Los jalones del 155 | Catalua Home

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont

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El Senado de EE UU da el primer paso para aprobar la reforma fiscal | Mercados

El Senado de Estados Unidos aprobó anoche el para el año fiscal 2018, una medida que anticipa la ansiada reforma fiscal que promueve el presidente, Donald Trump. Con un estrecho margen de  51 votos a favor y 49 en contra, los republicanos lograron su aprobación en la Cámara alta pese a la oposición del senador ultraconservador Rand Paul, que criticó un gasto demasiado elevado en las cuentas.

Las cuentas presentarán un importe de gastos de cuatro billones de dólares (3,38 billones de euros), además de enmiendas que permitirán conciliar esta propuesta con la ya aprobada en la Cámara Baja, que incluía 622.000 millones de dólares para Defensa. Además, dieron luz verde a un enmienda que permitirá ahora aprobar la futura reforma fiscal con una mayoría simple de 51 votos, en lugar de los habituales 60 requeridos.

Eso ayudará a los republicanos a sortear la oposición demócrata para sacar adelante su plan impositivo, aunque tampoco está garantizado que lo logren como ya se demostró en sus esfuerzos fallidos por derogar la ley de salud. En un comunicado, Trump “aplaudió” la aprobación del presupuesto y se mostró deseoso de promulgarlo.

“Este acuerdo abre un camino para aprovechar el potencial de la economía estadounidense a través de la reforma fiscal y de reducción de impuestos, simplificando el código impositivo y proporcionando un alivio financiero para las familias y haciendo que las empresas estadounidenses sean competitivas a nivel mundial”, dijo.

El interés del Partido Republicano -que controla ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca- por aprobar cuanto antes una reforma fiscal le ha llevado a aparcar su habitual preocupación por el déficit.

Vehículo para la reforma fiscal

Algunos senadores opinaban que el voto sobre el presupuesto era meramente un vehículo para impulsar la reforma fiscal, dado que el año fiscal 2018 comenzó hace 19 días y el Congreso ya aprobó a finales de septiembre una medida presupuestaria para mantener el Gobierno financiado hasta el 8 de diciembre.

El senador demócrata Ron Wyden, por ejemplo, dijo que las cuentas aprobadas hoy son una “fantasía de derechas que allana el camino para un proceso hiperpartidista sobre la reforma fiscal” para beneficiar a los ricos y las corporaciones.

No obstante, el líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConell, defendió que la reforma fiscal tiene como único objetivo que el país “vuelva a crecer” y dijo que representa “una oportunidad única en una generación” para sustituir el actual código impositivo.

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Declaracin de independencia de Catalua: La respuesta de Puigdemont, en vivo | El Govern recont ms ses que censo en colegios donde los mossos impidieron votar

Snchez salud a Juncker, presidente de la Comisin Europea, hoy en Bruselas.

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Cataluña: La aseguradora Zurich traslada a Madrid su sede social en España | Compañías

El grupo asegurador Zurich ha decidido trasladar su sede social en España de Barcelona a Madrid “por motivos de seguridad jurídica”.

La compañía sigue así los pasos de otras aseguradoras que en los últimos días se han llevado el domicilio social fuera de Cataluña por la situación política, como SegurCaixa, MGS Seguros, Axa, Divina Pastora o Catalana Occidente.

En un comunicado, Zurich ha explicado que esta situación “no supone ningún cambio en el modelo de negocio y actividad” del grupo en España y que los centros de trabajo en Cataluña “seguirán operando con normalidad”.

Zurich desarrolla su negocio en toda España a través de Zurich Insurance plc, sucursal de Zurich Irlanda, y de Zurich Vida, con sede en Madrid, y es parte de una multinacional suiza que opera en más de 210 países en todo el mundo.

De este modo, y según los datos aportados por el Colegio de Registradores, son ya 805 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otros puntos de España desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre hasta el martes 17, según datos del Colegio de Registradores de España. En la jornada de ayer movieron su sede social desde Cataluña 105 empresas, 78 en Barcelona, 23 en Lérida, 3 en Tarragona y una en Gerona.

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El deber de Rajoy es restaurar ya la legalidad | Opinion Home

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Los tres escenarios políticos para Cataluña | Mercados

La decisión que hoy tome el president rebelde de Cataluña condiciona el devenir de la política en Cataluña y en España para los próximos meses, años quizás, y por supuesto el de la actividad económica. No es lo mismo elegir caminos despejados de desconfianza que senderos minados de conflicto. No es lo mismo. No es lo mismo convocar elecciones autonómicas y quitarse de en medio que mantener la declaración difusa de independencia y activar elecciones constituyentes. No es lo mismo dejar la Generalitat en manos de un Gobierno delegado alumbrado por el 155 de la Constitución y convocar elecciones a la brava, que suspender una parte de las competencias y al president y abrir una negociación real que desemboque en elecciones autonómicas en el medio plazo. No es lo mismo. Las consecuencias serán graves en todo caso, porque la apuesta secesionista ha ido demasiado lejos y parece que cuanto más allá vaya, más cuesta parar. Se trata de usar la vía con la solución menos mala entre las malas.

Supongamos que Puigdemont convoca elecciones autonómicas. Es la fórmula más diáfana para volver a la legalidad sin pasar por el sonrojo de admitir ante unos que ha declarado la independencia, aunque sea por una veintena de segundos para después firmarla fuera del pleno del Parlament, y ante otros que no lo ha hecho y que no está en disposición de mantenerla. Es una opción que varios políticos catalanes han susurrado al oído del ex alcalde de Girona, muchos de ellos del PDCat, pese a que la expectativa electoral de la antigua Convergència es la peor de su historia, con riesgo real de pasar a la insignificancia parlamentaria. Es la vía para mantener una autonomía muy reconocida e histórica, renunciando al ilusorio Estado catalá.

Unas elecciones autonómicas regulares darían la voz a todos los catalanes, y proporcionaría la vía más admitida por todos ellos, sin injerencias adicionales del Estado. Generaría alivio en los colectivos unionistas y una mezcla de rechazo y melancolía en los indepes, seguramente porque consideran que la historia no da muchas ocasiones de disponer de un Parlamento con mayoría secesionista, aunque se haya construido con la alianza antinatura de la aristocracia nacionalista y los totalitarios antisistema.

Con los electores unionistas muy movilizados, las candidaturas independentistas tienen muy complicado reeditar su triunfo. En tal caso, y siempre que se produjese un ejercicio de unidad en los constitucionalistas, los nacionalistas serían desalojados de la administración, como lo fueron en el País Vasco tras el atrevimiento del lehendakari Juan José Ibarretxe con su Estado Libre Asociado, que al menos tuvo el detalle de pasar por el Congreso. Un sacrificio, salir del Gobierno, que bajará la temperatura al nacionalismo por mucho tiempo, como en el País Vasco, y que en este caso, como en el País Vasco, está en manos de los socialistas. Situado siempre en posiciones ambiguas, el PSC, con un descarado coqueteo con los soberanistas en el pasado tripartito que le ha costado decenas de miles de votos, su elección tras estas hipotéticas elecciones es clave.

Eso sí: las iniciativas que algunos poderes del Estado han tomado ya para sancionar los atropellos a la ley, y los que puedan tomar en adelante, no los parará nadie, y no pueden ser nunca moneda de cambio en un estado con separación de poderes.

Supongamos que Puigdemont mantiene la calculada ambigüedad sobre la DUI, y convoca elecciones constituyentes. En tal sentido van las peticiones públicas de Esquerra Republicana de Cataluña y de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), para lo que es preceptiva la declaración del Estado catalán en forma de República, que solo puede hacer el propio Parlament en plenario, según la ley de transitoriedad y de referéndum. Hay que recordar, no obstante, que el cumplimiento de las leyes, aunque se trate de normas creadas por un Parlament pisoteando a la democracia, es un detalle que no está entre los que respeta en estos tiempos una Generalitat montaraz.

En tal caso, el Estado activará el 155 de la Constitución (aprobación en Consejo de Ministros extraordinario y aval del Senado) con una profundidad desconocida, pero que debe suspender de competencias al president (que tendría que hacer frente a acusaciones de sedición explícita), y seguramente de todas y cada una de las consejerías, puesto que todas ellas cuelgan de un president que ha elegido a sus titulares.

Esta salida sería la más complicada de gobernar, puesto que excitaría en extremo a las fuerzas separatistas, que llevarían a la calle el conflicto, paralelo a una escalada de actuaciones judiciales que incrementarían la nómina de “políticos presos”, hasta ahora limitada a Sánchez y Cuixart. El conflicto político entraría en una fase de desorden público de incalculables consecuencias para el país, y con un deterioro externo irreparable, con efectos sobre la economía que dejarían los acontecidos hasta ahora en cosa de simples aficionados.

Parecer ser que Puigdemont maneja activar en tal caso la asamblea de alcaldes y diputados electos para intensificar el plan secesionista, y la calle estaría en manos de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, y de los comités de defensa del referéndum, colectivos organizativamente transversales en los que los activistas de la CUP tendrían un protagonismo decisivo.

Supongamos que Puigdemont repite los juegos florales del lunes y resuelve el segundo requerimiento como el primero. El Gobierno tendría que echar mano del 155, aunque con un control menos vasto sobre las competencias autonómicas, limitadas a la presidencia, a los organismos encargados de la seguridad, y a las comunicaciones, además de las ya controladas de las finanzas, que están en manos de Hacienda hace semanas.

Este escenario proporciona un control administrativo, pero encubre un problema político de complicada resolución. La ulterior convocatoria de elecciones podría ser boicoteada por los nacionalistas, lo que le restaría legitimidad por muy abrigada que estuviese por las leyes. Pretender dar soluciones políticas a Cataluña con un nuevo Parlament en el que solo estuviesen Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido de los Socialistas de Cataluña, y en el mejor de los casos, los comunes, y en ausencia de los nacionalistas, es una quimera. Es una opción que generaría más problemas que soluciones, por muy quirúrgica que lo consideren tanto C’s como el PP, y con menos entusiasmo el PSC.

Para llegar a una consulta electoral integral y normalizada sería preciso recomponer el diálogo, seguramente con interlocutores alejados del radicalismo de Puigdemont, y devolver el protagonismo a los electores una vez recompuesta la silueta del partido que siempre engrasó el posibilismo con Madrid: el PDCat.

La negociación que plantea el actual president no tiene opción alguna. Amparado en un desenfrenado e impostado deseo de diálogo, el ex alcalde de Girona, para tratar de imponer los resultados de un referéndum ilegal o el trágala de la convocatoria de otro ulterior fundamentado en un derecho a decidir que no existe en ninguna Constitución del mundo, trata de ganar una batalla puramente propagandística a la que nadie desde Madrid accederá. La vía de la comisión parlamentaria no es lo mejor para quien quiere solo bilateralismo, pero es la que han dado por buena los constitucionalistas, y deberían agarrarse a ella.

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La Airef alerta de que la crisis en Cataluña puede reducir en más de un punto el crecimiento previsto en 2018 | Mercados

La crisis política abierta en Cataluña y la situación de incertidumbre llevaron el Gobierno a rebajar su previsión de crecimiento para 2018 del 2,6% al 2,3%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) avala las previsiones del Gobierno, pero también alerta de que existen elevados riesgos de que la desaceleración sea superior a la prevista.

La Airef ha tratado, con todas las limitaciones evidentes, de calibrar el impacto económico de la crisis política en Cataluña. El efecto varía en función de si la tensión política es temporal o permanente y si se limita el análisis solo a la actividad en Cataluña o se tiene en cuenta que existe un efecto desbordamiento que perjudicará al conjunto de la economía española. Los modelos económicos elaborados por al Airef y que siguen la literatura económica sobre el tema apuntan que el proceso soberanista puede reducir el PIB en 0,4 y 1,2 puntos porcentuales. Tomando como referencia el escenario central de la Airef, ello implica que en el peor de los casos previstos, la economía crecería este año un 1,5%.

Respecto al déficit público, la desaceleración de la economía se traduciría en menos ingresos. Según la Airef, la situación en Cataluña podría elevar entre dos y cinco décimas el déficit previsto para 2018 del 2,3%. Ello significa que, incluso en el peor de los escenarios, cabe esperar que España sitúe su déficit por debajo del 3% que exige el Pacto de Estabilidad de la UE.

Todos estos datos deben tomarse con prudencia en la medida en que la literatura “no proporciona casos realmente comparables y los datos de series históricas no proporcionan información útil para analizar este episodio”.

¿Existe riesgo de recesión? La Airef considera que España parte de un nivel de crecimiento intenso y sano. El ciclo económico es suficientemente solido para no contemplar un escenario de recesión en el conjunto de España. Respecto a Cataluña, la situación genera más dudas porque el impacto puede ser mucho más elevado. Aun así, la Airef no lo ha calculado.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta las enormes conexiones que existen entre las comunidades autónomas. Según la Airef, una caída de un punto en la actividad en Cataluña provocaría un retroceso de dos décimas para el crecimiento del conjunto de España. En el caso del empleo, una caída del 1% supondría una disminución del 0,17% para el resto de España y del 0,21% en el empleo agregado.

Para el ejercicio en curso, la Airef confia en que la economía no se vea afectada de forma signifciativa por el clima de tensión en Cataluña y mantiene que España crecerá a ritmos del 3% este año. El shock económico debería ser extremadamente violento en los meses que quedan de año para que el PIB bajara de ese nivel del 3%.

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Las reservas de turistas a Cataluña caen un 20% | Compañías

El proceso de independencia ya está pasando factura a la economía catalana. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha apuntado esta mañana que la actividad turística en la primera quincena de octubre, desde que se produjo el referéndum de independencia en Cataluña, ha caído un 15%, tal y como han confesado las empresas consultadas por este lobby turístico. Zoreda también ha añadido que en paralelo se ha producido un frenazo de las inversiones previstas para el cierre de este año.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur ha advertido que las consecuencias pueden ser aún más dramáticas para Cataluña, y especialmente para Barcelona como principal destino, “si se llegase a agravar la volatilidad y los altercados fueran manifiestos y constantes”. Esta organización calcula que en el primer escenario, las expectativas que manejan agencias de viaje, empresas de transporte o alojamiento reflejan una caída del 20% de las reservas hasta final de año, lo que equivaldría a un impacto negativo de 1.197 millones de euros en el cuarto trimestre. En el segundo escenario, con mayor incertidumbre, la merma se elevaría al 30%, lo que supondría un coste de 1.796 millones de euros.

Zoreda también ha alertado del impacto que tendría sobre el empleo turístico, “del que dependen 405.00 personas en Cataluña en el cuarto trimestre”, y el efecto arrastre que tendría sobre otros sectores.

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Dolors Montserrat: “En un día se perdieron 4.000 millones de euros en cuentas en Cataluña” | Mercados

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha cargado contra el independentismo catalán que, a su juicio, solo genera “enfrentamiento y confrontación” entre los catalanes así como el “empobrecimiento económico”, la “desinversión” en el territorio y la “huida de empresas” en Catalunya.

Según sostiene, los empresarios y accionistas se están yendo porque “en un día perdieron 4.000 millones de euros” en cuentas bancarias en Cataluña, según ha señalado en una entrevista en Onda Cero.

Para Montserrat, el independentismo está causando “inseguridad” e “incertidumbre” en la Comunidad Autónoma. Ante esta situación, ha asegurado que el Gobierno no va a “abandonar a los catalanes” y defenderá la “normalidad democrática”.

Ha defendido además que en España “no hay ningún preso político” después del encarcelamiento del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y del de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Asimismo, ha recordado que estas dos organizaciones “jamás” se han presentado a unas elecciones autonómicas.

“En España no hay ningún preso político, que lo son por ideas, no por actos. Solo hay personas que se enjuician”, ha señalado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, tras subrayar que España es “una de las democracias más avanzadas” y todas las personas son “iguales ante la ley”.

La ministra ha expresado el máximo respeto a las decisiones judiciales después de que la juez de la Audiencia Nacional decidiese enviar a la cárcel a Sànchez y a Cuixart, al entender que en las convocatorias del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona hechas por los líderes soberanistas se hacía un llamamiento, no a una manifestación pacífica, sino a la “protección” de los gobernantes catalanes mediante “movilizaciones ciudadanas masivas”.

Asimismo, ha rechazado las críticas que ha suscitado la decisión de la magistrada, especialmente las que apuntan a que Sànchez y Cuixart son “presos políticos”. “Estos señores hablan de política cuando son dos entidades que jamás se han presentado a unas elecciones, que no son políticos, son dos entidades sociales que se deben a sus afiliados, a los socios que pagan sus cuotas”, ha remarcado.

En este sentido, ha manifestado que el independentismo del Govern y del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está “arrodillado” ante la CUP, Òmnium y ANC, a sabiendas de que ni los “antisistemas” ni las dos entidades han concurrido a comicios ni se someten al control parlamentario; así pues, ha lamentado que “estén presentes en las decisiones” del Gobierno autonómico.

Vuelta a la legalidad 

Y ante los pasos de Puigdemont, ha respaldado la actuación del Ejecutivo central, que pidió al presidente catalán que aclarase si había declarado o no la independencia de Catalunya el pasado 10 de octubre en el Parlamento catalán, como paso previo a aplicar las disposiciones previstas en el artículo 155 de la Constitución española.

“Lo pusimos fácil, una pregunta bien sencilla”, ha subrayado, apelando a la “incertidumbre” de la sociedad catalana después de que Puigdemont dejara en suspenso la declaración unilateral de independencia durante una comparecencia en la Cámara catalana.

La ministra ha pedido al líder del Ejecutivo autonómico que “no pierda la oportunidad” de volver a la legalidad y a la “normalidad” antes de este jueves, el plazo que le ha dado el Ejecutivo para rectificar y negar que proclamó la independencia.

“Una hora en política es vida, y donde hay vida hay esperanza”, ha añadido, haciendo ese llamamiento a Puigdemont y a los dirigentes independentistas que quedan “con sentido común”. “Fuera de la ley está el caos, la anarquía, el totalitarismo”, ha aseverado, para después recalcar que los grandes acuerdos y grandes reformas “siempre” se han debatido en las Cortes Generales.

Respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, ha recalcado que esa herramienta “no se tiene que demonizar”: “Es un artículo más”, ha señalado, apuntando que es una herramienta que “preserva el orden constitucional” y el “autogobierno”.

Para la ministra, la convocatoria de elecciones autonómicas también es “un camino para desencallar” la situación en Cataluña. A su juicio, la Generalitat tiene que “volver al principio”, a “la legalidad” y abrir un “diálogo permanente”.

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La administración de loterías La Bruixa D’Or se lleva ‘la suerte’ de Cataluña | Compañías

La administración de loterías La Bruixa D’Or ha iniciado los trámites para trasladar la sede fiscal de la empresa a Madrid y la social a Navarra, según informó este martes el dueño de la compañía, Xavier Gabriel.

El empresario, que aseguró que su administración factura cerca de 100 millones anuales, aseguró que toma esta decisión tras haber sufrido dos semanas de “amenazas y persecución”. Según Gabriel, la compañía está obteniendo un auumento del 15% en las ventas en lo que va de año y especificó que en Cataluña no se ha notado una caída.

Entre las empresas que han decidido su marcha se encuentra también Pastas Gallo. La compañía de alimentación a escogido El Carpio (Córdoba) para ubicar su nueva sede social, con el fin de evitar la incertidumbre económica. La compañía ha destacado que necesita operar en un ambiente de estabilidad y que la definición de Cataluña en el entorno europeo comunitario es “decisiva” para su posicionamiento. La empresa mantiene dos fábricas en Cataluña.

Un total de 691 empresas han trasladado desde el pasado 2 de octubre su sede social desde Cataluña a otras regiones de España, según ha detallado la directora de Registradores Mercantiles de España, Ana del Valle, quién ha resaltado que solo el pasado viernes cambiaron su domicilio social 92 entidades.

Del Valle ha indicado que entre el 2 y el 11 de octubre fueron unas 540 empresas las que comunicaron su traslado de sede social desde la región catalana a otros puntos de la geografía española y recordó que el pasado lunes 16 (al cierre del Registro de Barcelona), unas 59 compañías hicieron lo propio.

En el período comprendido entre el 2 y el 9 de octubre el número de empresas que salieron de Cataluña fue de 219 entidades, mientras que esta cifra se elevó hasta 540 compañías hasta el día 11 y a 691 empresas hasta el 16 de octubre.

En declaraciones a Cope, la representante del colegio de registradores ha puntualizado que todavía quedan por contabilizar las otras tres provincias catalanas, Lleida, Girona y Tarragona, aunque ha subrayado que los días con el mayor número de traslados de sede de Cataluña fueron el 9 de octubre, con 212 entidades salientes, y el día 10 de octubre, con 175 empresas.

En lo que se refiere al destino de dichas compañías que abandonan Cataluña, Del Valle ha destacado que todavía es “demasiado pronto” para ofrecer datos estadísticos fiables, aunque ha indicado que desde el Colegio de Registradores están trabajando para lograrlos.

Asimismo, ha explicado que, en los primeros quince días de octubre se produjeron tantos traslados de empresas de Cataluña como en el conjunto del año pasado, y ha afirmado que el objetivo de dichas entidades con estos movimientos es lograr una “seguridad jurídica”.

Por otro lado, ha recordado que este lunes el Colegio presentó las estadísticas mercantiles correspondientes al tercer trimestre del año, que contemplan que la constitución de empresas ha caído un 26,8% en Cataluña frente al 11% del conjunto de España.

Además, en dicho período las operaciones de aumento de capital en Cataluña han bajado un 12,2%, mientras que en el conjunto de España la disminución fue del 1,7%, aunque el importe que se desembolsó en dichos aumentos en el tercer trimestre bajó un 1,5%, mientras que en el resto de España ha subido un 107%

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