Estas son las respuestas al malestar ciudadano con los turistas | Compañías

Se veía venir, se queda corto. Los que en la academia y en contexto internacional nos ocupamos de desarrollo turístico disponemos de suficiente conocimiento para haber previsto en detalle lo que iba a caerse encima de las mayores ciudades europeas: niveles crecientes e imparables de presión turística, empeoramiento de las condiciones de vida en las ciudades de destino y hasta efectos en la sociedad local.

De un lado, la despoblación de los centros históricos o, más bien –esto sí que es nuevo– la sustitución de la población residente con población flotante, que se aloja en pisos turísticos sin licencia, no genera impuestos y no vota. En pocas palabras, destruyendo capital social del que hace ciudad con puro consumo de lugar. Del otro, una respuesta ciudadana que ha pasado del ser pura irritación (fenómeno ya analizado por el sociólogo Doxey hace 42 años) a ser organización de alternativas.

En este sentido, el caso español es admirable, porque en muchos otros destinos turísticos masificados del mundo esta respuesta ha tardado muchísimo en llegar. Quien les escribe es nativo (y todavía medio residente) de Venecia, worst case scenario del mundo en cuanto a impacto del turismo. Esta ciudad ha sido laboratorio para la investigación en turismo durante décadas: varios modelos analíticos que utilizamos en el análisis de la transformación de lugares sujetos a altos niveles de estrés han sido retallados al caso veneciano. Y, sin embargo, después de 35 años de haber constatado que Venecia tiene un problema con su turismo, las posibles soluciones han sido eternamente discutidas y nunca implementadas, hasta que solo ahora, frente a una creciente presión ciudadana y de organismos internacionales, y de forma sumamente confusa, se están tomando medidas que, ya podemos anticipar, apenas funcionarán.

En un artículo que publicamos en la revista Journal of Urban Affairs con Alessandro Scarnato (premio Ciudad de Barcelona 2016), sugerimos que el caso de Barcelona puede considerarse único, pero ha abierto una brecha importante en cómo se ve y se habla del turismo a nivel mundial: una ciudad que debe sus grandes avances y éxitos desde la transición a un progresivo proceso de cosmopolitización y embellecimiento en el que el desarrollo turístico es una dimensión fundamental. Al mismo tiempo, un modelo que acaba de ser fagocitado por el mismo turismo, lo único que creció de verdad, especialmente durante la crisis, produciendo una ruptura del consenso social, sobre todo entre las clases medias que aquel modelo hicieron posible en su tiempo.

De aquí, un cambio político hasta un punto inesperado: Barcelona es el único gran destino mundial que elige un gobierno abiertamente crítico con el modelo de crecimiento basado en los grandes números del turismo; es más, creemos que si ha ganado las elecciones Ada Colau es precisamente por ello. Revertir el modelo tomará años o décadas y no dejará Barcelona en la misma situación que antes de 1992; si la visión estratégica que está dibujándose en planes y procesos participativos, la de organizar un nuevo urbanismo para una ciudad abierta a múltiples movilidades –pero no dominada por ellas– tendrá éxito, se tratará de una redefinición fundamental y de alcance global de cómo se entienden y gestionan las ciudades hoy en día.

Por el momento, Ada Colau y sus concejales tienen que lidiar con las emergencias turísticas –que han quedado en un segundo plano tras los atentados del mes de agosto–. Lo hacen desde una objetiva posición de debilidad política, empeorada por el incómodo posicionamiento en el campo soberanista. Turistas borrachos, invasión de espacio público, un modelo de promoción (privada) de la ciudad totalmente fuera de control y gestionado como si fuera 1993, un parque de viviendas que desaparece a diario frente a la presión especulativa (por tantas multas que se puedan poner), un puerto y aeropuerto que siguen creciendo, caóticamente, sin posibilidad de control por parte de los organismos locales, y una falta de gobernanza preocupante por parte de la Generalitat, a la que parece costarle muchísimo revisar algo tan simple como las formas de recaudación y de gasto de la tasa turística para hacer frente a los costes generados por el turismo a nivel local.

La supuesta turismofobia reprochada por los adversarios políticos al Gobierno de Colau, como si hubiera un mandado político oculto de perseguir a los turistas, no es nada más que una subida de tensión en un debate ciudadano sobre el malestar creado por el turismo, que por el momento no puede encontrar respuestas a corto plazo. Dejando de lado los ataques reivindicados por Arran, que tienen que leerse exclusivamente en clave de lucha en la izquierda por el poder (soberanista), cuatro pintadas en las paredes no pueden hacer olvidar dónde y cuándo se ha credo esta situación, quién tiene la responsabilidad política, quién está sufriendo sus efectos y cómo se puede salir de ello. Como bien sugiere Raúl Solís Galván en El Diario del 8 de agosto (Turismofobia, tu padre), empezando de una vez a retribuir dignamente a los trabajadores del sector, persiguiendo legalmente y policialmente las prácticas especulativas en torno a la vivienda, y dejando de tratar a los residentes como ciudadanos de serie B. Algunas cosas en este sentido han cambiado en Barcelona, en Palma de Mallorca, en Valencia, en San Sebastián; otras tendrán que cambiar, pero no sin un apoyo claro de Gobiernos autonómicos, Estado y Comisión Europea.

Antonio Paolo Russo, Universidad Rovira i Virgili (Tarragona).

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Yescapa se consolida como el Airbnb de caravanas y furgonetas en España | Compañías

La recuperación económica ha propiciado que muchos españoles, tras años de austeridad, hayan vuelto a viajar durante sus vacaciones. Esta semana fue la Comisión Europea la que dio por acabada la crisis iniciada en 2008 en la UE. Los datos macroeconómicos, como los salarios o el PIB, desmontan la tesis de las autoridades comunitarias. A ello se une la eclosión de otros negocios digitales, que ofrecen, al estilo de Airbnb, formas más económicas de viajar.

Es el caso de Yescapa, una plataforma nacida hace cinco años en Francia y que desde hace dos opera en España poniendo en contacto a propietarios de autocaravanas y furgonetas camper con personas interesadas en alquilarlas. Julie Da Vara, responsable de Yescapa en España, subraya que el negocio ha avanzado muy rápido gracias a la buena aceptación de otros modelos similares, como Airbnb o Blablacar. “Es una actividad que está muy sujeta a la estacionalidad y a los períodos de vacaciones, aunque la gente cada vez lo demanda más para reuniones familiares o bodas por una cuestión puramente económica”, señala Da Vara en una entrevista con CincoDías. Tras dos años de actividad, Yescapa cerró el pasado ejercicio con 600 reservas en España y el objetivo para este año es triplicar esa cifra hasta llegar a las 1.800, con lo que el peso de España en el total de la compañía llegaría al 10% de su volumen de negocio. “En la actualidad tenemos 40.000 usuarios y 450 furgonetas. Solo entre enero y mayo obtuvimos tantas reservas como en todo 2016”, subraya Da Vara, que destaca que España es el país en el que un mayor número de usuarios (47%) utilizan el sistema Android.

El sistema de reserva funciona de una forma similar a la de Airbnb. El propietario publica de forma gratuita el anuncio, establece una tarifa y el interesado se pone en contacto con él. El anunciante dispone de 48 horas para rechazar o aceptar la solicitud. En el primer caso procederá al pago del precio, que incluye los tres euros diarios por el seguro de viaje y que puede realizarlo en dos plazos, mientras que el segundo se deshace la operación sin ningún tipo de compensación al propietario. Una vez realizado el pago, ambos pactan un lugar de recogida, en el que se firma el contrato de alquiler y se realiza una inspección in situ de la estado del vehículo. Al mismo tiempo, el arrendatario está obligado a presentar el carnet que le faculta para conducir ese vehículo y a pagar la fianza acordada. El propietario recibirá el pago acordado el día después al que se haya iniciado el alquiler.

Yescapa firmó en marzo un acuerdo con Lagún Aro para que fuera la gestora de los seguros a todo riesgo, que cubren posibles robos y facultan para tener asistencia técnica en carretera en España y en el resto de la UE. Consolidado el negocio en Francia (donde el corredor de seguros es Allianz) y afianzado el lanzamiento en España, Da Vara apunta que los dos próximos objetivos son Alemania y Reino Unido. “Ya estamos establecidos en el mercado alemán, en el que todas las transacciones que se han cerrado hasta ahora se pagan en efectivo, algo impensable en España mientras que nuestro gran objetivo a largo plazo es el mercado británico”, señala. Las negociaciones del nuevo modelo de relación con la UE condicionarán la apuesta por el mercado británico.

Hitos de la compañía

Origen. En 2011, Benoît Panel comienza a recopilar información para viajar en familia y adentrarse en Reino Unido en autocaravana. Descubre que los precios que le piden son muy elevados y opta finalmente por alquilar un apartamento en el norte de España. Convence a Adrien Pison en el Startup Weekend, un evento de emprendedores en Bretaña, para desarrollar un nuevo negocio. Ambos fundan Yescapa.

Ronda de financiación. El 2 de febrero de 2015 captan medio millón de euros para comenzar a desarrollar el negocio en España. El 17 de enero de 2016, un año después de lograr la inversión, la compañía logra llegar a los 2.000 usuarios.

Alemania. El 28 de abril de 2016 se lanza la plataforma en el país germano. Alquila caravanas en Berlín, Hamburgo, Colonia, Dresde, Múnich y Fráncfort.

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Cuatro hoteles esquivan la moratoria turística en Barcelona | Compañías

El pasado 28 de enero entró en vigor el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos de Barcelona (Peuat), que servía para establecer una moratoria para la construcción de nuevos establecimientos (hoteles, pensiones, albergues o apartamentos turísticos) ante la masificación del turismo y los problemas de convivencia que se iniciaron en el barrio de la Barceloneta en el verano de 2016.

El plan dividía la ciudad en cuatro zonas concéntricas: la zona 1, que coge los barrios del centro, en la que no se conceden licencias; la zona 2, en la que solo se otorgan si algún otro proyecto cesa previamente, y las zonas 3 y 4, en el extrarradio, con crecimiento limitado. Es en estas dos últimas zonas donde se han concedido las primeras licencias. En concreto, nueve proyectos han recibido un informe favorable previo a la solicitud de la licencia por parte del Ayuntamiento desde que éste aprobó el Peuat.

Los nueve suman unas 900 plazas y se ubican en zonas en las que el Peuat permite abrir nuevos establecimientos. Los nuevos alojamientos estarán situados en los distritos de Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu, Sant Martí y Nou Barris, han detallado fuentes municipales a Europa Press. De estos nuevos alojamientos turísticos que pretenden abrir en la ciudad en las zonas permitidas, cuatro son hoteles, tres son pensiones,uno es un apartamento turístico, y otro es un albergue.

Los expertos rechazan este plan al considerar que reorienta la oferta hotelera a zonas sin demanda, en la que los empresarios no van a invertir. Bruno Hallé, socio director de Magma Hospitality Consulting, considera que una solución más eficaz para acabar con el exceso de oferta es el control de la oferta ilegal. “Si lo controlas en Barcelona te quitas 70.000 camas de un plumazo. En cambio se ha hecho un plan que establece una moratoria sobre el 90% de la oferta. Si hay algún inversor que está dispuesto a gastarse 30 millones de euros es porque previamente habrá hecho un estudio sobre la viabilidad de la inversión. No creo que lo vaya a hacer si solo se le permite en zonas sin demanda”, dice.

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Hacienda no entiende la economía digital | Compañías

Hacienda somos todos, y cualquier persona –física o jurídica– que lleve a cabo una actividad económica sujeta a tributación debe pagar lo que exigen las leyes. Esto debe aplicarse tanto en el mundo offline como online, sin que las nuevas tecnologías e internet sirvan como subterfugio para escapar del control de Hacienda. Sin embargo, la Agencia Tributaria debe primero comprender el funcionamiento de los nuevos modelos de negocio digitales para encontrar luego la forma de regularlos. No se pueden aplicar fórmulas antiguas a realidades nuevas, ya que ello puede resultar en mecanismos de control ineficientes, desproporcionados y contrarios a la normativa del entorno digital.

Un ejemplo de esto último lo encontramos en el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Hacienda que incluye la obligación para las plataformas colaborativas de informar sobre el arrendamiento de viviendas con fines turísticos. Este texto es claramente impreciso en sus definiciones, pero adolece de un defecto aún mayor: se impone un régimen de información contrario a la normativa digital e inadecuado según la naturaleza de las plataformas y de la actividad que llevan a cabo.

Las llamadas plataformas colaborativas son prestadores de servicios de la sociedad de la información y, como tales, están sometidos a la directiva de comercio electrónico y a su ley nacional de transposición. Este régimen jurídico exime a las plataformas de ejercer una actividad general de supervisión o monitorización de sus contenidos, de forma que no están obligadas a recabar información de manera activa (sea para transmitirla o no a las autoridades públicas). Por tanto, la normativa propuesta desde Hacienda quebranta el régimen jurídico establecido por las autoridades europeas para las plataformas digitales, tratando de cambiar con una norma de rango reglamentario lo que está establecido en una directiva comunitaria.

¿Y no pueden las plataformas igualmente compartir la información que se les pide? La respuesta es que no. Además de que la normativa les exime de hacerlo, las plataformas tampoco pueden dar la información que quiere Hacienda porque no la tienen. El texto del proyecto prevé que las plataformas remitan un conjunto de información tremendamente exhaustivo que comprende los datos personales de anfitriones y huéspedes, la identificación de los inmuebles con su referencia catastral y detalles sobre la duración de las estancias y el importe de cada alquiler (incluso aunque sea gratuito).

Las plataformas digitales son muy diferentes entre sí, desde algunas que se limitan a ser un portal de anuncios que facilita el contacto entre particulares, hasta otras que tienen funcionalidades adicionales para aportar más seguridad a la intermediación. De esta manera, la información que maneja cada tipo de plataforma es muy dispar y, en ningún caso, llega hasta los extremos que pretende Hacienda. En otras palabras, la Agencia Tributaria está pidiendo a las plataformas digitales una información sobre la actividad subyacente (la de arrendamiento de viviendas con fines turísticos) que se produce en el entorno digital que ellas habilitan, pero que es una actividad en la que no intervienen y sobre la que no disponen de toda la información, ya que no tiene relación con el servicio concreto que prestan a sus usuarios.

En definitiva, las obligaciones tributarias contenidas en el proyecto de Real Decreto son, por un lado, contrarias a la normativa de comercio electrónico y, por otro, injustificadas, desproporcionadas e irreales por lo que respecta al propio funcionamiento de las plataformas y del entorno digital.

Además, como han advertido la Comisión Europea y la CNMC, este tipo de normas desproporcionadas representan una barrera de entrada al mercado que desincentiva la aparición de nuevos competidores digitales, lo que obstaculiza el desarrollo de la innovación y la digitalización. España necesita sumarse a la transformación digital y aprovechar más las oportunidades que esta ofrece para conseguir un modelo de crecimiento estable y con futuro. Para ello es necesario que las administraciones entiendan mejor los modelos digitales y sean más creativas a la hora de buscar fórmulas para regularlos, evitando alterar por vías indirectas aquellos instrumentos jurídicos que ya funcionan y que han permitido el desarrollo de dichas nuevas realidades económicas.

Por otro lado, es importante destacar que la propia existencia de las plataformas ya ayuda a las autoridades fiscales, gracias a la mayor trazabilidad de las operaciones. Asimismo, algunas plataformas envían también información periódica a sus usuarios de la actividad económica generada y su forma de tributación para facilitar el pago de los impuestos correspondientes. Es más, en otros países, incluso se han llegado a acuerdos con plataformas para que estas procesen el pago de ciertas tasas turísticas en nombre de los usuarios, poniendo de manifiesto que las fórmulas de colaboración público-privada son posibles si se entiende la naturaleza y particularidades de los nuevos modelos digitales.

Entonces, ¿cuál es la solución? Siguiendo las recomendaciones de las autoridades europeas y de los organismos de competencia, las administraciones deben llevar a cabo una revisión normativa para adaptarse a la digitalización, colaborando con las plataformas para encontrar soluciones eficientes que garanticen el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales. La heterogeneidad de las plataformas digitales impide la aplicación de soluciones uniformes al uso, y Hacienda debe escuchar a las plataformas y trabajar con ellas para buscar soluciones realistas, proporcionadas, flexibles y adaptadas al mundo digital.

Alfonso González de León es abogado y consultor senior en Vinces.

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Operación turismofobia | Compañías | Cinco Días

Desde hace unos meses que la palabra turismofobia viene ocupando un lugar central en la escena política y mediática del turismo. El origen de este neologismo puede ser ubicado en 2007, cuando José Antonio Donaire, profesor de geografía de la Universidad de Girona y reconocido experto en turismo, alertó de “la ofensiva turismofóbica” que se estaba gestando en ciertos ámbitos sociales, mediáticos y académicos. Sin embargo, como el mismo Donaire aclaró en su momento, esta turismofobia no era otra cosa que la expresión que tomaba lo que el economista George Victor Doxey llamó a mediados de los años 70 “fase de antagonismo” de todo proceso turístico, una idea prestada de la teoría del Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos del geógrafo británico Richard Butler, y readaptación de los fundamentos que economistas como Joel Dean o Raimon Vernon utilizaron para describir el movimiento vital de cualquier producto en el mercado. La teoría de Butler, fuertemente anclada en el pensamiento liberal de Walt Whitman Rostow, partía de una premisa fundamental: los destinos evolucionan y lo hacen siempre siguiendo el patrón “exploración-involucración-desarrollo-consolidación-estancamiento”.

Pero la recuperación actual del concepto turismofobia poco tiene que ver con su sentido doxeyniano, y en parte es así porque eso implicaría un debate serio y preciso sobre las implicaciones e impactos de la turistificación, algo a lo que el sector (sector de sectores, heterogéneo y desigual, con liderazgos e intereses contrarios, pero al fin y al cabo sector) no parece estar dispuesto. Y es que valdría la pena empezar a reconocer que en el mando del turismo –si hacemos caso a cómo ha ido la historia del desarrollo turístico español en los últimos cincuenta años– quien ha marcado el camino y la estrategia a seguir ha sido siempre el capital financiero y especulativo, y ha sido así tanto en el franquismo como en democracia. Hoy, este capital financiero actúa en esencia igual que entonces, es decir, desbordando todo tipo de marcos legales, expoliando territorios, acaparando recursos fundamentales, así como precarizando trabajadores a corto y largo plazo. Se podrán llenar páginas sobre el destacado papel que ha jugado del pequeño empresario, sobre los esfuerzos que ha hecho para dar un servicio de calidad a los clientes o para garantizar los derechos de sus trabajadores, pero lo cierto es que el pequeño empresario nunca ha tenido ninguna incidencia ni capacidad de decisión en la política turística del país.

En este escenario, salidas ya conocidas como “la apuesta por el turismo de calidad” no solo enmudecen el debate, sino que insisten en un abanico de soluciones que no evitan ni mucho menos la generación de externalidades, impactos y transformaciones urbanas catalizadoras de desigualdad social. La actual situación habitacional y laboral, también legal y financiera, muestra hasta qué punto la gestión del turismo en nuestro país se ha mostrado insuficiente, inoperante e incluso contraproducente para la vida de miles y miles de habitantes. Ya no tiene mucho sentido medir y evaluar la huella turística a partir de la planta hotelera existente o del número de entradas vendidas por el museo del Barça. Nuevas dinámicas económicas, residenciales, legales, culturales y ecológicas están redefiniendo los límites de una ciudad-región turística con cada vez menos margen para practicarla, donde la expulsión de residentes es exponencial y el derecho a la movilidad ha sometido el derecho al lugar, a permanecer en él, a hacerlo y transformarlo, siempre siendo parte, nunca estando aparte.

El turismo ha perdido definitivamente el salvoconducto que le permitía aparentar ser una industria sin chimeneas, y ahora más que nunca, resulta evidente que siempre las ha tenido. Tampoco es la gallina de los huevos de oro ni una fuente de riqueza colectiva. La caída de estos mitos fundacionales ha provocado una rápida reacción, siendo la turismofobia uno de los artefactos conceptuales que se han destinado a definir, medir y contrarrestar el estado de crítica social hacia la ciudad turístificada y sus propietarios. La turismofobia tiene así una intención incriminatoria: en manos de determinados actores políticos-empresariales-mediáticos, trata de definir un tipo de reacción irracional, obsesiva y reprobable socialmente. Este relato patologizador que procura ayudar a mantener intactas las posiciones de un sector en estado de delirio.

Si bien es evidente que en el espectáculo mediático de la turismofobia hay intereses paralelos (véase, por ejemplo, la cobertura hecha en las protestas de Arran), resulta fácil asumir que es una nueva cortina de humo, un nuevo intento por deslegitimar la crítica y criminalizar la movilización social frente al modelo urbano y económico que se impone. Con el uso insistente e interesado de este concepto, se intenta definir los bandos y los límites mentales y políticos del conflicto, llevar las aguas al terreno de los intereses privados, y reducir lo que es un problema social en una estúpida pero peligrosa pataleta de unos pocos molestos con los turistas que “nos visitan”. Para que avance el barricidio, la fobia debe imponerse.

Queda por ver qué caminos alternativos se construyen ante esta ofensiva por el control de las ciudades, qué capacidad de gobernanza tiene el poder público para detener esta sangría de consecuencias irreversibles, o qué rol puede terminar ejerciendo la población organizada en la defensa de sus derechos fundamentales. Por lo demás, el problema de la turismofobia tiene una rápida solución, y no es otra que dejar de hablar de ella y abrir un debate serio y real, con consecuencias concretas sobre la vida de las personas y sus ciudades.

Sergi Yanes es doctor en Antropología Social. Miembro de Turismografías.

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Cuatro vías para luchar contra la turismofobia | Compañías

Poca gente va a Londres a pasar sus vacaciones de verano ni a Siberia a disfrutar de las navidades. Los turistas van buscando experiencias satisfactorias durante sus estancias y existe una línea de pensamiento único que les lleva a coincidir en sus preferencias: sol en verano y sol en invierno. Esa es la razón que ha llevado a España a convertirse en uno de los países más visitados del mundo. Pese a que disfruta de un clima similar a otras naciones del entorno como Italia, Túnez, Egipto o Turquía, España ha abierto brecha con el resto por una razón: seguridad. No se ha visto dañada por los atentados que han afectado a esos cuatro enclaves (a los que habría que añadir dos destinos urbanos como Londres y París) y eso ha provocado un efecto llamada que ha llevado a España a ganar siete millones de viajeros en 2015, otro siete millones de viajeros en 2016 y probablemente a subir otros nueve en 2017. En esos dos primeros años ha ganado lo mismo que lo logrado en los doce años anteriores.

Con lo que nadie contaba, y menos los políticos que han realizado unos balances tan positivos sobre el buen pulso del turismo, era con la reacción de los vecinos que conviven a diario con los turistas. La llegada masiva de viajeros ha servido para acuñar el término de turismofobia, definido como el rechazo vecinal a la presencia masiva de viajeros en sus calles y en sus bloques de viviendas. Hasta ahora, los turistas colapsaban las ciudades, pero por la noche pernoctaban en los hoteles, lo que evitaba los conflictos nocturnos con los vecinos. Pero eso cambió con la llegada de plataformas como Airbnb o HomeAway, que han permitido un doble beneficio: ofrecer un alojamiento mucho más económico que los hoteles a los turistas y permitir a un gran número de particulares sacarse un dinero extra compartiendo su casa con turistas.

Los vecinos y los hoteleros quieren poner coto a los pisos para turistas, mientras que las plataformas no están dispuestas a renunciar a un negocio que les permite además potenciar su imagen como fuente de ingresos alternativa para muchas familias en la parte final de una crisis económica que se resiste a desaparecer. En este contexto, ¿qué soluciones existen para tratar de alcanzar la paz social? Una de las posibilidades que manejan las autonomías más visitadas es la de introducir tasas turísticas. Las grandes capitales europeas, como Londres, París o Roma, ya las cobran desde hace varios años. La experiencia, sin embargo, demuestra que el impacto sobre la demanda es mínimo.

Un buen ejemplo se ha producido en Cataluña, que desde octubre de 2012 cobra una tasa a todos los viajeros que se alojan en sus establecimientos. Las tarifas van desde los 2,50 euros para cruceristas y turistas de hoteles de cinco estrellas hasta los 0,50 de los hostales. La medida no ha servido para reducir el interés de los turistas por este destino. Más bien todo lo contrario. En 2013 recibió 15,5 millones de viajeros, consolidando su posición como la comunidad más visitada de España, y ha seguido sumando turistas hasta los 18 millones a finales de 2016.

Otra de las medidas, no exenta de polémica, es prohibir la construcción de hoteles y poner coto a los pisos turísticos, bien evitando su construcción o limitando al máximo el número de días para su alquiler. Esa decisión la tomó el ayuntamiento de Amsterdam, que también aprobó un plan para que en cinco años los cruceros de turistas desembarquen fuera del casco urbano y no en el centro. Una medida similar aprobó el ayuntamiento de Barcelona, que prohibió la construcción de nuevos hoteles desde 2015 y la concesión de licencias para apartamentos turísticos a partir de este año. Bruno Hallé, socio de la consultora Magma TRI Hospitality Consulting, cree que los esfuerzos para acotar los efectos indeseados del turismo deben concentrarse en el alojamiento ilegal. “Si lo controlas en Barcelona te quitas 70.000 camas de un plumazo. En cambio lo que se ha hecho es un plan que establece una moratoria sobre el 90% de la oferta frente al 70% que está paralizada en la actualidad”. Hallé considera que el plan supone un bloqueo de facto sobre la oferta hotelera en Barcelona, ya que solo se permitirá proyectos en zonas sin demanda. En los distritos con mayor demanda, como Ciutat Vella o el Eixample, solo se concederán licencias siempre que se suprima otra. “Si hay algún inversor que está dispuesto a gastarse 30 millones de euros es porque previamente habrá hecho un estudio sobre la viabilidad de la inversión. No creo que sea conveniente hablar de que existe sobreoferta hotelera si no más bien de la dificultad de invertir de zonas sin demanda”, dice.

La Comisión Europea baraja elevar la fiscalidad de las empresas ligadas a economía colaborativa ante la presión de Macron y Merkel

Los hoteleros, sin embargo, consideran que la solución al conflicto la tienen las autoridades políticas, que hasta ahora se han mantenido de perfil en el fenómeno de la economía digital. En primer lugar, las autoridades comunitarias han defendido hasta ahora el modelo de la economía colaborativa como algo diferente al resto. Cuando las protestas han arreciado y a las voces de países como España se han unido Alemania y Francia, la Comisión ya se ha tomado en serio la cuestión y prevé debatir un incremento de la fiscalidad a estas compañías en el próximo Consejo de Ministros de Economía que se celebrará en Tallin (Estonia) a mediados de septiembre. La mecha la ha prendido el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, que tildó de “inaceptable” la factura fiscal de Airbnb en Francia, donde solo pagó 100.000 euros en el último ejercicio fiscal, pese a ser su segundo mercado con más de diez millones de usuarios.

El trabajo más arduo les espera, sin embargo, al Estado Central y a las autonomías. Al primero, con competencias en sociedad de la información, le toca velar porque todos los anuncios que se publiquen en plataformas como Airbnb o Home Away estén dados de alta en los registros oficiales. Los hoteleros ponen como ejemplo lo sucedido en San Francisco, donde la amenaza de sancionar con 1.000 dólares a cada casa sin número de registro provocó la anulación de 14.000 anuncios. A las autonomías, competentes en materia turística, les toca regular para clarificar dónde y cómo se pueden alquilar pisos para turistas y si pueden compartir espacio con los vecinos.

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Lo que hacen autonomías y municipios para frenar el turismo masivo | Compañías

El pasado año, la cifra de turistas que visitó España superó los 75 millones. La previsión para este año apunta a que se podría llegar a a los 84 millones, una cifra inédita que podría llevar a España a superar a Francia como primer destino mundial. Pero el auge turístico tiene su contrapartida: el turismo masivo, especialmente visible en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Ambos municipios  y las grandes autonomías turísticas han tratado de frenar, con poco éxito por ahora, la masificación y exceso de afluencia en ciudades como Madrid o Barcelona. La última en intentarlo ha sido Baleares, cuya nueva ley entró el martes en vigor.

La principal novedad es que los propietarios que pongan sus pisos a disposición de los turistas sin los permisos correspondientes emitidos por la Conselleria de Turismo serán sancionados. Las multas podrán llegar a los 40.000 euros para los propietarios y a los 400.000 en el caso de las plataformas de alquiler. El texto en vigor desde ayer fija que debe ser el propietario del piso el que disponga de la documentación que demuestre que cumple con la ley. Además se le prohíbe arrendarlos por más de 30 días, cobrar una fianza y se establece como obligatorio un contrato de alquiler. En el caso de incumplimiento, el propietario se verá expuesto a una sanción económica.

Plataformas como Airbnb o HomeAway cuentan con 15 días para adaptar su oferta a la nueva ley de alquiler turístico. Esta ya prohibía parcialmente el alquiler en algunas zonas. Ahora apunta un techo máximo de camas para turistas, que queda establecido en 623.624, de las que más de la mitad estarán en manos de los hoteleros. Cada archipiélago dispondrá de libertad para decidir si permiten el alquiler de viviendas con fines turístico, cuanto tiempo y en que zonas.
Otras autonomías también han reformado sus normativas referentes a los alojamientos turísticos, con notables diferencias en el enfoque, pero con un denominador común: el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a esas leyes. Canarias y Madrid han tenido que modificar sus normas para frenar el fenómeno de los pisos turísticos.

Baleares limita a 623. 624 el número de turistas que se podrán alojar en el archipiélago

La última reforma fija que los vecinos de los edificios donde haya apartamentos turísticos podrán vetarlos, en caso de que lo ampare sus estatutos de la comunidad de vecinos. Estas nuevas medidas tienen su repercusión en Madrid capital, especialmente en los barrios del centro, donde se encuentra el grueso de apartamentos y viviendas alquiladas con fines turísticos. Las plataformas como Airbnb son consideradas empresas turísticas y como tales, todos los pisos que anuncien deben disponer del certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico (Civut), un documento que garantiza al turista que el alojamiento elegido dispone de medidas de seguridad obligatorias, así como agua fría y caliente, calefacción, energía y ventilación directa al exterior. Los propietarios también están obligados a informar a la Policía Nacional sobre la identidad de sus clientes.

Es la comunidad más afectada por la creciente oferta de pisos turísticos irregulares. Barcelona es la ciudad con más viviendas turísticas, ya que prácticamente el grueso de la comunidad está agrupado en los barrios del centro de la ciudad. Aunque la Generalitat no se ha implicado en la regulación de estos alojamientos, el gobierno de Ada Colau está comprometido para acordar ciertas medidas reguladoras de una oferta irregular que supera los 8.000 pisos. El pasado mes de junio impuso a la plataforma Airbnb una multa de 600.000 euros, con el objetivo de dar fin a lo que calificó Janet Sanz, teniente de alcalde de Barcelona, como “una estafa a la ciudad”.

La quinta autonomía por número de visitantes extranjeros también ha tomado medidas legales para evitar los alquileres ilegales en la ciudad. Cinco plataformas estuvieron a punto de firmar un acuerdo con la Generalitat Valenciana para incluir en sus páginas web la obligación de indicar un “número de matrícula” de todos los pisos que identifica las propiedades como legales a alquilar, pero finalmente el acuerdo no llegó a firmarse. Airbnb, HomeAway y Rentalia han tenido que hacer frente a una sanción económica de 30.000 euros cada una por incluir viviendas sin registrar.

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El gigante turístico TUI reconoce que “España está llena” | Compañías

El grupo turístico TUI ha señalado el jueves que “España está llena”, y que debido a la gran demanda y al aumento de los precios, los europeos podrían buscar otros destinos más asequibles. Así lo ha comunicado Fritz Joussen, consejero delegado de la compañía, tras la publicación de los resultados trimestrales. 

La caída de la demanda turística en países del Mediterráneo como Túnez, Turquía o Egipto, debido a la convulsión que golpea a Oriente Medio, ha desplazado el foco turístico al sur de Europa. En España, el número de visitantes ha ido en aumento durante los dos últimos años. En la primera mitad de 2017 el turismo creció un 12% alcanzando los 36,4 millones de turistas.

Según la empresa, el acelerado incremento de la demanda y la consecuente subida de los precios podría llevar a los turistas a demandar otros destinos como Bulgaria o Cabo Verde. “Si la demanda y los precios son altos, aparecen otros destinos más asequibles”, señalaba Joussen. En el caso particular de los turistas británicos, al aumento de los precios habría que sumar la depreciación que ha sufrido la libra tras el Brexit.

Joussen, ha destacado que, en general, los españoles se encuentran satisfechos con el turismo, dado que crea empleo y sustenta la economía. Sin embargo, los últimos acontecimientos ocurridos en ciudades como Madrid, Palma o Barcelona, evidencian la existencia de un rechazo vecinal hacia el turismo masivo.

TUI Group, fusión de TUI AG y TUI Travel, es el mayor grupo turístico del mundo. La compañía registró un aumento de beneficios del 38% durante el tercer trimestre de 2017, 221,6 millones de euros ordinarios; en parte, como consecuencia de una Semana Santa tardía. Para el año prevé un incremento en las ventas del 3%. “El año pasado tuvimos un máximo récord y este año estará en niveles similares”, destacaba el consejero delegado. La cadena hotelera española Riu es la segunda mayor accionista del grupo.

 

 

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La vivienda turística y Airbnb, en el foco de las protestas contra el turismo | Compañías

En los últimos meses numerosas concentraciones han tenido lugar tanto en Madrid como en la capital catalana en contra del turismo masivo. Casi 10 millones de visitantes se alojaron en la ciudad de Barcelona durante el año 2016 y cinco millones visitaron la Comunidad de Madrid. Estos datos, que en el pasado habrían sido recogidos con júbilo, ahora generan dudas. La causa del auge de la turismofobia en las principales capitales españolas supone un problema de innumerables aristas, pero la que en los últimos meses ha suscitado el enfado de los vecinos de los barrios más masificados es la del alquiler de pisos a turistas.

El sector del alojamiento turístico se encuentra en una fase de transformación, dado el imparable crecimiento del negocio de las viviendas turísticas desde el año 2012. Estas viviendas están gestionadas por más de 700 empresas en toda España, pero en los últimos años la imagen del sector ha sido monopolizada por la multinacional californiana Airbnb.

Las razones que mueven a los vecinos a salir a la calle son muchas, y el ataque de Arran a un autobús turístico ha hecho patente que la cuestión del turismo de masas se ha politizado. Desde la Asociación Vecinal Sol – Barrio de las Letras comentan que as principales quejas de los vecinos surgen por las molestias y el ruido de los turistas que se alojan en sus edificios, por cómo la presencia de visitantes transforma los comercios del barrio y por la subida de los precios del alquiler, de la que culpan a la vivienda turística.

Sin embargo, desde Fevitur, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, comentan que las protestas vecinales han sido anecdóticas y que la existencia de vivienda turística no ha sido la causa del encarecimiento de los alquileres. “En 2016, el número de pisos turísticos en Barcelona disminuyó 1050 unidades y el precio medio del alquiler de la vivienda aumentó un 13%. Los precios de barrios dormitorio como Sabadell y Terrassa han subido más que en Barcelona. Nosotros observamos que el problema de la vivienda en España no es el turismo, sino que tiene su origen en causas más complejas”, comenta Enrique Alcántara, de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona.

“En la zona centro de Madrid hemos estudiado el problema y la irrupción de la vivienda turística ha tenido un efecto de un 1% en el alquiler, lo que supone 15 euros más. En todo el resto de la ciudad ha afectado un 0%. Se está buscando un culpable muy peligroso para este fenómeno, el turismo, que es un sector necesario para este país”, concluye Pablo Zubicaray, presidente de Fevitur. Con respecto a las quejas, Alcántara matiza que “solo un 0,02% de las pernoctaciones generaban alguna”.

Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que desde la llegada de Airbnb a ciudades como San Francisco o Nueva York, el precio del alquiler ha aumentado por la contracción de la oferta de pisos de alquiler de larga estancia, dada la alta rentabilidad que supone para el propietario alquilarlos a turistas. Según un informe redactado por Ingrid Ellen, de la Universidad de Nueva York, Airbnb es fue responsable del aumento del 2% del alquiler en 2015. Iván Murray, de la Universitat de les Illes Balears, explica que en el mes de agosto del año pasado se ingresó de media 7.000€ a través de Airbnb en las islas. “Esto ejerce un desplazamiento de la vivienda residencial en barrios céntricos porque la renta potencial es mucho más alta si alquilas a turístas, de modo que se acaba expulsando a la población residente.”

A todos los conflictos con los vecinos, que en comunidades como Madrid o Baleares pueden vetar los pisos turísticos, se suman los que el sector está teniendo con la administración en lo que a regulación se refiere. “Necesitamos normas que se puedan cumplir. Que sea la comunidad la que juzgue si la vivienda se puede alquilar es algo que dificulta el negocio”, comentaba Zubicaray. Sin embargo, desde la Confederación de Española de Hoteles consideran que el trato a este sector es demasiado laxo. “Su regulación fiscal no tiene nada que ver con la nuestra. Esto ha provocado un exceso de oferta descontrolada y el rechazo al turista”. Juan Molas, presidente de esta federación, declaraba a este diario que “los primeros incidentes se produjeron en la playa de la Barceloneta, en la que solo hay un hotel y cientos de pisos turísticos”.

Según Bartolomé Gomila, vicepresidente de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares, este sector supone una “democratización de los ingresos que vienen del turismo, que ya no van a parar a manos de grandes cadenas de hoteles sino que acaban en el bolsillo del pequeño propietario” y considera que dota a España de una ventaja competitiva con respecto a otros países del Mediterráneo. También admite que es necesaria una regulación fiscal del sector, y que cuando esta llegue, la oferta disminuirá. La forma en la que se diseñen las normas será crucial para el crecimiento de un sector que encandila al turista, pero crea conflictos en las comunidades en las que aterriza.

Cifras

El sector de los apartamentos turísticos en España supone un impacto económico directo de 1.600 millones de euros, lo que corresponde al gasto en alojamiento. El impacto indirecto es de 3.800 millones de euros y viene dado por el gasto que los turistas realizan en comida, compras, transporte y actividades, según datos de Fevitur. Con respecto al perfil medio del turista, el 84% de los apartamentos turísticos fueron alquilados por familias en el pasado año.

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Operación Chamartín: 25 años son suficientes | Compañías

Para qué sirve una megaoperación urbanística como la Operación Chamartín? Sin duda, tal como está proyectada, para que BBVA, a través de su empresa Distrito Castellana Norte (DCN), haga negocio. Pero obviamente ese solo debe ser una de las caras de un proyecto poliédrico. Cuando se presentó hace casi 25 años se pensaba en cerrar una brecha septentrional de Madrid y una mejora del entorno de la estación de Chamartín. Dos décadas después, las Administraciones no deben dejar de pensar el entorno como una posibilidad para resolver las carencias de la vivienda, evitando de todas las formas posibles convertir una vez más el norte como una ínsula para ricos. Sin olvidar como esos 2,8 millones de metros cuadrados edificables deben servir para ofrecer oportunidades residenciales para jóvenes y para regular el disparate de la subida de precios en la capital mediante la suma de oferta asequible.

La pasada semana se representaba la puesta en escena del acuerdo alcanzado entre las partes implicadas para volver a impulsar este macroproyecto urbanístico, el mayor que actualmente se desarrolla en Europa. La llegada de Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento ha sido clave para desencallar una operación bloqueada desde la llegada de Ahora Madrid a la alcaldía en junio de 2015, ya que la coalición electoral aseguró desde el inicio que discrepaba radicalmente de la aprobada con anterioridad por las Administraciones lideradas por el PP. El retraso en la constitución de Gobierno, con dos elecciones generales consecutivas, retrasó aún más una salida negociada, ya que todas las partes jugaron a saber de qué color político sería el sillón del titular de Fomento, debido a que la mayor parte de los terrenos corresponden a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), que a su vez los cedió a DCN a cambio de 1.245 millones. No es nada descabellado pensar que de haber ganado la izquierda, la operación probablemente tendría otros parámetros.

Pero el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena ha demostrado capacidad para llegar a acuerdos en las grandes operaciones urbanísticas heredadas como la de Mahou-Calderón, la cooperativa Metropolitan, Canalejas y ahora la de Chamartín, bautizada con el mejorable nombre de Madrid Nuevo Norte. Si algo se puede achacar a Ahora Madrid es que haya tardado exactamente dos años en llegar a un acuerdo con el promotor privado, la empresa Distrito Castellana Norte (controlada en un 75% por BBVA y el resto por la constructora Grupo San José), dispuesta desde el inicio a consensuar un plan.

El tiempo no es un tema baladí, porque el proyecto debe regresar a la casilla de salida legislativa, ya que se necesita modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU), con unos trámites nada sencillos.

El pacto entre la empresa promotora y las Administraciones hace que sea difícil que se frustre el plan largamente esperado

 

La junta de Gobierno municipal debe dar una aprobación inicial del nuevo plan parcial, una decisión que se retrasará previsiblemente hasta diciembre. A partir de ahí, se calculan unos trámites de varios meses, ya que el Consistorio debe presentar antes numerosos informes favorables de distintos organismos, pasar el periodo público de alegaciones y obtener el visto bueno en el Pleno municipal. Después, el consejo de Gobierno de Cristina Cifuentes (PP), presidenta regional, otorgará el permiso definitivo.

En todo este proceso no parece que vaya a haber grandes sustos. El acuerdo entre los dos polos parlamentarios (Partido Popular –gracias al impulso de Fomento ya que Cifuentes salió del pacto voluntariamente aduciendo que aprobaría cualquier logro alcanzado entre las partes– y Ahora Madrid) allanan el camino tanto en el Consistorio como en la Asamblea de Madrid. No parece que Ciudadanos –muleta legislativa del PP y siempre dispuesto a escuchar las posiciones de DCN– vaya a oponerse. Tampoco el PSOE en esta ocasión, el más batallador en materia de urbanismo frente a Ahora Madrid en otros casos, parece que vaya a ser un problema ya que ha dado “su apoyo condicionado” al proyecto.

Las partes se han impuesto el plazo de aprobación a finales de 2018, con tiempo suficiente para que cualquier inconveniente sea superado antes de que acabe la legislatura en mayo de 2019. El consenso inicial de Administraciones y DCN, así como de los distintos partidos políticos, hacen que sea muy difícil que se frustre la largamente esperada operación, incluso si tuviera que retrasarse a una siguiente corporación municipal.

El proyecto debe regresar a la casilla de salida legislativa, ya que se necesita modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid

 

Los más duros con el acuerdo han sido, sin que haya causado sorpresa, parte del grupo municipal de Ahora Madrid, concejales ligados a Izquierda Unida, Ganemos Madrid y los anticapitalistas, además de las plataformas vecinales de Fravm y Ecologistas en Acción, unos colectivos habitualmente cercanos al equipo de Carmena, a la que acusan de haber cedido en esta ocasión a la presión del banco presidido por Francisco González. No hay que olvidar que el pacto conseguido también incorpora que tanto DCN como Adif y Comunidad de Madrid retiren las demandas contra el Ayuntamiento por haber tumbado el anterior plan aprobado por el PP.

José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible y miembro de Podemos, opina en conversación con CincoDías que no cree que se vaya a llegar a una situación en la que parte del grupo de Ahora Madrid vote en contra y avisa de que el proyecto acaba de iniciarse: “Queda mucho recorrido y ahora abrimos una mesa de participación con las asociaciones vecinales, donde estoy convencido de que se llegará a una solución de consenso. Va a haber trabajo y diálogo”. La palabra consenso también es la que valoran desde DCN, tras dos años de incertidumbres sobre una operación que parecía frustrarse por enésima vez. Solo las posibles demandas una vez aprobado podrían volver a paralizarlo.

La Operación Chamartín fue presentada por primera vez en 1993 por el socialista Josep Borrell, entonces ministro de Obras Públicas, para modernizar la estación de Chamartín y urbanizar su entorno. Las sucesivas diferencias entre Administraciones de distinto signo político y la crisis del ladrillo a partir de 2007 han ido retrasando la aprobación del plan, que tuvo en un inicio al desaparecido banco público Argentaria como apoyo y que fue heredado por BBVA, que siempre ha mantenido el compromiso. Casi 25 años, demasiados, tras los que cerrar por fin el histórico conflicto del urbanismo en Madrid.

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid; Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, y Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte, en la presentación la pasada semana del proyecto Madrid Nuevo Norte.
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid; Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, y Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte, en la presentación la pasada semana del proyecto Madrid Nuevo Norte.

El intento hasta ahora más avanzado fue el presentado en enero de 2015 con el acuerdo de BBVA, junto a las tres Administraciones del PP: Ignacio González, el actualmente encarcelado expresidente de la Comunidad de Madrid; Ana Pastor, anterior ministra de Fomento, y la entonces alcaldesa Ana Botella, quien aprobó el plan en comisión de Urbanismo pero lo dejó sin validar por el Pleno municipal.

Ahora Madrid, con la ayuda del PSOE, tumbó el plan de DCN en 2016, y aprobó un borrador llamado Madrid Puerta Norte, en el que solo se incluían 4.600 viviendas frente a las 17.700 previstas por la empresa del BBVA, que calculaba en 6.000 millones de euros la inversión para edificar y construir las infraestructuras. Con el nuevo plan, a DCN le corresponderá 1,2 millones de m2 de edificabilidad.

El nuevo proyecto se ha quedado justamente en el término medio, en 10.800 viviendas. Uno de los grandes cambios, por el que debe modificarse el PGOU, consiste en devolver a la iniciativa pública la iniciativa del planteamiento, anteriormente delegada en DCN, una decisión innegociable para Carmena y saludable en términos políticos por la enorme área afectada.

Si se mira un mapa de la capital, queda una brecha sin urbanizar desde la estación, pasando el nudo norte de la M-30 y hasta llegar a la M-40. Precisamente Carmena ha repetido que el plan debe servir para “cerrar la herida” entre este y oeste a esa altura de la ciudad.

El actual proyecto se divide en cinco zonas sobre 2,8 millones de m2 frente a los 3,1 del anterior plan. La primera área que tendrá prioridad para su urbanización es la más cercana a la estación (donde Adif a su vez acometerá su renovación para convertirlo en el mayor centro ferroviario del país). En ese ámbito, la parte residencial ocupará alrededor de 300.000 m2 y 1,1 millones de m2corresponden a un ambicioso centro de negocios. Precisamente ese es uno de los puntos débiles del plan ya que despierta dudas en el sector inmobiliario sobre si la ciudad necesita esa enorme cantidad de oficinas en rascacielos cuando, también en el norte, Valdebebas ofrece otro millón de metros cuadrados para el mismo uso y Azca no acaba de llenar sus torres en la Castellana. DCN presentó hace unos meses un informe, elaborado por Colliers, en el que se indicaba que Madrid necesitaba ese tipo de oferta para grandes empresas.

El nuevo proyecto se ha quedado en el término medio entre las partes: 10.800 viviendas. A Distrito Castellana Norte le corresponden 1,2 millones de m2 edificables

 

“Desde luego habrá que hacer una reflexión sobre estas áreas de uso terciario en Madrid, sobre como pueden atraer parques tecnológicos o crearse hubs para nuevas empresas”, señala Calvo. “Lo que sí hemos visto es que existe una demanda no cubierta de oficinas prime, las de mejor calidad, porque las empresas requieren cierta concentración en un mismo espacio, y el parque de Madrid está obsoleto y disperso”, añade el concejal.

Respecto a la construcción residencial, la nueva iniciativa recoge un aumento de la vivienda con algún tipo de protección, ya que será el 20% del total, el doble de lo anteriormente recogido. Según los expertos, se prevé que las casi 11.000 viviendas sean fácilmente absorbidas por el mercado debido a la demanda embalsada en Madrid y el atractivo de la zona norte.

Pero tanto la Corporación municipal como la Comunidad de Madrid deberían en cualquier caso poner todas las herramientas a su alcance para que esa zona no se convierta en una burbuja que, de nuevo, impida el acceso a la vivienda de los jóvenes, y sobre todo, debe utilizar esa oferta adicional de suelo para que se abaraten las casas. La falta de terrenos edificables ha provocado que se disparen los precios de los solares, una situación que como reconocen desde la patronal Asprima va en contra del futuro sostenible para las propias promotoras.

Este nuevo ámbito y, de forma escalonada, el mucho mayor de la zona este de Madrid, deben permitir la salida al mercado de nuevo suelo que baje la presión de los precios. Pero también todas las partes implicadas deben buscar soluciones imaginativas en el que el acceso a la vivienda para las nuevas familias y los jóvenes –desde los veinteañeros a los treintañeros que se quedaron atrapados por la crisis– sea una realidad. Es el momento, por ejemplo, además de la potenciar la vivienda protegida, de buscar grandes bancos de casas en alquiler.

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