medio de retraso, con la regulación europea y para elevar la protección del consumidor bancario.

Después de todo, los dictámenes previstos de los dos Altos Tribunales mencionados tendrán efecto en algunos de los puntos clave de la reforma hipotecaria planteada. En primer lugar, el Tribunal Supremo tiene previsto pronunciarse sobre las llamadas hipotecas multidivisa el 20 de septiembre, informan desde la asociación de usuarios financieros Asufin. La sentencia, que se publicaría unos días después, será clave para las cerca de 70.000 familias que, según esta plataforma de consumidores, contrataron hipotecas en yenes o francos suizos entre 2007 y 2008.

A falta de conocer el dictamen de los magistrados, las hipotecas multidivisa serán una pieza clave de la reforma que tramitará el Congreso de los Diputados pues así lo exige la transposición de la directiva europea. Según consta en el último borrador al que ha tenido acceso este diario, la nueva legislación hipotecaria dará por primera vez el derecho a solicitar en cualquier momento la conversión a euros –u otra divisa en que se obtengan los ingresos recurrentes– del crédito constituido en otras divisas extranjeras.

Hitos clave del calendario

  • Mes de septiembre. El proyecto de ley de reforma hipotecaria será remitido al Congreso de los Diputados en las próximas semanas para iniciar su tramitación.
  • 20 de septiembre. El Tribunal Supremo tiene previsto abordar las hipotecas multidivisa y someterlas a votación y fallo el día 20.
  • Mes de diciembre. Los juristas asumen que la respuesta del Tribunal de Justicia de la UE al Tribunal Supremo sobre cláusulas de vencimiento anticipado e intereses de demora se recibirá previsiblemente a finales de año.

Por otra parte, el TJUE tiene pendiente responder a dos consultas elevadas por el Supremo español, que prefirió curarse en salud y pedir orientación sobre dos nuevas cláusulas hipotecarias que han sido objeto de controversia judicial, tras el varapalo que sufrió su doctrina sobre cláusulas suelo.

En concreto, preguntó cómo actuar cuando sea declarada nula, por abusiva, una cláusula de intereses de demora o una de vencimiento anticipado, aquella que permite a la banca activar la ejecución de la hipoteca, y el desahucio del inquilino, ante determinado número de impagos. En concreto, cuestiona cuánto sería correcto cobrar si se anula el castigo estipulado en el contrato hipotecario en caso de retraso del cliente en los pagos, y qué procedimiento seguir cuando un particular deje de pagar las cuotas al banco si la cláusula que lo regula no vale.

El Gobierno prevé solventar la recurrente anulación de estas cláusulas fijando un nuevo articulado en la reforma hipotecaria. De un lado, prevé limitar a tres veces el interés legal del dinero la sanción por demora y, de otro, propone que la banca solo pueda ejecutar el crédito ante el impago de un 2% del monto de la deuda, en lugar de ante cierto número de cuotas sin pagar.

La duda es si estas propuestas casarán con lo que acabe dictaminando el TJUE. En todo caso, aunque el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, aseveró que el Gobierno no esperará a la resolución del TJUE para acometer los cambios previstos sobre estas cláusulas, fuentes judiciales asumen que el dictamen puede llegar cuando la reforma esté aún en tramitación.

Aunque el TJUE rechazó la petición del Supremo de pronunciarse al respecto mediante un procedimiento acelerado, se espera que su decisión se produzca antes de final de año, lo que daría una oportunidad para adaptar la nueva legislación al criterio europeo.

En paralelo, será este otoño cuando los nuevos juzgados especializados en materia hipotecaria, creados para evitar el colapso del sistema judicial por el aluvión de demandas, comiencen a resolver los miles de casos recibidos, especialmente por cláusulas suelo.

Los fallos que se produzcan y la evaluación prevista de la vía de negociación impulsada por el Ejecutivo para las reclamaciones por suelos hipotecarios podrían generar un debate en el Congreso sobre si modificar la vía extrajudicial o adaptarla para otros casos.

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Andalucía multa con 3 millones a Unicaja por cláusulas abusivas en hipotecas | Compañías

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado sancionar con más de 3,1 millones de euros a Unicaja Banco, SAU, por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimiento de la información de prestación de servicio.

El procedimiento se inició en 2016, tras la recepción de 537 denuncias de particulares que fueron tramitadas en el marco de una campaña de control de la Inspección de Consumo por la inclusión de cláusulas suelo en las escrituras.

La sanción incluye 650.000 euros por infracciones muy graves contra la legislación vigente de defensa de los consumidores y, además, el decomiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en casi 2,5 millones de euros.

La práctica de cláusulas abusivas conlleva una sanción de 300.000 euros, ha informado en un comunicado la Oficina del Portavoz del Gobierno. De un importe de 350.000 euros es la multa por incumplir el deber de información de prestación de servicio, concretamente sobre las cláusulas
suelo.

Estas se introducen en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable (fundamentalmente euríbor) y prevén que, aunque el tipo se sitúe por debajo de un determinado umbral (suelo) establecido en la hipoteca, la persona seguirá abonando lo correspondiente a ese umbral y no la cantidad equivalente a la bajada del euríbor.

Para la fijación de las cuantías se han tenido en cuenta como agravantes el perjuicio causado a los consumidores (valorable en más de 50.000 euros) y la posición relevante del infractor en el mercado.

Respecto a este último punto, la entidad sancionada contaba, en 2012, con 690 de las 3.061 oficinas de cajas de ahorro en Andalucía (el 22,5%). Además de la legislación que se aplica en esta sanción, la comunidad autónoma cuenta también con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, que fue aprobada por el Parlamento andaluz en mayo de 2016 para aumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materias.

Unicaja Banco, por su parte, ha asegurado que las condiciones generales de sus hipotecas son “claras, transparentes y ajustadas a Derecho”, tras conocer el acuerdo de la Junta de Andalucía sobre la sanción impuesta a la entidad. Fuentes del banco han indicado a Europa Press, en relación con esta sanción, que las condiciones generales utilizadas por Unicaja en los contratos de préstamos hipotecarios “son claras, transparentes  yajustadas a Derecho”. Asegura, además, que recurrirá la multa.

El texto de la norma andaluza aporta una serie de mejoras respecto a la normativa estatal en cuanto a los datos que se deben proporcionar a quien suscribe un préstamo hipotecario y, además, extiende la protección a los avalistas.

La Dirección General de Consumo ha recibido, en lo que va de año, 12.650 reclamaciones y ha atendido 31.820 consultas a través del servicio multicanal Consumo Responde y el sector bancario aglutina 1.293 reclamaciones (un 10,22%) y 2.081 consultas (6,53%).

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La banca pública ha devuelto ya 220 millones por las cláusulas suelo | Mi dinero

La banca pública española ha devuelto ya 220 millones de euros a los clientes que contrataron créditos hipotecarios que incluían cláusulas suelo, aquellas que limitan la rebaja de cuotas de la que disfruta el consumidor frente a la caída real del euríbor, consideradas nulas por los tribunales si no se comercializaron con la debida transparencia.

Este es el resultado que arroja, de momento, el plan generalizado de devolución de lo cobrado que pusieron en marcha a comienzos de año Bankia y BMN, de las que el Estado posee un 65%, coincidiendo con el impulso del Ejecutivo a un marco de negociación extrajudicial entre bancos y afectados. Las dos entidades intervenidas se distanciaban así de la estrategia general de las entidades privadas, que optaron por analizar caso a caso y por defender sus contratos en los tribunales.

Bankia, que identificó un riesgo máximo de 214 millones que provisionó íntegramente, ha devuelto hasta mediados de agosto 186 millones a unos 37.000 clientes, según los datos manejados por la entidad. La cifra supone que se ha contestado ya favorablemente a más del 90%_de las reclamaciones registradas.

En concreto, detalla Europa Press, un 82,3% de los clientes ha optado por solicitar la devolución en efectivo y el resto ha amortizado parte de su deuda pendiente. Por su parte, BMN estimó un impacto potencial de hasta 80 millones de euros, que también dotó en su totalidad. Según el último dato disponible, facilitado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en su última comparecencia parlamentaria, la entidad ha devuelto ya más de 34 millones lo que equivale al 77% de reclamaciones recibidas.

Entre Bankia y BMN, que trabajan en su fusión, la banca pública ha devuelto ya el dinero a cerca del 80% de sus clientes con cláusulas suelo. Sin embargo, mientras la banca participada por el Estado se acerca paso a paso a la devolución del 100% de riesgo derivado de la aplicación de cláusulas suelo, el resto de entidades financieras han decidido mantener intacto el volumen de provisiones que anunciaron hace meses o, incluso, comenzar a reducirlo.

Así, CaixaBank, que afronta el mayor riesgo potencial del sector financiero, con una factura de hasta 1.250 millones de euros, mantiene inalterable una provisión de 625 millones. Por su parte, BBVA, con un impacto de hasta 1.200 millones, no eleva la dotación de 577 millones que ya constituyó.

Más significativo resulta, no obstante, el caso de las entidades que a la luz de los resultados del mecanismo extrajudicial de negociación aprobado por decreto en enero, y del colapso judicial que han originado litigios hipotecarios como el de las cláusulas suelo, han optado por reducir la cobertura de este riesgo a cierre del primer semestre. Es el caso de Banco Sabadell, firme defensor de la validez de sus cláusulas que dotó hace meses 410 millones de un riesgo de 490 millones. A cierre de junio, sin embargo, revisó el perímetro de riesgo y rebajó la provisión hasta los 339 millones.

Liberbank, por su parte, llegó a dotar 155 millones de euros para un riesgo máximo de 208 pero, tras devolver el dinero a parte de sus clientes y evaluar los casos pendientes, ha rebajado la provisión a 48 millones de euros.

Caso aparte es el de Unicaja, que tras meses sin ofrecer datos concretos, reveló de cara a su salida a Bolsa que la consultora EY le recomendaba dotar de 310 a 410 millones por el riesgo derivado de sus cláusula suelo. La entidad dotó 370 millones.

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