La Airef alerta de que la crisis en Cataluña puede reducir en más de un punto el crecimiento previsto en 2018 | Mercados

La crisis política abierta en Cataluña y la situación de incertidumbre llevaron el Gobierno a rebajar su previsión de crecimiento para 2018 del 2,6% al 2,3%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) avala las previsiones del Gobierno, pero también alerta de que existen elevados riesgos de que la desaceleración sea superior a la prevista.

La Airef ha tratado, con todas las limitaciones evidentes, de calibrar el impacto económico de la crisis política en Cataluña. El efecto varía en función de si la tensión política es temporal o permanente y si se limita el análisis solo a la actividad en Cataluña o se tiene en cuenta que existe un efecto desbordamiento que perjudicará al conjunto de la economía española. Los modelos económicos elaborados por al Airef y que siguen la literatura económica sobre el tema apuntan que el proceso soberanista puede reducir el PIB en 0,4 y 1,2 puntos porcentuales. Tomando como referencia el escenario central de la Airef, ello implica que en el peor de los casos previstos, la economía crecería este año un 1,5%.

Respecto al déficit público, la desaceleración de la economía se traduciría en menos ingresos. Según la Airef, la situación en Cataluña podría elevar entre dos y cinco décimas el déficit previsto para 2018 del 2,3%. Ello significa que, incluso en el peor de los escenarios, cabe esperar que España sitúe su déficit por debajo del 3% que exige el Pacto de Estabilidad de la UE.

Todos estos datos deben tomarse con prudencia en la medida en que la literatura “no proporciona casos realmente comparables y los datos de series históricas no proporcionan información útil para analizar este episodio”.

¿Existe riesgo de recesión? La Airef considera que España parte de un nivel de crecimiento intenso y sano. El ciclo económico es suficientemente solido para no contemplar un escenario de recesión en el conjunto de España. Respecto a Cataluña, la situación genera más dudas porque el impacto puede ser mucho más elevado. Aun así, la Airef no lo ha calculado.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta las enormes conexiones que existen entre las comunidades autónomas. Según la Airef, una caída de un punto en la actividad en Cataluña provocaría un retroceso de dos décimas para el crecimiento del conjunto de España. En el caso del empleo, una caída del 1% supondría una disminución del 0,17% para el resto de España y del 0,21% en el empleo agregado.

Para el ejercicio en curso, la Airef confia en que la economía no se vea afectada de forma signifciativa por el clima de tensión en Cataluña y mantiene que España crecerá a ritmos del 3% este año. El shock económico debería ser extremadamente violento en los meses que quedan de año para que el PIB bajara de ese nivel del 3%.

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Cómo evitar que le saquen los colores a los consejeros de una empresa cotizada | Mercados

Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, ingeniero industrial, era presidente de La Caja de Canarias cuando la entidad financiera acordó su integración en Banco Financiero y de Ahorro (BFA, matriz de Bankia). Tras la fusión, Suárez del Toro se convirtió en consejero de BFA. Cuando tuvo que declarar como investigado por la malograda salida a Bolsa de Bankia y su posterior rescate, alegó que no tenía conocimientos suficientes para entender los balances de los bancos.

Su caso no es único. Entre los 300 políticos procesados por delitos vinculados a las cajas de ahorros son legión quienes argumentan ante el juez que no entendían qué estaban firmando.

Poco a poco, las cosas están cambiando. “La profesionalización e internacionalización de los consejos de administración está provocando que cada vez haya más consejeros que nos piden informes con una valoración imparcial de una determinada operación”, explica Yann Magnan, director para Europa de Duff & Phelps.

Firmas de valoración independientes

Transacciones. Este tipo de compañías son contratadas en operaciones corporativas para hacer una valoración de los activos de la empresa: tanto tangibles como intangibles. Su opinión neutral será clave para la determinación final del precio

Disputas. Cuando hay arbitrajes o juicios que involucran a compañías es habitual que participen firmas de valoración para ayudar a los jueces o árbitros a dirimir el conflicto.

Reestructuración. Cuando una empresa está en situación de quiebra, o un estadio previo (preconcurso de acreedores) es frecuente que participen firmas que valoren el patrimonio que mantiene la compañía.

“Cada vez se da más importancia a que los consejos de administración cumplan con su deber de diligencia apoyándose en información que les ayude a tomar decisiones”, apunta Javier Zoido, director en España de Duff & Phelps.

Esta firma estadounidense aterrizó en Madrid en 2014 y desde entonces no ha dejado de crecer. En la actualidad cuentan con 50 empleados y han emitido valoraciones en un tercio de las grandes operaciones de compraventa que se han producido en el Bolsa española en los últimos años, como la adquisición de Talisman por parte de Repsol, la opa de exclusión de Cepsa o la venta del 40% de Telxius al fondo de capital riesgo KKR.

“Estamos creciendo con cifras de doble dígito porque cada vez se aprecia más la importancia de una firma de valoración independiente, que no tenga conflictos de interés como ocurre en el caso de las clásicas empresa de auditoría”, apunta Magnan.

Las situaciones en las cuales puede ser necesario disponer de una opinión ecuánime (fairness opinion, en la jerga) son diversas; operaciones de fusiones y adquisiciones, ventas forzosas de minoritarios, operaciones entre partes vinculadas..

“Cada vez vemos más un tipo de operaciones que consisten en incrementar la deuda de una compañía con el objeto de repartir sus accionistas un dividendo extraordinario”, explica Javier Zoido. En estos casos, cada vez se exige más que haya un opinión independiente sobre la solvencia de la empresa, para analizar si el valor del negocio supera al endeudamiento neto, y para verificar si hay capacidad de repago de deudas.

Duff & Phelps también trabaja en arbitrajes y juicios. Es habitual que una compañía que tiene una disputa con otra recurra los servicios de un valorador independiente. “Nos contratan empresas que se han visto inmersas en un proceso sobre abuso de la competencia, o en caso de compraventa de compañías en las que ha surgido algún problema”, apunta Magnan.

Uno de los principales clientes de Duff &Phelps son las firmas de capital riesgo. Este tipo de inversores adquiere compañías no cotizadas para mejorar sus ingresos o su modelo de negocio y venderlas en unos años. Al estar fuera del mercado bursátil su valoración es aún más crucial.

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El Constitucional suspende la ley del referéndum y apercibe a un millar de cargos públicos | Mercados

El desafío legislativo que tuvo lugar ayer en el Parlament de Cataluña, donde se aprobó la ley del referéndum de independencia previsto para el 1 de Octubre haciendo caso omiso al protocolo parlamentario y a las advertencias de los letrados, puso en marcha una maquinaria judicial que tendrá hoy sus primeras consecuencias.

El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la ley del referéndum al admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno que ha solicitado su anulación, junto con la de la convocatoria de consulta realizada por el Govern.

Más allá, el Constitucional resolvió apercibir a más de un millar de mandatariospolíticos (70 altos cargos de la Generalitat y los 947 alcaldes de Cataluña, estos “con carácter preferente y urgente”) advirtiéndoles de su d eber de impedir o paralizar cualquier actuación dirigida a la celebración del referéndum. La notificación, detalla Europa Press, se hará a través de la Delegación del Gobierno.

La decisión responde a la petición hecha por el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este medio día una vez recibido el informe del Consejo de Estado que el Ejecutivo solicitó la misma noche del miércoles tras la aprobación de la norma.

“Acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Referéndum que votó ayer el Parlament de Cataluña”, ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras concluir el Consejo de Ministros extraordinario que remite al Tribunal Constitucional una petición de nulidad de la norma.

Rajoy ha avanzado que también se ha pedido impugnar la convocatoria de la consulta del 1 de Octubre y que se notifique expresamente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya todo su Gobierno.

Además, se enviarán avisos a todos los alcaldes de Cataluña advirtiéndoles que deben “impedir o paralizar cualquier iniciativa tendenete a la paralización del referéndum”. Estos mismos alcaldes han recibido una notificación de la Generalitat esta mañana pidiéndoles que en 48 horas comuniquen la disponibilidad de locales en los que celebrar el referéndum.

No habrá referéndum de autodeterminación” ha asegurado Rajoy, aseverando que es “ilegal, rompería la soberanía nacional y liquidaría la convivencia pacífica de 40 años de vida democrática”, ha dicho.

Dos querellas de la Fiscalía

Minutos antes, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha comparecido a la una de la tarde para anunciar las actuaciones que se tomarán frente a la aprobación de la ley de referéndum catalán.

Maza ha anunciado la Fiscalía se prepara ya para interponer dos querellas criminales, una contra todos los miembros del Gobierno de la Generalitat y otra contra la Mesa del Parlament que permitió tramitar la ley.

La Fiscalía, ha explicado Maza, ha decidido actuar “ante la gravedad de la situación generada en la comunidad de Cataluña” en lo que supone “una violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía, desobedeciendo lo reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional” para convocar “el denominado referéndum de autodeterminación”.

Las querellas se presentarán “al menos” por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Además, ha anuciado Maza, las distintas fiscalías del país, con ayuda de la Policía Judicial y el resto de fuerzas del Estado, actuarán para evitar los preparativos del referéndum ante los indicios de inconstitucionalidad.

La Fiscalía, ha detallado, ha dado “instrucciones para que las Fiscalías catalanas, con el auxilio de la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra)investiguen cualesquiera actuaciones dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al menos”. “Se van a cursar las órdenes oportunas paraque la Policía Judicial intervenga los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, ha añadido.

La Fiscalía Superior de Cataluña ya anunció el miércoles que se querellará contra Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament por desobediencia y prevaricación al admitir a trámite la ley de referéndum.

El Constitucional rechaza su recusación

De otra parte, el asunto ya ha pasado a manos delTribunal Constitucional que, según confirman fuentes judiciales a este diario, ha alterado su orden del día para tratar en el pleno de hoy, que se alargará a la tarde, las dos primeras peticiones que rodean la aprobación del referéndum: la tramitación de la norma y la recusación de los magistrados solicitada por los independentistas.

Lo primero que ha abordado el Tribunal Constitucional ha sido la recusación presentada contra sus 12 magistrados por la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, que les acusa de “falta de imparcialidad”.

El Tribunal ha rechazado de plano y por unanimidad la petición al señalar que se trata de una recusación “genéricamente formulada” y que, aunque se refiere al conjunto de los magistrados, en realidad “va dirigida al órgano mismo y no a sus integrantes”.

Una recusación así, “carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión sobre el fondo”, subraya el Tribunal, que recuerda que ya ha rechazado peticiones similares que ha calificado “de impertinentes y abusivas”.

El análisis de la ley de referéndum

Fuentes jurídicas consultadas preveían este resultado y apuntan a que la petición respondía presumiblemente a una estrategia dilatoria para ganar algo de tiempo hasta que el Tribunal abordase el posible carácter inconstitucional de la norma o las irregularidades de su tramitación.

En cuanto a la ley de referéndum, hay dos frentes distintos que el Tribunal acabará abordando. De momento, el pleno ha admitido ya revisar la tramitación de la norma que contraviene varios de sus fallos, por lo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó ayer un incidente de ejecución contra la resolución de la Mesa del Parlament.

Queda pendiente, la evaluación de la norma en sí, ahora que el Ejecutivo ha pedido recurrirla después de que el Consejo de Ministros extraordinario haya recibido el informe preceptivo del Consejo de Estado y presente un recurso ante el Constitucional. El pleno del Tribunal se ha suspendido hasta las 19.00 horas, cuando se analizarán los recursos del Gobierno.

En el momento en que el Tribunal Constitucional acepte a trámite el análisis de la Ley de Referéndum esta quedará en suspenso junto a todos los reglamentos o normas que puedan desarrollarse a partir de ella.

Por otra parte, según fuentes del Alto Tribunal citadas por Europa Press, el Constitucional también ha recibido un recurso de amparo presentado por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) en el que denuncia que los derechos de sus parlamentarios fueron vulnerados en la sesión de ayer.

Por su parte, el Parlament de Cataluña repetía este jueves la bronca jornada anterior esta vez a cuenta de la tramitación de la llamada Ley de Transitoriedad, que fijaría el marco legal de la región desde la celebración del referéndum hasta una eventual declaración de independencia. La norma está llamada a correr la misma suerte que la del referéndum y a ser recurrida inmediatamente ante el Tribunal Constitucional.

Rajoy recibe a Sánchez para abordar la crisis catalana

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este jueves en la Moncloa.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este jueves en la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido este jueves al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa para compartir la situación que se está viviendo en Cataluña con la aprobación de nuevos pasos hacia la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

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El destape de España en protección de datos | Tendencias

El 27 de julio pasado saltaron las alarmas: un importante fallo de seguridad dejaba al descubierto los documentos alojados en LexNET: la plataforma de intercambio de información del Ministerio de Justicia, utilizada por más de 3.500 órganos judiciales. Hasta el momento de la resolución del problema, miles de archivos con información sensible sobre demandas y pleitos habían permanecido al descubierto. Ahora que se acerca la fecha de aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) el 25 de mayo de 2018, la pregunta se antoja retórica: ¿estamos preparados?

¿Qué implica para los ciudadanos el RGPD?

La Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) destaca que el RGPD amplía el ámbito de aplicación territorial, lo que “supone una garantía adicional a los ciudadanos europeos”. “Permite que el reglamento sea aplicable a empresas que, hasta ahora, podían estar tratando datos de personas en la UE y, sin embargo, se regían por normativas de otras regiones o países que no siempre ofrecen el mismo nivel de protección que la normativa europea”, señala la AGPD en un documento de resolución de dudas.

La Agencia también cita nuevas herramientas de control de sus datos para los ciudadanos, como el derecho al olvido o el derecho a la portabilidad. Explica que el primero es consecuencia del derecho a exigir que los datos personales sean suprimidos cuando, entre otros casos, estos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, cuando se haya retirado el consentimiento o cuando estos se hayan recogido de forma ilícita. “El interesado puede solicitar que se bloqueen en las listas de resultados de los buscadores los vínculos que conduzcan a informaciones que le afecten que resulten obsoletas, incompletas, falsas o irrelevantes y no sean de interés público, entre otros motivos”.

Sobre el derecho a la portabilidad, se refiere la posibilidad de que el interesado recupere sus datos -de la empresa u organización que en ese momento esté al cargo de su trato y almacenamiento- en un formato que le permita su traslado a un nuevo responsable. “Cuando ello sea técnicamente posible, el responsable [actual] deberá transferir los datos directamente al nuevo responsable designado por el interesado”, señala la AGPD.

La respuesta por parte de los expertos es rotunda: no, no lo estamos. No lo están, concretamente, las empresas. En ello coinciden, con matices, tres expertos consultados: José Luis Zimmermann, director de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital); Borja Adsuara, exdirector de Red.es y abogado experto en derecho digital y José Alberto Rodríguez, director global de Protección de Datos de la empresa de software en nube Cornerstone OnDemand.

“Existe mucho desconocimiento y muchas dudas (fundadas) con respecto a ciertos aspectos de su aplicación”, asegura Zimmermann. “No es un reglamento fácil de aplicar y además estamos aún pendientes de la ley que debe aprobarse para su puesta en marcha, que en teoría debería ofrecer una mayor seguridad jurídica”, añade. Como ejemplo pone la confusión en torno al consentimiento, un concepto a su juicio esencial.

El problema, según Rodríguez, parte de una mala base: “Si las empresas no están preparadas para el nuevo RGPD seguramente es porque tampoco lo están para cumplir las legislaciones actuales”, apunta. Cita sonados casos de fugas o acceso ilegal a información como el robo de datos de 1.000 millones de cuentas de Yahoo, la filtración de una base de datos de LinkedIn con 167 millones de presuntas credenciales o la pérdida de 1.370 millones de registros de la empresa River City Media.

“Estos son casos muy delicados en los que hay que tener en cuenta no sólo la cantidad de registros que se perdieron, sino la sensibilidad de los datos almacenados. Muchas de estas fugas de contenían información sensible como cuentas bancarias, direcciones y números de teléfonos de los usuarios”, señala el experto en Protección de Datos. Sostiene, no obstante, que aunque el panorama sea “preocupante”, Europa “es líder mundial en protección de datos personales, en particular gracias al nuevo reglamento”.

En el caso de España, cree que el punto de partida también es positivo “porque existe tanto la concienciación como la legislación necesaria”. Lamenta, eso sí, “que sean pocas las compañías que realmente han iniciado ya las acciones necesarias para estar preparadas frente al nuevo RGPD”. Y no solo llegan tarde las empresas, sino también -afirma Adsuara- las Administraciones Públicas y la propia Agencia Española de Protección de Datos (AGPD). “La UE dio un plazo de dos años desde la entrada en vigor del RGPD (el 25 de mayo de 2016) hasta la aplicación directa del régimen sancionador para que se adaptase todo el mundo. Quedan 10 meses y, como los malos estudiantes, casi nadie ha hecho los deberes”, asegura.

Cambios necesarios

¿A qué deberes se refiere Adsuara? ¿En qué difiere este reglamento de lo establecido hasta ahora por la ley? Los expertos señalan que el RGPD supone un cambio de enfoque. “La normativa actual señala detalladamente cuales son las obligaciones y las medidas que deben adoptar las empresas. En el nuevo reglamento, sin embargo, son las empresas las que proactivamente deben demostrar que cumplen el reglamento, estableciendo las medidas que crean oportunas en función del nivel de riesgo que el tratamiento de datos pueda significar para las personas”, explica Zimmermann.

El director de Adigital sugiere, para empezar a adaptarse, hacer una revisión profunda de los tratamientos realizados en la empresa, “empezando por identificar y documentar todos los procesos: de dónde se obtienen datos, qué se hace y quién puede acceder a ellos, tecnologías empleada, etc.”. A continuación -prosigue- habría que examinar qué aspectos del reglamento no cumplen actualmente y amoldar los procesos. Señala que uno de los principales cambios pasa por la necesidad de adaptar las cláusulas informativas y documentar el cumplimiento normativo. “Según los casos, habrá que llevar un registro de la actividad de tratamiento, nombrar un delegado de protección de datos, modificar los contratos con los proveedores que requieran tratamiento de datos, realizar evaluaciones de impacto o adaptar los procedimientos de atención de derechos de las personas”, comenta.

Rodríguez ahonda en la figura del delegado de protección de datos, “un rol que en muchas organizaciones no existe y que será clave para cumplir de forma segura el nuevo reglamento”. Explica que esta persona será la responsable de velar por el cumplimiento de la RGPD, informará sobre las obligaciones de la empresa, determinará cuándo y cómo debe realizarse una evaluación del impacto de la privacidad, será el contacto ante las autoridades nacionales de protección de datos, etc.

La respuesta por parte de los expertos es rotunda: no, no estamos preparados en materia de protección de datos

El directivo de Cornerstone OnDemand destaca la importancia de que cada organización defina qué datos necesita realmente y para que los utiliza. Y, una vez hecho, elaborar procedimientos que ayuden a evitar las sanciones y tener un plan de contingencia en caso de una situación especial como puede ser una fuga de datos. “La ley establece un flujo operativo claro: tratamiento lícito, leal y transparente; datos adecuados, pertinentes, limitados, exactos y actualizados; conservación limitada en el tiempo y almacenamiento seguro”, puntualiza.

Adsuara comenta que, si bien algunas especificidades no estarán claras hasta el mismo 25 de mayo, conviene ir poniendo en marcha tareas a su juicio prioritarias. Por ejemplo, recabar de los titulares de los datos su consentimiento informado, expreso y específico (para cada finalidad) para toda la información personal que la organización vaya a tratar.

Multas y puntos delicados

¿Y qué pasa si no se cumple el RGPD? Las organizaciones infractoras se enfrentan a multas que podrían alcanzar los 20 millones de euros o bien de hasta un 4% de su cifra de facturación anual. “Se aplicaría la cifra más elevada entre estas dos cantidades, que podría suponer incluso el cierre”, afirma Rodríguez. Sin llegar a esos extremos, los expertos indican otro daño inevitable ante cualquier mínima multa o problema de fuga de datos: el perjuicio en términos de reputación frente a sus empleados y clientes actuales y futuros. No hay más que mirar al caso LexNET y a tantos otros.

También conflictivo es dónde establecer el límite entre la información profesional y personal de un empleado, que determinará a qué datos de empleados, clientes y otros con quienes se relacione puede acceder una empresa o una organización. “Es uno de los puntos más delicados. El RGPD establece el principio de minimizar la recogida de datos, que deberá estar justificada. Pero, ¿es esa justificación siempre objetiva? ¿Si mi trabajo requiere una atención especial (por ejemplo, si soy conductor o piloto), podría una empresa exigir que lleve siempre una pulsera de control de actividad que notifique sobre mis horas de sueño?”, plantea Rodríguez.

“Una empresa puede tratar la práctica totalidad de los datos personales de una persona, siempre y cuando lo realice correctamente y disponga de una causa de legitimación. Por ejemplo: el consentimiento del interesado, la ejecución o preparación de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal, la protección de los intereses vitales de una persona, o el interés legítimo”, añade Zimmermann. Adsuara especifica que, si bien os datos personales son todos los que se refieren a una persona física (identificada o identificable), todas las personas tienen una esfera pública (profesional) y una esfera privada. “Ahí se establece el límite”, afirma.

Rodríguez concluye con una insistencia: “El reglamento no impone, de manera general, nuevas restricciones al tipo de datos que se podrían acceder. Lo que hace es reforzar el hecho de que sólo se utilicen los datos realmente necesarios, de manera clara y transparente, y durante un tiempo limitado. Y eso ya está a menudo definido en las leyes laborales, los convenios colectivos o la jurisprudencia”.

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La diferencia entre la región mejor y peor financiada llega a 728 euros por habitante | Mi dinero

Los datos de liquidación definitiva del sistema de financiación de 2015 que se han conocido este año reflejan nuevamente las importantes diferencias entre comunidades. Cantabria destacó como el territorio con más recursos y dispuso en 2015 de una financiación equivalente a 2.906 euros por habitante. En el lado opuesto se situó Valencia con 2.178 euros. Así, la diferenciada entre la autonomía mejor y peor financiada alcanzó los 728 euros per cápita, según un informe publicado por Fedea a partir de los datos del Ministerio de Hacienda. Se trata de una diferencia importante y que refleja la desigual capacidad que tienen los Gobiernos autonómicos para financiar sus servicios. Las autonomías son las responsables de la educación, la sanidad y los servicios sociales, los pilares del Estado de bienestar.

Cataluña, Madrid, Andalucía y Murcia también se situaron por debajo de la media en financiación por habitante. La Rioja, Extremadura y Baleares, en cambio, acompañaron a Extremadura como la autonomía mejor financiada. Estos datos se calculan a competencias homogéneas y por habitante ajustado. Es decir, el indicador tiene en cuenta que algunas comunidades tienen más competencias por otras y también recoge que las necesidades de gasto en función de características demográficas. Es decir, el gasto en educación primaria será necesariamente mayor en comunidades con mayor población infantil. En un modelo en que todas las comunidades accedieran con igualdad a la financiación de los servicios públicos, las diferencias deberían ser mínimas.

La mayor parte de los expertos coinciden en que el modelo de financiación actual debe reformularse de arriba abajo porque genera desigualdades que no tienen justificación, es un modelo enrevesado y poco predecible. Recientemente, el consejo de sabios elegidos por las comunidades autónomas y Hacienda para elevar una propuesta de reforma presentó sus conclusiones. Se trata de un documento en el que se aboga por elevar la autonomía de las comunidades autónomas y se denuncia el desequilibrio vertical existente y que implica que las comunidades no tienen suficientes ingresos para cubrir sus necesidades de gasto.

Aun así, el informe también refleja notables divisiones entre los expertos. De hecho, casi la mitad del documento son votos particulares de miembros de la comisión que matizan o directamente rechazan parte del informe. El presidente de Fedea, Ángel de la Fuente, llega a acusar a sus colegas de ser expertos con banderas, es decir, de haber antepuesto los intereses particulares de las comunidades por las que fueron elegidos en lugar de guiarse por criterios técnicos.  

Una de las características del modelo actual es que los mecanismos de solidaridad provocan que el modelo no acerque de las comunidades pobres a las ricas, sino que se invierten las posiciones. Por ejemplo, con datos de 2014, Extremadura es la comunidad con menos recursos por habitante y Madrid es la que cuenta con más ingresos. Tras los aplicar los mecanismos de financiación, Extremadura alcanza una financiación de 114 puntos y Madrid se queda por debajo de la media con 97,9 puntos. La propuesta de los expertos contempla acabar con esta situación y recomiendan que el nuevo modelo respete la posición relativa de cada comunidad. Sin citarlo, los sabios proponen respetar el principio de ordinalidad, que era una de las viejas reclamaciones de la Generalitat. Los expertos elegidos por Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha se sumaron en un voto particular para rechazar este punto del informe. En su opinión, “invocación del principio de ordinalidad (…) no resulta compatible con el principio constitucional de solidaridad”.

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Estos cinco municipios de España no facilitan información a la Autoridad Fiscal | Mi dinero

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) comunicó ayer que ha lanzado advertencias a cinco ayuntamientos por no proporcionar información sobre sus cuentas para la elaboración del informe sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las Administraciones públicas de 2017.

Según informó ayer en un comunicado, la Airef publicó en su página web una resolución de su presidente, José Luis Escrivá, en la que advierte a cinco entidades locales por incumplir su deber de colaborar con el organismo.

Los cinco ayuntamientos advertidos son los de Palma de Mallorca, Los Palacios y Villafranca (de la provincia de Sevilla), Ayamonte (Huelva), Moratalla (Murcia) y Almadén (Ciudad Real). El supervisor de las cuentas públicas recuerda que la negativa a facilitar información supone la aplicación de las medidas correctivas que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

A pesar de las advertencias, los ayuntamientos son el eslabón de la Administración que presenta mejores cifras. El año pasado cerró con un superávit del 0,6% cuando bastaba que registraran equilibrio para cumplir con el objetivo de estabilidad. Este sobrecumplimiento palió el desvío de otras administraciones y permitió que España cumpliera por primera vez durante el Gobierno de Mariano Rajoy el objetivo de déficit público.

En términos generales, la situación de los ayuntamientos es buena, aunque en un informe reciente, la Airef alertó de “32 ayuntamientos que con una ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes superior al 75% presentan problemas de sostenibilidad”.

La Autoridad Fiscal también informó en su evaluación mensual de las cuentas públicas que España está en disposición de cumplir este año el objetivo de estabilidad, que contempla que los números rojos bajen del 4,3% al 3,1% del PIB. Las mayores dudas las generan la Administración central y la Seguridad Social.

Los ingresos públicos avanzan, pero menos de lo previsto; sin embargo, también el gasto será inferior a lo presupuestado.

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Canal de comunicación directo para denunciar trabas al emprendimiento | Emprendedores

Las pymes y autónomos de nuestro país contarán con una nueva alternativa para comunicarse directamente con la administración. El objetivo de la medida es que los emprendedores puedan trasladar las trabas que detectan una vez que desarrollan sus actividades. También establecer posibles soluciones a tales problemáticas.

Para ello, esta previsto que se realicen unas jornadas, aun sin fecha, que servirán para materializar tales objetivos. Prueba de ello son los convenios firmados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con CEOE, Cepyme, Cámara de Comercio de España, Federación Española de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Estas organizaciones consideran que la reducción de cargas administrativas permite elevar progresivamente la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y a las empresas y es algo clave para mejorar la competitividad empresarial y el crecimiento económico.

En concreto, y para identificar estos obstáculos y concretar las propuestas, se desarrollarán jornadas con los interesados en distintos puntos de la geografía española. En ellas, los afectados tendrán oportunidad de trasladar directamente a la Administración cuáles son las barreras más importantes que encuentran y sus propuestas de solución.

El resultado de la colaboración entre la Administración General del Estado y las organizaciones empresariales y sociales se remonta a 2008 y desde entonces se han podido analizar 912 propuestas presentadas en los diferentes convenios. Un número importante de ellas, hasta 447, se han incluido en una decena de Acuerdos de Consejo de Ministros, habiendo sido posible su implantación en el marco normativo y administrativo.

A esto hay que añadir que en base al Plan de simplificación administrativa y de reducción de cargas, cada Ministerio identifica anualmente los procedimientos de su ámbito ministerial objeto de simplificación y, en su caso, eleva sus propuestas.

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Ser autónomo y asalariado tras los últimos cambios en la Ley | Autónomos

La regulación de la pluriactividad ha sido modificada en la nueva Ley del trabajo Autónomo, pendiente de aprobación por parte del Senado, tras haber superado los trámites del Congreso. Esta temática se ha introducido en el artículo 313 de la nueva normativa, que modifica el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre.

En concreto, los autónomos que además trabajen por cuenta ajena de forma simultánea cotizarán por contingencias comunes en régimen de pluriactividad. Para ello se tendrán en cuenta “tanto las cotizaciones efectuadas en este régimen especial”, como las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador “en el régimen de Seguridad Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena”, subrayan desde EFE.

Asimismo, la nueva normativa establece que estos profesionales tendrán derecho al reintegro del 50% del exceso en que sus cotizaciones superen la cuantía que se establezca a tal efecto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. No obstante, existirá un el tope del 50% de las cuotas ingresadas en este régimen especial, que vendrá determinado en función de la cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria.

Para ello, la nueva ley contempla que se abone el reintegro que en cada caso corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente, salvo cuando concurran especialidades en la cotización que impidan efectuarlo en ese plazo o resulte necesaria la aportación de datos por parte del interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad a esa fecha. La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo.

En lo que respecta a los trabajadores que causen alta por primera vez en este régimen especial y con motivo de la misma inicien una situación de pluriactividad, la nueva ley establece que estos podrán elegir como base de cotización en ese momento, y durante un año, la comprendida entre el 50% de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Durante los siguientes 18 meses será del 75%.

La pluriactividad en la que el trabajo por cuenta ajena sea a tiempo parcial, con una jornada a partir del 50%, permitirá que se pueda elegir en el momento del alta. Como base de cotización, se determinará la comprendida entre el 75% de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 85% durante el siguiente año y medio.

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Consejos para una empresa que se enfrenta a un juicio penal | Legal

Se ha tratado mucho la responsabilidad penal de la persona jurídica y las ventajas de tener un plan de prevención de riesgos penales. El compliance está de moda, pero aún se desconocen las especialidades y cautelas procesales que deben seguirse a la hora de enjuiciar a una empresa. Prueba de ello son las sentencias dictadas dejando patente que las partes o, incluso, los jueces y los fiscales, debían haber obrado de otro modo.

Hay dos premisas fundamentales que deben cumplirse. La primera es que la persona jurídica tiene las mismas garantías procesales que la persona física, deben aplicársele, por tanto, los mismos principios del proceso penal, como son los de oralidad -debe ser escuchada- y contradicción -debe poder defenderse de la acusación- entre otros. Esto, que parece de Perogrullo, ya ha dado lugar a absoluciones, por no haber sido imputada la empresa en forma (sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Marzo de 2016) , o por no haber sido oída (sentencia de Tribunal Supremo de 6 de octubre 2016).

Sin ir más lejos, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 2 de junio de 2017, ha absuelto a una empresa de los delitos fiscales por los que sí fueron condenados sus administradores, debido a que el Fiscal no acusó y el Abogado del Estado, en el trámite de conformidad, preguntó a los acusados si se conformaban con los hechos, y así lo hicieron, pero no preguntó a quien representaba legalmente a la empresa, que era precisamente uno de los acusados. De forma que éste reconoció los hechos en su propio nombre, pero no en el de la persona jurídica, y no solicitó la continuidad del juicio para demostrar los hechos contenidos en su escrito de acusación contra la persona jurídica.

Esto nos lleva a la segunda premisa, y es la de que puede existir un conflicto de intereses si la empresa es representada legalmente en juicio por la persona física acusada, a su vez, de cometer el delito. La estrategia de defensa de ambas puede divergir. Por ejemplo, a la persona jurídica puede interesarle denunciar los hechos en cuanto los conoce, aportando datos y pruebas sobre la identidad de su autor y los hechos por él cometidos para que ello pueda servirle como atenuante del artículo 31 bis quáter b del Código Penal, pero perjudicar así a la persona física, o a la inversa, a la persona física puede interesarle conformarse con los hechos para ver reducida su pena y a la persona jurídica esto le produce unas consecuencias reputacionales muy graves.

Hasta la fecha, los remiendos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que han ido llenando las lagunas de la intervención de la persona jurídica en juicio no han resuelto este extremo. En otros ordenamientos se prevén distintas fórmulas como: la designación a estos efectos por el juez correspondiente de una especie de “defensor judicial” de la persona jurídica; la asignación de tales responsabilidades a un órgano colegiado compuesto por personas independientes, junto con otras en representación de los intereses de terceros afectados por las posibles sanciones derivadas del ilícito de la persona jurídica; o en nuestro propio país en el Borrador de Código Procesal Penal de 2013 (artículo 51.1) mediante la atribución de esas funciones de defensa, con carácter prioritario, al “director del sistema de control interno de la entidad” (el denominado también como “oficial de cumplimiento” o “compliance officer”).

Ya la primera sentencia del Tribunal Supremo que condenó a una persona jurídica el 29 de febrero de 2016 abordó esta problemática advirtiendo de que podría apreciarse la posible violación del derecho de defensa de la persona jurídica y disponer la repetición del juicio para que la misma fuera representada por alguien que debería ser designado, por los órganos de representación, sin intervención en tal decisión de quienes fueran a ser juzgados en el mismo proceso. El Supremo, además, envía el encargo a los jueces de que, en cada supuesto concreto que aborden, intenten evitar que esos riesgos lleguen a producirse. Y va más allá, lanzando al legislador el mensaje de que “remedie normativamente la posibilidad de que se produzcan situaciones indeseables de esta clase, con una regulación adecuada de la materia”.

Ya lo dice el refranero popular, que es muy sabio : más vale solo que mal acompañado y por matar dos pájaros de un tiro, te puede salir el tiro por la culata.

Para saber más sobre los procesos contra personas jurídicas consulta el concepto en las guías jurídicas de Wolters Kluwer

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La Airef avisa de que los ingresos públicos van peor de lo previsto | Mi dinero

La situación se repite cada año y 2017 no será distinto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertó hoy que los ingresos públicos crecerán menos de lo previsto presupuestariamente. Aun así, el supervisor de las cuentas públicas señaló que cumplir el objetivo de déficit de 2017, fijado en el 3,1%, es “factible, aunque muy ajustado”.

Durante la presentación de su informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad, la Airef señaló que la Administración central y la Seguridad Social incumplirán el límite de déficit, las comunidades autónomas es probable que se ajusten a su objetivo y los entes locales sobrecumplirán, es decir, registrarán superávit cuando bastaría que cerraran en equilibrio.

La Airef analiza individualmente cada subsector del sector público. La Administración central registró el año pasado un déficit del 2,5% y debería reducirlo al 1,1%, algo que el supervisor considera “muy improbable”. La Airef apunta que la recaudación del IRPF será inferior a la presupuestada por el Gobierno. En cambio, en el impuesto sobre sociedades e IVA, el organismo presidido por José Luis Escrivá sí cree que la evolución estará en línea con las previsiones. Por el lado del gasto, hay factores que ofrecen margen como el menor gasto en intereses y las menores transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal. En sentido contrario, presiona el gasto al alza la revalorización de los salarios y la propia aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que incrementará el gasto en la segunda parte del año. Todo apunta que el coste de rescatar las autopistas quebradas se trasladará al ejercicio 2018 y no tendrá impacto o será menor, en el ejercicio en curso.

La Seguridad Social sigue siendo el eslabón administrativo que genera mayor incertidumbre. La Airef descarta que cumpla el objetivo de cerrar este año en el 1,4% frente al 1,6% del ejercicio anterior. El propio Gobierno de Mariano Rajoy comunicó a Eurostat que el límite se incumplirá y los números rojos se situarán en un nivel parecido al ejercicio anterior.

Las comunidades autónomas, beneficiadas ahora por el incremento de los recursos del sistema de financiación se encuentran en disposición de cumplir el objetivo de déficit, algo que no ha sucedido en la última década. El límite fijado para este año es del 1,6% para todas las autonomías. Solo en el caso de Murcia, la Airef considera “muy improbable” el incumplimiento. También existen ciertas dudas en el caso de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Cantabria.

Como ya es habitual, los datos más positivos se concentran en los ayuntamientos, que es probable que cierren este año con un superávit del 0,6%, según la propia estimación que el Gobierno remitió a Eurostat. La Airef considera que la cifra podría ser incluso mayor por la mejora del cupo vasco y por el retraso en la habilitación presupuestaria para que los ayuntamientos destinen parte de su superávit a inversión.

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