Arantza Tapia: “Apoyamos industrias con un fondo de 250 millones” | Compañías

Arantza Tapia (Astigarraga, 1963) desgrana desde el Parque Tecnológico de Miramón las ventajas de contar con infraestructuras del conocimiento para captar inversión empresarial. Dirige un departamento que movilizará 2.225 millones hasta 2020 para que la industria aporte un 25% al PIB vasco. Ahora está en el 24,6%, sin contabilizar los servicios al sector secundario.

Euskadi sigue en busca de proyectos de alta tecnología. ¿Cuál es la apuesta?

Cuidamos al sector de biociencias porque es estratégico. Euskadi cuenta con centros punteros de investigación, dentro de una cadena de conocimiento en la que también participan los hospitales públicos. Y con una base empresarial consolidada, donde conviven compañías como Progenika y startups. El País Vasco necesitaba otro grupo tractor para sacarle más rendimiento a su red tecnológica y ha llegado Viralgen [10 millones en un centro en San Sebastián de terapia genética, el único de Europa], que aporta una nueva actividad en el negocio de productos farmacéuticos.

¿Más proyectos como este?

El fondo de inversión Columbus, que impulsó Viralgen, estudia otras posibilidades, para aprovechar ese ecosistema, que tiene una trayectoria de 15 años en investigación. Pero hay mucha competencia en Europa.

Graphenea contará más adelante con una planta industrial centrada en el grafeno y el fondo Columbus busca proyectos en el sector vasco de biociencias

El nuevo centro de Graphenea, ¿facilitará que surja un subsector ligado al grafeno?

Esta empresa arrancó hace 10 años con apoyo del Gobierno vasco y está muy bien posicionada, con una cuota del 15% en el sector mundial del grafeno. Ha captado a accionistas como Repsol para su nuevo centro en Miramón, con 25 trabajadores. Quiere seguir corriendo, aprovechar la ventaja que le saca a la competencia. Contará con una planta industrial para el tratamiento de grafeno.

Mercedes-Benz bate récords de producción en Vitoria. ¿Se nota en el sector de componentes de automoción?

Crece a casi dos dígitos. Aparte, Mercedes-Benz ha apostado en Vitoria por la industria 4.0 y ejerce de elemento tractor entre sus suministradores. En un año ha generado el empleo que tenía previsto para dos.

¿Cómo se puede atraer talento e inversión?

En Euskadi, los costes laborales no son bajos. Ofrece además infraestructuras y un tejido empresarial con altos niveles de tecnología y conocimiento. Son factores que atraen a gente de otros países, porque el empleo es de calidad y hay oportunidades profesionales para los trabajadores cualificados. Y se vive bien. A veces nos centramos demasiado en los factores tecnológicos y menos en los humanos.

¿Qué instrumentos financieros barajan para apoyar el plan industrial que movilizará 2.225 millones?

La creación de un fondo de inversión dotado con 250 millones, según el planteamiento inicial, y para tomar participaciones empresariales que sean estratégicas. Será mixto, con participación pública y privada. Habrá grupos locales en su capital, pero también inversores internacionales.

¿Cuál es el nivel de digitalización de la industria vasca?

Queda mucho camino por recorrer, sobre todo para las pymes, pero la pasada feria de máquina-herramienta EMO de Hannover (Alemania), una de las más importantes de su sector, ha constatado que las empresas punteras del mundo tienen el mismo nivel tecnológico que las de Euskadi, que están bien posicionadas, ganando contratos y recuperando parte del empleo perdido durante la pasada crisis económica.

El cambio de tarifa para la industria vasca está recogido en los Presupuestos del Estado de 2018. Tras la denuncia de Cataluña, la Unión Europea ha abierto una investigación

¿Hay profesionales suficientes en este ámbito?

Las empresas se quejan de su déficit. Hay que impulsar la formación. El modelo dual es el óptimo y tiene que ampliarse a las universidades, como las de ingeniería y ciencias, para no limitarse al circuito de Formación Profesional (FP). Por los buenos profesionales siempre se van a pelear las empresas, así que hay que formar a los jóvenes y no tan jóvenes.

¿Cómo marcha el proyecto del nuevo centro público de ciberseguridad?

Su director será Javier Diéguez, que procede de Indra. Ya está en marcha el teléfono de urgencias para responder a cualquier amenaza contra la seguridad informática que denuncien las empresas. Contará también con un sistema de alerta temprana sobre los posibles ataques de hackers en el mundo. El centro se ubicará en el Parque Tecnológico de Álava y estará en contacto permanente con la Ertzaina. Tendrá un equipo de 20 personas, entre investigadores y becarios.

¿Es suficiente el actual nivel de cooperación entre las empresas?

No. El Gobierno vasco creó en junio del año pasado una plataforma para impulsar la creación de consorcios que puedan pujar con más oportunidades por contratos internacionales. Hacen falta este tipo de asociaciones, que no entran en estructuras corporativas y permiten que las empresas trabajen juntas.

Arantza Tapia: “Apoyamos industrias con un fondo de 250 millones”

¿Cómo marcha el plan para conseguir un ahorro de la factura de la luz del 25% en la Administración vasca?

Hay mucho margen en el ámbito de la eficiencia energética y la Administración puede conseguir grandes ahorros en polígonos y edificios públicos. Es factible ese objetivo, con mejoras en el alumbrado, recubrimiento de fachadas y otros aislamientos, etcétera. Y la inversión en eficiencia siempre tiene retorno, en un plazo de cinco años.

¿Le ha sorprendido la denuncia de la Generalitat de Cataluña a la UE por la rebaja en la tarifa eléctrica vasca pactada con el Gobierno de Mariano Rajoy?

Primero, hay que aclarar que no es una ventaja. Sí una reversión del coste más alto que ha estado pagando la industria de Euskadi [solo conectada a la red de alta tensión, que es más cara que la de territorio común]. Lo que no se puede hacer es atacar a otros para defender lo tuyo.

¿Ha hablado de este tema con Madrid?

Hay comunicación, porque Bruselas ha abierto una investigación. Y la voluntad del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es la de mantener el compromiso de aplicar la nueva tarifa en 2018. Ya está recogido en los presupuestos del próximo año, según me dicen.
Se cumplen 25 años de alta velocidad ferroviaria en España. ¿Le da envidia?
Sana. Pese a estar en la esquina de Europa y con la barrera de los Pirineos, se comenzó por la línea Madrid-Sevilla. Una visión centralista. A Euskadi llegará en cinco años como mínimo.

¿Cómo ve la crisis de La Naval?

Cumplimos con la norma de la UE de no entrar en una empresa en dificultades. Veremos si es posible más adelante, tras una buena gestión del concurso de acreedores que facilite la llegada de inversores.

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En busca de la subasta renovable perfecta | Compañías

Obligar a los promotores a competir por precio, las subastas se han popularizado en todo el mundo como el modo más eficiente de atraer inversiones en sol y viento. El número de países que han adoptado este sistema ha pasado de apenas 6 en 2005 a al menos 67 en la primera mitad de 2016, según Irena, la agencia internacional de las energías renovables.

España no ha sido ajena a esta tendencia: en el último año y medio ha celebrado tres, en las que ha adjudicado un total de 8.700 MW. Pero las empresas han criticado los parámetros utilizados para elegir a los ganadores y la falta de garantías a la rentabilidad de los proyectos.

Las críticas invitan a fijarse en los modelos adoptados por otros países, principalmente el de Alemania y, en América Latina, los de Argentina, México y Chile. La comparación con cualquiera de estos deja al español como una rareza en el contexto internacional: en lugar de premiar al que ofrece producir más al menor precio, como hacen la mayoría de Estados, aquí se incentiva al que promete construir el parque más barato, sin importar la cantidad de energía que vaya a generar después.

En Alemania, país de referencia, se sabe con antelación cuándo y cuánto se licitará, lo que favorece la preparación de los proyectos

“Es un contrasentido, porque lo que queremos es generar la mayor cantidad posible de energía limpia, no llenarnos de plantas”, dice Heikki Willstedt, director de políticas energéticas y cambio climático de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), destaca el caso de Chile, donde, al revés que en España, las ayudas se conceden en función de la energía producida y no de la potencia instalada. “Es mejor hacerlo al modo chileno, porque el producto que la empresa se compromete a vender en una subasta y por el cual recibirá la retribución es la energía. De esta forma, además, es más sencillo valorar el estado de cumplimiento de los objetivos de generación renovable”, explica.

Por el contrario, “si el incentivo se basa en la potencia instalada, como pasa en nuestro país, esa planta cobrará una cantidad concreta por cada megavatio que consiga en la subasta y termine construyendo, independientemente de que después esa instalación genere más o menos energía”, precisa.

Otro aspecto interesante en los casos de Chile y Alemania es que sus sistemas se basan en el principio del pay-as-bid (pagar según la oferta), por el cual los ganadores del concurso reciben el incentivo que han ofertado. Si, por ejemplo, la subvención que un postor ha pedido por MWh producido es de 50 euros y entra dentro del cupo de potencia licitada, recibirá esos 50. Si lo que ha pedido es 52, recibirá 52, y así todos y cada uno de los adjudicatarios.

En España, en cambio, la última oferta en casar con los requisitos de las bases marca el precio que cobrarán todos los ganadores, incluso si esta es cero, como ha pasado en las subastas realizadas. Cuando esto ocurre, el Estado se libra de pagar el subsidio, pero entre los adjudicatarios pueden entrar especuladores, lo que no garantiza que las plantas se vayan a instalar.

A esta anomalía se suma el que los postores deben elaborar sus propuestas tomando como referencia unas instalaciones tipo y no emplazamientos reales, y que la rentabilidad que la ley garantiza a los proyectos es revisable cada seis años, plazo que se cumplirá a finales de 2019. “Debido a que estos proyectos requieren grandes volúmenes de inversión, que tardan en recuperarse, es necesario que exista seguridad en la retribución”, comentan fuentes de Cox Energy, que hace un año ganó un contrato en Chile a 20 años por 264 GWh anuales.

Mientras el Gobierno español se decide a perfeccionar (o no) su modelo de subasta, las empresas españolas siguen buscando oportunidades en el exterior. Estas no van a faltar. En la UE entró en vigor a comienzos de año una normativa que exige a sus socios asignar los incentivos al sector por medio de concursos, abandonando el sistema de primas.

En busca de la subasta renovable perfecta

Antes de lanzar las licitaciones, los Estados deben presentar a la ComisiónEuropea la norma que regulará sus convocatorias, a fin de que la Dirección General de Competencia verifique que no generarán distorsiones en el mercado. De momento, Bruselas ha aprobado ya los sistemas de Alemania, Francia y Dinamarca, y es previsible que España reciba una llamada de atención por haber celebrado tres subastas sin contar antes con el visto bueno de la Comisión.

Willstedt, de la asociación eólica, señala que, comparados con el español, los tres sistemas aprobados son más simples, menos inestables en cuanto a la rentabilidad garantizada y permiten la organización de subastas diferenciadas por tecnologías, es decir, que se convocan para un solo tipo de energía (solar, eólica, biomasa…), de manera que compitan de igual a igual.

El esquema nacional, en cambio, defiende la neutralidad tecnológica, es decir, que en una misma subasta pueden pujar empresas especializadas en diferentes fuentes. “Los modelos diferenciados son más convenientes en términos de planificación, ya que te permiten analizar de qué recurso dispones y cuánta potencia necesitas realmente”, sostiene Willstedt. “Ahora se subastan 3.000 MW de lo que sea para instalar donde sea, sin saber si la red está en condiciones de absorber y transportar esa cantidad o si toda ella es necesaria”, subraya.

Alternativa de libre mercado

Qué son. En países como EE UU, un sistema alternativo a las subastas son los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), que se firman entre un generador y un cliente final. En ellos, las dos partes acuerdan un precio. Así, “las empresas pueden comprar energía a un precio atractivo y estable, lo que les permite planificar sus costes energéticos a medio y largo plazo, y los productores tienen sus ingresos garantizados”, explica José Donoso, de Unef.

Primer caso. En España, EDP Renovables y Calidad Pascual firmaron en julio pasado el primer acuerdo de estas características. El contrato garantiza al grupo de alimentación el suministro de energía limpia a un precio fijo durante cinco años. “El sistema ideal es aquel que proporciona visibilidad y certidumbre a largo plazo”, afirma João Manso Neto, consejero delegado de EDP Renovables, que hace poco se adjudicó también (bajo otra modalidad) 950 MW de eólica marina en Reino Unido.

En Alemania, además, el plan contempla tres subastas de eólica terrestre este año (de las que ya se han celebrado dos), cuatro en 2018 y tres a partir de 2019. En total, se licitarán 2.800 MW al año hasta 2019 y 2.900 a partir de 2020. Este nivel de detalle permite a los inversores preparar con anticipación sus proyectos.

En América Latina, México celebrará en noviembre su tercera subasta desde que adoptó esta modalidad el año pasado, y Brasil ha convocado otra para diciembre. Argentina, por su parte, acaba de lanzar la Ronda 2.0 del programa RenovAr, que sacará a concurso 1.200 MW.

RenovAr es un plan con el que Argentina pretende elevar de manera gradual la participación de las fuentes limpias en su matriz energética, del actual 2% al 20% en 2025. El programa busca también promover la industria nacional. Por eso, favorece con incentivos fiscales y préstamos blandos a los promotores que compren parte de los componentes de los parques a proveedores locales.

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El Gobierno inhabilita a otras tres comercializadoras de electricidad | Compañías

El ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha retirado el permiso para operar a tres empresas dedicadas a la comercialización de electricad en el mercado libre. Las inhabilitaciones, publicadas por el Boletín Oficial del Estado del sábado, vienen a continuación de al menos media docena de firmas cuyo permiso fue retirado el año pasado, en algunos casos como consecuencia de un fraude que ha dejado un agujero de unos 200 millones de euros en el sistema eléctrico.

En todos los casos las sanciones corresponden a expedientes abiertos hace varios meses. Las empresas son Gestiona Energía, Export Innovation Group y Unic Global Logistics. En los tres casos las empresas han dejado de aportar garantías a Red Eléctrica para cubrir la diferencia entre la electricidad que han vendido a sus clientes y la que han adquirido en el mercado mayorista o pool. No osbtante, en las dos últimas los desvíos son de pequeña cuantía; 13.000 euros para Unic Global Logistics y 5.000 euros para Export Innovation Group. Pero el ministerio duda, además, de que ambas empresas tengan los suficientes recursos técnicos o económicos para realizar la actividad de comercialización.

En el caso de Gestiona energía, no obstante, el agujero es muy superior. Según el comunicado de inhabilitación publicado en el BOE, Gestiona Energía rechazó en marzo la petición de Red Eléctrica de aportar garantías por 5,85 millones de euros en concepto de desvíos por una liquidación inicial de casi cero euros.

Esto implica que la empresa prácticamente no había adquirido energía inicialmente para después venderla a los clientes (la liquidación inicial) y posteriormente tampoco quiso aportar garantías para cubrir la desviación entre lo vendido y lo comprado. Adicionalmetne, el 10 de mayo Red Eléctrica volvió a notificar que Gestiona Energía había incurrido en un incumplimiento de prestaciones de garantías por 3,98 millones de euros, después de no haber adquirido electricidad en el mercado mayorista.

Este tipo de desequilibrios es posible por el propio funcionamiento del mercado: todas las comercializadoras compran cada día en el pool la electricidad que esperan que sus clientes consuman al día siguiente. Ambas operaciones se pagan al contado, pero los eventuales desvíos entre lo comprado y lo vendido se deben cubrir a un precio superior al de mercado. Cuando Red Eléctrica detecta uno de estos desvíos y la ausencia de garantías, inicia el expediente. Pero las liquidaciones definitivas tardan unos ocho meses el producirse, tiempo durante el que las comercializadoras pueden realizar sus prácticas fraudulentas.

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Jane Elias: “Las mejoras en eficiencia energética y renovables crean empleo local” | Mi dinero

Jane Elias, coordinadora del programa PACE (Property-Assessed Clean Energy) del condado de Sonoma, en California, presentó en Madrid un sistema de financiación para mejorar la eficiencia energética en viviendas y edificios comerciales. Este modelo lo han adoptado más de 2.000 ciudades y 32 estados en EE UU.

¿Qué es el programa PACE?

El Programa de Independencia Energética del Condado de Sonoma (SCEIP) ofrece financiación que permite a los propietarios realizar mejoras de eficiencia energética y de agua a través del sistema de impuestos a la propiedad. Se trata de un esfuerzo innovador para mejorar la eficiencia energética, la gestión del agua y la generación de energía renovable de un edificio, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero. De él se han beneficiado ya 148.000 hogares.

¿Cómo funciona la financiación PACE?

Los dueños de propiedades solicitan formar parte del programa describiendo las mejoras de ahorro de energía y agua que desean hacer. Si se aprueba la solicitud, el condado y el propietario firman un contrato de gravamen y acuerdo de ejecución, a través del cual el condado paga el coste final de las mejoras. El condado coloca un gravamen en la propiedad y el propietario paga al condado por las mejoras como una sobretasa del impuesto a la propiedad en un periodo de 10 a 20 años.

¿Quién puede beneficiarse del programa?

Cualquier dueño de la propiedad residencial, comercial, agrícola o industrial que quiera realizar mejoras de aislamiento en ventanas, calefacción, conservación de agua o instalación de placas fotovoltaicas. El 50% corresponde a financiar mejoras de eficiencia energética; el 40%, a instalación de plantas fotovoltaicas, y el 10%, para gestión del agua.

¿Hay una financiación máxima?

Las cantidades de gravamen no pueden superar el 10% del valor de mercado actual de la propiedad. El importe mínimo para financiar son 2.500 dólares y el máximo, 500.000 dólares, con una media de 25.000 dólares. El periodo de pago hasta 5.000 dólares es de 10 años y desde esa cuantía puede elevarse hasta 20 años. El tipo de interés oscila entre el 6% y el 9%.

¿Qué ventajas tiene?

Entre sus ventajas destaca que no se basa en los ingresos anuales del propietario y puede ser traspasado a propietarios posteriores. Además, da trabajo a contratistas locales: ha creado 40.000 empleos en ocho años.

¿Cuándo comenzó y qué volumen ha financiado?

El primer programa se inició en 2007 en la ciudad de Berkeley, en California. Desde entonces el volumen de créditos ha crecido hasta 4.000 millones de dólares.

¿Hay alguna iniciativa parecida en España?

El Ayuntamiento de Olot (la Garrotxa) estudia un programa piloto EuroPACE, con financiación europea, en el marco de Horizon 2020. Impulsará iniciativas que incorporen fuentes renovables para luchar contra el cambio climático. Está previsto su entrada en vigor en 2018.

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Las autonomías denuncian que el bono social vulnera sus competencias | Compañías

Las responsabilidades que el Gobierno de Mariano Rajoy ha atribuido a las comunidades autónomas tanto en la financiación y gestión de la pobreza energética, ha sido duramente contestada por los gobiernos regionales en el consejo consultivo de la electricidad de la CNMC, al que ha tenido acceso Cinco Días. El informe de este organismo supervisor sobre el real decreto que regula el consumidor vulnerable, el bono social y las condiciones para el corte de suministro a los domésticos y pymes, recoge las críticas de distintas comunidades, cuyo nombre no identifica la CNMC.

Una de ellas hace referencia a uno de los muchos tipos de consumidores vulnerables que establece la nueva regulación: el que se encuentra en riesgo de exclusión social. Se considerará tal “el que esté atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que financie el 50% de su factura”. Este consumo se considerará esencial y no podrá ser suspendido, si bien, la comercializadora cobrará este impago de un fondo financiado por las comunidades autónomas y por todas las comercializadoras eléctricas .

Según alega una comunidad, los fondos con los que se pagan las facturas de dichos usuarios, cofinanciados por los ayuntamientos y los gobiernos regionales, se destinan a las necesidades básicas de subsistencia de ciudadanos vulnerables, pero, de ningún modo “podrán destinarse directamente a compañías eléctricas, aunque su destino último sea el pago de sus consumos”.

Otra autonomía critica que la definición de consumidor en riesgo de exclusión se condicione a que un tercero le esté pagando su suministro, cuando debería vincularse a determinadas condiciones socioeconómicas de ámbito nacional, para que no sea discriminatorio. Por contra, otras comunidades autónomas señalan que la propuesta de real decreto “supone una clara vulneración por parte del Estado, al regular aspectos que son competencia exclusiva de la CC AA en materia de asistencia social”.

En cuanto a que la norma no tiene impacto presupuestario, otras comunidades niegan la mayor, al alegar que sí impactará en sus cuentas anuales, “por la obligación de la cofinanciación que deben realizar”. Por otro lado, opinan que el estado dejará de percibir impuestos, ya que la comercializadora de referencia “realiza una factura inferior” a las del mercado libre.

Muchas comunidades autónomas advirtieron ya hace meses su intención de recurrir la nueva normativa del bono social y estas críticas apuntan ya hacia esta vía.

En cuanto al supervisor, este alerta sobre la responsabilidad del comercializador de asumir situaciones d impago, que ahora no existe en la regulación actual. También de la dificultad de aplicar la medida sobre cortes, pues los comercializadores no tienen posibilidad de comprobar si un consumidor es vulnerable o no.

 

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Europa quiere que bancos y fondos den más créditos para el ahorro energético | Compañías

Mejorar la eficacia de los fondos públicos, elevar la demanda de proyectos y rebajar el riesgo son los objetivos comunitarios a 2030 en eficiencia energética. La meta final es movilizar a las entidades financieras, atraer inversión privada, para reducir el derroche de luz en edificios, industrias, servicios y llegar a sectores aún no cubiertos.

¿Por qué este interés? Europa estudia si las subvenciones son el mecanismo más adecuado para financiar esta actividad, clave para atajar las emisiones de CO2. O bien, si es preferible contar solo con instrumentos financieros –préstamos o garantías– en ramos concretos o utilizarlos como complemento al apoyo estatal.

España evalúa, por mandato europeo, si las ayudas son el sistema idóneo para sufragar el recorte del consumo de luz

Portugal ya efectuó esta “evaluación ex ante”, una exigencia de la Comisión Europea (CE), y España la está llevando a cabo. Su conclusión está prevista para final de año, informó a mediados dejunio Francisca Rivero, portavoz del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en un encuentro regional en Madrid.

En esta evaluación se estudia la oferta y demanda de proyectos, necesidades de crédito –el foco es el área residencial–, si hay un déficit al respecto y si sustituirá o no a las líneas que emanan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética –cuyo aporte obligatorio proviene de empresas eléctricas, petróleo y gas–, y del europeo de desarrollo regional, Feder. Pero el IDAE quiere aprovechar esta oportunidad para valorar la inclusión de ramos como la biomasa, que están excluidos hoy de estas ayudas. De aprobarse, estos recursos convivirán con los existentes.

Europa quiere que bancos y fondos den más créditos para el ahorro energético

Y es que las inversiones son pequeñas, escasas, a largo plazo y es difícil determinar su rentabilidad porque el mercado carece de parámetros estandarizados que le permitan establecer los plazos de retorno y el riesgo, critican desde la banca. Por eso, la CE ha creado Deep, una plataforma abierta que mide el riesgo de las operaciones y que busca crear un marco consensuado para potenciar las inversiones. Incluye a 120 expertos: representantes políticos, bancos, empresas, fondos de inversión e instituciones financieras.

La eficiencia energética ( 30% en 2030) es una de las medidas vinculantes del paquete de energía limpia europeo –en negociación– frente al cambio climático. Europa necesita 1,3 billones de inversión a 2035 para el ahorro de luz en edificios y 154.000 millones en la industria, según Martin Schoenberg, consultor de la CE en este tema.

El Gobierno español acaba anunciar una línea de 336 millones para municipios de menos de 20.000 habitantes que deseen disminuir el carbono, y que concederá el IDAE desde el 18 de julio. En general, las actuaciones contemplan reformas en el alumbrado público, industria, edificios, desaladoras y ayuntamientos.

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