Estas son las leyes que se van a ‘cocer’ en el Parlamento este otoño | Mi dinero

Casi un centenar de leyes esperan a los diputados y senadores en sus escaños en septiembre cuando se reanude la actividad parlamentaria con un nuevo período de sesiones que promete ser intenso y que verá si el Gobierno es capaz de revalidar apoyos para sacar adelante los presupuestos generales de 2018.

La negociación de las cuentas públicas marcará una agenda que incluye también otros seis proyectos de ley, entre ellos el de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía y el de trasposición de la directiva comunitaria en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, ambos en plazo de presentación de enmiendas.

Junto a los textos legislativos remitidos por el Gobierno a las Cortes, aguardan 86 proposiciones de ley planteadas en su mayoría por los grupos parlamentarios, especialmente por el PSOE y Unidos Podemos, que son autores de más de una treintena. Del total de proposiciones de ley registradas, alrededor de veinte se encuentran aún en período de contestación por parte del Gobierno.

Esta fase en la que el Ejecutivo manifiesta su conformidad o no a la tramitación de leyes ha sido objeto durante el último período de sesiones de numerosas críticas de la oposición, que acusa al Gobierno en minoría de Mariano Rajoy de utilizar esta potestad constitucional para vetar sus iniciativas.

Sobre todo aquellas que buscan derogar las grandes leyes puestas en marcha por el PP en la anterior legislatura, como la Lomce o la reforma del Estatuto de los Trabajadores.

Entre las que se encuentran en período de contestación, están la ley de reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la memoria histórica y las de reforma de la leyes del estatuto orgánico del ministerio fiscal, de asistencia jurídica gratuita, del Código Penal Militar y de la Seguridad Social para la mejora de la prestación económica por hijo o menor a cargo.

También la de modificación de la Ley Orgánica del Código Penal para la despenalización del derecho a huelga, así como la relacionada con las imprudencias en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y la sanción del abandono del lugar del accidente.

Dos normas en la recta final

Solo dos de las 86 proposiciones de ley que se encuentran actualmente en trámite en las Cortes están ya en su recta final en el Senado: la de reformas urgentes del trabajo autónomo y la reguladora de los precursores de explosivos -sustancias que aun siendo legales pueden utilizarse para la fabricación casera e ilícita de explosivos-.

En el Congreso, la comisión de Justicia e Interior es la que tiene más carga de trabajo con iniciativas dirigidas a derogar o modificar distintos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada “ley mordaza” por sus detractores.

La de Sanidad y Servicios Sociales debatirá sobre los derechos y garantías de la dignidad de las personas ante el proceso final de su vida y sobre la reforma de la ley de defensa de los consumidores, mientras que la de Educación y Deporte estudiará la suspensión del calendario de implantación de la ley educativa y la reforma de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

El resto de comisiones tienen menos asuntos en cartera y, es que, los grupos de la oposición han decidido, de acuerdo con el cupo del que disponen, que cerca de cuarenta de sus iniciativas legislativas se debatan en Pleno.

Entre ellas, figuran las cuatro que más tiempo llevan en espera -desde septiembre de 2016- y que buscan modificar el Tribunal del Jurado, reformar la ley de lucha contra la morosidad, derogar la licencia federativa única para las actividades deportivas y eliminar el sistema del voto rogado.

La actividad legislativa de los próximos meses se completará con la tramitación de varias iniciativas procedentes de las comunidades autónomas, como la modificación del régimen especial de Baleares, la reforma del régimen general de la Seguridad Social planteada por Navarra o la ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto propuesta por el País Vasco.

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Consejos para una empresa que se enfrenta a un juicio penal | Legal

Se ha tratado mucho la responsabilidad penal de la persona jurídica y las ventajas de tener un plan de prevención de riesgos penales. El compliance está de moda, pero aún se desconocen las especialidades y cautelas procesales que deben seguirse a la hora de enjuiciar a una empresa. Prueba de ello son las sentencias dictadas dejando patente que las partes o, incluso, los jueces y los fiscales, debían haber obrado de otro modo.

Hay dos premisas fundamentales que deben cumplirse. La primera es que la persona jurídica tiene las mismas garantías procesales que la persona física, deben aplicársele, por tanto, los mismos principios del proceso penal, como son los de oralidad -debe ser escuchada- y contradicción -debe poder defenderse de la acusación- entre otros. Esto, que parece de Perogrullo, ya ha dado lugar a absoluciones, por no haber sido imputada la empresa en forma (sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Marzo de 2016) , o por no haber sido oída (sentencia de Tribunal Supremo de 6 de octubre 2016).

Sin ir más lejos, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 2 de junio de 2017, ha absuelto a una empresa de los delitos fiscales por los que sí fueron condenados sus administradores, debido a que el Fiscal no acusó y el Abogado del Estado, en el trámite de conformidad, preguntó a los acusados si se conformaban con los hechos, y así lo hicieron, pero no preguntó a quien representaba legalmente a la empresa, que era precisamente uno de los acusados. De forma que éste reconoció los hechos en su propio nombre, pero no en el de la persona jurídica, y no solicitó la continuidad del juicio para demostrar los hechos contenidos en su escrito de acusación contra la persona jurídica.

Esto nos lleva a la segunda premisa, y es la de que puede existir un conflicto de intereses si la empresa es representada legalmente en juicio por la persona física acusada, a su vez, de cometer el delito. La estrategia de defensa de ambas puede divergir. Por ejemplo, a la persona jurídica puede interesarle denunciar los hechos en cuanto los conoce, aportando datos y pruebas sobre la identidad de su autor y los hechos por él cometidos para que ello pueda servirle como atenuante del artículo 31 bis quáter b del Código Penal, pero perjudicar así a la persona física, o a la inversa, a la persona física puede interesarle conformarse con los hechos para ver reducida su pena y a la persona jurídica esto le produce unas consecuencias reputacionales muy graves.

Hasta la fecha, los remiendos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que han ido llenando las lagunas de la intervención de la persona jurídica en juicio no han resuelto este extremo. En otros ordenamientos se prevén distintas fórmulas como: la designación a estos efectos por el juez correspondiente de una especie de “defensor judicial” de la persona jurídica; la asignación de tales responsabilidades a un órgano colegiado compuesto por personas independientes, junto con otras en representación de los intereses de terceros afectados por las posibles sanciones derivadas del ilícito de la persona jurídica; o en nuestro propio país en el Borrador de Código Procesal Penal de 2013 (artículo 51.1) mediante la atribución de esas funciones de defensa, con carácter prioritario, al “director del sistema de control interno de la entidad” (el denominado también como “oficial de cumplimiento” o “compliance officer”).

Ya la primera sentencia del Tribunal Supremo que condenó a una persona jurídica el 29 de febrero de 2016 abordó esta problemática advirtiendo de que podría apreciarse la posible violación del derecho de defensa de la persona jurídica y disponer la repetición del juicio para que la misma fuera representada por alguien que debería ser designado, por los órganos de representación, sin intervención en tal decisión de quienes fueran a ser juzgados en el mismo proceso. El Supremo, además, envía el encargo a los jueces de que, en cada supuesto concreto que aborden, intenten evitar que esos riesgos lleguen a producirse. Y va más allá, lanzando al legislador el mensaje de que “remedie normativamente la posibilidad de que se produzcan situaciones indeseables de esta clase, con una regulación adecuada de la materia”.

Ya lo dice el refranero popular, que es muy sabio : más vale solo que mal acompañado y por matar dos pájaros de un tiro, te puede salir el tiro por la culata.

Para saber más sobre los procesos contra personas jurídicas consulta el concepto en las guías jurídicas de Wolters Kluwer

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De las nuevas normas, ¿cuáles y cómo afectan al bolsillo del autónomo? | Autónomos

Hace apenas dos semanas se aprobaba por unanimidad en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de trabajadores autónomos. La nueva normativa trae consigo mejoras en diversos ámbitos y aspectos. A nivel de conciliación, de representatitividad, de formación, etc.

Sin embargo, también hay medidas muy concretas que afectarán al bolsillo de este tipo de trabajadores autónomos. Las recopilamos y analizamos a continuación, para determinar realmente qué impacto tendrán sobre las cuentas de estos profesionales:

  • Las actividades profesionales que se realicen en el domicilio tendrán una deducción fiscal de un 30% en los principales suministros: agua, electricidad y telefonía. El porcentaje se calcula sobre la superficie de la vivienda que se utilice para la actividad. Puedes simular exactamente qué deducción te corresponde aquí.
  • De igual manera, los autónomos se podrás deducir hasta 26 euros al día en comidas, con la condición de que se abone el importe con medios electrónicos. Un autónomo medio que coma todos los días fuera de casa contará con 1.200 euros más en su bolsillo a final de año.
  • Ampliación de la tarifa plana de 50 euros de los seis meses a un año. Ahora los emprendedores que se den de alta como autónomos para montar un negocio, podrán pagar una cuota de 50 euros al mes durante un año.
  • Los trabajadores por cuenta propia no perderán ayudas en su cotización cuando contraten empleados. Los contratos que sean de carácter indefinido, además, podrán bonificarse el 100% de la cotización social.
  • Las mujeres autónomas que sean madres pagarán una cuota de 50 euros durante un año, una vez se incorporen después de su correspondiente baja por maternidad.
  • Con la nueva ley, cuando un profesional autónomo llegue a la edad de jubilación, pero esté trabajando y tenga empleados a su cargo, podrá compatibilizar la pensión de jubilación con el sueldo de su actividad profesional.
  • Los trabajadores por cuenta propia que contraten de forma indefinida a un familiar, también se podrán bonificar el 100% de su cotización social, siempre que mantenga el empleo durante los siguientes seis meses, y que durante el año anterior no haya despedido a ningún empleado de manera improcedente.
  • El impuesto anual de los profesionales autónomos se fijará en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que las bases de cotización dejan de estar ligadas al Salario Mínimo Interprofesional, y si este sube, los impuestos de los trabajadores por cuenta propia no tienen por qué.

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Tras cinco años de proceso judicial, desiste a una semana del juicio y le sale gratis | Legal

Si tras cinco años esperando a que se celebre el juicio, la acusación decide desistir y no perseguir sus pretensiones, no tiene que cargar con las costas del proceso. Al menos esto es lo que establece una reciente sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo en un controvertido caso juzgado a finales de abril.

Una mujer, que había sufrido lesiones durante una persecución policial en Valencia, acusó a uno de los policías locales por las lesiones sufridas tras caer por un terraplén. Con el parte de lesiones en la mano y un informe forense en el que se explicaba el origen de estas, decidió proceder penalmente contra el agente. Tras cinco años y a solo una semana de que se celebrase la vista de juicio oral, la mujer decidió desistir y el policía fue absuelto.

El problema surge cuando condenan en costas a la mujer por uso temerario del proceso penal, cuestión que es objeto de recurso de casación interpuesto por su defensa. Según dicha defensa, al presentar el desistimiento el Juzgado de Primera Instancia debería haber dictado un auto de sobreseimiento de manera directa, sin necesidad de mantener el señalamiento para el juicio.

Para poder imputar el pago de las costas a una acusación particular que ha desistido de dicha acusación, se tiene que apreciar temeridad o mala fe en sus actos, es decir, que desista porque quiere con ello conseguir trastocar el normal desarrollo del proceso penal para obtener algo con ello. Sin embargo, las razones de la mujer radican en una cuestión puramente económica, ya que alega no poder hacer frente al coste de continuar con el procedimiento, además de resultarle imposible trasladarse desde su actual lugar de residencia, en Cádiz, hasta Valencia.

Entiende el Supremo que no puede apreciarse el ejercicio temerario del proceso que alegó el juez en primera instancia y que confirmó la Audiencia, ya que la acusación particular, que tenía suficientes pruebas para ganar el juicio, desiste por razones económicas, que si bien no fueron del todo justificadas, explican el cambio de postura. Para el alto tribunal esto es causa suficiente para no apreciar en el desistimiento mala fe ni temeridad por parte de la mujer y, por tanto, para no condenarle al pago de las costas procesales, por más que presentase el escrito solo una semana antes del juicio.

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El número de asuntos laborales que llega a los tribunales se dispara un 15,2% | Legal

En el primer trimestre de 2017, el número de asuntos que ingresaron en la jurisdicción social se disparó un 15,2%. Así lo reflejan los últimos datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial relativos a los tres primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2016. Concretamente, los asuntos registrados relacionados con conflictos laborales alcanzaron la cifra de 108.198 y en ese tiempo se resolvieron 112.856 casos, un número más elevado de los que ingresaron, aunque siguieron quedando pendientes otros 274.710 al finalizar el trimestre.

El órgano de esta jurisdicción más congestionado de España es el Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta, y el que cuenta con menor carga de trabajo, el número 2 de Terrassa, según se puede extraer de los datos de Jurimetría, la herramienta de analítica jurisprudencial y predictiva de Wolters Kluwer. En cuanto a los tribunales superiores de justicia (TSJ), el que acapara mayor volumen de trabajo en este ámbito es el de la Comunidad Valenciana, y el que menos, el de La Rioja.

También la jurisdicción civil ha experimentado un importante incremento en el número de asuntos ingresados. En el primer trimestre registró 511.147 casos, lo que supone un incremento del 7,8% respecto a 2016. En ese tiempo se resolvieron un total de 517.592 asuntos, quedando en trámite al final del periodo 1.033.570.

En civil, el juzgado más sobrecargado de España es el de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montoro (Córdoba), y el que asume menor volumen de asuntos es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1deVélez-Rubio (Almería), según los datos de Jurimetría. Respecto a la actividad de los TSJ y las audiencias provinciales, los más desbordados en materia civil son el TSJ de Asturias y la Audiencia de Málaga, y los menos saturados, el TSJ de Islas Baleares y la Audiencia de Ávila.

Pero no en todas las jurisdicciones ha crecido el número de asuntos ingresados. En la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, los asuntos que entraron en los primeros tres meses del año (49.009) fueron similares a los del mismo periodo un año antes y, en penal, la cifra descendió en un 4,2%, entrando 833.067 nuevos casos.

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Si eres autónomo pronto podrás desgravarte hasta 12 euros diarios por comida | Mi dinero

La Ley de medidas urgentes del trabajo autónomo quedó el miércoles prácticamente cerrada en la ponencia del Congreso de los Diputados donde se ha negociado. Esta norme incluye una decena larga de novedades para el funcionamiento de los más de tres millones de autónomos dados de alta en la Seguridad Social. El Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el PDeCAT prevén sacar ya adelante la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que mañana podría ser enviada directamente al Senado, para que pudiera entrar en vigor desde finales de junio o principios de julio.

La medida más novedosa es que los autónomos con empleados a su cargo y cumplida la edad legal de jubilación podrán compatibilizar el cobro del 100% de su pensión con el mantenimiento de su actividad. El resto de autónomos seguirá con el 50%. En la actualidad, la ley permite a todos los trabajadores que cobren el 50% de la pensión a la que tienen derecho cuando se jubilan y, al tiempo sigan trabajando ya sea como autónomos o como asalariados. Hasta ahora, el 85% de los trabajadores que optaban por esta compatibilidad eran autómos.

Finalmente, los grupos están negociando con el Ministerio de Hacienda que los autónomos puedan deducirse en el IRPF “los gastos de manutención afectos a la actividad por un importe máximo de 12 euros diarios”. Si bien se les exigirá que este importe “se realice en soporte telemático y pueda ser comprobado de forma fehaciente a través de factura o sistemas indirectos de pago que tengan esta finalidad específica”. Además, este gasto deberá producirse en días laborables y exclusivamente en establecimientos de restauración y hostelería. No obstante, la enmienda que recoge esta medida fue paralizada ayer a última hora en la ponencia que diseña esta ley, pero sigue viva y los grupos negocian ahora con el Ministerio de Hacienda su redacción definitiva.

Respecto a la nueva cotización de los autónomos por formación, esta se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, previo debate en el diálogo social con las asociaciones más representativas de los autónomos. Esta nueva cuota permitirá a los autónomos beneficiarse de cursos formativos subvencionados, tal y como lo prevé la ley que reformó el sistema de formación para el empleo.

Otro de los últimos capítulos de esta ley en cerrarse ha sido el relacionado con la representatividad de este colectivo de trabajadores. La futura ley reconocerá finalmente la “utilidad pública” de las asociaciones más representativas, como ya se otorga a los sindicatos y organizaciones patronales. Y se reconocerán también las organizaciones de autónomos autonómicas más representativas en sus ámbitos, algo por lo que ha luchado especialmente ERC.

En este sentido, la ley también dará un año para la reglamentación de la participación de los autónomos en el Consejo Económico y Social (CES).E igualmente, un año para la creación del Consejo del Trabajo Autónomo.

Otras medidas ya cerradas

Los grupos ya habían cerrado con anterioridad otras medidas como la ampliación de seis meses a un año el tiempo de cobro de la tarifa plana de cotización por contingencias comunes de 50 euros mensuales. Además, se reduce de cinco a dos años, el periodo que se exige haber estado sin cotizar al Régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) para poder beneficiarse de esta tarifa plana. Este periodo de baja exigido será de tres años en el caso de que el trabajador autónomo hubiera disfrutado ya de esta tarifa plana en su anterior periodo de alta en el RETA.

La base mínima de cotización de los autónomos societarios (con al menos diez asalariados) se determinará cada año en la Ley de Presupuesto, dejando así de estar ligada a la base mínima del régimen genera.

Asimismo, la Tesorería de la Seguridad Social pasará a devolver de oficio antes del 1 de mayo, el exceso de cotizaciones ingresadas por los trabajadores dados de alta también en algún Régimen por cuenta ajena.

La ley modificará el reglamento de inscripción en la Seguridad Social, permitiendo que el autónomo se dé de alta “hasta 3 veces” dentro de cada año natural, desde el día en el que el trabajador reúna los requisitos para incorporarse al sistema, “siempre que el alta se solicite en los términos establecidos reglamentariamente”. Igualmente, se permitirán hasta tres bajas en cada año natural, cuyos efectos coincidirán también con el día real en el que el trabajador comunique que ha cesado su actividad.

La futura normativa permitirá a los autónomos cambiar su base de cotización hasta cuatro veces al año, frente a las dos actuales. Bonificaciones. Se permitirá que los autónomos disfruten de las bonificaciones por la contratación de empleo indefinido cuando contraten a familiares por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado de consanguinidad o de quienes tengan el control empresarial o tengan cargos directivos, siempre que cumplan algunos requisitos. En concreto, que el trabajador autónomo no haya despedido de forma improcedente durante los 12 meses anteriores al contrato bonificado. Tampoco podrá extinguir por las mismas causas un contrato de trabajo en los seis meses posteriores a la celebración del contrato bonificado.

La ley modificará el Estatuto del Trabajo Autónomo para incorporar bonificaciones a las autónomas que se reincorporen al trabajo después de la maternidad, adopción, acogimiento y tutela. Las mujeres que vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes a la fecha de cese por uno de estos motivos, podrán acogerse a la tarifa plana de 50 euros durante los 12 meses siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo, siempre que opten por cotizar por base mínima.

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