El juicio contra la excúpula de Abengoa por sus millonarias indemnizaciones arranca este lunes | Compañías

La excúpula de Abengoa, con su expresidente Felipe Benjumea a la cabeza, será juzgada desde este lunes en la Audiencia Nacional en la causa que aborda las indemnizaciones millonarias que aprobaron pagarles meses antes de que la compañía solicitara el preconcurso de acreedores en 2015.

Se sientan en el banquillo, junto a Benjumea, el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, la expresidenta de la comisión de nombramientos y retribuciones Mercedes Gracia, y los exconsejeros, también presentes en la comisión, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, quien acabó presidiendo la firma unos meses.

Se les considera los máximos responsables de aprobar una indemnización de 11,484 millones de euros para Benjumea y de 4,484 millones para Sánchez Ortega en un momento en que la empresa atravesaba una crisis que amenazaba con llevársela por delante.

La Fiscalía les acusa de delitos de administración desleal y pide cinco años de prisión y 90.000 euros de multa para Benjumea, que presidió Abengoa de 1988 a 2015; cuatro años y tres meses de cárcel más una multa de 72.000 euros para el exconsejero delegado, y tres años y medio de privación de libertad, más 36.000 euros de multa, para los otros tres acusados.

El Ministerio Público solicita, además, una compensación a Abengoa por responsabilidad social de 4,484 millones de euros a Sánchez Ortega y de 11,484 millones, de forma conjunta y solidaria, a los otros cuatro procesados, que equivalen a las indemnizaciones cobradas por los dos máximos exresponsables de la empresa.

Las indemnizaciones

Los pagos se aprobaron como compensación al cese anticipado de Sánchez Ortega y Benjumea, que abandonaron sus cargos en abril y septiembre de 2015, respectivamente. Sin embargo, ambos quedaron vinculados a la compañía. Benjumea fue nombrado presidente no ejecutivo y firmó un contrato como asesor. El exconsejero delegado, a su vez, firmó un acuerdo de prestación de servicios.

El fiscal José Perales les acusa de “aparentar su marcha de la sociedad” para cobrar las compensaciones por su salida anticipada, recoge Europa Press, aunque ni siquiera cumplían las condiciones establecidas para ello.

Benjumea renunció al cargo “de forma voluntaria” en septiembre de 2015, lo que algunos acusados achacan a la exigencia inamovible de acreedores y bancos, como Santander, que se preparaban para inyectar cientos de millones en una ampliación de capital que debía reflotar Abengoa.

Tras su marcha de la presidencia, Abengoa comunicaba que Banco Santander, HSBC y Crédit Agricole se comprometían a acudir a la ampliación de capital pero que se veía obligada a suspender el reparto de dividendos a sus accionistas para contener el endeudamiento de la compañía. En noviembre de 2015, en todo caso, Abengoa solicitaba el preconcurso de acreedores ante los juzgados mercantiles de Sevilla, lo que llevó a parte de los bonistas de la compañía a demandar a la excúpula por haber abandonado el barco con las manos llenas.

Borrel y otros testigos clave

El juicio por el caso, que fue instruido por la juez Carmen Lamela, tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y está previsto que continúe hasta el próximo martes 24 de octubre.

Siete sesiones en las que pasarán por la sala otras importantes personalidades del mundo empresarial y político. Está previsto que intervengan durante el procedimiento el vicepresidente del Banco Santander y presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, el actual presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, y otros consejeros de la compañía.

Además, comparecerá en calidad de testigo el exlíder socialista y expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, que también formaba parte de la comisión de nombramientos que aprobó las indemnizaciones pero que asegura que, ausente de la reunión por estar pesentado su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, delegó el voto en Fornieles.

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El Gobierno crea 93 nuevos juzgados | Legal

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se crean un total de 93 nuevos juzgados con el fin de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y garantizar a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos.

Según informa el Ministerio en un comunicado, a estas nuevas plazas hay que sumar las 16 de magistrado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de marzo para hacer efectiva la segunda instancia penal, de manera que la creación total para el año 2017 asciende a un total de 109 unidades. Se logra así una respuesta de carácter estructural a las necesidades generadas por una mayor carga de trabajo en determinadas zonas del territorio nacional, así como mejorar el tiempo de respuesta y reducir el número de asuntos pendientes en cada juzgado.

En relación con la distribución concreta de los órganos judiciales de nueva creación, se establecen 46 juzgados de primera instancia, 21 de primera instancia e instrucción, cinco de lo penal, uno de lo contencioso-administrativo, siete de lo social, uno de vigilancia penitenciaria y seis juzgados de lo mercantil. Además, se dotan dos plazas de magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid para las secciones civiles 22ª y 24ª, especializadas en materia de familia.

La distribución por comunidades autónomas de las 93 plazas es la siguiente:

Juzgados

La transformación de los cuatro juzgados responde al objetivo de atender adecuadamente las necesidades específicas que plantea el volumen de carga de trabajo y ofrecer una mejor optimización de recursos materiales y personal. De esta manera, el Real Decreto transforma cuatro juzgados en una clase diferente:

juzgados

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La venta de casas aguanta la apatía de agosto y se encamina a las 470.000 anuales | Mi dinero

La actividad en el mercado inmobiliario resiste incluso el efecto agosto, un mes en el que tradicionalmente se suele frenar el ritmo de compraventas ante el cierre de numerosas empresas y las vacaciones de buena parte de la población. Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en agosto se vendieron un total de 41.282 viviendas, cifra que representa un incremento ya notable del 6,3% sobre el mes anterior, un 16% sobre idéntico periodo de 2016 y un 14% si se toma el periodo enero-agosto de este año sobre el mismo del ejercicio anterior.

Así, en los ocho primeros meses del año se han vendido un total de 315.795 casas, y en los últimos doce meses (septiembre 2016-agosto 2017) 444.055, lo que hace pensar al sector que a finales de este ejercicio se podrían alcanzar las 470.000 viviendas vendidas. Los más optimistas no descartan alcanzar la cota del medio millón que la mayoría de analistas deja para 2018. Lo cierto es que de llegar a esas 470.000, la mejora en un año sería de un nada despreciable 15,9%, ya que el año pasado se compraron 405.385 casas, el mejor registro desde 2010, último ejercicio en el que se rebasó la cota de las 400.000.

La mejora del mercado laboral y el flujo de crédito serán los dos principales factores que determinen si estos ritmos de ventas se mantienen, desaceleran o, por el contrario, se truncan, algo que los expertos ven poco probable. Lo normal es que en los territorios donde se concentre la actividad económica y se genere más empleo, las transacciones continúen manteniendo un buen ritmo de avance. En el resto de territorios la mejora será mucho más suave y paulatina.

Por tipologías pocos cambios, si bien la estadística comienza a reflejar cómo el aumento de las promociones de nueva construcción hace que poco a poco cada vez se vendan más viviendas a estrenar. Hay que recordar que las operaciones que contabiliza el INE son aquellas inscritas en los registros de la propiedad. En el caso de la vivienda nueva, si ésta se adquiere sobre plano, el comprador firma un contrato privado con el promotor que no se eleva a consideración de público hasta que se produce la entrega de llaves y se firma la operación ante notario, un proceso que puede prolongarse hasta 24 meses, según sea el momento en el que se cierra la venta.

En cualquier caso, del total de viviendas vendidas en agosto, el 82,1% correspondió a casas usadas y el 17,9% a pisos de nueva construcción. Aunque en el total sigue siendo poco su peso respecto al pasado (en pleno boom la proporción casi era del 50%), es destacable que el aumento de las compraventas de pisos nuevos se haya disparado un 21,3% respecto a agosto de 2016 y con ese mes son ya cuatro consecutivos en los que las operaciones de viviendas a estrenar registran incrementos superiores al 10%.

Por territorios, las comunidades autónomas donde se contabilizaron los mayores incrementos anuales fueron Castilla-La Mancha, con un 37,9%, seguida de la Comunidad Valenciana, con el 32,5% y Galicia, con el 23%. Madrid se situó en el quinto lugar con un crecimiento del 18,3% que tiene más relevancia si cabe, puesto que esta región suele liderar todos los meses el ranking de mayor actividad. Por contra, en otras regiones esos porcentajes tan elevados suelen responder a que parten de cifras muy bajas, lo que explica el fuerte repunte en términos relativos.

Pese a esta mejoría generalizada, en agosto también hubo territorios como Navarra o el País Vasco donde las transacciones inmobiliarias apenas aumentaron un 1,9% y un 4% anual, respectivamente.

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El juez investigará las tripas de Banco Popular y toda su actividad del último lustro | Compañías

La Audiencia Nacional ha echado a andar esta semana la investigación sobre las posibles responsabilidades penales por la debacle de Banco Popular en la que promete ser la mayor causa financiera desde la que se abrió una por la presunta estafa a inversores en la salida a Bolsa de Bankia, pendiente ahora de la apertura de juicio.

El juez responsable de la instrucción, de hecho, vuelve a ser Fernando Andreu que promete llevar a cabo una minuciosa tanda de pesquisas que recuerdan a las realizadas durante los últimos cinco años en el caso de la mayor entidad financiera nacionalizada.

En esta ocasión, las primeras diligencias previstas por el juez incluyen revisar las tripas de Banco Popular desde 2012, volver a contar con peritos del Banco de España para aclarar la veracidad de los datos contables ofrecidos o revisar desde la remuneración de directivos y consejeros al método bajo el que se contrató al último presidente, Emilio Saracho.

Así consta en los autos de admisión a trámite de las cuatro primeras querellas aceptadas por el juez. Las diligencias previstas por el magistrado no se pondrán en marcha, en todo caso, hasta que haya terminado de estudiar el resto de la treintena de denuncias que se han registrado por esta causa en la Audiencia Nacional, y decidido si también las acepta o las desestima.

A partir de ahí, Andreu contempla ya la puesta en marcha de casi cuatro decenas de actuaciones que implican requerimientos al propio Banco Popular (que acabó siendo adjudicado a Banco Santander por un euro simbólico el pasado 7 de junio), a su auditora, PwC, al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB).

A este último le solicitará la entrega del informe secreto elaborado por Deloitte en el que las autoridades europeas basaron su decisión de resolver Popular. Un documento clave para los accionistas que reclaman una compensación, pues establecía una horquilla de valor del banco de entre 1.500 millones en positivo y 8.000 en negativo, pero que la Junta de Resolución Única europea se viene negando a publicar.

Destaca también la solicitud del magistrado al Banco de España para que aporte dos inspectores que ejerzan como peritos judiciales y evalúen si es veraz la información con la que Banco Popular captó 2.505 millones de euros en la ampliación de capital de junio de 2016. También se les pedirá que revisen las cuentas del banco de los dos últimos años, incluyendo los errores contables que la entidad admitió en abril haber cometido.

Andreu ya solicitó una pericial similar en el caso Bankia, en el dictamen de los inspectores Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras de que la entidad saltó al parqué usando información falsa ha sido un pilar de la causa. El juez también revisará todas las actas de inspección del supervisor financiero sobre Popular desde 2012 a la actualidad, aunque ha descartado la petición de uno de los querellantes de solicitar toda la correspondencia entre el Banco de España y la entidad.

Más allá, el Andreu admite la petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, de pedir al cazatalentos Spencer Stuart que aclare el proceso de contratación de Saracho como presidente y si este fue encargado por la consejera independiente Reyes Calderón en medio del pulso por sacar de la silla de mando al histórico Ángel Ron.

También avala que Aemec encargue un informe a un experto en medios de comunicación sobre el posible peso de las filtraciones a medios en las caídas de la acción de los últimos meses, cuando se elevaron con fuerza las apuestas bajistas. Después de todo, el magistrado prevé articular el caso en dos piezas separadas, una sobre el posible engaño a inversores en la ampliación de capital, y otra sobre el presunto uso de información privilegiada que favoreciese las inversiones en corto.

En todo caso, el juez también estudiará las retribuciones de directivos y consejeros, los créditos que ellos y sus familias recibieron, la venta de participadas de Popular, o el famoso Plan Sunrise con el que Ron trató de evitar que el ladrillo lastrara la entidad.

Está previsto además que comparezcan en la Audiencia Nacional las 34 personas, o entidades, querellados (son 35 pero uno falleció) y que, en una fase posterior, testifiquen también representantes de Banco Santander (que absorbió Popular); BBVA, que barajó hacerse con al entidad antes de su debacle; o los bancos de inversión Goldman Sachs o JP Morgan

Las otras vías judiciales en marcha

– Demandas civiles: En paralelo a las querellas presentadas ante la Audiencia Nacional por las posibles responsabilidades penales de los gestores de Banco Popular en su quiebra, que supuso la pérdida del dinero para todos sus accionistas e inversores, han comenzado a plantearse también demandas civiles por parte de afectados que buscan recuperar su dinero. Aunque ante la confluencia de acciones civiles y penales tradicionalmente se suele dar prioridad a estas últimas, dejando suspendidas las primeras, el precedente del caso Bankia abre la puerta a que las reclamaciones de afectados se resuelvan antes. En ese caso, el Tribunal Supremo anuló en enero de 2016 la venta de acciones de Bankia entre particulares por la falta de veracidad de la información facilitada pese a que el juicio penal está todavía por celebrar.
– El contencioso: En paralelo, muchos de los accionistas de referencia de Banco Popular, entre los que se incluyen algunos de los que serán investigados ahora en la instrucción por la causa penal que abre la Audiencia Nacional, han decidido reclamar por la vía contencioso administrativa tratando de impugnar la decisión de las autoridades europeas de resolver Banco Popular. Las acciones legales se han presentado tanto contra la Junta Única de Resolución (JUR) como contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la intervención de la entidad y su adjudicación a Banco Santander por un euro simbólico.

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La Audiencia Nacional confirma que juzgará a Barcoj y seis exdirectivos | Compañías

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú Pons, el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj y otros cinco antiguos directivos de la entidad, entre ellos el exconsejero Arturo Fernández, presentados contra el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu el pasado mes de mayo por la salida a Bolsa, por lo que todos tendrán que sentarse en el banquillo.

En el caso de Sánchez Barcoj, la Sala recuerda que las cuentas relativas al ejercicio 2010 aprobadas en el consejo de administración de marzo del siguiente año fueron presentadas por el propio procesado, quien como director financiero era “responsable de su elaboración”. Además, indica que existió un cobro de ‘bonus’ “gracias al mantenimiento de la falacia contable de no contabilizar las pérdidas por deterioro y cargarlas contra la cuenta de reservas”.

En relación al argumento que empleó el exdirectivo de que no llegó a ser empleado de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), sino que pasó directamente de Caja Madrid a Bankia, la Sala le recuerda que en diciembre de 2010 fue nombrado director financiero de BFA. “El hecho de que el recurrente presentase ante el consejo de administración las cuentas anuales, unido a su real nombramiento como director financiero, es indicio racional y bastante que permite inferir su directa responsabilidad”, resalta.

Sobre el exvicepresidente Verdú Pons –una de las cuatro personas que no hizo uso de su ‘tarjeta black’ en Caja Madrid y, por lo tanto, no fue juzgado en ese caso–, el tribunal desestima igualmente su recurso porque el procesado ha reconocido que fue consejero delegado cuando el consejo de administración de Bankia aprobó la información económica y financiera del folleto descriptivo de las condiciones de salida a bolsa.

Según la Sala, está “acreditado documentalmente” que en una reunión inmediatamente anterior a esa se puso de relieve que las cuentas de Bankia no cumplían “la normativa nacional e internacional” y no reflejaban “la imagen fiel de la entidad”.

El tribunal también desestima el recurso presentado por la defensa del empresario Arturo Fernández al entender que las diligencias adoptadas durante la instrucción ponen de manifiesto que éste formaba parte del consejo de administración de Bankia en junio de 2011, cuando se adoptaron los acuerdos para poner en marcha la salida a Bolsa.

Una maniobra que contuvo “una serie de irregularidades y errores sobre activos que no se ajustaban a la normativa del Banco de España”, según responde la Sala, que recuerda que el hecho de que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, sólo dirija su actuación contra cuatro procesados (Rodrigo Rato, Francisco Verdú Pons, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella) “nada implica”, puesto que hay más acusaciones en el procedimiento.

En otros cuatro autos diferentes, la Sala de lo Penal rechaza igualmente los recursos presentados por los exconsejeros de Bankia Araceli Mora, Mercedes Rojo, Francisco Juan Ros y José Rafael García-Fuster.

Esta decisión del tribunal se une a las que ya tomó rechazando también los recursos de otros exdirectivos de la entidad, como el expresidente Rodrigo Rato y los exconsejeros Ángel Acebes, Javier López Madrid y Agustín González, entre otros.

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Anticorrupción: “Popular dio información no real sobre sus cuentas cuando amplió capital” | Compañías

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al frente de la investigación abierta por la quiebra del Banco Popular, que divida la causa en dos piezas separadas; una relativa a la ampliación de capital que solicitó el banco por importe
de 2.505 millones de euros y otra por la presunta manipulación del mercado con información falsa antes de que la entidad fuera vendida por un euro al Banco Santander.

En el escrito en el que pide que se admita a trámite una treintena de querellas interpuestas contra los expresidentes del banco Angel Ron y Emilio Saracho y contra el auditor PwC, el fiscal apunta que los hechos son constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores. Alega que para captar el capital, el banco proporcionó a través de los folletos de inversión, una información de sus estados contables y financieros que “no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad”.

Advierte de que la maniobra relativa al ejercicio de 2016 supuso una “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil” no solo por la cantidad solicitada por la entidad sino por el “descrédito y la desconfianza” que generó en el sistema financiero y por los miles de accionistas “potencialmente perjudicados”.

El fiscal denuncia que el banco puso en marcha una campaña de desprestigio a través de la publicación de noticias que contenían datos o información falsa, par hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios.

Por estos hechos Anticorrupción no se opone a la personación en la causa como acusación particular de un total de 26 perjudicados que dirigen su denuncia contra el que fuera presidente del popular entre los años 2004 y 2017, Ángel Ron, su sucesor en el cargo Emilio Saracho, así como
la cúpula del consejo de administración, por incurrir presuntamente en un delito de administración desleal.

No obstante el fiscal entiende que no hay base sólida para pedir que se actúe contra el Ministerio de Economía, la cúpula del Banco de España como su gobernador Luis María Linde, contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella o
el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

En paralelo hoy mismo la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros (Adicae) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra los expresidentes del Banco Popular Angel Ron y Emilio Saracho, así como contra sus respectivos consejos de administración, por estafa a los inversores, falsedad de cuentas y administración desleal que llevó a la quiebra de la entidad.

Según ha explicado a los medios de comunicación el presidente de Adicae, Manuel Pardos, la querella “abarca a todos los consumidores que puedan estar dañados por la quiebra de Popular”. “Adicae quiere defender a los pequeños accionistas ahorradores, no defiende a los grandes magnates inversores”, ha explicado.

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Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la quiebra de Popular | Compañías

La investigación judicial por la quiebra de Banco Popular va tomando forma. La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho, y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad, según confirman fuentes oficiales.

La Fiscalía es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, si bien Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores nacionales, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni al Banco Central Europeo (BCE) o al Banco Popular Portugués.

En este sentido, resulta relevante que la Audiencia Nacional acabe de decidir dejar fuera del banquillo al Banco de España y a la CNMV en la investigación del caso Bankia. Un caso que también instruyó el juez Fernando Andreu, quien deberá decidir ahora si sigue la recomendación de la Fiscalía y abre una investigación judicial sobre el fin de esta entidad solo unos meses después de haberse encargado de la salida a Bolsa de Bankia.

Aunque la Fiscalía no lo ha matizado, la salvedad que Anticorrupción hace con los supervisores no parece extenderse sobre la auditora Pwc, y el socio que firmó las cuentas, Francisco Barrios, incluidos en algunas de las querellas presentadas.

Hasta la fecha se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido por las autoridades europeas el pasado 7 junio ante la falta de liquidez sufrida por la fuga de depositantes e inmediatamente vendido al Santander al precio simbólico de un euro.

La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Unica de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa. Es decir, supuso la pérdida del dinero para los cerca de 300.000 accionistas y para los bonistas de la entidad.

Algunas de las primeras querellas y denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional fueron interpuestas por la asociación de consumidores OCU, el bufete Cremades & Calvo Sotelo o el despacho Durán & Durán. Sus escritos difieren a la hora de señalar como responsables a Ron, a Saracho o a ambos. El aluvión de acciones legales que provocó la caída de Popular ha involucrado ya a una quincena de importantes bufetes.

Otros frentes de la batalla judicial

Más allá de la depuración de posibles responsabilidades penales, la batalla judicial de Popular se ha extendido a otros frentes. Tras los recursos administrativos interepuestos contra las autoridades europeas y el FROB, recientemente fue presentada la primera demanda civil que busca resarcimiento para los afectados. 

Esta misma semana, varios de los principales accionistas de la entidad, entre los que se encuentran el grupo chileno Luksic o los inversores institucionales representados por el bufete B. Cremades & Asociados, han presentado también recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las decisiones tomadas por la Junta Única de Resolución y la Comisión Europea.

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Hipotecas: El Supremo pospone a octubre su fallo sobre multidivisa a la luz del dictamen europeo | Mi dinero

El Tribunal Supremo tenía previsto pronunciarse el pasado miércoles sobre las hipotecas multidivisa en un fallo del que están pendientes unas decenas de miles de familias y que podría obligar a la banca a recalcular en euros estos créditos desde su origen, lo que supondría un importante coste para el sector en devoluciones para compensar la fluctuación de las divisas.

Esa misma mañana, sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un dictamen sobre este tipo de créditos estableciendo los criterios por los que deben de ser considerados nulos, por abusivos. Esto es, en aquellos casos en que la redacción de la cláusula no sea clara o en los que la entidad no informara debidamente al cliente de los riesgos.

Ante esta nueva doctrina, a la que el Tribunal Supremo está sujeto, el Alto Tribunal español ha decido aplazar su decisión hasta el mes de octubre para estudiar la posible incidencia en la causa que aborda.

En concreto, según fuentes conocedoras del caso, el Supremo ha remitido a las partes una providencia, fechada el miércoles y entregada el jueves, concediéndoles un periodo de 10 días hábiles para presentar alegaciones sobre las potenciales implicaciones del fallo de la Corte de Luxemburgo en esta causa.

Se trata de una demanda interpuesta por un cliente contra Barclays (hoy absorbido por CaixaBank) por un préstamo multidivisa en yenes que fue firmado en 2008. La operación subrogaba una hipoteca anterior firmada con Caja Madrid para unificar gastos bajo el nuevo crédito.

La disputa fue resuelta inicialmente a favor de la demandante por el Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid, si bien la Audiencia Provincial Civil admitió luego el recurso presentado por la entidad y anuló la sentencia inicial. El Supremo debe resolver ahora definitivamente.

Alegaciones del demandante

Patricia Gabeiras, abogada responsable de la demanda, avanza que presentará alegaciones porque el dictamen europeo beneficia claramente a su cliente. La Audiencia Provincial falló a favor del banco alegando que la hipoteca multidivisa no era un producto complejo que exigiese información adicional, explica Gabeiras, pero el Tribunal de Justicia de la UE ha advertido ahora que los casos los contratos en que no se detallaran los riesgos deben ser considerados nulos.

Es probable que la coincidencia entre la dictamen europeo y la fecha que el Supremo fijó para votar sobre el caso español no fuera coincidencia. La letrada del bufete Gaberias & Asociados advirtió a los magistrados de que estaba pendiente esta resolución y el Alto Tribunal viene guardándose de no ser desdicho por la Corte de Luxemburgo después de que este así lo hiciera en su fallo sobre cláusulas suelo del pasado diciembre.

Desde entonces, el Supremo ha elevado varias consultas prejudiciales al TJUE sobre algunas de las cláusulas hipotecarias más controvertidas, como las de vencimiento anticipado o intereses de demora, a fin de ceñirse al criterio europeo en sus dictámenes.

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¿Por qué se ha denegado el ‘habeas corpus’ a los detenidos por el referéndum de Cataluña? | Legal

Uno de los muchos términos jurídicos que nos está enseñando el desafío independentista es el de ‘habeas corpus’, un recurso que fue invocado por buena parte de los detenidos en el marco de la operación policial seguida por organizar el referéndum de Cataluña. Se trata de una figura muy conocida y empleada por la mayoría de los delincuentes en el momento de su detención, porque es una manera de que el juez les escuche rápidamente y pueda resolver su situación en menos tiempo.

El ‘habeas corpus’ consiste en un procedimiento especial, recogido en la Constitución (artículo 17) y regulado en la Ley Orgánica 6/1984, dirigido a la inmediata comparecencia ante el juez de una persona detenida para que escuche sus alegaciones y decida si la detención es legal o ilegal. Es rápido, porque finaliza en veinticuatro horas; sencillo, por ser accesible a todos los ciudadanos; general, de modo que se puede solicitar por un amplio elenco de personas, y universal, porque permite ver tanto las detenciones ilegales como las que, siendo inicialmente legales, se prolongan o se llevan a cabo en condiciones no amparadas por la ley.

¿Y por qué lo puede rechazar un juez?

Para decidir un ‘habeas corpus’, el juez debe valorar, en primer lugar, si concurren los supuestos legales y las formalidades y requisitos exigidos por el artículo 17 de la Constitución y por la norma procesal penal (artículos 489 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En segundo lugar, debe determinar si las personas están lícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar, es decir, si se cumplen los requisitos legales para internar a una persona. Además, se tiene que constatar si aún no ha transcurrido el plazo máximo legal de 72 horas para que el detenido sea puesto a disposición judicial. Y, por último, si se han respetado los derechos comprendidos en los artículos 17 y 24 de la Constitución y de las leyes procesales (artículos 520 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Si estos requisitos se cumplen, la detención es legal y el ‘habeas corpus’ se desestima. Así lo han entendido los jueces de Barcelona y Martorell, que han rechazado todos los presentados por los detenidos por la convocatoria de referéndum en Cataluña. Es importante saber, además, que contra esta decisión judicial no cabe recurso.

¿Cómo se tramita?

El ‘habeas corpus’ se solicita ante el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona detenida. Si no consta, el del lugar en que se produzca la detención y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.

Pueden pedirlo el fiscal, el defensor del pueblo, el detenido, su cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes, hermanos y, en caso de menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. También puede iniciarlo de oficio el propio juez.

No se habilita por lo tanto al abogado del detenido, por lo que éste tendrá que convencer a su representado o familiares, de la necesidad de la interposición del ‘habeas corpus’ para poder hacerlo.

Puede solicitarse por escrito o por comparecencia y el agente de la autoridad o funcionario debe poner en conocimiento del juez esta solicitud, que la traslada al fiscal, y si cumple los requisitos admitirá a trámite el proceso y ordenará la inmediata comparecencia ante él del detenido o, si no, irá el al lugar donde se encuentre. El juez escuchará al detenido -representado por su abogado, si lo ha nombrado, aunque, como ya se ha apuntado, no es obligatorio-, al fiscal y al funcionario que procedió a la detención. Valorará las pruebas que se aporten y resolverá en el plazo de 24 horas.

Si el juez considera que la detención es legal, se deniega el ‘habeas corpus’ y la persona continúa en prisión. Además, si ha habido temeridad o mala fe por parte del detenido este deberá hacerse cargo del coste de este proceso.

Si el juez entiende que la detención es ilegal acuerda la inmediata puesta en libertad del detenido y si entiende que ha transcurrido el plazo legal máximo de detención acuerda su inmediata puesta a disposición judicial. Puede también decidir que continúe detenido pero en otro centro o bajo la custodia de personas distintas.

Por último, hay que tener en cuenta que, en caso de concederse el ‘habeas corpus’, se perseguirán también los delitos que hayan podido cometer las personas que hayan procedido a la detención declarada ilegal.

Para saber más sobre el concepto ‘habeas corpus’ consulta el concepto en las guías jurídicas de Wolters Kluwer.

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El chileno Luksic y nuevos fondos demandan a la UE por Popular | Compañías

La batalla judicial en torno al colapso de Banco Popularsigue fraguándose. Nuevos accionistas clave de la entidad fallida, que incluyen a fondos de inversión representados por el despacho B. Cremades & Asociados, o el grupo Aeris Invest, propiedad de la familia chilena Luksic, acaban de anunciar que han emprendido acciones legales ante la justicia europea contra las autoridades comunitarias.

En concreto, el grupo Aeris ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El grupo chileno poseía un 3,45% de las acciones de Banco Popular, lo que le convertía en el mayor accionista individual aunque por debajo de la sindicatura de accionistas. Los Luksic perdieron toda su inversión cuando la entidad fue intervenida y vendida a Banco Santander por un euro simbólico el pasado 7 de junio.

Ya el pasado 21 de junio, el grupo del magnate chileno presentó un recurso contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) que fue quien ejecutó el mandato de las autoridades europeas y adjudicó la entidad al mejor, y en este caso único, postor.

En su reclamación contra las decisiones de las autoridades europeas, Luksic asevera que la decisión infringe numerosos principios y normales legales. Aeris critica que no se hayan hechos públicos todos los motivos de la Junta Única de Resolución (JUR) o que la crisis de la entidad fuera causada por las declaraciones de su responsable de que Popular estaba bajo vigilancia.

También considera que no se analizaran alternativas menos lesivas para los intereses de los accionistas a los que dejó sin propiedad acordando la resolución y venta a Santander sin una valoración adecuada o buscando maximizar el precio de venta.

El grupo considera además que el uso del Mecanismo Único de Resolución (MUR) imponiendo a los accionistas las primeras pérdidas sin tomar en cuenta medidas menos restrictivas sobre su inversión supone una lesión del derecho de propiedad de manera “desproporcinada”.

El recurso de Cremades

En paralelo, el despacho B. Cremades & Asociados, en representación de otros grandes clientes, ha presentado un segundo recurso ante el TJUE contra la CE y la JUR, a la que también acusan violar sus deberes de confidencialidad sobre la entidad.

Desde el bufete consideran que “los bonistas deberían recibir el 100% del nominal de su inversión y los accionistas una compensación de 2,57 euros” por título, aunque solicitan una indemnización mínima equivalente al precio de cotización de los instrumentos de capital de Popular a 22 de mayo de 2017 (cuando la acción cotizaba a 0,696 euros).

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