Más de 300.000 empresas necesitarán un salvoconducto para operar en Bolsa | Mercados

La normativa europea para que los mercados funcionen mejor Mifid 2, que entrará en vigor el próximo enero, afecta a un público impensable. Cortesía de la directiva y del reglamento delegado sobre comunicación de operaciones (reporting, en la jerga), en tres meses cualquier persona jurídica en el sentido más amplio del término, necesitará una especie de matrícula.

Desde empresas hasta herencias yacentes (patrimonio hereditario desde el fallecimiento de una persona hasta la aceptación de su herencia por los sucesores), pasando por comunidades de bienes o incluso  comunidades de vecinos… Todas estas personas jurídicas necesitarán un identificador, denominado LEI, si quieren operar en el mercado, ya sea en la Bolsa, en renta, en productos derivados… En cualquier ámbito que implique un instrumento cotizado. 

“Las empresas de servicios de inversión deben recabar los códigos LEI de sus clientes antes de prestarles servicios que den lugar a obligaciones de comunicación en relación con las operaciones llevadas a cabo en nombre de dichos clientes, y utilizar dichos LEI en sus comunicaciones de operaciones”, explica uno de los reglamentos delegados de la UE.

La norma aclara que el objetivo es prevenir los abusos de mercado de las personas jurídicas. Cobrar undividendo, comprar una acción, vender bono, adquirir un derivado para gestionar la tesorería de una empresa… Cualquier operación requerirá que el cliente, salvo que sea una persona física, disponga de un LEI.

El número de afectados supera los 300.000, según los cálculos de la Asociación Española de Banca (AEB), y tan solo el 10% de ellos ha obtenido esa suerte de DNI para poder operar: faltan unos 270.000.

¿Qué es?

Este código, que identifica de manera unívoca a los actores en el mercado, se creó en 2012 como una medida para encarar la crisis financiera que estalló en su más cruda expresión con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2007. Entonces, cuando tuvo que analizarse quién tenía qué producto, la confusión en la cadena de control fue tal que las dificultades para saber los dueños de cada instrumento fue extraordinaria. 

El sistema de identificación de las entidades a escala global se denomina LEI (Legal Entity Identifier) y fue impuesto en Europa a través del reglamento Emir aprobado en julio de 2012 relativo a los derivados extrabursátiles (no cotizados y OTC, en la jerga), las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones. “El LEI es un código alfanumérico de 20 caracteres que tiene incluidos una serie de datos de referencia mínimos para la identificación y la comprobación del estado de la persona jurídica”, explica en un documento el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

“A partir de enero entrará en vigor la nueva regulación europea, y una de las nuevas obligaciones será disponer de un LEI para todos aquellos clientes que sean personas jurídicas que quieran operar en los mercados de valores”, explica José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB).

Ahora mismo, desde la asociación señalan que se buscará una suerte de periodo de adaptación que permita que los clientes puedan deshacer, al menos, posiciones existentes sin necesidad de disponer del código. 

De entrada, en 2012, solo afectaba a las entidades financieras, que desde entonces ya cuentan con un LEI, pero desde enero deberán tenerlo también los clientes de esas entidades que quieran participar en el mercado: ya sea operando en Bolsa, comprando instrumentos financieros para cubrir su tesorería o incluso cobrar un dividendo.

La banca española envió un comunicado en el que avisaban de esta salvedad el pasado junio, pero el impacto ha sido muy limitado; ahora se preparan para enviar otra alerta con el objetivo de que los clientes no esperen hasta el 30 de diciembre para pedir el LEI. 

También la CNMV lanzó un nota el 19 de mayo en la que advertía sobre este tema: “Las personas jurídicas que den órdenes a intermediarios financieros para realizar transacciones sobre instrumentos admitidos a negociación tendrán que realizar todos los trámites necesarios para obtener un LEI antes del 3 de enero de 2018 si desean que dichos intermediarios sigan ejecutando las operaciones que les instruyan”, alerta. 

¿Dónde se pide?

Los responsables en España de expedir los LEI son los registros mercantiles, y el Colegio de Registradores de España es el coordinador del sistema, que ha habilitado un página web para facilitar el proceso de emisión a través de un “procedimiento ágil y rápido”, según la AEB. “En unas 48 horas tendrán listo su identificador, que cuesta 100 euros más IVA, del 21%, en el momento de su expedición, y 50 euros anuales para su renovación. En el primer año, los registros mercantiles ingresarán 30 millones por este concepto y después 15 anuales por este nuevo servicio. 

“Desde la AEB nos hemos comprometido a difundir la necesidad de obtener el LEI para evitar tanto que a pocos días de entrar en vigor las nuevas obligaciones se produzca un aluvión de peticiones que dificulten el funcionamiento del sistema como los inconvenientes para los clientes que se encuentren a partir del 3 de enero con la imposibilidad de operar”, explica el portavoz de la asociación.

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La UE puede ser la gran vencedora de las elecciones en Alemania | Mercados

Europa ha sido la gran ausente de la campaña electoral en Alemania, pero se perfila, junto a Angela Merkel, como la gran vencedora en los comicios de este domingo. La canciller alemana, que ocupa el cargo desde 2005, depositará su papeleta a sabiendas de que, con toda probabilidad, la jornada abrirá el camino hacia su cuarto mandato. Salvo error mayúsculo de los sondeos, casi nada cambiará en Alemania. Pero todo o casi todo puede cambiar en la Unión Europea y en la zona euro tras el 24 de septiembre.

La era de Merkel IV, si se confirma su victoria en las urnas, parece llamada a romper con el inmovilismo que ha marcado la posición de Alemania en Europa durante sus tres anteriores mandatos, en particular, desde el estallido de la crisis del euro en 2010.

La canciller de plomo no ha dudado en enviar a la opinión pública alemana señales tan discretas como claras sobre la inminencia de los cambios en Europa. Un riesgo que no hubiera asumido si no estuviera dispuesta a apostar por retomar la agenda de integración europea.

Desde sus ruedas de prensa conjuntas con el presidente francés, Emmanuel Macron, hasta su disposición a negociar una reforma de los Tratados, Merkel ha dejado claro que el sempiterno nein alemán se ha terminado y llega el sí, pero.

Alemania solo mantiene dos tabúes, la mutualización de la deuda y la creación de un impuesto europeo. Pero se muestra dispuesta a regatear con Macron todas las medidas necesarias para apuntalar el euro y para evitar que la salida del Reino Unido de la UE se convierta en el principio del fin del club comunitario.

Las corrientes euroescépticas, que han cruzado el Canal de la Mancha y arraigan en lugares tan poco habituales como Italia, Austria, Holanda o la propia Alemania, han convencido a París primero y luego a Berlín de que la salvación del club estriba en recuperar sus objetivos de solidaridad y convergencia económica y en poner fin al repliegue nacionalista y al sálvese quien pueda que ha imperado durante las sucesivas crisis, desde la financiera a la de los refugiados, pasando por la energética o la de deuda .

Antídoto contra el euroescepticismo

Las elecciones del domingo podrían suponer el estreno en el Bundestag (Parlamento alemán) del partido eurófobo Alternativa para Alemania (AfD) liderado por Alexander Gauland y Alice Weild. Los sondeos dan una intención de voto del 11% a una formación con tintes racistas y xenófobos que en solo cuatro años ya ha logrado entrar en 13 de los 16 parlamentos regionales.

El temido ascenso de la extrema derecha había provocado en Berlín, como en otras capitales, un repliegue nacionalista en la posición sobre Europa. Pero la aplastante victoria de Macron sobre la eurofobia de Marine Le Pen ha mostrado que la ofensiva europeísta puede dar mejores resultados que la parálisis mantenida durante los últimos años. “Los populistas son el resultado del fracaso de los no populistas”, diagnostica un alto cargo de la Comisión Europea presidida por Jean-Claude Juncker.

Merkel parece dispuesta a emular a Macron y apostar por la integración europea como antídoto al euroescepticismo de AfD.

Aliados marcan el ritmo

El giro europeísta de Merkel IV dependerá del margen de su probable victoria (los sondeos le dan entre el 35% y 40%) y de los aliados con los que deba contar para formar gobierno. Los socialistas (SPD) de Martin Schulz y los Verdes de Cem Özdemir y Katrin Göring-Eckardt apoyan abiertamente la integración europea. Pero la canciller puede encontrarse con el euroescepticismo en su propio ejecutivo si los liberarles de (FDP) de Christian Lindner logran su objetivo de volver al Bundestag (los sondeos les dan un 10%).

FDP es el socio preferido de la CDU/CSU para formar gobierno si entre ambas formaciones suman mayoría absoluta. Pero el partido de Lindner mantiene una agenda muy dura sobre Europa, y defiende la desaparición el fondo de rescate de la zona euro (MEDE) o la salida de Grecia de esta si se reestructura su deuda.

Pero ni siquiera la presencia de los liberales se antoja suficiente como para frenar la inminente reforma de la zona euro. Y Bruselas ya prepara el proceso con el consentimiento tácito de Berlín y París.

Nueve meses de eurocambios

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya anunció este jueves (21 de junio) la convocatoria de una cumbre de la zona euro en diciembre para abordar los primeros cambios. Sobre la mesa, la transformación del MEDE en un Fondo Monetario Europeo y la posibilidad de introducir algún mecanismo presupuestario estabilizador que evite una repetición de la tremenda brecha económica entre los socios provocada por la reciente crisis.

Macron presentará el próximo martes sus propuestas, con el objetivo de que sean tomadas en cuenta durante la formación de gobierno en Alemania.

Y Tusk calcula que los primeros acuerdos concretos “deben aprobarse en el Consejo Europeo de junio de 2018 como muy tarde”. Solo nueve meses después del 24S alemán.

La gran beneficiada de la crisis

Alemania entrará en la negociación de la reforma de la zona euro con mucho que compartir, porque ha sido una de las grandes beneficiarias de la crisis del euro. Entre 2010 y 2015 su producto interior bruto ha crecido un 16,6%, casi cuatro puntos por encima de la media de la UE. Su tasa de paro se ha reducido casi a la mitad y se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 26 años.

Algunas de sus grandes entidades financieras sobrevivieron a la crisis gracias al rescate invisible del Banco Central Europeo. “El mayor porcentaje de la ayuda de liquidez de emergencia durante la crisis lo recibió un banco alemán, con un flujo entorno a los 100.000 millones de euros”, reveló recientemente José Manuel González-Páramo, miembro del comité ejecutivo del BCE hasta 2012.

El Tesoro alemán también se ha beneficiado en gran medida de la rebaja de los tipos de interés del BCE, hasta el punto de que, según Deutsche Bank, “sin esa rebaja Alemania registraría un déficit público del 1%”, en lugar del superávit del que presume el ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble. Los analistas de Deutsche Bank calculan que Alemania se ahorró entre 2008 y 2016 casi 260.000 millones de euros en intereses, cifra equivalente al 8,2% del PIB del país.

Alemania también se ha beneficiado de la benevolencia o impotencia de la Comisión Europea, que le ha permitido superar con creces el umbral permitido de superávit de la balanza comercial o salir casi indemne del fraude del diésel en el que más de 11 millones de consumidores europeos han sido víctimas del trucaje de motores de Volkswagen.

París reclama ahora a Berlín medidas que permitan reequilibrar la zona euro y ofrece a cambio disciplina fiscal y flexibilidad laboral.

Regalo de Macron

A 48 horas de la probable victoria de Merkel, el presidente francés firmó el viernes la reforma por decreto del mercado laboral, con la que pretende reducir drásticamente el poder de los sindicatos y limitar los costes de despido. El gesto, escenificado con una rúbrica ante las cámaras al más puro estilo estadounidense, se interpreta como una señal de buena voluntad hacia Berlín.

May pide clemencia

Casi a la misma hora que Macron firmaba su reforma, la primera ministra británica, Theresa May, cambiaba el tono de la negociación del brexit para pedir clemencia. May se fue hasta la piazza de Santa Maria Novella en Florencia para pronunciar un discurso muy agradable a oídos europeos pero que puede soliviantar a los miembros más euroescépticos de su partido, con Boris Johnson a la cabeza. May prometió saldar sus cuentas con el club (aunque sin concretar ninguna cifra) y respetar los derechos de los tres millones de europeos residentes en Reino Unido. También retiró la amenaza de recurrir al dumping laboral o fiscal para competir con la UE y la de utilizar la lucha contra el terrorismo como arma de negociación. A cambio pide clemencia: un período de transición de otros dos años para completar la salida de la UE (hasta 2021) y un acuerdo comercial mucho más favorable que el firmado por la UE con países terceros como Canadá. Un trato de favor que espera obtener del nuevo gobierno de Berlín, aunque tendrá más difícil ganarse el visto bueno de París.

A por la silla de Draghi

La reforma de la zona euro y la negociación del brexit serán de las dos grandes tareas europeas del nuevo gobierno alemán. Pero Berlín se ha marcado un tercer objetivo, consistente en hacerse con la presidencia del BCE cuando Mario Draghi deje el cargo en noviembre de 2019. Fuentes europeas consideran “muy probable, incluso, deseable” que el cuarto presidente del BCE proceda de Alemania, un país donde la actuación del emisor ha provocado inquietud en parte de la opinión pública (AfD nació en respuesta al rescate de Grecia y a la compra de deuda del BCE) y del Tribunal Constitucional alemán. Pero algunos analistas, como los de UBS, creen que Berlín podría renunciar a la presidencia del banco si los encajes de gobierno obligan a Merkel a buscar un puesto europeo para su ministro Wolfgang Schäuble.

Las claves del futuro de la UE

Un Fondo Monetario europeo para sacar al FMI de la troika

La reforma de la zona euro que se espera con más rapidez es la transformación el Mecanismo europeo de Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo, encargado de los rescates de los socios en dificultades. Berlín quiere, además, que ese organismo asuma la vigilancia de los presupuestos nacionales (ahora a cargo de la Comisión Europea). Y París, que asuma el papel de la troika y saque al Fondo Monetario Internacional de la zona euro.

‘Ministro’ europeo de Finanzas

La reforma también apunta a la fusión de los puestos e comisario europeo de Economía (Pierre Moscovici) y de presidente del Eurogrupo (Jeroen Dijsselbloem). El nuevo cargo sería una suerte de ministro europeo de Finanzas, aunque está por ver los poderes reales de los que dispondrá. Berlín quiere otorgarle derecho de veto sobre los presupuestos nacionales, una potestad que París no desea. El compromiso podrá ser una figura similar a la de Alto Representante de Política Exterior de la UE (Federica Mogherini), con capacidad de coordinación pero todavía supeditada a las capitales.

Presupuesto de la zona euro

La zona euro podría dotarse de un mecanismo presupuestario con capacidad de actuar de amortiguador en los países que sean golpeados por una crisis. El presidente francés, Emmanuel Macron, desea un instrumento poderoso, de cientos de miles de millones de euros. Alemania prefiere una caja mucho más modesta. El objetivo del fondo también será motivo de negociación. La canciller alemana, Angela Merkel, ha sugerido que se utilice para compensar la caída de la inversión productiva (educación, I+D, etc.) en los países golpeados por la crisis. Bruselas también ha planteado la posibilidad de un fondo europeo de desempleo que cubra parte de los subsidios en momentos de gran repunte del paro.

Garantía europea de depósitos

La creación de un fondo europeo de garantía de depósitos para completar la unión bancaria se anuncia como la reforma más polémica y, previsiblemente, más lenta en entrar en vigor. Berlín exige a cambio medidas como la imposición de límites a la compra de deuda pública por parte de los bancos. Y, en última instancia, un sistema de reestructuración de deuda pública que evite los rescates.

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La nueva regulación pone en jaque a las firmas de asesoramiento financiero | Mercados

Las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) tienen los días contados. La nueva regulación que se va a aprobar sobre instrumentos financieros restringe severamente la principal vía de facturación de este tipo de sociedades y va a abocar a la desaparición o reconversión de esta figura jurídica.

La primera directiva de instrumentos financieros (Mifid I) creó en España la figura de las Eafis hace 10 años. En la actualidad hay 170 Eafis operando. En conjunto asesoran a un patrimonio que roza los 30.000 millones de euros, según los datos facilitados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Si Mifid I creó la figura, Mifid II parece que va a acabar con ella. El borrador de real decreto que traspondrá la mayor parte de esta directiva fue aprobado el 4 de agosto. En el texto se establece tal cantidad de exigencias regulatorias para que una firma de asesoramiento pueda ser considerada como une Eafi, que la mayoría optará por buscar otras fórmulas jurídicas, de acuerdo con varios despachos especializados en derecho financiero.

“La figura de las Eafis está muerta si se mantiene el texto del borrador, como parece que va a ser”, explica Juan Manuel Vicente Casadevall, socio de la firma Kessler & Casadevall Asesores de Inversión.

Cambio en la fórmula de facturar

Hasta ahora, la formula más habitual que tenían las Eafis para cobrar era a través del “neteo”. En lugar de cobrar unos honorarios por prestar sus servicios (como hacen los abogados o los auditores), pasaban una factura que en la práctica se reducía a 0, porque compensaban el coste del asesoramiento con los ingresos cobrados en forma de comisión por la comercialización de fondos de inversión.

La nueva regulación no contempla que se pueda seguir con esta práctica, así que las Eafis se verían abocadas a cobrar directamente al cliente. Sin embargo, la falta de costumbre por este tipo de práctica financiera en España hace que ninguna empresa de asesoramiento se plantee optar por esta fórmula de cobro directo.

El texto normativo también desoye la insistente petición de las Eafi de poder contar con redes agenciales, ya que su reducido tamaño no les permite tener muchos empleados en nómina y limita su crecimiento. El texto indica explícitamente que este tipo de entidades no podrá tener agentes.

La Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi) cree que la negativa de poder contar con agentes “perjudica tremendamente” a este tipo de empresas, frente a otro tipo de firmas que ofrecen servicios de inversión, como las sociedades de valores y las agencias de valores.

“Con la redacción propuesta, las Eafis veríamos como queda muy limitada nuestra capacidad de crecimiento”, se queja Carlos García Ciriza, presidente de la asociación y propietario de la firma C2 Asesores.

Otro aspecto de la nueva regulación que inquieta al sector tiene que ver con la propia denominación legal de la figura. El borrador prevé que estas firmas pasen a llamarse EAF, sin incluir la “i” final. En teoría, para que no haya malentendidos y que el cliente no piense que esa “i” de las siglas implica un asesoramiento “independiente”.

Desde Aseafi consideran que el acrónimo actual no genera ninguna confusión respecto a si el asesoramiento que se presta es independiente o no, puesto que la “i” es de financiero.

La asociación va presentar una serie de alegaciones al Ministerio de Economía en las que pedirá que se mantenga la denominación actual. A su juicio, un cambio de nombre les supondría “un grave perjuicio económico con importante gastos legales, corporativos y de gestión, que son totalmente innecesarios”.

Este cambio obligaría a todas las Eafi a solicitar nuevas denominaciones al Registro Mercantil, redacción de los acuerdos societarios oportunos, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil y en CNMV, cambio en la documentación legal, papelería, marketing, materiales corporativos… Unos gastos inasumibles para muchas firmas de pequeño tamaño.

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Los empleados de banca se quedarán sin bonus por vender productos ‘a granel’ | Mercados

 Son casi como las ofertas de los supermercados. Los bancos y otros intermediarios usan sus escaparates y sus redes comerciales para propulsar la venta de los productos diseñados en la cúpula. Sean fondos de inversión, de pensiones, depósitos, estructurados u otros.

La norma española que traspone la directiva europea Mifid 2 para que los mercados funcionen mejor, a consulta hasta el 18 de septiembre y que debe entrar en vigor en enero, quiere acabar de una vez y para siempre con las colocaciones en avalancha de artículos financieros.

La impresionante capacidad de las entidades para vender casi lo que quieran a los pequeños inversores se concreta en las más de 28.000 sucursales y en sus alrededor de 200.000 empleados a cierre de 2016.

La remuneración variable de los comerciales de las grandes entidades suele estar ligada al objetivo de un nivel cuantitativo de ventas. Sin más. Así ocurrió en la salida a Bolsa de Bankia en 2011 o en la masiva colocación de participaciones preferentes en 2009. Son dos ejemplos destacados, pero esta fórmula de remuneración es el modus operandi más utilizado en el sector.

Atención máxima a las tácticas de vinculación

  • El coordinador de las comisiones europeas de valores, la ESMA, ya publicó unas directrices sobre ventas cruzadas el año pasado. Y la CNMV las hizo suyas. En ellas presenta un decálogo de exigencias para las firmas que venden productos financieros de forma cruzada.
  • Las exigencias de contratar varios productos serán vigiladas con lupa. Por ejemplo, un depósito de alta rentabilidad vinculado a un fondo de inversión. La CNMV deberá vigilar que se imponen modelos de remuneración que incentiven el “trato justo a los clientes y la evitación de conflictos de intereses para el personal que venda los paquetes vinculados o combinados, y que la alta dirección se encargue de la supervisión de tales modelos e incentivos”.
  • La ESMA advierte que la entidad no debe animar al personal de ventas al que se retribuye mediante comisiones a “forzar” la venta de paquetes combinados y que puedan promover las ventas innecesarias o inadecuadas de productos.

La norma que ultima Economía impedirá que los “superiores directos” presionen al personal de ventas

La norma europea destinada a dar un giro de 180 grados a las relaciones entre el cliente y la banca exige frenar en seco estos bonus por colocar productos al peso. Las entidades deberán asegurarse “de no remunerar o evaluar el rendimiento de su personal de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes”, afirma la norma elaborada por Economía. Y el mejor interés de los clientes es ofrecerles los productos que más se adecuan a sus necesidades.

El anteproyecto señala que “en particular, [las entidades] no establecerán ningún sistema de remuneración, de objetivos de ventas o de otra índole que pueda constituir un incentivo para que el personal recomiende un instrumento financiero determinado a un cliente minorista si la empresa de servicios de inversión puede ofrecer un instrumento financiero diferente que se ajuste mejor a las necesidades del cliente”.

El esquema es similar al que establece el último borrador sobre la ley hipotecaria, que puede consultarse en la edición web de CincoDías. Este fija que la remuneración no debe depender “de la cantidad o de la proporción de las solicitudes [de hipotecas] aceptadas”.

La remuneración, está claro, no podrá determinarse por los productos colocados, aunque varios departamentos legales consultados por este periódico explican que ahora hay rendijas, a falta de que se apruebe toda la normativa derivada de la trasposición de la directiva para que los bancos continúen, más o menos, con su status quo. “El objetivo es que los esquemas de objetivos comerciales y política de remuneración estén diseñados para no distribuir los productos fuera del colectivo definido de clientes, y esto abre la puerta a incentivar la colocación de aquellos que sí adaptan al target”, explican en una consultora.

La norma, eso sí, no va a poner sencillos los subterfugios: “Las empresas de servicios de inversión deben elaborar y poner en práctica políticas de remuneración respecto de todas las personas que puedan influir el servicio prestado o en la conducta de la empresa, incluido el personal de atención al cliente, el personal de ventas o demás personal que interviene indirectamente en la prestación de servicios”. Entre ellas, por ejemplo, “los superiores directos, que pueden recibir incentivos para presionar al personal de ventas”, sentencia un reglamento de la Comisión Europea. La CNMV, además, tendrá potestad para tomar cartas en el asunto. El organismo que preside Sebastián Albella “podrá precisar los criterios a tener en cuenta en la definición de las políticas y prácticas de remuneración”. Todo dependerá de lo duro que sea el supervisor de los mercados en este tema.

Otro de las cuestiones clave es la remuneración cuando la firma haya contratado agentes: “Se prohíbe a las empresas de servicios de inversión que designen agentes el establecimiento de sistemas de remuneración escalonados vinculados a la venta multinivel”. Es decir, no deberán fomentar que se cobren incentivos, además de por las propias ventas, por las de los agentes.

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La banca deberá hacer un examen a los clientes antes de venderles fondos garantizados | Mercados

Los fondos de inversión con objetivo de rentabilidad, sean o no garantizados, se han convertido de nuevo en los rescatadores de las entidades financieras. Hasta con vencimientos superiores a los ocho años y rentabilidades por los suelos, que parten del 0,1%, retienen por un amplio periodo de tiempo a los clientes y se venden tan fácilmente como los depósitos.

Las comisiones medias son jugosas, con un 0,8% para los de rendimiento fijo y más de un 1% para los de rentabilidad variable, según los últimos datos disponibles.

Pero la reforma de la Ley del Mercado de Valores, a consulta hasta el próximo 18 de septiembre, impondrá restricciones a la comercialización de estos productos.

El Ministerio de Economía sigue el precepto del coordinador de las comisiones europeas de valores, ESMA, que el pasado 6 de junio dictaminó que los fondos de inversión no armonizados conforme a los criterios de la directiva europea que regula los fondos de inversión deben considerarse productos complejos. Y la mayor parte de los fondos con objetivo de rentabilidad son no armonizados, pues incumplen por regla general el precepto de incluir al menos seis emisiones de valores diferentes –en el caso de estos productos, emisiones de renta fija–, sin que ninguna suponga más del 30% del patrimonio.

Las entidades deberán desaconsejar estos productos si el test de conveniencia arroja un resultado negativo

Los fondos con objetivo de rentabilidad tienden a maximizar los rendimientos sin diversificar sus activos, de ahí que la mayor parte de ellos opte por invertir en menos de seis emisiones. Que sean no armonizados impide que puedan venderse en otros países de la Unión Europea. Pero la banca no se preocupa por este detalle, ya que esta clase de fondos está destinada casi en exclusiva al mercado doméstico.

La ESMA asegura que no busca prohibir su venta, “sino asegurar un nivel más alto de protección de los inversores, al exigir que los vendedores les realicen los test de conveniencia”. Así, los clientes deberán rellenar un cuestionario en el que expondrán sus conocimientos sobre los mercados financieros y su experiencia inversora.

Los últimos lanzamientos

  • Bankinter Ibex 2025 Garantizado es un fondo de Bankinter Gestión de Activos que asegura al cierre de octubre de 2025 el 70% de la variación de la media de observaciones mensuales del Ibex 35. Tomará como referencia inicial el precio de cierre del índice del pasado 3 de agosto. Eso sí, la revalorización no será punto a punto, sino que se tomarán esas “observaciones”. El valor final será la media aritmética de precios de cierre de los días 22 de cada mes hasta el vencimiento.
  • KutxaBank Euríbor 3, de KutxaBank Gestión, tiene como objetivo de rentabilidad una TAE mínima del 0,10% y máxima del 1,46%, para suscripciones a 7 de septiembre de este ejercicio y mantenidas hasta el vencimiento de la estrategia, el 31 de enero de 2024. En este caso, no existe garantía de rentabilidad.
  • Rural Garantía Bolsa 2025 de Gescooperativo asegura el 50% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Ibex 35 de los cierres de los días 25 de cada mes en el índice hasta el vencimiento de la garantía a finales de julio de 2025.

De los fondos registrados en la CNMV, 1.178 están clasificados como armonizados y 534, como no armonizados. Entre estos últimos, la inmensa mayoría son fondos de inversión con objetivo de rentabilidad, garantizado o no. Además, hay otros tres de inversión inmobiliaria que están en liquidación, 45 hedge funds y también nueve carteras que invierten en hedge funds, cuatro de ellas en liquidación.

Hasta ahora, los compradores de estos productos quedaban libres de cumplimentar el test y de las advertencia derivadas, lo que facilitaba su venta en avalancha en las sucursales.

Con el cambio normativo, la banca deberá dedicar más esfuerzo comercial, y si el cuestionario concluye que el producto no es adecuado, los clientes tendrán que escribir de su puño y letra lo siguiente: “Este producto es complejo y se considera no conveniente para mí”. Así será a partir de enero del próximo año, cuando entrará en vigor la reforma que adapta a la legislación española la directiva Mifid 2 para que los mercados funcionen mejor. Estos fondos no se librarán pese a que cumplan con los requisitos de liquidez, valoración y transparencia.

El patrimonio de los fondos garantizados a cierre de julio era de 22.784 millones de euros, el 9% de los 253.145 millones del conjunto del sector en España. Las carteras de gestión pasiva, entre las que se computan las que tienen objetivo de rentabilidad no garantizado y también las que siguen el comportamiento de un índice, sumaban 21.234 millones, el 8,4%.

Hay 9,6 millones de partícipes de fondos de inversión españoles y unos 1,6 millones son inversores de fondos que se verán afectados por la nueva regulación, según los últimos datos disponibles de Inverco. Eso sí, los nuevos controles no afectarán a los actuales inversores, solo a los nuevos.

La CNMV ya tomó medidas contra la comercialización masiva de fondos con objetivo de rentabilidad, garantizado o no, a inicios de año. Los obliga a advertir de los riesgos de reembolso anticipado y de sus eventuales comisiones.

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Los bancos podrán crear supermercados de fondos sin ceder los datos de clientes | Mercados

La venta de fondos de inversión de terceras marcas será casi una obligación si los bancos quieren seguir cobrando incentivos a partir de enero de 2018. Así lo dicta la norma que adapta a España la directiva europea Mifid 2 para que los mercados funcionen mejor.

Las entidades habrán de elegir entre crear plataformas con productos de terceros, una estrategia que preparan algunas de las grandes, como publicó CincoDías el pasado 8 de agosto, u ofrecer asesoramiento real y no de tapadillo, como ocurre ahora en la mayoría de los casos, y con un seguimiento anual de la idoneidad.

El Ministerio de Economía ha escuchado, en esto sí, a la asociación de los fondos en España, Inverco, que desde hace años reclama que se facilite la utilización de cuentas ómnibus –cuentas globales segregadas en función de las aportaciones de cada partícipe– en la comercialización de carteras.

Una desventaja histórica

  • Las gestoras extranjeras sí podían utilizar cuentas ómnibus para vender sus fondos en España. Los intentos por cambiar la situación han sido muchos, pero fue con la reforma de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva publicada en el BOE del 30 de octubre de 2013, cuando se reguló la utilización de las cuentas ómnibus. La mala noticia es que los posiciones existentes de los partícipes no pueden beneficiarse de esta fórmula. La norma propuesta modifica este problema.
  • Si Economía sigue adelante, las obligaciones de información y también una parte de las tributarias recaerán en el vendedor del fondo. Pero el borrador de la norma abre la puerta a la figura del agente centralizador. Este, por así decirlo, se ocuparía de llevar a casi todo el papeleo.

El texto, sometido a consulta hasta el 18 de septiembre, permite, aunque su redacción es muy confusa, que se utilice esta fórmula para las posiciones que ya tuvieran los inversores. Los comercializadores de fondos no tendrán que entregar a las gestoras los datos de los clientes que han contratado esas carteras. Así, las gestoras no tendrán información crucial de los clientes, se simplificará el proceso administrativo y en definitiva se ahorrarán costes.

Las gestoras extranjeras, curiosamente, sí contaban con esta ventaja competitiva, pero no las nacionales. Esto ha llevado a la situación de que las gestoras nacionales tuvieran que registrar sus fondos en otros países, principalmente Luxemburgo, para poder utilizar de forma efectiva las cuentas globales y poder distribuir sus productos en redes que no sean las de su propio grupo.

Con la entrada en vigor de la normativa, BBVA podrá, por ejemplo, vender los fondos de Santander AM sin necesidad de dar a la gestora del banco presidido por Ana Botín los datos de los clientes que inviertan en ellos, y sin tener que habérselos llevado a Luxemburgo.

Desde enero de 2014, es cierto, se permite el uso de las cuentas ómnibus en España, pero la normativa se quedó muy coja. Ahora se pueden utilizar para las nuevas posiciones en fondos, pero no para las participaciones ya existentes; en estas últimas el comercializador tenía que seguir informando de sus datos. Esto ha impedido el uso efectivo de esta fórmula de comercialización por parte de las gestoras españolas, según fuentes del sector.

“Las gestoras que lo acuerden con sus comercializadores parece que podrán llevar íntegramente el registro mediante la cuenta ómnibus, de manera que en sus registros solo figurarían los comercializadores”, explican desde finReg, la boutique de asesoramiento regulatorio fundada por Sara Gutiérrez Campiña, ex de Deloitte.

Los vendedores serían además los responsables de las obligaciones con los partícipes, como el envío de los documentos informativos o el cálculo y la ejecución de las retenciones fiscales.

Para facilitar estas labores, Economía ha incluido la figura de la entidad mediadora, que hará de enlace entre la gestora y el vendedor del fondo. Entre sus funciones, estarían las de custodiar las participaciones a nombre del vendedor y la canalización de las órdenes de suscripción y reembolso.

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Economía eleva las multas máximas a las gestoras de fondos hasta un 3.200% | Mercados

El anteproyecto de la ley que adaptará a España la directiva europea para que los mercados funcionen mejor, Mifid 2, incluye una sorpresa adicional a la de restringir al máximo el cobro de incentivos por parte de los distribuidores de fondos. Fortalece las penalizaciones de las infracciones con aumentos de las multas máximas que van del 1.600% al 3.200%.

“Se endurece el régimen sancionador de las gestoras de instituciones de inversión colectiva y de personas que ejerzan cargos de administración y dirección y se refuerza la publicidad de las sanciones”, explican desde finReg, la firma especializada en regulación financiera fundada en el verano de 2016 por Sara Gutiérrez Campiña, procedente de Deloitte.

Este cambio, que entrará en vigor en enero de 2018, no se deriva de la norma comunitaria, aunque Economía sí utilizará la trasposición para incluirlo. La modificación supondrá una poderosa barrera de entrada para nuevos competidores, especialmente aquellos más pequeños, según fuentes del sector. Las multas no solo afectarán a las entidades, también a sus administradores, con el agravante de que las cifras son mareantes.

En el año en curso, se han creado siete gestoras, en su mayoría independientes. Son Acci, Anattea, Buy & Hold, Cobas –la creada por Francisco García Paramés–, Finletic y Pentagon. EBN Capital es la única que es propiedad de una entidad: EBN Banco. El número actual de gestoras es de 105, frente a las 97 de cierre de 2015.

Los últimos castigos

  • Son tres las gestoras sancionadas por infracciones graves o muy graves en lo que va de 2017. En febrero, la CNMV multó por una infracción muy grave a BBVAAM debido al retraso de la comunicación de una participación significativa en una empresa. La multa fue de 70.000 euros. El supervisor también impuso en marzo una sanción de 45.000 euros por una infracción grave a EDMGestión por “deficiencias significativas en los procedimientos de control interno, en relación con el procedimiento de compraventa de valores”. El mismo motivo adujo la CNMV para una infracción del mismo grado, que recibió la misma multa, a Gesiuris.
  • El año pasado fueron tres las gestoras multadas por infracciones graves o muy graves. Santander AM cometió cuatro muy graves por retrasarse en comunicar participaciones significativas en varias empresas cotizadas: el importe conjunto del castigo fue de 280.000 euros. También fueron multadas Gestifonsa, por una infracción grave, y Neila Capital Partners, por faltas muy graves y graves.

Las infracciones leves están castigadas ahora con un máximo de 60.000 euros, cuantía que se disparará un 1.567%, hasta un millón.

En este apartado se computan problemas de muy bajo impacto, como el retraso en el envío a la CNMV de documentación o la demora en la publicación de información para los partícipes. También el exceso transitorio, por un máximo de cinco días hábiles, de los límites de inversión se computa en este apartado. “El riesgo es máximo; un millón de euros puede expulsar del mercado a una gestora pequeña”, explica un directivo del sector.

Las infracciones graves estarán penadas con hasta cinco millones de euros, cuando antes el límite eran 150.000 euros. La sanción máxima se dispara un 3.222%. Se califican como graves faltas como no poner a disposición de los inversores la información pública periódica, llevar una contabilidad con criterios diferentes a los de la normativa, incumplir los límites a la inversión, el cobro de comisiones por servicios que no hayan sido prestados o el mal funcionamiento del servicio de atención al cliente.

Las infracciones muy graves suelen ser versiones de las anteriores, pero aumentadas. Aquí el castigo pasa de un máximo de 300.000 euros a un mínimo de cinco millones de euros o el 10% del volumen de negocio total. Por ejemplo, no remitir la información correspondiente a la CNMV o entregarle datos inexactos, invertir en activos distintos de los autorizados legalmente o de los permitidos por el folleto y que hayan perjudicado “gravemente” los intereses de los accionistas o partícipes. También son faltas muy graves no someterse a la auditoría de las cuentas anuales, prestar acciones o pignorar activos de forma temeraria, resistirse a una inspección de la CNMV o vender participaciones no registradas en el supervisor español, entre otros comportamientos.

Para las infracciones muy graves se incluye en el anteproyecto de ley –sometido a consulta pública hasta el 18 de septiembre– la posibilidad de que a los administradores se los inhabilite “para ejercer cargos de administración o dirección en la misma o en cualquier otra entidad financiera de la misma naturaleza”. A perpetuidad. La inhabilitación máxima ahora es de 10 años.

La sanción por falta muy grave pasa de un máximo de 300.000 euros a un mínimo de cinco millones

Es cierto que la ley recoge, entre los puntos para determinar el importe de las sanciones, la solidez financiera de la entidad o de la persona responsable y las medidas adoptadas para evitar que se repita.

La publicidad de las sanciones también sube de grado. Las sanciones por infracciones graves y muy graves se incluirán en el registro público de la CNMV por cinco años. Ahora, la publicación de las sanciones en el BOE ni siquiera es obligatoria. En las infracciones graves y muy graves es potestativa.

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Menos del 15% de los fondos que vende la gran banca en su red son de terceros | Mercados

La banca española ha desarrollado un modelo de venta de fondos de inversión en el que prima la comercialización de productos propios, clave para garantizar el máximo ingreso de comisiones, y que se ve ahora amenazado por el borrador de la transposición de la directiva Mifid 2. En este texto, hecho público el pasado viernes, Economía plantea serias limitaciones para que las redes bancarias se puedan seguir apuntando incentivos por la venta de fondos. El año pasado, las gestoras ingresaron comisiones de gestión por 2.238 millones de euros, de los que entregaron el 64% a las redes de distribución.

Con la directiva Mifid 2 se trata de distinguir con claridad qué paga el cliente: qué parte de la comisión es para el gestor y qué parte para el comercial que lo vende. Y Economía propone, en un texto ahora sujeto a consulta pública con el sector, que las redes bancarias puedan cobrar las comisiones por la venta solo si comercializan fondos de otras gestoras u ofrecen un servicio de asesoramiento de calidad.

La nueva normativa promete empujar por tanto a los bancos hacia la venta de fondos ajenos, en un mercado que se hará mucho más competitivo, a menos que las entidades consientan en sacrificar los ingresos por comisiones por venta en su red. En la actualidad, los fondos de inversión marca de la casa dominan las ventas de la banca y los fondos de terceros ocupan un lugar secundario.

En concreto, la gran banca vende fondos de terceros por un volumen superior a los 23.000 millones de euros, equivalente a apenas el 9% del patrimonio gestionado en fondos en España. La cifra corresponde a las ventas de las redes de BBVA –que gestiona el segundo mayor volumen de fondos propios de la industria española, solo por detrás de CaixaBank–, Bankia, Sabadell y Bankinter. Banco Santander y Popular no facilitan la cifra.

En CaixaBank, el patrimonio de fondos de terceros que vende el banco equivale al 15% del patrimonio total en fondos del grupo

En CaixaBank afirman que el patrimonio de los fondos de terceros que vende el banco equivale al 15,7% del patrimonio en fondos de inversión del grupo, que suma 65.747 millones de euros no solo en fondos de inversión sino también en carteras, tanto gestionadas por la entidad como asesoradas.

Los fondos de terceros juegan de hecho un papel fundamental en la oferta de productos a la clientela de banca premier –para patrimonios superiores a los 60.000 euros en el caso de CaixaBank– y de banca privada –a partir de 500.000 euros en la entidad catalana–. En cambio, los fondos marca de la casa suelen ofrecerse de forma mayoritaria a los pequeños clientes y dominan el escaparate de las oficinas bancarias. Así, los fondos de inversión con mayor volumen de patrimonio y también con mayor volumen de aportaciones netas en los siete primeros meses del año son productos propios de las gestoras.

El ránking lo lidera el fondo de BBVA Quality Inversión Conservadora, con un patrimonio superior a los 6.200 millones de euros y aportaciones netas en el año por más de 2.900 millones. El segundo puesto es también para un fondo gestionado por BBVA, el Quality Inversión Moderada, con 5.520 millones bajo gestión.

En BBVA, el peso de los fondos de terceros en la oferta del banco es especialmente reducido. Los 3.350 millones de euros de patrimonio en instituciones de inversión colectiva de terceros –que el banco distribuye pero no gestiona– contrastan con los 59.905 millones de euros gestionados por el banco, a los que se suman otros 40.510 millones de euros de carteras de clientes gestionadas.

En Bankia, la oferta de fondos de terceros en la red también es minoritaria: los 14.309 millones de euros de patrimonio gestionado en fondos de la casa a cierre de julio frente a los 1.689 millones de euros vendidos en fondos de terceros. En Sabadell la diferencia es menor, con ventas de fondos de terceros por un patrimonio de 7.379 millones frente a un patrimonio gestionado de 25.943 millones.

La clara excepción es Bankinter, donde los fondos de terceros –10.437 millones de euros– superan ampliamente los fondos propios, por 8.040 millones a consecuencia de la compra de la red minorista de Barclays en Portugal. Aun así, con anterioridad a la operación la proporción ya era más equilibrada: 7.417 millones de euros en fondos propios y 6.187,7 en fondos de terceros en 2015.

Gestoras propiedad al 10%% salvo Santander y Popular

Las principales entidades financieras españolas controlan el 100% del capital de sus gestoras con la excepción de Popular, que posee el 40% de la sociedad que comparte con Allianz, y Santander, que tiene pendiente la recompra del 50% de Santander AM.

Banco Santander apostó en su día por la externalización de la gestión de activos y vendió el 50% de su gestora a los fondos Warburg Pincus y General Atlantic. El plan era crear un gigante a nivel europeo con la fusión con Pioneer, del italiano Unicredit, en la idea de conservar los ingresos por la venta de fondos pero no la totalidad de los gastos y de la operativa necesaria para su gestión. Sin embargo, el proyecto de fusión fracasó y Santander planea ahora la recompra del 50% de su gestora, justo cuando Mifid 2 torpedea el cobro de incentivos.

CaixaBank defiende que “la propiedad de las fábricas de productos líderes en el mercado proporciona una ventaja competitiva clave”.

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Transparencia, profesionalidad y competencia en la actividad bancaria | Mercados

El Gobierno no ha querido esperar al tiempo de descuento para poner en marcha la transposición de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida gráficamente como Mifid II, aunque no estará en vigor hasta enero. Los usos indebidos en la comercialización de productos durante los primeros años del siglo por una buena parte de las entidades financieras, especialmente aquellas apremiadas por la falta de capital, y que han terminado en una desconocida judicialización, aconsejan una transposición rigurosa de la norma europea. Se trata de incrementar la transparencia y la profesionalidad en la relación de las entidades con los clientes, así como tasar con precios razonables cada uno de los servicios y fomentar la competencia abierta en el sector, sobre todo en un momento en el que la tecnología ha transformado la operativa y ha sustituido la práctica presencial por la contratación online.

La protección al inversor es el norte de la nueva regulación para superar una etapa en la que ha sido la víctima de las malas prácticas bancarias. Desde enero, tanto el asesoramiento como la comercialización de productos de inversión deben estar profesionalizados, y no estaría de más incluso llevar el espíritu de la norma hasta la creación de grados universitarios de asesoramiento y la comercialización financieros. En adelante, cada entidad debe dejar muy explícita y por escrito a la clientela la naturaleza de cada producto, su riesgo y su coste, tanto por asesorar como por vender y gestionar; y no podrá reservarse una comisión por la venta de fondos de inversión si no ha ofrecido de forma transparente los productos de toda su competencia a los clientes para que elijan después de conocer.

Como siempre en la actividad de la banca, una cosa es la norma y otra su aplicación diaria. El cambio de relación de las nuevas generaciones con la banca, mucho más promiscua, más distante y eminentemente telemática, obliga a extremar el celo para retener a los más solventes y rentables, sin dejar de atender a aquellos que operan de forma ocasional. Pero los reguladores no deben limitarse a poner en marcha la norma: deben vigilar su cumplimiento y sancionar las conductas incorrectas.

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Las fusiones y adquisiciones, nueva caja negra de Wall Street | Compañías

Los negocios de fusiones y adquisiciones se están convirtiendo en la nueva caja negra de Wall Street o ese parece el mensaje de las ganancias del segundo trimestre. Las firmas de asesoramiento financiero Lazard, Evercore y Moelis superaron las previsiones de los analistas por márgenes mayores que la banca de inversión. Esto tiene poco sentido: debería ser más fácil monitorizar los gastos de asesorar a clientes que los ingresos de las operaciones.

Lazard y Evercore superaron las previsiones de los analistas con un 22% más de ganancias. Moelis superó las expectativas por dos quintos. Lo máximo que lograron los cinco grandes fue un 14%, de Morgan Stanley y Goldman Sachs. Sus resultados, sin embargo, sorprendieron a los inversores, que hicieron subir un 3% los títulos de Morgan Stanley. Mientras tanto, los pésimos datos de Goldman Sachs hicieron bajar un 2% sus ganancias en el día.

No todas las partes del negocio de asesoría se analizan tanto como las fusiones y las adquisiciones. Las firmas independientes ofrecen una gran variedad de servicios a países y empresas, con honorarios que no son fáciles de adivinar.

Sin embargo, parece que los inversores se manejan bien con los mecanismos del negocio. Tras la primera hora de la sesión del jueves, las acciones de Lazard y Evercore habían tenido solo ganancias moderadas, aunque ambas superaron las previsiones de los analistas sobre sus ingresos trimestrales. Pero esto refleja más bien una mala actuación de los analistas.

El negocio de bancos de inversión que ofrecen estudios a los inversores sufre cada vez mayor presión a medida que los márgenes de negociación se reducen y las nuevas normas de la UE, como el Mifid II, obligan a los intermediarios a reducir los costes.

Evercore está lidiando con estas presiones. En el ultimo trimestre, su CEO reestructuró los pagos pendientes de la compra en 2014 de ISI.

Pero con un mercado asesor más fuerte que ayude a que los márgenes operativos se queden en un 25% –y un 27% en Lazard–, los inversores podrán ignorar las debilidades del lado vendedor.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción es responsabilidad de CincoDías.

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