La CNMV desoye la petición del Gobierno de frenar la opa de Atlantia por falta de autorización | Compañías

La batalla entre el Gobierno y Atlantia está servida. Incluso podría haber un choque de trenes en el Ejecutivo por la interpretación de supuestas obligaciones de la italiana. La CNMV ha decidido no esperar más y autoriza la operación formalizada el pasado 15 de junio.

Ese visto bueno supone pasar por encima de las advertencias de Fomento y Energía, que se dirigieron por carta al ente regulador el pasado 25 y 26 de septiembre, respectivamente, informando de que Atlantia no había solicitado a ninguno de los dos departamentos un análisis por el cambio de control en concesiones de autopistas y órbitas satelitales.

Fomento alude a la Ley de Autopistas de 1972 y al Decreto 215/1973 sobre el sistema concesional para arrogarse un papel de árbitro en la opa. Abertis gestiona más de 1.500 kilómetros de carreteras de peaje en España, con un 59% del mercado concesional en sus manos.

El ministerio que lidera Íñigo de la Serna recuerda a la CNMV que cuando una opa requiera de la autorización o no oposición de cualquier otro organismo, podrá presentarse la solicitud de autorización de la oferta sin atenderse el citado trámite, pero “la CNMV no autorizará la oferta hasta que no se le acredite la obtención de la correspondiente autorización, no oposición, o simple notificación”.

Fomento alude a la Ley de Autopistas de 1972 y al Decreto 215/1973 sobre el sistema concesional para arrogarse un papel de árbitro en la opa

El aviso se produjo en similares términos por parte de Energía, Turismo y Agenda Digital, donde se califica de estratégica a Hispasat.

Ante el peso de tales avisos, la CNMV trasladó las cartas a Atlantia y esta insistió en su posición de no someter sus planes al visado del Gobierno. “A juicio de Atlantia no es necesaria autorización en España en relación con la toma de control directa de Abertis e indirecta de su grupo de sociedades”, explica en el folleto la empresa participada por la familia Benetton.

En cuanto a Hispasat, Atlantia argumenta que la opa sobre Abertis supone un cambio de control sobre esta última y no la enajenación de acciones del operador de satélites. También incide en que ni Abertis ni la propia Hispasat tienen por objeto social actividades relacionadas directamente con la defensa nacional, por lo que descarta una suspensión del régimen de liberalización de la inversiones exteriores en España, que prevé el Real Decreto 664/1999, y no entiende como obligatoria la autorización del Consejo de Ministros.

Eso sí, la italiana insiste en que se pone a las órdenes del Gobierno en lo que toca a Hispasat: “Atlantia tiene la voluntad de atender a los intereses estratégicos del Reino de España en relación con la gestión y eventual destino del 57,05% de Abertis en Hispasat”, se puede leer en el folleto. Y añade que “tendrá en consideración las indicaciones de la administración española en materias tales como la posible transmisión de todo o parte de Hispasat a terceros que cumplan los requisitos de idoneidad que se tengan por convenientes”.

Pese al intento de freno a la CNMV por parte de Fomento y Energía, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha resaltado la independencia del regulador: “Es un mercado abierto, los mercados de capitales son libres. La CNMV es independiente y ha tomado una decisión, así que no tengo mucho que añadir”, recogió Efe antes de la reunión de titulares de Economía y Finanzas de la eurozona en Luxemburgo.

Sin rastro de Cataluña

– La potencial compradora de Abertis ha evitado citar en la documentación de la opa el grave conflicto político, social y económico que sufre Cataluña, donde Abertis ha tenido siempre su centro de decisiones. Atlantia se compromete a “mantener el actual domicilio social y principal centro de decisión de Abertis”, asegura sin citar ciudad alguna.

– Entre los 27 bancos que firmaron el 25 de mayo el contrato de financiación que sostiene la opa de Atlantia, figuran los españoles Santander, BBVA y CaixaBank.

– Atlantia deja ver que mantendrá a Abertis como primer accionista de Cellnex, en la que cuenta con el 34%. La firma tendrá que bajar del nivel del 30% para evitar una opa sobrevenida, pero no prevé una mayor desinversión.

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Polémica sobre el cierre de centrales eléctricas | Compañías

Hace escasos días, el Ministerio de Energía ha abierto un periodo de consulta pública en relación a un futuro proyecto de real decreto para regular el procedimiento de cierre de instalaciones de generación eléctrica. El objetivo es preguntar simplemente si se puede mantener abierta una central por cuestiones de afectación a la seguridad de suministro, al cambio climático o al precio, lo cual es en cierta medida paradójico. Se intuye que el reciente anuncio de cierre de la central de Garoña algo ha podido influir en la decisión ministerial de publicar la citada consulta pública.

¿Por qué, cuanto menos, es paradójico? En primer lugar, conviene recordar que la Unión Europea publicó a finales de 2016 el cuarto paquete legislativo Energía limpia para todos los europeos. Este contiene ocho propuestas para tratar de culminar el mercado interior de electricidad en la Unión Europea. Entre las mismas se contemplan medidas relativas al diseño de los mercados mayoristas de electricidad encaminadas a su mejora competitiva de los mercados, señalándose (artículo 3) que los mercados deben contemplar la libertad de entrada y salida de la generación eléctrica en función de su sostenibilidad económica. Además, considera otras actuaciones en lo relativo a la participación de todos los agentes en el mercado, la eliminación de los precios suelo y techo en los mercados, la limitación de la prioridad de despacho solo para instalaciones de pequeña potencia renovable o la resolución de las restricciones de red mediante mecanismos de mercado.

En segundo lugar, la ley del sector eléctrico, ya desde 1998, estableció la liberalización de las actividades de generación y comercialización de electricidad, reconociendo la libre iniciativa empresarial para las mismas y manteniendo como actividades reguladas el transporte y la distribución eléctrica. Esta liberalización fue la que atrajo a la inversión privada a desarrollar nuevos proyectos de generación eléctrica por miles de megavatios.

En tercer lugar, señalar que también hace escasas fechas el Consejo de Ministros aprobaba la creación y composición de la Comisión de Expertos para la Transición Energética con el objetivo de que elabore un informe sobre las diferentes alternativas para implementar una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono. ¿No sería mas congruente que la citada comisión de expertos analizara, entre otras cuestiones, el asunto del cierre de centrales de generación dentro del marco de la transición energética? En mi opinión, entiendo que ese debiera ser el marco, donde además se analizaría el asunto no de forma aislada, sino con visión de conjunto, pues sus derivadas no son inocuas.

Analicemos ahora las motivaciones por las cuales los propietarios de instalaciones de generación eléctrica no obsolescentes solicitan el cierre temporal o definitivo. Básicamente se debe a la falta de sostenibilidad económica de sus instalaciones.

Recordemos que en el Estado español existe actualmente un exceso de capacidad instalada, el parque de generación supera los 100.000 MW frente a una punta de demanda (consumo) en el entorno de 40.000 MW. Esto indicaría que en el corto y medio plazo no será necesario realizar nuevas inversiones en generación eléctrica, siempre y cuando se mantengan en buena medida dichas instalaciones operativas. Para ello es necesario que su sostenibilidad económica esté garantizada, lo cual pudiera no ser así al existir actualmente una perspectiva negativa en los márgenes de explotación debido a diferentes factores. Por un lado, la importante penetración de renovables, que ha hecho que el hueco térmico se reduzca notablemente, es decir, que las horas de funcionamiento de muchas centrales térmicas sean reducidas. También, debido a la aplicación de nuevas cargas impositivas, como el impuesto del 7% a la generación, la tasa a las nucleares, el canon hidráulico o el céntimo verde a los combustibles fósiles y la escasa interconexión eléctrica con Francia, todo ello a pesar de que el consumidor eléctrico soporta unas muy altas tarifas debido fundamentalmente a que soporta en ellas costes no directamente relacionados con el suministro eléctrico que cuasi duplican el coste de producción, transporte, distribución y comercialización eléctrica que son los directamente relacionados con el suministro eléctrico.

Esta falta de sostenibilidad económica de la generación eléctrica térmica, necesaria para el buen funcionamiento del sistema eléctrico con una alta penetración de renovables de producción intermitente, puede conllevar el cierre de centrales, al no ser capaz el mercado mayorista de electricidad, mercado solo de energía, de proveer las adecuadas señales económicas de largo plazo que permitan realizar nuevas inversiones o mantener las actuales instalaciones de generación de forma que permitan recuperar el coste marginal de explotación. Por ello se apunta la necesidad de desarrollar en este mercado mecanismos que retribuyan adecuadamente la potencia, es decir, mecanismos de capacidad y disponibilidad.

Por todo ello, el Ministerio de Energía, si tiene una preocupación por el cierre de centrales eléctricas, debiera traspasar a la Comisión de Expertos para la Transición Energética y a la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la que quiero reivindicar, esa preocupación, de forma que puedan analizar el entorno completo y diseñen soluciones compatibles con la dinámica regulatoria europea de liberalización, sostenibilidad y buen funcionamiento de los mercados que redunde en beneficio de consumidores y de las empresas.

Juan Ignacio Unda es exconsejero de la Comisión Nacional de Energía.

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