Guarda los tickets porque los gastos escolares pueden desgravar: cuáles y dónde | Mi dinero

Las familias murcianas podrán aplicar una deducción en el IRPF de 100 euros por la adquisición de material escolar y libros de texto en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria. Si no se es familia numerosa, en declaración individual, la suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro no puede superar los 15.000 euros. En declaración conjunta, el límite es de 30.000 euros.

Además, los contribuyentes podrán deducir el 15% de las cantidades satisfechas por gastos de custodia en guarderías y centros escolares de hijos menores de tres años, con un máximo de 330 euros en tributación individual y 660 euros en tributación conjunta. Uno de los requisitos es que ambos padres trabajen fuera del domicilio familiar. Que la base imponible general, menos el mínimo personal y familiar, sea inferior a 19.360 euros, en declaraciones individuales, e inferior a 33.880 euros en declaraciones conjuntas, siempre que la base imponible del ahorro, sea cual sea la modalidad de declaración, no supere 1.202,02 euros.

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Qué debes saber si Hacienda aún no te ha efectuado la devolución del IRPF | Mi dinero

Han pasado las vacaciones de verano y también más de dos meses desde que terminara el plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente a 2016. A estas alturas, la mayoría de contribuyentes con resultado a devolver ya ha recibido su dinero; algunos incluso ‘cobraron’ apenas unos días después de haber rendido cuentas con el fisco. Hasta agosto, Hacienda ha devuelto más de 7.300 millones de euros a 11,7 millones de contribuyentes, efectuando el 83,9% de las devoluciones. Así, aún quedan 2,2 millones de declaraciones pendientes de abonar. Si eres de los que forma parte de esa cifra y todavía no has visto el ingreso que te corresponde, te conviene saber con qué plazos cuenta la Agencia Tributaria y cuáles son los posibles motivos de los retrasos en el pago.

Plazos e intereses

Cuando la autoliquidación del IRPF resulta a devolver, la Administración tributaria ha de practicar una liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración, que fue el pasado 30 de junio. Así, Hacienda tiene como tiempo límite hasta el próximo 30 de diciembre.

En caso de que no se haya procedido a la devolución dentro del plazo, entonces Hacienda ha de devolver de oficio aquel importe. Si no hubiera ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente, cuando lo haga, tendrá que devolver el importe pendiente más los intereses de demora devengados desde el día 31 de diciembre hasta el día de su devolución.

El tipo de interés de demora del año 2017 es el 3,75%, y el de 2018 será aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 (a finales de 2017).

La devolución se realiza por transferencia bancaria, aunque puede autorizarse el pago por cheque cruzado o nominativo.

Joan Pons, socio director del despacho ETL Global-LinkServices, señala que “la posibilidad de que la devolución del IRPF sea objeto de comprobación y, por consiguiente, se vea retrasada, es mayor en aquellos supuestos en que los elementos tributarios del contribuyente (ingresos, gastos deducibles, situaciones personales,…) requieran ser contratadas con diversas fuentes de información (básicamente de otros contribuyentes)”.

Motivos de retraso

Hay que tener en cuenta que el retraso no significa que Hacienda haya descubierto que hay errores. Por lo general, los contribuyentes que confirman el borrador tal cual los primeros días de campaña son los que antes obtienen las devoluciones (incluso en 48 horas). Esto es porque el contribuyente suscribe la documentación aportada por Hacienda y avala que todo es correcto (los expertos recomiendan no obstante repasar bien el borrador para evitar errores que pueden aflorar en un futuro). Si se realizan modificaciones en el borrador o se corrigen o añaden datos, entonces es posible que pase algo más de tiempo, dado que Hacienda se toma su tiempo en verificar los cambios. También, si se hace manualmente la declaración de la renta, las comprobaciones son más exhaustivas.

Algunas de las causas más habituales de retraso están relacionadas con la desgravación por la compra de la primera vivienda. Es frecuente que al comprar una casa no aparezca consignado en el borrador o en los datos fiscales y el comprador tenga que añadirlo. Se trata de una de las principales omisiones que suele haber en los borradores de la declaración. También si se ha disfrutado de algún periodo de excedencia o si hay diferencias con declaraciones de años anteriores en las circunstancias personales o familiares. En este punto, influyen un divorcio, un cambio de residencia o añadir hijos menores de edad a cargo.

Notificaciones

También pueden detectarse errores aritméticos (en una suma o al consignar los datos personales, por ejemplo). Así, en caso de que la declaración de la renta tenga alguna incidencia, se inicia el procedimiento de “Requerimiento de Datos” o “Propuesta de Liquidación Provisional” y Hacienda lo comunica al contribuyente vía notificación. Suele tratarse de expedientes sin mala fe y en tal caso el contribuyente no es penalizado.

Asimismo, cuando la cantidad a devolver es muy elevada, Hacienda mira con lupa esa declaración. Otro factor de retraso es presentar la declaración a última hora.

En esta campaña han presentado su declaración 19,66 millones de contribuyentes. Muchos también deben pagar a Hacienda.

Los mensajes de Hacienda

En la página web de la Agencia Tributaria es posible consultar el estado de la tramitación de la devolución del IRPF de 2016. El contribuyente debe de identificarse de tres formas posibles. Si no se tiene la Clave Pin o el certificado electrónico, entonces es necesario proporcionar el DNI y el número de referencia, que la propia AEAT remite en un mensaje SMS al teléfono móvil del contribuyente. Una vez se accede, aparece un mensaje. Pero, ¿qué significado tienen las notas de Hacienda? Dependen de la fase de tramitación en la que se encuentre la declaración presentada. Los mensajes que pueden aparecer son, básicamente, los siguientes:

Su declaración se está tramitando. Hacienda tiene en su poder la declaración de la Renta presentada, pero todavía no ha realizado ninguna revisión sobre la misma.

Su declaración está siendo comprobada. Los técnicos de la Agencia Tributaria están por fin revisando la declaración. Es un proceso rutinario para verificar que todo está bien. Si es correcta, tu declaración pasará en breve al siguiente estado.

Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted. La declaración está aprobada por el organismo, así que la devolución sigue su curso. Ahora queda esperar un poco a que devuelvan el dinero.

Su devolución ha sido emitida el dia X/X/XXXX; si en 10 días no ha recibido el importe, acuda a la delegación/administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. La orden de pago ya está dada.

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La OCDE pide más medidas para incentivar el empleo | Mi dinero

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó ayer en París su informe anual sobre fiscalidad en el que analiza qué hicieron los 35 países miembros de esta institución, además de Argentina y Sudáfrica, en materia de impuestos en el último ejercicio.

Una de las conclusiones que arroja este estudio es que los países continúan utilizando la política fiscal para tratar de impulsar el crecimiento, reducir las desigualdades y promover un cambio de comportamiento.

Sin embargo, también llama la atención sobre la necesidad de poner en marcha nuevos incentivos que consigan generar más empleo, el auténtico talón de Aquiles de la recuperación económica, en especial, en los principales países del Viejo Continente. Por figuras impositivas, en 2016 un total de 12 países apostaron por reducir el impuesto sobre sociedades en aras de estimular la actividad y frenar la marcha de empresas de unos países a otros en busca de un sistema tributario más atractivo. La OCDE remarcó que la recaudación de este tributo logró recuperarse en 2016, si bien aún se encuentra lejos de los niveles precrisis. El año pasado el tipo medio aplicado en Sociedades por los países miembros de esta organización se situó en el 24,7%, significativamente por debajo del 32,2% aplicado en el año 2000.

A este respecto, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, advirtió que merece “un examen atento” analizar lo que está ocurriendo ante “la intensificación de la competencia en los tipos del impuesto sobre sociedades, después de un periodo de relativa estabilización en los años que siguieron a la crisis”. A la espera de que los Gobiernos realicen esa reflexión, la OCDE sí elogió que haya aumentado la cooperación entre países para proteger sus bases impositivas de las empresas contra la evasión fiscal internacional.

La OCDE resaltó que durante 2016 se promulgaron numerosos recortes en los impuestos sobre la renta de un total de 15 países, lo que provocó en términos generales un aumento de la progresividad de sus sistemas tributarios. “Sin embargo, los impuestos sobre el trabajo (cotizaciones sociales) siguen siendo elevados en general y, con algunas excepciones, solo hubo reducciones limitadas de las contribuciones a la Seguridad Social”, destaca el informe. Por este motivo, esta organización considera que serán necesarias más medidas para impulsar la creación de empleo y “para que los sistemas fiscales se conviertan en más propicios al crecimiento inclusivo”.

Otros cambios fiscales destacados

Sociedades. España es uno de los países donde ha disminuido este impuesto, del 30% al 28% en 2015 y al 25% en 2016. El descenso más acusado fue el de Reino Unido, que pasó del 28% de 2008 al 19% este año.

IVA y especiales. Solo Grecia incrementó el IVA en 2016, mientras los impuestos especiales subieron en términos generales

Propiedad. Subida generalizada en los impuestos sobre la propiedad. Destaca la OCDE cómo Dinamarca es donde más peso tienen los ingresos tributarios sobre el PIB, más del 45%.

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El 3,5% de contribuyentes más adinerados aporta el 36% de la recaudación por IRPF | Mi dinero

El IRPF es el tributo más importante por recaudación y es el que permite que el sistema fiscal español sea progresivo en su conjunto. Se trata de un impuesto que grava principalmente las rentas del trabajo y del ahorro. Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que el 40% de los contribuyentes del impuesto no llegaron a ganar 12.000 euros en la declaración presentada en 2016. Estos contribuyentes aportaron menos del 1%de la recaudación. En el otro extremo, los declarantes que ganaron más de 60.000 euros sumaron solo el 3,53% de los declarantes y aportaron el 35,7% de los ingresos por IRPF. Ello refleja el carácter progresivo del tributo. El grueso de declarantes se ubica entre los 12.000 y 60.000 euros de renta. Representan el 56,2% y son responsables de seis de cada diez euros que recauda el Estado por IRPF.

La aportación de las rentas bajas a la recaudación del impuesto se reducirá en los próximos ejercicios cuando se apruebe la medida pactada entre Ciudadanos y el PP. Ambos partidos acordaron exonerar del impuesto a los asalariados con nóminas hasta 14.000 euros. Actualmente, son las rentas inferiores a 12.000 euros quienes no deben abonar el impuesto.

Además, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que pretende cumplir su compromiso electoral de rebajar el IRPF a todos los contribuyentes. Una medida que, en caso de salir adelante, se aprobaría al final de esta legislatura.

La crisis económica ha cambiado la demografía del IRPF. En 2007, por ejemplo, solo 102.678 contribuyentes presentaban rentas negativas. En cambio, en 2015, este colectivo sumaba a 677.396 personas. Las bases imponibles negativas se registran cuando el salario obtenido a lo largo del año es inferior a la reducción por rendimientos del trabajo o cuando las minusvalías superan las plusvalías. El desempleo y la crisis explican el incremento de los contribuyentes con rentas negativas.

Comparado con 2007, el número de personas que realiza la declaración de la renta ha aumentado un 4,2%. Sin embargo, este incremento se ha concentrado en la parte baja del impuesto. Los contribuyentes que no llegan a 12.000 euros al año alcanzan hoy los 7,2 millones de personas, un 7,8% más que antes de la crisis. Los declarantes entre 12.000 y 60.000 euros también han aumentado ligeramente un 2,5% hasta llegar casi a los once millones. Por último, el colectivo que gana más de 60.000 euros se ha reducido un 8% y suma hoy 687.904 declarantes. La crisis económica, por tanto, ha engordado el grupo de ciudadanos con rentas bajas. Aun así, si se compara con el ejercicio anterior, los datos reflejan que las rentas superiores a 600.000 se han incrementado un 13,2% respecto a 2014. Un signo de recuperación.

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Un amaño para pagar menos IRPF acaba costando 98.000 euros a una empresa | Legal

En un caso resuelto por el juzgado n.º 33 de Madrid el pasado mes de marzo, una empresa y el trabajador despedido en el acto de conciliación disfrazaron interesadamente la relación de alta dirección como ordinaria para eludir el pago del IRPF asociado a la indemnización por despido improcedente.

Tras ello, la Agencia Tributaria realizó liquidación en el IRPF del trabajador despedido al considerar que la indemnización fijada en el acto de conciliación se debía a la extinción de una relación contractual de alta dirección, la cual no estaba exenta del impuesto. El trabajador, además de abonar los más de 500.000 euros del pago del impuesto tuvo que pagar otros 98.638,74 euros de intereses de demora. Tras ello ejercitó una acción de reembolso contra la empresa ya que consideraba que la negociación de la indemnización se hizo en base a cantidades netas, libres de impuestos. Lo cual se opone a lo manifestado por la empresa que indica que las cantidades son brutas y que el único obligado tributario es el trabajador despedido.

La sentencia aclara que en el acuerdo firmado por las partes en el acto de conciliación no consta que la cantidad de la indemnización fuera neta. Y añade que incluso aunque así constara, el acuerdo sería contrario a la ley y por lo tanto nulo, ya que según se indica en la resolución “los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas”.

Sin embargo, el juzgado sí da la razón al trabajador en cuanto al reembolso por parte de la empresa de los intereses de demora. Tal y como señala la sentencia en virtud de la doctrina del Tribunal Supremo, la obligación de retener y pagar a cuenta es autónoma de la obligación del pago del impuesto, y por esa razón la Administración Tributaria debe exigir al retenedor los efectos perjudiciales, – intereses y sanciones-, generados por no haberse practicado la retención o haberse practicado de modo cuantitativamente insuficiente. Todo ello, independientemente de que el incumplimiento de la empresa viniera motivado por un acuerdo con el trabajador despedido.

Para el juez no cabe duda de que la relación era de alta dirección porque además de contar el demandante con los más amplios poderes otorgados por el consejo de administración para la organización y toma de decisiones estratégicas en la empresa, pertenecía al comité de dirección y su cargo era el de secretario general. Por lo tanto, aunque es el trabajador el sujeto pasivo del impuesto en cuanto a sus rendimientos por su trabajo, y los salarios e indemnizaciones por alta dirección, es la empresa como pagador de las rentas por el trabajo quien está obligado a retener e ingresar a cuenta el impuesto.

En definitiva, la empresa fue condenada a resarcir al directivo con los intereses de demora abonados por éste, 98.638,74 euros, los cuales no se hubieran producido si la empresa hubiera cumplido con sus obligaciones de retener e ingresar a cuenta.

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Hacienda no ingresará ni un euro por el fichaje de Neymar | Mi dinero

El fichaje de Neymar por parte del Paris Saint Germain (PSG) se convertirá en la mayor operación jamás registrada en el mundo del fútbol. Sin embargo, de ello no quedará constancia en las arcas de Hacienda. Hay dos fórmulas principales para hacerse con los servicios de un jugador con contrato en vigor. Una es alcanzar un acuerdo entre los dos clubs y fijar un precio por la cesión. En este caso, la operación estará sujeta a IVA. Cuando no existe acuerdo entre las partes, la legislación contempla la posibilidad de abonar la cláusula de rescisión, una figura específica de la normativa española. En este caso, es el jugador a través de su futuro club quien abona un importe preestablecido para quedar libre.

Hasta 2016, Hacienda interpretaba que el dinero de la cláusula era una renta sujeta a IRPF y debía tributar como tal. Ello encarecía la operación. Por ejemplo, la cláusula de rescisión de Neymar suma 222 millones y, si esta interpretación estuviera vigente, el PSG debería abonar 440 millones para que el brasileño pudiera pagar la cláusula y el correspondiente impuesto. El elevado coste fiscal llevó a los clubes a buscar alternativas para sortear el pago de impuestos. Por ejemplo, el Bayern de Múnich prefirió abonar 20 millones al Barça por Thiago Alcántara en 2013 en lugar de pagar los 18 millones de su cláusula de rescisión. Le resultaba más rentable pagar más dinero que asumir el coste fiscal.

Sin embargo, todo cambió a partir del verano pasado cuando la Dirección General de Tributos emitió una resolución vinculante en la que modificó su postura. La DGT interpretó que el jugador que abona la cláusula de rescisión recibe una compensación del club que le pretende. Logra así una ganancia patrimonial que al instante se convierte en pérdida cuando realiza el pago al club para quedar libre. Tributos consideró que la operación debe entenderse como neutral en términos fiscales y estableció que los pagos de la cláusula de rescisión no están sujetos a IRPF.

Supone un cambio relevante y que beneficia a los clubes compradores. El PSG no abonará ni un euro a la Hacienda española por la operación, sin embargo, fuentes jurídicas indican que la operación sí que está sujeta a retención en Francia. Se considera que el dinero de la rescisión que el club facilita al jugador para pagar su cláusula es renta salarial. Francia es un país con un IRPF muy elevado y el PSG deberá hacer frente a una notable carga fiscal para que el sueldo neto del jugador alcance las cifras comprometidas y que algunas fuentes cifran en 30 millones de euros al año. Según Le Figaro, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social francesa ingresarán 300 millones de euros en cinco ejercicios. La Hacienda española solo obtendrá réditos de la operación en la medida en que el F.C. Barcelona ganará dinero con la venta y tributará por el impuesto sobre sociedades si cierra el año con beneficios. 

En el caso de que PSG y Barcelona hubieran llegado a un pacto, la compra estaría sujeta a IVA. Sin embargo, fuentes tributarias indican que teniendo en cuenta las reglas de localización, la operación se entendería realizada en Francia. En este caso, la equipo parisino se autorepercutiría el IVA para que la operación fuera neutral. Es decir, se devengaría y, al mismo tiempo, se deduciría el impuesto.

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La masa salarial se estanca en la década, pero la retribución a consejeros sube un 63% | Mi dinero

La masa salarial declarada en el impuesto sobre la renta se ha estancado en la última década en el sector privado. Los últimos datos publicados por Hacienda reflejan que los sueldos del conjunto de trabajadores sumaron 250.349 millones de euros el ejercicio anterior, un raquítico 0,6% más que en 2006. En el mismo período, la masa salarial en el sector público se incrementó un 18,4% hasta los 85.660 millones. El colectivo que más ha visto incrementar sus emolumentos es el de los consejeros y administradores de empresas. Sus retribuciones sumaron 2.703 millones en 2016, un 63,5% más que diez años atrás.

Hacienda puede ofrecer datos de la masa salarial de consejeros y administradores porque este perfil profesional aplica un tipo de retención fijo en el IRPF, que actualmente es del 35% y del 19% para empresas con una cifra de negocio inferior a 100.000 euros. El incremento de la masa salarial de consejeros y administradores de empresas refleja el impacto desigual que ha tenido la crisis económica. El aumento también puede deberse a que Hacienda aplica un mayor control sobre estos colectivos y las empresas declaran de forma más fidedigna sus retribuciones.

Las pensiones son otra fuente de renta sujeta a retención en el IRPF que ha aumentado significativamente. En el año 2006, las prestaciones por jubilación sumaban 84.403 millones y hoy alcanzan ya los 130.956 millones. Un aumento del 55,2% en una década. Los salarios, que son la fuente de financiación de la Seguridad, se estancan y, al mismo tiempo, las pensiones aumentan rápidamente. Una ecuación que explica la mala situación de las cuentas de la Seguridad Social, que este año registrará el mayor déficit de su historia al acumular un desfase del 1,6% del PIB.

Diez años atrás, el número de asalariados, sin incluir los regímenes forales, alcanzaba los 14,3 millones frente a los 13,5 millones actuales. Supone un 6% menos. En el mismo período, los pensionistas han pasado de los 8,1 millones a los 9,1 millones. Un aumento del 12%.

Los autónomos son otro de los colectivos que han sufrido más la crisis, siempre según la renta declarada ante Hacienda. Los trabajadores por cuenta propia ingresaron el año pasado 19.945 millones, un 2,4% menos que en 2006.

Si la lupa se pone en la renta media, la estadística de Hacienda refleja que el salario medio ha aumentado un 10,7% en la última década hasta alcanzar los 24.864 euros anuales. Y la pensión media, en ese mismo período, se ha incrementado un 38,3%. Este es otro factor que presiona las cuentas de la Seguridad Social y contribuye a incrementar sus números rojos.

En el caso de los autónomos, los ingresos medios declarados han caído un 12,9% en los últimos 10 años. Al comparar 2006 con 2016 se pone en relación un ejercicio de expansión económica y previo a la crisis con un año que puede considerarse como de consolidación de la recuperación de la actividad.

La comparación anual refleja precisamente esta mejoría. La masa salarial en el sector privado aumentó un 5% respecto a 2015, un incremento muy superior al 0,7% del sector público. La cifra también supera el repunte de las prestaciones por jubilación, que mejoraron un 3,8% en términos agregados. Aunque son nuevamente los consejeros de empresas lo que más disfrutan de la recuperación. La masa salarial de este colectivo registró un incremento anual del 17,1%.

Las prestaciones por desempleo también están sujetas a retención en el IRPF. Sumaron 13.899 millones el año pasado, un 38% más que hace 10 años, pero un 9,8% menos que el ejercicio anterior. La reducción del desempleo y el fin del derecho a cobrar paro está detrás del descenso.

El tipo de retención sobre los salarios se situó en el 15,3%, un porcentaje inferior al 15,6% del ejercicio anterior. El descenso se explica por la rebaja del IRPF. En el caso de los salarios en el sector privado, Hacienda retuvo el 14,6% frente al 17,37% en el ámbito público. La diferencia se explica porque la retribución media en la Administración alcanzó los 34.186 euros, un importe más elevado que los 22.742 euros del sector privado. El IRPF es un tributo progresivo y, cuanto mayor es el salario, mayor es el tipo de retención.

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Hacienda deja de ingresar 12.473 millones por la rebaja fiscal de 2015 y 2016 | Mi dinero

El Ministerio de Hacienda publicó ayer los datos anuales de recaudación que reflejan que el Estado ingresó por impuestos 186.279 millones de euros, una cifra inferior a los 193.520 millones presupuestados. Supone un desvío de 7.271 millones, una cifra superior a la anunciada inicialmente en marzo. Los errores en las previsiones de recaudación son una constante. El Gobierno siempre sobreestima los ingresos en los Presupuestos, lo que facilita cuadrar los números sobre el papel y driblar las peticiones de nuevos ajustes de Bruselas.

El documento refleja que la reforma fiscal aprobada en 2014 y que entró en vigor en dos fases –en 2015 y 2016– ha reducido en 12.473 millones la recaudación. La mayor parte de este importe corresponde a la reducción del IRPF. Tras subir el impuesto sobre la renta nada más iniciarse la anterior legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy redujo los tipos y tramos del IRPF ante de las elecciones generales. En el impuesto sobre sociedades, Hacienda rebajó en dos años el tipo nominal del 30% al 25%. Esta medida, junto con otros cambios normativos, supuso un ahorro de 3.000 millones entre 2015 y 2016. Sin embargo, el riesgo de incumplir el objetivo de déficit el ejercicio anterior era cada vez mayor a medida que avanzaban los meses y el Gobierno optó por aprobar un drástico incremento del impuesto. Primero elevó los pagos fraccionados y, posteriormente, restringió aún más la posibilidad de compensar bases imponibles negativas y exigió que las empresas tributaran por los deterioros de cartera deducidos en períodos anteriores. El impacto esperado de estos cambios normativos asciende a 4.655 millones en 2017. Es decir, el aumento fiscal aprobado por sorpresa es superior a la rebaja tributaria impulsada dos años atrás.

Finalmente, el Gobierno cumplió el año pasado el objetivo de déficit –que se revisó en varias ocasiones al alza– y cerró con un desfase del 4,3%. Aun así, la recaudación fue sensiblemente inferior a la presupuestada. Los datos publicados ayer reflejan que Hacienda recaudó 75.432 millones por IRPF, el tributo más importante del sistema fiscal. Supone un 0,1% más. El Gobierno había presupuestado un incremento del 4,3%.

Esta situación se repetirá también en 2017. Para el ejercicio en curso, Hacienda ha presupuestado ingresar por IRPF un 7,7% más. Pese a la creación de empleo y a la posibilidad de aumentos salariales, se trata de un incremento totalmente desproporcionado y de imposible cumplimiento. De hecho, los datos del primer semestre indican que la recaudación por IRPF avanza a un ritmo del 3,2%. No llega ni a la mitad de lo estimado por Hacienda. La Airef ya ha alertado de este desvío.

En el IVA, el principal impuesto sobre el consumo, la situación es distinta. España recaudó el año pasado 62.845 millones, 182 millones más que lo presupuestado. Y los ingresos por este tributo avanzan en 2017 a ritmos del 8,2%, por encima del 7,3% previsto inicialmente.

El impuesto sobre sociedades, la tercera figura más relevante es la que sigue un patrón más errático y, por lo tanto, los riesgos de errores en las previsiones son mayores. El tributo aportó a las arcas públicas 21.678 millones, 3.190 millones menos de lo previsto. Sin embargo, el desvío hubiera alcanzado cotas escandalosas sin las subidas fiscales aprobadas a finales del ejercicio pasado. Los desvíos presupuestarios acumulados desde 2012, primer año del Gobierno de Mariano Rajoy, suman 25.309 millones.

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El enredo de la exención de la prestación por maternidad | Mi dinero

Ya tuvimos ocasión de analizar, en este periódico, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de 6 de julio de 2016, que reconocía a una contribuyente la exención en el IRPF de las prestaciones por maternidad. Ayer mismo tuvimos conocimiento de una nueva sentencia del mismo tribunal, que insiste en aplicar idéntico criterio. Como anticipábamos en nuestra anterior tribuna, no estábamos –ni ahora lo estamos– ante una cuestión cerrada.

El origen de la controversia se encuentra en la, a nuestro juicio, deficiente técnica normativa empleada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, que fue la que introdujo en nuestro ordenamiento el beneficio fiscal controvertido. Así, uno de los párrafos del artículo 7.h) de la LIRPF proclama la exención de “las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”. Y, a continuación, en párrafo aparte, se añade: “También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”.

Ante esta normativa, caben dos interpretaciones. La más correcta es la que niega la exención de la prestación por maternidad satisfecha por la Seguridad Social (SS), en la medida en que no está mencionada en el primero de los párrafos transcritos. Su inclusión en el segundo no sería relevante a estos efectos, ya que se refiere, exclusivamente, a las prestaciones pagadas por comunidades autónomas y entes locales, no por la Seguridad Social.

Este es el mejor planteamiento desde un punto de vista técnico, por dos razones. De un lado, ya que es el que mejor se acomoda a la literalidad del precepto, teniendo en cuenta, además, que el artículo 14 de la Ley General Tributaria prohíbe la analogía en materia de exenciones. De otro, en la medida en que, desde un punto de vista teleológico, también es la solución más plausible. Así, parece que la voluntad del legislador, plasmada en el art. 7.h) de la LIRPF, es declarar la exención de prestaciones de tipo asistencial, pero no de la prestación por maternidad satisfecha por la Seguridad Social, que es equivalente al sueldo del trabajador. Este tipo de rentas, equivalentes a un salario, nunca están exentas, ni siquiera cuando lo que se percibe es una prestación por desempleo.

Ahora bien, no se puede negar que la interpretación que realiza el tribunal madrileño sea razonable. Así, cuando el precepto señala que “también” están exentas las prestaciones por maternidad satisfechas por comunidades autónomas y entes locales, puede dar a entender que el párrafo anterior exime a las estatales.

De igual modo, la exposición de motivos de la citada Ley 62/2003 señalaba, literalmente, que “se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo”. Por tanto, este elemento interpretativo podría conducirnos a pensar, con el tribunal de Madrid, que la auténtica intención del legislador era eximir, de forma general, las prestaciones por maternidad.

No obstante, existen otros pronunciamientos judiciales en sentido contrario y que acogen la posición que nosotros consideramos preferible. Es el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de octubre de 2016, que realiza una referencia explícita a la prohibición de la integración analógica de las normas de exención.

También es la posición de la Administración, plasmada en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 2 de marzo de 2017, dictada en unificación de criterio. Además del argumento literal al que antes hemos hecho referencia, tal resolución otorga relevancia, con buen criterio, al finalista resaltado. A su tenor, “hay que tener presente que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir a la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. La causa real de concesión de estas prestaciones no es, por tanto, la maternidad en sí misma considerada como una finalidad a proteger, sino la suspensión de la relación laboral que origina la situación de maternidad”.

En otras palabras, “el fundamento de la prestación es la suspensión del contrato de trabajo y no por la causa (la maternidad) que origina dicha suspensión”. Sin embargo, la naturaleza de las prestaciones por maternidad satisfechas por comunidades autónomas o entes locales “son meras liberalidades a favor del beneficiario en una situación que nuestro ordenamiento ha considerado que merece una especial protección”. Dándose esta distinta finalidad y no existiendo una mención expresa a las prestaciones por maternidad satisfechas por la Seguridad Social, el TEAC concluye su no exención. Y este es un criterio que vincula a toda la Administración tributaria.

En definitiva y como muestran las líneas anteriores, nos encontramos ante un conflicto generado como consecuencia de la redacción confusa de una ley que, además, cuenta con una exposición de motivos un tanto descuidada. Por tanto, no es otra cosa que mala técnica normativa en el ámbito tributario.

Ante esta situación, solo podemos concluir con dos recomendaciones. La primera, dirigida al Gobierno, como es la necesidad de una modificación legislativa. A nuestro juicio, sea cual sea la solución por la que se opte, debería ser equitativa. No tiene sentido eximir las prestaciones por maternidad y, por ejemplo, mantener el gravamen sobre las de desempleo. La segunda tiene por destinatarios a los contribuyentes: quien pretenda aplicar esta exención debería tributar por la prestación y luego presentar la oportuna reclamación, porque sabemos cuál es el criterio que va a seguir aplicando la Administración tributaria.

 Javier Martín Fernández / Jesús Rodríguez Márquez son Socios de F&J Martín Abogados y profesores de Derecho Financiero y Tributario de la UCM

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Declaración renta: ¿Está exenta del IRPF la prestación por maternidad? La justicia vuelve a abrir el debate | Mi dinero

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a dar la razón a una particular al declarar exenta de tributar por IRPF la prestación por maternidad cobrada de la Seguridad Social.

Según ha explicado el Tribunal en un comunicado recogido por Efe, la mujer no incluyó en su declaración de la renta los 8.993,60 euros que percibió en el ejercicio de 2013 en concepto prestación por maternidad al considerar que estaba exenta.

Por ese motivo, finalmente tuvo que abonar 361,13 euros, que el Tribunal ordena ahora que le sean reintegrados con sus correspondientes intereses legales.

Según los magistrados del TSJM, la petición de la interesada está amparada por la propia Ley del IRPF que establece las prestaciones familiares exentas de tributar.

El tribunal considera que la prestación por maternidad percibida por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social “tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del artículo 7 h) de la Ley, ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general”.

La decisión del TSJM choca con una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) del pasado mes de marzo, que aseguró que no estaba entre las exenciones previstas en la normativa del IRPF. El TEAC aseguró entonces que se hace necesario unificar criterios debido a la “especial trascendencia” de esta prestación para los derechos y garantías de los obligados tributarios.

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