La Audiencia Nacional investigará a Ron y Saracho por la debacle de Popular | Compañías

La debacle de Banco Popular, y la posible responsabilidad de sus máximos responsables, es ya oficialmente objeto de investigación por parte de la Justicia española. El juez de la Audienica Nacional Fernando Andreu ha comunicado este miércoles que admite a trámite varias de las querellas presentadas por los inversores afectados, con el aval de la Fiscalía, ante la posible comisión de delitos de falsedad documental, administración desleal o apropiación indebida.

La investigación se centrará en el histórico presidente de Banco Popular, Ángel Ron, que estuvo al frente de la entidad hasta el pasado febrero, así como en su sucesor, Emilio Saracho, los consejos de administración de ambos y la firma que auditaba las cuentas de la entidad, PwC.

A la hora de abordar la investigación, el juez Andreu sigue el consejo de la Fiscalía y acuerda la apertura de dos piezas separadas. La primera de ella centrada en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que Popular cerró en junio de 2016, bajo la presidencia de Ron.

La segunda, buscará dilucidar si hubo manipulación del mercado con el objetivo de hacer caer el valor en los últimos meses de vida de la entidad, donde los inversores bajistas hicieron su agosto apostando en contra de la acción del banco.

Ante la desconfianza desatada también entre clientes y la retirada masiva de depósitos, Popular fue intervenido por las autoridades europeas el pasado 7 de junio y, tras recapitalizar la firma a costa del dinero de sus accionistas y bonistas, vendida inmediatamente a Banco Santander por un euro simbólico

La investigación de estas dos causas promete adentrarse también en las luchas de poder que se abrieron en el consejo de administración del banco y en la admisión por parte de Popular de que sus cuentas de 2016 reflejaban errores de millones de euros que derivaban en pérdidas superiores a las reconocidas.

Diligencias y pruebas periciales

El juez prevé ya la puesta en marcha de distintas diligencias entre las que destacan la comparecencia de Ron, la petición de los informes de PwC, el requerimiento a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV) de un informe pericial sobre las apuestas bajista en el mercado o la elaboración de un informe por parte de un experto en medios de comunicación para analizar el impacto mediático en la desaparición del banco.

Como ya ocurriera con el caso Bankia, que se encamina a la apertura de juicio oral ante la sospecha de que la entidad salió a Bolsa utilizando información falsa, Andreu conmina al Banco de España a aportar dos inspectores que ejerzan como peritos judiciales y aclaren si la información contable de Popular era veraz.

A priori, tal y como defendió la Fiscalía Anticorrupción, el juez no ha incluido en la investigación a los supervisores, el Banco de España y la CNMV, que habían sido incluidos en algunas de las querellas presentadas tras el final de Popular.

Posibles fianzas

En su escrito, Andreu admite la posibilidad de imponer fianzas por las posibles responsabilidades de los investigados si bien advierte que esta opción, y su cuantía, no se abordará hasta haber escuchado primero a los querellados.

Más allá de Ron y Saracho, se admiten querellas contra otra veintena exresponsables del banco, como Roberto Higuera, Reyes Calderón, Ignacio Sánchez Asiain, Francisco Aparicio, Pedro Larena, José María Arias, José Ramón Estévez, o el exconsejero delegado Pedro Larena.

También se investigará a inversores clave, como el mexicano Antonio del Valle o la sindicatura de accionistas de Popular y la Unión Europea de Inversiones (ligada al Opus), como resultado de la admisión a trámite de estas querellas.

Las querellas admitidas

Inicialmente han sido tres las querellas admitidas aunque pocas horas después trascendía la admisión de una cuarta, y es posible que la lista aumente porque se recibieron una treintena. La primera, especialmente dirigida contra Saracho por un presunto delito de administración desleal, es de la asociación de accionistas minoritarios Aemec, que engloba a más de 1.007 inversores perjudicados bajo la representación legal del bufete Cremades & Calvo Sotelo.

La segunda querella admitida la planten Estel Ingeniería y Obras S.A, junto a 45 personas más, representados por Unive Abogados, acusando de falsedad documental, administración desleal y delito contra el mercado a los dos consejos de administración.

La última, corresponde a dos particulares que cargan contra todos los gestores y algunos de los principales inversores por un delito societario y otro contra los consumidores. La cuarta es la que presentó la organización de consumidores OCU contra Saracho, Ron, Larena, PwC y su socio auditor.

El juez advierte que “los hechos denunciados en la querella merecen una investigación en sede penal”, pues como ya expuso la Fiscalía “podrían ser constitutivos de delito”. Además, “sea o no merecedor de reproche penal”, argumenta Andreu, el final del banco “ha causado numerosos perjuicios, no solo a los accionistas como los que ahora se han querellado, sino a la sociedad y a la economía nacional en su conjunto”, lo que motiva iniciar las pesquisas planteadas.

Recurso contra el Frob

El exconsejero externo independiente y exvocal del consejo de administración de Popular José Ramón Estévez Puerto ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la resolución de la entidad, recoge Europa Press.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha registrado este recurso contra la resolución de la Comisión Rectora del FROB por adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que puso en marcha el dispositivo de resolución sobre Popular el pasado 7 de junio.

Así lo recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una publicación firmada por la letrada de Administración de Justicia Elena Oca de Zayas.

Estévez ocupó los cargos de consejero externo independiente y vocal del consejo de administración de Popular con anterioridad a la resolución acometida en el banco el pasado 7 de junio desde su nombramiento en abril de 2016. Era, además, presidente de la comisión de retribuciones de la entidad.

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Liberbank ultima la venta de su ladrillo para asegurarse el éxito de su ampliación | Compañías

Liberbank no quiere seguir el camino de Popular y da pasos firmes para evitarlo. El foco ahora está en deshacerse del lastre del ladrillo que todavía acumula después de la crisis, dar así la imagen al mercado de que es una entidad saneada y garantizarse el éxito en la ampliación de capital. Así, ultima la venta, esta semana, de una gran parte de su cartera de activos adjudicados, en paralelo a la ampliación que aprobará la junta de accionistas del 9 de octubre.

La entidad pilotada por Manuel Menéndez trabaja contra reloj para garantizarse la independencia. La CNMV le ha dado hasta el 30 de noviembre, al prorrogar por tercera vez un veto a las posiciones cortas que instauró en junio, pocos días después de la resolución de Popular. Fuentes próximas a la operación esperan que el primer paso (la venta de una cartera de 800 millones) se cierre esta semana. A más tardar en 15 días y que, en ese caso, se haga de forma paralela al inicio de la ampliación.

Liberbank recibió las primeras ofertas vinculantes al principio de la semana pasada. Y de ellas ha seleccionado a tres fondos: KKR, Bain y Cerberus. Este último es el que adquirió este verano la filial inmobiliaria del banco, Mihabitans, a través de Haya Real State. Entonces desembolsó 85 millones. El mercado calificó la operación como un “éxito” y la pone como ejemplo para la inminente venta de ladrillo tóxico.

Haya está gestionando de forma exclusiva los actuales activos inmobiliarios adjudicados en el balance de Liberbank, así como los futuros activos inmobiliarios adjudicados que sean incorporados al balance general del banco o de sus filiales inmobiliarias. Según las cuentas del primer semestre, Liberbank tenía en su balance 3.115 millones de euros en activos adjudicados, con una cobertura de provisiones del 40%. De éstos, 1.741 millones son viviendas terminadas, 1.162 suelo, 480 viviendas en construcción y 402 oficinas y naves.

Accionistas comprometidos

  • Debut en Bolsa. Liberbank salió en mayo de 2013 a 1,1 euros por acción, bajo la obligación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para dar liquidez a los dueños de las preferentes y la deuda subordinada de las cajas de ahorros que forman la actividad bancaria de la entidad: Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Alcanzó su máximo histórico en mayo de 2014 a más de 2,4 euros por acción y una capitalización superior a los 2.400 millones de euros. Tras la crisis del Popular y pese al blindaje de posiciones cortas desde el 12 de junio, que tiene como fecha límite el 30 de noviembre, vale apenas 700 millones de euros. 
  • Socios. Los grandes accionistas de Liberbank son las fundaciones de las antiguas cajas que controlan en total el 43,8%, varios inversores mexicanos agrupados en torno a la familia Tinajero Flores (7,569%), Masaveu (5,6%) y el hedge fund Oceanwood (con un 12,08%). Todos ellos se han comprometido a acudir a la ampliación.

Esta nueva venta de activos adjudicados, bautizada como Operación Invictus, se cerrará en el entorno de los 400 millones de euros. Mientras que el valor en libros de los activos inmobiliarios de este paquete Liberbank es de 800 millones, la venta se cerrará con un descuento de al menos el 50%. Santander cerró la venta del 51% del ladrillo de Popular a Blackstone con un descuento del 66%.

Con el fin de enjugar las pérdidas que generará el traspaso y deshacerse de una vez y para siempre de gran parte del lastre del ladrillo, el consejo de Liberbank planteó el 6 de septiembre la ampliación de capital que trata de blindar ahora. En ella espera levantar 500 millones de euros. El objetivo es que la ratio de morosidad se sitúe en el 3,5% en 2019 y las coberturas de activos no productivos (créditos dudosos y adjudicados) se eleven en torno al 50%. En ambas ratios, Liberbank tenía a cierre de junio un 11,3% y un 40%, respectivamente.

Con un balance de 40.000 millones de euros, es la entidad más pequeña de las supervisadas por el BCE junto al Banco Crédito Social Cooperativo, cabecera de Cajamar. Otra de las misiones de Liberbank es elevar su rentabilidad sobre fondos propios (ROE) del 8% en 2020, frente al 2,7% del primer semestre de este año. Es la segunda vez que este banco amplía capital desde que empezó a cotizar en 2013. La anterior la realizó en mayo de 2014 por casi 500 millones.

Ya entonces el banco encargado de coordinar la operación fue Deutsche Bank, y en la actual irá de la mano de Citi, y la inyección de dinero fresco permitió que la entidad pagara anticipadamente los 124 millones que le inyectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reforzara su ratio de capital de máxima categoría por encima del 10% como si los requisitos de Basilea III fueran completamente aplicables y anticipara el pago de dividendos a sus accionistas.

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La banca prepara la venta de carteras inmobiliarias por 6.000 millones | Compañías

La banca española sigue pasito a pasito reduciendo su exposición al sector inmobiliario, presionado por las directrices del Banco Central Europeo y del Banco de España. Cinco entidades más Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) actualmente preparan carteras para deshacerse de parte de su ladrillo por un valor de casi 6.000 millones de euros.

La mayor parte de las carteras incluyen créditos dudosos o NPL (non performing loans) aunque en algunos casos también se incorporan activos inmobiliarios provenientes mayoritariamente de adjudicados.

Santander, tras vender los activos de Popular a Blackstone, ya prepara una cartera a la que la entidad presidida por Ana Botín ha denominado Titán, a través de la plataforma Altamira que comparte con Apollo. Tiene un valor de alrededor de 400 millones, según avanzan fuentes conocedoras del proceso, y se estructura como “un escaparate online” abierto a todos los potenciales compradores. El banco dio un enorme impulso con la operación de venta en agosto del 51% del ladrillo de Popular (NPL y adjudicados principalmente) y que el mercado vio como una respuesta ágil y contundente tras la compra de Popular.

BBVA, por su parte, tiene abierto el denominado proyecto Sena, de venta de una porción de Anida a Cerberus por 400 millones, tal como adelantó ayer CincoDías. Aunque desde el mercado se apunta a que el banco podría deshacerse de todo el negocio de Anida. El banco comunicó ayer a la CNMV que está “está en conversaciones con Cerberus Capital” aunque aclaró que todavía no hay acuerdo. El valor nominal de ese cartera de inmuebles se sitúa en el entorno de los 1.100 millones. Esta operación sigue la estela de la cartera llamada Jaipur comprada este pasado julio por este mismo fondo.

Caixabank también prepara otras dos carteras. La primera, que ha denominado Tribeca, por un importe de 500 millones, saldrá al mercado en los próximos días. Será principalmente residencial. Cuenta con otra denominada Egeo, por 660 millones, compuesta por 440 millones sin colateral y 220 de un mix inmobiliario. La entidad espera recibir ofertas vinculantes de inmediato, según fuentes del mercado.

Uno de los proyectos más grandes que ya se conocen entre los potenciales inversores es el de Sabadell, llamado Voyager, por 800 millones. Se trata de créditos problemáticos a promotores y el resto corresponde a otros sectores, como hoteles. Este portfolio es casi una segunda parte del conocido como Traveller, que la entidad vendió recientemente a Bain. El banco espera ofertas en octubre y desea cerrar el proceso en diciembre, según conocedores del proceso.

Liberbank también prepara otra cartera, de non performing loans, bautizada como Invictus y con un valor de 700 millones, con el 50% vinculado a residencial.

Por último, Sareb ya ha puesto en el mercado una cartera llamada Inés, de cerca de 500 millones, que está en fase de cierre. El conocido como banco malo prepara su primer proyecto de venta online de préstamos, llamado inicialmente Dubai, por alrededor de 400 millones. Y presumiblemente, el mercado espera en los próximos días otro portfolio por 300 millones y nombre Tambo. Sareb quiere deshacerse a través de su nuevo canal online para la venta de préstamos de al menos 3.000 millones en 2018, según desveló la entidad en un conferencia con inversores este jueves en Londres.

Aunque se haya dicho que el ritmo de reducción de la banca al ladrillo ha sido lento, los expertos señalan que actualmente los bancos ya están en una velocidad de crucero aceptable, si se tiene en cuanta la capacidad de absorción de los posibles compradores, que para las mayores operaciones se reducen a 10 o 15 firmas.

Entre los potenciales compradores de estas carteras de la banca, con los que las entidades comienzan a contactar, se encuentran los habituales de este tipo de operaciones como Apollo, Oaktree, Bain, Cerberus, Blackstone, Lone Star, Castlelake, Värde Partners, Lindorff, TPG o Goldman Sachs.

Reducción de los activos problemáticos

La banca redujo un 9% sus activos improductivos (dudosos y adjudicados) en 2016, hasta los 190.000 millones de euros, según se recoge en el Informe de Estabilidad Financiera publicado en mayo por Banco de España. De esa cifra, unos 80.000 millones son inmuebles adjudicados tras el estallido de la burbuja y el resto créditos problemáticos, principalmente de promotores.

Las exigencias tanto del Banco de España como del Banco Central Europeo para reducir la exposición de las entidades al ladrillo, además de las normas de Basilea III sobre la valoración de activos hace que los bancos hayan acelerado en la venta de estas carteras.

El mercado de carteras se encuentra en un momento de gran actividad y las entidades están recurriendo al asesoramiento de las firmas especializadas para ello, como PwC, JLL, Irea, KPMG, Alantra y Morgan Stanley.

Los expertos señalan que el ritmo más elevado de ventas será en 2018 y 2019. “A partir de ese año prevemos una desaceleración”, explican desde una consultora, en parte por el ritmo de absorción limitado de los fondos y también porque los activos mejores están saliendo al mercado en primer lugar.

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Una ofensiva para aligerar la carga de ladrillo que aún soporta la banca | Compañías

Casi una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria, el ladrillo sigue siendo un pesado lastre para la banca española. Los datos apuntan a que el año pasado el sector financiero perdió más de 6.000 millones de euros relacionados con este ámbito. Además, carga todavía con unos 190.000 millones en activos improductivos, de los que unos 80.000 se corresponden con activos adjudicados tras el estallido de la burbuja mientras el resto son créditos problemáticos.

En ese contexto se encuadra la ofensiva de la banca, lenta inicialmente pero que ha ido ganando en velocidad, para reducir su exposición al ladrillo y cumplir con las directrices del Banco Central Europeo y del Banco de España. Un total de cinco entidades –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Liberbank– más Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) están preparando carteras con el fin de deshacerse de activos inmobiliarios por valor de 6.000 millones de euros. La mayor parte de las carteras están integradas por créditos dudosos o NPL (non performing loans), pero en algunos casos se suman activos inmobiliarios que provienen mayoritariamente de adjudicados. El valor de los activos oscila desde los 400 millones de la cartera de BBVA o Santander hasta los 1.000 de la que ultima Sareb.

La urgencia que experimenta la banca para soltar un lastre que consume capital, obliga a realizar provisiones y genera pérdidas se ve aumentada por una coyuntura económica que combina la debilidad general del sistema crediticio y unos tipos de interés excepcionalmente bajos. Ese cóctel de factores ha estrechado considerablemente los márgenes de negocio del sector y ha obligado a optimizar su rentabilidad y a apostar por la digitalización de servicios y procesos. Pese a ello, la mejora de la situación económica en general y la progresiva recuperación del sector inmobiliario en particular mejoran las perspectivas de una banca que tiene ante sí dos grandes asignaturas: digerir el ladrillo que le queda y no olvidar las lecciones del pasado.

 

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El FROB está “razonablemente satisfecho” por la resolución de Popular | Compañías

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), Jaime Ponce, afirmó este miércoles que se pueden extraer varios “elementos positivos” de la resolución de Banco Popular, entre los que se encuentra que se protegió la estabilidad del sistema financiero, evitando impacto en depósitos y sin emplear recursos públicos. Ponce recordó que Popular contaba con unos 60.000 millones de euros en depósitos, de los que 35.000 millones eran menores de 100.000 euros (cifra tope que está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos). 

Ponce, que compadeció en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para informar sobre la resolución de Banco Popular y su venta a Banco Santander y sobre la actividad general del Frob en los últimos meses, subrayó que la intervención fue un evento de “gran trascendencia y significativo”, para reconocer que la “inviabilidad de un banco es siempre un evento muy desafortunado y perjudicial”.

La resolución del Popular se realizó después de que el Banco Central Europeo (BCE) determinara que la entidad estaba en quiebra o a punto de quebrar, y fue la primera liderada por el Fondo Único de Resolución Europeo.

En todo caso, explicó que “se pueden observar, al menos, dos elementos positivos”. El primero es que la regulación y las autoridades de supervisión “están plenamente operativas y resultan eficaces”, dijo. A ello se une, en segundo lugar, que la Junta Única de Resolución cumplió con el mandato que tiene y “logró gestionar la inviabilidad del banco protegiendo la estabilidad del sistema financiero, evitando impacto alguno en los depósitos, ofreciendo completa continuidad
operativa y evitando el uso de recursos públicos”.

Pero Ponce también reconoció que tras la intervención de Popular se han detectado algunas deficiencias en este proceso de resolución. Y citó como ejemplo, que hay “que trabajar para desarrollar los instrumentos de provisión de liquidez en escenarios de resolución, o en el perfeccionamiento de los planes de resolución, dotándolos de toda la información relevante y actualizada para garantizar la correcta ejecución de cada estrategia de resolución”.

También cree que es necesario “seguir avanzando en la adaptación del balance de las entidades para asegurarse de que existen los colchones de pasivos necesarios para hacer creíble y factible la estrategia de resolución prevista, sin efectos negativos para la estabilidad ni los recursos públicos”. 

Jaime Ponce también ha explicado que hasta la fecha el FROB ha recibido ingresos efectivos por importe de 5.911 millones de euros correspondientes a las ayudas públicas realizadas a las entidades. Aseguró que el total de recursos públicos empleados por este organismo público para la reestructuración del sistema bancario español asciende a 59.056 millones de euros (las cifras difieren ligeramente con las aportadas unas semanas antes por el Banco de España).

De ellos, el FROB ya ha ingresado los citados 5.911 millones, cuyo origen es principalmente la amortización e intereses de los instrumentos híbridos de capital y la venta de entidades.

Entre las novedades más recientes, explicó, se encuentran el reembolso de 224,4 millones de Ibercaja y de 604 millones de Banco Ceiss y 211 millones de dividendo de Bankia este año.

El Banco de España aseguraba en su informe que se daban por perdidos, hasta el momento, algo más de 40.000 millones de euros de las ayudas públicas recibidas por la banca. Ponce, por su parte, aseguró que la cuantía de ayudas públicas que finalmente se podrá recuperar dependerá de “elementos sobre los que no existe aún certidumbre completa”.

Por ejemplo, expuso, la participación en el banco malo Sareb mediante capital y deuda subordinada es una inversión “viva” y “no exeta de riesgos” hasta 2027.

También hizo referencia a la desinversión en Bankia y BMN, “sujeta a la incierta evolución del precio de la participación en el mercado de capitales”.

En este sentido, explicó que el FROB está “analizando las mejores alternativas para realizar una desinversión” que “se producirá cuando se cumplan las condiciones que permitan reactivar este proceso”. Se refirió así a las relacionadas con el precio de la que, aseguró, es considerada una “magnífica entidad desde cualquier perspectiva” como “solvencia, eficiencia o potencial de rentabilidad”.

Nuevas negativas de la JUR a entregar el informe de Deloitte

La mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso pidieron ayer al presidente del FROB, Jaime Ponce, que haga públicos los informes de la auditora Deloitte que informó de la solvencia de Banco Popular y que posteriormente fue vendido a Banco Santander por un euro.

El portavoz económico, Pedro Saura, aseguró que la compra de Popular por parte del Santander no ha sido por un euro, sino que ha ganado hasta 10.000 millones por la venta de la cartera de activos inmobiliarios, además de que Deloitte valoró la entidad en 2.000 millones de euros.

Bruselas ha vuelto a denegar al Congreso el informe sobre la valoración de Popular. La Comisión del Congreso lo había solicitado.

Jaime Ponce se ha mostrado partidario de que se haga público el informe secreto que supuso la liquidación de Popular y su venta a Santander por un euro, aunque ha señalado que el propietario del documento también debe ser quien decida sobre su transparencia.

De cualquier forma, aseguró que serán los tribunales europeos los que diriman esta cuestión, además de que la Audiencia Nacional también lo ha reclamado ante las demandas interpuestas por inversores y asociaciones ante la resolución del Popular. 

Ponce ha desglosado los tres informes que se emitieron en relación con el Popular, el del Banco Central Europeo (BCE) sobre los problemas de liquidez, y del que se conoce en parte; el de la propia JUR sobre la valoración del banco, y el documento secreto que Europa se niega a desvelar y cifra cuánto habría costado liquidar la entidad.

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Cómo evitar que le saquen los colores a los consejeros de una empresa cotizada | Mercados

Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, ingeniero industrial, era presidente de La Caja de Canarias cuando la entidad financiera acordó su integración en Banco Financiero y de Ahorro (BFA, matriz de Bankia). Tras la fusión, Suárez del Toro se convirtió en consejero de BFA. Cuando tuvo que declarar como investigado por la malograda salida a Bolsa de Bankia y su posterior rescate, alegó que no tenía conocimientos suficientes para entender los balances de los bancos.

Su caso no es único. Entre los 300 políticos procesados por delitos vinculados a las cajas de ahorros son legión quienes argumentan ante el juez que no entendían qué estaban firmando.

Poco a poco, las cosas están cambiando. “La profesionalización e internacionalización de los consejos de administración está provocando que cada vez haya más consejeros que nos piden informes con una valoración imparcial de una determinada operación”, explica Yann Magnan, director para Europa de Duff & Phelps.

Firmas de valoración independientes

Transacciones. Este tipo de compañías son contratadas en operaciones corporativas para hacer una valoración de los activos de la empresa: tanto tangibles como intangibles. Su opinión neutral será clave para la determinación final del precio

Disputas. Cuando hay arbitrajes o juicios que involucran a compañías es habitual que participen firmas de valoración para ayudar a los jueces o árbitros a dirimir el conflicto.

Reestructuración. Cuando una empresa está en situación de quiebra, o un estadio previo (preconcurso de acreedores) es frecuente que participen firmas que valoren el patrimonio que mantiene la compañía.

“Cada vez se da más importancia a que los consejos de administración cumplan con su deber de diligencia apoyándose en información que les ayude a tomar decisiones”, apunta Javier Zoido, director en España de Duff & Phelps.

Esta firma estadounidense aterrizó en Madrid en 2014 y desde entonces no ha dejado de crecer. En la actualidad cuentan con 50 empleados y han emitido valoraciones en un tercio de las grandes operaciones de compraventa que se han producido en el Bolsa española en los últimos años, como la adquisición de Talisman por parte de Repsol, la opa de exclusión de Cepsa o la venta del 40% de Telxius al fondo de capital riesgo KKR.

“Estamos creciendo con cifras de doble dígito porque cada vez se aprecia más la importancia de una firma de valoración independiente, que no tenga conflictos de interés como ocurre en el caso de las clásicas empresa de auditoría”, apunta Magnan.

Las situaciones en las cuales puede ser necesario disponer de una opinión ecuánime (fairness opinion, en la jerga) son diversas; operaciones de fusiones y adquisiciones, ventas forzosas de minoritarios, operaciones entre partes vinculadas..

“Cada vez vemos más un tipo de operaciones que consisten en incrementar la deuda de una compañía con el objeto de repartir sus accionistas un dividendo extraordinario”, explica Javier Zoido. En estos casos, cada vez se exige más que haya un opinión independiente sobre la solvencia de la empresa, para analizar si el valor del negocio supera al endeudamiento neto, y para verificar si hay capacidad de repago de deudas.

Duff & Phelps también trabaja en arbitrajes y juicios. Es habitual que una compañía que tiene una disputa con otra recurra los servicios de un valorador independiente. “Nos contratan empresas que se han visto inmersas en un proceso sobre abuso de la competencia, o en caso de compraventa de compañías en las que ha surgido algún problema”, apunta Magnan.

Uno de los principales clientes de Duff &Phelps son las firmas de capital riesgo. Este tipo de inversores adquiere compañías no cotizadas para mejorar sus ingresos o su modelo de negocio y venderlas en unos años. Al estar fuera del mercado bursátil su valoración es aún más crucial.

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Bancos y ‘fintech’ pelean por cómo acceder a los datos del cliente | Mi dinero

La banca vive estos días una cuenta atrás hacia el inicio de la que promete ser la mayor revolución de su historia reciente. La entrada en vigor de la segunda directiva europea de pagos (la PSD2) a comienzos del próximo mes de enero devolverá a los particulares el control de sus datos financieros, obligando a los bancos tradicionales que les dan servicio a compartir su información con las nuevas firmas financieras tecnológicas, las fintech, que el cliente elija. Unos y otros se preparan actualmente para sumarse a un salto tecnológico y cultural cuyos últimos detalles regulatorios siguen siendo objeto de un apasionado debate.

“PSD2 es el mayor cambio para la banca comercial de toda su historia”, asevera Arturo González, responsable de Infraestructura Financiera de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), y una de las voces que interviene en la negociación europea por parte del nuevo sector emergente. “La directiva lo que dice es que las credenciales y toda la información que una entidad tiene de un usuario es suya, y que el usuario tiene derecho a cederla a un tercero”, apunta.

Es decir, que si un particular decide utilizar una aplicación para hacer transferencias, o con la que recibir consejos sobre sus hábitos de ahorro, podrá autorizar el acceso a sus datos bancarios y su entidad de referencia no podrá negarse a facilitar la información.

“El objetivo último de la directiva es generar mayor competencia y mayor transparencia en los servicios financieros en beneficio del usuario final”, resume González, que también es consejero delegado de la fintech Eurobits, que recopila datos bancarios para aplicaciones financieras.

“Sin duda, esta directiva va a cambiar el status quo del mercado financiero en España”, avanza Alberto Cerrada, director de procesos financieros en Worldline Iberia, consultora que asesora a la banca en este proceso de transformación. “Va a obligar a las entidades a tomar posición y a desarrollar estrategias”, expone, porque “los bancos van a tener que abrir sus plataformas, compartir su información con los nuevos actores” y hacerlo “sin cobrar”. “PSD2 implica para la banca lo que ocurrió hace unos años en el mercado de las telecomunicaciones, una liberaliación del merado que propició la aparición de nuevos actores”, ilustra.

“El ánimo de la directiva es avanzar en la protección del consumidor, ahondar en la transparencia de los servicios relacionados con instrumentos de pago y regular de forma efectiva la entrada de estos nuevos jugadores, que hasta ahora no estaban regulados de una manera detallada”, explica Roser Martí Basomba , responsable de proyectos de tarjetas de Banco Sabadell.

Semejante transformación se llevará a cabo en dos fases. Una primera, que arranca el 13 de enero de 2018, en la que se obligará a todas las firmas de iniciación de pagos y a las que ofrecen servicios de información sobre cuentas a solicitar autorización para poder operar. Las que obtengan el permiso se verán libres de ataduras para acceder a los datos bancarios de sus clientes, pues las entidades financieras tradicionales que les pongan trabas serán investigadas y podrán ser sancionadas.

La siguiente etapa depende de la regulación que se está negociando todavía pero se espera que se apruebe en otoño de 2018 para entrar en vigor en abril de 2019. A partir ahí, la banca deberá contar con una suerte de interfaz específica (el conocido como sistema de APIs) a través del que las fintech podrán acceder a sus datos.

Este modelo de acceso está siendo actualmente el más enconado asunto de debate entre los representantes de la industria financiera tradicional y las firmas emergentes. Incluso la Autoridad Bancaria Europea (EBA) tomó cartas en el asunto en los últimos meses cuando se opuso a que si el canal que ofrece el banco no es suficientemente bueno, la fintech pueda elegir seguir accediendo como ahora, a través de su canal de banca electrónica (por screen-scraping).

La postura encendió los ánimos de los nuevos competidores digitales del sector bancario. “Una entidad financiera va a tener que desarrollar, publicar, mantener y medir un API para un tercero, gratis, y ese tercero puede competir con sus servicios. El incentivo para hacerlo bien es muy reducido”, asume el representante de la asociación de fintech española. “Cuestionamos abiertamente la parcialidad de la EBA”, denuncia, celebrando que la Comisión Europea esté más en la tesis de que si el ascensor no funciona, la fintech podrá seguir accediendo al banco por la escalera.

 Retos para todos

“Cada actor involucrado dentro de PSD2 tiene sus retos. El de los bancos es abrir sus plataformas a terceros. Y, otro muy importante, garantizar la seguridad”, detalla el consultor de Worldline, añadiendo que el principal reto de “las fintech es idear, inventar servicios de valor en base a la información a la que van a poder acceder” que les haga más competitivos que a los propios bancos.

“Es un reto, pero también es una oportunidad”, aseguran en Banco Sabadell. “Desde el banco se ve desde este punto de vista. Es un reto porque pueden surgir incertidumbres de desintermediación con el cliente, pero también como una oportunidad de explorar las nuevas posibilidades de negocio que hay. Y creo que todo el sector lo hará”, vaticina la representante de la entidad.

“Lo que hace PSD2 es dividir un banco en dos trozos, la trastienda y el frontal de la tienda, o la fábrica y la red de distribución de productos, de forma que la red de distribución del banco compita con terceros por los productos con el objetivo de que haya más competencia y más transparencia con las mismas reglas para todos”, aduce González. “A lo que lleva es a que los bancos sean fábricas de producto que compiten con otras fábricas de producto”, resume el representante de AEFI.

“Los bancos entran en competencia con las fintech” y, a partir de ahí, detalla el experto de Worldline, puede ser que a la entidad le resulte interesante llegar a acuerdos con terceros, “aumentando sus canales de distribución”, que opten por poner su plataforma a disposición de terceros que quieran ofrecer sus servicios en ella o que se especialicen en ofrecer nuevos servicios a partir de los datos de la clientela.

“El banco quiere mantener su relación con el cliente y mejorar esos servicios que le ofrecen ahora. Estamos estudiando posibilidades para ver cómo se enfocan esos servicios y productos que puedan ser interesantes para el cliente”, avanzan desde Banco Sabadell, que se encuentra en una situación similar a la del resto de entidades del sector.

Así, los bancos tradicionales se preparan tecnológicamente, para impulsar plataformas digitales que aúnen sus servicios con los de los nuevos competidores, y estratégicamente para no perder combo frente a la clientela en el nuevo pulso. Las fintech, por su parte, afrontan el reto de cumplir con una nueva regulación, lo que comporta novedosas exigencias específicas, pero también les da la oportunidad de ofrecer más garantías y confianza a los potenciales usuarios. Después de todo, según la EBA, un tercio de las nuevas compañías financieras digitales no están sujetas todavía a ninguna regulación. La directiva de pagos rige a un 20%_de las nuevas firmas.

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Montoro contradice al Banco de España y asegura que se recuperarán más ayudas a la banca | Mercados

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha opinado que se recuperará más del rescate a la banca de lo que prevé el Banco de España, que este jueves daba por perdido más del 80% del importe de las ayudas.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Zaragoza,ha indicado que las previsiones de la institución “deben servir para estimular” y que se consiga “mucho más”. Ha apuntado que, desde el Gobierno, no se conformarán con “semejantes devoluciones”.

Montoro ha defendido que, de no haberse ayudado a la banca, el sistema habría quebrado y arrastrado no sólo a los inversores, sino también a los depositantes, creándose “un auténtico caos”. No obstante, ha asegurado que se va a tratar de maximizar la recuperación del dinero público.

“Todos mis respetos a esas previsiones, pero no son más que otras cualesquiera y estoy seguro de que vamos a tratar de superarlas como estamos siendo capaces de superar las previsiones de crecimiento económico y de creación de empleo en toda España”, ha concluido.

El Banco de España cifró en 10.402 millones de euros el importe recuperable a finales de 2016 de las ayudas públicas comprometidas a la banca en diversas formas de capital desde 2009, lo que supone el 19,14% del total.

Según los datos actualizados del organismo que lidera Luis María
Linde, estas ayudas ascendieron a 54.353 millones de euros, aportados
por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

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El Banco de España da por perdidos 40.000 millones de las ayudas a las cajas | Mercados

Pasa el tiempo y la recuperación de las ayudas públicas que el Estado inyectó en el sistema financiero español, y más en concreto en las cajas de ahorros, durante la crisis financiera (desde 2009) se ha convertido en casi misión imposible.

El contribuyente solo recuperará una pequeña parte de lo que aportó a las cajas. El Banco de España cifra en 14.275 millones de euros el importe que puede retornar a las arcas públicas. Esta suma supone el 26,2% del total de ayudas concedidas desde 2009, y que ascendieron a 54.353 millones de euros, aportados por el FROB. Da por perdidos así más de 40.000 millones, cifra que coincide con la que avanzó en el Congreso en abril de 2015 el entonces subgobernador y presidente del FROB, Fernando Restoy.

Las previsiones de recuperación incluyen la futura venta de Bankia y BMN, entidades en las que el FROB controla alrededor del 65%y que están en proceso de fusión. De esta operación y posterior privatización se espera que se recuperen 9.798 millones (según el valor que les da el FROB), el 40% de las ayudas inyectadas en ambas entidades, y que ascendió a unos 24.000 millones. En la actualidad la capitalización de Bankia (su matriz BFA no cotiza) asciende a 12.700 millones de euros.

De momento, las ayudas recuperadas solo suman 3.873 millones de euros, 1.187 millones más que los contabilizados hace un año. De ellos, 977 millones fueron devueltos por CaixaBank en 2013 procedentes de las ayudas recibidas por Banca Cívica; 800 millones de una emisión de 2010 de cuotas participativas de Cajasur; 782 millones por la venta de su participación en Catalunya Caixa (CX); 783 millones por venta de la participación en NCG; 407 millones amortizados anticipadamente por Ibercaja Banco de una emisión de cocos realizada por Caja3, y 124 millones amortizados antes por Liberbank.

A ello habría que sumar ahora los 604 millones de cocos que acaba de devolver Unicaja inyectados en 2014 en su filial Ceiss. A estas ayudas hay que sumar también las facilitadas por el propio sector financiero concedidas a través del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito (FGDEC), que se elevan a 21.604 millones de euros, entre inyecciones de capital, deterioros por los esquemas de protección de activos (EPA), otras garantías concedidas en las subastas y aportaciones al FROB.

El fondo de garantía tuvo que adquirir las acciones no cotizadas de entidades controladas por el FROB como la gallega NCG y CX, que la gran mayoría de clientes de estas entidades habían recibido tras la conversión de las preferentes que habían suscrito en acciones (capital) para que tuvieran liquidez. En total, 1.803 millones de euros. El FGDEC ha vendido todas estas acciones y ha recibido por ellas 673 millones.

El Estado también concedió avales a los compradores de las cajas subastadas en EPA por 883 millones de euros.

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El reto demográfico para la banca | Compañías

Se ha escrito mucho sobre todos los retos a los que se enfrentan los bancos. Ha sido un debate recurrente desde el estallido de la crisis, pues muchos de los desafíos se centran precisamente en sus consecuencias. Como la compleja e interminable regulación y estricta supervisión desde las autoridades. Otros retos, como la elevada competencia y la digitalización del negocio financiero, suponen una nueva prueba de la resiliencia del sector. No cabe la menor duda de que los bancos superarán todos estos desafíos. Sin embargo, es cierto que hay otros factores de tipo estructural que merecen una reflexión. Y quizás uno de los más relevante es el factor demográfico.

La mayoría de países desarrollados se enfrentan a un doble riesgo en su población, de descenso a futuro y más envejecida. Este fenómeno tendrá grandes consecuencias para la sociedad y repercutirá, a su vez, en las finanzas públicas y en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Del mismo modo los bancos, como parte de la sociedad, también se pueden ver muy afectados.

El factor demográfico conlleva, por ejemplo, tipos de interés más bajos y un aplanamiento de la curva de tipos. Es cierto que la situación actual extrema es excepcional, pero la normalización del nivel de tipos y de la pendiente de la curva probablemente quedará muy lejos de los niveles que existían antes de la crisis.

El sector bancario es consciente y busca soluciones. Por eso mira a Japón, donde el problema demográfico es ya más una realidad que una amenaza. La pérdida de peso de los bancos sobre el conjunto del sector financiero japonés, los problemas que sufren las pequeñas entidades –centradas en negocios locales– y la caída de la ratio préstamos sobre depósitos, son consecuencias directas o indirectas del efecto demográfico. En el país del Sol Naciente, el sector bancario ha asumido más riesgos, en buena parte internacionales, y ha reducido costes al mismo tiempo que ha llevado a cabo su consolidación. Todo ello con buenos resultados a corto plazo, aunque sin resolver del todo las dudas sobre el futuro.

En Europa, la debilidad estructural de los ingresos bancarios también se contempla como un verdadero reto para superar en el futuro. Sin embargo, se sigue discutiendo sobre los modelos de negocio a corto plazo y sobre la elevada morosidad acumulada durante crisis. Pero ¿y el desafío que supone la demografía para el sector? El propio presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pasó de puntillas sobre el tema durante su conferencia en Jackson Hole: “sin la ayuda de la demografía, la única forma de aumentar el crecimiento económico potencial pasa por una mejora de la productividad”. El crecimiento es clave para el negocio de los bancos.

Los datos económicos más recientes muestran una mejora inesperada del crecimiento a nivel mundial. Y Europa es su mejor exponente, tal y como muestran los indicadores adelantados que apuntan a que la recuperación es más sólida de lo esperado.

Aun así, el propio BCE duda de su sostenibilidad a medio y largo plazo. La sociedad requiere de un crecimiento potencial mayor, un crecimiento inclusivo que se reparta de forma ecuánime. Los bancos europeos, sin duda, hacen su parte para lograrlo y apuestan por fomentar una mayor inclusión financiera. El riesgo es que un exceso de regulación o una regulación mal enfocada puede dificultar este objetivo implícito que tienen las entidades de crédito europeas.

Las autoridades económicas son las que deben tomar un mayor protagonismo para aumentar el crecimiento económico potencial, favoreciendo la inversión productiva, apostando por una mayor competencia productiva y también mejorando los mecanismos para resolver insolvencias.

Tampoco deben olvidarse de fomentar una mayor apertura comercial, basada en normas comunes, tal y como defendió el presidente del BCE en Jackson Hole. Todo ello acompañado de una mayor apertura financiera y bajo una regulación adecuada. Por eso es también importante que las autoridades ponderen el riesgo de un exceso de la regulación sobre los bancos y el resto del sistema financiero.

Superada la crisis, sus consecuencias aún nos acompañan. Los bancos ahora son más resistentes y han llevado a cabo cambios importantes en su gobierno, siempre bajo un enfoque de responsabilidad social. Todo esto se ha traducido en la importante aportación que están teniendo en la recuperación económica cíclica actual. Las autoridades deben mirar a más largo plazo y tratar de combatir los riesgos estructurales, como la elevada deuda pública y el envejecimiento de la población. La clave pasa por aumentar el crecimiento potencial, el verdadero objetivo para la sociedad.

José Luis Martínez Campuzano es portavoz de la Asociación Española de Banca.

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