Báñez quiere aprobar ya el contrato temporal con indemnización creciente | Mi dinero

El Gobierno no quiere perder la iniciativa en materia laboral. Y mucho menos dejar esta iniciativa a Ciudadanos para que la capitalice en el Parlamento. Por ello, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, convocó hoy a los máximos líderes sindicales de CC OO y UGTy de las patronales CEOE-Cepyme, para acelerar los trabajos de las cuatro mesas de diálogo social abiertas y retomar el protagonismo de las propuestas laborales.

Báñez y los agentes sociales –que valoraron muy positivamente el encuentro– se propusieron tener cerrados acuerdos en la mayoría de todas estas materias antes de fin de año.

La ministra presentó a patronal y sindicatos un documento de propuestas; muchas de ellas están incluidas en el acuerdo de 150 medidas que el Gobierno pactó con Ciudadanos para la investidura, tal y como reconoció la propia Báñez. Si bien, aunque no citó a la formación naranja, la titular de Empleo sí dijo que la propuesta del Gobierno está “abierta a todos para introducir mejoras”.

Estas son las principales medidas que quiere sacar adelante Báñez en la negociación con patronal y sindicatos en los próximos tres meses:

Penalizar el abuso de la temporalidad y la rotación. Dentro de la mesa de negociación para la calidad del empleo, Báñez ha propuesto reducir a tres las modalidades de contrato. Uno sería fijo; otro temporal “de protección creciente” y un tercero de formación.

La ministra confirmó tras el encuentro que dicho contrato temporal consistiría en el consensuado con Ciudadanos en el pacto de investidura. Tendría una duración máxima de dos años, ampliable a un tercero por convenio. Y contaría con una indemnización de 12 días al término del primer año (actual indemnización de todos los contratos temporales);de 16 días al finalizar el segundo año y 20 días a partir del tercero (esta es la indemnización de los despidos objetivos procedentes).

Esto, en la práctica, ya supondría una primera penalización de la contratación temporal porque encarecería sus indemnizaciones al término del contrato.

En esta misma línea, Empleo quiere crear un sistema de bonus malus, que incremente las cotizaciones por desempleo que pagan las empresas a aquellas compañías que abusen de la temporalidad y de la rotación, y las rebaje a las que actúen correctamente en esta materia.

Asimismo, Báñez instó a que en la negociación colectiva empresas y trabajadores fijen límites sectoriales o en las empresas al volumen de contratación temporal que se pueda hacer.

Finalmente, en este capítulo, Báñez anunció que reforzará las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de fraude en la contratación. Para ello, “potenciará” la conversión de contratos temporales sin causa en indefinidos y “revisará” el régimen sancionador.

Plan de choque por el Empleo Juvenil. Estas medidas para los más jóvenes propuestas ayer por Báñez incluirían un nuevo contrato de relevo asociado a la jubilación parcial, para formar a los trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se incorporen a una empresa sin cualificación ni experiencia para ese puesto. Además, Empleo quiere sacar adelante la “ayuda de acompañamiento” de 430 euros a los jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil que consigan un contrato de formación.

Se trata, también en este caso, de una ayuda similar al complemento salarial pactado por el Gobierno y Ciudadanos, para el que Empleo cuenta con 3.200 millones de Bruselas, según dijo ayer Báñez. El Gobierno quiere también ampliar hasta 3.000 euros la bonificación de los contratos de formación que se conviertan en fijos.

Formación. La ministra anunció la publicación “inminente” de dos convocatorias de subvenciones: una para formar a trabajadores en economía digital y tecnologías de la información; y otra, para programas transversales (idiomas, por ejemplo) de carácter sectorial.

Los líderes de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez se mostraron satisfechos y optimistas tras el encuentro con Báñez. Consideraron que la reunión de ayer y las propuestas del Gobierno, son “un buen punto de partida”. Si bien insistieron en que Báñez no les propuso medidas cerradas, sino que todas serán negociables.

Por su parte, el presidente de CEOE, Juan Rosell dijo que los empresarios están dispuestos a hablar de todo, salvo del incremento de cotizaciones sociales. Con ello, ya rechazó, al menos la propuesta subir las cuotas a las empresas que abusen de la temporalidad.

Otras propuestas

La agenda de temas planteada hoy por Báñez a los agentes sociales incluyó estas otras iniciativas:

Salario Mínimo. Los responsables de Empleo quieren “iniciar ya” el análisis con empresarios y sindicatos de los efectos de la última subida del 8% del salario mínimo en 2017; y, en función a ello y a las disponibilidades presupuestarias, negociar la subida para el próximo año.

Igualdad. El Gobierno propone negociar con los interlocutores sociales “medidas de transparencia que cuantifiquen la retribución por género, según una tabla de clasificación profesional”.

Conciliación. El Ejecutivo quiere sacar adelante en los próximos tres meses un plan de racionalización de horarios.

Ayudas a parados. Tras prorrogar el plan Prepara, solo hay un capítulo para el que el diálogo social se da más tiempo; hasta finales de abril. Se trata de la reorganización de todos los programas de ayudas a parados de larga duración. Báñez anunció la puesta en marcha en este tiempo de la tarjeta social, donde figurarán las ayudas de cada Administración a los ciudadanos.

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Economía sugiere que es más urgente crear empleo que subir los salarios | Mi dinero

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba la semana pasada que aún se deben crear 1,5 millones de empleos para recuperar los niveles de ocupación de finales de 2007 y dar así por cerrada la crisis.

No especificó, sin embargo, qué deberían hacer los salarios, más allá de indicar que el proceso de “normalización” salarial se iría produciendo.

¿Qué quería decir Guindos con esto? ¿Sería conveniente que las empresas subieran más los salarios, tal y como ha venido aconsejando en los últimos tiempos la ministra de Empleo, Fátima Báñez, o en el Ministerio de Economía no apuestan de forma tan clara por esta recomendación?

“El principal reto (de la economía española) en estos momentos es el mercado laboral y la prioridad absoluta es la creación de empleo”, aseguran fuentes de Economía, que sugieren que la recuperación de los niveles de ocupación precrisis –superando los 20 millones de ocupados– es algo más urgente que la mejora salarial y del poder adquisitivo.

De hecho, aunque estas fuentes reconocen que “el proceso de normalización de los salarios no ha acabado, como no ha acabado la consolidación de la economía española”, es aconsejable dar más prioridad al empleo que a los sueldos porque estos últimos ya han superado el poder de compra previo a la crisis.

Así, el análisis de los datos que hacen desde Economía muestra que entre 2007 y 2016 “no solo se han recuperado los niveles de renta sino que también se ha ganado poco más de un 1% de poder adquisitivo”.

Para hacer esta afirmación, estas fuentes utilizan los datos de remuneración por asalariado real de la Contabilidad Nacional Trimestral. Estas cifras incluyen tanto la masa salarial global de los trabajadores asalariados como el pago de cotizaciones sociales e indican que en el segundo trimestre de 2017 la remuneración real (descontado el impacto de la evolución de los precios) por cada asalariado era de 8.143 euros al trimestre frente a los 8.032 euros del último trimestre de 2007, justo en la antesala de la crisis.

Ante esto, “no podemos decir que desde el inicio de la crisis los salarios hayan perdido poder adquisitivo”, reiteran desde el departamento que dirige Luis de Guindos.

En opinión de estas fuentes, “para saber qué ha pasado con el conjunto de los salarios medios y de la masa salarial” la fuente estadística más completa es la Contabilidad Nacional Trimestral. Si bien también reconocen las fiabilidad de la Encuesta trimestral de coste laboral,”que ofrece el detalle más exhaustivo de la evolución de los salarios”, añaden.

Según estas otras cifras de la encuesta de coste laboral, la recuperación salarial no es tan evidente. Ya sea tomando el coste laboral real por trabajador (que incluye los salarios, las cotizaciones sociales y otros pagos extra, atrasos o indemnizaciones por despido) o solo el coste salarial por empleado, España aún no habría recuperado los niveles salariales de 2007.

En concreto, el coste laboral real por trabajador y mes ascendía a finales de 2016 a 2.541 euros, un 2,5% menos que en 2007 (2.605 euros mensuales). E igualmente, el coste salarial por trabajador de finales del año pasado era de 1.897 euros al mes, un 1,4% menos que hace diez años, cuando era de 1.923.

Es más, si la comparativa de la situación actual se hace con 2009 –ya que en los primeros años de la crisis los salarios siguieron subiendo al tiempo que la destrucción de empleo se convertía en masiva– la recuperación salarial estaría aún más lejana. El coste laboral real por trabajador estaría a finales de 2016 un 6,6% por debajo del de 2009.

Pese a ello, desde Economía insisten en que “sin duda hay que crear aún 1,5 millones de empleos para normalizar los salarios”. Y, ¿qué es normalizar los salarios para los responsables de Economía? “Que el nivel de los salarios sea compatible con un crecimiento del empleo sostenido en el tiempo”, responden.

De momento, el coste laboral por trabajador lleva cinco trimestres consecutivos cayendo (un -0,2% interanual, es el último dato publicado, del primer trimestre de 2017) y en ese tiempo se han creado más de 400.000 empleos.

El peso de la renta salarial

Justo antes de que empezara la crisis, a finales de 2007, las rentas laborales suponían el 49% del PIB, mientras que el peso del resto de rentas empresariales (incluidos los autónomos) era del 41%. Desde entonces, las rentas salariales han ido perdiendo peso hasta el 47% actual;y las rentas empresariales han ganado esos dos puntos perdidos por los salarios, situándose en el 43%. Desde el Gobierno argumentan que esta pérdida de peso de las rentas salariales en el PIBobedece fundamentalmente a la destrucción de empleo y al hecho de que aún estemos a un 11% de recuperar el nivel de trabajadores (medido como número de empleos a tiempo completo) previo a la crisis.

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El Gobierno invertirá 318 millones al año para el control de bajas laborales | Mi dinero

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un plan de incentivos a las comunidades autónomas para elevar el control de las bajas laborales. En concreto, el Gobierno aprobó los convenios de colaboración con las autonomías para el período 2017 a 2020 con un importe máximo de gasto de 1.259 millones de euros para el conjunto del periodo. De esta cuantía 317,9 millones se destinan al ejercicio actual, lo que resta otro tanto para cada uno de los siguientes años.

La propuesta, presentada por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, incluye 16 convenios que “persiguen mejorar la colaboración y coordinación en los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social para el control eficaz de esta prestación sin generar molestias innecesarias a los trabajadores”, se explicaba en un comunicado oficial posterior al Consejo de Ministros.

Los convenios de colaboración con las distintas regiones (a excepción de País Vasco y Navarra) e Ingesa (el organismo competente para esta prestación en Ceuta y Melilla) incluyen dos apartados. De un lado, un programa de modernización de la prestación del control de la incapacidad temporal, al que se dedica el 60% del gasto. El 40% restante del presupuesto se dedicará a incentivar el cumplimiento de los objetivos de gasto previstos para las bajas laborales.

Del total del crédito previsto, el 22% se destinará a mejorar la transmisión telemática de los partes de bajas y altas (que anteriormente recibía el 20% del presupuesto). También se elevan los recursos dedicados al acceso remoto a los historiales clínicos así como a la formación de médicos de atención primaria “para que conozcan las circunstancias que atañen a la Incapacidad Temporal como prestación en la que participan los Servicios Públicos de Salud”, es decir, preparándoles para elevar el control de las bajas laborales que conceden con el objetivo de reducirlas en la medida de lo posible.

“La meta es asegurar que el gasto del Sistema se destina a su objetivo primordial que es proteger adecuadamente a los trabajadores que se encuentran incapacitados para el trabajo”, argumenta el Gobierno.

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El sistema tiene un millón de cotizantes menos para pagar 1,2 millones de pensiones más | Mi dinero

El sistema de Seguridad Social paga a fecha de hoy un total de 9.532.945 pensiones contributivas –de jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad y en favor de familiares–. Estas prestaciones se costean con las cotizaciones de 18,48 millones de afiliados que existen en la actualidad. Esta correlación indica que en la actualidad se abonan 1,2 millones de pensiones más que en 2007, antes de la crisis y, sin embargo, el sistema cuenta con un millón menos de cotizantes para hacer estos pagos.

Así, el número de pensiones viene creciendo por encima del 1% anual de forma sostenida, incluso durante los seis años consecutivos de destrucción de empleo y, por tanto, disminución de cotizantes, entre 2008 y 2013 (ambos incluidos).

A este incremento del número de prestaciones hay que unir el encarecimiento de la nómina que se abona mensualmente a los pensionistas, cuyo coste también avanza desde 2014 un 3% anual, hasta los 8.790 millones al mes, según los datos publicados hoy por el ministerio de Empleo, correspondientes a la nómina de agosto. Y en los años previos, durante la crisis, este incremento del gasto en pensión aún fue mayor, en el entorno del 5% anual.

Este aumento sostenido del gasto se debe fundamentalmente al citado incremento del número de pensionistas pero sobre todo al efecto sustitución, que consisten en que las nuevas pensiones que entran en el sistema son un 32,4% superiores a las que se dan de baja por fallecimiento de sus perceptores.

En concreto, la cuantía media de las nuevas pensiones de jubilación es de 1.280,55 euros mensuales y las que salen del sistema ascienden de media a 966,77 euros al mes, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Empeora la ratio de cotizantes por pensionista

En este escenario, el ritmo de recuperación del empleo, con crecimientos del número de cotizantes del entorno del 3% no ha sido suficiente para recuperar todo el empleo destruido y, además, compensar el avance constante del número de pensionistas.

Esto ha propiciado que tras varios meses recuperándose, la ratio de afiliados por pensionista ha caído a su nivel mínimo en 18 años. Los últimos datos indican que en junio había 2,23 trabajadores cotizando por cada pensionista cobrando.

Este ratio, que llegó en su máximo al 2,71 en diciembre de 2007, justo en la antesala de la crisis, incluye también a los desempleados que reciben prestación, por los que cotiza el Estado. El descenso de este colectivo de desempleados con prestación por la mejora del empleo y el agotamiento del derecho de cobro es una de las causas por las que en junio el ratio de afiliados por pensionista volvió a caer, tras dos años recuperándose lentamente.

La mejoría de este ratio es esencial para el saneamiento de las cuentas del sistema, que según distintas previsiones este año mantendrá unos números rojos de alrededor de 18.000 millones de euros.

Pensión media y complementos

  • Cuantías. La pensión media del sistema es a fecha 1 de enero de 922,17 euros al mes. En el caso de las pensiones de jubilación, la cuantía media es de 1.065 euros al mes (1.139 euros de media para los hombres y 717 euros al mes para las mujeres).
  • Complementos. El Estado completa una de cada cuatro pensiones con el denominado complemento a mínimos, una cuantía que se paga a quien ha cotizado pero no por la cuantía suficiente para cobrar la pensión mínima. Con esta ayuda se logra cobrar la pensión mínima fijada por la ley cada año. En el caso de las pensiones de jubilación, el 23% tienen complemento a mínimos;también lo tienen el 34% de las de incapacidad;y el 31% de las de viudedad.

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Factoo defiende su legalidad y dice que contribuye a la economía regular | Mi dinero

Los responsables de la cooperativa Factoo –cuyo permiso para operar como cooperativa fue retirado ayer por el Ministerio de Empleo al considerar probadas actuaciones infractoras en su actividad– se han defendido hoy asegurando que su forma de actuar es “totalmente legal”.

Es más, aseguran que esta cooperativa, cuya actividad principal es la de facturar trabajos de profesionales independientes sin que estos se den de alta como trabajadores autónomos,”permite a miles de personas trabajar dignamente y desde la legalidad”, algo que según sus responsables contribuye a la economía regular y beneficia al Estado “porque se evita la economía sumergida”.

Según las explicaciones de sus responsables las acusaciones del Ministerio de Empleo vertidas sobre la existencia de socios “simulados” no se corresponden con la realidad porque “Factoo tiene a todos sus trabajadores y asociados perfectamente dados de alta y cotizado sen la Seguridad Social. En la Agencia Tributaria están liquidados todos los impuestos”.Y añaden que “la masa social de Factoo es estable y hay muy pocas bajas”, en rechazo a la acusación de que la cooperativa da de alta durante muy pocos días a los asociados, incurriendo en una relación anómala con el sistema de Seguridad Social.

Ante todo esto, Factoo insiste en que su forma de actuar “se ajusta a la normativa europea y al ordenamiento jurídico español”, aunque admite que “pueden existir interpretaciones contrarias de la ley provocadas por las distintas regulaciones autonómicas.

Por ello, la sociedad “ha emprendido las pertinentes acciones para la defensa de sus intereses y de todos los asociados”. Además, añaden que Factoo “está trabajando con normalidad”, de lo que se deduce que sigue operando como cooperativa sin el permiso necesario para ello, retirado ayer por el Ministerio de Empleo.

Qué va a ocurrir

Dicho todo esto y aunque desde Factoo se insiste en que todas sus oficinas permanecen abiertas y atendiendo a sus socios con normalidad, tal y como han informado a todos los cooperativistas a través de un comunicado que les enviaron el mismo jueves, fuentes de la Administración explican que la cooperativa no podrá operar de ninguna manera en las oficinas de la Seguridad Social o Hacienda.

Así, cuando sus trabajadores acudan a dar de alta a uno de sus socios u otras labores necesarias para la facturación de los trabajos de sus socios, los funcionarios no podrán realizar lo que se les solicite “porque la cooperativa ya no existe, no está en el registro”, añaden estas fuentes.

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Empleo prohíbe a Factoo que siga facturando en nombre de los ‘freelance’ | Mi dinero

El Ministerio de Empleo ha decidido “descalificar” a la cooperativa Fidelis Factu, S. Coop. –conocida comercialmente como Factoo.es– al considerar probadas “numerosas conductas infractoras” en su actividad. Esta cooperativa se dedica a actuar como intermediaria entre profesionales y la Seguridad Social y Hacienda para facturar sus trabajos, sin que el profesional tenga que darse de alta como trabajador autónomo.

Empleo ha tomado esta decisión a la vista del informe emitido por la Unidad Especializada en el Área de Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia –donde tiene la sede esta cooperativa– que ya desde febrero pasado inició la investigación para descalificar a esta compañía.

Fuentes administrativas explican que la “descalificación” implica, según el artículo 116 de la Ley de Cooperativas, la disolución de la cooperativa. Los responsables del Ministerio de Empleo notificaron ayer a Fidelis Factu esta decisión. Sin embargo, la cooperativa seguía hoy operando con normalidad, según ha podido comprobar este diario.

Entre las infracciones laborales graves detectadas por la Inspección de Trabajo está que los socios trabajadores que tiene toda cooperativa, en este caso son “simulados” ya que, en general, son profesionales trabajadores por cuenta propia dedicados a cualquier actividad, que actúan en el tráfico mercantil, por lo que se ven en la necesidad de emitir factura a sus clientes, y también, deben cumplir con las obligaciones fiscales y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, explican desde el Ministerio de Empleo.

Otra de las conductas infractoras consiste en que durante los dos años que lleva activa, la cooperativa ha tenido en alta a más de 5.000 afiliados distintos a la Seguridad Social. Cada uno de los socios trabajadores se mantiene en alta durante escasos días, lo que supone una “vinculación anómala” con el sistema. Mientras que, según Empleo, lo correcto sería que los socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado se incorporen en la prestación del trabajo con una relación laboral, en principio, indefinida.

Por su parte, la dirección general de Cooperativas considera que Factoo y otras entidades de este tipo no responden a los objetivos de una cooperativa “porque no proporciona ningún empleo y sus socios no organizan en común la producción de bienes y servicios para terceros”.

Además, la decisión del Ministerio de Empleo está respaldada por un informe de la Abogacía del Estado emitido el pasado día 16 de agosto, en el que indica que “resultan acreditados los hechos objeto de imputación, haberse respetado las garantías del procedimiento sancionador y concurrir los requisitos para la descalificación de la cooperativa”.

Cómo opera Factoo

Fidelis Factu Sociedad Cooperativa opera comercialmente como Factoo.es que se ofrece a los profesionales independientes o freelance como plataforma para facturar los trabajos que desempeñen para sus clientes sin necesidad de darse de alta de autónomos.

Mediante una inscripción en su página web y abonando una cuota única de 30 euros, Factoo da de alta a sus asociados en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que les proporciona una situación similar a la de un trabajador por cuenta ajena, con cotización para la jubilación o la prestación por desempleo.

Las personas adscritas a Factoo pueden emitir así facturas a los clientes que lo reclamen sin necesidad de darse de alta como autónomos o constituir una empresa propia. Las facturas se emiten a nombre de la sociedad cooperativa, que es quien cobra por los servicios prestados y abona luego a sus asociados el saldo que resulte de restar el porcentaje que cobra la compañía y las cotizaciones sociales. Su compromiso es liquidar los pagos en un plazo máximo de tres días desde su cobro.

Mientras no facturen, los asociados no tienen ningún coste adicional a la cuota inicial de 30 euros. Una cantidad que podrán recuperar si deciden darse de baja después de haber realizado 10 facturas o más con Factoo o haber ingresado más de 1.500 euros. Si no se alcanza este nivel, la cooperativa solo les devuelve 10 euros.

Factoo adelanta el coste de las cotizaciones de sus “empleados” y luego se las descuenta de las posteriores facturas que les liquide. Quienes utilizan sus servicios no tienen que realizar declaraciones trimestrales de IVA o IRPF. La plataforma ofrece además la posibilidad de inscribirles en la Seguridad Social de forma acelerada en un plazo de 24 horas para ajustar los periodos de cotización al tiempo trabajado para cada cliente. La firma promete también a sus cooperativistas asesoramiento laboral o jurídico en caso, por ejemplo, de que tengan dificultades para cobrar un servicio a un cliente.

Factoo ofrece también otros servicios, como Tecnicoo.es, una cooperativa generalista de trabajo asociado especializada para técnicos, o Autonomoo.es, una gestoría online de bajo coste para quienes decidan darse de alta como trabajadores por cuenta propia.

Sus tarifas

Por sus servicios, Factoo ofrece dos tipos de planes de pago. El llamado “Plan Especial”, por el que cobra un 7% del neto facturado incluyendo las gestiones administrativas, el seguro de responsabilidad civil y la gestión de los riesgos laborales o la mutua, y el “Plan Estándar”, el más popular, por el que se abona un 4% del neto facturado.

Esta segunda modalidad deja aparte el pago de las gestiones y seguros que se deseen a un euro por gestión, un euro al día por el seguro de responsabilidad civil y el 1,5% adicional del neto facturado para cubrir riesgos laborales.

Promete el doble de ingresos

En un vídeo explicativo colgado en su web, Factoo asevera que un autónomo recibirá 492,96 euros líquidos de una factura sin IVA de 1.000 euros, frente a los 864 euros que acaba ingresando el asociado a la cooperativa.

El cálculo que presentan es que, de esos 1.000 euros brutos, el asociado a Factoo solo paga 56,50 euros a la Seguridad Social, 59,50 euros por los gastos de gestión y unos 20 euros como retención (ojo, solo del 2%) del IRPF.

Por el contrario, quien se haya dado de alta como autónomo abona 267 euros a la Seguridad Social, 50 euros por los costes de gestoría, y una retención del 19% por IRPF que asciende a 190 euros.

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Empleo intenta que las comunidades le dejen prorrogar el Prepara para parados | Mi dinero

El Ministerio de Empleo intentará llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para que estas le permitan prorrogar la ayuda de 400 o 450 euros del plan Prepara para parados de larga duración o con responsabilidades familiares que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios. El Gobierno debe tener el permiso de las comunidades para esta prórroga después de que el Tribunal Constitucional determinara en julio pasado que la gestión de esta ayuda debe ser autonómica.

Así lo ha explicado hoy el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, que se ha reunido con los representantes sindicales y empresariales para comunicarles que el Ministerio está ya hablando con las comunidades para conseguir esta prórroga.

Técnicamente, el Ministerio de Empleo debe obtener lo que se denomina una encomienda de gestión de las comunidades que, tras la sentencia del Constitucional, le permita seguir al frente de esta ayuda y, por tanto, prorrogarla por seis meses más. Podría darse el caso de que unas comunidades cedan la competencia de esta gestión al Estado y otras decidan gestionarla ellas mismas.

El responsable de Empleo de la patronal CEOE, Jordi García Viña, ha explicado que si el Gobierno consigue el permiso de las comunidades la prórroga podría producirse por seis meses más, en las actuales condiciones de acceso, y de forma retroactiva. Esto quiere decir que, aunque la vigencia de este plan termina mañana, 15 de agosto, a quienes la soliciten o cumplan los requisitos a partir de esta fecha, se les reconocerá la ayuda cuando nuevamente se apruebe su prórroga.

Desde UGT, cuya representante Maricarmen Barrera, ha estado presente en la reunión de hoy por videoconferencia, han entendido que el Gobierno tiene prácticamente cerrados los apoyos autonómicos y que prorrogará esta ayuda, por otros seis meses más, en el Consejo de Ministros del próximo 25 de agosto, el primero a la vuelta de vacaciones.

Por su parte, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, Lola Santillana, ha propuesto al Gobierno que hasta que logre la prórroga del Prepara, adecúe el Programa de Activación para el Empleo (PAE) para que pueda dar cobertura a los 12.000 potenciales beneficiarios que a partir de mañana podrían obtener la ayuda que termina mañana su vigencia.

Riesgo ha precisado que convocará a finales de agosto o principios de septiembre una conferencia sectorial de Empleo y Asuntos laborales de las comunidades autónomas para “consensuar un mecanismo extraordinario y temporal que permita garantizar la cobertura a potenciales beneficiarios del programa que se vieran afectados desde la finalización prevista del mismo hasta la efectiva entrada en vigor de los nuevos mecanismos complementarios”.

De hecho, la intención tanto del Ministerio como de los agentes sociales y las comunidades autónomas es iniciar unas negociaciones de más calado para reordenar el actual mapa de ayudas a los desempleados una vez estos agotan sus prestaciones cotributivas y subsidios por los que han cotizado.

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Empleo negocia con los agentes sociales el plan Prepara para parados | Mi dinero

No es habitual que haya reuniones del diálogo social en pleno mes de agosto pero el Ministerio de Empleo no ha tenido más remedio que convocar un encuentro de urgencia para este lunes con los sindicatos y los empresarios.

El motivo de esta reunión de la mesa que busca un plan de cheque para el empleo, es buscar una alternativa al plan Prepara de ayuda a los desempleados, ya que termina su vigencia el próximo 15 de agosto y no existe la posibilidad legal de establecer una una prórroga automática como la que se venía aplicando hasta la fecha.

Esta ayuda consiste en 400 euros (o 450 euros si se tienen responsabilidades familiares) durante seis meses improrrogables, para parados de larga duración o con con cargas familiares que hayan agotado el resto de prestaciones y subsidios. Se creó en febrero de 2011 para sustituir a un programa similar (Prodi) y, desde entonces, se ha venido prorrogando en varias ocasiones.

En 2013, el Real Decreto que sirvió para mantener esta ayuda estipuló su prórroga automática hasta que la tasa de paro se situara por debajo del 20%, medido según la Encuesta de Población Activa (EPA). Dicho umbral para prorrogar el Prepara se redujo al 18% en abril de 2016.

Ahora, los últimos datos de la EPA, correspondientes al segundo trimestre de 2017 reflejan que la tasa de paro en España ha bajado al 17,22%. Esto implica que, tras el próximo 15 de agosto este programa –fecha en la que se terminaba la vigencia de estas ayudas– no podrá prorrogarse de manera automática. Es más, según han explicado desde el Ministerio de Empleo, actualmente la continuidad del Preprara exige el desarrollo de una norma con rango de ley que, por tanto debería negociarse.

Pese a ello, la idea del Gobierno, y así se lo trasladó a los empresarios y sindicatos, era volver a prorrogar el programa. Pero a finales de julio una inesperada sentencia del Tribunal Constitucional determinó que la gestión de las ayudas, como el Prepara, para desempleados que han agotado la prestación y subsidios corresponde a las comunidades autónomas y no al Servicio Público de Empleo Estatal, encargado ahora de gestionarlo.

Por tanto, el Gobierno se encuentra ahora con el problema de tener que plantear a los interlocutores una solución alternativa al Prepara y negociar sus condiciones, al tiempo que debe hacer compatible esta alternativa con que sea gestionada por parte de las comunidades autónomas.

Fuentes conocedoras de la situación aseguran que Empleo ya ha iniciado las conversaciones con las comunidades.

No obstante, estas mismas fuentes añaden que los responsables del Ministerio de Empleo “están tranquilos y cómodos con la situación” porque si no se llega a un acuerdo, existe el Programa de Activación para el Empleo (PAE) que, adecuándolo, podría dar cobertura al colectivo de desempleados que protege el Prepara.

Propuesta sindical

Los sindicatos reclaman que se recuperen los requisistos para cobrar esta ayuda previos a 2012, cuando el Gobierno recién llegado de Mariano Rajoy endureció las condiciones de acceso.

De hecho, entre febrero de 2011 y julio de 2012 se registraron 475.000 beneficiarios y desde entonces solo se han sumado unos 300.000 perceptores más en cinco años. En total unos 800.000 parados han cobrado el Prepara.

No obstante, la secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT, Maricarmen Barrera, es consciente de las dificultades que existen para que Empleo replique las actuales condiciones de acceso al Prepara.

Por ello, asegura Barrera que “los sindicatos queremos arrancar este lunes al Gobierno el compromiso para iniciar la negociación de una ley marco que reorganice todas las ayudas a los desempleados;que sirva de paraguas para las comunidades y tenga reflejo presupuestario”.

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