Una quincena de bufetes se involucran en los litigios por el fin de Banco Popular | Compañías

La desaparición de Banco Popular, aprobada por las autoridades europeas en la madrugada del 7 de junio para su inmediata venta a Banco Santander por un euro simbólico, con la consecuente pérdida del dinero para sus más de 300.000 accionistas, se ha convertido en el asunto legal del año.

Según detallan fuentes del sector, una quincena de bufetes de abogados se ha involucrado ya en el caso. Mientras que los principales exresponables de Popular arman sus defensas ante las primeras querellas penales, el grueso de afectados se prepara para presentar recursos por la vía contencioso administrativa contra las autoridades que decretaron el fin del banco.

Los abogados trabajan en esta vía contrarreloj, pues el plazo de dos meses para recurrir la resolución del banco concluye el próximo 7 de agosto. Las apelaciones se dirigen tanto al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como principal autoridad española involucrada, como, sobre todo, ante la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo europeo que decretó el final de Popular.

Los bufetes centran sus escritos en el controvertido informe de Deloitte usado para valorar Popular, que en principio lo tasó entre -2.000 y -8.000 millones pero, según trascendió luego, incluía también un escenario en que valía 1.500 millones en positivo, y que ha sido criticado hasta por los inspectores del Banco de España.

De otra parte, los abogados están subrayando el agravio comparativo sufrido por los inversores de Popular en comparación con los de las italianas Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza, saneadas con dinero público y vendidas por un euro a Intesa Sanpaolo con compensaciones para los titulares de deuda subordinada.

Trabajan en estos recursos diversos colectivos afectados, entre los que destacan los grandes inversores de Popular. Es el caso de la familia chilena Luksic, que ha contratado a Roca Junyent, que representó a la infanta Cristina en el caso Noos.

También es la vía finalmente elegida por la familia mexicana Del Valle, que ha contratado a Ontier para el frente español y a Kirkland & Ellis, para las actuaciones internacionales. También la tradicional sindicatura de accionistas, parte de la cual, con la Unión Europea de Inversiones, ligada al Opus Dei, a la cabeza, ha acudido al bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

El despacho que preside Javier Cremades representa además a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), primer colectivo en presentar una denuncia por la crisis de Popular ante la Fiscalía Anticorrupción, y el bufete también acudirá a la vía penal bajo la tesis de que la responsabilidad de lo ocurrido corresponde al último presidente del banco, Emilio Saracho, la consejera Reyes Calderón o el grupo inversor Del Valle, al que acusa de jugar en contra de la entidad. El despacho cuenta ya con un millar de poderes notariales de accionistas que dejan en sus manos lograr un resarcimiento, lo que le posiciona en cabeza de los grupos de demandantes.

También por la vía penal acude la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que de la mano del letrado Eliseo Martínez, del bufete Ius+Aequitas, ha interpuesto una querella contra el expresidente de Popular Ángel Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la auditora Pwc y el socio que firmó las cuentas, Pedro Barrio.

También presentó una denuncia el bufete Durán & Durán, que pone el acento en la relación laboral de Saracho con Santander, a quien se acabó vendiendo Popular, así como con JP Morgan, a quien encargó la venta de la entidad antes de su caída.

Aunque estos tres últimos bufetes compartieron impresiones, fuentes conocedoras del contacto subrayan que aunque no se descarta que sigan colaborando para allanar el terreno al litigio penal, sus planteamientos difieren y no se planteará una estrategia común.

También ultima una querella criminal la asociación de usuarios financieros Asufin, mientras que la asociación Adicae ha optado por recurrir la resolución del banco ante el FROB y la JUR.

Por su parte, el bufete Jausas armará demandas civiles para recuperar el dinero de inversores institucionales de Popular mientras que el despacho Ferrer-Bonsom & Sanjurjo lo hará para particulares. Destaca en la vía civil la plataforma constituida por el presidente de Naturhouse, Felix Revuelta, que ha puesto al abogado de la firma, Rafael Moreno, al servicio de una plataforma de afectados dispuestos a reclamar su dinero. También reclamarán por la vía civil varios fondos y bonistas de Popular, con el bufete internacional especializado Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan.

A partir de aquí, un puñado de bufetes más han sido fichados por los exresponsables de Popular para asesorarles en su estrategia de defensa y asistirles legalmente en caso necesario, como es el caso del despacho Choclán, contratado por Ron, o Alemany, Escalona & De Fuentes, para Reyes Calderón. En paralelo, Santander o PwC cuentan con sus propios departamentos legales.

Economía carece de estimaciones sobre los litigios

“No tenemos ni idea, en absoluto”, aseveró ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre volumen e impacto de las denuncias y demandas que puede acarrear la resolución de Banco Popular, asegurando que el Gobierno no tiene estimaciones sobre cuántas podrían registrarse. A su llegada al consejo de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, celebrado ayer en Bruselas, Guindos instó a “no adelantar acontecimientos” sobre la repercusión judicial, recoge Efe. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo instaron el viernes a España a “vigilar de cerca” los riesgos de la adquisición de Popular por Banco Santander, entidad que ha reconocido el potencial riesgo de litigiosidad que acompaña a la absorción del banco fallido.

Source link

Los abogados ven en el rescate italiano nuevas armas para litigar por Popular | Compañías

La particular solución aprobada el viernes para dos bancos italianos en problemas ha terminado de avivar las brasas de la candente indignación de los accionistas y bonistas de Banco Popular, quienes hace dos semanas vieron como su inversión se evaporaba mientras que Italia impulsa una inyección pública para reconducir la situación de sus entidades.

“El agravio comparativo refuerza la tesis de la responsabilidad subsidiaria de Bruselas en el proceso de resolución de Popular”, argumentaba ayer Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí, resumiendo las impresiones de otros abogados que ven nuevas armas disponibles para litigar por el dinero perdido en Popular.

Las comparaciones surgieron el viernes por la noche cuando el Banco Central Europeo decretó la liquidación de Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza ante sus problemas de solvencia, por los que las entidades acabaron vendidas ayer a Intesa Sanpaolo por un euro simbólico.

Pero hasta aquí llegan las similitudes con el caso de Banco Popular y su adquisición por Banco Santander por el mismo precio. En el caso de las entidades transalpinas, el Estado aportará entre 5.000 y 17.000 millones de euros para la recapitalización de las entidades y el resarcimiento de los afectados.

Además, Intesa Sanpaolo adquiere únicamente el negocio rentable de las entidades mientras que los activos problemáticos serán segregados en una suerte de banco malo. Los bancos del Véneto no cotizaban, con lo que no hay accionistas minoritarios afectados y tampoco se esperan pérdidas para los tenedores de deuda senior en una operación en la que Italia pone en marcha el fondo público constituido para la reestructuración del sector financiero.

Solo quedan en el alero los propietarios de deuda subordinada de Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza pero los analistas de Credit Suisse detallaban ayer en un informe que está previsto que el Estado cubra el 80% de sus pérdidas con 200 millones de euros y que Intesa Sanpaolo aporte el resto inyectando 60 millones más.

“La cercanía en el tiempo con la resolución del Popular, pone de manifiesto la ley del embudo, la doble vara de medir, el agravio comparativo”, inciden desde el bufete Navas & Cusí subrayando que mientras los inversores italianos no pierden nada los accionistas y bonistas de Popular “han perdido el 100%” de su dinero ya que Bruselas optó por la nueva vía de resolución europea en lugar de la liquidación nacional.

También ve un “claro” agravio comparativo Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho Administrativo y socio del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, despacho que representa a un buen número de accionistas de Banco Popular, incluyendo a grandes inversores representados en el consejo del extinto banco, como la Unión Europea de Inversiones.

El bufete, detalla Ruiz Ojeda, ha presentado un escrito oficial, en nombre de la asociación de accionistas minoritarios Aemec, ante el Banco Central Europeo (BCE), la Junta Única de Resolución (JUR), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Comisión Europea (CE), solicitando acceso al expediente de resolución de Banco Popular con acuse de recibo. La normativa de transparencia, recuerda el catedrático, obliga a la Comisión a dar una respuesta a su petición en un plazo de 15 días.

La comparativa frente al caso de la banca italiana se suma a una creciente lista de argumentos judiciales para pedir una compensación por Popular, en la que los abogados de los accionistas incluyen el ataque de los inspectores del Banco de España a la valoración negativa que se hizo del banco, la admisión del subgobernador de esta institución de que la entidad tenía garantías para seguir viva unos días más o el reconocimiento del banco de que las cuentas de 2016 contenían errores millonarios.

Acciones legales por Popular

Desde el bufete Jausas, con amplia experiencia en litigación bancaria, subrayan que en el caso de Banco Popular “por primera vez se ha aplicado un procedimiento de carácter expropiatorio de las acciones, así como de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas” y ven tres posibles acciones legales. De un lado, la de accionistas que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016, que tienen cuatro años para solicitar la nulidad de su inversión por error en el consentimiento, ya que el banco reconoció errores en las cuentas de aquel año. De otro, los accionistas y titulares de preferentes o subordinadas que compraron entre mayo de 2016 y la fecha de resolución del banco, que podrían pedir responsabilidad extracontratual. Tienen hasta junio de 2018. A su vez, los grandes inversores de Popular podrían alegar el enriquecimiento injusto de Santander.

Source link