Rajoy logra el respaldo de la UE y evita la mediación de Bruselas | Mercados

Doble objetivo conseguido. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha logrado en el Consejo Europeo celebrado este jueves y viernes en Bruselas el respaldo generalizado de los socios europeos y ha evitado que la UE asuma un papel protagonista como reclama el ejecutivo de Carles Puigdemont.

A pesar de los esfuerzos de los independentistas por elevar el conflicto hasta la mesa del Consejo Europeo, el Gobierno español ha esquivado la colocación del asunto en la agenda oficial. España insiste en que se trata de un asunto interno en el que otros países no tienen nada que opinar salvo confirmar su apoyo al orden constitucional vigente.

“El asunto de Cataluña no figuraba en la agenda y yo estoy de acuerdo en que no figure porque es un asunto de índole nacional, un asunto interno de España”, ha señalado Rajoy tras la conclusión de la cumbre.

El debate en el Consejo Europeo hubiera visualizado las diferentes sensibilidades “regionalistas” que conviven en la UE, con países muy centralizados, como Francia, otros federales, como Bélgica, y algunos, proclives a la autodeterminación, como los bálticos, que recuperaron su independencia en 1991 tras la implosión de la Unión Soviética.

El mínimo matiz en una declaración del Consejo podría haber sido aprovechado por el govern catalán como una señal de apoyo. Y el debate oficial hubiera obligado al Gobierno de Rajoy a sufrir un desgaste diplomático para garantizar que la línea oficial de Bruselas coincide punto por punto con la de España

“Todos nosotros tenemos emociones, opiniones y valoraciones”, reconocía en relación con Cataluña el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras la primera jornada de la cumbre. Pero tras sus contactos con Rajoy previos a la cumbre, descartaba incluir el asunto en la agenda. Y cerraba la puerta a cualquier tipo de intervención de Bruselas. “No hay margen para ningún tipo de mediación, iniciativa o acción internacional”, zanjó Tusk, que se define a sí mismo como “regionalista” y “perteneciente a una minoría étnica” dentro de Polonia.

El portazo de Bruselas a las peticiones independentistas de mediación llega acompañado del aluvión de declaraciones a favor del Gobierno español a solo unas horas de la anunciada activación del artículo 155 de la Constitución española. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en particular, cierran filas con Rajoy y dan su visto bueno tácito a las medidas que pueda adoptar el Ejecutivo para garantizar el orden constitucional en Cataluña.

“Apoyo pleno y total de Francia en esta situación”, ha señalado Macron este viernes, tras celebrar el día antes un encuentro bilateral con Rajoy. Merkel también ha reiterado su apoyo y ha abogado “por una solución dentro de la Constitución”. La primera ministra británica, Theresa May, también ha insistido en que “a postura de Reino Unido es muy clara. Creemos que la gente debe respetar la legalidad y la Constitución española”.

Rajoy ha agradecido el apoyo de los principales líderes europeos y ha atribuido el cierre de filas con el Gobierno español al hecho de que “estamos en el siglo XXI y estamos en Europa”. “Figúrense ustedes”, ha añadido Rajoy, “que Renania del Norte-Westfalia o cualquier otra región europea declarara unilateralmente la independencia. Nadie lo entendería”.

Arremetida contra Puigdemont: “incapaces e irresponsables”

El presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sale del palau de la Generalitat después de mantener una reunión con los consellers. EFEQuique García
El presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sale del palau de la Generalitat después de mantener una reunión con los consellers. EFE/Quique García

A solo unas horas del Consejo de Ministros que activará el artículo 155 de la Constitución, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dirigido desde Bruselas duras palabras contra los responsabies del govern catalán.

“No se pueden hacer las cosas peor”, ha señalado Rajoy, tras acusar al equipo de Carles Puigdemont de haberse negado a buscar una salida para no llegar al extremo de la intervención de la administración autonómica. “Hemos llegado a esta situación porque han querido”, acusa Rajoy. Y ha calificado a los responsables de la Generalitat de “incapaces estar a la altura de las circunstancias“.

Rajoy les culpa de la fuga de más de 900 empresas del territorio catalán desde el frustrado referéndum del 1 de octubre, una huida que el presidente del Gobierno asegura que es “producto de decisiones irresponsables”.

Tras la diatriba contra Puigdemont, Rajoy ha asegurado que “con otras personas, con una forma similar de pensar, esto no hubiera sucedido“. Y ha rematado su tácita alusión al ex presidente Artur Mas, defenestrado por la CUP, añadiendo que “cuando uno deja que los radicales y los extremistas te cambien el candidato a la presidencia de Gobierno, pasa esto”.

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Cataluña: Fitch y Moody’s prevén un impacto limitado de la independencia en el rating de las grandes empresas | Mercados

Fitch Y Moody’s, dos de las tres mayores grandes agencias de rating, han asegurado este que la “poco probable” independencia de Cataluña supondría “un riesgo limitado” para la calificación de las empresas no financieras que evalúan. Fitch afirma que la diversificación geográfica y el probable deseo político de mantener los servicios clave limitarían el impacto de la ruptura. Por su parte, Moody’s asegura que las entidades catalanas sufrirían un impacto negativo si desciende la calificación de Cataluña tras la hipotética secesión. 

Según Moody’s, una “poco probable” independencia catalana haría que la región pasase de una calificación Ba3 con perspectiva negativa, que tiene en la actualidad, a una Caa1. Esto significa que las entidades de la región pasarían de estar alojadas en un territorio con grado de inversión a uno especulativo y eso influiría en su propia calificación. 

Aunque las primeras estimaciones de la agencia se alejan de la alarma, Moddy’s cree que el deterioro de la solvencia soberana afectaría a los bancos españoles, aseguradoras, corporaciones no financieras y al sector dedicado a las infraestructuras, como Aena (Baa1) o Adif (Baa3). También a las entidades de servicio público catalanas que tienen la misma calificación que España o superior. Es el caso, por ejemplo, de Aigues de Barcelona, posicionada en un Baa1. Incluso si las empresas con sede en Cataluña se trasladan a otros territorios, se enfrentarían a implicaciones negativas si mantienen exposición a la región. 

Los analistas de Fitch creen que la mayoría de las compañías están bien distribuidas por el territorio nacional, y que esto limitaría el impacto de la caída de los ingresos en Cataluña. La agencia no ve probable que se pierda el acceso al público catalán, pero considera que los ingresos podrían verse afectados si Cataluña sale de la Eurozona. 

Además, afirma Fitch, gran parte de estas empresas están diversificadas en el extranjero, lo que amortiguaría el golpe si la secesión afecta al resto de España. Es el caso de Telefónica, Iberdrola, OHL o Ferrovial, entre otras. 

Gas Natural y Cellnex también cuentan con importantes operativos internacionales, pero están más expuestas porque sus sedes están en Barcelona. Otras empresas que tienen importantes activos en Cataluña son Repsol, que controla una refinería en la región, Enagas; Red Eléctrica de España, que posee las redes de transmisión eléctrica, y Endesa, propietaria de la mayor parte de la red de distribución. 

Fitch añade que la posición de las compañías tras la secesión, si llega a ocurrir, dependerá de diversos factores: la disposición monetaria catalana, el nivel de cooperación entre España y Cataluña y la continuidad o no de la regulación en la región. Esto último afectaría especialmente a las empresas de servicio público muy reguladas.

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España pierde pie en Bruselas por culpa del conflicto en Cataluña | Mercados

El conflicto de Cataluña ha descoyuntado la posición de España en Bruselas en un momento de grandes cambios y de reparto de poder. El renovado eje franco-alemán prepara una profunda reorganización de la Unión Europea y de la Zona euro en la que Berlín y París esperaban contar con el gobierno de Mariano Rajoy como aliado.

Pero el presidente del gobierno español ni siquiera ha podido acudir a la cumbre europea de este jueves y viernes en Tallin. En la capital de Estonia ha tenido lugar la primera cita del presidente francés, Emmanuel Macron, con Angela Merkel tras la victoria de la canciller alemana en las elecciones generales del pasado domingo. Un pistoletazo de salida a las reformas de Europa al que no ha asistido Rajoy.

El presidente del Gobierno decidió quedarse en Madrid ante el desafío institucional planteado por el Govern de Carles Puigdemont en una región que representa casi la quinta parte del Producto Interior Bruto de España.

Los líderes europeos han debatido en Tallin sobre la reforma del club, en base sobre todo a las propuestas de Macron, y sobre el brexit, en el que ha descartado, de momento, pasar a la segunda fase de negociación (futuro acuerdo comercial) como reclama Londres.

La silla vacía de Rajoy en una jornada tan centrada en el futuro de Europa simboliza la peligrosa ausencia de España un momento clave para la historia del club. El conflicto catalán también pone en peligro la estrategia del gobierno español para recuperar protagonismo en Bruselas después del declive de su influencia durante la crisis del euro.

Rajoy había apostado por su alineamiento con Merkel como estrategia para situarse en el núcleo duro de la futura reorganización. Y Macron se ha mostrado favorable a incorporar a España a un grupo de cabeza en el que hasta ahora solo figuraban Alemania, Francia e Italia. Pero la grave crisis institucional que vive el país puede alejar a Rajoy de una refundación que se acelera por momentos.

“Creo que todos estamos convencidos de que Europa tiene que avanzar más deprisa”, ha señalado Macron este viernes en la capital de Estonia. Y la canciller alemana dejó claro, en relación con las propuestas de Macron, que “hay elevado nivel de acuerdo entre Alemania y Francia. Todavía debemos discutir los detalles, pero tengo la firme convicción de que Europa no puede quedarse parada“.

Macron ha anunciado su intención de formar un grupo de países refundadores de la UE “en las próximas semanas”. Una vanguardia en la que España parecía llamada a figurar hasta que el procés trastocó la estrategia europea del Gobierno.

Las primeras bazas en juego, que se podrían perder, se refieren a la sede de la Agencia Europea de Medicamentos (por la que compite Barcelona contra otras 18 ciudades europeas) y la vicepresidencia del Banco Central Europeo (que quedará libre en mayo de 2018).

Fuentes europeas señalan que Barcelona cumple prácticamente todos los criterios objetivos para albergar la codiciada Agencia (conexión aérea, colegios internacionales, industria farmacéutica…), y así lo reflejará el informe sobre las candidaturas que la Comisión Europea podría publicar la próxima semana.

La CE asegura que el informe no entrará a valorar en detalle la situación política en Cataluña porque no es uno de los criterios a tomar en cuenta. Pero fuentes cercanas al proceso de selección, que corre a cargo del Consejo de la UE, señalan que “los países que aspiran a albergar la Agencia están explotando la tensión que vive España para atacar la candidatura de Barcelona”. Ataques que restan enteros a la posibilidad de éxito de la capital catalana, según esas fuentes.

La tensión interna también complica las aspiraciones del Gobierno a que un español ocupe la vicepresidencia del BCE cuando salga el portugués Vítor Constâncio. Fuentes financieras advierten que el cargo se le puede escapar a España, que lleva fuera del Comité Ejecutivo del BCE desde 2012. El Gobierno esgrimía la recuperación económica como argumento para hacerse con un puesto que ya daba casi por conseguido. Pero la inestabilidad política y el riesgo de elecciones anticipadas amenaza con dejar a España otra vez a las puertas del BCE.

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¿Favorece el mercado único el separatismo? | Mercados

Independientemente de lo que suceda con la votación del 1-O en Cataluña, considerada ilegal por el Gobierno español, es poco probable que el anhelo de nacionalidad dentro de la comunidad autónoma termine. La disputa en torno a la división de España tiene mucho en común con la batalla por la separación escocesa, que culminó en un referéndum en 2014 que rechazó por poco la independencia.

Los dos movimientos son amenazas a uniones políticas que llevan siglos en vigor –desde 1516 en el caso de Cataluña y desde 1707 en el de Escocia. ¿Por qué se ha vuelto tan poderoso el deseo de convertir las identidades nacionales en naciones?

Si bien hay muchas razones, la creencia de los nacionalistas de que los estados independientes pueden ser miembros de la Unión Europea es un factor importante. Fuera de la UE, la independencia provocaría un impacto desastroso. El bloque económico más grande del mundo, aún muy exitoso, ofrece seguridad.

Si los políticos cooperan, la transición podría ser relativamente sencilla. Allá donde importa la economía de escala, Bruselas ya establece las normas. En el ámbito de la política de competencia, las normas de los productos y la lidia con la competencia extranjera, la independencia no cambiaría casi nada. Todas las grandes y muchas medianas empresas europeas ya prestan poca atención a las fronteras interiores de la UE, por lo que unas pocas líneas nacionales más marcarían relativamente pocas diferencias.

Por supuesto, los políticos podrían no cooperar. El Gobierno español, con un ojo en su propia región rebelde, trató despectivamente las afirmaciones escocesas de que retendrían la pertenencia al mercado único después de la independencia. Pero la realidad sobre el terreno tiene la forma de cambiar las mentes. Es probable que los separatistas tengan razón al creer que su patrimonio y el deseo serían suficientes para persuadir a la UE de que se saltara el procedimiento habitual para los nuevos miembros.

Pasar el control a Barcelona o Edimburgo significaría también deshacer lazos económicos y jurídicos nacionales acumulados a lo largo de los siglos. Sería complicado y no debería subestimarse. Sin embargo, ambas jurisdicciones ya tienen una gran autonomía, y al menos Cataluña no tendría que pensar en cambiar de moneda.

Tampoco es el paraguas económico de la UE una panacea. Escocia depende de las transferencias fiscales de Reino Unido, y el temor a perder fondos de Londres pudo ser el factor decisivo en el voto escocés. La caída del precio del petróleo –que afecta a los potenciales ingresos fiscales posteriores a la independencia– ha enfriado el entusiasmo del Partido Nacional Escocés por otro referéndum. Sin embargo, sin el trasfondo de una unión económica más grande, la idea de separarse probablemente nunca habría despegado.

Puede parecer extraño que los secesionistas vean el relativamente nuevo sistema europeo, con su engorrosa burocracia y su falta de democracia, como un buen sustituto de las antiguas uniones políticas nacionales. Sin embargo, las peculiares estructuras de la UE proporcionan amortiguador económico más que protector para las personas que quieren una nación que incorpore sus identidades ciudadanas.

El éxito de esta comunidad multinacional de gestión centralizada ha socavado las rígidas afirmaciones históricas sobre la soberanía política. La UE ha creado un nuevo tipo de soberanía: parcial y supranacional. Sus Estados miembros tienen una variedad diferente pero igualmente nueva de soberanía.

Durante las primeras décadas del experimento europeo, los creyentes en las fronteras tradicionales y claras de la nación moderna declararon que el proyecto estaba condenado. Sin embargo, la tendencia se está moviendo en la otra dirección. El éxito económico y la libre circulación de personas, así como de bienes, servicios y capital, han fortalecido las identidades duales y la doble política: francoeuropea, hispanoeuropea e incluso británicoeuropea.

Las autoridades de Madrid respaldaron en la práctica la nueva visión cuando se incorporaron a la Comunidad Económica Europea en 1986, como habían hecho sus pares en Londres en 1973. Tardaron unas pocas décadas, pero los nacionalistas regionales han asumido esta nueva comprensión de la nacionalidad. ¿Por qué ser catalán-español cuando se puede ser catalán-europeo?

Los partidarios de una salida británica de la UE son muy conscientes de los nuevos tipos de soberanía. Si bien sus temores de un superestado europeo son exagerados, tienen razón al esperar que la UE se volverá más influyente. Como sugirió esta semana el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, esto significa una mayor toma de decisiones a nivel panregional y un papel menor para los Gobiernos nacionales.

Los secesionistas regionales y los entusiastas del brexit han respondido a la nueva soberanía de manera diametralmente opuesta. Los catalanes y los escoceses quieren un hogar europeo, mientras que los votantes británicos escogieron por poco margen un retorno a la vieja clase de nación en el referéndum del año pasado.

Los descontentos británicos no captaron cuántas cosas han cambiado. Para salir, ahora deben romper o remodelar miles de vínculos económicos establecidos con el resto de Europa. Está lejos de estar claro que puedan manejar eso sin provocar daños económicos severos. Y la salida de ReinoUnido puede dar un nuevo impulso a los escoceses amantes de la UE, siempre que puedan llegar a ser lo suficientemente prósperos como para prescindir de los subsidios ingleses.

Al igual que los secesionistas regionales, los activistas del brexit aprovecharon las ventajas de la economía europea. Parecen haber asumido que el mercado único permanecería abierto para ellos. Para estos secesionistas, sin embargo, eso fue un error. La UE apoya a sus miembros, pero no a los que la abandonan.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.

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El Círculo de Empresarios reprocha la actitud de algunas empresas catalanas | Mercados

El Círculo de Empresarios ha reprochado a algunos directivos de compañías catalanas que no hayan sido “más activos contra la deriva secesionista”. Además, han asegurado que no tienen constancia de grandes empresas que apoyen la ruptura y que los empresarios están “horrorizados, pero no preocupados” porque ven “altamente improbable, casi imposible” el éxito del proceso, que han calificado de “impresentable fraude”. 

Las empresas que simpatizaron al principio con la idea de la independencia “por cuestiones sentimentales” han dejado de hacerlo y sus responsables también se muestran “horrorizados ante esta deriva y ante el comportamiento de unos gobernantes que incumplen la ley y hacen alarde de ello”, según Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo. “Algunos tuvieron la frivolidad, no de apoyar, pero sí de arropar esta deriva. Pero ahora tienen conciencia de que es un disparate”. 

Sin embargo, Vega de Seoane ha asegurado que los empresarios han de tener en cuenta todas las posibilidades y que por ello se habla de planes de contingencia. En el caso de una secesión catalana, las empresas se trasladarían “a otros países europeos y España podría ser el destino elegido”. 

En cuanto a la postura de la CEOE, el presidente del Círculo ha dicho que era “relativamente correcta”, pero ha asegurado que unas declaraciones posteriores del máximo dirigente de la patronal, Juan Rosell, en las que decía que había que encontrar un “término medio entre la independencia y el acatamiento porque sí”, le habían dejado “confundido”.

Vega de Seoane ha calificado como correcta y moderada la actuación del Gobierno en todo el proceso y ha asegurado que este es el momento de “buscar una salida” y hacer “prevalecer el Estado de derecho”. Para encontrar soluciones ha apelado a recuperar el espíritu de la transición cuando los ánimos estén más calmados.  

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Referéndum: Moody’s alerta del impacto negativo del ‘procés’ en la solvencia de España y Cataluña | Mercados

Cataluña celebró este lunes su día grande, la Diada, con una manifestación de decenas de miles de personas que desde hace un lustro se ha convertido en demostración de fuerza de los partidarios de la independencia. En la recta final para el pretendido referéndum del 1 de Octubre, la vía soberanista recibió un nuevo mazazo de los analistas del mercado, en este caso de los de la agencia de calificación de riesgos Moody´s, que se suma a los de los últimos días.

La firma expuso este lunes que a pesar de las tensiones cada vez más acentuadas entre el Gobierno central y regional, confía en que la secesión no tenga lugar. Más allá, Moody´s advierte que el proceso independentista catalán afecta negativamente a la solvencia de España y Cataluña. Para la agencia, una solución duradera del conflicto pasaría por otorgar a Cataluña más independencia fiscal y por llevar a cabo una reforma del sistema de financiación, dentro del marco legal constitucional.

A la hora de analizar el escenario, Moody´s recuerda que con la independencia catalana, España perdería una región con un PIB per cápita por encima de la media, en la que vive el 16% de la población del país. Esto supondría un recorte en el PIB del 19% que debilitaría la fortaleza económica del Estado.

También tendría efectos negativos en la economía catalana: desde el 2012 la Generalitat ha recibido 68.000 millones de las arcas del Estado, sobre todo a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que constituye alrededor del 70% de la deuda total de la comunidad. “La calidad crediticia de la región podría verse afectada negativamente si las tensiones políticas se intensificaban aún más, provocando dudas sobre la voluntad del gobierno central de proporcionar apoyo a través de la FLA”, explica Moody’s.

Las expectativas de la agencia no contemplan la secesión debido a “la oposición firme del Gobierno central”, a “los instrumentos legales” al alcance del Estado para frenar el desafío y a que las encuestas mostrarían más apoyo popular al “no”. Incluso si el referéndum acaba celebrándose y arrojara más votos independentistas, Moody’s cree que “la falta de base legal y la ausencia de una cuota de participación mínima” pondrían en tela de juicio la legitimidad de la consulta y el resultado.

En todo caso, la relación política entre el Gobierno central español y las autoridades catalanas se mantendrá muy tensa, vaticina. Para la agencia, esto podría complicar los esfuerzos para llegar a un compromiso que responda al deseo de muchos catalanes de una mayor autonomía fiscal. Sin embargo, Moody’s cree que las presiones independentistas podrían derivar en una mayor descentralización regional.

La valoración de Moody’s sigue a otras similares emitidas en los últimos días por otras agencias de calificación crediticia como Fitch o DBRS.

“El 1-O será un tsunami democrático que no podrá pararlo absolutamente nadie. La reacción que tenga el Estado nos da igual. Esto no lo para nadie, porque es pacífico, democrático y hay una determinación absoluta”, declaró este lunes el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, obviando las valoraciones de los analistas.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que el pasado viernes advirtió que no pondría en riesgo a los funcionarios apoyando una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, matizó este lunes que hará “todo lo posible” para que los barceloneses puedan votar siempre que no se ponga en peligro la “seguridad de la institución y de los trabajadores” municipales.

De otra parte, el independentismo recibirá otro varapalo judicial previsiblemente este martes cuando el Constitucional aborde la Ley de Transitoriedad, que fija el marco legal de la región desde la consulta hasta la eventual consumación de su independencia, lo que supondrá la suspensión cautelar de la norma como ocurrió el jueves con la ley del referéndum.

Otros informes clave

  • Fitch. La valoración de Moody’s sigue a la hecha pública por Fitch el pasado viernes. Esta otra agencia aseguró que “ve poco verosímil” la independencia catalana, pero alertó de una escalada en las tensiones entre el Gobierno central y el Govern. Fitch afirmó que la normalización de las relaciones llevaría a una mejora del rating catalán que es de BB, dos escalones dentro del llamado bono basura o deuda de alto riesgo. También añadió que espera que el referéndum no altere la economía española.
  • DBRS. La agencia canadiense de calificación de riesgos DBRS también ha abordado el proceso independentista en los últimos días aseverando que la mejora de la economía y la reducción del desempleo han comenzado a restar apoyos a las fuerzas soberanistas. DBRS también asume que aunque el referéndum se llegue a celebrar carecerá de legitimidad.

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Referéndum 1-O: Cataluña no va a ser Irlanda: está más cerca de Italia | Compañías

En nombre de Dios y de las generaciones muertas de las cuales recibió su vieja tradición y nacionalidad…”. En la Semana Santa de 1916, en plena Primera Guerra Mundial, revolucionarios irlandeses declararon la independencia de Reino Unido y trataron de formar un Gobierno provisional en Dublín. El Ejército británico solo tardó cinco días en aplastar la insurrección, y poco más en ejecutar tras juicio sumarísimo a sus líderes. Pero el segundo intento, justo después de las elecciones generales del 18 de diciembre de 1918, sí dio efectos. 73 de los 105 diputados electos en Irlanda renunciaron a ocupar sus escaños en Westminster y crearon un Parlamento propio (el Dáil Éireann). El 21 de enero se refrendó, esta vez sí, la independencia de la isla. Lo que siguió fue una guerra con la entonces primera potencia del mundo (dos años y medio), después una guerra civil (un año más) y la partición de la isla (por la cual los condados de mayoría protestante permanecieron leales a Londres, y hasta hoy). 

A finales de los años sesenta se desató otra espiral de violencia (The Troubles) que causó más de 3.500 muertes entre el terrorismo del IRA y de los paramilitares unionistas y la acción de las fuerzas británicas (como el Bloody Sunday de 1972). Así pasaron tres décadas hasta la paz del Viernes Santo, el Easter otra vez, de 1998. Hubo coletazos del terror. El proceso aún es frágil. En el Norte ondean banderas distintas según el barrio. Se han ido quitando los muros entre vecindarios. Ahora preocupa que el brexit obligue a imponer controles en lo que es una frontera invisible entre las dos Irlandas. Se ve como un paso atrás en la reconciliación.

El independentismo de Cataluña cita mucho el ejemplo de Kosovo, una de las raras ocasiones en que la comunidad internacional aprobó una secesión sin gran base jurídica, pero legitimada en la solidaridad con un pueblo amenazado de genocidio. Y se mira en Escocia y Quebec, que celebraron referendos pactados (en los que, por cierto, el triunfo del no nunca es definitivo, porque se pueden repetir). Pero el nacionalismo catalán no suele referirse a la República de Irlanda, aunque hoy sea un próspero país integrado en la UE, porque su caso revela que las proclamaciones unilaterales de independencia las carga el diablo y pueden desembocar en conflictos tan cruentos como duraderos. No sería ilusionante, claro, anunciar un proceso como el del último siglo en Irlanda.

Afortunadamente, el procés está más cerca de otro episodio de la historia reciente mucho menos trágico, casi cómico. Ocurrió en Italia, que por el momento no se ha roto. El 15 de septiembre de 1996, en los muelles de Venecia, el líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, arrió la bandera tricolor de la República (“¡Pliéguese y mándese a Roma!”) y proclamó con solemnidad la independencia de Padania, la nación que incluiría a todas las regiones de la mitad norte de la península italiana, precisamente las más ricas. El lema: “Roma ladrona” (¿les suena a algo?).

Las primeras medidas del líder del imaginario Estado fueron dictar una Constitución transitoria, formar un Gobierno provisional (que presidía su mano derecha, Roberto Maroni), y lanzar una “oferta formal al Gobierno italiano de suscribir un tratado de separación”. Más inquietante, se anunció la formación de una Guardia Nacional Padana, en realidad los camisas verdes de la Liga Norte, milicia de siniestras reminiscencias fascistas.

En noviembre de 1997 se constituyó el autodenominado Parlamento padano, surgido de unas seudoelecciones convocadas por la Liga Norte. A la primera sesión, en el castillo de Chignolo Po, del siglo XII, acudieron invitados internacionales (entre ellos el PNV). Bossi sentenció que el proceso no tenía vuelta atrás.

Nadie se tomó en serio la prolongada bufonada de la Liga Norte, formación política rabiosamente xenófoba, insolidaria y antieuropea. Solo otros ultras, los de la Alianza Nacional, se contramanifestaban por la unidad de la patria y en busca de algún protagonismo.

Bossi, líder de la Liga Norte, hace un gesto ofensivo a la bandera italiana.
Bossi, líder de la Liga Norte, hace un gesto ofensivo a la bandera italiana.

Bossi se libró de ser juzgado por subversión separatista porque el Parlamento no permitió su procesamiento. Y es que se había aliado con Silvio Berlusconi. Cuando este ganó las elecciones de 2001, fue nombrado ministro para la Reforma Institucional. Pasó una década al lado de Il Cavaliere, hasta su aparatosa caída en 2011. Bossi no se salvó de otras condenas de los tribunales, una de ellas por ultraje a la bandera (“La uso para limpiarme el culo”, dijo textualmente), otra por insultar al jefe del Estado y la última, este mismo verano, de dos años de prisión por apropiarse de fondos de su partido. La Cámara padana reaparece cada cierto tiempo sin lograr eco alguno.

¿Creen que las empresas de la industriosa Milán, o de ese Turín que creció alrededor de la poderosa Fiat, prestaron atención al riesgo de secesión de un territorio que en teoría abarcaba sus sedes centrales? En absoluto. Es un cliché muy repetido que en Italia la economía va por un lado y la política por otro. Es así. El país ha mantenido una de las economías más dinámicas de Europa occidental sobreponiéndose a todo tipo de despropósitos políticos: una infinidad de Gobiernos inestables y multipartitos desde 1945 hasta el desmoronamiento del sistema por la corrupción (Targentópolis) en los noventa, luego las frivolidades de Berlusconi y sus extraños aliados, su relevo por los tecnócratas de Monti al borde del rescate, el fiasco del referéndum de Renzi. Ahora gana fuerza la posibilidad de que el populista Movimiento 5 Estrellas, que prometía un referéndum para salir del euro, sea el más votado en las próximas elecciones.

Al mundo económico italiano lo que le preocupa de verdad es el saneamiento de los bancos. Los negocios siguen en marcha en cualquier caso. En inglés se dice business as usual

Ninguna empresa se inmutó cuando Bossi proclamó la independencia de Padania

No hay un personaje tan estrambótico como Bossi en Cataluña, pero lo ocurrido esta semana en el Parlament ha tenido mucho de esperpento. Una mayoría justita de diputados, que no alcanzaría para reformas menores en el Estatut, tramita y aprueba a toda prisa dos leyes supremas, que se declaran por encima de cualquier otra norma. Sin informes previos, contra el criterio de sus juristas, sin la firma del secretario, sin apenas debate ni capacidad de presentar enmiendas. Y de inmediato se llama a un referéndum decisivo en tres semanas cuando no existe censo público e impugnable, ni junta electoral, ni garantías de ningún tipo. Se atropella así no ya la legislación española y la catalana, sino el derecho internacional. Este referéndum no pasaría la prueba de observadores externos como los que se envían a países mucho menos desarrollados.

La chapuza política y jurídica ha dejado en la más absoluta soledad a los promotores de la independencia exprés fuera de su parroquia más fiel. Ningún apoyo fuera de Cataluña (salvo Bildu y similares), mucho menos en el extranjero. Hasta la primera ministra independentista de Escocia se desmarca: ellos sí hacen esas cosas desde la legalidad. La UE advierte a Cataluña de forma expresa de que tras la secesión se quedarían fuera, aunque las nuevas leyes juegan a la ficción de que la flamante República seguirá dentro.

En el mundo económico esa soledad es evidente. Por prudencia, por no meterse en líos, por miedo a boicoteos de unos o de otros, casi ningún empresario quiere significarse a favor ni en contra del procés. Predomina el silencio o, cuando se dice algo en público, es para pedir diálogo. “Que resuelvan esto los políticos”, es la frase más escuchada. En privado, nadie, ni en las compañías ni en los mercados financieros, da crédito al procés. No se ha contemplado ni como remota la opción de que la independencia sea efectiva. Matizo: algunos ejecutivos sí están haciendo papeles de escenarios posibles, porque se lo piden desde las multinacionales. Incluso se han hecho planes sobre cómo reorganizar la actividad para aislar el negocio catalán del resto en una situación extrema. Los bancos, que tienen la necesidad imperiosa de operar desde dentro de la zona euro, estarían listos para mover su sede si se llegara a lo peor.

Pero no se llegará a lo peor. Saben que el insensato voluntarismo secesionista no vencerá al Estado con todo su poder. Se ve con incomodidad un escenario de alta tensión política, pero no se cree que en cuestión de semanas vaya a haber una frontera, una Hacienda catalana, menos aún un Ejército como el que dice Puigdemont que les hará falta (¿para defender su integridad territorial?).

No sería la primera vez que el mercado se equivocara en sus cálculos, pero hoy por hoy los pronósticos son unánimes. Si España de verdad estuviera a punto de la secesión de su comunidad más rica (18,9% del PIB), y fuera a perder por completo la recaudación fiscal que aporta, el Estado estaría a un paso de un ajuste brutal, si no de la suspensión de pagos. ¿Qué opinan de eso los inversores? Están tan tranquilos que compran títulos del Tesoro a tipos mínimos (1,5% a diez años) o incluso negativos (-0,3% a dos años), es decir, que pagan para que el Estado amenazado de ruptura inminente les guarde el dinero. Y no prestan un euro a Cataluña, pero más por insolvente que por rebelde.

“Si los inversores se lo creyeran [la independencia] estarían vendiendo España como locos y no es así”, nos dijo esta semana un gestor. Fitch tachó de “poco verosímil” la secesión, aunque le preocupa, a quién no, el conflicto político. Y apunta como solución una mejora de la financiación de Cataluña. No bastaría, pero ayudaría.

Otro indicador de la confianza empresarial en que no habrá ruptura es que se ha mantenido con vigor la inversión extranjera en Cataluña: más de 5.000 millones en 2016. Si hay otras inversiones paradas hasta que se aclare el panorama no se puede demostrar, aunque así lo cree la CEOE. La inyección desde las multinacionales no llegaría si se pensara que este mismo otoño Cataluña estará fuera no solo de España, sino de la UE. Nada espanta al capitalismo como la inseguridad jurídica.

Por suerte, Cataluña no va por el camino de Irlanda. No se prevé una escalada de violencia que no desea ninguna de las partes. Sin embargo, hay señales de grietas en la concordia social. Como esa campaña de la CUP cuyo lema despierta escalofríos: Assenyalem-los. Señalémoslos. A los “colaboracionistas” (así se les llama en el libro Perles catalanes) y a los “equidistantes” (gente como Jordi Évole). O como la utilización de la manifestación contra el terrorismo, tras los brutales atentados, para lucir las esteladas y abroncar a las autoridades del Estado. También daña mucho su causa la foto de esa diputada quitando con rabia las banderas españolas dejadas por la oposición, junto a las catalanas, en sus escaños vacíos.

Por pacíficas que sean las vías del secesionismo, dinamitar la legalidad que ha hecho posible la democracia, el autogobierno y la convivencia de que tanto se presume en Cataluña es irresponsable. Basta de jugar con fuego. La historia reciente nos da ejemplos trágicos.

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Las cuatro mentiras del independentismo a los empresarios | Compañías

Error de cálculo. La gran empresa -catalana, nacional y multinacional- despreció desde el primer día el desafío independentista puesto en marcha por media Cataluña contra la otra media. No llegará la sangre al río, no se atreverán a desafiar la ley, no hay riesgo de ruptura unilateral… Eso decían incluso los mejor informados hasta anteayer. Ahora que el anunciado choque de trenes tiene fecha y hora, y parece inevitable el encontronazo, el mundo económico empieza a prepararse para lo peor. Nadie espera, claro, que de verdad Cataluña vaya a convertirse en una República independiente, de España y de la UE, dos días después del referéndum. Resulta más previsible que el Estado intervenga para impedirlo, si hace falta invocando el temido artículo 155 (que no suspende la autonomía por completo). Quizás sea eso lo que en realidad han buscado los independentistas todo este tiempo: poder representar el victimismo ante el mundo entero.

Un enfrentamiento institucional llevado al límite tendrá impacto en el clima económico. Y sobre todo romperá la estabilidad que siempre buscan los negocios. Algunas compañías preparan planes de contingencia con mucha discreción por si la cosa llegara a mayores. Por ejemplo, estudiarían reordenar sus filiales para aislar el negocio en Cataluña del que tienen en el resto de España. La inversión de las multinacionales (con enorme peso en la comunidad: motor, químicas, alimentación…) no va a irse de repente, pero no entraría un euro más si se desborda la inseguridad política y jurídica. Casi nadie en el mundo empresarial va a levantar la voz porque se teme el boicot de unos u otros. Olvídense, claro, de la Agencia Europea del Medicamento, que no va a huir del brexit para meterse en el catalexit.

Una prueba rotunda del doble lenguaje figura en las presentaciones a los inversores internacionales que elabora la Consejería de Economía. En ellas, el equipo de Oriol Junqueras pasa de puntillas por la anunciada independencia y se incluyen en las previsiones el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta ¡2026! Eso lo escriben los mismos que anuncian la independencia para el 3 de octubre próximo. En la última actualización de esos papeles, apenas se ha añadido una mención a la posibilidad de “escenarios institucionales alternativos”. No sirve eso mucho a que mejore la calificación de bono basura (“el más bajo que hemos asignado nunca a nivel regional”, dice S&P, al nivel de Ruanda o Kenia) para la deuda de la arruinada comunidad.

Algunas compañías estudian reordenar filiales para aislar su negocio en Cataluña. No entraría un euro más en un escenario de inseguridad jurídica y política

El desengaño del mundo económico llega después de que hayan quedado en evidencia las muchas mentiras dichas sobre el procés. Los mensajes que venían del Gobierno catalán y de los partidos que lo apoyan han jugado al equívoco desde el primer momento hasta ahora mismo. Doble lenguaje: prometían una cosa a los suyos y otra a los contrarios. A los temerosos de la ruptura les decían: tranquilos. A los ansiosos de lconvea independencia les prometieron lograr en pocos meses lo que saben imposible. A ninguno dijeron la verdad.

Primera mentira: el objetivo era presionar por una negociación. Visto hoy parece un escenario muy lejano, pero cuando en 2015 se convocaron las elecciones anticipadas a las que Convergència y ERC acudirían en coalición (Junts per Sí), en muchos ámbitos catalanistas se defendía que el movimiento hacia la independencia perseguía en realidad ablandar al Estado y abrir una vía de negociación desde una posición de fuerza. Una negociación que podría obtener un pacto fiscal y el blindaje de competencias, y que podría requerir algún retoque en la Constitución que no pasara por el núcleo duro de la Carta Magna (la que obliga a disolver las Cámaras y convocar referéndum estatal). Incluso hubo personalidades relevantes (una de ellas fue Joan Rosell, otra era el ministro Margallo) que hicieron llegar a La Moncloa propuestas de reforma constitucional (vía disposiciones adicionales) que desbloquearan la situación creada por el recorte del Estatut por el Tribunal Constitucional. De la imposibilidad de un acuerdo mínimamente ambicioso son responsables todas las partes que deberían haberlo facilitado, lo que incluye al muy pasivo Gobierno de Rajoy, pero el primer lugar lo ocupan los que blandieron desde el principio la amenaza de ruptura. Hicieron difícil siquiera intentarlo. Es como si un cónyuge pretendiera ser seducido cuando ya ha tramitado el divorcio.

Segunda mentira: no habría ruptura de la legalidad. A los empresarios preocupados por la deriva independentista de Convergència-PDCat, de siempre un partido pequeñoburgués, y ERC, pragmática en los tres gobiernos tripartitos, estas fuerzas intentaban tranquilizarles señalando que en ningún momento se plantearía una situación de inseguridad jurídica. El poder creciente de la CUP, hija de la tradición anarquista, y las declaraciones desafiantes del Govern fueron desmintiendo esa garantía. Por si cabía alguna duda, la chapucera ley de independencia exprés anunciada ahora deshace toda esperanza: al declararse norma “suprema” supone un golpe de muerte al Estado de derecho. Se aprobaría sin debate parlamentario, sin la mayoría reforzada que exigirían cambios menores en el Estatut, y pretendería validarse con un seudoreferéndum, como el del 9N de 2014, en el que se sabe que solo irían a votar los del “sí”, así que está ganado de antemano por muy baja que fuera la participación. Luego vendría la incautación de los bienes del Estado (puertos y aeropuertos también), la conversión de los tribunales en burdos títeres del Ejecutivo de la República y la redacción de una Constitución por un foro social que mandaría sobre el Parlament. Las alusiones al paraguas de la legalidad internacional no resisten un análisis serio: la misma Carta de Naciones Unidas a la que se agarran en defensa de la autodeterminación de los pueblos (“el primer derecho”, llegan a decir) defiende la integridad territorial de los Estados y la no intervención en sus asuntos internos.

Tercera mentira: no habrá declaración unilateral de independencia. Después de las elecciones autonómicas que dieron una insuficiente mayoría a Junts per Sí, el independentismo entendió que había ganado las elecciones, pero había perdido el plebiscito, al no lograr mayoría del voto popular. Que, por tanto, una declaración de independencia a las bravas no era viable. Hasta la CUP lo admitió así. Pero luego, cuando empezó a verse claro que el Gobierno catalán se plegaba a la vía de desobediencia del grupo antisistema, y cundió la inquietud entre el empresariado, los mensajes desde el palacio de la plaza de Sant Jaume seguían siendo tranquilizadores. El objetivo no era proclamar la independencia sino solo que pudiera celebrarse el referéndum. Ahora la declaración está puesta por escrito y tiene un plazo inflexible: 48 horas después del 1 de octubre.

Cuarta mentira: con Junqueras sí nos podremos entender. Fuera calculado o más bien producto de su rivalidad, el reparto de papeles entre el president Puigdemont y el vicepresident Junqueras ha llegado a engañar al Gobierno de la nación. Rotos todos los puentes entre La Moncloa y Puigdemont, Junqueras ofrecía su cara más amable ante el Gobierno central, con el que ha alcanzado importantes acuerdos financieros (por los que el FLA rescató a la Generalitat de la suspensión de pagos). Para colmo, el de ERC presumía en Madrid de su eficacia y ortodoxia como gestor. El Ejecutivo inició entonces la operación diálogo, encargando a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que mantuviera una interlocución fluida con el vicepresident. Se extendió en el Madrid político y financiero la idea de que una vez que Puigdemont se estrelle y Junqueras alcance la presidencia, sería posible una gestión del conflicto más razonable. Un argumento muy oído: “Como Junqueras ha sido independentista siempre, no como los de Convergència, no tiene que demostrar nada”.

De acuerdo con este relato, abortado el referéndum, y tras nuevas elecciones, Junqueras tomaría las riendas y daría un giro en sus prioridades desde el referéndum (sin renunciar a él) hacia la agenda social, tal vez de la mano de los comuns de Ada Colau e incluso del PSC. Quienes se han creído esto no saben hasta qué punto están movilizados la cúpula, los cuadros y las bases de ERC con el procés. Lo único cierto es que Junqueras (si consigue esquivar la inhabilitación, y parece cuidadoso con lo que firma) está llamado a jugar el papel más relevante en la Cataluña que salga del choque de trenes. Es decir, que le tocará gestionar la frustración.

Ojalá esta cuarta mentira no lo sea tanto y a partir del 2 de octubre se abra una puerta a las soluciones pactadas viables. Que son las que, aun exigiendo renuncias, pueden ser asumibles por la otra parte. Se puede pedir la luna, pero nunca prometer que será tuya.

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