El Gobierno crea 93 nuevos juzgados | Legal

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se crean un total de 93 nuevos juzgados con el fin de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y garantizar a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos.

Según informa el Ministerio en un comunicado, a estas nuevas plazas hay que sumar las 16 de magistrado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de marzo para hacer efectiva la segunda instancia penal, de manera que la creación total para el año 2017 asciende a un total de 109 unidades. Se logra así una respuesta de carácter estructural a las necesidades generadas por una mayor carga de trabajo en determinadas zonas del territorio nacional, así como mejorar el tiempo de respuesta y reducir el número de asuntos pendientes en cada juzgado.

En relación con la distribución concreta de los órganos judiciales de nueva creación, se establecen 46 juzgados de primera instancia, 21 de primera instancia e instrucción, cinco de lo penal, uno de lo contencioso-administrativo, siete de lo social, uno de vigilancia penitenciaria y seis juzgados de lo mercantil. Además, se dotan dos plazas de magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid para las secciones civiles 22ª y 24ª, especializadas en materia de familia.

La distribución por comunidades autónomas de las 93 plazas es la siguiente:

Juzgados

La transformación de los cuatro juzgados responde al objetivo de atender adecuadamente las necesidades específicas que plantea el volumen de carga de trabajo y ofrecer una mejor optimización de recursos materiales y personal. De esta manera, el Real Decreto transforma cuatro juzgados en una clase diferente:

juzgados

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17 sentencias contra la banca en los primeros tres meses de juzgados hipotecarios | Mi dinero

Los nuevos juzgados especializados en materia hipotecaria cumplieron el viernes tres meses desde su constitución. Estas 54 sedes, impulsadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el apoyo del Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas, echaron a andar el 1 de junio con un juez en prácticas y un pequeño retén de personal. Su objetivo es descargar al resto del colapsado sistema judicial absorbiendo el aluvión de litigios por cláusulas suelo y otras condiciones hipotecarias. Desde entonces, los nuevos juzgados han registrado miles de demandas que, de momento, han derivado en una quincena de sentencias. Todas ellas contrarias a la banca.

En concreto, según los datos remitidos al Consejo General del Poder Judicial, en este primer trimestre en activo, los nuevos juzgados han dictado al menos 17 fallos, aunque hay que tener cuenta que agosto es un mes inhábil en la jurisdicción civil. Las sentencias se han centrados sobre todo en cláusulas suelo opacas y en el reparto de gastos de constitución de la hipoteca que cargaban toda la factura sobre el cliente.

El juzgado más diligente hasta la fecha está resultando ser el de Primera Instancia número 6 de Oviedo que hasta finales de julio había recibido ya 722 demandas (cuatro veces más que las que atendía anualmente antes de especializarse) y emitido una docena de resoluciones.

El primero de estos fallos fue comunicado a las partes el 7 de julio, apenas un mes después de que estos juzgados echaran a andar, en muchos casos sin la dotación material necesaria o con el personal asignado todavía formándose para la labor. Esta sede, en todo caso, contó con un segundo juez de refuerzo desde el 19 de junio. Su previsión es atender 45 audiencias a la semana a partir de hoy.

Otra de las primeras plazas especializadas en comenzar a emitir sentencias fue el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona. El 20 de julio anuló la cláusula suelo de una hipoteca de Banco Sabadell, condenando a la entidad a devolver a su cliente todo lo cobrado por ella, más los intereses generados, y recalculando sus cuotas.

Un día después, el Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza número 12 Bis dictó un primer fallo anulando la cláusula de reparto de gastos de constitución de una hipoteca de Ibercaja, y condenó a la entidad a abonar 1.022,45 euros al particular, más los intereses generados. El juez considera que la entidad obligó a su cliente a cargar con la factura notarial , de registro y gestoría “de manera total e indiscriminada” e impone un reparto que al menos cargue un 50% de costes al banco y el 100% de los aranceles de registro.

Poco después, el 26 de julio, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander bis declaró nula por abusiva la cláusula de un contrato hipotecario de Liberbank que cargaba al cliente todos los gastos de constitución del crédito. El magistrado consideró que esta condición general “que impone a los consumidores” todos los costes “contraría la buena fe creando desequilibrio en detrimento de los demandantes”.

“Es al banco a quien le interesa una escritura pública y por ello es quien requiere al notario el otorgamiento, así que será el quien tenga que costearlo”, argumenta el juez, que asume que los prestatarios aceptaron correr con los gastos “solo porque de otro modo no tendrían financiación, pero en puridad no eran los interesados en escriturar”.

Pese a todo, la sentencia anula la cláusula pero no condena al banco a abonar al cliente la facturo que abonó en su día en gastos de gestoría, notaría o registro dado que el demandante no lo había solicitado. El juez sí advierte a la entidad de que no podrá aplicar en el futuro otros cobros abusivos previstos en el contrato como el de los gastos de cancelación de la hipoteca.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia 25 Bis de Valencia anuló una cláusula suelo de Cajamar, condenándola a devolver lo cobrado por ella, en un fallo que pudo resolver cierta rapidez gracias a que la entidad se allanó previamente a la pretensión de los demandantes.

Finalmente, también pudo dictar sentencia con agilidad el Juzgado Número 2 de Lugo al allanarse el banco que juzgaba a la demanda.

Celebrarán 60 vistas semanales a partir de este mes

  • Sentencias. Los 54 juzgados especializados en materia hipotecaria –uno por provincia y otro por cada principal isla canaria y balear- han emitido hasta la fecha 17 fallos. “Teniendo en cuenta los problemas informáticos iniciales, que agosto es inhábil y que las entidades financieras están apurando al máximo los plazos para contestar a las demandas, se puede decir que el ritmo de señalamientos del juzgado exclusivo es muy ágil”, declaró en julio el juez decano de Vigo, Germán Serrano, en una evaluación que bien vale para el conjunto de sedes.
  • Demandas. Solo en un mes, estos juzgados registraron 16.000 demandas y la cifra ha seguido aumentando. El juzgado de Valencia, por ejemplo recibió 1.500 demandas en dos meses, 112 de ellas en un mismo día. Los juzgados de las cuatro provincias gallegas recibieron 1.600; 722 el de Asturias; más de 400 los de Baleares y Navarra. Madrid se lleva la palma con 8.091 demandas recibidas. El CGPJ aceptó reforzar los juzgados que recibiesen más de 900 asuntos y algunas plazas cuentan ya con dos jueces (como Madrid o Asturias) o recibirán otro este mes (como Valencia).
  • Previsiones. Para este mes, cuando se prevé que tomen velocidad de crucero, algunos juzgados esperan celebrar 60 vistas semanales.

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La reforma hipotecaria se tramitará en un ‘otoño caliente’ en el frente judicial | Mi dinero

La derivada judicial en la que han entrado miles de hipotecas en España en los últimos años promete animarse este otoño. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y el Tribunal Supremo español tienen previsto pronunciarse sobre algunas de las cláusulas más polémicas de los contratos de crédito para la compra de vivienda mientras que los nuevos juzgados especializados en hipotecas deberán comenzar a digerir los miles de litigios recibidos, especialmente sobre cláusulas suelo.

Un otoño caliente, en definitiva, que promete marcar la tramitación parlamentaria de la reforma hipotecaria que el Gobierno impulsará en las próximas semanas para cumplir, con año y medio de retraso, con la regulación europea y para elevar la protección del consumidor bancario.

Después de todo, los dictámenes previstos de los dos Altos Tribunales mencionados tendrán efecto en algunos de los puntos clave de la reforma hipotecaria planteada. En primer lugar, el Tribunal Supremo tiene previsto pronunciarse sobre las llamadas hipotecas multidivisa el 20 de septiembre, informan desde la asociación de usuarios financieros Asufin. La sentencia, que se publicaría unos días después, será clave para las cerca de 70.000 familias que, según esta plataforma de consumidores, contrataron hipotecas en yenes o francos suizos entre 2007 y 2008.

A falta de conocer el dictamen de los magistrados, las hipotecas multidivisa serán una pieza clave de la reforma que tramitará el Congreso de los Diputados pues así lo exige la transposición de la directiva europea. Según consta en el último borrador al que ha tenido acceso este diario, la nueva legislación hipotecaria dará por primera vez el derecho a solicitar en cualquier momento la conversión a euros –u otra divisa en que se obtengan los ingresos recurrentes– del crédito constituido en otras divisas extranjeras.

Hitos clave del calendario

  • Mes de septiembre. El proyecto de ley de reforma hipotecaria será remitido al Congreso de los Diputados en las próximas semanas para iniciar su tramitación.
  • 20 de septiembre. El Tribunal Supremo tiene previsto abordar las hipotecas multidivisa y someterlas a votación y fallo el día 20.
  • Mes de diciembre. Los juristas asumen que la respuesta del Tribunal de Justicia de la UE al Tribunal Supremo sobre cláusulas de vencimiento anticipado e intereses de demora se recibirá previsiblemente a finales de año.

Por otra parte, el TJUE tiene pendiente responder a dos consultas elevadas por el Supremo español, que prefirió curarse en salud y pedir orientación sobre dos nuevas cláusulas hipotecarias que han sido objeto de controversia judicial, tras el varapalo que sufrió su doctrina sobre cláusulas suelo.

En concreto, preguntó cómo actuar cuando sea declarada nula, por abusiva, una cláusula de intereses de demora o una de vencimiento anticipado, aquella que permite a la banca activar la ejecución de la hipoteca, y el desahucio del inquilino, ante determinado número de impagos. En concreto, cuestiona cuánto sería correcto cobrar si se anula el castigo estipulado en el contrato hipotecario en caso de retraso del cliente en los pagos, y qué procedimiento seguir cuando un particular deje de pagar las cuotas al banco si la cláusula que lo regula no vale.

El Gobierno prevé solventar la recurrente anulación de estas cláusulas fijando un nuevo articulado en la reforma hipotecaria. De un lado, prevé limitar a tres veces el interés legal del dinero la sanción por demora y, de otro, propone que la banca solo pueda ejecutar el crédito ante el impago de un 2% del monto de la deuda, en lugar de ante cierto número de cuotas sin pagar.

La duda es si estas propuestas casarán con lo que acabe dictaminando el TJUE. En todo caso, aunque el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, aseveró que el Gobierno no esperará a la resolución del TJUE para acometer los cambios previstos sobre estas cláusulas, fuentes judiciales asumen que el dictamen puede llegar cuando la reforma esté aún en tramitación.

Aunque el TJUE rechazó la petición del Supremo de pronunciarse al respecto mediante un procedimiento acelerado, se espera que su decisión se produzca antes de final de año, lo que daría una oportunidad para adaptar la nueva legislación al criterio europeo.

En paralelo, será este otoño cuando los nuevos juzgados especializados en materia hipotecaria, creados para evitar el colapso del sistema judicial por el aluvión de demandas, comiencen a resolver los miles de casos recibidos, especialmente por cláusulas suelo.

Los fallos que se produzcan y la evaluación prevista de la vía de negociación impulsada por el Ejecutivo para las reclamaciones por suelos hipotecarios podrían generar un debate en el Congreso sobre si modificar la vía extrajudicial o adaptarla para otros casos.

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Los consumidores europeos centran sus reclamaciones en las firmas textiles y las aerolíneas | Mi dinero

El Senado tiene previsto tramitar en las próximas semanas el Proyecto de Ley de Resolución Alternativa de Litigios en materia de Consumo, regulación que busca implantar en España un sistema de reclamaciones extrajudiciales similar al que ya existe prácticamente en toda la Unión Europea y a la que el Congreso de los Diputados ya dio su visto bueno en julio.

La medida persigue mejorar la protección de los consumidores, agilizar sus canales de denuncia ante las deficiencias de bienes o servicios facilitados por compañías europeas y evitar que estos asuntos colapsen los juzgados, como viene ocurriendo en los últimos meses en España con los litigios sobre materia hipotecaria, por ejemplo.

Mientras tanto, en el resto de Europa miles de reclamaciones, principalmente dirigidas contra firmas de ropa o calzado y aerolíneas, se han reconducido por la vía extrajudicial.

De hecho, la Comisión Europea ofrece una página web desde la que los consumidores que experimenten algún problema con una compra online pueden presentar una reclamación contra la compañía rellenando un sencillo formulario que derivará al particular y a la empresa a un organismo de resolución de conflictos que suele dictar una resolución en unos 90 días, ahorrando a ambas partes ir a juicio.

Cualquier residente en la Unión Europea, Noruega, Islandia o Liechtenstein, tiene derecho a acudir a esta vía para denunciar a empresas de cualquiera de los citados territorios. Cualquiera, excepto en el caso de las reclamaciones dirigidas contra empresas de España y Rumanía, países que al no haber adoptado aún la directiva comunitaria 2013/11/UE, no han regulado debidamente los organismos de mediación que exige esta web. Esa situación debería cambiar en otoño, cuando el citado proyecto de ley quede aprobado definitivamente.

Con todo, pese al escaso desarrollo que ha tenido hasta la fecha la vía extrajudicial en España, y la falta de opciones como la citada web comunitaria, los consumidores españoles se han mostrado activos en este campo y han presentado ya más de 4.000 reclamaciones contra empresas europeas (más de la mitad de ellas españolas y el resto de otras regiones, especialmente británicas y germanas, con medio millar en cada caso). La cifra sitúa a los españoles como los terceros más activos de la UE, solo por detrás de Alemania (10.390) y Reino Unido (9.069).

En paralelo, las empresas españolas han recibido más de 3.300 denuncias de consumidores europeos, un millar de ellas de ciudadanos extranjeros, especialmente portugueses (256), británicos (168) y franceses (166).

A falta de ver qué sectores españoles son los que más reclamaciones generan una vez que la vía extrajudicial esté plenamente implantada, en el conjunto de la UE son los artículos de vestir (incluyendo las prendas hechas a medida) y el calzado los que generan un mayor volumen de litigios extrajudiciales, en concreto, un 10,97% del total.

La cifra supera la de las denuncias recibidas por las compañías de transporte aéreo, que suponen un 10,21% del total de reclamaciones extrajudiciales tramitadas, según datos de la Comisión Europea.

A partir de ahí, las reclamaciones de los consumidores europeos se dirigen contra artículos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (7,65%); aparatos electrónicos (5,26%); servicios de telefonía móvil (4,35%); muebles y accesorios (3,75%); artículos de ocio, como material deportivo o instrumentos musicales (3,66%); piezas de repuesto y accesorios para vehículos (2,78%); servicios de internet (2,3%) y electrodomésticos (2,24%).

Cómo será el modelo español?

  • Objetivo: El Proyecto de Ley de Resolución Alternativa de Litigios, promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, busca garantizar que cualquier particular “pueda acceder a mecanismos extrajudiciales de litigios en materia de consumo, independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos”.
  • Origen: La medida proviene de la directiva europea 2013/11/UE, que España tiene pendiente transponer. De hecho, el Congreso aceptó tramitarla en primavera por el procedimiento de urgencia, a fin de equiparar lo antes posible la protección del consumidor español a la del resto de europeos. La Cámara Baja dio su visto bueno en julio y la norma pasará ahora al Senado.
  • Definición: la resolución alternativa de litigios engloba “todos los procedimientos que permiten tratar una reclamación sin tener que ir a juicio”, explica la Comisión Europea, detallando que normalmente implica la intervención de un intermediario entre el consumidor y la empresa, que podrá proponer o imponer una solución, o fomentar una negociación entre las partes. “La resolución alternativa de litigios (también llamada mediación, conciliación, arbitraje, etc.) suele ser más barata, sencilla y rápida que acudir a los tribunales”, dice la CE.
  • Características: En España, se ofrecerá una solución al consumidor en un plazo máximo de 90 días desde la fecha de su reclamación. El proceso no podrá tener un coste superior a 30 euros para el particular.

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Un amaño para pagar menos IRPF acaba costando 98.000 euros a una empresa | Legal

En un caso resuelto por el juzgado n.º 33 de Madrid el pasado mes de marzo, una empresa y el trabajador despedido en el acto de conciliación disfrazaron interesadamente la relación de alta dirección como ordinaria para eludir el pago del IRPF asociado a la indemnización por despido improcedente.

Tras ello, la Agencia Tributaria realizó liquidación en el IRPF del trabajador despedido al considerar que la indemnización fijada en el acto de conciliación se debía a la extinción de una relación contractual de alta dirección, la cual no estaba exenta del impuesto. El trabajador, además de abonar los más de 500.000 euros del pago del impuesto tuvo que pagar otros 98.638,74 euros de intereses de demora. Tras ello ejercitó una acción de reembolso contra la empresa ya que consideraba que la negociación de la indemnización se hizo en base a cantidades netas, libres de impuestos. Lo cual se opone a lo manifestado por la empresa que indica que las cantidades son brutas y que el único obligado tributario es el trabajador despedido.

La sentencia aclara que en el acuerdo firmado por las partes en el acto de conciliación no consta que la cantidad de la indemnización fuera neta. Y añade que incluso aunque así constara, el acuerdo sería contrario a la ley y por lo tanto nulo, ya que según se indica en la resolución “los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas”.

Sin embargo, el juzgado sí da la razón al trabajador en cuanto al reembolso por parte de la empresa de los intereses de demora. Tal y como señala la sentencia en virtud de la doctrina del Tribunal Supremo, la obligación de retener y pagar a cuenta es autónoma de la obligación del pago del impuesto, y por esa razón la Administración Tributaria debe exigir al retenedor los efectos perjudiciales, – intereses y sanciones-, generados por no haberse practicado la retención o haberse practicado de modo cuantitativamente insuficiente. Todo ello, independientemente de que el incumplimiento de la empresa viniera motivado por un acuerdo con el trabajador despedido.

Para el juez no cabe duda de que la relación era de alta dirección porque además de contar el demandante con los más amplios poderes otorgados por el consejo de administración para la organización y toma de decisiones estratégicas en la empresa, pertenecía al comité de dirección y su cargo era el de secretario general. Por lo tanto, aunque es el trabajador el sujeto pasivo del impuesto en cuanto a sus rendimientos por su trabajo, y los salarios e indemnizaciones por alta dirección, es la empresa como pagador de las rentas por el trabajo quien está obligado a retener e ingresar a cuenta el impuesto.

En definitiva, la empresa fue condenada a resarcir al directivo con los intereses de demora abonados por éste, 98.638,74 euros, los cuales no se hubieran producido si la empresa hubiera cumplido con sus obligaciones de retener e ingresar a cuenta.

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Un litigio en Vilafranca arroja nuevas pistas sobre los fondos ocultos de Nueva Rumasa | Compañías

El grupo Nueva Rumasa captó al menos 377 millones de euros, entre 2009 y 2011, de más de 4.100 inversores a los que colocó pagarés emitidos desde el entramado empresarial por el que la fiscalía pide 16 años de cárcel para los seis hijos del fallecido José María Ruiz-Mateos, a los que acusa de delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Pese a la exhaustiva investigación realizada hasta la fecha, el escrito de apertura de juicio oral del caso, instruido por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, reconoce que no ha sido posible seguirle la pista a todo el dinero y que se desconoce el destino de parte de los fondos captados, como el de los pagarés emitidos por Cavas Hill, una filial barcelonesa de Nueva Rumasa. Sin embargo, una demanda aparentemente menor presentada en Vilafranca ofrece ahora nuevas claves sobre el paradero de estos fondos.

El caso de Cavas Hill guarda importantes similitudes con el de una oficina de Jerez de la Frontera (Cádiz), utilizada para colocar masivamente los tristemente célebres pagarés de Nueva Rumasa, y que era conocido entre los acusados como “el banquito de Jerez”, según revela la investigación judicial.

“Se desconoce el destino de los cuantiosos fondos en metálico que los inversores entregaron en mano en la oficina de Jerez de la Frontera” de la misma forma que “no se ha localizado ningún documento que aporte información de las personas y de las cantidades invertidas en Nueva Rumasa a través de las emisiones de los pagarés” de Cavas Hill, recoge el escrito del juez. Y no era poco dinero.

“Según la información proporcionada por los responsables del grupo Nueva Rumasa u obrante en escrituras públicas de reconocimiento de deuda, para la devolución de las inversiones y el abono de los intereses, Cavas Hill SA emitió pagarés por importe de 4.290.947 euros”, revela el auto. La información facilitada por la familia Ruiz-Mateos, no obstante, reduce a 3,9 millones los fondos captados por esta suerte de “banquito catalán”, que fueron aportados por 27 inversores. Ninguno de ellos ha recuperado su dinero: Cavas Hill SA fue declarada en concurso de acreedores el 7 de julio de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, con un déficit patrimonial de –72.686.421,74 euros.

Varios de los afectados pertenecen a las familias Suriol y Vila Fernández, quienes denuncian que al menos una parte del dinero está en manos del empresario Pere Varias Font, quien firma como apoderado de Cavas Hill en varios documentos oficiales examinados por este diario, y que fue una de las primeras personas que declaró ante el juez, en calidad de testigo, al estallar el escándalo de Nueva Rumasa. Se da la coyuntura de que una de las denunciantes, M. M. Vila Fernández, es sobrina de Varias Font. El marido de esta, R. Suriol, manifiesta que Varias Font aprovechó el parentesco para convencer a las familias de que invirtieran en pagarés de Cavas Hill, asegurándoles que él respondería personalmente si hubiera problemas.

Además, relata Suriol, varios miembros de los Vila Fernández fueron invitados a la finca de los Ruiz-Mateos en Somosaguas (Madrid), donde fueron agasajados por el clan familiar, que también les ofreció su compromiso personal como garantía para asegurar su inversión. Como resultado, las familias aseguran haber invertido un total de 3,6 millones de euros en Cavas Hill, cuya contabilidad solo refleja oficialmente aportaciones suyas por 2,46 millones.

La mayoría confían en que la macrocausa por Nueva Rumasa arroje luz sobre su caso y permita resarcirles. Con todo, al acudir sin saberlo a abogados ligados a los Ruiz-Mateos (ver despiece), está por ver si logran personarse en la causa.

En vista de la situación, el matrimonio Suriol-Vila Fernández, que invirtió 250.000 euros en varias emisiones de pagarés de Cavas Hill, decidió ponerse a seguir la pista del dinero. El rastro de los cheques que entregaron en mano a Varias Font, les llevó a denunciar al juzgado local que 150.000 de esos euros nunca llegaron a Nueva Rumasa, sino que fueron retenidos por su familiar.

El propio Varias Font acabó admitiendo, en declaración como imputado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vilafranca del Penedés, que ingresó esos 150.000 euros en la cuenta de la empresa de compraventa de vinos Viscelanea SL, de la que es socio y en la que trabaja uno de sus hijos. Lo hizo, aseguró, porque desde la central de Nueva Rumasa, “que controlaba la liquidez de sus empresas, entre ellas Cavas Hill” para hacer que siempre “tuvieran una situación ahogada”, le transmitieron que de momento lo ingresara “en la cuenta que quisiera”, dijo. Queda la duda de si más fondos siguieron este camino. Cuestionado por este diario, Varias Font rehusó hacer más aclaraciones sobre este asunto.

Pese a la confesión, tras cinco años de instrucción y varios relevos de jueces en el juzgado de Vilafranca, el matrimonio Suriol-Vila sigue a la espera de juicio y de recuperar su dinero. Aguardando a que se abra también la macrocausa por Nueva Rumasa, este pequeño litigio de Vilafranca arroja algo más de luz sobre los sórdidos movimientos de dinero en el intrincado entramado empresarial de los Ruiz-Mateos.

En manos de letrados ligados a Ruiz Mateos

Si el caso Nueva Rumasa contiene una presunta triple estafa (a la banca, a los inversores en pagarés y a los acreedores), la historia de la familia Suriol-Vila es la de un triple engaño. Uno, el que sufrieron al confiar en la familia Ruiz Mateos, que les aseguró que responderían de sus inversiones; otro, el de su familiar Pere Varias Font, que garantizó la inversión; y, finalmente, la de los abogados a los que acabaron recurriendo y que resultaron estar ligados a Nueva Rumasa. El primer abogado en asumir la defensa de colectivos de afectados por Nueva Rumasa fue Joaquín Yvancos, letrado personal de los Ruiz Mateos durante años, que al acabar también imputado en la causa fue apartado. Recogió el testigo su colaborador Ángel Francisco Sutil. Un abogado que había trabajado además con Ángel de Cabo, el empresario que compró Nueva Rumasa a los Ruiz Mateos (como ya hiciera adquiriendo Viajes Marsans a Gerardo Díaz Ferrán). Acabó imputado, acusado por el fiscal de propiciar una farsa para blindar el patrimonio de los Ruiz Mateos. La familia Suriol-Vila se puso en manos de Sutil para personarse en la macrocausa de Nueva Rumasa y recuperar el dinero invertido en Cavas Hill. Sin embargo, Sutil “presentó una querella criminal distinta” a la mostrada a sus clientes, evitando acusar a los hijos de Ruiz Mateos, por ejemplo, según recoge el Colegio de Abogados de Madrid, que le suspendió dos meses por ello. El nuevo abogado de la familia Suriol-Vila, el mediático Jorge Albertini, confía en reconducir su batalla.

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Los juzgados especializados en cláusulas suelo reciben 16.000 demandas en un mes | Mi dinero

Los juzgados especializados en asuntos hipotecarios, creados con especial atención al aluvión de litigios por cláusulas suelo, han recibido 15.801 demandas en su primer mes de vida.

Así lo ha detallado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, con el apoyo del Ministerio de Justicia, impulsó la especialización de un juzgado por provincia, desde el 1 de junio, para tratar de evitar que los litigios hipotecarios colapsen la justicia española.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, cláusulas de vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

La realidad, sin embargo, indica que aunque el resto de plazas judiciales comience a respirar los nuevos asuntos judiciales en materia hipotecaria amenazan con atascar los juzgados especializados.

De mantenerse el ritmo actual, el propio CGPJ advierte que se registrarían 192.245 demandas por la contratación de créditos para compra de vivienda en el plazo de un año.

Dentro del panorama nacional, el juzgado de Madrid 101 bis es el que más actividad está registrando, con 2.803 demandas tramitadas en solo un mes. Una juez en prácticas, dos letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) y 10 funcionarios asisten esta sede, si bien las primeras semanas se han dedicado a la formación específica del personal en materia hipotecaria lo que supone que cuando se sienten a trabajar contarán ya con unos 3.000 expedientes pendientes.

Le siguen en el listado de Barcelona, con 1.033 más y el de Valencia, con 834 litigios pendientes. En los juzgados especializados de otras provincias como Jaén, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Bizkaia también se han registrado más de 500 demandas.

Nuevas medidas de refuerzo

Los jueces decanos de las distintas provincias expusieron el pasado viernes el funcionamiento que están registrando estas nuevas sedes especializadas y plantearon una serie de medidas de refuerzo que podrían adoptarse después de verano.

Los decanos han sido convocados de nuevo para el mes de septiembre, cuando volverá a reunirse la comisión de coordinación entre CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, que el pasado 31 de mayo ya celebró un primer encuentro durante el que las administraciones se comprometieron a colaborar con el plan de urgencia.

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El Gran Hermano en la oficina: hasta dónde puede llegar el control de la empresa | Legal

En cualquier proceso judicial y en particular en la jurisdicción laboral la aportación de las llamadas pruebas digitales es muy habitual, tanto por parte de la empresa como del trabajador. Grabaciones de videovigilancia, correos electrónicos, mensajería instantánea o comentarios en redes sociales son muy habituales pero ¿cuál es su valor en el proceso social? Y ¿qué consecuencias tiene si se obtienen quebrantando derechos fundamentales? A estas preguntas han intentado responder prestigiosos magistrados y abogados en las primeras jornadas de litigación laboral organizadas por el despacho Cuatrecasas, en sus sedes de Madrid y Barcelona, bajo el título La (i)licitud de la prueba digital en la jurisdicción social.

Videovigilancia

La primera mesa se centró la videovigilancia de los trabajadores por parte de la empresa, y es que, como señala Emilio Palomo, presidente de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, “actualmente el Gran hermano florece en todos los sitios y hay una extensión muy clara de este fenómeno en el ámbito laboral”. El magistrado también lamentó durante su exposición que no haya más demandas por parte de los sindicatos sobre esta práctica tan habitual en las empresas. A lo que Blanca Suárez, abogada de CC. OO. contestó que la tendencia de la jurisprudencia de admitir este tipo de grabaciones como prueba les disuade a la hora de plantear demandas sobre esta cuestión. Y es que el Tribunal Constitucional desde su sentencia de 3 de marzo de 2016 rebajó los requisitos para admitir la validez de imágenes grabadas por el empresario con fines disciplinarios, estableciendo que no es necesario el consentimiento expreso del trabajador ya que está implícito en la relación laboral y que solo es necesario que tenga conocimiento de la instalación de las cámaras.

El Gran Hermano en la oficina: hasta dónde puede llegar el control de la empresa

Todos los intervinientes destacaron la importancia de diferenciar los dos derechos fundamentales comprometidos en la realización y el uso de grabaciones en el ámbito laboral: la protección de datos y la intimidad. Derechos que como indica Bernardo García Rodríguez, abogado de UGT, a menudo se confunden. El impacto de la videovigilancia efectuada por la empresa en el derecho a la protección de datos del trabajador ha de ser evaluado en primer lugar.

En este sentido, la empresa, para respetar el derecho a la protección de datos de sus trabajadores, debe informarles de la instalación de las cámaras así como de su ubicación. Para Bernardo García esta obligación ha de ser cumplida en todo caso ya que no encuentra justificación en la doctrina constitucional para las cámaras ocultas. Sin embargo, Emilio Palomo matizó que depende del fin de dicha vigilancia, si su función es la seguridad o el control del trabajo las cámaras serán permanentes y visibles, pero si lo que se pretende, en base a fundadas sospechas, es investigar y sancionar alguna conducta irregular de un trabajador la instalación de la cámara será puntual y oculta. José Rafael García de la Calle, magistrado del Juzgado de lo Social n.º 26 de Madrid, añadió respecto a la videovigilancia oculta, que si ésta es realizada por un detective, deberá, en consonancia con lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estar aún más justificada siendo absolutamente necesaria e imposible de ser sustituida por otro medio menos invasivo y nunca podrá hacerse en lugares de acceso privado.

Por su parte, Sergio Sanfulgencio, asociado principal de Cuatrecasas, quiso apuntar el refuerzo que el Reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos, de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018, supone en distintos aspectos de esta materia. En concreto, el reglamento se apoya en tres pilares: el respeto a los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad, la importancia de especificar cuál es la base jurídica para el uso de los datos y el deber de información.

Prueba electrónica

La definición de prueba electrónica fue el punto de partida de la segunda mesa de la jornada. Tal y como expuso Ignacio Jabato, socio del área Laboral de Cuatrecasas, para que un documento público o privado sea prueba electrónica además de su origen telemático de contener la firma electrónica avanzada. A raíz de esta definición, las impresiones de correos electrónicos, mensajería instantánea o comentarios en redes sociales quedan fuera de lo que es prueba electrónica, al ser meras reproducciones sin la firma electrónica válida. Es por ello por lo que Ricardo Bodas, magistrado y presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, indicó que “en el proceso laboral raramente hay prueba electrónica, la mayoría de las pruebas que se aportan con origen telemático son pantallazos, que no lo son”. Esta diferenciación es muy importante ya que, como explicó Blanca Suárez, abogada de CCOO, supone una importante diferencia ya que la prueba documental tiene valor tasado; en cambio otros medios de prueba se someten a las reglas de la sana crítica, es decir, su validez debe ser valorada por el tribunal. Normalmente, se evalúan en función de su contenido, dándoles el mismo valor que una prueba testifical o sirven de base para la realización de otras pruebas. Además, al no ser pruebas documentales, carecen de efectos revisorios.

Otra dificultad que se plantea en muchos casos es determinar la certeza de este tipo de pruebas. Para ello suele ser preciso recurrir a una pericial que la avale. Fernando Fernández Olmedo, magistrado del Juzgado de lo Social n.º 25 de Madrid, aprovechó su intervención para señalar que existe un problema enorme de cara a la impugnación de este tipo de pruebas. Tal y como expuso, la continuidad del proceso social impide en muchos casos que la parte contraria conozca las pruebas que la otra parte va a aportar y tenga la posibilidad de impugnarlas. La solución que propuso el magistrado fue incluir en el proceso laboral una fase de anticipación de la prueba para así trasladarla a la otra parte y que ésta pudiera impugnarla y en su caso autentificarla gracias a una prueba pericial. De este modo, cuando la prueba llegase al acto de juicio ya se sabría si es o no auténtica.

Ilicitud de la prueba

La tercera mesa contó con la exposición del magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Sebastián Moralo que trató la cuestión sobre las consecuencias de la prueba ilícita. Para él la ilegalidad de la prueba no contamina la validez ni condiciona la nulidad del despido, solo significa que esa prueba y todas las que hayan surgido a raíz de ella serán nulas. Moralo considera que hay que entrar a averiguar el móvil del despido para determinar su validez. En apoyo a esta idea Francisco José García, asociado sénior de Cuatrecasas, explicó que en la prueba ilícita la vulneración del derecho fundamental es objetiva. Sin embargo, para determinar la nulidad de un despido la vulneración del derecho fundamental debe ser subjetiva.

Jornada en Barcelona

Por su parte, el evento de Barcelona, que contó con el mismo orden del día, también reunió a destacados profesionales del mundo de la abogacía y la justicia como la magistrada de la Sala Social del TSJ de Cataluña, Sara Pose; el magistrado del Juzgado Social nº 3 de Elche, José Antonio Buendía; el socio de Conllectiu Ronda, Jaume García; el presidente de la Sala Social del TSJ Barleares, Atonio Olilver; el magistrado del Juzgado Social nº 33 de Barcelona, Joan Agustí; el abogado de UGT, Luis Moya; el director de operaciones de Incide, Oriol Roses; la magistrada del Juzgado Social nº3 de Sabadell, Anna Salas; y el abogado de CCOO, Jonathan Gallego.

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