Ley de Autónomos: ¿qué se ha aprobado y qué se ha quedado fuera? | Autónomos

Finalmente el Senado ha aprobado la Ley de Autónomos. Tras la unanimidad en el Congreso, el Senado la ha ratificado. Después de los procesos de estudio y debate en ambas cámaras, la norma traerá mejoras en las condiciones de los trabajadores autónomos. Algunas de ellas entrarán en vigor el 1 de enero, mientras que el resto lo harán una vez se publiquen en el BOE. Según resumen desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), estos son los puntos principales:

  • Ampliación de la tarifa plana de 50 euros a un año para los nuevos autónomos o para los que no lo hayan sido en los últimos 2 años.
  • Ampliación de la bonificación de la tarifa plana a los 24 meses. Una vez finalice el primer año, se bonificará con un 50% otros seis meses y al 30% los siguientes seis meses.
  • Si un emprendedor desea volver a montar un negocio y han pasado tres años desde que disfrutó de la tarifa plana, podrá volver a beneficiarse de ella.
  • Los autónomos pueden darse de alta y de baja en el RETA hasta tres veces en el mismo año.
  • También podrán cambiar hasta cuatro veces su base de cotización en un año.
  • Desde enero, solo pagarán desde el día efectivo en el que se cause alta o baja en el RETA (no el mes completo).
  • Las madres que emprendan un negocio antes de los dos años desde que cesara su actividad por maternidad, adopción, acogimiento, etc., podrán beneficiarse de una tarifa plana de 50 euros. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Los autónomos podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación y seguir trabajando si tienen, al menos, un empleado al cargo. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • El exceso de cotización en caso de pluriactividad se devolverá sin que haya que solicitarlo. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • La cuota de los autónomos societarios se ajustará a los presupuestos generales del estado y lo que se negocie con las principales asociaciones de autónomos, y no subirá de forma automática con el salario mínimo interprofesional. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Los autónomos que trabajen desde su casa, podrán deducirse el 30% de los gastos de suministros, como agua, luz o telefonía.
  • También podrá deducirse hasta 26,67 euros diarios en el IRPF por gasto en comida, cuando sea en España. Esta cifra asciende a 48euros si se realiza en el extranjero.
  • Los recargos por retrasos en los pagos a la Seguridad Social se reducen del 20% al 10% en el primer mes, y después a la mitad.
  • Los autónomos al cuidado de menores o dependientes tendrán la exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Los padres y las madres autónomos de baja por maternidad, paternidad, adopción, etc., estarán exentos de pagar la cuota en el periodo de la baja.Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Se facilita la contratación de hijos discapacitados de los autónomos.
  • Aquellos trabajadores por cuenta propia que contraten de manera indefinida a de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, podrán bonificarse el 100% de las contingencias comunes durante un año, siempre y cuando el contrato dure, al menos, seis meses, y el autónomo no haya prescindido de trabajadores. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Se reconoce el accidente que se produzca en la ida o en la vuelta al lugar de trabajo del autónomo, siempre que no coincida con el propio domicilio. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Habrá mejoras para los emprendedores discapacitados. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Mejora en la formación de prevención de riesgos laborales de los autónomos. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.

¿Qué queda fuera o pendiente de estudio?

Sin embargo, existen otras propuestas que se han quedado en el tintero, según recuerdan desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Entre ellas, destacan:

  • lograr que las pensiones de los trabajadores autónomos se equiparen a la de los asalariados,a través de una reforma más completa de la cotización al RETA por parte de los autónomos.
  • en línea con lo anterior,  que la cotización al RETA por tramos sea sobre los ingresos netos del autónomo, calculados de forma real y en base a lo que de verdad viene ingresando un trabajador de este colectivo.
  • que exista un mínimo exento de cuota. Por ejemplo, aquel autónomo que tenga ingresos por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

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Referéndum Cataluña: ¿Qué puede hacer el empleado público local ante el 1-O? | Mercados

De manera semejante a la metafísica aristotélica, la potencia de aprobar el marco normativo por el que se habría de regir la conversión de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la forma de Estado de una república independiente del Estado español se ha materializado. La potencia ha evolucionado en acto. Y han sido principalmente dos, a saber: la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación de Cataluña, en conjunción con los Decretos 139/2017 y 140/2017, de convocatoria del referéndum y de normas complementarias para su realización, ambos publicados y con entrada en vigor el 7 de septiembre; y la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, con entrada en vigor el mismo día.

Todas las disposiciones legales anteriormente citadas han sido impugnadas por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional. El pleno de este ha ordenado la suspensión inmediata de la eficacia normativa de la ley de referéndum, y el “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.”

El Consejo de Estado, en su dictamen de 8 de septiembre de 2017, a propósito del recurso contra la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, por unanimidad declara la inconstitucionalidad, en bloque, de la citada ley, ya que “ la contravención, además de evidente y frontal, es absoluta y exhaustiva”.
Es evidente que para que pueda llevarse a cabo el referéndum, el Gobierno catalán necesita el apoyo de la Administración pública local. En este sentido, es necesario advertir de que, en cómputo global, de los 947 ayuntamientos que hay en Cataluña, 715 tienen alcaldes del PDeCat, Esquerra o la CUP, lo que significa que gran parte de la clase política de las entidades locales apoya el independentismo.

Frente a esta situación: ¿qué puede hacer el empleado publico de dichos ayuntamientos? ¿Cómo debe proceder ante órdenes dictadas en base a las normas legales citadas? ¿Puede abstenerse o debe actuar conforme a la instrucción dada? ¿Cuáles son sus derechos y deberes?

En primer lugar, con independencia de los regulado en el artículo 144 del Texto Refundido de Régimen Local, que solo menciona al funcionario público, nuestra legislación básica sobre función publica local, representada principalmente por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, viene a regular una serie de principios y de pautas de actuación que afectan a todos los empleados públicos locales, es decir, al personal funcionario, interino, laboral y eventual.

Estos principios (éticos y de actuación) se hallan regulados a partir del artículo 52 del mismo cuerpo legal y conforma lo que ha venido a llamarse código de conducta.

Pues bien, podemos resumir que todo empleado público local deberá respetar la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico; su actuación deberá estar orientada hacia la satisfacción de los intereses generales, procediendo con objetividad e imparcialidad sin que en ellas puedan interferir intereses personales, familiares, corporativos, clientelares o de cualquier otro tipo.

Teniendo en cuenta que las normas catalanas ya han sido suspendidas en cuanto a su eficacia, y han sido declaradas por órganos consultivos estatales como “expresamente inconstitucionales”, se puede afirmar sin temor a equivocarse que una orden política dada para llevar a cabo el referéndum es una orden “manifiestamente ilegal”.

Ante estas situaciones, y como regla de actuación específica, el artículo 53.4 de la norma citada anteriormente ordena que los empleados públicos locales “obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la normativa especifica local, así como la especial organización de nuestros ayuntamientos, ante órdenes o instrucciones políticas de esa naturaleza dirigidas a los empleados públicos locales se podrá proceder de la siguiente forma: a) poniendo en conocimiento, motivado y por escrito, al superior jerárquico las razones de no dar cumplimiento a la orden dada y de los deberes que ha de cumplir todo empleado público en el ejercicio de sus funciones; b) si se trata de secretarios o interventores, deberán informar por escrito a alcaldes o concejales de las ilegalidades manifiestas de las que adolece el expediente administrativo; incluso, se podrán abstener de tramitar el propio expediente o de realizar la retención de crédito correspondiente, si la actuación comportara un gasto; c) si la actuación constituye un hecho delictivo, estarían obligados a ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal tan pronto como tuvieran conocimiento de dicha actuación ilícita; d) cualquier presión, amenaza o coacción que recibieran constituiría un delito cualificado (leve, menos grave o grave) tipificado en el Código Penal, que podría dar lugar a las correspondientes responsabilidades penales de sus autores.

En este impasse constitucional y legal, el empleado público local no está solo, le acompaña en su hacer toda la fuerza y las garantías del Estado de derecho.

Marcos Peña Molina es jefe del servicio de asesoría jurídica del
Ayuntamiento de Camas, letrado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo Olavide

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Cuatro enmiendas que la Ley de Autónomos ha recibido en el Senado | Autónomos

La organización Upta se ha reunido con los portavoces del grupo socialista en el Senado en materia de empleo. El encuentro buscaba transmitir, a través de cuatro enmiendas, las mejoras que se pueden incluir en la futura ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo.

La primera de ellas recoge la solución a parte de problemática que tiene que ver con el trabajo autónomo económicamente dependiente, más conocido como TRADE. En concreto, se pretende mejorar la regulación y control de los acuerdos de interés profesional.

Por otra parte, desde Upta subrayan la necesidad de modificar el acceso de los autónomos a la jubilación parcial, entendiendo que esta sería “una de las mejores fórmulas para que muchos autónomos con 63 años cumplidos puedan acceder al plan de relevo generacional de sus negocios” y el mantenimiento de los mismos.

Además, se han postulado para que a los autónomos con menos de cinco trabajadores se les flexibilicen las condiciones para participar en los planes de formación dual. Y es que, desde su perspectiva, este modelo formativo “es sin duda una prioridad para que los pequeños negocios puedan mejorar sus rendimientos productivos”.

Por último, defienden que es necesario modificar el apartado b del artículo 11 de la Proposición de Ley, en concreto, en su redacción remitida por el Congreso de los Diputados. Al respecto, sostienen que la actual redacción aplica la deducción por gastos tales como, agua, gas o electricidad en el porcentaje resultante de aplicar el 30% de la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto de la superficie total de la misma.

“Con esta redacción únicamente podrán deducirse el 9% de los gatos afectos a la actividad, es decir, el 30% de los gastos sobre el porcentaje declarado como utilizado, que en la mayoría de los casos es del 30%”, lamentan.

Por el contrario, defienden que su propuesta “simplifica la actual y clarifica el porcentaje deducible simplemente poniendo una limitación del 30% del total de la superficie de la vivienda”. “Por lo tanto, se debería poder deducir el porcentaje exacto de los gastos sobre los metros cuadrados utilizados en la actividad”, concluyen.

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Estas son las leyes que se van a ‘cocer’ en el Parlamento este otoño | Mi dinero

Casi un centenar de leyes esperan a los diputados y senadores en sus escaños en septiembre cuando se reanude la actividad parlamentaria con un nuevo período de sesiones que promete ser intenso y que verá si el Gobierno es capaz de revalidar apoyos para sacar adelante los presupuestos generales de 2018.

La negociación de las cuentas públicas marcará una agenda que incluye también otros seis proyectos de ley, entre ellos el de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía y el de trasposición de la directiva comunitaria en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, ambos en plazo de presentación de enmiendas.

Junto a los textos legislativos remitidos por el Gobierno a las Cortes, aguardan 86 proposiciones de ley planteadas en su mayoría por los grupos parlamentarios, especialmente por el PSOE y Unidos Podemos, que son autores de más de una treintena. Del total de proposiciones de ley registradas, alrededor de veinte se encuentran aún en período de contestación por parte del Gobierno.

Esta fase en la que el Ejecutivo manifiesta su conformidad o no a la tramitación de leyes ha sido objeto durante el último período de sesiones de numerosas críticas de la oposición, que acusa al Gobierno en minoría de Mariano Rajoy de utilizar esta potestad constitucional para vetar sus iniciativas.

Sobre todo aquellas que buscan derogar las grandes leyes puestas en marcha por el PP en la anterior legislatura, como la Lomce o la reforma del Estatuto de los Trabajadores.

Entre las que se encuentran en período de contestación, están la ley de reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la memoria histórica y las de reforma de la leyes del estatuto orgánico del ministerio fiscal, de asistencia jurídica gratuita, del Código Penal Militar y de la Seguridad Social para la mejora de la prestación económica por hijo o menor a cargo.

También la de modificación de la Ley Orgánica del Código Penal para la despenalización del derecho a huelga, así como la relacionada con las imprudencias en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y la sanción del abandono del lugar del accidente.

Dos normas en la recta final

Solo dos de las 86 proposiciones de ley que se encuentran actualmente en trámite en las Cortes están ya en su recta final en el Senado: la de reformas urgentes del trabajo autónomo y la reguladora de los precursores de explosivos -sustancias que aun siendo legales pueden utilizarse para la fabricación casera e ilícita de explosivos-.

En el Congreso, la comisión de Justicia e Interior es la que tiene más carga de trabajo con iniciativas dirigidas a derogar o modificar distintos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada “ley mordaza” por sus detractores.

La de Sanidad y Servicios Sociales debatirá sobre los derechos y garantías de la dignidad de las personas ante el proceso final de su vida y sobre la reforma de la ley de defensa de los consumidores, mientras que la de Educación y Deporte estudiará la suspensión del calendario de implantación de la ley educativa y la reforma de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

El resto de comisiones tienen menos asuntos en cartera y, es que, los grupos de la oposición han decidido, de acuerdo con el cupo del que disponen, que cerca de cuarenta de sus iniciativas legislativas se debatan en Pleno.

Entre ellas, figuran las cuatro que más tiempo llevan en espera -desde septiembre de 2016- y que buscan modificar el Tribunal del Jurado, reformar la ley de lucha contra la morosidad, derogar la licencia federativa única para las actividades deportivas y eliminar el sistema del voto rogado.

La actividad legislativa de los próximos meses se completará con la tramitación de varias iniciativas procedentes de las comunidades autónomas, como la modificación del régimen especial de Baleares, la reforma del régimen general de la Seguridad Social planteada por Navarra o la ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto propuesta por el País Vasco.

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Rajoy reta a la oposición a presentar otra moción de censura | España

Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.

Mariano Rajoy se ha escudado en los retos urgentes que a su juicio afronta España para no dar detalles ni explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PP en el pleno extraordinario del Congreso sobre el caso Gürtel. Convocado por la oposición para dar cuenta de sus responsabilidades políticas en esa trama, el presidente ha pedido unidad política para combatir el terrorismo yihadista, superar el reto de los independentistas catalanes y consolidar la recuperación económica. “Contra la corrupción son más efectivas las reformas que los reproches”, ha dicho Rajoy, que hace un mes declaró en la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel y que este lunes se ha dicho sometido a “un juicio político” por el “celo inquisitorial” de la oposición, a la que ha retado a presentar otra moción de censura (ya superó la planteada por Unidos Podemos en junio).

“Los sistemas constitucionales modernos han establecido un instrumento para exigir la responsabilidad política del Gobierno: la moción de censura”, ha argumentado Rajoy, que también ha repasado las medidas de lucha contra la corrupción que ha aprobado su Ejecutivo. “Así se exige hoy en España la responsabilidad política”, ha retado a la oposición el presidente, que ya comprobó en junio que los partidos de izquierda no suman los apoyos suficientes como para desbancarle del poder. “Dicho de otra forma, la crítica al Gobierno por un hecho o una política concreta no determina la exigencia de una responsabilidad política. Para ello es preciso que la Cámara, por mayoría, retire la confianza al Gobierno y nombre a otro presidente. Es decir, que apruebe una moción de censura, tal y como exige nuestra Constitución”, ha rematado ante un silencioso Hemiciclo, en el que no ha estado presente Pedro Sánchez, líder del PSOE, impulsor de la comparecencia de este lunes y sin acta de diputado.

Los socialistas han centrado la atención del presidente del PP en sus dos intervenciones. De hecho, Rajoy ha protagonizado una dura réplica a Margarita Robles, la portavoz del PSOE, que se había descrito “sonrojada” por las explicaciones del líder del PP en el discurso con el que ha comenzado la sesión.

“¿Un dirigente político puede acudir a los tribunales cuando se le cita como testigo o debe dimitir?”, se ha preguntado Rajoy tras recordar que Robles también declaró como testigo en el caso Lasa y Zabala. “¿Cuando liquidamos la presunción de inocencia?”, ha continuado. “Me parece muy poco serio. Le pido un poco de pudor, porque si no será muy difícil que me la pueda tomar en serio”, le ha dicho a Robles. “Ser testigo en un procedimiento judicial no es un deshonor para nadie”, ha añadido sobre su paso por la Audiencia Nacional.

Rajoy también ha deslizado una referencia a sus dudas sobre la financiación de Podemos (“si hay algún partido político que se ha financiado con el dinero de Venezuela e Irán, a mi me importa”); ha recordado que ha dado explicaciones en el Congreso sobre los casos de corrupción de su partido en 52 ocasiones; ha subrayado que ya existen dos comisiones que se ocupan de este asunto; y ha atribuido la convocatoria de este miércoles al “celo inquisitorial” de la oposición. Una referencia a las grietas que ha abierto el pleno extraordinario en la confianza que tenía el Ejecutivo en sus socios.

Así, la comparecencia del líder del PP ha roto la alianza tácita que había tejido el Gobierno con Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias para aprobar los Presupuestos. Ninguno de estos partidos se opuso a que el presidente diera explicaciones sobre su responsabilidad política en el caso Gürtel. Solo Ciudadanos discutió el formato (prefería que la comparecencia hubiera sido en una comisión de investigación). Y todos se unieron en la misma estrategia: desgastar a Rajoy asediándole con los casos de corrupción que afectan a su partido. En consecuencia, este lunes la mayoría de partidos han pedido su dimisión.

Críticas de la oposición y Ley de limitación de mandatos

“Es usted un presidente bajo sospecha. Hoy tampoco nos ha aclarado usted nada. Mi grupo quiere conocer la verdad”, le ha espetado al líder del PP Margarita Robles, la portavoz del PSOE. “Su declaración en la Audiencia Nacional me produjo sonrojo por sus evasivas. No trató de aclarar los hechos objeto de enjuiciamiento”, ha continuado. “No haga como otros presidentes que en los tiempos de Banca Catalana se envolvieron en las banderas para tapar la corrupción”, ha seguido. “Está atrincherado en La Moncloa”.

“A usted de la corrupción no le gusta hablar, pero la corrupción no se puede esconder”, ha dicho Pablo Iglesias, el líder de Unidos Podemos, que le ha planteado seis preguntas sobre la corrupción a Rajoy. “Solo un incompetente podía no saber lo que pasaba en su partido”, ha añadido.

“La corrupción le ha afectado al PP, a CDC, al PSOE, 30 años de bipartidismo han dado para mucha corrupción y hay que investigarla”, ha opinado Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que el lunes presentará la Ley de limitación de mandatos presidenciales, incluida en su acuerdo de investidura del PP, que no la ha impulsado. “Hoy hemos tenido un mitin. El señor Rajoy no ha pronunciado la palabra Gürtel. En este formato no tiene la obligación de decir la verdad. Si a lo mejor no ha dicho la verdad en los tribunales, ¿la va a decir aquí?”, se ha preguntado. “El formato es la comisión de investigación que ustedes intentaron impedir. No lo lograron porque aunque no tiene palabra [la comisión está incluida en el pacto de PP y Ciudadanos] no tiene tampoco escaños para impedirlo”. Y ha añadido: “Usted ha dicho que contra la corrupción son más efectivas las reformas que los reproches, pero para hacer reformas hacen falta legitimidad y ganas. Usted no tiene”.

Por su parte, Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha afirmado que “más que para poner a prueba al Gobierno lo que se quería poner a prueba” con esta solicitud de comparecencia es “al Partido Socialista y a su recién elegido Secretario General por parte de Podemos”.

“Dimitir es una responsabilidad moral”, le ha continuado Joan Tardá, portavoz de ERC, que también se ha referido a la hoja de ruta independentista. “Nosotros optamos por la valentía de votar el 1 de octubre. Usted, por la fuerza, bruta y corrupta”.

“El objetivo es echar al PP de las instituciones, lo dijo el señor Iglesias”, ha acusado Rafael Hernando, el portavoz del partido que sostiene al Gobierno, que también ha hecho referencia al reto independentista y la amenaza terrorista para argumentar que un pleno sobre el caso Gürtel era inoportuno. “Eso no va a pasar”, ha seguido. “Señor Iglesias, usted no es libre, sobre usted manda quien le paga”, ha espetado. “Y señores del PSOE, ustedes ocupan el número uno del ránking en corrupción. Tienen un problema: su táctica para intentar ganar en los tribunales lo que no consiguen en las urnas no les está dando resultado”.

Gürtel. Púnica. Bárcenas. Taula. Brugal. Auditorio. Palma Arena. El nombre de las numerosas operaciones policiales en los que han estado implicados representantes del PP ha vuelto a resonar en el Congreso. En los días previos a la comparecencia del presidente, los portavoces de la oposición recordaron los casos de corrupción que afectan al partido que sostiene al Gobierno. Los homólogos del PP respondieron enunciando los que a su vez afectaron en su día al PSOE. Un fiel reflejo de la situación que viven hoy las Cortes españolas: mientras el Congreso investiga la presunta financiación ilegal de la formación de Rajoy en una comisión, el Senado hace lo mismo con las cuentas del resto de partidos a iniciativa del PP.

En ese contexto, la comparecencia del presidente en el Congreso ha aportado un factor distintivo. El pleno extraordinario por el caso Gürtel es el primer fruto de la colaboración parlamentaria que han iniciado el PSOE y Unidos Podemos tras la reelección de Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas, en mayo. Aunque los dos partidos de izquierdas seguirán necesitando el apoyo de otras fuerzas para sacar adelante sus iniciativas en contra del Gobierno, la comparecencia de Rajoy demuestra que pueden conseguirlo. Como dijo Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, en conversación con EL PAÍS: “Haber sacado adelante una iniciativa trascendente es una buena noticia, pero no es suficiente, porque para regenerar este país Mariano Rajoy debe abandonar La Moncloa. Eso se puede ir construyendo. Para avanzar en ese camino, este primer paso es positivo”.

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La nueva Asamblea Constituyente destituye a la fiscal general de Venezuela | Internacional

La fiscal general de Venezuela, Luisa Díaz.

La guillotina revolucionaria en la que el chavismo prometió convertir la recién estrenada Asamblea Constituyente se puso en funcionamiento ayer mismo. La primera víctima fue la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a la que el Gobierno considera una “traidora” y a la que hace semanas que lanza advertencias. La Asamblea asumió el mandato de destituirla y declaró el ministerio público, cuya sede fue rodeada por las fuerzas de seguridad, “en emergencia”.

Los diputados de la Constituyente nombraron al defensor del Pueblo, Tarek Williams Saab, sustituto provisional de una fiscal general que desde hace semanas se había convertido en blanco primordial del Gobierno de Nicolás Maduro.

Muy crítica con el Ejecutivo chavista en los últimos meses, la abogada, en el cargo desde 2007, aseguraba hablar en nombre de un chavismo “original” y destacaba en una corriente crítica que amenazaba con alimentarse con más deserciones de la línea oficial. Su destitución supone un aviso para desalentar a otros posibles disidentes. El propio presidente, así como el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtieron en diferentes intervenciones televisivas que ajustarían cuentas con Ortega Díaz. La sede de la Fiscalía General, en el centro de Caracas, amaneció ayer rodeada por tropas de la Guardia Nacional, lo que avanzaba que el Gobierno se aprestaba a pasar a la acción. Los efectivos militares arrestaron a los escoltas y personal de seguridad de la Fiscalía, e impidieron a la fiscal general la entrada en el edificio.

El viernes por la noche circularon ya por las redes sociales comentarios sobre un fallo eminente del Tribunal Supremo de Justicia, leal al chavismo, contra la fiscal general. Y así fue. Al iniciar su primera sesión oficial de trabajo, el secretario de la Asamblea Constituyente dio ayer lectura de la decisión del Supremo de abrir un procedimiento a Ortega Díaz para decidir si la sienta en el banquillo de los acusados, como pidió en mayo en una demanda el diputado chavista Pedro Carreño, por supuestas irregularidades de la fiscal en el desempeño del cargo.

Ruptura

Junto a la decisión de iniciar ese procedimiento, el Supremo acordó suspender a Ortega Díaz del cargo, así como prohibir su salida del país, la enajenación de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias. En el histórico salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde hasta ayer celebraba sus sesiones el Parlamento elegido en las urnas a finales de 2015 con mayoría opositora, Diosdado Cabello propuso a sus “camaradas” destituir sin más dilación a Ortega Díaz “para evitar un vacío” y, según sostuvo, “combatir la impunidad”.

La propuesta, a la que Cabello acompañó de una moción para declarar en emergencia a la Fiscalía y designar al sustituto, no tuvo que ser votada. Se aprobó por aclamación y entre los vítores de la Constituyente. En declaraciones posteriores a medios oficiales, Cabello se apresuró a recalcar que la decisión no es “un linchamiento personal o político”.

El desencuentro entre Ortega Díaz y la dirección chavista comenzó a fraguarse públicamente en marzo, cuando el Supremo despojó al Parlamento de sus funciones legislativas para traspasarlas al Ejecutivo y la fiscal afirmó que ello suponía “una ruptura del orden constitucional”. Fue también el pistoletazo de salida de la oleada de protestas callejeras que aún sacude al país y ha dejado más de un centenar de muertos. La jurista denunció que las fuerzas de seguridad estaban violando los derechos humanos en las manifestaciones, citó como imputados a responsables policiales, y finalmente incluso promovió la apertura de juicios a magistrados oficialistas del Supremo.

Ante el cese, el presidente de la Asamblea Nacional y dirigente del partido opositor Primero Justicia (PJ), Julio Borges, acudió a la sede de la Fiscalía en compañía de otros cuatro parlamentarios. “Hacemos un llamado a los venezolanos a mantener la determinación por la defensa de la democracia y la paz. La destitución de la fiscal es otro paso de fuerza bruta que cava la propia tumba del régimen”, afirmó. 

México y Colombia condenan la destitución de Ortega

México y Colombia han condenado este sábado la destitución de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, por decisión de la nueva Asamblea de Venezuela. Para el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se trata del “primer acto dictatorial” de la Asamblea Nacional Constituyente, instalada este viernes por el chavismo, a la que consideró “ilegítima”. En su mensaje, lanzado en la red social Twitter, reitera su solidaridad con el pueblo venezolano. 

Por su parte, el Gobierno mexicano y la Procuraduría General de la República (fiscalía) han mostrado su rechazo a la decisión a través de un comunicado conjunto en el que “deploran y condenan la destitución de la fiscal”, así como el “asedio del Gobierno” venezolano a las instalaciones del Ministerio Público por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. “El Gobierno de México hace un llamado al Gobierno de Venezuela para cese los actos de hostigamiento y uso de la fuerza pública contra las instituciones del Estado”, señala el escrito.

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Demandas históricas del autónomo que el Congreso todavía debe dirimir | Autónomos

El colectivo que componen los profesionales autónomos plantea desde hace años una serie de reivindicaciones históricas. Cuestiones relacionadas con el término habitualidad, el ser autónomo a tiempo parcial o cómo cotizan este tipo de trabajadores. Estas cuestiones no han sido definidas en la Ley de Autónomos que el Congreso ha remitido al Senado. Es decir, a corto plazo, no serán reguladas. Cuestión que ha sido criticada por diversos colectivos, que entienden que se ha perdido una gran oportunidad para abordarlas definitivamente. Sin embargo, sí existe un compromiso de estudio y valoración por parte del Congreso, según se recoge en varias disposiciones de ese mismo texto legal.

Cuestiones aún por dirimir

La primera de estas reclamaciones apela al concepto de habitualidad y su estudio a efectos de su inclusión en el RETA. En esta línea, la cámara alta señala que se procederá a la determinación de los diferentes elementos que condicionan el concepto de habitualidad, a efectos de la incorporación a dicho régimen. “En particular, se prestará especial atención a los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos íntegros no superen la cuantía del salario mínimo interprofesional, en cómputo anual”, destaca.

De igual modo, queda en stand by la situación de los trabajadores autónomos a tiempo parcial. Al respecto, se adelanta que se tendrán en cuenta los diferentes elementos que hacen posible la implantación de un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos. En concreto, las actividades y colectivos que así lo consideren, se beneficiarán de esta regulación, subraya el texto, “todo caso vinculada a periodos concretos de su vida laboral”.

Por último, también ha quedado fuera de la regulación la jubilación a tiempo parcial de los trabajadores autónomos. No obstante, según se constata, “se procederá a la determinación de los diferentes elementos que hagan posible el acceso a la jubilación parcial de los trabajadores del citado régimen”, incluida la posibilidad de contratar parcialmente o por tiempo completo a un nuevo trabajador.

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