Cataluña: Fitch y Moody’s prevén un impacto limitado de la independencia en el rating de las grandes empresas | Mercados

Fitch Y Moody’s, dos de las tres mayores grandes agencias de rating, han asegurado este que la “poco probable” independencia de Cataluña supondría “un riesgo limitado” para la calificación de las empresas no financieras que evalúan. Fitch afirma que la diversificación geográfica y el probable deseo político de mantener los servicios clave limitarían el impacto de la ruptura. Por su parte, Moody’s asegura que las entidades catalanas sufrirían un impacto negativo si desciende la calificación de Cataluña tras la hipotética secesión. 

Según Moody’s, una “poco probable” independencia catalana haría que la región pasase de una calificación Ba3 con perspectiva negativa, que tiene en la actualidad, a una Caa1. Esto significa que las entidades de la región pasarían de estar alojadas en un territorio con grado de inversión a uno especulativo y eso influiría en su propia calificación. 

Aunque las primeras estimaciones de la agencia se alejan de la alarma, Moddy’s cree que el deterioro de la solvencia soberana afectaría a los bancos españoles, aseguradoras, corporaciones no financieras y al sector dedicado a las infraestructuras, como Aena (Baa1) o Adif (Baa3). También a las entidades de servicio público catalanas que tienen la misma calificación que España o superior. Es el caso, por ejemplo, de Aigues de Barcelona, posicionada en un Baa1. Incluso si las empresas con sede en Cataluña se trasladan a otros territorios, se enfrentarían a implicaciones negativas si mantienen exposición a la región. 

Los analistas de Fitch creen que la mayoría de las compañías están bien distribuidas por el territorio nacional, y que esto limitaría el impacto de la caída de los ingresos en Cataluña. La agencia no ve probable que se pierda el acceso al público catalán, pero considera que los ingresos podrían verse afectados si Cataluña sale de la Eurozona. 

Además, afirma Fitch, gran parte de estas empresas están diversificadas en el extranjero, lo que amortiguaría el golpe si la secesión afecta al resto de España. Es el caso de Telefónica, Iberdrola, OHL o Ferrovial, entre otras. 

Gas Natural y Cellnex también cuentan con importantes operativos internacionales, pero están más expuestas porque sus sedes están en Barcelona. Otras empresas que tienen importantes activos en Cataluña son Repsol, que controla una refinería en la región, Enagas; Red Eléctrica de España, que posee las redes de transmisión eléctrica, y Endesa, propietaria de la mayor parte de la red de distribución. 

Fitch añade que la posición de las compañías tras la secesión, si llega a ocurrir, dependerá de diversos factores: la disposición monetaria catalana, el nivel de cooperación entre España y Cataluña y la continuidad o no de la regulación en la región. Esto último afectaría especialmente a las empresas de servicio público muy reguladas.

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Desafío independentista: Así son los tres cruceros en los que nadie robará ni los champús | Mercados

Cómo alojar a 5.000 personas durante dos semanas en una ciudad con la ocupación turística más alta del país, con un presupuesto limitado y sin mucha antelación. Ante este problema se encontró el Ministerio del Interior cuando decidió trasladar a más de 5.000 operativos de las fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña por la ofensiva independentista del uno de octubre. Y la solución llegó por mar desde Italia: Tres buques híbridos entre cruceros y ferris que ya están amarrados en puertos catalanes.

Se desconoce el coste de este despliegue, ya que ni las compañías italianas que han facilitado las embarcaciones al Gobierno ni Interior han querido dar datos al respecto. Otras navieras consultadas desconocen las tarifas que se pueden aplicar ya que no ofrecen un servicio de “alquiler”.

Eso sí, el ministerio puede evitar pagar los costes de amarre ya que bajo el artículo 171 de la ley de Puertos, los buques de Estado están exentos del pago de tasas. Aunque estos buques estén bajo bandera privada italiana, al ser requeridos para un uso oficial pueden acogerse a esta regla. Esta exención permitiría a Interior ahorrarse alrededor de 37.000 euros en gastos de amarre, practicaje o de recepción de residuos.

Hasta el cinco de octubre estos cruceros serán el hogar de 5.000 policías divididos en alrededor de 1.500 camarotes en tres embarcaciones en las que pasarán la noche y comerán: el GNVRhapsody, el GNV Azurra y el Moby Dada. Las tres embarcaciones pertenecen a dos compañías italianas, Grandi Naviere Veloci y Moby. 

El Rhapsody es el más nuevo de todos y el que más comodidades tiene. Se construyó en 1996y puede albergar a 2.448 pasajeros. También es el más grande, con 161 metros de eslora (largo) , 38 de manga (ancho) y 38.000 toneladas de peso. En el Rhapsody hay una piscina, un restaurante, una sala infantil, sala de lectura, sala de juegos, centro comercial y hasta una capilla. 

No está claro si los huéspedes temporales podrán hacer uso de todas las instalaciones ya que las directrices dependen del Ministerio del Interior, que no se ha pronunciado sobre el tema.
El GNV Azurra baja un escalafón en cuanto a extras se refiere. No cuenta con piscina, sala de juegos ni sala de lectura, por ejemplo. Fue construido en 1980 y es 8 metros más largo que el Rhapsody, pero 14 más estrecho. En él podrán alojarse hasta 2.180 policías distribuidos en 518 camarotes.

El último, y el que más sorna ha levantado entre los internautas y curiosos en los últimos los días, es el Moby Dada. Un buque de 34.000 toneladas, en el que caben 1648 personas, adornado con los personajes de los Looney Tunes de la Warner. Piolín, Silvestre y el Demonio de Tasmania lucen en la “fachada” de la improvisada morada de los miembros de la policía nacional desplazados. El Rhpasody y el Moby están amarrados en el puerto de Barcelona, y el Azurra en Tarragona.

Con la llegada de las embarcaciones a Cataluña comenzó la polémica. Los estibadores se negaron a prestar servicios a los buques, cuando en un principio este gremio no opera en cruceros. Entre el personal del puerto de Barcelona hay ideas de todos los gustos, según un trabajador del mismo, que hace hincapié en que el ambiente que se vive es festivo a pesar de las diferencias.

Más policías para el 1-O

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, confirmó este viernes que el Ministerio enviará más operativos para hacer frente al desafío independentista por las “movilizaciones tumultuarias que se están produciendo”.  

Los efectivos desplazados cumplirán labores de “vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden y actuarán si se mantuviera el referéndum ilegal”, declaró Zoido.
Los policías cobrarán entre 40 y 110 euros por día en dietas. Los que pernocten en hoteles recibirán 80 euros, los que hagan lo propio en cuarteles, 110, y 95 será la cantidad asignada para los que sean acomodados en los buques. Los que ya estén destinados en Cataluña cobrarán 40 euros.

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Referéndum Cataluña: ¿Qué puede hacer el empleado público local ante el 1-O? | Mercados

De manera semejante a la metafísica aristotélica, la potencia de aprobar el marco normativo por el que se habría de regir la conversión de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la forma de Estado de una república independiente del Estado español se ha materializado. La potencia ha evolucionado en acto. Y han sido principalmente dos, a saber: la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación de Cataluña, en conjunción con los Decretos 139/2017 y 140/2017, de convocatoria del referéndum y de normas complementarias para su realización, ambos publicados y con entrada en vigor el 7 de septiembre; y la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, con entrada en vigor el mismo día.

Todas las disposiciones legales anteriormente citadas han sido impugnadas por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional. El pleno de este ha ordenado la suspensión inmediata de la eficacia normativa de la ley de referéndum, y el “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.”

El Consejo de Estado, en su dictamen de 8 de septiembre de 2017, a propósito del recurso contra la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, por unanimidad declara la inconstitucionalidad, en bloque, de la citada ley, ya que “ la contravención, además de evidente y frontal, es absoluta y exhaustiva”.
Es evidente que para que pueda llevarse a cabo el referéndum, el Gobierno catalán necesita el apoyo de la Administración pública local. En este sentido, es necesario advertir de que, en cómputo global, de los 947 ayuntamientos que hay en Cataluña, 715 tienen alcaldes del PDeCat, Esquerra o la CUP, lo que significa que gran parte de la clase política de las entidades locales apoya el independentismo.

Frente a esta situación: ¿qué puede hacer el empleado publico de dichos ayuntamientos? ¿Cómo debe proceder ante órdenes dictadas en base a las normas legales citadas? ¿Puede abstenerse o debe actuar conforme a la instrucción dada? ¿Cuáles son sus derechos y deberes?

En primer lugar, con independencia de los regulado en el artículo 144 del Texto Refundido de Régimen Local, que solo menciona al funcionario público, nuestra legislación básica sobre función publica local, representada principalmente por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, viene a regular una serie de principios y de pautas de actuación que afectan a todos los empleados públicos locales, es decir, al personal funcionario, interino, laboral y eventual.

Estos principios (éticos y de actuación) se hallan regulados a partir del artículo 52 del mismo cuerpo legal y conforma lo que ha venido a llamarse código de conducta.

Pues bien, podemos resumir que todo empleado público local deberá respetar la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico; su actuación deberá estar orientada hacia la satisfacción de los intereses generales, procediendo con objetividad e imparcialidad sin que en ellas puedan interferir intereses personales, familiares, corporativos, clientelares o de cualquier otro tipo.

Teniendo en cuenta que las normas catalanas ya han sido suspendidas en cuanto a su eficacia, y han sido declaradas por órganos consultivos estatales como “expresamente inconstitucionales”, se puede afirmar sin temor a equivocarse que una orden política dada para llevar a cabo el referéndum es una orden “manifiestamente ilegal”.

Ante estas situaciones, y como regla de actuación específica, el artículo 53.4 de la norma citada anteriormente ordena que los empleados públicos locales “obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la normativa especifica local, así como la especial organización de nuestros ayuntamientos, ante órdenes o instrucciones políticas de esa naturaleza dirigidas a los empleados públicos locales se podrá proceder de la siguiente forma: a) poniendo en conocimiento, motivado y por escrito, al superior jerárquico las razones de no dar cumplimiento a la orden dada y de los deberes que ha de cumplir todo empleado público en el ejercicio de sus funciones; b) si se trata de secretarios o interventores, deberán informar por escrito a alcaldes o concejales de las ilegalidades manifiestas de las que adolece el expediente administrativo; incluso, se podrán abstener de tramitar el propio expediente o de realizar la retención de crédito correspondiente, si la actuación comportara un gasto; c) si la actuación constituye un hecho delictivo, estarían obligados a ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal tan pronto como tuvieran conocimiento de dicha actuación ilícita; d) cualquier presión, amenaza o coacción que recibieran constituiría un delito cualificado (leve, menos grave o grave) tipificado en el Código Penal, que podría dar lugar a las correspondientes responsabilidades penales de sus autores.

En este impasse constitucional y legal, el empleado público local no está solo, le acompaña en su hacer toda la fuerza y las garantías del Estado de derecho.

Marcos Peña Molina es jefe del servicio de asesoría jurídica del
Ayuntamiento de Camas, letrado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo Olavide

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Referéndum: Moody’s alerta del impacto negativo del ‘procés’ en la solvencia de España y Cataluña | Mercados

Cataluña celebró este lunes su día grande, la Diada, con una manifestación de decenas de miles de personas que desde hace un lustro se ha convertido en demostración de fuerza de los partidarios de la independencia. En la recta final para el pretendido referéndum del 1 de Octubre, la vía soberanista recibió un nuevo mazazo de los analistas del mercado, en este caso de los de la agencia de calificación de riesgos Moody´s, que se suma a los de los últimos días.

La firma expuso este lunes que a pesar de las tensiones cada vez más acentuadas entre el Gobierno central y regional, confía en que la secesión no tenga lugar. Más allá, Moody´s advierte que el proceso independentista catalán afecta negativamente a la solvencia de España y Cataluña. Para la agencia, una solución duradera del conflicto pasaría por otorgar a Cataluña más independencia fiscal y por llevar a cabo una reforma del sistema de financiación, dentro del marco legal constitucional.

A la hora de analizar el escenario, Moody´s recuerda que con la independencia catalana, España perdería una región con un PIB per cápita por encima de la media, en la que vive el 16% de la población del país. Esto supondría un recorte en el PIB del 19% que debilitaría la fortaleza económica del Estado.

También tendría efectos negativos en la economía catalana: desde el 2012 la Generalitat ha recibido 68.000 millones de las arcas del Estado, sobre todo a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que constituye alrededor del 70% de la deuda total de la comunidad. “La calidad crediticia de la región podría verse afectada negativamente si las tensiones políticas se intensificaban aún más, provocando dudas sobre la voluntad del gobierno central de proporcionar apoyo a través de la FLA”, explica Moody’s.

Las expectativas de la agencia no contemplan la secesión debido a “la oposición firme del Gobierno central”, a “los instrumentos legales” al alcance del Estado para frenar el desafío y a que las encuestas mostrarían más apoyo popular al “no”. Incluso si el referéndum acaba celebrándose y arrojara más votos independentistas, Moody’s cree que “la falta de base legal y la ausencia de una cuota de participación mínima” pondrían en tela de juicio la legitimidad de la consulta y el resultado.

En todo caso, la relación política entre el Gobierno central español y las autoridades catalanas se mantendrá muy tensa, vaticina. Para la agencia, esto podría complicar los esfuerzos para llegar a un compromiso que responda al deseo de muchos catalanes de una mayor autonomía fiscal. Sin embargo, Moody’s cree que las presiones independentistas podrían derivar en una mayor descentralización regional.

La valoración de Moody’s sigue a otras similares emitidas en los últimos días por otras agencias de calificación crediticia como Fitch o DBRS.

“El 1-O será un tsunami democrático que no podrá pararlo absolutamente nadie. La reacción que tenga el Estado nos da igual. Esto no lo para nadie, porque es pacífico, democrático y hay una determinación absoluta”, declaró este lunes el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, obviando las valoraciones de los analistas.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que el pasado viernes advirtió que no pondría en riesgo a los funcionarios apoyando una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, matizó este lunes que hará “todo lo posible” para que los barceloneses puedan votar siempre que no se ponga en peligro la “seguridad de la institución y de los trabajadores” municipales.

De otra parte, el independentismo recibirá otro varapalo judicial previsiblemente este martes cuando el Constitucional aborde la Ley de Transitoriedad, que fija el marco legal de la región desde la consulta hasta la eventual consumación de su independencia, lo que supondrá la suspensión cautelar de la norma como ocurrió el jueves con la ley del referéndum.

Otros informes clave

  • Fitch. La valoración de Moody’s sigue a la hecha pública por Fitch el pasado viernes. Esta otra agencia aseguró que “ve poco verosímil” la independencia catalana, pero alertó de una escalada en las tensiones entre el Gobierno central y el Govern. Fitch afirmó que la normalización de las relaciones llevaría a una mejora del rating catalán que es de BB, dos escalones dentro del llamado bono basura o deuda de alto riesgo. También añadió que espera que el referéndum no altere la economía española.
  • DBRS. La agencia canadiense de calificación de riesgos DBRS también ha abordado el proceso independentista en los últimos días aseverando que la mejora de la economía y la reducción del desempleo han comenzado a restar apoyos a las fuerzas soberanistas. DBRS también asume que aunque el referéndum se llegue a celebrar carecerá de legitimidad.

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Referéndum Cataluña: Guía legal para moverse en el desafío independentista | Legal

Los acontecimientos vividos en los últimos días en el Parlamento de Cataluña y la convocatoria del referéndum ilegal plantean toda una serie de interrogantes legales. Surgen dudas sobre la seguridad jurídica para las empresas que puedan participar de alguna manera en el proceso –como el caso de la imprenta que se encargue de elaborar las papeletas-, así como sobre la responsabilidad de los funcionarios que incumplan la ley, el papel de los ayuntamientos o la elaboración de un censo electoral. Ofrecemos respuesta a alguna de estas cuestiones clave.

¿Qué medidas legales tiene el Gobierno en sus manos?, ¿hasta dónde puede llegar el Estado?

El Gobierno de España ha dado ya toda una serie de pasos para lograr frenar el desafío independentista, con diversas acciones ante el Tribunal Constitucional. Según explica Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, en función de cómo transcurran los acontecimientos a partir de ahora, el Gobierno puede activar otros instrumentos ordinarios, que residen en medidas administrativas y sanciones penales. Esta experta señala que se podría instar la declaración de un estado de excepción o sitio o recurrir a las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional por las que el presidente del Gobierno, mediante la declaración de situación de interés para la seguridad nacional, puede tomar el control directo de órganos y servicios si se dan las circunstancias habilitantes para ello (se tendría que aprobar un decreto que detallara las medidas). También podría el Gobierno instar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que precisa la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, para conseguir que determinadas competencias o atribuciones dejen de ser ejercitadas por las autoridades de la comunidad autónoma y pasen a serlo directamente por las autoridades centrales o que se establezcan mecanismos para que las autoridades autonómicas cumplan forzosamente con la legalidad.

¿Qué puede pasarle a los altos cargos que incumplan la ley?

Las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional incluyen el apercibimiento personal a una serie de autoridades o personas involucradas en el proceso, con una advertencia específica sobre las eventuales responsabilidades penales en las que podrían incurrir en caso de incumplimiento. Según explica Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, el apercibimiento personal es un elemento esencial para constituir después un delito de desobediencia grave. Además, este experto recuerda que los Decretos y la Resolución del Parlamento, los actos o acuerdos contrarios podrán ser considerados un delito de prevaricación y aquellos que supongan una detracción presupuestaria serán consideradas asimismo ilegales y podrán constituir un delito de malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal), cuya pena se eleva hasta los 8 años de prisión si la cantidad malversada supera los 50.000 euros, algo nada difícil dada la envergadura del referéndum.

¿Qué responsabilidad se puede exigir a los funcionarios que colaboren con el proceso?

Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a cumplir con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. Así lo establece con carácter general el art. 53 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y así lo específica, para los funcionarios de la Administración de la Generalidad, el artículo 108 del Texto refundido de los preceptos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública. En este sentido, Blanca Lozano, catedrática de Derecho Administrativo en Cunef y magistrada ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, advierte de que el incumplimiento de este deber está tipificado como una falta muy grave que puede conllevar la sanción máxima de separación de servicio. Según Lozano, están obligados a desacatar una orden ilegal, como lo sería cualquier orden o instrucción dirigida a incumplir lo establecido de forma pública y notoria por el Tribunal Constitucional.

¿Cómo deben actuar los Mossos d’Esquadra?

El papel que juegan los Mossos d’Esquadra es clave. Sobre este colectivo, Blanca Lozano recuerda que tanto las disposiciones generales de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aplicables a los cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas, como la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña reguladora de este cuerpo de Policía (Ley 10/1994, de 11 de julio), preceptúan que deben cumplir y hacer cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente. Desde el momento en que el TC ha suspendido la ley y los decretos de convocatoria del referéndum soberanista, cualquier orden o instrucción dirigida a apoyar dicha consulta sería manifiestamente ilegal y los Mossos d’Esquadra estarían obligados a no cumplirla en defensa de la legalidad constitucional. De lo contrario, esta experta entiende que incurrirían en los delitos contra la Constitución, de prevaricación y de sedición previstos en el Código Penal y, además, en una falta muy grave de incumplimiento a la Constitución en el ejercicio de las funciones prevista en la Ley catalana reguladora de este Cuerpo de Policía (artículo 68.1.a). Por otra parte, Lozano subraya que hay que tener en cuenta que los Mossos d’Esquadra adscritos a unidades de policía judicial dependen funcionalmente de los jueces y tribunales de lo penal y del ministerio fiscal y deben cumplir los mandatos judiciales. En caso de no hacerlo, incurrirían en el delito agravado de denegación del auxilio debido a la Administración de Justicia por las fuerzas públicas que prevé el Código Penal y, además, se les instruiría un expediente disciplinario a instancia del propio órgano judicial.

¿Qué opciones tienen los ayuntamientos?

Las entidades locales juegan un papel clave en la organización del referéndum. El presidente de la Generalidad, Carlos Puigdemont, envió una carta el pasado jueves a los alcaldes de los 948 municipios catalanes animándoles a participar en el proceso y dándoles 48 horas para dar una respuesta. Al cierre de esta edición, más del 60% ya habían accedido. En este sentido, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha señalado que “de ningún modo, los ayuntamientos pueden colocar urnas bajo un mandato ilegítimo”. No hay que perder de vista que la advertencia de la providencia dictada por el TC sobre las posibles responsabilidades penales a las que se enfrentan las autoridades involucradas alcanza a los alcaldes de la comunidad autónoma catalana.

¿Qué le pasará a quienes sean llamados a formar parte de una mesa electoral?

Las eventuales responsabilidades de actores secundarios que participen en el proceso parece más discutible que la de funcionarios públicos. Así lo entiende Nicolás García Rivas al señalar que aquellos a los que el Decreto catalán obligue a formar parte de las mesas electorales “no estarán jurídicamente obligados a asistir porque el Decreto ha sido suspendido, pero tampoco podrían ser considerados reos de un delito de desobediencia porque no habrán sido apercibidos personalmente de la ilegalidad de su actuación”. En estos casos, la posible comisión de otros delitos exigiría un análisis más detallado. Por otra parte, este experto apunta que aquellos que asistan a las mesas por temor a las eventuales represalias de las autoridades catalanas podrán invocar una eximente de miedo insuperable (artículo 20.6 del Código Penal).

¿Qué puede pasarle a las empresas que colaboren en el referéndum?

Al margen de esos casos, las empresas colaboradoras en la organización del referéndum (transportistas, imprentas, etc.), al no haber sido directamente apercibidas, no incurrirían en un delito de desobediencia, “aunque sí podrían ser consideradas partícipes de un delito de malversación de caudales públicos porque su condición de particulares no impide que, una vez conocida la ilegalidad de la actuación y la responsabilidad penal en que pueden incurrir quienes les encargan el transporte de urnas o la impresión de papeletas, deciden participar en una acción delictiva a conciencia”. Así lo subraya García Rivas, quien añade que “si actuasen por temor a represalias y ese temor no tuviera una motivación meramente económica, cabría alguna atenuación o exención de pena, en su caso”.

¿En qué situación quedarían los ciudadanos de Cataluña en caso de independencia?

Según Teresa Freixes, llegado el hipotético caso (cosa que duda), la denominada Ley fundacional de la República y de transitoriedad prevé la atribución automática de la nacionalidad catalana a los ciudadanos españoles residentes en Cataluña, los cuales mantendrían la nacionalidad española. En este sentido, considera que “olvidan que ningún Estado puede atribuir unilateralmente la doble nacionalidad con ningún otro”. Freixes señala que defienden esta posición basándose en la regulación de la Constitución Española que establece que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, pero, según explica la catedrática, “no es que se les prive, es que, según el Código Civil, la nacionalidad española se pierde cuando se adopta voluntariamente otra atribuida por un Estado con el que no se haya firmado un tratado de aceptación de la doble nacionalidad y, para no perderla, hay que manifestar la voluntad de conservarla, dentro del plazo de tres años, ante el encargado del Registro Civil”.

¿Y cuáles serían los efectos para esos ciudadanos en relación con la Unión Europea?

Tampoco sería fácil dar el paso a nivel internacional. Teresa Freixes recuerda que la secesión de parte de un territorio de un Estado miembro de la UE deriva en que este nuevo Estado queda automáticamente excluido de la Unión. Cataluña quedaría en la situación propia de un tercer estado y sus nacionales perderían la ciudadanía europea y los derechos que ésta les proporciona. El propio presidente del Parlamento Europeo se ha pronunciado señalando, además, que una violación de la Constitución de un Estado miembro constituye al mismo tiempo una violación del Derecho de la Unión.

Mientras tanto, ¿a quién deben pagar impuestos los catalanes?

La llamada Hacienda catalana se ha convertido en el último pulso entre las fuerzas del independentismo catalán y el Gobierno de España en la cuenta atrás hacia el referéndum. Según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la Agencia Tributaria catalana necesitaría más de 4.000 nuevos efectivos para asumir las competencias estatales. Sobre este tema, José Luis Groba, presidente de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), explica a este diario que “la presentación de la declaración del impuesto junto con su correspondiente pago a la Agencia Tributaria Catalana no produce ningún efecto liberador sobre las obligaciones tributarias del contribuyente”. Y añade que “hasta que la declaración no sea presentada en la sede de la AEAT ( en este caso habría que arbitrar un acuerdo de colaboración entre la Agencia Tributaria Catalana y la AEAT) y el importe pagado no sea ingresado en el Banco de España (aquí habría menos problemas ya que aunque lo ignore el propio contribuyente el pago lo puede hacer un tercero ), el contribuyente será considerado un No Declarante y un deudor a la Hacienda Púbica, con todas las consecuencias que ello pudiera suponer tanto a nivel administrativo como en el ámbito penal”.

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