La Airef alerta de que la crisis en Cataluña puede reducir en más de un punto el crecimiento previsto en 2018 | Mercados

La crisis política abierta en Cataluña y la situación de incertidumbre llevaron el Gobierno a rebajar su previsión de crecimiento para 2018 del 2,6% al 2,3%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) avala las previsiones del Gobierno, pero también alerta de que existen elevados riesgos de que la desaceleración sea superior a la prevista.

La Airef ha tratado, con todas las limitaciones evidentes, de calibrar el impacto económico de la crisis política en Cataluña. El efecto varía en función de si la tensión política es temporal o permanente y si se limita el análisis solo a la actividad en Cataluña o se tiene en cuenta que existe un efecto desbordamiento que perjudicará al conjunto de la economía española. Los modelos económicos elaborados por al Airef y que siguen la literatura económica sobre el tema apuntan que el proceso soberanista puede reducir el PIB en 0,4 y 1,2 puntos porcentuales. Tomando como referencia el escenario central de la Airef, ello implica que en el peor de los casos previstos, la economía crecería este año un 1,5%.

Respecto al déficit público, la desaceleración de la economía se traduciría en menos ingresos. Según la Airef, la situación en Cataluña podría elevar entre dos y cinco décimas el déficit previsto para 2018 del 2,3%. Ello significa que, incluso en el peor de los escenarios, cabe esperar que España sitúe su déficit por debajo del 3% que exige el Pacto de Estabilidad de la UE.

Todos estos datos deben tomarse con prudencia en la medida en que la literatura “no proporciona casos realmente comparables y los datos de series históricas no proporcionan información útil para analizar este episodio”.

¿Existe riesgo de recesión? La Airef considera que España parte de un nivel de crecimiento intenso y sano. El ciclo económico es suficientemente solido para no contemplar un escenario de recesión en el conjunto de España. Respecto a Cataluña, la situación genera más dudas porque el impacto puede ser mucho más elevado. Aun así, la Airef no lo ha calculado.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta las enormes conexiones que existen entre las comunidades autónomas. Según la Airef, una caída de un punto en la actividad en Cataluña provocaría un retroceso de dos décimas para el crecimiento del conjunto de España. En el caso del empleo, una caída del 1% supondría una disminución del 0,17% para el resto de España y del 0,21% en el empleo agregado.

Para el ejercicio en curso, la Airef confia en que la economía no se vea afectada de forma signifciativa por el clima de tensión en Cataluña y mantiene que España crecerá a ritmos del 3% este año. El shock económico debería ser extremadamente violento en los meses que quedan de año para que el PIB bajara de ese nivel del 3%.

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La ‘enmienda CaixaBank’ para el cambio de domicilio social por acuerdo del consejo de administración | Legal

El análisis del momento requiere amplitud de miras, más allá de lo coyuntural. Nuestra era ha transcurrido, hasta la llegada de la Revolución Industrial, no plácida pero sí sosegadamente. Desde este momento histórico los cambios de toda índole —económicos, tecnológicos, sociales, políticos— se han acelerado.

Se ha llegado a plantear que los desarreglos entre naciones y Estados, cuyos últimos coletazos llegaron hasta el último cuarto del siglo XX con el proceso de descolonización, quedarían definitivamente resueltos, sin esfuerzo, con la implantación del Estado del Bienestar y con la extensión de la globalización económica.

La Cuarta Revolución Industrial en la que estamos inmersos ha generado interrogantes, malestar en ciertos sectores sociales que han vivido en la abundancia y nuevas paradojas.

La crisis financiera, felizmente superada, según la Comisión Europea, en agosto de 2017, ha provocado que al bajar la marea queden a la vista cuestiones territoriales y políticas sin resolver, como la de Cataluña, entre otras. El margen económico para seguir ofreciendo concesiones y, por tanto, para dialogar, es reducido.

La tensión social y política en Cataluña ha provocado lo impensable: que grandes y emblemáticas empresas radicadas históricamente en esta comunidad hayan emprendido el cambio de domicilio social con rumbo a otras zonas geográficas más estables.

CaixaBank lo ha anunciado por hecho relevante el 6 de octubre, pero con algunas particularidades. La justificación del cambio de domicilio desde Barcelona a Valencia es encomiable desde el punto de vista técnico, ya que obedece a la “prioridad de toda entidad financiera” de proteger a “sus clientes, accionistas y empleados, y con el objetivo de salvaguardar plenamente la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de su actividad”.

Un error de cálculo podría ser fatal, pues el negocio bancario, en general, se inspira en la confianza, y la pérdida de esta podría conducir a situaciones de riesgo irreversibles. CaixaBank es una entidad, supervisada por el Banco Central Europeo (BCE), que claramente se identifica con Cataluña —lo que es natural, pues trae origen del modelo de las cajas de ahorros—, cuyo negocio se extiende por toda España y por otros países. Entre sus accionistas e inversores, en un mundo globalizado, los hay de todas las latitudes del planeta. La salvaguarda de los intereses de los accionistas, inversores y depositantes es irrenunciable.

Pero el hecho relevante no finaliza con el texto que hemos transcrito, sino que continúa, ya que el traslado queda condicionado a la modificación de la Ley de Sociedades de Capital anunciada por el Consejo de Ministros.

Tradicionalmente, nuestra normativa societaria ha atribuido a la junta general de accionistas la competencia para el traslado del domicilio social, a salvo del traslado dentro del mismo municipio, que puede ser acordado por el consejo de administración.

La modificación de la Ley de Sociedades de Capital en 2015 por la Ley 9/2015 permite al órgano de administración el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional, pero limitando dicha competencia a que no existiese una disposición contraria en los estatutos de la sociedad en cuestión. En este punto concreto se han suscitado dos interpretaciones de la norma, una restrictiva y otra amplia, favorecedora de la atribución de esta competencia al consejo.

El inconveniente reside en que los Estatutos de CaixaBank atribuyen, en su literalidad, la competencia para acordar el traslado de domicilio a la junta general.

En este contexto se ha aprobado el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, publicado en el BOE de 7 de octubre y con entrada en vigor en la misma fecha, que, como es obvio, no se refiere expresamente a CaixaBank. Lo que lleva a cabo este Real Decreto-ley, pendiente de convalidación por el Congreso de los Diputados, es una interpretación auténtica, efectuada por el “legislador”, para unificar los criterios divergentes de los operadores jurídicos.

La modificación del artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital se acompaña de una disposición transitoria única, en la que está la clave de la reforma, según la cual “se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”.

Es decir, se obliga a los socios a pronunciarse, pues, en caso contrario, a pesar de la redacción estatutaria, el consejo podrá adoptar el acuerdo correspondiente.

Por lo tanto, el Consejo de CaixaBank ya se puede reunir de nuevo para acordar, efectivamente, el cambio de domicilio social. Y así lo ha hecho en la mañana del 7 de octubre.

Los mercados reaccionan ante el entorno político y social, al igual que los políticos lo hacen ante los estímulos económicos. No es posible separar ambas esferas —la política y la económica—, que están interconectadas. La caída en la valoración de las acciones, y el desgaste, más en general, de los mercados en los últimos días, muestran las predicciones y las preferencias de los inversores ante la evolución de los acontecimientos, a lo que no han podido resistirse los administradores y los gestores de las compañías, ni un Gobierno que ha tratado de facilitar la salida de estas de un territorio en efervescencia.

 

José María López Jiménez. Doctor en Derecho. Diplomado en Ciencias Políticas

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Tras la DUI, crisis fiscal y suspensión de pagos | Mercados

La situación de Cataluña ha llegado ya a unos niveles de inestabilidad absolutamente insoportables. La aprobación en el Parlament a principios de septiembre de las leyes para la convocatoria de un referéndum y la de desconexión posterior incumpliendo el reglamento de la cámara, el Estatut y la propia Constitución, seguido por la organización por parte de la Generalitat de esa consulta ilegal, bajo la pasividad de la policía autonómica desobedeciendo un claro mandato por parte de las autoridades judiciales han situado a Cataluña ante el abismo.

Desde entonces, nos enfrentamos a dos problemas. Por una parte, el encaje de Cataluña en el conjunto del país que está obviamente sin resolver. Y, por otra, las últimas decisiones de las autoridades autonómicas de Cataluña han situado a esa comunidad fuera del Estado de Derecho. Esta situación nos interpela, nos interroga, sobre los posibles caminos que debemos tomar. Sin duda, el diálogo es el instrumento para encauzar esta crisis, pero para ello debemos retornar al Estado de Derecho. No hay negociación posible si no se comparte un marco conceptual común, y ése, en una democracia, no puede ser otro que la Constitución y sus cauces.

Exijamos y confiemos en esa vuelta al Estado de Derecho por parte de las autoridades catalanas, y volvamos al debate inicial sobre el modelo autonómico y el papel de Cataluña. En todo caso, esta crisis ya está teniendo un impacto sobre la economía del país, especialmente en Cataluña y si no se encauza con prontitud amenaza con tener consecuencias desconocidas.

En octubre de 2012 redactaba un informe en mi trabajo previo en Solchaga Recio & asociados sobre los posibles efectos económicos de una secesión de Cataluña. Los vectores de análisis se centraban en la cuantificación de los saldos fiscales entre Cataluña y el resto de España, los posibles ‘efectos frontera” sobre los saldos comerciales, y el reparto institucional del stock de activos (empresas públicas, patrimonio, etc.) y pasivos (deuda pública, deuda contingente de la Seguridad Social, etc.), la pérdida de economías de escala en la provisión de bienes y servicios con efectos sobre ambas partes, y los costes fijos de la potencial creación de un nuevo Estado. Ciertamente, el saldo global de esta operación y el efecto neto en Cataluña y en el resto de España variaba en cada uno de los escenarios: independencia negociada, secesión unilateral o el paso a un cierto limbo con un territorio fuera del Estado de Derecho, aún no independiente pero foralmente dentro de España y, por ende, en la Unión Europea. En todos ellos el resultado neto para cada una de las partes era muy negativo.

La única conclusión posible de ese ejercicio era y es que la independencia solo podía defenderse desde posiciones políticas, pero no económicas. No hay un paraíso financiero más allá de la independencia. Por cierto, con una conclusión similar, aunque con el peso de la escritura de un libro, Josep Borrell cerraba suobra “Cuentas y cuentos de la independencia”.

Además, quizá haya que insistir en que una independencia unilateral si llegara a hacerse efectiva dejaría a Cataluña fuera de la Unión Europea y, por lo tanto, de la zona euro. Es cierto que los ciudadanos podrían seguir usando el euro como moneda, pero sus bancos se quedarían sin acceso a la financiación del BCE y la deuda pública catalana pasaría a ser excluida del programa de compra de bonos, postrando a la Generalitat a una crisis fiscal camino de la suspensión de pagos.

De momento, parece que nos encontramos en un compás de espera entre una declaración de independencia de carácter retórico y el sometimiento al orden constitucional. Sin embargo, es obvio que esta posición es totalmente inestable. O bien el lunes se proclama la declaración unilateral de independencia, que exigiría la actuación de las autoridades del Estado. O bien la Generalitat aplaza una decisión tan trascendental, intentando mantenerse en un cierto limbo, aunque de nuevo el Estado en esa situación deberá actuar. En todo caso, esos costes de la inestabilidad actual ya los estamos observando. Los mercados de capitales han elevado sustancialmente su volatilidad, las compañías residentes en Cataluña están sufriendo una corrección superior, la deuda pública eleva sus tipos de interés, protegida en todo caso por el BCE, y no tardaremos en registrar, si esto sigue así, “guerras comerciales”, en el marco de una cierta paralización de decisiones de inversión y con el diseño de planes de contingencia, por no hablar del riesgo de fuga de capitales. No hay nada peor que la incertidumbre y la desconfianza en la seguridad jurídica de una economía.

Así pues, confiemos en esa vuelta al orden constitucional y en el inicio de unas negociaciones que encaucen la cuestión catalana en los patrones ordinarios de debate en nuestro país.

Jonás Fernández Álvarez es diputado al Parlamento Europeo en el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.

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Más de 300.000 empresas necesitarán un salvoconducto para operar en Bolsa | Mercados

La normativa europea para que los mercados funcionen mejor Mifid 2, que entrará en vigor el próximo enero, afecta a un público impensable. Cortesía de la directiva y del reglamento delegado sobre comunicación de operaciones (reporting, en la jerga), en tres meses cualquier persona jurídica en el sentido más amplio del término, necesitará una especie de matrícula.

Desde empresas hasta herencias yacentes (patrimonio hereditario desde el fallecimiento de una persona hasta la aceptación de su herencia por los sucesores), pasando por comunidades de bienes o incluso  comunidades de vecinos… Todas estas personas jurídicas necesitarán un identificador, denominado LEI, si quieren operar en el mercado, ya sea en la Bolsa, en renta, en productos derivados… En cualquier ámbito que implique un instrumento cotizado. 

“Las empresas de servicios de inversión deben recabar los códigos LEI de sus clientes antes de prestarles servicios que den lugar a obligaciones de comunicación en relación con las operaciones llevadas a cabo en nombre de dichos clientes, y utilizar dichos LEI en sus comunicaciones de operaciones”, explica uno de los reglamentos delegados de la UE.

La norma aclara que el objetivo es prevenir los abusos de mercado de las personas jurídicas. Cobrar undividendo, comprar una acción, vender bono, adquirir un derivado para gestionar la tesorería de una empresa… Cualquier operación requerirá que el cliente, salvo que sea una persona física, disponga de un LEI.

El número de afectados supera los 300.000, según los cálculos de la Asociación Española de Banca (AEB), y tan solo el 10% de ellos ha obtenido esa suerte de DNI para poder operar: faltan unos 270.000.

¿Qué es?

Este código, que identifica de manera unívoca a los actores en el mercado, se creó en 2012 como una medida para encarar la crisis financiera que estalló en su más cruda expresión con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2007. Entonces, cuando tuvo que analizarse quién tenía qué producto, la confusión en la cadena de control fue tal que las dificultades para saber los dueños de cada instrumento fue extraordinaria. 

El sistema de identificación de las entidades a escala global se denomina LEI (Legal Entity Identifier) y fue impuesto en Europa a través del reglamento Emir aprobado en julio de 2012 relativo a los derivados extrabursátiles (no cotizados y OTC, en la jerga), las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones. “El LEI es un código alfanumérico de 20 caracteres que tiene incluidos una serie de datos de referencia mínimos para la identificación y la comprobación del estado de la persona jurídica”, explica en un documento el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

“A partir de enero entrará en vigor la nueva regulación europea, y una de las nuevas obligaciones será disponer de un LEI para todos aquellos clientes que sean personas jurídicas que quieran operar en los mercados de valores”, explica José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB).

Ahora mismo, desde la asociación señalan que se buscará una suerte de periodo de adaptación que permita que los clientes puedan deshacer, al menos, posiciones existentes sin necesidad de disponer del código. 

De entrada, en 2012, solo afectaba a las entidades financieras, que desde entonces ya cuentan con un LEI, pero desde enero deberán tenerlo también los clientes de esas entidades que quieran participar en el mercado: ya sea operando en Bolsa, comprando instrumentos financieros para cubrir su tesorería o incluso cobrar un dividendo.

La banca española envió un comunicado en el que avisaban de esta salvedad el pasado junio, pero el impacto ha sido muy limitado; ahora se preparan para enviar otra alerta con el objetivo de que los clientes no esperen hasta el 30 de diciembre para pedir el LEI. 

También la CNMV lanzó un nota el 19 de mayo en la que advertía sobre este tema: “Las personas jurídicas que den órdenes a intermediarios financieros para realizar transacciones sobre instrumentos admitidos a negociación tendrán que realizar todos los trámites necesarios para obtener un LEI antes del 3 de enero de 2018 si desean que dichos intermediarios sigan ejecutando las operaciones que les instruyan”, alerta. 

¿Dónde se pide?

Los responsables en España de expedir los LEI son los registros mercantiles, y el Colegio de Registradores de España es el coordinador del sistema, que ha habilitado un página web para facilitar el proceso de emisión a través de un “procedimiento ágil y rápido”, según la AEB. “En unas 48 horas tendrán listo su identificador, que cuesta 100 euros más IVA, del 21%, en el momento de su expedición, y 50 euros anuales para su renovación. En el primer año, los registros mercantiles ingresarán 30 millones por este concepto y después 15 anuales por este nuevo servicio. 

“Desde la AEB nos hemos comprometido a difundir la necesidad de obtener el LEI para evitar tanto que a pocos días de entrar en vigor las nuevas obligaciones se produzca un aluvión de peticiones que dificulten el funcionamiento del sistema como los inconvenientes para los clientes que se encuentren a partir del 3 de enero con la imposibilidad de operar”, explica el portavoz de la asociación.

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La UE puede ser la gran vencedora de las elecciones en Alemania | Mercados

Europa ha sido la gran ausente de la campaña electoral en Alemania, pero se perfila, junto a Angela Merkel, como la gran vencedora en los comicios de este domingo. La canciller alemana, que ocupa el cargo desde 2005, depositará su papeleta a sabiendas de que, con toda probabilidad, la jornada abrirá el camino hacia su cuarto mandato. Salvo error mayúsculo de los sondeos, casi nada cambiará en Alemania. Pero todo o casi todo puede cambiar en la Unión Europea y en la zona euro tras el 24 de septiembre.

La era de Merkel IV, si se confirma su victoria en las urnas, parece llamada a romper con el inmovilismo que ha marcado la posición de Alemania en Europa durante sus tres anteriores mandatos, en particular, desde el estallido de la crisis del euro en 2010.

La canciller de plomo no ha dudado en enviar a la opinión pública alemana señales tan discretas como claras sobre la inminencia de los cambios en Europa. Un riesgo que no hubiera asumido si no estuviera dispuesta a apostar por retomar la agenda de integración europea.

Desde sus ruedas de prensa conjuntas con el presidente francés, Emmanuel Macron, hasta su disposición a negociar una reforma de los Tratados, Merkel ha dejado claro que el sempiterno nein alemán se ha terminado y llega el sí, pero.

Alemania solo mantiene dos tabúes, la mutualización de la deuda y la creación de un impuesto europeo. Pero se muestra dispuesta a regatear con Macron todas las medidas necesarias para apuntalar el euro y para evitar que la salida del Reino Unido de la UE se convierta en el principio del fin del club comunitario.

Las corrientes euroescépticas, que han cruzado el Canal de la Mancha y arraigan en lugares tan poco habituales como Italia, Austria, Holanda o la propia Alemania, han convencido a París primero y luego a Berlín de que la salvación del club estriba en recuperar sus objetivos de solidaridad y convergencia económica y en poner fin al repliegue nacionalista y al sálvese quien pueda que ha imperado durante las sucesivas crisis, desde la financiera a la de los refugiados, pasando por la energética o la de deuda .

Antídoto contra el euroescepticismo

Las elecciones del domingo podrían suponer el estreno en el Bundestag (Parlamento alemán) del partido eurófobo Alternativa para Alemania (AfD) liderado por Alexander Gauland y Alice Weild. Los sondeos dan una intención de voto del 11% a una formación con tintes racistas y xenófobos que en solo cuatro años ya ha logrado entrar en 13 de los 16 parlamentos regionales.

El temido ascenso de la extrema derecha había provocado en Berlín, como en otras capitales, un repliegue nacionalista en la posición sobre Europa. Pero la aplastante victoria de Macron sobre la eurofobia de Marine Le Pen ha mostrado que la ofensiva europeísta puede dar mejores resultados que la parálisis mantenida durante los últimos años. “Los populistas son el resultado del fracaso de los no populistas”, diagnostica un alto cargo de la Comisión Europea presidida por Jean-Claude Juncker.

Merkel parece dispuesta a emular a Macron y apostar por la integración europea como antídoto al euroescepticismo de AfD.

Aliados marcan el ritmo

El giro europeísta de Merkel IV dependerá del margen de su probable victoria (los sondeos le dan entre el 35% y 40%) y de los aliados con los que deba contar para formar gobierno. Los socialistas (SPD) de Martin Schulz y los Verdes de Cem Özdemir y Katrin Göring-Eckardt apoyan abiertamente la integración europea. Pero la canciller puede encontrarse con el euroescepticismo en su propio ejecutivo si los liberarles de (FDP) de Christian Lindner logran su objetivo de volver al Bundestag (los sondeos les dan un 10%).

FDP es el socio preferido de la CDU/CSU para formar gobierno si entre ambas formaciones suman mayoría absoluta. Pero el partido de Lindner mantiene una agenda muy dura sobre Europa, y defiende la desaparición el fondo de rescate de la zona euro (MEDE) o la salida de Grecia de esta si se reestructura su deuda.

Pero ni siquiera la presencia de los liberales se antoja suficiente como para frenar la inminente reforma de la zona euro. Y Bruselas ya prepara el proceso con el consentimiento tácito de Berlín y París.

Nueve meses de eurocambios

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya anunció este jueves (21 de junio) la convocatoria de una cumbre de la zona euro en diciembre para abordar los primeros cambios. Sobre la mesa, la transformación del MEDE en un Fondo Monetario Europeo y la posibilidad de introducir algún mecanismo presupuestario estabilizador que evite una repetición de la tremenda brecha económica entre los socios provocada por la reciente crisis.

Macron presentará el próximo martes sus propuestas, con el objetivo de que sean tomadas en cuenta durante la formación de gobierno en Alemania.

Y Tusk calcula que los primeros acuerdos concretos “deben aprobarse en el Consejo Europeo de junio de 2018 como muy tarde”. Solo nueve meses después del 24S alemán.

La gran beneficiada de la crisis

Alemania entrará en la negociación de la reforma de la zona euro con mucho que compartir, porque ha sido una de las grandes beneficiarias de la crisis del euro. Entre 2010 y 2015 su producto interior bruto ha crecido un 16,6%, casi cuatro puntos por encima de la media de la UE. Su tasa de paro se ha reducido casi a la mitad y se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 26 años.

Algunas de sus grandes entidades financieras sobrevivieron a la crisis gracias al rescate invisible del Banco Central Europeo. “El mayor porcentaje de la ayuda de liquidez de emergencia durante la crisis lo recibió un banco alemán, con un flujo entorno a los 100.000 millones de euros”, reveló recientemente José Manuel González-Páramo, miembro del comité ejecutivo del BCE hasta 2012.

El Tesoro alemán también se ha beneficiado en gran medida de la rebaja de los tipos de interés del BCE, hasta el punto de que, según Deutsche Bank, “sin esa rebaja Alemania registraría un déficit público del 1%”, en lugar del superávit del que presume el ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble. Los analistas de Deutsche Bank calculan que Alemania se ahorró entre 2008 y 2016 casi 260.000 millones de euros en intereses, cifra equivalente al 8,2% del PIB del país.

Alemania también se ha beneficiado de la benevolencia o impotencia de la Comisión Europea, que le ha permitido superar con creces el umbral permitido de superávit de la balanza comercial o salir casi indemne del fraude del diésel en el que más de 11 millones de consumidores europeos han sido víctimas del trucaje de motores de Volkswagen.

París reclama ahora a Berlín medidas que permitan reequilibrar la zona euro y ofrece a cambio disciplina fiscal y flexibilidad laboral.

Regalo de Macron

A 48 horas de la probable victoria de Merkel, el presidente francés firmó el viernes la reforma por decreto del mercado laboral, con la que pretende reducir drásticamente el poder de los sindicatos y limitar los costes de despido. El gesto, escenificado con una rúbrica ante las cámaras al más puro estilo estadounidense, se interpreta como una señal de buena voluntad hacia Berlín.

May pide clemencia

Casi a la misma hora que Macron firmaba su reforma, la primera ministra británica, Theresa May, cambiaba el tono de la negociación del brexit para pedir clemencia. May se fue hasta la piazza de Santa Maria Novella en Florencia para pronunciar un discurso muy agradable a oídos europeos pero que puede soliviantar a los miembros más euroescépticos de su partido, con Boris Johnson a la cabeza. May prometió saldar sus cuentas con el club (aunque sin concretar ninguna cifra) y respetar los derechos de los tres millones de europeos residentes en Reino Unido. También retiró la amenaza de recurrir al dumping laboral o fiscal para competir con la UE y la de utilizar la lucha contra el terrorismo como arma de negociación. A cambio pide clemencia: un período de transición de otros dos años para completar la salida de la UE (hasta 2021) y un acuerdo comercial mucho más favorable que el firmado por la UE con países terceros como Canadá. Un trato de favor que espera obtener del nuevo gobierno de Berlín, aunque tendrá más difícil ganarse el visto bueno de París.

A por la silla de Draghi

La reforma de la zona euro y la negociación del brexit serán de las dos grandes tareas europeas del nuevo gobierno alemán. Pero Berlín se ha marcado un tercer objetivo, consistente en hacerse con la presidencia del BCE cuando Mario Draghi deje el cargo en noviembre de 2019. Fuentes europeas consideran “muy probable, incluso, deseable” que el cuarto presidente del BCE proceda de Alemania, un país donde la actuación del emisor ha provocado inquietud en parte de la opinión pública (AfD nació en respuesta al rescate de Grecia y a la compra de deuda del BCE) y del Tribunal Constitucional alemán. Pero algunos analistas, como los de UBS, creen que Berlín podría renunciar a la presidencia del banco si los encajes de gobierno obligan a Merkel a buscar un puesto europeo para su ministro Wolfgang Schäuble.

Las claves del futuro de la UE

Un Fondo Monetario europeo para sacar al FMI de la troika

La reforma de la zona euro que se espera con más rapidez es la transformación el Mecanismo europeo de Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo, encargado de los rescates de los socios en dificultades. Berlín quiere, además, que ese organismo asuma la vigilancia de los presupuestos nacionales (ahora a cargo de la Comisión Europea). Y París, que asuma el papel de la troika y saque al Fondo Monetario Internacional de la zona euro.

‘Ministro’ europeo de Finanzas

La reforma también apunta a la fusión de los puestos e comisario europeo de Economía (Pierre Moscovici) y de presidente del Eurogrupo (Jeroen Dijsselbloem). El nuevo cargo sería una suerte de ministro europeo de Finanzas, aunque está por ver los poderes reales de los que dispondrá. Berlín quiere otorgarle derecho de veto sobre los presupuestos nacionales, una potestad que París no desea. El compromiso podrá ser una figura similar a la de Alto Representante de Política Exterior de la UE (Federica Mogherini), con capacidad de coordinación pero todavía supeditada a las capitales.

Presupuesto de la zona euro

La zona euro podría dotarse de un mecanismo presupuestario con capacidad de actuar de amortiguador en los países que sean golpeados por una crisis. El presidente francés, Emmanuel Macron, desea un instrumento poderoso, de cientos de miles de millones de euros. Alemania prefiere una caja mucho más modesta. El objetivo del fondo también será motivo de negociación. La canciller alemana, Angela Merkel, ha sugerido que se utilice para compensar la caída de la inversión productiva (educación, I+D, etc.) en los países golpeados por la crisis. Bruselas también ha planteado la posibilidad de un fondo europeo de desempleo que cubra parte de los subsidios en momentos de gran repunte del paro.

Garantía europea de depósitos

La creación de un fondo europeo de garantía de depósitos para completar la unión bancaria se anuncia como la reforma más polémica y, previsiblemente, más lenta en entrar en vigor. Berlín exige a cambio medidas como la imposición de límites a la compra de deuda pública por parte de los bancos. Y, en última instancia, un sistema de reestructuración de deuda pública que evite los rescates.

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¿Tiene tiempo el Gobierno para aplicar el artículo 155 antes del 1-O? | Legal

Mucho se ha hablado en los medios de una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del Gobierno ante lo sucedido en Cataluña. De acuerdo con este precepto, ante un incumplimiento grave por parte de una comunidad autónoma de sus obligaciones constitucionales y legales, el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para obligar a su cumplimiento forzoso.

Los expertos consultados coinciden en la falta de tiempo para llevar a cabo la tramitación que exige la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno. Y es que el artículo 189 del Reglamento del Senado, que es el que regula este procedimiento, incluye, tal y como explica Germán Gómez Orfanel, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Complutense, “la propuesta del Senado por parte del Gobierno de las medidas concretas que pretende aplicar, el requerimiento al presidente de la comunidad autónoma para que cumpla sus obligaciones constitucionales y legales, la convocatoria de la Comisión General de las comunidades autónomas para que estudie la propuesta y permita alegaciones de la comunidad afectada y, finalmente, el debate y su aprobación por mayoría absoluta en el Senado”. Una tramitación que para este catedrático “requeriría unos veinte días”.

En sintonía con este planteamiento se sitúa Pablo Gutiérrez de Cabiedes, abogado y catedrático de derecho procesal de la Universidad CEU San Pablo, que coincide en que “no existe prácticamente tiempo para cumplir el procedimiento de aplicación del artículo 155″. Sin embargo, algunos expertos creen que todavía habría cierto margen para aplicarlo. En este sentido, José Eugenio Soriano, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense, matiza que si el Gobierno pretende aplicarlo “tiene que apresurarse para cumplir todos los trámites previstos en el artículo 189 del Reglamento”.

El 155 no concreta qué medidas puede tomar el Gobierno

Se trata de un mecanismo de gran alcance puesto que el precepto solo indica que el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias”, no especificando cuáles pueden ser esas medidas concretas.

Según recoge Gómez Orfanel, entre las medidas que podría adoptar el ejecutivo en aplicación del artículo 155 “podemos pensar además de en el desplazamiento de competencias, en categorías como la sustitución, ejercitando el Estado las competencias autonómicas, o en la suspensión o destitución de órganos autonómicos como por ejemplo se recoge en la Constitución italiana incluso con la disolución de la Asamblea regional y la destitución del presidente de la Región”. Soriano también hace referencia a la regulación de esta figura jurídica en la constitución italiana, donde sí se especifica que, ante “medidas regionales que violen la igualdad entre los italianos, directamente podrá sustituirse en ese Gobierno regional”. A lo que añade que en el caso de España, el Estado, en virtud de la activación del artículo 155 CE, también tendría la “posibilidad de suspender al Gobierno y colocar a un delegado” pero sólo ante “una situación de extrema emergencia que determinara que el cumplimiento de las obligaciones que la comunidad autónoma incumple tuvieran que realizarse de esa forma y que no hubiera alternativa”.

Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, destaca que la suspensión de la autonomía no tiene por qué ser una consecuencia de la aplicación de este mecanismo ya que “el artículo permite distintas medidas en contenido y grado que pueden oscilar desde la intervención de ciertas competencias hasta la asunción de algunas (interior, policía, economía, etc.) o todas las que ejerce la comunidad autónoma”.

Hacienda ya controla las cuentas de la Generalitat

Debido a la dimensión de las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que pretende evitarlo. Sin embargo, sí ha empleado otros mecanismos legales existentes como el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos publicado en el BOE el pasado 16 de septiembre, que supone la toma de control sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma de Cataluña por parte del Ministerio de Hacienda.

Se trata de una medida que genera controversia entre los expertos. José Eugenio Soriano considera que “tiene apoyo directo en el artículo 135 que establece el principio de estabilidad presupuestaria y en la evitación de la desviación de poder”, Por el contrario, Gómez Orfanel, afirma que esta iniciativa no está jurídicamente legitimada puesto que “no ha cumplido con la regulación prevista en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” ya que no ha realizado “el requerimiento al presidente de la comunidad para adoptar un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto, el Ministro de Hacienda no puede sustituirlo adoptando él tal acuerdo”. Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, añade que “precisamente porque el artículo 155 ha adquirido un carácter de tabú, cuya aplicación se ha querido evitar, el Gobierno ha actuado con otros mecanismos legales existentes” siendo uno de ellos “la intervención de gasto del actual Gobierno autonómico de Cataluña”.

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Rosell aboga por buscar una vía intermedia “entre independencia y acatamiento” | Compañías

El presidente de la patronal española CEOE, Juan Rosell, ha abogado hoy por buscar una “vía intermedia” para el conflicto secesionista en Cataluña, que se encuentre “entre la independencia y el acatamiento porque sí y una sumisión total”, al tiempo que planteó la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional.

En una entrevista en la Cadena Ser, el líder de los empresarios ha dicho que no cree que en Cataluña se dé una situación de sumisión al Estado, sino “una desafección muy importante”.

La Junta Directiva de la CEOE emitió ayer un comunicado mostrando su preocupación por la convocatoria de “referéndum ilegal” en Cataluña y apoyando “todas las acciones que se considere necesario llevar a cabo con el objetivo de hacer cumplir la legalidad vigente”.

Preguntado sobre si en la reunión directiva utilizó la palabra “sumisión” para denominar la situación en Cataluña, Rosell ha asegurado que durante su intervención parafraseó “a distintas personas que habían opinado sobre el problema catalán” pero que no considera que deba calificarse así.

“Lo que yo he dicho siempre a nivel personal es que en Cataluña hay un problema político de una gravísima envergadura y que hay que resolverlo con los planteamientos encima de la mesa y, desde la legalidad, intentar hacer todos los cambios que sean necesarios”, ha dejado claro.

Así, Rosell ha dejado claro la necesidad de “atenernos a la Constitución y a las leyes de la UE. Ésta es la legalidad y las empresas queremos seguridad jurídica y, cuando se altera, hay que tomar todas las medidas oportunas para restablecerla”.

No obstante, ha añadido que el problema en Cataluña “seguirá existiendo el día 2 de octubre, por lo que ha abogado por “hacer política con mayúsculas, volver a lo que hicimos en el 77 y 78, y reconstruir un pacto entre todos”.

“Hay que hacer cambios o reformas a la Constitución”, ha dicho, para “vivir en tranquilidad y prosperidad los próximos 40 años”. Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, les dice lo mismo siempre “con más énfasis en privado que en público”.

Según explicó la patronal ayer en un comunicado, los empresarios temen el posible impacto que la continuidad del problema tendría en la confianza en el tejido empresarial e inversor, tanto en Cataluña como en el resto de España.

“La no resolución afectaría negativamente a todos los ámbitos”, subraya, al tiempo que destaca que los empresarios apoyan la legalidad y la Constitución “que son las mejores garantías de la seguridad jurídica imprescindible para la competitividad de nuestras empresas”.

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La nueva regulación pone en jaque a las firmas de asesoramiento financiero | Mercados

Las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) tienen los días contados. La nueva regulación que se va a aprobar sobre instrumentos financieros restringe severamente la principal vía de facturación de este tipo de sociedades y va a abocar a la desaparición o reconversión de esta figura jurídica.

La primera directiva de instrumentos financieros (Mifid I) creó en España la figura de las Eafis hace 10 años. En la actualidad hay 170 Eafis operando. En conjunto asesoran a un patrimonio que roza los 30.000 millones de euros, según los datos facilitados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Si Mifid I creó la figura, Mifid II parece que va a acabar con ella. El borrador de real decreto que traspondrá la mayor parte de esta directiva fue aprobado el 4 de agosto. En el texto se establece tal cantidad de exigencias regulatorias para que una firma de asesoramiento pueda ser considerada como une Eafi, que la mayoría optará por buscar otras fórmulas jurídicas, de acuerdo con varios despachos especializados en derecho financiero.

“La figura de las Eafis está muerta si se mantiene el texto del borrador, como parece que va a ser”, explica Juan Manuel Vicente Casadevall, socio de la firma Kessler & Casadevall Asesores de Inversión.

Cambio en la fórmula de facturar

Hasta ahora, la formula más habitual que tenían las Eafis para cobrar era a través del “neteo”. En lugar de cobrar unos honorarios por prestar sus servicios (como hacen los abogados o los auditores), pasaban una factura que en la práctica se reducía a 0, porque compensaban el coste del asesoramiento con los ingresos cobrados en forma de comisión por la comercialización de fondos de inversión.

La nueva regulación no contempla que se pueda seguir con esta práctica, así que las Eafis se verían abocadas a cobrar directamente al cliente. Sin embargo, la falta de costumbre por este tipo de práctica financiera en España hace que ninguna empresa de asesoramiento se plantee optar por esta fórmula de cobro directo.

El texto normativo también desoye la insistente petición de las Eafi de poder contar con redes agenciales, ya que su reducido tamaño no les permite tener muchos empleados en nómina y limita su crecimiento. El texto indica explícitamente que este tipo de entidades no podrá tener agentes.

La Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi) cree que la negativa de poder contar con agentes “perjudica tremendamente” a este tipo de empresas, frente a otro tipo de firmas que ofrecen servicios de inversión, como las sociedades de valores y las agencias de valores.

“Con la redacción propuesta, las Eafis veríamos como queda muy limitada nuestra capacidad de crecimiento”, se queja Carlos García Ciriza, presidente de la asociación y propietario de la firma C2 Asesores.

Otro aspecto de la nueva regulación que inquieta al sector tiene que ver con la propia denominación legal de la figura. El borrador prevé que estas firmas pasen a llamarse EAF, sin incluir la “i” final. En teoría, para que no haya malentendidos y que el cliente no piense que esa “i” de las siglas implica un asesoramiento “independiente”.

Desde Aseafi consideran que el acrónimo actual no genera ninguna confusión respecto a si el asesoramiento que se presta es independiente o no, puesto que la “i” es de financiero.

La asociación va presentar una serie de alegaciones al Ministerio de Economía en las que pedirá que se mantenga la denominación actual. A su juicio, un cambio de nombre les supondría “un grave perjuicio económico con importante gastos legales, corporativos y de gestión, que son totalmente innecesarios”.

Este cambio obligaría a todas las Eafi a solicitar nuevas denominaciones al Registro Mercantil, redacción de los acuerdos societarios oportunos, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil y en CNMV, cambio en la documentación legal, papelería, marketing, materiales corporativos… Unos gastos inasumibles para muchas firmas de pequeño tamaño.

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Cómo evitar que le saquen los colores a los consejeros de una empresa cotizada | Mercados

Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, ingeniero industrial, era presidente de La Caja de Canarias cuando la entidad financiera acordó su integración en Banco Financiero y de Ahorro (BFA, matriz de Bankia). Tras la fusión, Suárez del Toro se convirtió en consejero de BFA. Cuando tuvo que declarar como investigado por la malograda salida a Bolsa de Bankia y su posterior rescate, alegó que no tenía conocimientos suficientes para entender los balances de los bancos.

Su caso no es único. Entre los 300 políticos procesados por delitos vinculados a las cajas de ahorros son legión quienes argumentan ante el juez que no entendían qué estaban firmando.

Poco a poco, las cosas están cambiando. “La profesionalización e internacionalización de los consejos de administración está provocando que cada vez haya más consejeros que nos piden informes con una valoración imparcial de una determinada operación”, explica Yann Magnan, director para Europa de Duff & Phelps.

Firmas de valoración independientes

Transacciones. Este tipo de compañías son contratadas en operaciones corporativas para hacer una valoración de los activos de la empresa: tanto tangibles como intangibles. Su opinión neutral será clave para la determinación final del precio

Disputas. Cuando hay arbitrajes o juicios que involucran a compañías es habitual que participen firmas de valoración para ayudar a los jueces o árbitros a dirimir el conflicto.

Reestructuración. Cuando una empresa está en situación de quiebra, o un estadio previo (preconcurso de acreedores) es frecuente que participen firmas que valoren el patrimonio que mantiene la compañía.

“Cada vez se da más importancia a que los consejos de administración cumplan con su deber de diligencia apoyándose en información que les ayude a tomar decisiones”, apunta Javier Zoido, director en España de Duff & Phelps.

Esta firma estadounidense aterrizó en Madrid en 2014 y desde entonces no ha dejado de crecer. En la actualidad cuentan con 50 empleados y han emitido valoraciones en un tercio de las grandes operaciones de compraventa que se han producido en el Bolsa española en los últimos años, como la adquisición de Talisman por parte de Repsol, la opa de exclusión de Cepsa o la venta del 40% de Telxius al fondo de capital riesgo KKR.

“Estamos creciendo con cifras de doble dígito porque cada vez se aprecia más la importancia de una firma de valoración independiente, que no tenga conflictos de interés como ocurre en el caso de las clásicas empresa de auditoría”, apunta Magnan.

Las situaciones en las cuales puede ser necesario disponer de una opinión ecuánime (fairness opinion, en la jerga) son diversas; operaciones de fusiones y adquisiciones, ventas forzosas de minoritarios, operaciones entre partes vinculadas..

“Cada vez vemos más un tipo de operaciones que consisten en incrementar la deuda de una compañía con el objeto de repartir sus accionistas un dividendo extraordinario”, explica Javier Zoido. En estos casos, cada vez se exige más que haya un opinión independiente sobre la solvencia de la empresa, para analizar si el valor del negocio supera al endeudamiento neto, y para verificar si hay capacidad de repago de deudas.

Duff & Phelps también trabaja en arbitrajes y juicios. Es habitual que una compañía que tiene una disputa con otra recurra los servicios de un valorador independiente. “Nos contratan empresas que se han visto inmersas en un proceso sobre abuso de la competencia, o en caso de compraventa de compañías en las que ha surgido algún problema”, apunta Magnan.

Uno de los principales clientes de Duff &Phelps son las firmas de capital riesgo. Este tipo de inversores adquiere compañías no cotizadas para mejorar sus ingresos o su modelo de negocio y venderlas en unos años. Al estar fuera del mercado bursátil su valoración es aún más crucial.

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Arrimadas: Cuándo y por qué puede su vida privada llevarle al despido | Fortuna

Nadie lo duda. El comentario en las redes sociales por parte de una usuaria hacia Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos en Cataluña, en el que le deseaba una violación en grupo, es totalmente reprochable. Sin embargo, sus consecuencias directas, que se hicieron palpables en forma de despido por parte de la empresa en la que la usuaria trabajaba, no parecen estar tan claras. Cabe recordar que después de que Arrimadas hiciese público el comentario, una avalancha de tuiteros cargó contra Tinsa, instando a la compañía a despedir a la empleada, algo que la firma de tasaciones inmobiliarias tramitó en cuestión de tres o cuatro horas.

El debate estaba servido, recordando a otros casos parecidos, como el del neonazi estadounidense símbolo de las marchas supremacistas blancas despedido de su trabajo el pasado mes, o el del directivo de Google cesado por una opinión controvertida sobre el machismo: ¿Puede una empresa tomar medidas contra sus empleados por comentarios o actividades que estos realizan fuera del entorno laboral y que, aparentemente, nada tienen que ver con su desempeño?

La respuesta inmediata es negativa. No obstante, está sujeta a una larga lista de variables. “Por un comentario ajeno a la esfera corporativa y que no afecta a la empresa, por muy terrible que sea, no pueden tomarse estas medidas. Se realizan fuera de las responsabilidades y obligaciones del trabajo y fuera del horario laboral, por lo que el control de la empresa no podría llegar tan lejos”, explica Eva Urbano, abogada del gabinete jurídico estatal de Comisiones Obreras (CC OO). Esta sería la regla general para tratar este tipo de situaciones, pero como recuerda la socia de laboral de Garrigues, Marisa López, en el Derecho cada caso es único, y no hay una regla común que pueda regularlos, por lo que la compañía puede tomar medidas en algunas tesituras: “Si la manifestación directa del empleado afecta a la imagen de la empresa o vulnera sus códigos éticos, en el que caso de que los tenga establecidos, sí pueden tomarse represalias, incluso el despido”, esgrime.

Pero para llegar a este punto, primero han de fijarse estas obligaciones de manera firme y regulada. “Las compañías pueden tener reglamentos internos en los que se inste a los profesionales a no cruzar ciertos límites que puedan ocasionar un perjuicio contra la marca, tales como expresiones xenófobas o misóginas”, prosigue López. Existen casos en los que una organización abraza valores como la diversidad y la igualdad que todos los profesionales deben respetar. Del mismo modo, la empresa tiene la potestad de fijar quiénes son los empleados que, con sus actos fuera del trabajo, representan la imagen de la marca y deben guardar ciertas formas, desde un directivo al último empleado. “Es la eterna discusión de qué partes de la vida privada afectan a la empresa”, recuerda López.

La empresa tiene potestad para fijar si un trabajador puede representar a la marca

En estos casos, la firma debe comunicárselo al profesional. Pero, ¿suelen regularse todos estos aspectos? Eva Urbano cree que no: “En los contratos de trabajo generalmente no se tocan estos puntos, y si yo no he cometido infracciones, no he vulnerado mis obligaciones contractuales ni he incurrido en negligencias, no pueden sancionarme con el despido. No habría causa lícita para ello”, argumenta. Por ahora, donde sí suelen aparecer estas cláusulas y obligaciones es en los contratos de altos directivos y profesionales notorios cuya imagen incide directamente en la marca, tales como deportistas, personajes públicos o modelos, pero estos no suelen ampliarse al resto de la plantilla. Por ello, dado que los códigos de buena conducta salpican con cada vez más frecuencia a las organizaciones, estas harían bien en comunicar las novedades a todos sus empleados.

Algo que ya se ha hecho más veces. A día de hoy ya se sabe que ningún profesional puede insultar, ridiculizar, acosar o humillar a ningún compañero de la oficina ni a la propia empresa, aunque sea fuera del trabajo. “Es bastante común encontrarnos con casos en los que un empleado realiza en redes comentarios injuriosos contra la empresa o contra el jefe, algo que no puede hacerse tal y como está regulado en el Estatuto de los Trabajadores”, apunta la abogada de CC OO. Igual que esos límites se han comunicado, “habrá que avisar de que existe un código ético que debe cumplirse en otras situaciones”, explica la socia de Garrigues. Por eso, apuntan las expertas, tarde o temprano tendrán que regularse situaciones como las desembocó el caso de Inés Arrimadas, “aunque sea difícil encontrar el punto de equilibrio entre el derecho de la empresa y los derechos de libertad de expresión e intimidad”, dice López.

Es difícil encontrar el punto de equilibrio entre el derecho de la empresa y el derecho de libertad de expresión e intimidad

De lo contrario, si estos deberes no han sido explicados al profesional, la empresa no puede actuar como un tribunal. “En esos casos, el empleado será susceptible de ser castigado desde el ámbito penal o civil, nada más. Despedir por algo así es una barbaridad”, opina Eva Urbano. Por el mismo terreno apunta el director del máster ejecutivo en reputación corporativa de la Universidad de Navarra, Yago de la Cierva: “No se puede sacrificar a los empleados en el altar de la buena fama. Si se trata de una actividad realizada fuera del ámbito laboral, la empresa no puede tomar medidas definitivas hasta que la autoridad competente determine los hechos y las responsabilidades. Actuar de otro modo implica arrogarse competencias de orden público que la empresa no tiene”.

Desde el punto de vista reputacional, como señala el director general de Shackleton Buzz&Press, Elvis Santos, hay que ser consciente de que cualquier empleado puede desencadenar una crisis, “por eso es necesario comunicar todos los códigos internos, así como las medidas que pueden tomarse si estos se infringen”. Santos también recomienda estar preparado ante cualquier posible crisis, y sin entrar a valorar si la decisión de Tinsa es acertada o errónea, lo que la situación demuestra es que la empresa estaba preparada ante algo así: “Si la resolución se tomó tan rápido es porque ya se había consensuado entre los departamentos de marketing, comunicación, recursos humanos y legal qué hacer si sucedía algo así. No hay ninguna crisis igual a otra, pero tener calibrada cuál va a ser la respuesta ante un caso así es una buena decisión”

De lo contrario, matiza De la Cierva, una sentencia precipitada, sea cual sea, puede volverse en contra, ya que anticipa decisiones que a lo mejor hay que echar atrás, con las respectivas consecuencias negativas que esto supone para la dirección. Este experto en reputación corporativa va más allá y apela a la cautela: “Estamos en plena transformación del ‘todo vale’ a ‘los errores en redes son más graves que en el mundo real’. En cierto modo es lógico, porque no hay aún consenso sobre qué es tolerable y qué no lo es, y las penas justas para cada incumplimiento. Pero aplicar penas como fruto de un linchamiento es también equivocado. No se tolera en la vida física, tampoco debería tolerarlo una sociedad democrática en la vida online”.

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