Quién destruyó la autonomía de Cataluña (y quién no) | Compañías

No. La independencia de Cataluña no es la respuesta a la represión del Estado, como ahora nos quieren hacer creer, porque el procés se puso en marcha, y aceleró, mucho antes de que el Estado respondiera de ninguna manera.

No. Cataluña no se ha ganado el derecho a la independencia por la actuación policial (torpe e ineficaz, interesadamente exagerada) en el 1-O, porque precisamente lo que se votaba en aquella farsa de referéndum era la independencia inmediata.

No. Quien ha destruido la autonomía de Cataluña no es ese malvado Madrid, sino los gobernantes de la comunidad que decidieron dinamitar la legalidad. El Gobierno central pecó, si acaso, de inacción, pero no de provocación o precipitación

No, el artículo 155 no es un golpe de Estado. Si ha habido aquí un golpe de Estado es el que se dio en las noches de los días 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlament votó las dos leyes de ruptura (es una cursilada lo de desconexión) con la oposición fuera de sus escaños. El 155 pudo activarse entonces, pero el Gobierno se esperó a ver si lograba evitar la votación, luego se esperó a una declaración formal de independencia, después se cruzaron las dos cartas, se hizo la petición de una convocatoria electoral que habría sido la única salida no traumática.

No. Los responsables de este desastre no pueden presentarse como las víctimas. Si se pretendía desafiar al Estado e iniciar una revolución, había que medir antes las fuerzas que se tienen para ganarla. No vale llorar porque te hacen daño si has empezado tú la pelea. Sabían lo que hacían cuando votaron que habría un referéndum vinculante aunque lo prohibiera el Constitucional, que se proclamarían resultados aunque nadie los verifique, que en 48 horas se proclamaría la república.

No. No bastaba decir en un minuto “asumo el mandato” y “ahora lo suspendo” para hacernos creer que hemos vuelto a la normalidad.

No. España no es un Estado autoritario (mucho menos totalitario, como ha dicho un indocumentado Junqueras) por suspender la autonomía de Cataluña. Cualquier Estado democrático, con cualquier Constitución, intervendría ante un intento de secesión a las bravas. Tampoco Canadá o el Reino Unido habrían permitido esto jamás. Tony Blair suspendió nada menos que cuatro veces la autonomía de Irlanda del Norte después de la paz del Viernes Santo de 1998, hasta que logró forzar consensos entre unionistas y nacionalistas, lo que ayudó a encauzar aquel difícil proceso de paz. Ahora Theresa May amenaza con hacer lo mismo.

No. Europa no ha comprado el relato nacionalista, solo lo hacen aquellos que también quieren romper Europa. La prensa seria internacional hace autocrítica por las noticias falsas que le han colado estos días. La UE tiene que apoyar al Gobierno español porque el contagio de la fiebre secesionista la destruiría.

No, no habría paz en un continente de fronteras inestables, metido en una espiral de fragmentación.

No, la autodeterminación no es un derecho humano, ni de los pueblos que no hayan sido colonizados, ocupados o sometidos a genocidio.

No. No nos miremos en el desmoronamiento de Yugoslavia, el episodio más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No, Cataluña no es Kosovo ni Eslovenia. Que nunca sea Bosnia.

No. No son presos políticos quienes responden ante la justicia por sus acciones contra la ley, nunca por sus ideas.

No. No estamos volviendo a un Estado centralista. La intervención de la autonomía, como la ha anunciado Mariano Rajoy, es total, pero tiene un horizonte temporal definido, de seis meses hasta elegir un nuevo Parlament. Es reversible, lo que no habría sido la independencia. Cataluña mantendría intactas todas sus atribuciones si no se hubiera saltado la ley; las recuperará en cuanto renuncie a seguir esa vía. No se dan pasos atrás en la descentralización. Pero el federalismo, o como lo llamemos, solo puede basarse en la lealtad de las instituciones. Ningún sistema político permite en su seno a gobiernos rebeldes al imperio de la ley.

No. Esto no es España contra Cataluña. Sobre todo es media Cataluña contra la otra media, como ha dicho bien Joaquín Sabina. Una fractura interna, cargada de odio, que costará mucho cerrar.

No. No va a ser fácil lo que viene. Una administración intervenida va a funcionar mal. Se va a enfrentar a resistencias enormes dentro y fuera, en la calle. Es una situación tan extraordinaria como incómoda.

No. Esta no era la solución ideal. No. No había alternativa para salvar el Estado de derecho. Este desastre tiene padres bien conocidos. ¿Quién destruyó la Cataluña que ha gozado de más autogobierno en la historia moderna? Exacto. Ellos. Los que se disfrazan de mártires.

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Los tres escenarios políticos para Cataluña | Mercados

La decisión que hoy tome el president rebelde de Cataluña condiciona el devenir de la política en Cataluña y en España para los próximos meses, años quizás, y por supuesto el de la actividad económica. No es lo mismo elegir caminos despejados de desconfianza que senderos minados de conflicto. No es lo mismo. No es lo mismo convocar elecciones autonómicas y quitarse de en medio que mantener la declaración difusa de independencia y activar elecciones constituyentes. No es lo mismo dejar la Generalitat en manos de un Gobierno delegado alumbrado por el 155 de la Constitución y convocar elecciones a la brava, que suspender una parte de las competencias y al president y abrir una negociación real que desemboque en elecciones autonómicas en el medio plazo. No es lo mismo. Las consecuencias serán graves en todo caso, porque la apuesta secesionista ha ido demasiado lejos y parece que cuanto más allá vaya, más cuesta parar. Se trata de usar la vía con la solución menos mala entre las malas.

Supongamos que Puigdemont convoca elecciones autonómicas. Es la fórmula más diáfana para volver a la legalidad sin pasar por el sonrojo de admitir ante unos que ha declarado la independencia, aunque sea por una veintena de segundos para después firmarla fuera del pleno del Parlament, y ante otros que no lo ha hecho y que no está en disposición de mantenerla. Es una opción que varios políticos catalanes han susurrado al oído del ex alcalde de Girona, muchos de ellos del PDCat, pese a que la expectativa electoral de la antigua Convergència es la peor de su historia, con riesgo real de pasar a la insignificancia parlamentaria. Es la vía para mantener una autonomía muy reconocida e histórica, renunciando al ilusorio Estado catalá.

Unas elecciones autonómicas regulares darían la voz a todos los catalanes, y proporcionaría la vía más admitida por todos ellos, sin injerencias adicionales del Estado. Generaría alivio en los colectivos unionistas y una mezcla de rechazo y melancolía en los indepes, seguramente porque consideran que la historia no da muchas ocasiones de disponer de un Parlamento con mayoría secesionista, aunque se haya construido con la alianza antinatura de la aristocracia nacionalista y los totalitarios antisistema.

Con los electores unionistas muy movilizados, las candidaturas independentistas tienen muy complicado reeditar su triunfo. En tal caso, y siempre que se produjese un ejercicio de unidad en los constitucionalistas, los nacionalistas serían desalojados de la administración, como lo fueron en el País Vasco tras el atrevimiento del lehendakari Juan José Ibarretxe con su Estado Libre Asociado, que al menos tuvo el detalle de pasar por el Congreso. Un sacrificio, salir del Gobierno, que bajará la temperatura al nacionalismo por mucho tiempo, como en el País Vasco, y que en este caso, como en el País Vasco, está en manos de los socialistas. Situado siempre en posiciones ambiguas, el PSC, con un descarado coqueteo con los soberanistas en el pasado tripartito que le ha costado decenas de miles de votos, su elección tras estas hipotéticas elecciones es clave.

Eso sí: las iniciativas que algunos poderes del Estado han tomado ya para sancionar los atropellos a la ley, y los que puedan tomar en adelante, no los parará nadie, y no pueden ser nunca moneda de cambio en un estado con separación de poderes.

Supongamos que Puigdemont mantiene la calculada ambigüedad sobre la DUI, y convoca elecciones constituyentes. En tal sentido van las peticiones públicas de Esquerra Republicana de Cataluña y de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), para lo que es preceptiva la declaración del Estado catalán en forma de República, que solo puede hacer el propio Parlament en plenario, según la ley de transitoriedad y de referéndum. Hay que recordar, no obstante, que el cumplimiento de las leyes, aunque se trate de normas creadas por un Parlament pisoteando a la democracia, es un detalle que no está entre los que respeta en estos tiempos una Generalitat montaraz.

En tal caso, el Estado activará el 155 de la Constitución (aprobación en Consejo de Ministros extraordinario y aval del Senado) con una profundidad desconocida, pero que debe suspender de competencias al president (que tendría que hacer frente a acusaciones de sedición explícita), y seguramente de todas y cada una de las consejerías, puesto que todas ellas cuelgan de un president que ha elegido a sus titulares.

Esta salida sería la más complicada de gobernar, puesto que excitaría en extremo a las fuerzas separatistas, que llevarían a la calle el conflicto, paralelo a una escalada de actuaciones judiciales que incrementarían la nómina de “políticos presos”, hasta ahora limitada a Sánchez y Cuixart. El conflicto político entraría en una fase de desorden público de incalculables consecuencias para el país, y con un deterioro externo irreparable, con efectos sobre la economía que dejarían los acontecidos hasta ahora en cosa de simples aficionados.

Parecer ser que Puigdemont maneja activar en tal caso la asamblea de alcaldes y diputados electos para intensificar el plan secesionista, y la calle estaría en manos de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, y de los comités de defensa del referéndum, colectivos organizativamente transversales en los que los activistas de la CUP tendrían un protagonismo decisivo.

Supongamos que Puigdemont repite los juegos florales del lunes y resuelve el segundo requerimiento como el primero. El Gobierno tendría que echar mano del 155, aunque con un control menos vasto sobre las competencias autonómicas, limitadas a la presidencia, a los organismos encargados de la seguridad, y a las comunicaciones, además de las ya controladas de las finanzas, que están en manos de Hacienda hace semanas.

Este escenario proporciona un control administrativo, pero encubre un problema político de complicada resolución. La ulterior convocatoria de elecciones podría ser boicoteada por los nacionalistas, lo que le restaría legitimidad por muy abrigada que estuviese por las leyes. Pretender dar soluciones políticas a Cataluña con un nuevo Parlament en el que solo estuviesen Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido de los Socialistas de Cataluña, y en el mejor de los casos, los comunes, y en ausencia de los nacionalistas, es una quimera. Es una opción que generaría más problemas que soluciones, por muy quirúrgica que lo consideren tanto C’s como el PP, y con menos entusiasmo el PSC.

Para llegar a una consulta electoral integral y normalizada sería preciso recomponer el diálogo, seguramente con interlocutores alejados del radicalismo de Puigdemont, y devolver el protagonismo a los electores una vez recompuesta la silueta del partido que siempre engrasó el posibilismo con Madrid: el PDCat.

La negociación que plantea el actual president no tiene opción alguna. Amparado en un desenfrenado e impostado deseo de diálogo, el ex alcalde de Girona, para tratar de imponer los resultados de un referéndum ilegal o el trágala de la convocatoria de otro ulterior fundamentado en un derecho a decidir que no existe en ninguna Constitución del mundo, trata de ganar una batalla puramente propagandística a la que nadie desde Madrid accederá. La vía de la comisión parlamentaria no es lo mejor para quien quiere solo bilateralismo, pero es la que han dado por buena los constitucionalistas, y deberían agarrarse a ella.

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En España sí se puede desheredar | Mi dinero

Existe la idea generalizada de la imposibilidad de que el causante en España no puede desheredar a sus legítimos (según establece el Código Civil) herederos, cuestión que es cierta en la mayoría de los supuestos comúnmente denominados habituales. No obstante, y como independencia de la idea generalizada, es posible llevarlo a cabo, siempre y cuando se den algunas de las causas previstas en el Código Civil, que afortunadamente para algunos ya han sido parcialmente desarrolladas por la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal.

Antes de entrar en un análisis pormenorizado de las distintas posibilidades que nos brinda nuestro ordenamiento jurídico, debemos señalar que en el País Vasco ya es posible hacerlo sin necesidad de acudir a las causas tasadas, todo ello como consecuencia de la publicación el 3 de octubre de 2015 de la Ley del Derecho Civil Vasco, esto es, se da la oportunidad a los propietarios de los bienes a decidir sobre el destino de los mismos una vez fallezcan. Este cambio legislativo ha dado lugar a múltiples intentos de empadronamiento en alguna ciudad del País Vasco, con el fin único descrito anteriormente, evitar que los legítimos herederos, según el Código Civil, hereden los bienes objeto del caudal hereditario, lo que muestra la clara voluntariedad de muchos españoles de evitar las imposiciones sobre su patrimonio del legislador central y de este modo sentirse libres sobre el destino final de su patrimonio.

Sin embargo, la situación en el resto del territorio nacional es diametralmente opuesta, es decir, salvo que se den algunos de los condicionantes establecidos en el artículo 765 del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, además de las establecidas en el artículo 853 del mismo cuerpo legal. A modo de ejemplo y sin entrar en el detalle de las mismas, entre otras, son causas de desheredación en España, el abandono, maltrato psicológico o físico, haber sido condenado por los mismos, o por agresión sexual o física, por atentar contra la integridad moral, contra la libertad o contra el cónyuge de este o persona en análoga situación de afectividad.

Si bien, y dada la cercanía temporal entre la publicación de la Ley 15/2015 y la actualidad, no contamos con resoluciones de nuestro Tribunal Supremo al respecto, sin embargo, sí lo hacemos en relación con el artículo 853 del Código Civil. Concretamente es la sentencia de la Sala de lo Civil, de 3 de junio de 2014, donde el legislador se pone en este caso del lado del testador declarando como justa causa para desheredación el maltrato psicológico. Teniendo en cuenta este pronunciamiento del Tribunal Supremo, es posible que la tendencia actual en materia sucesoria sea progresivamente ir posicionándose del lado del causante, siempre y cuando además de darse las causas previstas por el ordenamiento jurídico, sea establecido en testamento.

La reciente modificación de la mano del ya conocido precepto del Código Civil abre la puerta a que los testadores decidan sobre su patrimonio, si bien por el momento de modo limitado, lo que además de generar un cambio importante en la clásica legislación española sobre sucesiones lo que permitirá el desarrollo de este área del derecho en dos sentidos; el primero de ellos parece claro que se podría desarrollar un claro nicho de negocio para los despachos profesionales y en segundo lugar, y valiéndose de lo acontecido en el País Vasco se reabrirá el debate sobre las posibilidades de desheredar, bien sea por los motivos tasados (los cuales previsiblemente se verán ampliados) o bien como ya sucede en muchos países de nuestro entorno únicamente derivado de la única y libre voluntad del finado.

Con ello el legislador parece que pretende dar una respuesta a los cambios que la sociedad actual está pidiendo en materia sucesoria, ya que aunque de modo limitado permite desheredar siguiendo la tendencia generalizada y ya afianzada en muchos de los países de nuestro entorno, que además tras su implantación en el País Vasco demuestra el interés de la sociedad española sobre la cuestión.

Se trata de un asunto de claro interés social y los cambios en la línea descrita se irán desarrollando.

Mª Teresa Aragón Sánchez y Alfonso Legaz Hevia son socia y abogado en Quabbala Abogados y Economistas.

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Cataluña: La fragmentación fiscal no es la solución | Mi dinero

El sistema tributario de un país está integrado por unos impuestos que deben pagar los ciudadanos y por una Administración Tributaria que debe aplicar y gestionar dichos impuestos. El sistema tributario español es un foco permanente de problemas que ahora se ven agravados por las veleidades independentistas de algunas comunidades autónomas, como sucede con Cataluña.

El primer problema es el de los impuestos que configuran nuestro sistema tributario. Solo hay que fijarse en el impuesto sobre el patrimonio, del que no siempre se es consciente de si está en vigor o no, o con el impuesto sobre sucesiones, que se paga o no según la comunidad autónoma en la que se resida, provocando importantes problemas de deslocalizacion de contribuyentes. Sería más que deseable, imprescindible, que el nuevo sistema de financiación autonómica que ahora se negocia resolviera esos problemas y diseñara la distribución de los importes recaudados entre Estado, comunidades autónomos y ayuntamientos de la forma más justa posible.

El segundo de los problemas se refiere al enorme fraude fiscal y economía sumergida que existe en nuestro país, muy superior al de los países de nuestro entorno. Bien es cierto que existen fraudes, como el fraude carrusel en el IVA, la planificación fiscal de las multinacionales o la utilización de los paraísos fiscales, que exigen la adopción de medidas coordinadas a nivel internacional. Pero para combatir el resto, existen muchas otras que se podrían aprobar en España y no se ha hecho hasta ahora.

La tercera dificultad es la referida a los órganos que deben gestionar el sistema tributario, que para los impuestos estatales es la Agencia Tributaria, y las comunidades autónomas gestionan los tributos cedidos y los propios. La Agencia Tributaria tiene serios problemas de funcionamiento operativo por la falta de personal y de medios que, en cierto modo, ha empezado a paliarse con las ofertas extraordinarias de empleo público que el Gobierno ha aprobado últimamente, confiando en que en el futuro siga en esa línea.

Los tres problemas mencionados se agravan con el problema del independentismo catalán y sus efectos futuros.

Cuando el problema era solo de negociación, y de ver lo máximo que se podía sacar cada vez que el Gobierno español de turno necesitaba los votos de los partidos catalanes, estos últimos tenían muy claro en el ámbito tributario que querían “las llaves de Letamendi”, el edificio principal de la Agencia Tributaria en Barcelona, y en esa sencilla frase se resumía que se quedaban con el edificio, los funcionarios, y la gestión y cobro de todos los impuestos estatales. Se fueron dando pasos intermedios, como la creación de la Agencia Tributaria Catalana y de un Consorcio para ir haciendo el traspaso, con el objetivo final de que la Agencia Catalana lo asumiera todo. Lo que ocurrió después es que ninguna comunidad autónoma ha querido ser menos que la otra y todas se lanzaron a crear sus propias Agencias Tributarias o Consorcios.

Los inspectores de Hacienda sabemos el desastre que supondría esa situación de fragmentación de la Agencia Estatal desde muchos puntos de vista, de gestión de los impuestos, de recaudación y, sobre todo, de lucha contra el fraude fiscal. Por ello, no nos cansamos de remitir a las autoridades tributarias y a los grupos parlamentarios del Congreso nuestras propuestas y advertencias sobre lo que supondría de consecuencias desastrosas una división de las competencias de la Agencia Estatal. Dichas propuestas y peligros fueron presentadas incluso en el Parlamento de Cataluña, al que personalmente asistí en su momento como presidente de Inspectores de Hacienda para advertir de los graves peligros de esa fragmentación. Curiosamente y como detalle revelador señalar que no quisieron hacerme las preguntas en castellano, como solicité.

Los que trabajamos día a día con los impuestos sabemos lo imprescindible que es tener una buena base de datos y los problemas que genera en el día a día que, por ejemplo, no se disponga de la información que está en las Haciendas Forales. La base de datos de la Agencia Tributaria es admirada y envidiada en el ámbito internacional y se iría por mal camino si esa información se fraccionara y la gestionaran diferentes Administraciones tributarias, cada una con sus bases de datos.

Resulta curioso que los políticos catalanes hayan puesto algunas veces como ejemplo la descentralización existente en Alemania, cuando es precisamente este país el que ha tenido que dar marcha atrás en algunos aspectos de esa descentralización, como las bases de datos, al comprobar lo absolutamente desastroso que era el hecho de que cada región dispusiera de su propio sistema de número de identificación fiscal, haciendo imposible cualquier intercambio de datos con otras regiones y gestionar el propio sistema tributario nacional.

Sirva todo lo anterior para subrayar que la solución negociada, para contentar a algunos o para evitar problemas mayores, no puede suponer la fragmentación de la Administración Tributaria, por los efectos tan negativos que tendría desde el punto de vista de la eficacia en su aplicación y de la lucha contra el fraude fiscal.

Animo a los políticos a que adopten las soluciones que Inspectores de Hacienda venimos proponiendo durante años, insistiendo en la necesidad de aprobar el Estatuto de la Agencia Tributaria en el que se incluyera la participación de forma efectiva de las comunidades autónomas en sus órganos de dirección, conformando una Agencia Tributaria de todos y para todos, profesional e independiente.

José María Peláez Martos es inspector de Hacienda del Estado.

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Una inversión más selectiva hasta que se despeje el horizonte en Cataluña | Mercados

La próxima semana es clave para conocer los derroteros que tomará la crisis política abierta por Cataluña con su referéndum ilegal para la autodeterminación y la proclamación e inmediata suspensión de la república de Cataluña por parte de su presidente. El lunes debe responder de forma taxativa y explícita, con un simple “sí” o “no” al requerimiento del Gobierno, previo a la aplicación efectiva del artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía a la región. La presión de halcones y palomas dentro del independentismo es muy intensa en un sentido y en el otro; pero más intensa es la presión que los acontecimientos está ejerciendo sobre la economía, con masiva salida de empresas y descensos de inversión y actividad de consumo en Cataluña en las últimas semanas.

El propio Gobierno admite ya que se verá obligado a revisar la previsión de crecimiento, empleo y déficit fiscal para 2018 si persiste el conflicto, pues la posibilidad de que Cataluña entre en recesión y trastoque las cifras de toda la economía nacional es muy probable. La estimación de déficit seguramente ya experimentará cambios en la comunicación que envíe el Ejecutivo a Bruselas por el simple hecho de que la falta de proyecto de Presupuestos imposibilita la aplicación de medidas sobre los ingresos y los gastos.

Pero el conflicto modifica también las expectativas de los mercados financieros, que siguen alerta, acumulando liquidez para volver a tomar posiciones en Bolsa y deuda si se despeja definitivamente el panorama, pero que podrían intensificar el abandono si la situación es más tensa. Ante la incertidumbre del pronóstico, los inversores deben hacer un ejercicio de selectividad de sus posiciones, tanto en la renta variable como en la deuda. Deben buscar mayores cotas de seguridad con la preceptiva diversificación geográfica, y concentrarse en valores con volúmenes de deuda muy limitados, flujos de caja muy recurrentes y estabilidad en la concesión de dividendos. Pero no se debe perder de vista la opción de las empresas más castigadas por el conflicto catalán, dado que han generado una buena oportunidad de compra para cuando todas las aguas vuelvan al cauce del río.

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En la Bolsa americana, son tiempos para guardar la ropa | Mercados

Los mercados bursátiles y de renta fija de riesgo, con altos rendimientos/cupones y que suelen tener una correlación alta con las Bolsas, han disfrutado de un excelente desempeño en los últimos ocho años cuando empezaba lo que está resultando ser uno de los mercados alcistas más largos de la historia. Justo hace una década (un año y medio antes), se iniciaba uno de los mercados bajistas más intensos de la historia bursátil, incluso algo superior al del periodo 2001-2002 asociado a la burbuja tecnológica y solo superado por el de los años 30, asociado a la Gran Depresión. Las caídas de los principales índices bursátiles rondaron el 50%-60% y los precios de los bonos de alto rendimiento se desplomaron más de un 30%.

Desde aquellos mínimos de la primavera del 2009 existen índices de Bolsa como los norteamericanos que van camino de cuadruplicar su valor. Los bonos de riesgo han seguido una senda paralela marcada además por niveles de volatilidad muy bajos durante buena parte del recorrido. En el caso europeo, los desempeños bursátiles (que no de los bonos de riesgo) han sido menos espectaculares. Dicho esto, el recorrido no ha sido despreciable habiéndose doblado en poco más de ocho años y sin incluir unos jugosos dividendos que se han cobrado por el camino.

Uno pudiera aducir que los niveles alcanzados a principios de 2009 en medio de la debacle bursátil estaban particularmente deprimidos y que descontaban una especie de “fin del mundo” que no se iba a producir. Se trata de un argumento plausible ya que quedaría validado por diferentes métricas que señalaban que desde un punto de vista histórico se había alcanzado un nivel de infravaloración destacado, aunque al mismo tiempo es importante señalar que no mayor que el registrado en varias ocasiones durante los más de 130 años de historia bursátil norteamericana. Sin embargo, existe una diferencia clave en el presente mercado alcista respecto a otros que se iniciaban tras tocar niveles claros de infravaloración. En estos se iniciaban recuperaciones cíclicas de las economías bastante vigorosas, unidas a destacados aumentos de las cifras de negocio y de los beneficios de las compañías cotizadas en Bolsa. Sin embargo, en el presente el desempeño económico y empresarial han sido mucho más modestos.

El resultado lógico al poner juntos precios disparados y crecimientos de beneficios modestos es carestía en los precios. Existen numerosas métricas para analizar la situación pero me gustaría señalarles una que pone en contexto histórico dónde nos encontraríamos en el caso de los principales índices norteamericanos, que recordemos pesan el 50% de la Bolsa mundial y a cuya tendencia ningún otro índice bursátil, europeo o asiático, escapa. Se trata de primero dividir el precio actual del mercado por la mediana de beneficios de los últimos diez años. Ello nos aporta contexto y estabilidad a la métrica. En segundo lugar, para aportar visibilidad histórica tomamos dicho dato y lo ponemos en posicionamiento de percentiles. Tomamos el periodo más largo disponible, unos 135 años (desde 1882). Pues bien, en el momento presente nos encontraríamos en el 94% percentil más caro de la historia. Solo en otros tres periodos previos se habrían alcanzado percentiles similares. Invariablemente dichos periodos habrían ido seguidos de intensos accidentes bursátiles (fuertes mercados bajistas o shocks) o periodos largos de una década o más de movimientos más o menos laterales con oscilaciones y sin ninguna rentabilidad final. No obstante, en esta ocasión tendríamos un elemento nuevo, unos bancos centrales que probablemente tienen mucho que ver con los niveles de burbuja alcanzados, con sus masivos programas de compras de activos financieros y tipos de interés cero que llevan también a niveles de apalancamiento máximos en el sector financiero. Sin embargo, estos organismos aparecen como el seguro o red de seguridad de los propios mercados con su disposición a salir a su rescate en cuanto haga falta. Dada su enorme capacidad de tiro al poder “crear dinero de la nada” y el tamaño relativamente grande pero finito de los mercados de bonos y acciones, pareciera que lo tienen controlado.

En este contexto, es normal ver que los niveles de aversión al riesgo y volatilidad estén bajo mínimos. ¿Podría algo interrumpir dicho camino expedito para una continuación de las subidas y desafiar así valoraciones muy dudosas? Pues solo alcanzaría a ver dos opciones: los propios bancos centrales cambian de política abandonando programas de compra de activos y tipos mínimos (lo que parece poco probable) o se produce un accidente técnico de mercado asociado a los excesos de apalancamiento en el sistema. Dicho crash podría hacer un reset del sistema. En cualquier caso, la lógica y la razón recomiendan extremar la prudencia rebajando los niveles de riesgo asociados al perfil inversor o asignando una parte de ahorro a opciones que estén al margen de los activos de riesgo.

Juan Manuel Vicente Casadevall, EAFI Asesor Multiciclos Global FI.

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Cataluña: Tras la independencia interruptus, la frustración | Mercados

El coitus interruptus era el método anticonceptivo más extendido en la Viena de la segunda mitad del siglo XIX cuando Sigmund Freud identificó esa práctica como una de las causas de lo que llamaba “neurosis de angustia”. “El coitus interruptus es casi siempre perjudicial para quienes lo practican, con la circunstancia de que para la mujer solo es cuando el marido lo realiza sin consideración para ella (…). Cuando, por el contrario, espera el hombre hasta la satisfacción de la mujer, el coito tendrá para esta el valor normal, pero, en cambio, será el hombre el que contraerá la neurosis de angustia”. Por eso, añade, “se hace comprensible que en los matrimonios que practican el coitus interruptus solo enferme, por lo general, uno de los cónyuges” (La neurastenia y la neurosis de angustia, 1895).

Hoy la marcha atrás no es considerada un método fiable para prevenir embarazos (mucho menos las enfermedades de transmisión sexual) y Freud sigue siendo una figura tan controvertida como fascinante, más por su impacto cultural que por su legado científico. Las ideas del austriaco fueron muy influyentes en el surrealismo. Parece surrealista lo vivido esta semana en torno a Cataluña. Pero en medio del esperpento se ha abierto una rendija por la que parece verse algo de luz.

La independencia interruptus no duró ocho segundos, como se ha dicho, sino casi un minuto entre las frases “asumo el mandato del pueblo…” y “proponemos al Parlament que suspenda los efectos…”. En medio hubo ovación en la Cámara y jolgorio en la calle, y después el comprensible anticlímax. Puigdemont hablaba mirando a la prensa extranjera (358 medios acreditados), para que cuenten que la Generalitat quiere dialogar pero el Gobierno central no. El efecto en los enviados especiales fue otro: que la independencia se cayó de las portadas (salvo la de Charlie Hebdo, donde les llamaron tontos). Los antes excitados manifestantes se fueron muy decepcionados a casa. Luego vino la otra pantomima: firmar en una sala un papel que sí es una declaración unilateral de independencia (DUI) como un piano (“Constituimos la República catalana…”), y que tenía otro público: los ansiosos de la ruptura-ya-y-como-sea. No sirvió para levantarles el ánimo.

La pirueta nos evitó entrar en el peor escenario posible. De haberse proclamado la república esa tarde, la noche podría haber sido trágica. Bloomberg había informado (yo diría que se precipitó) que el Gobierno planeaba detener a Puigdemont de inmediato. El artículo 155, en todo caso, habría caído como un mazazo, y quién sabe qué más: estado de alarma, de excepción o de sitio (palabras mayores: eso son los tanques). Y se habría agitado a las multitudes, con la CUP ansiosa de ocupar puertos y aeropuertos, lugares estratégicos donde la Guardia Civil espera con metralletas.

En lugar de esa pesadilla, que todavía no podemos descartar, hemos vivido una cierta desactivación de las movilizaciones, una respuesta muy medida del Gobierno, la imprescindible unidad de los tres partidos constitucionalistas y mensajes conciliadores en favor de un diálogo para el que aún no se dan las condiciones (salvo de forma discreta, claro).

El 155 empieza despacito. Rajoy da todo el puente para que responda Puigdemont, hasta el jueves para que rectifique según lo que diga. Fiel a su estilo, el presidente no sobrerreacciona. Da pasos prudentes de la mano de Pedro Sánchez, y por primera vez se muestra dispuesto a una reforma de la Constitución. Al final el Estado que dicen opresor ha sacado su cara amable pese a la gravedad de la situación (salvo Albert Rivera, el más entusiasta del 155, y decidido a adelantar al PP por la derecha).

La Bolsa entendió al segundo que eso no era una declaración de independencia:los futuros del Ibex subieron en el acto un 2%. Y esta semana han abundado los informes de casas de análisis que no ven grandes riesgos para la economía española, aunque sí para la catalana (lo que restaría del PIB total). Algunos expertos se abonan a la versión de que, pasado el momento de “ahora o nunca”, ya no puede haber secesión. Que el independentismo busca una salida. Ojalá.

Muchos factores habrían bajado los humos al insensato bloque de la DUI: la fuga de empresas y de depósitos, el temor a un corralito, la presión de Europa, la evidencia de una quiebra social. Los mercados entraron el martes en una fase plácida. Los fondos, que acumulan liquidez, estarían listos para volver a Bolsa y deuda españolas en cuanto se aclare el panorama.

Eso sí, las empresas que se han ido de Cataluña no van a volver pronto, como no volvieron a Montreal. Las compañías habían visto demasiado cerca al monstruo de la inseguridad jurídica. Que se quite importancia a este éxodo desde el independentismo es ridículo: cualquier territorio quiere ser sede de grandes empresas, y las necesitaría más aún si planea la independencia, salvo que se aspire a derribar el capitalismo como la CUP. El impuesto de sociedades de esas compañías no lo recaudaba la comunidad, es cierto, porque es de ámbito estatal, pero desde luego ya no podrá estar al alcance de la república naciente. La impecable imagen hacia el mundo de Barcelona como ciudad de negocios ha sido destruida: no va a recuperarse en un plazo razonable.

Los que confían en que esto tiene arreglo quizás se dejen embriagar por el optimismo. Es verdad que, tal y como lo plantea ahora Rajoy, el artículo 155 no suena tan demoledor. La situación puede dar un giro según lo que responda el president el lunes. Sometido a fuerte presión en ambos sentidos, puede decir sí-pero-no o no-pero-sí. Alguna vez tendrá que salir de la ambigüedad permanente. No puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Hasta ahora el independentismo ha tenido un mensaje para la gente de orden (empresarios e inversores, por ejemplo) y otro para los aficionados a la revuelta callejera (sus aliados parlamentarios y organizaciones afines). Vale ya.

La sesión del martes fue el colmo de ese doble lenguaje. Después de un discurso victimista y terriblemente populista (no faltó nada: Franco, el bulo de los 16.000 millones, la leyenda negra española), Puigdemont soltó la independencia como de pasada, en una frase subordinada, y la suspendió en otra. Como si él mismo fuera la única fuente de poder (Ekaizer lo llama “bonapartismo puigdemontista”), porque nadie votó nada. El colmo del absurdo fue que dijo: “proponemos que el Parlament suspenda…”, sin dar la opción a que la Cámara considere esa propuesta. Todo indica que había riesgo de deserciones en el bloque soberanista (sobre todo en el PDECat) si se llegaba a la ruptura unilateral;s in duda iba a haberlas (al menos las de la CUP) si lo que se votaba era la suspensión. Artur Mas maniobraba entre bambalinas, Europa lanzaba mensajes contundentes: no lo hagan.

La coalición soberanista parece a punto de saltar en pedazos, y eso puede ser el factor que frene esta dinámica enloquecida y lleve a elecciones autonómicas. Puigdemont debe estar durmiendo mal. Puede pasar a la historia como el líder que declaró la independencia al inaceptable precio de destruir el autogobierno catalán, o como el tipo que prometió el cielo y se arrugó a sus puertas. Su futuro personal es muy oscuro: mientras no haya DUI no se espera su arresto inmediato, pero los tribunales van acumulando material de sobra para condenarlo por delitos graves, como mínimo malversación y prevaricación, como máximo sedición y rebelión. Ese papel de la DUI con su firma no valdrá nada, pero en manos de un fiscal es la pistola humeante.

Solo hay una rendija de luz , que es a la que se agarran los mercados. Si Puigdemont respondiera que no ha declarado la independencia, el Gobierno frenaría la aplicación del 155. Y aún cuando lo aplicara lo haría de forma muy limitada, recuperando ciertas competencias (como actuó de facto Montoro), pero sin anular por completo la autonomía.

Entonces podría encauzarse el problema por el único camino realista: una negociación lenta pero ambiciosa, porque ya incluye expresamente la reforma de la Constitución. El papel protagonista no lo tendría ya la Generalitat, sino los parlamentarios catalanes en el Congreso. Oportunidad para el PDCat, que agoniza dentro de Junts pel Sí pero ahora podría presentarse como la solución, recuperar la centralidad y hacer ver a ese catalanismo pactista que Rajoy dijo echar de menos. En Barcelona, como la legislatura ya está muerta, tarde o temprano tendrán que volver a las urnas, y un nuevo liderazgo, aunque también fuera independentista, abriría nuevas posibilidades.

Esta ventana que apunta una salida a este embrollo es muy frágil. Cualquier cosa, por ejemplo el encarcelamiento de los Jordis (Sánchez y Cuixart, líderes de ANC y Omnium) podría volver a inflamar la calle. La CUP y buena parte de ERC no soportarían la traición a la causa. Los ojos se vuelven a los comuns, que pueden abrirse espacio a costa de los indepes, aunque al precio de que a Podemos se le vea en el resto de España demasiado cerca de los que quieren romperla. Cunde la preocupación en los morados por su futuro al otro lado del Ebro.

El nacionalismo es cosa de élites. El independentismo solo fue masivo cuando los partidos abrieron una subastade polarización identitaria

Una reflexión necesaria: incluso si el Govern de Puigdemont y Junqueras dieran un giro hacia el realismo, y PP y PSOE les integraran sin rencor en una vía lenta de reforma constitucional, ¿cómo va a contarse eso a las masas enfebrecidas que tocaban la república con la punta de sus dedos? Ese frente, el de la calle, va a seguir embarullado, aunque es posible que la perspectiva de una ruina económica haya desilusionado a amplios sectores respecto a esa independencia que prometía prosperidad.

La alianza entre la pequeña burguesía catalanista y los revolucionarios de raíz anarquista no podía salir bien. El nacionalismo siempre fue un asunto de élites. Nos presentaron el independentismo como un movimiento “de abajo arriba”. Pero nunca es así, como explica muy bien José Álvarez Junco en Dioses útiles. Naciones y nacionalismos (Galaxia Gutenberg). Dice el historiador: “En el caso de los nacionalismos que cuestionan los Estados existentes, hay que estudiar las élites con vocación política, excluidas o relegadas por el sistema de poder actual y decididas a construir (y controlar) un marco distinto”. Las identidades nacionales son “entes construidos culturalmente, manipulables al servicio de fines políticos y perecederos”. Yen esa construcción “se pone el sistema educativo, las subvenciones públicas, las instituciones culturales y los símbolos colectivos al servicio de esa cultura oficial o nacional”.

Los sentimientos nacionales tienen viejas raíces, pero “también son inculcados intencionadamente”, dice Álvarez Junco. Así ha sido durante décadas en Cataluña, cuando gobiernos más o menos nacionalistas impusieron un relato con toda su maquinaria, incluidos los colegios. Si ahora esa gente se vuelve contra sus gobernantes, estos recogerán lo que han sembrado.

Vale, el independentismo no es cosa de ayer. Cataluña cuenta desde hace tiempo con amplios sectores secesionistas, pero ni eran mayoritarios ni, sobre todo, esperaban ver cumplidos sus sueños en el corto plazo. Fueron los dirigentes políticos los que les empujaron a creer no ya que la independencia era posible, sino inevitable, y además estaba a la vuelta de la esquina. El auge del independentismo es el resultado de “una sobrepuja en una subasta de polarización identitaria que fue orillando a los más moderados del nacionalismo”, escriben Ignacio Molina y Juan Rodríguez Teruel en Agenda Pública.

Pese a sus manifiestos errores en la gestión de este problema, no se explica el fenómeno solo en que Rajoy sea “una fábrica de independentistas”, como se repite tan a menudo. Se ha equivocado mucho (cuando combatió el Estatut), pudo hacer mucho más (negociando con Artur Mas), pero se le demoniza porque toda causa necesita un enemigo.

Es verdad que todas las fuerzas políticas que están con el Estado constitucional dimitieron de su obligación de hacer frente, en la batalla de las ideas, al pensamiento nacionalista. Ha habido tal vacío en esa pelea que fue una conmoción escuchar el discurso de Josep Borrell en la manifestación por la unidad de España en Barcelona. Echábamos de menos ese tipo de liderazgo, didáctico y combativo a la vez. Y que en vez de seguir la corriente trata de convencerla. Cuando las masas españolistas coreaban que querían ver a Puigdemont entre rejas, Borrell les riñó:“No gritéis como las turbas del circo romano. A la prisión va sólo quien diga el juez que tiene que ir”. Chapó.

La mejor solución, entonces, sería que los propios nacionalistas echen un jarro de agua fría a su gente y pasen por el aro de la legalidad; que la justicia actué pero a su ritmo (todavía no ha acabado de investigar el 9N de 2014);y que los diputados muestren la misma altura de miras que otros tuvieron en 1978. Demasiados requisitos que se tienen que cumplir a la vez. Esto que parece distensión puede ser solo una tregua antes de la batalla final. Que quizás sirva para restaurar el orden, pero no para resolver el problema.

En los años 60, los pioneros de la sexología Masters y Johnson desaconsejaron el coitus interruptus porque, además de ansiedad, provoca eyaculación precoz. Acabe como acabe lo de Cataluña, va a ser inevitable la frustración. De uno de los dos bandos. O, más probable, de ambos.

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¿Quién sucederá a Janet Yellen a cargo de la Fed? | Mercados

La Reserva Federal anunció el 20 de septiembre que iniciará un proceso gradual para revertir el programa de compra de activos conocido como Quantitative Easing (QE) durante el mes de octubre. En vísperas de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, la Fed tenía activos en su balance por valor de 905.000 millones de dólares. Además de prestar en una primera fase a bancos privados para evitar un escenario parecido al de 1929, la Fed adquirió bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas en tres rondas de QE.

La estrategia ejecutada bajo Ben Bernanke y Janet Yellen funcionó. Los tipos de interés a largo plazo disminuyeron. EE UU salió de la recesión a mediados de 2009 y la expansión económica actual es la tercera más larga de su historia. El paro ha descendido del 10% de principios de 2010 al 4,2% actual. En el segundo trimestre, el PIB de EE UU creció a un ritmo anual del 3%. Desde que Yellen empezó a aumentar los tipos de interés a finales de 2015, el promedio de generación de empleo mensual alcanza los 185.000. La prudencia de Yellen en aumentar los tipos ha sido providencial, ya que también frenó la salida de capitales de países emergentes de 2015.

Aunque la inflación sigue por debajo del 2%, la Fed tiene que disminuir los 4,2 billones de dólares de activos en su balance. No dejará de comprar, pero a partir de octubre reinvertirá un porcentaje menor del rendimiento de los activos.

Al ritmo que propone Yellen, la Fed necesitará ocho años para vender los títulos respaldados por hipotecas en su balance. Habrá que esperar para ver el efecto de dicha medida y del incremento del tipo de interés sobre el mercado inmobiliario en EE UU. El crecimiento sólido que están registrando tanto las economías desarrolladas como las emergentes es otra garantía de que una política monetaria más restrictiva en EE UU no será perjudicial.

A pesar de la corrección en la cotización de las empresas tecnológicas, los índices bursátiles se mantienen a niveles altos, en parte porque aún confían que la administración Trump conseguirá la aprobación de una reforma y reducción tributaria y un paquete de renovación y construcción de infraestructuras de 1 billón de dólares.

En su reunión de finales de septiembre, la Fed también confirmó que seguramente aumentará el tipo de interés en diciembre. Dicha subida es deseable porque estimula el ahorro, proporciona alternativas para los inversores y frena la euforia bursátil. Pero el ritmo de dichos aumentos debe tener en cuenta factores de distinta índole. La reciente jubilación del vicepresidente de la Reserva Federal, el veterano Stanley Fischer, significa que hay cuatro vacantes en la junta de la Fed (de un total de ocho).

El primer mandato de Janet Yellen finaliza en febrero y creará una quinta vacante. A su favor tiene la tradición de que los tres últimos presidentes de la Fed (Volcker, Greenspan y Bernanke) obtuvieron el apoyo del presidente de EE UU para un segundo mandato. Trump parece preferir una política de tipos más bajos y un dólar menos fuerte, que es la que ha seguido Yellen.

Pero Trump – a diferencia de Yellen– es contrario a la legislación de supervisión del sistema financiero (ley Dodd-Frank) adoptada durante la presidencia de Obama. Un candidato que ya ha nombrado Trump para las vacantes de la Fed es Randal Quarles, partidario de diluir dicha regulación financiera. El máximo asesor económico de Trump, Gary Cohn, está en las quinielas para encabezar la Fed. Otro candidato es Jerome Powell, unos de los actuales miembros de la junta de la Reserva Federal y considerado un “halcón”. La incapacidad de prever las políticas y nombramientos de Trump no es el único factor que aconseja una mayor coordinación entre los gobiernos y bancos centrales de los países occidentales.

El Banco Central Europeo ha confirmado que mantendrá su política monetaria expansiva. La Fed se moverá en la dirección contraria. Los japoneses han sido convocados a las urnas en unas elecciones anticipadas.

La creación del G7 o el acuerdo Plaza de 1985 son dos precedentes de armonización de la política monetaria de las principales democracias. Ante las divergentes trayectorias de los bancos centrales, dicha cooperación evitaría turbulencias en los mercados.

Alexandre Muns Rubiol es profesor de OBS Business School

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Cataluña: frente a los trileros, pedagogía | Mercados

En la continua huida hacia adelante en que ha convertido su cruzada secesionista, Puigdemont ha encontrado en el surrealismo un nuevo aliado. Aunque una declaración de independencia tan esperpéntica como la puesta en escena el pasado martes puede resultar cómica conviene no engañarse: estamos ante un paso más en la construcción simbólica de una legitimidad política alternativa. Los independentistas catalanes tienen un claro proyecto de construcción nacional y para ello no dudan en ir adaptando su estrategia a las circunstancias. Tras décadas de espera, tanto da si la desconexión se consigue en un par de meses o en un par de años. Lo importante es seguir desbordando por la vía de los hechos las normas de convivencia que todos, españoles y catalanes, nos hemos dado.

Mientras los análisis se centran en el juego de trileros del President, los efectos profundos de este desgarro pasan a un segundo plano. En Cataluña el orden constitucional está suspendido de facto desde comienzos de septiembre, cuando el Parlament aprobó las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. En ese momento los líderes independentistas dieron por enterrada la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, normas que han permitido el más amplio régimen de autogobierno en esta comunidad y las mayores cotas de pluralidad social y cultural en la España contemporánea. Al hacerlo, declararon también abolido el Estado de Derecho que desde hace casi cuatro décadas garantiza en nuestro país la convivencia pacífica de los distintos proyectos políticos. 25 años después de unos Juegos Olímpicos que ofrecieron un ejemplo de unidad en la diversidad, resulta deprimente escuchar a los representantes de la mitad de los catalanes decirles a sus conciudadanos y al resto del mundo que las identidades catalana y española han dejado de ser compatibles, pese a los incontables lazos históricos, sociales, culturales y afectivos que compartimos.

Son muchos los desatinos que nos han conducido a este fracaso colectivo, pero sostener una falaz equidistancia en el reparto de culpas solo alimenta la confusión. Más allá de los problemas reales, los problemas exagerados y los problemas inventados, en Cataluña se libra desde hace décadas una batalla por el control de las palabras, los sentimientos y las conciencias. En política, la percepción de la realidad importa más que la realidad misma y esta se construye en buena parte con discursos. La desafección emocional de muchos catalanes hacia el proyecto común español es el resultado de un discurso cuasi-hegemónico repetido hasta la saciedad a través de canales que van desde la escuela hasta los medios de comunicación, pasando por las asociaciones culturales, la lengua o el fútbol.

Ante semejante esfuerzo de ingeniería social España ha perdido por incomparecencia. En ausencia de réplica, la sistemática equiparación de lo español con el atraso político, social y cultural ha dificultado cualquier intento de contraponer un discurso integrador de identidades múltiples y entrelazadas. La espiral del silencio que desde hace años ahoga la voz de la Cataluña no nacionalista da como resultado un espacio público asfixiante, en el que cualquier discrepante es despachado con el calificativo de “fascista” (Serrat incluido). El nacionalismo excluyente consigue así presentar falsamente a la sociedad catalana como un todo homogéneo.

A esta dinámica envenenada se le ha sumado en la última etapa un vendaval populista que, en Cataluña y en el resto del mundo, simplifica la idea de democracia hasta reducirla a una caricatura. A estas alturas resulta ineludible acompañar la palabra democracia del adjetivo que precisa su sentido moderno. La democracia liberal es mucho más que poner urnas para votar. Con sus instituciones representativas, sus garantías constitucionales y sus procedimientos reglados para el debate, la democracia liberal y el Estado de Derecho constituyen la mejor defensa que la razón ha encontrado contra la tiranía, ya sea esta ejercida por un déspota o por una mayoría coyuntural que pretenda cercenar los derechos y libertades de sus conciudadanos. En una época de eslóganes sectarios y razonamientos low cost sería fundamental que el mantra del “derecho a decidir” dejase paso al “derecho a ser consciente de lo que se va a decidir”.

Como el Brexit ha evidenciado, un referéndum basado en posverdades y apelaciones a las más bajas pasiones constituye una burla al sentido último de la democracia. La falta de empeño de nuestras élites políticas e intelectuales en explicar esto es otra causa de la situación actual. Para aquellos en cuyo imaginario España aparece como un régimen autoritario equiparable a la Turquía de Erdogán la independencia no puede ser más que una liberación. A la “revolución de las sonrisas” Rajoy solo ha opuesto jueces y antidisturbios. ¿Para cuándo un relato pedagógico?

¿Qué hacemos ahora? A corto plazo no cabe otra solución que restaurar el orden constitucional combinando la firmeza del Estado de Derecho con el menor quebranto posible a una convivencia muy deteriorada. El artículo 155 de la Constitución puede ser el mal menor frente al caos en el que unos inconscientes nos quieren sumir, pero el gobierno debe ser inteligente en su administración para evitar darle los populismos catalán y español el arsenal de odio y victimismo que manejan con habilidad. Sin embargo, nada de esto servirá a medio plazo si seguimos fallando en el diagnóstico del problema. Frente a una deriva sin fin en la búsqueda de rasgos étnicos y hechos diferenciales se trata, por una vez, de poner en valor lo que nos une. Conviene recordar lo obvio: la Constitución de 1978 alumbró un país plural y diverso con una descentralización política a la altura de cualquier estado federal avanzado.

En los próximos años España debe dejar de ser una extraña excepción entre las democracias de su entorno y empezar a promover un relato progresista e integrador de la nación como un espacio público de ciudadanos libres e iguales. Para ello, cualquier reforma constitucional debe orientarse a dignificar nuestras instituciones y aumentar la calidad de nuestros debates. Dejemos de mirarnos el ombligo y fijémonos en modelos que valen la pena. Frente a las banderas que añoran muros, la enseña europea nos ofrece un proyecto común a la altura del mejor ideal humanista.

Carlos Rico Motos es politólogo y profesor de Comillas Icade

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La unión bancaria europea es un espejismo | Mercados

El Himno a la Alegría de Beethoven celebra la fraternidad humana; pero garantizar los depósitos de los demás es otra cosa. La propuesta de garantizar los ahorros hasta 100.000 euros mediante una unión bancaria europea no ha llegado casi a ningún lado desde que fue introducida por primera vez en noviembre de 2015.

El plan original de la Comisión Europea contemplaba crear para 2024 un fondo equivalente al 0,8% de los depósitos garantizados de los bancos de la zona. Eso equivaldría a 43.000 millones. Los ahorradores dependen de sistemas nacionales, financiados por bancos locales, que ofrecen diferentes niveles de cobertura y financiación. Si el plan se queda corto, los Gobiernos tienen que compensarlo. Para romper ese vínculo y crear condiciones de igualdad, los bancos europeos necesitan un respaldo común.

La objeción viene del riesgo moral. Economías fuertes como Alemania temen que tendrían que compensar, por ejemplo, a los depositantes griegos si son víctimas de otra crisis.
El intento de la Comisión de cuadrar este círculo se divide en dos partes. Una fase inicial, denominada “fase de reaseguro”, permitiría que los sistemas nacionales de garantía de depósitos tomen prestado del fondo paneuropeo para cubrir pérdidas en los depósitos hasta el límite de 100.000 euros. Los bancos sanos que quedaran en el país –asumiendo que hubiera– podrían devolver el préstamo a posteriori.

Si esto fuera insuficiente, en una segunda “fase de coaseguro” el fondo paneuropeo cubriría pérdidas directamente. No obstante, es crucial que cualquier ayuda dependa de que los bancos de un país aprueben una “revisión de la calidad de los activos” que evalúe las provisones y las deudas incobrables. Sólo aquellos considerados suficientemente seguros podrían beneficiarse de la cobertura del sistema.

Las propuestas debilitan el círculo vicioso deuda soberana-bancos, pero solo a expensas de entregar más poder a los supervisores europeos. Puede que Francia y Alemania hayan elegido recientemente líderes ardientemente pro-UE. Pero el poder de los acreedores y la condicionalidad siguen estando a la orden del día.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.

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