Un litigio en Vilafranca arroja nuevas pistas sobre los fondos ocultos de Nueva Rumasa | Compañías

El grupo Nueva Rumasa captó al menos 377 millones de euros, entre 2009 y 2011, de más de 4.100 inversores a los que colocó pagarés emitidos desde el entramado empresarial por el que la fiscalía pide 16 años de cárcel para los seis hijos del fallecido José María Ruiz-Mateos, a los que acusa de delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Pese a la exhaustiva investigación realizada hasta la fecha, el escrito de apertura de juicio oral del caso, instruido por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, reconoce que no ha sido posible seguirle la pista a todo el dinero y que se desconoce el destino de parte de los fondos captados, como el de los pagarés emitidos por Cavas Hill, una filial barcelonesa de Nueva Rumasa. Sin embargo, una demanda aparentemente menor presentada en Vilafranca ofrece ahora nuevas claves sobre el paradero de estos fondos.

El caso de Cavas Hill guarda importantes similitudes con el de una oficina de Jerez de la Frontera (Cádiz), utilizada para colocar masivamente los tristemente célebres pagarés de Nueva Rumasa, y que era conocido entre los acusados como “el banquito de Jerez”, según revela la investigación judicial.

“Se desconoce el destino de los cuantiosos fondos en metálico que los inversores entregaron en mano en la oficina de Jerez de la Frontera” de la misma forma que “no se ha localizado ningún documento que aporte información de las personas y de las cantidades invertidas en Nueva Rumasa a través de las emisiones de los pagarés” de Cavas Hill, recoge el escrito del juez. Y no era poco dinero.

“Según la información proporcionada por los responsables del grupo Nueva Rumasa u obrante en escrituras públicas de reconocimiento de deuda, para la devolución de las inversiones y el abono de los intereses, Cavas Hill SA emitió pagarés por importe de 4.290.947 euros”, revela el auto. La información facilitada por la familia Ruiz-Mateos, no obstante, reduce a 3,9 millones los fondos captados por esta suerte de “banquito catalán”, que fueron aportados por 27 inversores. Ninguno de ellos ha recuperado su dinero: Cavas Hill SA fue declarada en concurso de acreedores el 7 de julio de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, con un déficit patrimonial de –72.686.421,74 euros.

Varios de los afectados pertenecen a las familias Suriol y Vila Fernández, quienes denuncian que al menos una parte del dinero está en manos del empresario Pere Varias Font, quien firma como apoderado de Cavas Hill en varios documentos oficiales examinados por este diario, y que fue una de las primeras personas que declaró ante el juez, en calidad de testigo, al estallar el escándalo de Nueva Rumasa. Se da la coyuntura de que una de las denunciantes, M. M. Vila Fernández, es sobrina de Varias Font. El marido de esta, R. Suriol, manifiesta que Varias Font aprovechó el parentesco para convencer a las familias de que invirtieran en pagarés de Cavas Hill, asegurándoles que él respondería personalmente si hubiera problemas.

Además, relata Suriol, varios miembros de los Vila Fernández fueron invitados a la finca de los Ruiz-Mateos en Somosaguas (Madrid), donde fueron agasajados por el clan familiar, que también les ofreció su compromiso personal como garantía para asegurar su inversión. Como resultado, las familias aseguran haber invertido un total de 3,6 millones de euros en Cavas Hill, cuya contabilidad solo refleja oficialmente aportaciones suyas por 2,46 millones.

La mayoría confían en que la macrocausa por Nueva Rumasa arroje luz sobre su caso y permita resarcirles. Con todo, al acudir sin saberlo a abogados ligados a los Ruiz-Mateos (ver despiece), está por ver si logran personarse en la causa.

En vista de la situación, el matrimonio Suriol-Vila Fernández, que invirtió 250.000 euros en varias emisiones de pagarés de Cavas Hill, decidió ponerse a seguir la pista del dinero. El rastro de los cheques que entregaron en mano a Varias Font, les llevó a denunciar al juzgado local que 150.000 de esos euros nunca llegaron a Nueva Rumasa, sino que fueron retenidos por su familiar.

El propio Varias Font acabó admitiendo, en declaración como imputado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vilafranca del Penedés, que ingresó esos 150.000 euros en la cuenta de la empresa de compraventa de vinos Viscelanea SL, de la que es socio y en la que trabaja uno de sus hijos. Lo hizo, aseguró, porque desde la central de Nueva Rumasa, “que controlaba la liquidez de sus empresas, entre ellas Cavas Hill” para hacer que siempre “tuvieran una situación ahogada”, le transmitieron que de momento lo ingresara “en la cuenta que quisiera”, dijo. Queda la duda de si más fondos siguieron este camino. Cuestionado por este diario, Varias Font rehusó hacer más aclaraciones sobre este asunto.

Pese a la confesión, tras cinco años de instrucción y varios relevos de jueces en el juzgado de Vilafranca, el matrimonio Suriol-Vila sigue a la espera de juicio y de recuperar su dinero. Aguardando a que se abra también la macrocausa por Nueva Rumasa, este pequeño litigio de Vilafranca arroja algo más de luz sobre los sórdidos movimientos de dinero en el intrincado entramado empresarial de los Ruiz-Mateos.

En manos de letrados ligados a Ruiz Mateos

Si el caso Nueva Rumasa contiene una presunta triple estafa (a la banca, a los inversores en pagarés y a los acreedores), la historia de la familia Suriol-Vila es la de un triple engaño. Uno, el que sufrieron al confiar en la familia Ruiz Mateos, que les aseguró que responderían de sus inversiones; otro, el de su familiar Pere Varias Font, que garantizó la inversión; y, finalmente, la de los abogados a los que acabaron recurriendo y que resultaron estar ligados a Nueva Rumasa. El primer abogado en asumir la defensa de colectivos de afectados por Nueva Rumasa fue Joaquín Yvancos, letrado personal de los Ruiz Mateos durante años, que al acabar también imputado en la causa fue apartado. Recogió el testigo su colaborador Ángel Francisco Sutil. Un abogado que había trabajado además con Ángel de Cabo, el empresario que compró Nueva Rumasa a los Ruiz Mateos (como ya hiciera adquiriendo Viajes Marsans a Gerardo Díaz Ferrán). Acabó imputado, acusado por el fiscal de propiciar una farsa para blindar el patrimonio de los Ruiz Mateos. La familia Suriol-Vila se puso en manos de Sutil para personarse en la macrocausa de Nueva Rumasa y recuperar el dinero invertido en Cavas Hill. Sin embargo, Sutil “presentó una querella criminal distinta” a la mostrada a sus clientes, evitando acusar a los hijos de Ruiz Mateos, por ejemplo, según recoge el Colegio de Abogados de Madrid, que le suspendió dos meses por ello. El nuevo abogado de la familia Suriol-Vila, el mediático Jorge Albertini, confía en reconducir su batalla.

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Condenan a los seis hermanos Ruiz-Mateos por estafa y alzamiento de bienes | Baleares Home

Los hermanos Ruiz-Mateos ante el juez en Palma.

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Condenan a los Ruiz-Mateos a más de 30 años de cárcel e indemnización millonaria por estafa con dos hoteles | Compañías

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha dictado una sentencia en la que condena a los hermanos Ruiz-Mateos a más de 30 años de cárcel entre todos y a pagar una indemnización millonaria por un delito de estafa agravada y un delito de alzamiento de bienes en relación a la compra-venta de dos hoteles Beverly, uno en Paguera y otro en Maspalomas.

Según queda recogido en la sentencia, el tribunal les absuelve del delito de falsedad documental del que venían acusados por dos de las acusaciones particulares.

En concreto, el tribunal condena a Álvaro Ruiz-Mateos a la pena total de seis años y cinco meses de prisión; más una pena de multa a pagar 3.000 euros al mes durante once meses; y otra pena de multa a pagar 3.000 euros al mes durante diecisiete meses.

Los magistrados condenan a José Maria Ruiz-Mateos a la pena total de seis años y cuatro meses de prisión; más una pena de multa de 3.000 euros al mes a pagar durante once meses; y otra pena de multa a pagar 3.000 euros al mes en dieciséis meses.

El tribunal condena a Zoilo Ruiz-Mateos a la pena de cinco años y 11 meses de cárcel; más multa a pagar 3.000 euros al mes durante nueve meses; y otra pena de multa a pagar 3.000 euros al mes durante quince meses.

La Sala condena a Francisco Javier Ruiz-Mateos a la pena de seis años y seis meses de prisión; más pena de multa a pagar 3.000 euros al mes durante once meses; y otra pena de multa a pagar 3.000 euros al mes en dieciocho meses.

El tribunal condena a Alfonso Ruiz-Mateos a la pena de seis años y cinco meses de cárcel; más una multa a pagar 3.000 euros al mes durante once meses; y otra multa a pagar 3.000 euros al mes en diecisiete meses.

Además, la sentencia condena también a Pablo Ruiz-Mateos a la pena de seis años y cuatro meses de prisión; más multa a pagar 3.000 euros al mes durante once meses; y otra pena de multa a pagar 3.000 euros al mes durante dieciséis meses.

La sentencia estipula que en concepto de responsabilidad civil, los acusados, conjunta y solidariamente deberán indemnizar a los perjudicados con un total de 46.457.346,6 euros.

Por otra parte, la Sala desestima las pretensiones indemnizatorias dirigidas contra las sociedades Euromontajes Guipuzcua SL, Promotoria Holding 36 BV, Cala Pins SL, Soluciones Comerciales Trapa SL y Chocolates Elgorriaga SL.

El tribunal en la resolución deduce testimonio de la declaración del testigo Joaquín Yvancos, por si la misma pudiera constituir un delito de falso testimonio en causa penal. La sentencia no es firme, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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