Las reservas de turistas a Cataluña caen un 20% | Compañías

El proceso de independencia ya está pasando factura a la economía catalana. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha apuntado esta mañana que la actividad turística en la primera quincena de octubre, desde que se produjo el referéndum de independencia en Cataluña, ha caído un 15%, tal y como han confesado las empresas consultadas por este lobby turístico. Zoreda también ha añadido que en paralelo se ha producido un frenazo de las inversiones previstas para el cierre de este año.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur ha advertido que las consecuencias pueden ser aún más dramáticas para Cataluña, y especialmente para Barcelona como principal destino, “si se llegase a agravar la volatilidad y los altercados fueran manifiestos y constantes”. Esta organización calcula que en el primer escenario, las expectativas que manejan agencias de viaje, empresas de transporte o alojamiento reflejan una caída del 20% de las reservas hasta final de año, lo que equivaldría a un impacto negativo de 1.197 millones de euros en el cuarto trimestre. En el segundo escenario, con mayor incertidumbre, la merma se elevaría al 30%, lo que supondría un coste de 1.796 millones de euros.

Zoreda también ha alertado del impacto que tendría sobre el empleo turístico, “del que dependen 405.00 personas en Cataluña en el cuarto trimestre”, y el efecto arrastre que tendría sobre otros sectores.

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Los genéricos cumplen 20 años en España con un retroceso en las ventas | Compañías

¿Qué retos tienen los laboratorios españoles de genéricos?

El principal reto al que tenemos que responder los laboratorios de genéricos es la consolidación de este sector a largo plazo. La implantación de los medicamentos genéricos ha sido progresiva en nuestro país, pero lenta. Muy por debajo de las cifras de los países de nuestro entorno. De hecho, actualmente no superamos la cuota de mercado del 40% en unidades y el 20% en valores. Junto a esto, los cambios legislativos que han tenido lugar en estos años han dañado esta industria, convirtiéndola en un sector inestable y con pocos incentivos que animen a seguir invirtiendo. El futuro de los medicamentos genéricos pasa por conseguir el apoyo firme y decidido de la Administración Pública para que, al igual que en otros países, se impulse la industria de genéricos española. Sería necesario un marco legislativo estable a nivel nacional para poder invertir en nuevos desarrollos y planificar a medio y largo plazo. Desde Cinfa, seguiremos insistiendo en el hecho de que estos fármacos son el principal regulador de precios del mercado farmacéutico, lo que ha permitido al Sistema Nacional de Salud un ahorro de 20.000 millones de euros desde su aparición, y una garantía para que los ciudadanos tengan acceso equitativo a sus tratamientos, con la misma calidad, seguridad y eficacia.

¿Cómo ser rentables en un mercado que no crece y con márgenes muy pequeños?

En primer lugar, la fabricación de medicamentos es una actividad tremendamente regulada. Por ese motivo, la rentabilidad pasa por trabajar decididamente en mejorar continuamente la eficiencia de los procesos productivos y sus estrictos estándares de calidad, por contar con la implicación de los proveedores y la formación de nuestros profesionales. Y, en segundo lugar, apostar por la innovación y las inversiones, un ámbito que consideramos clave para seguir avanzando. En nuestro caso más de 28 millones de euros en I+D y 27 en activos fijos para este año 2017. Apostar por la innovación dentro de la fabricación de medicamentos genéricos significa ser ágiles y flexibles, implementar una logística óptima hasta la farmacia colaborando con la distribución farmacéutica y, sobre todo, continuar escuchando al paciente para diferenciarnos y ofrecer mejoras en la dispensación de los tratamientos, como es el caso, por ejemplo, de la innovación en blíster unidosis.

¿Cómo se podría aumentar en España la cuota de genéricos?

En primer lugar, aunque el mundo del medicamento genérico ya tiene 20 años de historia en nuestro país, debemos insistir en la formación a los ciudadanos y profesionales. Un aspecto clave es la diferenciación de precio entre los medicamentos genéricos y sus equivalentes de marca al menos durante los primeros meses después del vencimiento de las patentes, con objeto de que los genéricos recuperen sus índices de penetración y sean un estímulo para la sostenibilidad del sistema. Todos debemos ser conscientes de la riqueza que aporta la industria de medicamentos genéricos, ya que casi siete de cada diez genéricos utilizados son fabricados en España. Generamos muchos puestos de trabajo de calidad, además de la colaboración con industrias de nuestro entorno, centros de I+D y logísticos. Nuestro grupo Cinfa en estos momentos emplea a más de 1.800 personas.

¿Cinfa está o estará en el segmento de los biosimilares?

Nuestro grupo entró en el campo de la biotecnología ya en el año 2013, con la puesta en marcha de la biotecnológica Cinfa Biotech y la posterior participación mayoritaria en la empresa 3P. Desde entonces, hemos trabajado en el desarrollo de nuestro primer medicamento biosimilar, B12019, una versión de Neulasta (pegfilgrastim), indicado para reducir la incidencia de infecciones en pacientes con tratamientos de quimioterapia. Este biosimilar ya ha superado con éxito la fase clínica y, estos momentos, estamos a la espera de autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento. La decisión de entrar en el mundo de la biotecnología, a pesar de la complejidad en el desarrollo de estos fármacos y su elevado coste, responde a la necesidad de aportar al paciente la accesibilidad a estos medicamentos de futuro, así como de contribuir a garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

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Euskadi aspira a que la industria aporte el 25% del PIB para recuperar el empleo perdido en la crisis | Compañías

La apuesta del Gobierno vasco por la industria es clara. Hasta 2020 desarrollará un plan de apoyo al ámbito fabril que movilizará más de 2.000 millones. El objetivo es que el sector secundario genere el 25% del PIB vasco y así el paro baje del 10%. Son metas al alcance de la mano, como subraya Roberto Larrañaga, presidente de la patronal vasca Confebask, porque en la actualidad el desempleo es del 11% y la industria genera el 23,95% de la riqueza.

Pero las fábricas vascas deben afrontar su transformación digital, con profesionales con nuevas capacidades, como el trabajador del centro de ITP en Zamudio (Bizkaia), donde produce turbinas aeronáuticas.

La trayectoria industrial de la economía de Euskadi seguirá siendo clave para mantener el desempleo bajo control. Desde el Gobierno vasco han activado diversos programas para que el sector fabril suponga el 25% del PIB de la comunidad autónoma. Esa meta está cerca, puesto que ya al cierre de 2015 esa aportación fue del 23,95% y ahora se sitúa en el 24,6%.

Antes de la pasada crisis económica, en 2008, el mundo de las fábricas aportó el 28% del PIB vasco, para luego desplomarse al 23,8% en 2014, el peor registro de esta década, en base a los datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). El Ejecutivo del lehendakari, Iñigo Urkullu, ha desplegado un plan desde este año y hasta 2020 que busca ese impulso industrial. Movilizará 2.225 millones. 

Empresas e instituciones se apuntan a un crecimiento del 3% de la economía vasca durante este año

Las empresas que soliciten esas ayudas deberán presentar estrategias basadas en las claves que marcan la competitividad en el ámbito fabril. Desde la formación continua a la internacionalización, pasando por la innovación.

En este último apartado, el Gobierno de Vitoria ha puesto especial énfasis en la digitalización de los centros de producción, para que ninguna compañía pierda el tren de la revolución industrial. Los que no se enganchen a este cambio desaparecerán, según los analistas.

En el lado contrario, los críticos con la proliferación de los robots y los ordenadores en las fábricas denuncian que el nuevo escenario destruirá miles de empleos en Euskadi. En base a ese 25% industrial, la Administración vasca quiere que el paro quede por debajo del 10%. También este objetivo puede estar cerca si el escenario económico internacional acompaña. El desempleo está situado ahora en la banda del 11%, tras cerrar 2016 con un 12%. El peor registro contabilizado data de marzo de 2013 (rozó el 16%).

En el colectivo de los jóvenes, esos porcentajes se disparan por encima del 20%. Esta es la asignatura más difícil y que sigue pendiente para lograr un desarrollo económico sostenible e igualitario en Euskadi.

Al cierre de la primera mitad del ejercicio en curso, el censo de la Seguridad Social en el País Vasco contabilizaba 931.000 afiliados, 18.600 más que en 2016. En el segundo trimestre de 2017 el mercado laboral siguió evolucionando en positivo, con 13.800 nuevos ocupados. Aquí ya se notó el elemento tractor de la industria, que generó 6.400 de esos puestos de trabajo, aunque el sector de servicios, más intensivo en empleo, estuvo por encima al contratar a 6.900 personas.

Las zonas de Euskadi más deprimidas, como la Margen Izquierda del Nervión en Bizkaia y Oiartzunaldea en Gipuzkoa, padecen un paro superior al 20%. Para estos casos concretos, el Ejecutivo vasco ha puesto en marcha el programa Indartu, dotado este año con un presupuesto de siete millones de apoyo a las inversiones empresariales que generen empleo en esas zonas, integradas por un total de 18 localidades.

La iniciativa cumple con el Mapa de Ayudas Regionales de la Comisión Europea, aprobado en Bruselas en mayo de 2014. Las empresas que soliciten estas subvenciones deberán acreditar que cubren el 25% de la inversión con fondos propios. 

En el ámbito empresarial, casi 40 compañías que suman 6.000 empleos atraviesan serias dificultades. Algunas son muy conocidas, como el astillero de La Naval de Sestao, con 215 trabajadores. En la Margen Izquierda del Nervión, su actividad genera 1.800 empleos inducidos. Asimismo, el fabricante de electrodomésticos Fagor CNA sigue sin remontar. Otros que viven problemas graves son el fabricante de copas de vidrio Vicrila (290 trabajadores) y la papelera CEL, que tiene cuatro plantas.

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El optimismo empresarial toca máximos desde la crisis | Compañías

Frente a la incertidumbre política generada tras el 1-0 en Cataluña, que puede derivar en una declaración unilateral de independencia de España, los empresarios presentan un contexto económico idílico. El PIB y el empleo llevan creciendo tres años seguidos por encima del 3% y la demanda externa, especialmente desde la zona euro, se está recuperando tras varios años de debilidad. Un escenario macroeconómico muy favorable que ha dado lustre a las cuentas de resultados de las compañías y a sus expectativas para los próximos tres ejercicios.

Esa es la principal conclusión de la encuesta interactiva que se ha realizado esta mañana a los 500 empresarios familiares que han acudido a la inauguración del XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Toledo. Preguntados sobre la actual situación económica, los empresarios la han puntuado con 6,22 puntos, lo que supone el nivel más elevado desde que estalló la crisis económica en España y casi un punto por encima de lo registrado en 2015 y 2016. Tradicionalmente, esta encuesta incluía también una pregunta sobre la situación política actual, que mostraba la divergencia entre ambas expectativas y que este año no ha sido formulada.

Ocho de cada diez empresas elevará su inversión en los próximos tres ejercicios

El optimismo empresarial no solo se ciñe al próximo ejercicio, sino que se amplía hasta 2020. En concreto, el 73% de los encuestados prevé un aumento de la cifra de ventas para 2018 (14 puntos más que en la encuesta del ejercicio anterior), un 24% espera resultados similares y tan solo un 3% prevé peores resultados. Estos porcentajes son incluso superiores si el período se extiende a 2020. En este caso, el 84% de las empresas prevé una mayor facturación para ese trienio y solo un 2% augura caídas de ventas.

La euforia de las empresas se modera a la hora de valorar cómo será la creación de empleo. De hecho, el 82% considera que la evolución de la economía española en el corto y medio plazo se traducirá en “un moderado aumento de la actividad con una limitada creación neta de empleo”, a lo que hay que sumar un 11% que apunta a un crecimiento frágil de la actividad sin creación neta de empleo y un 7% que prevé un aumento rápido de la actividad con una intensa generación de puestos de trabajo. Preguntados por las perspectivas de empleo para los tres próximos años, el 68% prevé incrementar la plantilla, el 25% augura que no cambiará y solo el 7% augura destrucción de puestos de trabajo.

El 25% de los encuestados reconoce que no ha tenido que recurrir a financiación bancaria para seguir creciendo

En este contexto de crecimiento de la actividad y el empleo, las empresas están dispuestas a seguir creciendo mediante inversiones en 2018 y en los dos siguientes ejercicios. Ocho de cada diez empresas encuestadas aseguran que van a seguir invirtiendo en el próximo trienio y muchas de ellas van a probar otras vías alternativas para financiar las inversiones a la de la banca. Uno de cada cuatro empresas familiares consultadas asegura que no ha recurrido al endeudamiento bancario, ocho puntos por encima de lo registrado en la pasada edición.

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La CEOE contesta a Puigdemont y rechaza “enérgicamente” una Cataluña independiente | Mercados

Las patronales CEOE y Cepyme rechazaron este lunes “enérgicamente” y de manera rotunda la posibilidad de que el Gobierno de Cataluña formule una declaración unilateral de independencia. Del mismo modo, se negaron a secundar la huelga general que calificaron como “ilegal” y que fue planteada el domingo por diversos sindicatos minoritarios en protesta por los disturbios acontecidos con motivo del 1-O. En un comunicado, ambas organizaciones mostraron su máxima preocupación por los “graves acontecimientos” que están ocurriendo en Cataluña y abogaron por buscar una solución dentro del ordenamiento jurídico con respeto a la ley y a la Constitución. En este sentido, el presidente de CEOE, Juan Rosell, reclamó desde Roma “reconducir la situación” entre el Gobierno central y Cataluña porque, advirtió, la economía cuando “no hay estabilidad y la legalidad no es al 100% siempre queda tocada”.

Al margen de su participación en el XV Foro de diálogo Italia-España, Rosell argumentó que “las leyes que hay en la actualidad son muy importantes y el proceso que se hizo no fue 100% legal, ni mucho menos, y por tanto a partir de aquí lo que hay que hacer es reconducir la situación”.

La actitud de la principal patronal del país, que fue secundada por la organización empresarial catalana Fomento del Trabajo, se vio reforzada además por la actitud que mostraron esta tarde los dos grandes sindicatos, UGT y CC OO. Ambas centrales advirtieron que “en ningún caso” iban a “avalar posiciones que den cobertura a la declaración unilateral de independencia”.

Lo cierto es que tras la primera convocatoria de la huelga general y los paros en protesta por los actos de 1-O, UGT Cataluña, en palabras incluso del secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, había mostrado su disposición a apoyar la convocatoria de huelga. Sin embargo, a primera hora de la tarde las confederaciones sindicales de CC OO y UGT matizaron que las organizaciones catalanas “han hecho un llamamiento a participar en movilizaciones de denuncia de los excesos que se produjeron el 1 de octubre, pero no a la huelga convocadas por otros sindicatos”. De esta manera, ambos sindicatos pactaron una declaración en la que suscribieron: “CCOO y UGT no convocamos la huelga general del día 3 de octubre”.

Por su parte, la patronal Pimec aclaró este lunes que la Mesa por la Democracia, organización de la que forma parte junto con otra cuarentena de entidades, acordó convocar un paro de país este martes, pero “en ningún caso una huelga general”, y subrayó que no secundará la convocada por sindicatos minoritarios desde este lunes y el próximo 13 de octubre.

En esta línea, esta mañana durante la inauguración del XX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Ignacio Osborne, hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que encuentren “una solución política estable cuanto antes” tras lo ocurrido el 1-0. “El IEF siempre les ha insistido en la necesidad de buscar consensos y amplios acuerdos políticos en aquellas cuestiones de especial interés para el país. Nosotros y nuestras empresas les ayudaremos en todo lo que podamos, pero España necesita una solución política estable cuanto antes”, precisó durante su discurso. Este organismo representa a 100 de las empresas familiares más representativas de España, como Mercadona, Barceló, Gestamp, Bankinter, Acciona, Riu o Pikolin, entre otras, cuya facturación equivale al 16% del PIB de España.

Osborne aseguró que la incertidumbre que se ha generado en Cataluña es el peor enemigo del desarrollo económico. “Tenemos las herramientas, las normas y los foros para el diálogo para escuchar, para explicar los diferentes planteamientos políticos y para llegar a consensos. Estas normas, este marco legal, son los que nos han permitido avanzar y progresar, porque la seguridad jurídica es uno de los pilares sobre los que se asienta la confianza”.

El presidente del IEF rechazó los argumentos sobre la imposibilidad de alcanzar un acuerdo esgrimidos tanto desde el Ejecutivo central como desde la Generalitat de Cataluña. “Las empresas familiares, a lo largo del tiempo, convivimos con un adjetivo, difícil, y no nos gusta la gente que se excusa en otro adjetivo, imposible”, puntualizó.

Por último, la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) mantendrá mañana su actividad normal después de que los sindicatos mayoritarios hayan decidido no adherirse a la huelga general del martes y de que tampoco exista, por ahora, ningún acuerdo para secundar paros parciales ni concentraciones en los puestos de trabajo, según informaron fuentes de la compañía. Los trabajadores ya celebraron ayer una concentración de cinco minutos en repulsa por los actos del domingo.

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Fusiones en la pipeta del laboratorio | Compañías

La industria farmacéutica en nuestro país está muy atomizada. En el Ministerio de Sanidad hay registradas 257 compañías, 166 que forman parte de Farmaindustria y más de 100 son miembros de Asebio (Asociación Española de Bioempresas). Las más antiguas pertenecen a grupos familiares y las de reciente creación son fruto de spin off universitarios o parques científicos.

Entre las empresas familiares sobresalen: Esteve (1902) de Antoni Esteve y familia; Laboratorios Viñas (1911), Juste (1922), dirigida por Ines Juste, que representa la cuarta generación; Reig Jofre, de Reig-Biosca (1929) y Alter (1939), en manos de Miguel y Alberto Alonso Jenttoft.

En el capítulo de las sagas también figuran Grifols (1940), vinculado a Víctor Grifols; Almirall (1943), en manos de Jorge y Antonio Gallardo; Ferrer (1959), propiedad de Sergio y Beatriz Ferrer Salat, y Rovi (1946), perteneciente a los López-Belmonte.

La presión de los precios y la competencia de los fabricantes de genéricos las obligan a invertir en nuevos fármacos y patentes que sustituyan los ingresos que se perderán al expirar las licencias actuales. “La estrategia de reemplazo se realiza vía adquisiciones de empresas que se encuentran desarrollando nuevos medicamentos”, resalta Héctor Domínguez, director del deal advisory de KPMG.

Los laboratorios también buscan alianzas, apoyados por la facilidad para encontrar crédito tanto en Europa como en EE UU, o “venden activos no estratégicos para ganar eficiencia, liberar capital y centrarse en innovación”, puntualiza Roger Villarino, socio de financial advisory de Deloitte.

Compraventas

El mercado está en plena ebullición. Juste vendió este año su unidad de ginecología a Exeltis (Grupo Insud). Grifols invirtió 400 millones en pequeñas empresas punteras. FAES, Cinfa, Kern Pharma, Chemo, Esteve y Almirall están siendo activos en adquisiciones.

Entre las biotecnológicas, la catalana InKemia adquirió el laboratorio Micro-Bios y Otec Riera, empresas que sumaron una facturación de 2,1 millones de euros en 2016. Bionaturis se hizo con Zera Intein Protein Solutions (ZIP) por 1,6 millones de euros, KYMOS cerró la compra de la italiana Pharmaprogress y LipoTruePrimaderm adquirió el 51% de Ascidea, según Asebio.

Las negociaciones en España son largas, pues las compañías familiares son muy presidencialistas y les cuesta renunciar a dirigir la nave. Pese a esto, “continuaremos viendo operaciones corporativas en laboratorios farmacéuticos durante los próximos años”, pronostica Villarino.

Jaime del Barrio, sénior advisor de healthcare and life sciences de EY, asegura que hay compañías farmacéuticas buscando en el mercado alguna otra española o extranjera de tamaño similar, o más pequeña, a fin de ampliar productos o líneas que les permitan un mejor posicionamiento. “Ven a España como un puente de entrada en Europa, bien solas o a través de alianzas estratégicas”, añade.

Fondos 

 “La salud es un valor seguro para invertir, vivimos más tiempo y buscamos mayor calidad de vida; se descubren nuevos diagnósticos y tratamientos más eficaces y seguros, cambiando el ciclo de las enfermedades que, al hacerse crónicas, requieren más medicamentos”, comentan analistas de Fidelity y Pictet. Y es un pilar fundamental de la economía de datos, por lo que, a “los diferentes fondos de inversión, se han sumado también las empresas tecnológicas con sus soluciones e inversión propia”, apunta Del Barrio.

“La industria farmacéutica goza de buenos márgenes, las empresas de tamaño medio y con especialización pueden ser foco de inversión para el capital riesgo”, avanza Domínguez.

“Por muy grande que uno sea, las compañías han aprendido que las alianzas dan mejor resultado y en ese camino están las que mejor se adaptan a las necesidades de pacientes, profesionales sanitarios y autoridades”, concluye del Barrio.

 

 

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En busca de la subasta renovable perfecta | Compañías

Obligar a los promotores a competir por precio, las subastas se han popularizado en todo el mundo como el modo más eficiente de atraer inversiones en sol y viento. El número de países que han adoptado este sistema ha pasado de apenas 6 en 2005 a al menos 67 en la primera mitad de 2016, según Irena, la agencia internacional de las energías renovables.

España no ha sido ajena a esta tendencia: en el último año y medio ha celebrado tres, en las que ha adjudicado un total de 8.700 MW. Pero las empresas han criticado los parámetros utilizados para elegir a los ganadores y la falta de garantías a la rentabilidad de los proyectos.

Las críticas invitan a fijarse en los modelos adoptados por otros países, principalmente el de Alemania y, en América Latina, los de Argentina, México y Chile. La comparación con cualquiera de estos deja al español como una rareza en el contexto internacional: en lugar de premiar al que ofrece producir más al menor precio, como hacen la mayoría de Estados, aquí se incentiva al que promete construir el parque más barato, sin importar la cantidad de energía que vaya a generar después.

En Alemania, país de referencia, se sabe con antelación cuándo y cuánto se licitará, lo que favorece la preparación de los proyectos

“Es un contrasentido, porque lo que queremos es generar la mayor cantidad posible de energía limpia, no llenarnos de plantas”, dice Heikki Willstedt, director de políticas energéticas y cambio climático de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), destaca el caso de Chile, donde, al revés que en España, las ayudas se conceden en función de la energía producida y no de la potencia instalada. “Es mejor hacerlo al modo chileno, porque el producto que la empresa se compromete a vender en una subasta y por el cual recibirá la retribución es la energía. De esta forma, además, es más sencillo valorar el estado de cumplimiento de los objetivos de generación renovable”, explica.

Por el contrario, “si el incentivo se basa en la potencia instalada, como pasa en nuestro país, esa planta cobrará una cantidad concreta por cada megavatio que consiga en la subasta y termine construyendo, independientemente de que después esa instalación genere más o menos energía”, precisa.

Otro aspecto interesante en los casos de Chile y Alemania es que sus sistemas se basan en el principio del pay-as-bid (pagar según la oferta), por el cual los ganadores del concurso reciben el incentivo que han ofertado. Si, por ejemplo, la subvención que un postor ha pedido por MWh producido es de 50 euros y entra dentro del cupo de potencia licitada, recibirá esos 50. Si lo que ha pedido es 52, recibirá 52, y así todos y cada uno de los adjudicatarios.

En España, en cambio, la última oferta en casar con los requisitos de las bases marca el precio que cobrarán todos los ganadores, incluso si esta es cero, como ha pasado en las subastas realizadas. Cuando esto ocurre, el Estado se libra de pagar el subsidio, pero entre los adjudicatarios pueden entrar especuladores, lo que no garantiza que las plantas se vayan a instalar.

A esta anomalía se suma el que los postores deben elaborar sus propuestas tomando como referencia unas instalaciones tipo y no emplazamientos reales, y que la rentabilidad que la ley garantiza a los proyectos es revisable cada seis años, plazo que se cumplirá a finales de 2019. “Debido a que estos proyectos requieren grandes volúmenes de inversión, que tardan en recuperarse, es necesario que exista seguridad en la retribución”, comentan fuentes de Cox Energy, que hace un año ganó un contrato en Chile a 20 años por 264 GWh anuales.

Mientras el Gobierno español se decide a perfeccionar (o no) su modelo de subasta, las empresas españolas siguen buscando oportunidades en el exterior. Estas no van a faltar. En la UE entró en vigor a comienzos de año una normativa que exige a sus socios asignar los incentivos al sector por medio de concursos, abandonando el sistema de primas.

En busca de la subasta renovable perfecta

Antes de lanzar las licitaciones, los Estados deben presentar a la ComisiónEuropea la norma que regulará sus convocatorias, a fin de que la Dirección General de Competencia verifique que no generarán distorsiones en el mercado. De momento, Bruselas ha aprobado ya los sistemas de Alemania, Francia y Dinamarca, y es previsible que España reciba una llamada de atención por haber celebrado tres subastas sin contar antes con el visto bueno de la Comisión.

Willstedt, de la asociación eólica, señala que, comparados con el español, los tres sistemas aprobados son más simples, menos inestables en cuanto a la rentabilidad garantizada y permiten la organización de subastas diferenciadas por tecnologías, es decir, que se convocan para un solo tipo de energía (solar, eólica, biomasa…), de manera que compitan de igual a igual.

El esquema nacional, en cambio, defiende la neutralidad tecnológica, es decir, que en una misma subasta pueden pujar empresas especializadas en diferentes fuentes. “Los modelos diferenciados son más convenientes en términos de planificación, ya que te permiten analizar de qué recurso dispones y cuánta potencia necesitas realmente”, sostiene Willstedt. “Ahora se subastan 3.000 MW de lo que sea para instalar donde sea, sin saber si la red está en condiciones de absorber y transportar esa cantidad o si toda ella es necesaria”, subraya.

Alternativa de libre mercado

Qué son. En países como EE UU, un sistema alternativo a las subastas son los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), que se firman entre un generador y un cliente final. En ellos, las dos partes acuerdan un precio. Así, “las empresas pueden comprar energía a un precio atractivo y estable, lo que les permite planificar sus costes energéticos a medio y largo plazo, y los productores tienen sus ingresos garantizados”, explica José Donoso, de Unef.

Primer caso. En España, EDP Renovables y Calidad Pascual firmaron en julio pasado el primer acuerdo de estas características. El contrato garantiza al grupo de alimentación el suministro de energía limpia a un precio fijo durante cinco años. “El sistema ideal es aquel que proporciona visibilidad y certidumbre a largo plazo”, afirma João Manso Neto, consejero delegado de EDP Renovables, que hace poco se adjudicó también (bajo otra modalidad) 950 MW de eólica marina en Reino Unido.

En Alemania, además, el plan contempla tres subastas de eólica terrestre este año (de las que ya se han celebrado dos), cuatro en 2018 y tres a partir de 2019. En total, se licitarán 2.800 MW al año hasta 2019 y 2.900 a partir de 2020. Este nivel de detalle permite a los inversores preparar con anticipación sus proyectos.

En América Latina, México celebrará en noviembre su tercera subasta desde que adoptó esta modalidad el año pasado, y Brasil ha convocado otra para diciembre. Argentina, por su parte, acaba de lanzar la Ronda 2.0 del programa RenovAr, que sacará a concurso 1.200 MW.

RenovAr es un plan con el que Argentina pretende elevar de manera gradual la participación de las fuentes limpias en su matriz energética, del actual 2% al 20% en 2025. El programa busca también promover la industria nacional. Por eso, favorece con incentivos fiscales y préstamos blandos a los promotores que compren parte de los componentes de los parques a proveedores locales.

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El motor pide que no se excluya al diésel de las ayudas para comprar coche | Compañías

Plan PIVE, Plan MOVEA, Plan de Movilidad Eficiente o Plan REDUCE. Se llame como se llame, los nuevos estímulos que el Gobierno tiene previsto aprobar destinados a la renovación del parque tienen que tener en cuenta todas las tecnologías bajas en emisiones y no solo impulsar el vehículo alternativo.

Así se lo han solicitado al Ejecutivo desde el Foro de Diálogo Sectorial de Alto Nivel de la Industria de la Automoción, que está conformada por la patronal de fabricantes Anfac, la de componentes Sernauto junto a UGT y CCOO.

El Foro ha remitido una carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la que propone a la Administración una iniciativa llamada REDUCE, “innovadora y más exigente”, tal y como explicó Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac, a Cinco Días.

La propuesta de la industria pretende integrar en el mismo plan “el apoyo a la renovación del parque con automóviles de bajas emisiones y motores Euro6, el impulso al vehículo eléctrico y el fomento de las infraestructuras de recarga”, una aproximación “más exigente que los anteriores planes PIVE y que es pionera en Europa”, aseguró Armero.

El sector sale al paso así de varias informaciones y declaraciones desde la Administración que parecían decantarse por apoyar solo al vehículo eléctrico con este nuevo plan o sólo a las infraestructuras de recarga.De hecho, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navía, afirmó el pasado 6 de septiembre que “la intención del Gobierno es potenciar la infraestructura de recarga de vehículos alternativos, así como la investigación y la creación de startups” españolas en este área, por encima del automóvil en sí, al ser “el uso más eficiente que podemos hacer ahora”.

En este sentido, Armero recalcó que “hay que hacer compatibles” las tres patas que sustentarían el nuevo plan de estímulo a la renovación del parque, las tecnologías de bajas emisiones, el vehículo alternativo y el desarrollo de infraestructuras.

A la hora de hacer compatibles todas las vertientes de este plan, lo que es más importante de definir es cómo se van a repartir los 50 millones. Fuentes del sector señalan que, al agotarse los fondos del Plan MOVEA en solo 48 horas, los responsables de Energía han valorado seguir estimulando esta demanda en alza dedicando todo el presupuesto a estos vehículos alternativos.

Hace unas semanas, la secretaria general de Industria, Begoña Cristeto, señalaba que su departamento está peleando para que se repartan los fondos al menos al 50% entre las dos tecnologías.

“Esto no es un cambio radical ni una mudanza de una tecnología a otra. Hay que realizar una transición hacia el nuevo modelo de movilidad más sostenible de una manera que resulte inteligente y rentable para un país como España, un gran productor de vehículos de gasolina y diésel y sus componentes”, afirmó.

Armero destacó que “todos los partidos políticos apoyan esta renovación del parque con tecnologías más eficientes”. Así, el Plan de Calidad del Aire de Madrid llamado plan A establece medidas para la renovación del parque y en el de Barcelona, se entiende que “los vehículos nuevos de gasolina y diesel presentan un 77% menos de emisiones de NOx y un 92% menos de partículas”.

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Rosell aboga por buscar una vía intermedia “entre independencia y acatamiento” | Compañías

El presidente de la patronal española CEOE, Juan Rosell, ha abogado hoy por buscar una “vía intermedia” para el conflicto secesionista en Cataluña, que se encuentre “entre la independencia y el acatamiento porque sí y una sumisión total”, al tiempo que planteó la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional.

En una entrevista en la Cadena Ser, el líder de los empresarios ha dicho que no cree que en Cataluña se dé una situación de sumisión al Estado, sino “una desafección muy importante”.

La Junta Directiva de la CEOE emitió ayer un comunicado mostrando su preocupación por la convocatoria de “referéndum ilegal” en Cataluña y apoyando “todas las acciones que se considere necesario llevar a cabo con el objetivo de hacer cumplir la legalidad vigente”.

Preguntado sobre si en la reunión directiva utilizó la palabra “sumisión” para denominar la situación en Cataluña, Rosell ha asegurado que durante su intervención parafraseó “a distintas personas que habían opinado sobre el problema catalán” pero que no considera que deba calificarse así.

“Lo que yo he dicho siempre a nivel personal es que en Cataluña hay un problema político de una gravísima envergadura y que hay que resolverlo con los planteamientos encima de la mesa y, desde la legalidad, intentar hacer todos los cambios que sean necesarios”, ha dejado claro.

Así, Rosell ha dejado claro la necesidad de “atenernos a la Constitución y a las leyes de la UE. Ésta es la legalidad y las empresas queremos seguridad jurídica y, cuando se altera, hay que tomar todas las medidas oportunas para restablecerla”.

No obstante, ha añadido que el problema en Cataluña “seguirá existiendo el día 2 de octubre, por lo que ha abogado por “hacer política con mayúsculas, volver a lo que hicimos en el 77 y 78, y reconstruir un pacto entre todos”.

“Hay que hacer cambios o reformas a la Constitución”, ha dicho, para “vivir en tranquilidad y prosperidad los próximos 40 años”. Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, les dice lo mismo siempre “con más énfasis en privado que en público”.

Según explicó la patronal ayer en un comunicado, los empresarios temen el posible impacto que la continuidad del problema tendría en la confianza en el tejido empresarial e inversor, tanto en Cataluña como en el resto de España.

“La no resolución afectaría negativamente a todos los ámbitos”, subraya, al tiempo que destaca que los empresarios apoyan la legalidad y la Constitución “que son las mejores garantías de la seguridad jurídica imprescindible para la competitividad de nuestras empresas”.

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Alquiladoras y empresas tiran de las ventas de coches | Compañías

La marca automovilística alemana Volkswagen se situó en la primera posición del mercado español en agosto, al comercializar 5.251 unidades, un 7,1% más, mientras que su modelo Golf fue el coche más vendido el mes pasado, con 1.846 unidades, un 14,2% más, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Por detrás de Volkswagen como marca más vendida en España en agosto se situaron Renault, con 5.137 unidades, un 16,5% más; Toyota, con 4.994 unidades, un 20,2% más; Peugeot, con 4.803 unidades, un 11,6% más, y Seat, con 4.537 unidades, un 22,9% más.

El ranking de las diez firmas más populares en el cómputo mensual lo completaron Opel, con 4.128 unidades, un 4,4% menos; Kia, con 3.963 unidades, un 11,6% más; Hyundai, con 3.848 unidades, un 3,6% más; Mercedes-Benz, con 3.657 unidades, un 18,6% más, y Nissan, con 3.453 unidades, un 13,4% más.

En el acumulado del año hasta el mes pasado, la firma más vendida en España fue Seat, con un volumen de 66.285 unidades, un 20,5% más, seguida de Volkswagen, con 64.710 unidades, un 5,3% más; de Opel, con 64.111 unidades, un 3,1% menos; de Renault, con 63.609 unidades, un 8,1% más, y de Peugeot, con 58.417 unidades, un 1,3% más.

El resto de la clasificación está formada por Toyota, con 46.173 unidades, un 20,8% más; Citroën, con 44.913 unidades, un 1,5% más; Ford, con 44.254 unidades, un 8,5% más; Nissan, con 42.757 unidades, un 11,5% más, y Fiat, con 40.712 unidades, un 14,1% más.

En cuanto a los modelos más demandados en España en el mes de agosto, el Golf de Volkswagen ocupó la primera posición por volumen de ventas, con 1.846 unidades, un 14,2% más, por delante del Dacia Sandero, con 1.775 unidades, un 11,4% más; del Seat Ibiza, con 1.749 unidades, un 19,7% más; del Renault Mégane, con 1.743 unidades, un 43,1% más, y del Citroën C4, con 1.684 unidades, un 9,8% más.

Entre los diez coches más vendidos en el octavo mes del año también se encuentran el Nissan Qashqai, con 1.667 unidades, un 34,8% más; el Renault Clio, con 1.640 unidades, un 19,3% más; el Fiat 500, con 1.631 unidades, un 161,4% más; el Seat León, con 1.514 unidades, un 10,6% menos, y el Hyundai Tucson, con 1.459 unidades, un 3,5% más.

Entre enero y agosto, el Ibiza fue el que logró mayor volumen comercial, con 25.907 unidades, un 19,7% más, seguido del Seat León, con 24.591 unidades, un 10,6% menos; del Citroën C4, con 22.313 unidades, un 15,2% menos; del Opel Corsa, con 20.376 unidades, un 1% más, y del Volkswagen Polo, con 20.097 unidades, un 9,3% más.

El ‘top 10’ lo componen el Volkswagen Golf, con 19.630 unidades, un 0,8% menos; el Nissan Qashqai, con 19.381 unidades, un 17,7% más; el Renault Clio, con 19.087 unidades, un 13,2% más; el Renault Mégane, con 18.972 unidades, un 17,7% más, y el Dacia Sandero, un 17.401 unidades, un 2,9% menos.

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