El Senado de EE UU da el primer paso para aprobar la reforma fiscal | Mercados

El Senado de Estados Unidos aprobó anoche el para el año fiscal 2018, una medida que anticipa la ansiada reforma fiscal que promueve el presidente, Donald Trump. Con un estrecho margen de  51 votos a favor y 49 en contra, los republicanos lograron su aprobación en la Cámara alta pese a la oposición del senador ultraconservador Rand Paul, que criticó un gasto demasiado elevado en las cuentas.

Las cuentas presentarán un importe de gastos de cuatro billones de dólares (3,38 billones de euros), además de enmiendas que permitirán conciliar esta propuesta con la ya aprobada en la Cámara Baja, que incluía 622.000 millones de dólares para Defensa. Además, dieron luz verde a un enmienda que permitirá ahora aprobar la futura reforma fiscal con una mayoría simple de 51 votos, en lugar de los habituales 60 requeridos.

Eso ayudará a los republicanos a sortear la oposición demócrata para sacar adelante su plan impositivo, aunque tampoco está garantizado que lo logren como ya se demostró en sus esfuerzos fallidos por derogar la ley de salud. En un comunicado, Trump “aplaudió” la aprobación del presupuesto y se mostró deseoso de promulgarlo.

“Este acuerdo abre un camino para aprovechar el potencial de la economía estadounidense a través de la reforma fiscal y de reducción de impuestos, simplificando el código impositivo y proporcionando un alivio financiero para las familias y haciendo que las empresas estadounidenses sean competitivas a nivel mundial”, dijo.

El interés del Partido Republicano -que controla ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca- por aprobar cuanto antes una reforma fiscal le ha llevado a aparcar su habitual preocupación por el déficit.

Vehículo para la reforma fiscal

Algunos senadores opinaban que el voto sobre el presupuesto era meramente un vehículo para impulsar la reforma fiscal, dado que el año fiscal 2018 comenzó hace 19 días y el Congreso ya aprobó a finales de septiembre una medida presupuestaria para mantener el Gobierno financiado hasta el 8 de diciembre.

El senador demócrata Ron Wyden, por ejemplo, dijo que las cuentas aprobadas hoy son una “fantasía de derechas que allana el camino para un proceso hiperpartidista sobre la reforma fiscal” para beneficiar a los ricos y las corporaciones.

No obstante, el líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConell, defendió que la reforma fiscal tiene como único objetivo que el país “vuelva a crecer” y dijo que representa “una oportunidad única en una generación” para sustituir el actual código impositivo.

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El plan fiscal de Trump provocará moratones entre los republicanos | Mercados

Los planes de los republicanos estadounidenses de eliminar las deducciones fiscales estatales y locales (SALT) aumentarían los ingresos federales en al menos 1,3 billones de dólares en una década, ayudando así a compensar los recortes propuestos a las rentas individuales y los gravámenes corporativos. Los asalariados de altos ingresos que viven en zonas pro-Hillary Clinton, como Nueva York, serían los más perjudicados.

El plan es parte del programa fiscal del presidente Donald Trump y sus aliados republicanos. Nueva York, California, Connecticut y Nueva Jersey serían los estados más afectados, según el think tank Tax Foundation. En todo el país, alrededor del 10% de las personas que ganan menos de 50.000 dólares al año se aplican estas deducciones, en comparación con el más del 80% de los ganan al menos 100.000, según otro think tank, el Tax Policy Center. En general, el 30% de los estadounidenses se aprovechan de deducciones detalladas como SALT.

A los estados pro-Clinton les siguen Pensilvania, Wisconsin y Ohio, en los que ganó Trump. La derogación de SALT aumentaría los impuestos en ellos un promedio de unos 2.000 dólares. Los estados que no tienen impuesto sobre la renta como Florida, también pro-Trump, se aprovechan de SALT deduciendo los impuestos sobre las ventas. La factura tributaria promedio aumentaría allí en 1.400 dólares.

La disposición SALT lleva en vigor desde que se estableció el impuesto sobre la renta federal, en 1913, y ha sobrevivido a muchos intentos de abolirla. Ronald Reagan no la derogó cuando lideró el último esfuerzo exitoso de reforma fiscal, en 1986. El borrador de la nueva reforma dice que elimina las “deducciones más detalladas”, pero no menciona específicamente las locales y estatales. Funcionarios de la Administración dijeron el martes que formarían parte de la ofensiva.

Un informe de este año respaldado por la Asociación Nacional de Gobernadores y por la Conferencia de Alcaldes destacó el sufrimiento al que se enfrentarían todos los estados si se eliminara SALT. Los republicanos que representan a los distritos más afectados se enfrentarán a la presión de sus vecinos. Empieza una pelea con moretones.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.

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Trump regala a las empresas un tipo del 20%, cinco puntos menos de lo esperado | Mercados

Las promesas de Donald Trump llegan con cuentagotas. Una de las medidas que más entusiasmo ha despertado en las Bolsas desde la llegada del magnate estadounidense a la Casa Blanca era la reforma fiscal presentada , la gran baza legislativa con la que cuenta el presidente de EEUU tras el fracaso de la reforma sanitaria de Obama. Sus líneas maestras ya habían sido presentadas a finales de abril.

 

La Casa Blanca y los repu­blicanos al frente de los Comités de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y el Senado divulgaron el plan que recoge la rebaja impositiva, la que ha venido a denominarse como la mayor reforma fiscal desde 1980. El impuesto sobre sociedades bajará del 35% al 20%.Aunque se sitúa por encima del 15% prome­tido por Trump en su programa.

 

EEUU simplificará al máximo los documentos de los impuestos, equivalentes en España a la declaración de la renta, y Trump auguró que un buen número de miembros del Partido Demócrata apoyará los cambios.

 

En Wall Street, el Dow Jones, el Standard & Poor’s y el Nasdaq celebraron la noticia con respectivas alzas del 0,25%, del 0,41% y del 1,15%.

 

El mercado espera que esta modificación refuerce la inflación y el crecimiento. Así, el rendimiento de la deuda a largo plazo, que se mueve de forma inversa al precio, se disparó.

 

El bono a 10 años cerró con un interés del 2,301%, frente al 2,228% del martes, en su mayor subida en seis meses. Las obligaciones a 30 años cerraron con una rentabilidad del 2,853%, desde el 2,77% del día anterior.

 

La reducción del impues­to a las empresas viene acompañada de la reducción del impuesto de la renta de siete categorías a tres (12%, 25% y 50%). Esto equivale a recortar el tipo máximo, hasta la fecha en el 39%, y aumentar el mínimo, en el 10%. Lo que sí mantiene la reforma es la promesa de aumentar las deducciones fiscales para las familias con hijos y crear una para adultos con dependencia en donde se englobarían las personas mayores y los enfermos. También amplía las deducciones básicas para personas a 12.000 dólares y en el caso de parejas, a 24.000.

 

El documento incluye además la supresión del impuesto de sucesiones. A lo que no se da respues­ta es a cómo se compensará la caída de los ingresos fiscales para mantener en equilibrio las cuentas públicas y evitar así un aumento en el déficit presupuestario.

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Por qué los catalanes pagan los impuestos más altos | Mi dinero

La idea de que los catalanes pagan más impuestos que el resto y reciben menos ha calado en Cataluña. Es uno de los argumentos que más ha utilizado el movimiento independentista, especialmente en los inicios del procés, cuando Artur Mas recibió un portazo de Moncloa a su propuesta de pacto fiscal. ¿Es cierto que los catalanes pagan más que el resto? La respuesta es sí. Se dirá, y con razón, que Cataluña es una comunidad rica y, por lo tanto, es lógico que en un sistema fiscal progresivo contribuya más que, por ejemplo, Extremadura, la región con la mayor tasa de paro y menor PIB per cápita. Sin embargo, si la comparación se realiza sobre bases imponibles idénticas, también los datos dicen que se tributa más bajo el paraguas de la Generalitat. Es decir, una renta baja en Cataluña paga más que una renta baja de otra comunidad autónoma. Cuando un catalán cobra una nómina, compra una vivienda, firma una hipoteca, alquila una casa, posee un patrimonio o pone gasolina abona más impuestos que la media de españoles.

Ello es así porque la Generalitat de Cataluña ha utilizado su capacidad normativa para elevar los tributos más que el resto de Gobiernos autonómicos. Para unos, ello simplemente refleja la mala gestión de una de las comunidades autónomas con un mayor nivel de deuda pública y que ha registrado las cifras más elevadas de déficit público. La Generalitat, en cambio, asegura que su mayor fiscalidad relativa es la consecuencia de la infrafinanciación que sufre. Los datos del Ministerio de Hacienda reflejan que los recursos que recibe Cataluña están por debajo de la media, algo que también sufre Madrid o la Comunidad Valenciana.

Más información sobre el conflicto catalán

El IRPF es el tributo más relevante por recaudación y en el que las diferencias fiscales entre comunidades afectan a un mayor número de contribuyentes. El Gobierno tripartito de José Montilla fue pionero en 2010 en elevar la parte autonómica del impuesto a las rentas altas, una medida que después siguieron otras comunidades. La medida afectó a sueldos a partir de 100.000 euros. Este tipo de decisiones son celebradas por los partidos de izquierda, pero su impacto recaudatorio es bajo por el simple hecho de que el número de contribuyentes afectados es reducido.

Sin embargo, actualmente, las diferencias tributarias en el IRPF no se limitan a las rentas elevadas como sucedía años atrás. Hoy, el sobrecoste fiscal para los salarios bajos o medios ya es significativo. De hecho, Cataluña no es la comunidad con un IRPF más elevado para los ricos, sino que se caracteriza por mantener la mayor presión fiscal sobre las rentas bajas y medias.

Un salario medio, que según el INE asciende a 22.858 euros, paga 3.187 euros por IRPF en Cataluña frente a los 3.024 euros de media. Suponen 163 euros más, un importe que ya es relevante para este nivel de renta. En comparación con Madrid, un trabajador que cobra el salario medio paga 226 euros más por IRPF, un 7,6% más. Así, a igual sueldo bruto, el salario neto que entra en la casa de un residente en Cataluña está por debajo de la media. Para todos los tramos de renta, la presión fiscal sobre el trabajo es mayor en Cataluña que el promedio.

La Generalitat es responsable de esta situación. Cataluña es la única comunidad autónoma que no ha reformulado el tramo autonómico del impuesto tras la reforma fiscal que entró en vigor en 2015 y que supuso una reducción del número de tramos y de los tipos impositivos en la parte estatal. El impuesto sobre la renta está cedido en un 50% a las comunidades autónomas, que tienen capacidad para modificar los gravámenes y los escalones del tributo. En la negociación entre el PDeCAT y la CUP se valoró un nuevo incremento a las rentas altas, que finalmente no se aprobó, pero pasó totalmente desapercibido el hecho de que no tocar los tramos bajos del IRPFcondenaba a las trabajadores con peores nóminas a pagar más que en el resto de autonomías.

En prácticamente todos los tributos en los que la Generalitat tiene competencia, Cataluña aplica gravámenes superiores a la media. Cuando un contribuyente adquiere una vivienda debe abonar el IVAsi es de nueva construcción y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) si es de segunda mano. Las comunidades tienen competencia sobre el ITP. Cataluña fue de las primeras comunidades en subir este impuesto. Actualmente, el gravamen asciende al 10%. Esto significa que por la adquisición de una casa de 300.000 euros ubicada en Cataluña, el comprador abona 30.000 euros por ITP. La misma cifra que en Galicia o la Comunidad Valenciana. En el resto de comunidades, la cifra es inferior. Madrid es la región que mantiene un gravamen más bajo, del 6%. Implica que, fiscalmente, comprar una casa de 300.000 euros en Madrid es 12.0000 más barato que en Cataluña. A partir de este año y por exigencias de la CUP, Cataluña fijó un gravamen incrementado del 11%para las viviendas que superan el millón.

Formalizar la escrituración de una casa o cerrar un préstamo hipotecario conlleva abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, sobre el que las autonomías tienen competencia. En este caso, Cataluña nuevamente aparece como una de las comunidades que aplican un gravamen mayor. En el impuesto sobre hidrocarburos, la Generalitat mantiene el tipo en el nivel más alto permitido, algo que también sucede en Galicia, Andalucía, Asturias, Valencias, Castilla-La Mancha y Baleares. Madrid se sitúa en la zona baja.

El impuesto sobre sucesiones es el único tributo sobre el que la Generalitat tiene competencia y que se encuentra por debajo de la media. En el resto, se sitúa por encima.

La tendencia natural en Cataluña es compararse con Madrid, el otro gran polo económico de España y, en el ámbito tributario, siempre sale mal. En todos los tributos, un catalán paga más que un madrileño. Madrid ha mantenido una política fiscal totalmente opuesta a la catalana y ha bajado los impuestos en todos los tributos sobre los que tiene competencia. Además, es la única comunidad que no aplica el impuesto sobre el patrimonio. Un contribuyente que tenga una riqueza neta de cuatro millones de euros abonará en Cataluña 41.943 euros por Patrimonio y no pagará nada en Madrid. Además, el impuesto sobre el patrimonio se aplica allí donde reside al contribuyente, con independencia del lugar en el que se ubiquen los bienes. Es decir, uno puede tener inmuebles en el Paseo de Gracia de Barcelona, pero si vive en Madrid estará exento del tributo. Si bien las estadísticas no permiten afirmaciones contundentes, los expertos fiscales sí que aseguran que se producen cambios de residencia por motivos tributarios.
El argumentario independentista señala que una Cataluña independiente gozaría de una presión fiscal menor porque recaudaría directamente los tributos que ahora ingresa el Estado y de los que transfiere una parte a las autonomías.

Sin embargo, Madrid también es una comunidad rica, que aporta más de lo que recibe a la caja común y mantiene los tributos más bajos de España. Desde la Generalitat rechazan estas comparaciones y aseguran que el efecto capitalidad aporta a Madrid unos ingresos extra que le permiten bajar impuestos ¿Podría Cataluña mantener esa misma política fiscal? Las mayores subidas tributarias aprobadas en Cataluña se realizaron durante el tripartito formado por los partidos de izquierda: PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Cataluña. Y los Gobiernos de Convergència primero y PDeCAT después, han estado sustentados por partidos de izquierda que se oponen a una política fiscal de corte liberal.

Que Cataluña haya sido la única comunidad que no ha actualizado su IRPF y, por lo tanto, castigue a las rentas bajas no es culpa del Estado. La idea de que una Cataluña independiente mantendría tributos más bajos es indemostrable y dependería en buena medida de quien gobernara. Si la CUP, por ejemplo, siguiera teniendo la llave de las mayorías en el Parlamento, parece improbable que Cataluña destacara por mantener una baja presión fiscal.

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Hacienda tomará el control financiero de Cataluña ante su insurrección económica | Mi dinero

El Ministerio de Hacienda trasladará este viernes al Consejo de Ministros un paquete de medidas en respuesta al último desplante soberanista de la Generalitat, que este jueves puso en marcha una suerte de insurgencia económica incrementando la autonomía fiscal de la región y la desconexión informativa con el Gobierno central.

En concreto, el Govern anunció este jueves que reforzará la llamada Hacienda catalana, pese a que el Tribunal Constitucional acaba de dejar en suspenso algunas de sus nuevas funciones, y que dejará de dar cuenta de sus gastos al Ministerio de Hacienda. En respuesta, el Gobierno se prepara para tomar el control financiero de Cataluña.

El detonante fue la carta del vicepresidente económico de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicando al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dejará de remitirle los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat.

Considera que “suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia”, recoge Europa Press. El Gobierno implantó esta exigencia de información semanal en julio para evitar que la Generalitat desviase fondos para la organización del referéndum de independencia previsto para el 1 de Octubre, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Hacienda cuenta para hacer frente a este nuevo desafío con las medidas preventivas, correctivas y coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cataluña es una región que está ya sujeta a medidas especiales de control por haber incumplido el objetivo presupuestario –lo que previsiblemente hará de nuevo este año– con lo que dejar de informar de sus gastos al Ministerio da pie a elevar el grado de intervención.

Hacienda tomará el control financiero de Cataluña ante su insurrección económica

El Gobierno, avanzan fuentes conocedoras de la materia, pasará a controlar directamente no solo el dinero que se traspasan a la Generalitat mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (que ha facilitado más de 53.000 millones a Cataluña desde 2012) sino también los recursos inyectados a cuenta, provenientes del cobro de tributos.

Hacienda pasará así a controlar directamente los fondos y pagos a los proveedores de la región, y exigiendo justificantes para cada gasto, incluyendo el pago de nóminas a funcionarios, evitando así el posible desvío de fondos públicos para a la celebración del referéndum soberanista.

El Consejo de Ministros estudiará medidas adicionales. A falta de conocerlas, la legislación permite que ante el incumplimiento de sus obligaciones, “las competencias normativas que se atribuyan a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado”. Más allá, Hacienda podrá sancionar a la región imponiendo un depósito en el Banco de España por el 0,2% del PIB catalán.

Reforzando la Hacienda catalana

En paralelo, la Generalitat se prepara para reforzar la llamada Hacienda catalana pese a que el modelo, potenciado en el marco del proceso soberanista impulsado por las fuerzas independentistas de la región, ha sido suspendido en parte por el Tribunal Constitucional.

En concreto, la Agencia Tributaria de Cataluña ha anunciado este jueves que convocará un centenar de nuevas plazas de trabajo en los próximos días para reforzar su plantilla con nuevas incorporaciones que se consumarían, como muy tarde, en el primer trimestre de 2018.

La Hacienda catalana busca contratar a 60 administrativos y 40 técnicos para reforzar el ámbito operativo de la agencia, que según la nueva regulación aprobada tendrá capacidad para gestionar todos los tributos de la región.

La convocatoria de plazas tendrá lugar por tanto en la recta final hacia el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre, que el Govern de Cataluña está dispuesto a celebrar pese a la suspensión impuesta por el Constitucional y la orden de la Fiscalía a los distintos cuerpos policiales para perseguir su organización.

El nuevo Código Tributario de Cataluña ha quedado suspendido cautelarmente, sin embargo, después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el Gobierno.

El propio Ministerio de Hacienda ya advirtió la pasada semana que hay tributos que solo el Estado puede gestionar y que no deben abonarse al organismo regional. El aviso llegó solo unas horas después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentara públicamente la nueva Hacienda catalana.

Varios miembros de su Gobierno replicaron luego que no han hecho un llamamiento a cobrar los impuestos estatales en la Hacienda catalana, pero aducen que la institución será la responsable de gestionar los tributos de la región si logra independizarse de España.

Algunas plataformas empresariales contrarias al proceso soberanista han criticado la nueva Hacienda catalana por la confusión que genera a la hora de tributar, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. 

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El déficit del Estado se reduce un 28,6% y supone el 1,86% del PIB | Mi dinero

El Estado registró un déficit de 21.604 millones de euros hasta julio, lo que supone un descenso del 28,6% respecto al mismo periodo de 2016, es decir, 8.655 millones menos, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda. La reducción del déficit se produjo por un aumento de los ingresos en un 4,8% y una reducción de los gastos en un porcentaje inferior, del 3,2%.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha indicado que este descenso incluye el impacto de la liquidación del sistema de financiación de 2015 efectuada en julio, que aumenta en 675 millones respecto a la liquidación realizada en julio del año pasado.

Excluyendo el efecto de la liquidación en ambos años, el déficit del Estado caería un 43,1% interanual.

En términos de PIB, el déficit del Estado hasta julio es equivalente al 1,86% frente al 2,72% del año anterior, resultado, según Hacienda, de “unos recursos que ascienden al 8,54% del PIB y de unos empleos que suponen el 10,40% del PIB”, informa Europa Press.

Los datos referidos al conjunto de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social correspondientes al mes de junio en términos de contabilidad nacional se publicarán el próximo 12 de septiembre.

Los recursos no financieros del Estado han aumentado a 99.329 millones hasta junio, frente a los 94.736 millones registrados en 2016.

SUBEN LOS INGRESOS POR IVA

Los ingresos por impuestos y cotizaciones han ascendido a 90.501 millones, de los que 56.085 millones que corresponden a impuestos sobre producción y las importaciones, que crecen un 5,1% por la evolución de los ingresos por IVA, que han aumentado un 5,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han registrado un incremento del 11,1%, hasta los 29.962 millones de euros. Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se encuadra en el grupo de los impuestos corrientes, el aumento ha sido del 2%, hasta alcanzar los 19.588 millones.

En concreto, Hacienda explica que este aumento se ha compensado en parte con el efecto de la liquidación del sistema de financiación del 2015, que supone unos mayores ingresos para las comunidades autónomas por importe de 640 millones.

El Impuesto de Sociedades ha crecido un 36,3% por el incremento del primer pago fraccionado. Del resto de recursos, que acumulan un importe de 8.828 millones de euros, destacan los menores dividendos procedentes del Banco de España, que disminuyen en 584 millones y que se compensan con los dividendos de Enaire, que ascienden a 292 millones sin correspondencia con el año anterior.

Por otro lado, la liquidación del sistema de financiación de las administraciones territoriales de 2015 ha ascendido a 9.262 millones, 675 millones más que la liquidación efectuada el año pasado. Así, la liquidación ha resultado a favor de las comunidades autónomas por importe de 8.653 millones y a favor de las corporaciones locales por 609 millones de euros.

El Ministerio también ha explicado que la liquidación del sistema de financiación “no afecta” al déficit del conjunto de las administraciones públicas, pero sí al de los distintos subsectores, suponiendo un mayor déficit para el Estado en el séptimo mes del año.

CAEN LOS GASTOS NO FINANCIEROS

En julio continuó la reducción de los gastos no financieros del Estado, con una caída acumulada del 3,2% en lo que va de año, hasta los 120.933 millones. Esta cifra también está afectada por la liquidación del sistema de financiación, que supone 7.571 millones de gasto para el Estado. Eliminando el efecto de la liquidación a comunidades autónomas del sistema de financiación en 2015 y 2016, la reducción de los gastos no financieros alcanzaría el 3,4%.

Se observa un descenso generalizado en prácticamente todas las rúbricas de gasto, con una disminución del 5,5% de los intereses, del 6,5% en consumos intermedios, del 4,1% en remuneración de asalariados, afectado en parte por la devolución de la paga extra realizada en 2016, sin reflejo en 2017, y el descenso del 10,1% en la aportación para financiar el Presupuesto de la Unión Europea.

Las transferencias corrientes entre administraciones públicas, que son la partida de mayor volumen, han bajado un 3,3%, destacando el descenso de las transferencias realizadas al Servicio Público de Empleo Estatal para financiar las prestaciones por desempleo en 1.775 millones, gracias a que se mantiene la favorable evolución del mercado laboral, según destaca Hacienda.

Las transferencias a los organismos de la Administración Central también han sido inferiores en un 18,4%.

Por último, las corporaciones locales han recibido del Estado un 3% menos en 2016 por los menores pagos derivados de la liquidación de 2015. En sentido contrario, aumentan un 1% las transferencias destinadas a comunidades autónomas consecuencia de la liquidación definitiva de 2015, debido al aumento de las entregas a cuenta del sistema de financiación que crecen un 1,1%.

CRECIMIENTO DE LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS

Entre las partidas de gasto corriente que aumentan cabe señalar las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, que registran un incremento del 1,9%, consecuencia fundamentalmente del crecimiento de las pensiones de clases pasivas.

Dentro de los empleos de capital, la formación bruta asciende a 2.457 millones, frente a los 2.589 millones del año anterior. La ayuda a la inversión crece hasta los 319 millones frente a los 281 millones de 2016, debido a las aportaciones de ADIF-Alta Velocidad por importe de 187 millones, sin correspondencia en 2016. Por último, se reducen las transferencias de capital un 4,6% hasta los 1.424 millones.

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El 3,5% de contribuyentes más adinerados aporta el 36% de la recaudación por IRPF | Mi dinero

El IRPF es el tributo más importante por recaudación y es el que permite que el sistema fiscal español sea progresivo en su conjunto. Se trata de un impuesto que grava principalmente las rentas del trabajo y del ahorro. Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que el 40% de los contribuyentes del impuesto no llegaron a ganar 12.000 euros en la declaración presentada en 2016. Estos contribuyentes aportaron menos del 1%de la recaudación. En el otro extremo, los declarantes que ganaron más de 60.000 euros sumaron solo el 3,53% de los declarantes y aportaron el 35,7% de los ingresos por IRPF. Ello refleja el carácter progresivo del tributo. El grueso de declarantes se ubica entre los 12.000 y 60.000 euros de renta. Representan el 56,2% y son responsables de seis de cada diez euros que recauda el Estado por IRPF.

La aportación de las rentas bajas a la recaudación del impuesto se reducirá en los próximos ejercicios cuando se apruebe la medida pactada entre Ciudadanos y el PP. Ambos partidos acordaron exonerar del impuesto a los asalariados con nóminas hasta 14.000 euros. Actualmente, son las rentas inferiores a 12.000 euros quienes no deben abonar el impuesto.

Además, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que pretende cumplir su compromiso electoral de rebajar el IRPF a todos los contribuyentes. Una medida que, en caso de salir adelante, se aprobaría al final de esta legislatura.

La crisis económica ha cambiado la demografía del IRPF. En 2007, por ejemplo, solo 102.678 contribuyentes presentaban rentas negativas. En cambio, en 2015, este colectivo sumaba a 677.396 personas. Las bases imponibles negativas se registran cuando el salario obtenido a lo largo del año es inferior a la reducción por rendimientos del trabajo o cuando las minusvalías superan las plusvalías. El desempleo y la crisis explican el incremento de los contribuyentes con rentas negativas.

Comparado con 2007, el número de personas que realiza la declaración de la renta ha aumentado un 4,2%. Sin embargo, este incremento se ha concentrado en la parte baja del impuesto. Los contribuyentes que no llegan a 12.000 euros al año alcanzan hoy los 7,2 millones de personas, un 7,8% más que antes de la crisis. Los declarantes entre 12.000 y 60.000 euros también han aumentado ligeramente un 2,5% hasta llegar casi a los once millones. Por último, el colectivo que gana más de 60.000 euros se ha reducido un 8% y suma hoy 687.904 declarantes. La crisis económica, por tanto, ha engordado el grupo de ciudadanos con rentas bajas. Aun así, si se compara con el ejercicio anterior, los datos reflejan que las rentas superiores a 600.000 se han incrementado un 13,2% respecto a 2014. Un signo de recuperación.

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EE UU polarizada: historia de dos ciudades | Mercados

Que Elvis Presley, en el cuarenta aniversario de su muerte, sigue siendo el Rey del Rock es, posiblemente, una de la pocas afirmaciones en que están de acuerdo una inmensa mayoría de norteamericanos. Negros (BB King, Chuck Berry, Little Ricards, Fat Dominó, Aretha Franklin), blancos (Jonny Cash John Lennon, Jerry Lee Lewis, Bob Dylan, Bruce Springteen, Paul Mcarney, George Harrinton), tanto los vivos como los recientemente fallecidos de la América de siempre (blancos y afroamericanos) celebran el cuadragésimo aniversario del fallecimiento de Elvis con dolor y reconociendo que fue y es una fuerza cultural y sociológica revolucionaria. Lennon dijo: “Antes de Elvis no había nada”. Y Chuck Berry (recientemente fallecido) añadió: “Y gracias a él la música de los negros paso a ser mainstream. Indudablemente Elvis era, es y será siempre The King”.

En todo lo demás, los norteamericanos están fuertemente divididos. Jamás había existido una polarización como la actual. Los blancos se sienten agredidos por las minorías hispana y afroamericana, con independencia de su clase social. Los negros, sin candidatos blancos, no fueron ni a votar, en noviembre de 2016. Los latinos están angustiados con la posible ley de inmigración del presidente Donald Trump y las deportaciones masivas y el muro con México. 22 millones de pobres de todas las razas tienen miedo de perder el seguro médico actual si sale adelante la ley sanitaria del presidente, que derogaría el Obamacare.

“Si sale adelante”… frase muy repetida en América. Parecía muy fácil para el candidato Trump sacar adelante “repeal and replace Obamacare, sacar adelante una nueva reforma financiera, sacar adelante la reforma de la inmigración y sacar adelante la ley de infraestructuras prometida junto con la reforma fiscal que bajaría al 15% el tipo máximo corporativo. Con mayoría republicana en el Senado y en la Cámara de Representantes y con mayoría de jueces conservadores en el Tribunal Supremo, parecía “muy fácil sacar adelante esas leyes”. Pero no ha sido así. Aunque los demócratas estén desmoralizados y sin líder, los republicanos no pueden disfrutar de su mayoría porque están divididos y enfrentados entre ellos. Y los decretos ley del presidente tienen fecha de caducidad a no ser que sean aprobados por el Congreso. Por ahora nada ha salido adelante.

Esto alimenta la frustración de un presidente que prometió liderar con la velocidad del rayo y la de sus votantes, que aún pobres y de zonas rurales ven en Donald Trump la encarnación del sueño americano, un empresario exitoso que no puede gobernar, debido a la oposición del Congreso, incluidos los suyos. La desafección del electorado republicano hacia sus líderes podría pasar factura al partido conservador en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2018. El índice de aprobación de su gestión, la del presidente es del 40%, pero la del Congreso es aún menor, porque no llega ni al 20%.

Eso, a pesar que los Estados demócratas son islas rodeadas por Estados que votaron a Trump: Chicago, demócrata, rodeado por Michigan, Wisconsin, Iowa, Nebrasca, Kansas, Missouri, Oklahoma, Texas, Arkansas, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, Tennessee, Kentucky, Indiana… East Virginia y Nueva York, demócratas, están rodeados por Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur… Nada más poner un pie en América, me entero de que el gobernador demócrata de West Virginia se ha hecho republicano.

La economía es siempre la primera preocupación de los estadounidenses. El paro sigue donde lo dejó Obama (4,4%), es decir, pleno empleo, aunque los salarios siguen sin subir. El Dow Jones alcanza los 22.000 puntos, lo que alegra a un presidente que, en campaña, dijo que los 18.000 eran “una burbuja”. Ahora le parece maravilloso. El PIB crece también donde lo dejó Obama: 2,6% en el segundo trimestre, 2% en el primer semestre y con fuerte creación de empleo, como inició Obama con la recuperación en el verano del 2009. La inmensa mayoría de economistas (Bloomberg, WSJ, S&P, etc) no ven realista el objetivo del presidente de crecer al 4% y dan por buena la continuidad del 2,5%, lo que animaría a la FED a subir los tipos y reducir su balance.

Mientras tanto, la Casa Blanca ha sido lugar de contradicciones, con cambios en el jefe de gabinete, el director de comunicación y el jefe de prensa, la investigación por parte de un fiscal especial Bob Mueller (exdirector del FBI durante 13 años con tres presidentes) de la Trama Rusa, de la que se ha inhibido el fiscal general Jeff Sessions, de quien ha dicho el presidente que le va a despedir. Un nuevo jefe de gabinete, John F. Kelly, marine, general de 4 estrellas, ha puesto orden en tres dias. Es el gabinete con mayor número de militares en la historia de América y todos generales de cuatro estrellas del cuerpo de marines.

Quizá eso sea una señal de fuerza hacia China y Rusia y, sobre todo, Corea del Norte e Irán.

Mientras tanto siguen publicándose libros sobre los dos personajes de quienes más se ha escrito en la historia de América: de Jack Kennedy (JFK), porque en octubre se desclasifican los papeles que supuestamente dicen quién le asesino y Elvis Presley, cuya, casa Graceland es la más visitada de América, toda vez que no se permiten visitas a la Casa Blanca.

Es curioso, dos hombres que murieron jóvenes hace décadas unen hoy a los americanos. Ambos representan la esencia americana y el liderazgo del país en económía, tecnología e innovación, cultura y música.

Elvis venía del sur profundo y pensaba que los liberales de Nueva York no le querían. “Tonterías, le dijo su amigo Tom Jones, también cantante famoso, te adoran”. Lo mismo le dijo su amigo boxeador Muhammed Alí: “Elvis, todos te quieren”. Cuando Elvis actuó en Nueva York en 1972, con John Lennon y Bob Dylan en primera fila del Madison Square Garden, sus cuatro conciertos rompieron récords y el disco del concierto en vivo, en una semana se convirtió en oro y luego platino. El titular en primera página de The New York Times decía el 10 de junio de 1972: “Elvis, a Prince from another planet”.

Jorge Díaz Cardiel es socio director Advice Strategic Consultants. Autor de Hillary vs Trump y El legado de Obama.

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Reforma fiscal de EE UU: qué debe saber la empresa | Compañías

La primera gran reforma del Código Fiscal estadounidense desde 1986 que el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca están estudiando está atrayendo un enorme interés de los contribuyentes. Muchas empresas extranjeras que han invertido en Estados Unidos se están preguntando si los actuales incentivos seguirán existiendo. El objetivo de la reforma fiscal es el crecimiento de la economía estadounidense y la creación de puestos de trabajo en el país. Los republicanos en la Cámara de los Representantes han publicado la propuesta de reforma fiscal más detallada (denominada Blueprint for Tax Reform), el presidente Trump también ha publicado los principios que desea que se incluyan en la reforma fiscal y los republicanos del Senado están asimismo trabajando para elaborar su propio plan.

Estas tres propuestas reflejan diferencias acerca de importantes y controvertidos asuntos como, por ejemplo, el border adjustment tax –que exime de impuestos a las exportaciones y no admite la deducibilidad del coste de las importaciones– y el tratamiento de la deducción de los intereses y los gastos de capital.

Las áreas clave de coincidencia, que podrían servir como base para el proyecto de ley tributaria, son: i) la rebaja del impuesto de sociedades al 15%-20%; ii) la transición a un sistema de tributación cuasi territorial en el que las empresas norteamericanas solo tributarán por sus ingresos de fuente local, quedando exentas la mayoría de las rentas de fuente extranjera (frente al sistema actual por el que tributan por la renta mundial, incluida la de las filiales extranjeras, pudiendo quedar esta diferida si se reinvierte fuera de Estados Unidos), y iii) la creación de un impuesto de repatriación único y obligatorio que grave los ingresos de empresas americanas que se mantengan fuera de Estados Unidos.

Aún no está claro si la propuesta respecto al border adjustment tax se aprobará, pero tanto la Casa Blanca como los republicanos del Senado tienen dudas acerca de la conveniencia de introducir este impuesto porque podría conllevar una subida de los precios de consumo, ser impugnada por otros países ante la Organización Mundial del Comercio y contravenir las convenios para evitar la doble imposición que Estados Unidos tiene suscritos con otros países.

Asimismo, no todos los Republicanos opinan que el hecho de permitir un gasto inmediato en la adquisición de activos intangibles y materiales y prohibir la deducción de aquellos intereses que superen el importe de los ingresos por intereses sea la mejor forma de lograr el crecimiento de la economía estadounidense.

No obstante, los republicanos del Senado están estudiando limitar el importe de los intereses que podrían deducirse y el planteamiento adoptado en el informe Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de la OCDE, respecto a la limitación de la deducibilidad de los intereses, podría servir como guía para que el Senado redacte su propia propuesta sobre esta materia.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el director nacional de Economía, Gary Cohn, están tratando de lograr un consenso sobre la reforma fiscal con los republicanos de la Cámara y del Senado. Su objetivo es que el proyecto de ley se publique en septiembre para que la reforma fiscal pueda aprobarse a finales de 2017. Los analistas creen que la reforma fiscal no tendrá carácter retroactivo (probablemente salvo en lo referente a la repatriación, para evitar posibles planificaciones en función de los cambios de ley).

La aprobación de la reforma fiscal antes de que finalice 2017 es un objetivo ambicioso y su logro supondrá todo un reto para los republicanos, pero las empresas extranjeras con inversiones en Estados Unidos deberían empezar a analizar las propuestas, entender cómo podrían afectarles y prepararse para el posible cambio.

Muchas empresas están estudiando sus cadenas de suministro para poder tomar decisiones si se crean nuevos o mayores incentivos para fabricar en Estados Unidos, así como sus actuales estructuras de préstamos (tanto para cumplir con las nuevas normas de deuda/capital de la normativa Section 385 como para prepararse ante posibles cambios en la deducibilidad de los intereses tras la reforma fiscal).

La repercusión de la reforma fiscal estadounidense sobre la inversión procedente del extranjero es incierta. Las empresas con filiales estadounidenses (especialmente cuando estas tengan sociedades extranjeras controladas –CFC– fuera de Estados Unidos) se beneficiarían de un tipo societario más bajo y del cambio al sistema territorial. La aprobación de la repatriación obligatoria podría tener un gran impacto sobre el coste de las operaciones, ya que las empresas estadounidenses dispondrían de más efectivo para invertir, lo que les permitiría poder afrontar precios más altos en las adquisiciones y desbancar a las empresas extranjeras en algunas operaciones.

Las empresas estadounidenses que no estén interesadas en realizar compras podrían utilizar el efectivo repatriado para aumentar los dividendos a sus accionistas o para programas de recompra de acciones, lo que podría resultar beneficioso para los inversores.

Las empresas deben tener en cuenta que la reforma fiscal es un objetivo político clave para los republicanos y que se están realizando importantes esfuerzos para que se alcance un consenso legislativo en otoño de 2017. Los rezagados en analizar las propuestas y el posible impacto económico sobre sus negocios podrían encontrarse en una situación de desventaja competitiva si no son capaces de responder con la suficiente rapidez cuando se apruebe la reforma fiscal.

Alexandra Minkovichn y Isabel de Otaola son socias de Baker & McKenzie.

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No podemos ser Dinamarca si recaudamos como Letonia | Mi dinero

España recauda menos por IRPF que la media europea, el esfuerzo fiscal que exige a sus ciudadanos es menor al promedio y su déficit público es el mayor de la Unión Europea. Estos son algunos elementos que invitan a encarar con cierta cautela las propuestas de rebajas fiscales. Aun así, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto reducir el IRPF a final de esta legislatura, una medida que ha avanzado parcialmente por la exigencia de Ciudadanos, que solo apoyará el Presupuesto de 2018 a cambio de una rebaja del impuesto sobre la renta.

La propuesta de Ciudadanos contempla una reducción tributaria que permitirá que las rentas inferiores a 14.000 euros no paguen IRPF, un beneficio que actualmente gozan los que están por debajo de 12.000 euros. Aquellos con rentas inferiores a 17.000 euros también verán reducida su carga fiscal. A la espera de conocer la letra pequeña, la formación naranja asegura que su plan tiene un coste de 2.000 millones. Además, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantiene que al final de la presente legislatura se aprobará otra reducción tributaria para todos los contribuyentes.

El debate político gira en torno a rebajas fiscales, pero la Airef alerta del déficit estructural

A favor de rebajar el IRPF, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, defendió que ha llegado el momento de un “alivio fiscal” para las rentas bajas y medias. “En vez de amnistías fiscales a los corruptos, pedimos un alivio fiscal a los que cumplen”, señaló Rivera en referencia al proceso de perdón tributario que impulsó el Gobierno cinco años atrás.

El responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, denuncia también que la reducción vigente por rendimiento del trabajo se ha configurado del tal forma que provoca errores de salto y que contribuyentes con rentas bajas sufran tipos marginales muy elevados.

Sin embargo, esta disfunción es probable que no se elimine con la reforma de C’s, sino que simplemente se desplace hacia rentas más elevadas. Un argumento clásico para defender la rebaja fiscal es que el dinero está mejor en manos del contribuyente que en el bolsillo del Estado. Aunque quizás la pregunta correcta no es si es positivo bajar o no impuestos, sino que la cuestión es preguntarse qué modelo de Estado queremos. Lo que no tiene sentido es pretender ser Dinamarca, un país que se esgrime tradicionalmente como modelo, cuando recaudamos como Letonia (ver gráfico). España ingresa el equivalente al 37,9% de su PIB, 8,3 puntos menos que los países de la zona euro. Solo supera a Letonia, Bulgaria, Rumanía e Irlanda. Es decir, España está más cerca de los países exsoviéticos que de los de la vieja Europa.

Si uno pretende ir hacia un Estado asistencial, tiene sentido bajar los impuestos; si uno aspira a mantener un Estado de bienestar con voluntad universal, entonces debe ser más cauteloso a la hora de abordar reducciones tributarias. Lo primero es plantearse qué Estado se quiere y, a partir de allí, configurar el sistema fiscal. En España, muchas veces se utiliza la lógica inversa.

España se encuentra en una posición de debilidad por su abultada deuda pública

Volviendo a los datos, estos reflejan que el sistema fiscal español no presenta un IRPF elevado. Los últimos datos de Eurostat muestran que, en 2015, España recaudó 79.189 millones por IRPF, el 7,4% del PIB. De media, los países de la UE recaudan un 9,4% por este tributo. Esto significa que España debería ingresar más de 20.000 millones adicionales para situarse en la media.

Hay que tener en cuenta que el IRPF es un tributo que grava principalmente las rentas salariales y, teniendo en cuenta la elevada tasa de paro, tiene sentido que España se encuentre por debajo de la media. Para saber si el IRPF es alto o bajo en el marco internacional, hay que fijarse en el esfuerzo fiscal que se exige a los asalariados. Los estudios de la OCDE ofrecen datos interesantes. Por ejemplo, el tipo efectivo en el IRPF que soporta un trabajador que cobra el salario medio en España asciende al 15%, por debajo del 15,7% de la media de la OCDE o del 16,8% de los 22 países de la UE que forman parte del organismo internacional. Para la OCDE, el sueldo medio en España, medido en paridad de poder compra, asciende a 26.710 euros brutos anuales.

Si se incluyen las cotizaciones sociales, la presión fiscal se mantiene por debajo de la media. El organismo internacional también simula el esfuerzo fiscal que se exige a un contribuyente que gana el equivalente al 67% del sueldo bruto medio del país. En el caso español asciende a 17.895 euros. Para este nivel de renta, el tipo efectivo del IRPF es del 10,4%, inferior al 11,4% de media y al 12,1% de promedio de los países de la UE que forman parte de la OCDE. El organismo internacionalrealiza hasta ocho simulaciones y en todas ellas el esfuerzo fiscal que se exige en España está por debajo de la media.

Y mientras el Gobierno negocia en qué porcentaje sube el gasto público y en qué porcentaje baja los impuestos, España aparece en la estadística comunitaria como el país con un mayor déficit público. Cerró en el 4,5% del PIB en 2016. El volumen de deuda pública se mueve en torno al 100% del PIB, una cifra nunca vista en más de un siglo. Es cierto que la situación de las cuentas públicas ha mejorado mucho. España llegó a registrar un déficit descomunal del 11% del PIB en 2009. Y si logró evitar el rescate del conjunto de su economía como sufrió Grecia fue porque su volumen de deuda pública al inicio de la crisis era relativamente bajo y se movía en torno al 35% del PIB.

Hoy, con un volumen de deuda en torno al 100%, España se encontraría en una posición de debilidad total ante la aparición de nuevas tensiones financieras. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte con escasa fortuna de que las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas persisten y que los mercados todavía muestran cierto recelo hacia España. Esta misma semana, el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, alertó de que las proyecciones reflejan que España mantendrá un déficit estructural en torno a dos puntos del PIB en 2020. Ello significa que en un contexto económico neutral (sin expansión ni recesión), España mantiene un desfase superior a los 20.000 millones.

Para paliar esta situación sería preciso adoptar medidas que eleven los ingresos públicos de forma estructural o que reduzcan el gasto de manera permanente. Y la crisis demográfica es un factor que empuja al alza el gasto público en la medida en que el envejecimiento de la población exige mayores recursos del sistema de pensiones y de la sanidad.

Con todos los datos en la mano, sorprende que el debate político gire en torno a rebajas fiscales. Es cierto que el impacto de la propuesta de C’s se limita a dos décimas del PIB, sin embargo, el Gobierno de Rajoy promete que antes de las elecciones habrá nuevas rebajas de impuestos. A ver quién da más.

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