El Senado de EE UU da el primer paso para aprobar la reforma fiscal | Mercados

El Senado de Estados Unidos aprobó anoche el para el año fiscal 2018, una medida que anticipa la ansiada reforma fiscal que promueve el presidente, Donald Trump. Con un estrecho margen de  51 votos a favor y 49 en contra, los republicanos lograron su aprobación en la Cámara alta pese a la oposición del senador ultraconservador Rand Paul, que criticó un gasto demasiado elevado en las cuentas.

Las cuentas presentarán un importe de gastos de cuatro billones de dólares (3,38 billones de euros), además de enmiendas que permitirán conciliar esta propuesta con la ya aprobada en la Cámara Baja, que incluía 622.000 millones de dólares para Defensa. Además, dieron luz verde a un enmienda que permitirá ahora aprobar la futura reforma fiscal con una mayoría simple de 51 votos, en lugar de los habituales 60 requeridos.

Eso ayudará a los republicanos a sortear la oposición demócrata para sacar adelante su plan impositivo, aunque tampoco está garantizado que lo logren como ya se demostró en sus esfuerzos fallidos por derogar la ley de salud. En un comunicado, Trump “aplaudió” la aprobación del presupuesto y se mostró deseoso de promulgarlo.

“Este acuerdo abre un camino para aprovechar el potencial de la economía estadounidense a través de la reforma fiscal y de reducción de impuestos, simplificando el código impositivo y proporcionando un alivio financiero para las familias y haciendo que las empresas estadounidenses sean competitivas a nivel mundial”, dijo.

El interés del Partido Republicano -que controla ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca- por aprobar cuanto antes una reforma fiscal le ha llevado a aparcar su habitual preocupación por el déficit.

Vehículo para la reforma fiscal

Algunos senadores opinaban que el voto sobre el presupuesto era meramente un vehículo para impulsar la reforma fiscal, dado que el año fiscal 2018 comenzó hace 19 días y el Congreso ya aprobó a finales de septiembre una medida presupuestaria para mantener el Gobierno financiado hasta el 8 de diciembre.

El senador demócrata Ron Wyden, por ejemplo, dijo que las cuentas aprobadas hoy son una “fantasía de derechas que allana el camino para un proceso hiperpartidista sobre la reforma fiscal” para beneficiar a los ricos y las corporaciones.

No obstante, el líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConell, defendió que la reforma fiscal tiene como único objetivo que el país “vuelva a crecer” y dijo que representa “una oportunidad única en una generación” para sustituir el actual código impositivo.

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El Gobierno decide prorrogar los presupuestos de 2017 por la tensión con Cataluña | Mercados

El clima de tensión que se vive por el conflicto abierto entre el Estado y Cataluña finalmente ha pesado más que la urgencia del calendario por aprobar los Presupuestos de 2018. El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes un informe al Consejo de Ministros en el que descarta que el próximo 1 de enero vayan a estar aprobadas las cuentas de 2018, por lo que ha anunciado que el próximo ejercicio se iniciará con el presupuesto prorrogado. De esta manera, el Ejecutivo ha remitido a Bruselas un nuevo escenario de crecimiento “más prudente”, influido por las posibles consecuencias que sobre la actividad tendrá el desafío soberanista.

La falta de apoyos ha sido determinante para que el Ejecutivo haya decidido prorrogar el presupuesto, si bien fuentes de Hacienda insisten en que independientemente de lo que pase al final con Cataluña, el Gobierno intentará retomar cuanto antes los contactos con los partidos, en especial con el PNV, para poder pactar las nuevas cuentas e intentar que estas entren en vigor a lo largo del próximo año con carácter retroactivo.

Una de las consecuencias de aprobar la prórroga será que la previsión de déficit para 2018, que inicialmente era del 2,2%, lo que permitía que España saliera del procedimiento de déficit excesivo; se elevará hasta el 3,1%, la misma que este año. Y es que la prórroga impide al Gabinete remitir a la Comisión Europea un plan presupuestario que contemple cambios en política fiscal o económica.

El próximo lunes, un día después de la fecha límite marcada por Bruselas, será cuando el Ejecutivo remita a Bruselas el nuevo plan presupuestario con la actualización del cuadro macro que de unas previsiones de crecimiento y empleo mejores que las anteriores, pasará a dibujar “un escenario más prudente”, según han confirmado fuentes de Hacienda.

Tal y como habían advertido distintos miembros del Ejecutivo en las últimas semanas, la prórroga presupuestaria deja en el aire importantes decisiones de gasto como las referidas al aumento del salario de los funcionarios, la mejora de la oferta de empleo público o la rebaja fiscal de 2.000 millones acordada con Ciudadanos. Por el contrario, otras decisiones de gasto, como planes plurianuales de inversión, podrán salvar la prórroga y aplicarse sin modificación alguna.

En cualquier caso, estos límites que impone un presupuesto prorrogado explican que el Gobierno deba informar a Bruselas de que el déficit del próximo año será, en principio, del 3,1% y no del 2,2% comprometido con anterioridad. Ese objetivo del 2,2% del PIB se distribuía entre una meta del 0,7% para la Administración central, del 1,1% para la Seguridad Social y del 0,4% para las comunidades autónomas. Unas cifras que se completaban con el equilibrio de los entes locales. De cumplirse ese tope, España saldría del procedimiento por déficit excesivo. Para 2019 estaba previsto que el desequilibrio de las cuentas se redujera ya a apenas un 1,3% del PIB y que para 2020 quedara en el 0,5%.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este viernes de que si persiste el desafío independentista de la Generalitat puede poner a Cataluña “al borde de la recesión”, y ha reconocido que si no hay una “pronta solución” a la situación en Cataluña el Gobierno “se vería obligado” incluso a rebajar la previsión de crecimiento del PIB para 2018. El cuadro macroeconómico actual recoge una previsión de crecimiento del PIB del 3% para este año y del 2,6% para 2018, del 2,5% en 2019 y del 2,4% en 2020

El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró este viernes desde Washington que la crisis catalana no saldrá gratis desde el punto de vista económico, al informar que obligará a situar “algo por debajo” del 2,6% las previsiones de crecimiento de España para 2018.

“Esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica. Este tipo de cuestiones tienen siempre impacto”, afirmó De Guindos al comentar la incertidumbre política en la región de Cataluña en una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

En cuanto al empleo, el Gobierno pronosticaba en su última actualización del cuadro macroeconómico una tasa de paro del 17,4% en 2017, el 15,4% en 2018, el 13,6% en 2019 y el 11,8% en 2020. En términos de EPA, la tasa irá disminuyendo progresivamente desde el 16,5% de este año, al 14,% en 2018. Bajará al 12,9% en 2019 y al 11,1% en 2020.

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Empleo quiere aprobar ya el complemento salarial de 430 euros para jóvenes | Mi dinero

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social está ultimando un real decreto-ley que quiere aprobar en el próximo Consejo de Ministros del viernes o en el de la semana siguiente, como muy tarde, en el que se incluye una batería de bonificaciones empresariales y ayudas a la contratación de jóvenes parados. Estas medidas “de choque” han sido pactadas con las patronales CEOE-Cepyme y con los sindicatos CC OO y UGT.

La novedad más esperada consiste en la creación de un complemento salarial para jóvenes parados que consigan un contrato formativo. Empleo, que denomina esta ayuda Bono Garantía Juvenil, pactó su creación con Ciudadanos dentro del acuerdo de investidura.

Este bono lo recibirán “los jóvenes de bajo nivel formativo inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje”. Conseguir este contrato correrá a cargo del joven, orientado por el servicio público de empleo o no.

Una vez logre dicho contrato, el joven, además de cobrar el salario fijado para su puesto por el convenio de referencia, en un porcentaje proporcional a su tiempo de trabajo, recibirá también una ayuda de 430 euros mensuales (el 80% del Iprem). Se cobrará durante un máximo de 18 meses (36 meses para jóvenes con discapacidad).

Este bono también incluye un incentivo para el empresario, siempre y cuando convierta el contrato formativo en indefinido. En ese caso cobrará una bonificación adicional a la existente –exención de cotización por los primeros 500 euros del salario– en las cuotas que pagan a la Seguridad Social de 250 euros al mes. La duración de esta bonificación será de tres años como máximo (3.000 euros al año).

Desde Empleo aseguran que este bono podrá costearse con una parte de los 3.200 millones que tiene España para implantar la garantía juvenil.

La segunda gran medida de este plan consiste en un nuevo contrato de relevo en las jubilaciones parciales. Si dicho contrato se hace a un menor de 30 años inscrito en la Garantía Juvenil que no tenga experiencia ni cualificación, el jubilado parcial podrá adelantar hasta cuatro años su edad de retiro. Si bien deberá dedicar al menos el 50% de su jornada a formar al joven relevista que trabajará a tiempo completo. Si el primer contrato es fijo, el empresario no pagará contingencias comunes durante dos años. Si la conversión a indefinido se hace en los dos primeros años del contrato, la bonificación será del 50%;en el tercer año, un 25% y entre el tercero y cuarto, un 10%.

Otras ayudas que vienen

Contrato en prácticas. Esta modalidad contractual se equipara al contrato de formación y aprendizaje. De esta forma, se fija una bonificación del 100% en las cuotas empresariales si la plantilla es menor de 250 trabajadores y del 75%, si es mayor. Así como una bonificación del 100% en la cuota del trabajador. Si el contrato se convierte en fijo a su término, la empresa se bonificará por 1.500 euros durante tres años o 1.800 euros si la contratada es una mujer.

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El plan fiscal de Trump provocará moratones entre los republicanos | Mercados

Los planes de los republicanos estadounidenses de eliminar las deducciones fiscales estatales y locales (SALT) aumentarían los ingresos federales en al menos 1,3 billones de dólares en una década, ayudando así a compensar los recortes propuestos a las rentas individuales y los gravámenes corporativos. Los asalariados de altos ingresos que viven en zonas pro-Hillary Clinton, como Nueva York, serían los más perjudicados.

El plan es parte del programa fiscal del presidente Donald Trump y sus aliados republicanos. Nueva York, California, Connecticut y Nueva Jersey serían los estados más afectados, según el think tank Tax Foundation. En todo el país, alrededor del 10% de las personas que ganan menos de 50.000 dólares al año se aplican estas deducciones, en comparación con el más del 80% de los ganan al menos 100.000, según otro think tank, el Tax Policy Center. En general, el 30% de los estadounidenses se aprovechan de deducciones detalladas como SALT.

A los estados pro-Clinton les siguen Pensilvania, Wisconsin y Ohio, en los que ganó Trump. La derogación de SALT aumentaría los impuestos en ellos un promedio de unos 2.000 dólares. Los estados que no tienen impuesto sobre la renta como Florida, también pro-Trump, se aprovechan de SALT deduciendo los impuestos sobre las ventas. La factura tributaria promedio aumentaría allí en 1.400 dólares.

La disposición SALT lleva en vigor desde que se estableció el impuesto sobre la renta federal, en 1913, y ha sobrevivido a muchos intentos de abolirla. Ronald Reagan no la derogó cuando lideró el último esfuerzo exitoso de reforma fiscal, en 1986. El borrador de la nueva reforma dice que elimina las “deducciones más detalladas”, pero no menciona específicamente las locales y estatales. Funcionarios de la Administración dijeron el martes que formarían parte de la ofensiva.

Un informe de este año respaldado por la Asociación Nacional de Gobernadores y por la Conferencia de Alcaldes destacó el sufrimiento al que se enfrentarían todos los estados si se eliminara SALT. Los republicanos que representan a los distritos más afectados se enfrentarán a la presión de sus vecinos. Empieza una pelea con moretones.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.

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Trump regala a las empresas un tipo del 20%, cinco puntos menos de lo esperado | Mercados

Las promesas de Donald Trump llegan con cuentagotas. Una de las medidas que más entusiasmo ha despertado en las Bolsas desde la llegada del magnate estadounidense a la Casa Blanca era la reforma fiscal presentada , la gran baza legislativa con la que cuenta el presidente de EEUU tras el fracaso de la reforma sanitaria de Obama. Sus líneas maestras ya habían sido presentadas a finales de abril.

 

La Casa Blanca y los repu­blicanos al frente de los Comités de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y el Senado divulgaron el plan que recoge la rebaja impositiva, la que ha venido a denominarse como la mayor reforma fiscal desde 1980. El impuesto sobre sociedades bajará del 35% al 20%.Aunque se sitúa por encima del 15% prome­tido por Trump en su programa.

 

EEUU simplificará al máximo los documentos de los impuestos, equivalentes en España a la declaración de la renta, y Trump auguró que un buen número de miembros del Partido Demócrata apoyará los cambios.

 

En Wall Street, el Dow Jones, el Standard & Poor’s y el Nasdaq celebraron la noticia con respectivas alzas del 0,25%, del 0,41% y del 1,15%.

 

El mercado espera que esta modificación refuerce la inflación y el crecimiento. Así, el rendimiento de la deuda a largo plazo, que se mueve de forma inversa al precio, se disparó.

 

El bono a 10 años cerró con un interés del 2,301%, frente al 2,228% del martes, en su mayor subida en seis meses. Las obligaciones a 30 años cerraron con una rentabilidad del 2,853%, desde el 2,77% del día anterior.

 

La reducción del impues­to a las empresas viene acompañada de la reducción del impuesto de la renta de siete categorías a tres (12%, 25% y 50%). Esto equivale a recortar el tipo máximo, hasta la fecha en el 39%, y aumentar el mínimo, en el 10%. Lo que sí mantiene la reforma es la promesa de aumentar las deducciones fiscales para las familias con hijos y crear una para adultos con dependencia en donde se englobarían las personas mayores y los enfermos. También amplía las deducciones básicas para personas a 12.000 dólares y en el caso de parejas, a 24.000.

 

El documento incluye además la supresión del impuesto de sucesiones. A lo que no se da respues­ta es a cómo se compensará la caída de los ingresos fiscales para mantener en equilibrio las cuentas públicas y evitar así un aumento en el déficit presupuestario.

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El Círculo de Empresarios alerta que ya se nota el pulso soberanista en la economía | Mi dinero

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha asegurado este lunes que “hay una ralentización tanto en el consumo como en las inversiones” en España y Cataluña como resultado de la situación que vive la comunidad. Pese a ello, Vega de Seoane ha defendido que la situación económica se mantiene en Cataluña “gracias a que tienen unos ciudadanos estupendos” porque “si fuera por sus dirigentes, Cataluña iría bastante mal”, ha matizado.

Durante la presentación de los documentos “Una España mejor para todos” y “Un pacto para un crecimiento integrador“, también ha recordado que según las cifras de creación de empresas, todo apunta a que se habría producido cierta deslocalización de compañías en Cataluña, de unas 2.700 en total; aunque al mismo tiempo ha reconocido que buena parte de esas deslocalizaciones habría tenido un origen fiscal y no tanto por el conflicto independentista.

En esta línea, se ha mostrado muy duro con la clase política catalana, que infunde una gran inseguridad jurídica al empresariado. Los dirigentes catalanes “no solamente incumplen la legalidad, sino que presumen de ello e incitan a la población a incumplir las leyes” y ante este comportamiento “no hay otra” que lo que está haciendo el Estado.

Al margen de la situación en Cataluña, sobre la que Vega de Seoane aseguró que será necesario negociar un nuevo sistema de financiación autonómica, el Círculo de Empresarios ha presentado este lunes dos documentos económicos que pretenden movilizar a la sociedad civil para conseguir pactos que sean capaces de volver a ilusionar a los españoles.

Esta organización empresarial asegura que España tiene todos los activos para poder dar un nuevo salto de modernización y prosperidad equiparable al que dio hace 40 años, en 1977. Sin embargo, en opinión de los expertos que han elaborado sendos estudios, “falta voluntad política para alcanzar los acuerdos necesarios”.

En este sentido, el Círculo ha criticado duramente la pérdida del impulso reformista que hizo que en 1977 se pudiese superar la difícil situación económica que tenía entonces España. “Después, vinieron los últimos años del siglo pasado, nos creímos los más ricos y los más listos y pensamos que no había que hacer nada más”, ha recordado Javier Vega de Seoane.

Gracias al análisis incluido en “Un pacto para un crecimiento integrador”, si España hubiera emprendido hace una década reformas en tres ámbitos -educativo, empresarial y de lucha contra la economía sumergida- actualmente tendría un superávit del 1,24 % del PIB, un paro de poco más del 11% de la población activa y una deuda del 90% del PIB.

La directora del departamento de Economía del Círculo, Alicia Coronil, ha explicado que de esta manera se resolverían los “graves problemas sociales” de España y se garantizaría la sostenibilidad del Estado del bienestar, al tiempo que se lograría un PIB per cápita de 27.373 euros, un 12% superior al actual.

En materia educativa, el estudio aborda la hipótesis de si España hubiera reforzado la orientación hacia la formación profesional hasta converger con la Unión Europea, hoy esto se habría traducido en más de un millón de jóvenes adicionales con formación de grado medio, lo que mejoraría sus opciones profesionales.

Además, con un tejido empresarial similar al de Francia, la tasa de creación de empresas crecería a un ritmo un 50% superior, según Coronil, lo que derivaría en 1,1 millones de empleos adicionales de calidad y la reducción de la tasa de paro al citado 11,6%. Todo ello haría que el volumen de personas en riesgo de exclusión social se redujera en más de 800.000 ciudadanos.

Otra de las reformas capitales que el Círculo ha criticado que no se haya puesto en marcha en los últimos 10 años es la lucha contra la economía sumergida. Según sus cálculos, supone en la actualidad el 17% del PIB en España, pero de haber logrado bajarla al 11,6%, como la media de la OCDE, ese descenso habría permitido aflorar 64.000 millones de euros adicionales al PIB.

El director del proyecto, Ingemar Naeve, ha considerado que “sin un apoyo amplio social y político es difícil mantener el rumbo un tiempo suficiente” para que el proyecto tenga “el efecto deseado”.

Por su parte, el catedrático Luis García Delgado ha citado entre los elementos básicos de este estudio la necesidad de definir un “crecimiento integrador” a base de pactos cívicos, lograr una democracia de calidad, aspirar a “coliderar” el proyecto europeo y afrontar el futuro con autoestima, porque “España tiene suficientes recursos” para ello.

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Por qué los catalanes pagan los impuestos más altos | Mi dinero

La idea de que los catalanes pagan más impuestos que el resto y reciben menos ha calado en Cataluña. Es uno de los argumentos que más ha utilizado el movimiento independentista, especialmente en los inicios del procés, cuando Artur Mas recibió un portazo de Moncloa a su propuesta de pacto fiscal. ¿Es cierto que los catalanes pagan más que el resto? La respuesta es sí. Se dirá, y con razón, que Cataluña es una comunidad rica y, por lo tanto, es lógico que en un sistema fiscal progresivo contribuya más que, por ejemplo, Extremadura, la región con la mayor tasa de paro y menor PIB per cápita. Sin embargo, si la comparación se realiza sobre bases imponibles idénticas, también los datos dicen que se tributa más bajo el paraguas de la Generalitat. Es decir, una renta baja en Cataluña paga más que una renta baja de otra comunidad autónoma. Cuando un catalán cobra una nómina, compra una vivienda, firma una hipoteca, alquila una casa, posee un patrimonio o pone gasolina abona más impuestos que la media de españoles.

Ello es así porque la Generalitat de Cataluña ha utilizado su capacidad normativa para elevar los tributos más que el resto de Gobiernos autonómicos. Para unos, ello simplemente refleja la mala gestión de una de las comunidades autónomas con un mayor nivel de deuda pública y que ha registrado las cifras más elevadas de déficit público. La Generalitat, en cambio, asegura que su mayor fiscalidad relativa es la consecuencia de la infrafinanciación que sufre. Los datos del Ministerio de Hacienda reflejan que los recursos que recibe Cataluña están por debajo de la media, algo que también sufre Madrid o la Comunidad Valenciana.

Más información sobre el conflicto catalán

El IRPF es el tributo más relevante por recaudación y en el que las diferencias fiscales entre comunidades afectan a un mayor número de contribuyentes. El Gobierno tripartito de José Montilla fue pionero en 2010 en elevar la parte autonómica del impuesto a las rentas altas, una medida que después siguieron otras comunidades. La medida afectó a sueldos a partir de 100.000 euros. Este tipo de decisiones son celebradas por los partidos de izquierda, pero su impacto recaudatorio es bajo por el simple hecho de que el número de contribuyentes afectados es reducido.

Sin embargo, actualmente, las diferencias tributarias en el IRPF no se limitan a las rentas elevadas como sucedía años atrás. Hoy, el sobrecoste fiscal para los salarios bajos o medios ya es significativo. De hecho, Cataluña no es la comunidad con un IRPF más elevado para los ricos, sino que se caracteriza por mantener la mayor presión fiscal sobre las rentas bajas y medias.

Un salario medio, que según el INE asciende a 22.858 euros, paga 3.187 euros por IRPF en Cataluña frente a los 3.024 euros de media. Suponen 163 euros más, un importe que ya es relevante para este nivel de renta. En comparación con Madrid, un trabajador que cobra el salario medio paga 226 euros más por IRPF, un 7,6% más. Así, a igual sueldo bruto, el salario neto que entra en la casa de un residente en Cataluña está por debajo de la media. Para todos los tramos de renta, la presión fiscal sobre el trabajo es mayor en Cataluña que el promedio.

La Generalitat es responsable de esta situación. Cataluña es la única comunidad autónoma que no ha reformulado el tramo autonómico del impuesto tras la reforma fiscal que entró en vigor en 2015 y que supuso una reducción del número de tramos y de los tipos impositivos en la parte estatal. El impuesto sobre la renta está cedido en un 50% a las comunidades autónomas, que tienen capacidad para modificar los gravámenes y los escalones del tributo. En la negociación entre el PDeCAT y la CUP se valoró un nuevo incremento a las rentas altas, que finalmente no se aprobó, pero pasó totalmente desapercibido el hecho de que no tocar los tramos bajos del IRPFcondenaba a las trabajadores con peores nóminas a pagar más que en el resto de autonomías.

En prácticamente todos los tributos en los que la Generalitat tiene competencia, Cataluña aplica gravámenes superiores a la media. Cuando un contribuyente adquiere una vivienda debe abonar el IVAsi es de nueva construcción y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) si es de segunda mano. Las comunidades tienen competencia sobre el ITP. Cataluña fue de las primeras comunidades en subir este impuesto. Actualmente, el gravamen asciende al 10%. Esto significa que por la adquisición de una casa de 300.000 euros ubicada en Cataluña, el comprador abona 30.000 euros por ITP. La misma cifra que en Galicia o la Comunidad Valenciana. En el resto de comunidades, la cifra es inferior. Madrid es la región que mantiene un gravamen más bajo, del 6%. Implica que, fiscalmente, comprar una casa de 300.000 euros en Madrid es 12.0000 más barato que en Cataluña. A partir de este año y por exigencias de la CUP, Cataluña fijó un gravamen incrementado del 11%para las viviendas que superan el millón.

Formalizar la escrituración de una casa o cerrar un préstamo hipotecario conlleva abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, sobre el que las autonomías tienen competencia. En este caso, Cataluña nuevamente aparece como una de las comunidades que aplican un gravamen mayor. En el impuesto sobre hidrocarburos, la Generalitat mantiene el tipo en el nivel más alto permitido, algo que también sucede en Galicia, Andalucía, Asturias, Valencias, Castilla-La Mancha y Baleares. Madrid se sitúa en la zona baja.

El impuesto sobre sucesiones es el único tributo sobre el que la Generalitat tiene competencia y que se encuentra por debajo de la media. En el resto, se sitúa por encima.

La tendencia natural en Cataluña es compararse con Madrid, el otro gran polo económico de España y, en el ámbito tributario, siempre sale mal. En todos los tributos, un catalán paga más que un madrileño. Madrid ha mantenido una política fiscal totalmente opuesta a la catalana y ha bajado los impuestos en todos los tributos sobre los que tiene competencia. Además, es la única comunidad que no aplica el impuesto sobre el patrimonio. Un contribuyente que tenga una riqueza neta de cuatro millones de euros abonará en Cataluña 41.943 euros por Patrimonio y no pagará nada en Madrid. Además, el impuesto sobre el patrimonio se aplica allí donde reside al contribuyente, con independencia del lugar en el que se ubiquen los bienes. Es decir, uno puede tener inmuebles en el Paseo de Gracia de Barcelona, pero si vive en Madrid estará exento del tributo. Si bien las estadísticas no permiten afirmaciones contundentes, los expertos fiscales sí que aseguran que se producen cambios de residencia por motivos tributarios.
El argumentario independentista señala que una Cataluña independiente gozaría de una presión fiscal menor porque recaudaría directamente los tributos que ahora ingresa el Estado y de los que transfiere una parte a las autonomías.

Sin embargo, Madrid también es una comunidad rica, que aporta más de lo que recibe a la caja común y mantiene los tributos más bajos de España. Desde la Generalitat rechazan estas comparaciones y aseguran que el efecto capitalidad aporta a Madrid unos ingresos extra que le permiten bajar impuestos ¿Podría Cataluña mantener esa misma política fiscal? Las mayores subidas tributarias aprobadas en Cataluña se realizaron durante el tripartito formado por los partidos de izquierda: PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Cataluña. Y los Gobiernos de Convergència primero y PDeCAT después, han estado sustentados por partidos de izquierda que se oponen a una política fiscal de corte liberal.

Que Cataluña haya sido la única comunidad que no ha actualizado su IRPF y, por lo tanto, castigue a las rentas bajas no es culpa del Estado. La idea de que una Cataluña independiente mantendría tributos más bajos es indemostrable y dependería en buena medida de quien gobernara. Si la CUP, por ejemplo, siguiera teniendo la llave de las mayorías en el Parlamento, parece improbable que Cataluña destacara por mantener una baja presión fiscal.

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Hacienda tomará el control financiero de Cataluña ante su insurrección económica | Mi dinero

El Ministerio de Hacienda trasladará este viernes al Consejo de Ministros un paquete de medidas en respuesta al último desplante soberanista de la Generalitat, que este jueves puso en marcha una suerte de insurgencia económica incrementando la autonomía fiscal de la región y la desconexión informativa con el Gobierno central.

En concreto, el Govern anunció este jueves que reforzará la llamada Hacienda catalana, pese a que el Tribunal Constitucional acaba de dejar en suspenso algunas de sus nuevas funciones, y que dejará de dar cuenta de sus gastos al Ministerio de Hacienda. En respuesta, el Gobierno se prepara para tomar el control financiero de Cataluña.

El detonante fue la carta del vicepresidente económico de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicando al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dejará de remitirle los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat.

Considera que “suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia”, recoge Europa Press. El Gobierno implantó esta exigencia de información semanal en julio para evitar que la Generalitat desviase fondos para la organización del referéndum de independencia previsto para el 1 de Octubre, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Hacienda cuenta para hacer frente a este nuevo desafío con las medidas preventivas, correctivas y coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cataluña es una región que está ya sujeta a medidas especiales de control por haber incumplido el objetivo presupuestario –lo que previsiblemente hará de nuevo este año– con lo que dejar de informar de sus gastos al Ministerio da pie a elevar el grado de intervención.

Hacienda tomará el control financiero de Cataluña ante su insurrección económica

El Gobierno, avanzan fuentes conocedoras de la materia, pasará a controlar directamente no solo el dinero que se traspasan a la Generalitat mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (que ha facilitado más de 53.000 millones a Cataluña desde 2012) sino también los recursos inyectados a cuenta, provenientes del cobro de tributos.

Hacienda pasará así a controlar directamente los fondos y pagos a los proveedores de la región, y exigiendo justificantes para cada gasto, incluyendo el pago de nóminas a funcionarios, evitando así el posible desvío de fondos públicos para a la celebración del referéndum soberanista.

El Consejo de Ministros estudiará medidas adicionales. A falta de conocerlas, la legislación permite que ante el incumplimiento de sus obligaciones, “las competencias normativas que se atribuyan a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado”. Más allá, Hacienda podrá sancionar a la región imponiendo un depósito en el Banco de España por el 0,2% del PIB catalán.

Reforzando la Hacienda catalana

En paralelo, la Generalitat se prepara para reforzar la llamada Hacienda catalana pese a que el modelo, potenciado en el marco del proceso soberanista impulsado por las fuerzas independentistas de la región, ha sido suspendido en parte por el Tribunal Constitucional.

En concreto, la Agencia Tributaria de Cataluña ha anunciado este jueves que convocará un centenar de nuevas plazas de trabajo en los próximos días para reforzar su plantilla con nuevas incorporaciones que se consumarían, como muy tarde, en el primer trimestre de 2018.

La Hacienda catalana busca contratar a 60 administrativos y 40 técnicos para reforzar el ámbito operativo de la agencia, que según la nueva regulación aprobada tendrá capacidad para gestionar todos los tributos de la región.

La convocatoria de plazas tendrá lugar por tanto en la recta final hacia el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre, que el Govern de Cataluña está dispuesto a celebrar pese a la suspensión impuesta por el Constitucional y la orden de la Fiscalía a los distintos cuerpos policiales para perseguir su organización.

El nuevo Código Tributario de Cataluña ha quedado suspendido cautelarmente, sin embargo, después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el Gobierno.

El propio Ministerio de Hacienda ya advirtió la pasada semana que hay tributos que solo el Estado puede gestionar y que no deben abonarse al organismo regional. El aviso llegó solo unas horas después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentara públicamente la nueva Hacienda catalana.

Varios miembros de su Gobierno replicaron luego que no han hecho un llamamiento a cobrar los impuestos estatales en la Hacienda catalana, pero aducen que la institución será la responsable de gestionar los tributos de la región si logra independizarse de España.

Algunas plataformas empresariales contrarias al proceso soberanista han criticado la nueva Hacienda catalana por la confusión que genera a la hora de tributar, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. 

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El déficit del Estado se reduce un 28,6% y supone el 1,86% del PIB | Mi dinero

El Estado registró un déficit de 21.604 millones de euros hasta julio, lo que supone un descenso del 28,6% respecto al mismo periodo de 2016, es decir, 8.655 millones menos, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda. La reducción del déficit se produjo por un aumento de los ingresos en un 4,8% y una reducción de los gastos en un porcentaje inferior, del 3,2%.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha indicado que este descenso incluye el impacto de la liquidación del sistema de financiación de 2015 efectuada en julio, que aumenta en 675 millones respecto a la liquidación realizada en julio del año pasado.

Excluyendo el efecto de la liquidación en ambos años, el déficit del Estado caería un 43,1% interanual.

En términos de PIB, el déficit del Estado hasta julio es equivalente al 1,86% frente al 2,72% del año anterior, resultado, según Hacienda, de “unos recursos que ascienden al 8,54% del PIB y de unos empleos que suponen el 10,40% del PIB”, informa Europa Press.

Los datos referidos al conjunto de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social correspondientes al mes de junio en términos de contabilidad nacional se publicarán el próximo 12 de septiembre.

Los recursos no financieros del Estado han aumentado a 99.329 millones hasta junio, frente a los 94.736 millones registrados en 2016.

SUBEN LOS INGRESOS POR IVA

Los ingresos por impuestos y cotizaciones han ascendido a 90.501 millones, de los que 56.085 millones que corresponden a impuestos sobre producción y las importaciones, que crecen un 5,1% por la evolución de los ingresos por IVA, que han aumentado un 5,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han registrado un incremento del 11,1%, hasta los 29.962 millones de euros. Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se encuadra en el grupo de los impuestos corrientes, el aumento ha sido del 2%, hasta alcanzar los 19.588 millones.

En concreto, Hacienda explica que este aumento se ha compensado en parte con el efecto de la liquidación del sistema de financiación del 2015, que supone unos mayores ingresos para las comunidades autónomas por importe de 640 millones.

El Impuesto de Sociedades ha crecido un 36,3% por el incremento del primer pago fraccionado. Del resto de recursos, que acumulan un importe de 8.828 millones de euros, destacan los menores dividendos procedentes del Banco de España, que disminuyen en 584 millones y que se compensan con los dividendos de Enaire, que ascienden a 292 millones sin correspondencia con el año anterior.

Por otro lado, la liquidación del sistema de financiación de las administraciones territoriales de 2015 ha ascendido a 9.262 millones, 675 millones más que la liquidación efectuada el año pasado. Así, la liquidación ha resultado a favor de las comunidades autónomas por importe de 8.653 millones y a favor de las corporaciones locales por 609 millones de euros.

El Ministerio también ha explicado que la liquidación del sistema de financiación “no afecta” al déficit del conjunto de las administraciones públicas, pero sí al de los distintos subsectores, suponiendo un mayor déficit para el Estado en el séptimo mes del año.

CAEN LOS GASTOS NO FINANCIEROS

En julio continuó la reducción de los gastos no financieros del Estado, con una caída acumulada del 3,2% en lo que va de año, hasta los 120.933 millones. Esta cifra también está afectada por la liquidación del sistema de financiación, que supone 7.571 millones de gasto para el Estado. Eliminando el efecto de la liquidación a comunidades autónomas del sistema de financiación en 2015 y 2016, la reducción de los gastos no financieros alcanzaría el 3,4%.

Se observa un descenso generalizado en prácticamente todas las rúbricas de gasto, con una disminución del 5,5% de los intereses, del 6,5% en consumos intermedios, del 4,1% en remuneración de asalariados, afectado en parte por la devolución de la paga extra realizada en 2016, sin reflejo en 2017, y el descenso del 10,1% en la aportación para financiar el Presupuesto de la Unión Europea.

Las transferencias corrientes entre administraciones públicas, que son la partida de mayor volumen, han bajado un 3,3%, destacando el descenso de las transferencias realizadas al Servicio Público de Empleo Estatal para financiar las prestaciones por desempleo en 1.775 millones, gracias a que se mantiene la favorable evolución del mercado laboral, según destaca Hacienda.

Las transferencias a los organismos de la Administración Central también han sido inferiores en un 18,4%.

Por último, las corporaciones locales han recibido del Estado un 3% menos en 2016 por los menores pagos derivados de la liquidación de 2015. En sentido contrario, aumentan un 1% las transferencias destinadas a comunidades autónomas consecuencia de la liquidación definitiva de 2015, debido al aumento de las entregas a cuenta del sistema de financiación que crecen un 1,1%.

CRECIMIENTO DE LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS

Entre las partidas de gasto corriente que aumentan cabe señalar las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, que registran un incremento del 1,9%, consecuencia fundamentalmente del crecimiento de las pensiones de clases pasivas.

Dentro de los empleos de capital, la formación bruta asciende a 2.457 millones, frente a los 2.589 millones del año anterior. La ayuda a la inversión crece hasta los 319 millones frente a los 281 millones de 2016, debido a las aportaciones de ADIF-Alta Velocidad por importe de 187 millones, sin correspondencia en 2016. Por último, se reducen las transferencias de capital un 4,6% hasta los 1.424 millones.

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Unicaja adelanta la devolución al FROB de 604 millones de ayudas de Ceiss | Compañías

Unicaja Banco ha devuelto anticipadamente al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la totalidad de los 604 millones de euros de ayudas públicas otorgadas a la filial de la
entidad financiera Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (EspañaDuero).

El pago se ha efectuado con cargo a los fondos captados en la salida a bolsa de Unicaja Banco y de acuerdo con las previsiones contenidas en el folleto correspondiente, según ha informado hoy en un comunicado la entidad.

En un hecho relevante notificado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Unicaja informa de que la devolución la efectuó ayer, una vez obtenidas las autorizaciones administrativas y adoptados los correspondientes acuerdos sociales.

Las ayudas se instrumentaron mediante la suscripción por el FROB de obligaciones convertibles contingentemente en acciones de la entidad, emitidas en virtud de una resolución del propio FROB de 2013 y en ejecución del plan de resolución de EspañaDuero aprobado en 2012 por el FROB, el Banco de España y la Comisión Europea.

Esas obligaciones han sido adquiridas por Unicaja al FROB, con lo que se da por cumplido anticipadamente el compromiso de repago previsto en la decisión de la Comisión Europea de 27 de enero de 2017 (el vencimiento final se situaba en abril de 2018).

El FROB ha informado también de esta recompra de la emisión de obligaciones por parte de Unicaja, de que desde la emisión del instrumento la entidad ha abonado al FROB 240 millones de euros de intereses devengados y de que el Banco Central Europeo -como supervisor del Grupo Unicaja- ha autorizado la adquisición.

Unicaja ha destacado que la devolución de estas ayudas “viene a cumplir uno de los hitos fundamentales” aprobados por las autoridades nacionales y comunitarias con motivo de la adquisición de EspañaDuero por Unicaja Banco en marzo de 2014.

Añade que desde su entrada en el accionariado de EspañaDuero y su toma de control, Unicaja “ha cumplido la hoja de ruta prevista en su plan de reestructuración” y ha conformado “uno de los grupos bancarios más solventes y competitivos, líder en sus mercados tradicionales de
Andalucía y Castilla y León”.

Las ayudas fueron otorgadas a EspañaDuero en una fase anterior a su integración en el Grupo Unicaja Banco.

Con su adquisición de EspañaDuero en 2014, Unicaja ha resaltado que “ha contribuido de manera significativa a la estabilización del sistema financiero español”.

Tras el cómputo de los recursos captados en la salida a Bolsa por importe de 756,25 millones de euros y la compra de las obligaciones al FROB, el Grupo Unicaja Banco ha destacado que sus ratios de solvencia -con datos de junio de 2017- se incrementan en 51 puntos básicos.

Indica que cuenta con “unas ratios de capital de las más altas del sector” y que la ratio de capital total es del 14,4 por ciento.

Unicaja ha convocado junta general de accionistas para el próximo 10 de octubre “para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de su filial EspañaDuero”.

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