Soria calienta pisos, hoteles, hospitales y colegios con biomasa | Compañías

Soria quiere ser la primera ciudad española con carbono cero. Desde 2015, las calderas de gas o gasóleo están siendo sustituidas por otras de energía renovable para el suministro de agua caliente y calefacción. Un proyecto de 14 millones de euros, con la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha desembolsado cuatro millones través de su sociedad gestora de capital riesgo Axis, y la barcelonesa Suma Capital.

La red de calor de Soria, como se ha denominado a la iniciativa que gestiona y comercializa la compañía soriana Rebi, perteneciente al grupo Amatex Bie, cuenta ya con 8.000 clientes tras la finalización de su primera etapa, en el noreste de la capital. E incluye desde comunidades de propietarios –principalmente– hasta hoteles, hospitales, colegios, piscinas, residencias de ancianos y organismos públicos, señala Virginia Borondo, técnica de la compañía.

La central de biomasa para uso térmico –con una potencia de 18 megavatios– consume 16.000 toneladas de materia forestal al año, que generan 45 millones de kilovatios hora anuales. Una producción de energía limpia que evita 16.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, según la compañía, con 50 empleados. “Ayudamos a recuperar el monte y a mantenerlo limpio”, ha declarado Alberto Gómez, su consejero delegado.

La iniciativa cuenta con el apoyo del ICO, a través de su sociedad gestora de capital riesgo Axis, y Suma Capital

La red es un circuito cerrado de agua caliente subterráneo de 28 km, explica Borondo. “La materia forestal se coloca en la central, con tres calderas de biomasa de seis megavatios cada una, tras su cribado y filtrado. Esto evita que alguna rama atasque el sistema”, añade.

El agua se calienta con el calor generado en el proceso de combustión y luego se bombea por las tuberías a la ciudad, prosigue. En cada inmueble, la compañía instala una subestación de intercambio, que independiza el agua de su circuito de la del edificio. “Garantizamos un ahorro de entre el 10% y el 25%, según la tarifa elegida; solo se factura la electricidad consumida gracias a unos contadores que miden la energía cedida a la vivienda”, asegura. Los contratos, por lo general, son a 10 o 15 años.

Segunda etapa

Rebi amplía hoy sus servicios al centro y sur de Soria, con lo que espera elevar el número de usuarios a 16.000. Para atender a esta mayor demanda, la firma ha incorporado nuevos equipos (acumulador de inercia) para el almacenamiento de la energía térmica y un sistema de rebombeo de agua. “Vimos en Europa que esto mejora la eficiencia, en vez de instalar otro equipo de combustión”, comenta Borondo.

El de Soria no es el único proyecto. El grupo comenzó a explorar este negocio en 2009, al ver el potencial forestal de Castilla y León y la concentración de edificios con calderas de combustibles fósiles en una provincia con inviernos muy fríos.

Beneficios sociales

Objetivo. La red de calor de Soria, que gestiona la empresa Rebi, quiere ser una referencia de modelo urbano energético sostenible en Europa. Y un ejemplo de desarrollo económico en una zona despoblada y con una tasa de paro del 12,4%.

Empleo. Rebi crea en Soria unos 180-200 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Además, dicen que el 100% del coste de la biomasa se genera y consume en España, lo que evita déficit comercial.

Así, su primera red surgió en el municipio soriano de Ólvega, operativa desde 2012, o en la Universidad de Valladolid. Ahora acaba de aterrizar en Aranda de Duero (Burgos), tras un acuerdo con el consistorio arandino para abastecer 3.000 viviendas y entidades públicas, con ocho millones de inversión.

Las obras se iniciarán en octubre y operará en dos años, prevén. Los planes de la empresa se extienden también a Guadalajara (Castilla-La Mancha), en tramitación de licencias. Rebi cree, sin embargo, que no podrá llegar a toda Soria, porque hay edificios sin calefacción o que necesitan rehabilitación.

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Cataluña: una economía fuerte en medio del caos político | Compañías

El conflicto entre la Administración central y la catalana no ha minado el ánimo de los inversores extranjeros. La prima de riesgo de la deuda española permanece estable (en los nueves meses que han transcurrido apenas ha sufrido cambios, ya que empezó en 109 puntos básicos y el viernes cotizaba en el entorno de los 117 puntos) y la llegada de capital extranjero ha seguido aumentando a buen ritmo, incluso en Cataluña, lo que refleja que la confianza en la economía española persiste, pese a que las disputas entre ambas partes se han recrudecido en los últimos meses. Sin embargo, la cercanía del referéndum para que los ciudadanos catalanes voten si quieren independizarse de España ha provocado la reacción política, en primer lugar, y la de los empresarios, en segundo, alertando sobre los riesgos de la convocatoria de una consulta y de una futurible independencia. Esas advertencias pueden provocar un efecto no deseado en los mercados, con una escalada de la desconfianza y de la prima de riesgo, que por ahora los analistas descartan, al menos en el corto plazo.

Está mucho menos claro cómo el apoyo a la independencia evolucionará a medio plazo. Ese camino dependería en gran medida de las políticas y respuestas de ambas partes. Podría haber desencadenantes que hicieran que el camino a corto plazo no fuera lineal, lo que podría conducir a una escalada mayor:una chispa de violencia; una respuesta desproporcionada por cualquiera de las partes; o quizás la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central para retirar las competencias autonómicas a Cataluña”, resalta un informe del banco británico Barclays sobre Cataluña.

Otro informe de Goldman Sachs recalca que la celebración de un referéndum tiene un apoyo mayoritario de la población, pero que eso no significa que quieran más independencia, sino que están a favor de una mayor autonomía del Estado central y a recibir un mejor trato fiscal. “En nuestra opinión, la celebración de un referéndum es una oportunidad de Cataluña para recordar al Gobierno de Madrid las demandas de la región sobre mayor autonomía. Esa es la parte de donde viene la fuerza de Cataluña, no de sus reivindicaciones de independencia”, apuntó.

El Gobierno central le ha prestado 68.458 millones desde 2013, el 30% del rescate autonómico

A falta de dos semanas para la celebración del referéndum, la fotografía de la economía catalana refleja una fortaleza que contrasta con el caos político que se vive, con un parlamento fracturado entre los que apoyan y rechazan la independencia y un gobierno autonómico que ha cortado las líneas de comunicación con Hacienda.

Comunidades autónomas

El PIB de Cataluña ha crecido dos ejercicios consecutivos rozando el 4%, por encima de la media nacional, y la tasa de paro se ha mantenido por debajo de la marcada por España durante toda la crisis. El último dato correspondiente a la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre corrobora una tendencia visible desde 2011: la tasa de paro en España fue del 17,22% de la población activa y la de Cataluña fue del 13,20%, cuatro puntos por debajo. La mayoría de empresas no ha huido de la comunidad autónoma, sino que ha redoblado su apuesta por seguir creciendo en Cataluña. El ejemplo más claro es la multinacional Amazon, que a principios de septiembre confirmó que tendrá un centro de I+D en Barcelona, que se sumaba al nuevo centro logístico anunciado en abril. La cadena hotelera B&B anunció también a principios de septiembre una inversión de siete millones de euros para duplicar las camas del establecimiento que tiene en Viladecans, que en 2018 tendrá 216 habitaciones, convirtiéndose en el más grande de la firma, que en la actualidad tiene seis hoteles en Cataluña.

El temor a la secesión apenas ha tenido reflejo en las cifras de comercio exterior. Las exportaciones han crecido a buen ritmo y la inversión extranjera, lejos de recortarse, ha aumentado de forma continuada en los últimos cuatro ejercicios. De 2.675 millones de euros captados en 2012 se ha pasado a 5.051 millones en 2016. Estas últimas cifras se refieren a inversión productiva, aquellas que genera actividad y empleo. Los últimos datos, correspondientes al primer trimestre, apuntan en esa misma dirección. Entre enero y marzo, la inversión extranjera recibida por Barcelona fue de 856 millones de euros, un 70% más que el mismo período de 2016 y la cifra más alta desde que estalló la crisis económica.

Dos terceras partes de la deuda de Cataluña está en manos del Gobierno

Esta aparente contradicción responde a dos cuestiones: la primera es que los inversores no se han creído hasta ahora la opción de la independencia, y en segundo lugar, la intervención de facto de la economía catalana desde que Mariano Rajoy llegó a la presidencia en diciembre de 2011. Entre 2012 y 2016, el Estado ha gastado 223.000 millones de euros en el rescate autonómico, de los que 68.458 (el 30,7% del total) los ha recibido Cataluña.

Esos fondos, que han servido para pagar vencimientos e impagos con proveedores, se han convertido posteriormente en deuda. El pasivo de Cataluña no ha dejado de crecer desde 2012 y se ha situado en el primer trimestre de este año en 75.443 millones, el 27% del total de todas las comunidades autónomas. El Estado es el principal acreedor de Cataluña, con 50.626 millones de euros. La estrategia del Gobierno central era establecer un vínculo de dependencia económico lo suficientemente fuerte con Cataluña para desactivar el conflicto político. Y hasta ahora lo había conseguido, ya que los fondos que ha ido proporcionando a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han servido para pagar a los empleados públicos, las facturas a los proveedores y sobre todo para evitar el contagio al sector privado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó esta semana que no se habían identificado deslocalizaciones a otras autonomías, aunque advirtió que la secesión tendría un impacto catastrófico, con un recorte del PIB del 30%. Independizarse de España supondría la salida automática de la UE y el establecimiento de aranceles en sus intercambios comerciales. Una parte sustancial de las ventas de bienes y servicios de Cataluña se destina a España y la imposición de barreras arancelarias las haría menos competitivas, por lo que las empresas españolas buscarían proveedores en otros países.

La resolución de ambos conflictos (político y económico) no parece sencilla y ofrece distintas alternativas. Josep González, presidente de PIMEC, la patronal que representa a medio millón de pymes, aboga por la conveniencia “de un referéndum acordado con el Gobierno y también cumplir con la legalidad”. Otros abogan por que política y economía se encuentren en un pacto fiscal, en el que Cataluña vea “reconocido” el desajuste fiscal que sufren. Las últimas conclusiones de Hacienda, realizadas a partir del trabajo de Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los expertos para la reforma de la financiación autonómica, apuntan a que hay cuatro comunidades que aportan más al Estado de lo que perciben. Se trata de Baleares, con un saldo negativo de 1.516 millones, Comunidad Valenciana (1.735 millones), Cataluña (9.892 millones) y Madrid (19.205).

Con el propósito de que la secesión no se produzca, políticos y empresarios han unido sus voces para frenar el referéndum Todos coinciden en desactivar la ruptura con España, pero las diferencias son evidentes en cómo resolver el conflicto, que van desde una reforma de la Constitución, del sistema de financiación autonómico para corregir el déficit fiscal catalán con el Estado o incluso un nuevo estatuto de autonomía que amplíe las competencias frente al Estado.

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Pedro Zalba: “La banca pública debe existir si no compite con la comercial” | Compañías

Tras nueve años en el Parlamento Europeo, Zalba volvió a España para presidir desde noviembre el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esos seis meses han coincidido con la revisión al alza de las previsiones de crecimiento y empleo en España y con la recuperación del crédito a particulares y empresas. Nada que ver con el papel que este organismo desempeñó durante los seis años de crisis, en los que solo en 2014 aportó 20.000 millones de euros a través de las distintas líneas de mediación. En la última legislatura socialista, el ICO apostó por la concesión de préstamos directos a particulares como medida anticrisis y el resultado fue que la morosidad se disparó a tasas del 40%. “Nunca se puede decir nunca jamás. Pero a corto plazo y mientras que yo esté al frente del ICO, es algo que no se plantea”, asegura en una entrevista con CincoDías . “Lo positivo es que hemos aprendido el papel que tiene el ICO y es el de complementar a alas entidades financieras”, señala.

De los 20.000 millones concedidos en 2014 se ha pasado a un balance de 4.953 millones en 2016. ¿Qué análisis hace de este recorte tan fuerte del crédito?

Cuando la financiación de las pymes fue un problema en España, especialmente entre 2012 y 2014, el ICO estuvo ahí y tuvo un papel relevante. Solo en 2014, las líneas de mediación otorgaron 20.000 millones de euros. Trabajamos para que el ICO sea una sociedad saneada y solvente para que llegado el caso y si fuera necesario pudiéramos seguir con un papel clave. Pero con los datos que tenemos a día de hoy, el flujo de crédito a las pymes se ha normalizado y no hay datos que cuestionen esta normalización.

¿Cuáles son los factores que han producido ese cambio de un sistema colapsado por la falta de crédito a otro en el que las dificultades se han minimizado?

Hay tres elementos fundamentales desde el lado del pasivo: la reforma del sector financiero realizada en la anterior legislatura del Partido Popular, la unión bancaria y la política monetaria del Banco Central Europeo . Desde el lado del activo se ha producido un repunte muy destacado de la demanda solvente. Quizá durante la recesión, además de la sequía de crédito, había una ausencia de demanda solvente.

En este contexto de recuperación económico y de normalización del crédito, ¿tiene sentido por lo tanto que la banca pública siga existiendo?

Está claro que existen fallos de mercado, que en los grandes países europeos existe una banca pública, y en este contexto el ICO puede y debe jugar un papel clave adaptándose al ciclo económico. No es lo mismo el papel a jugar en un momento de sequía de crédito y de crisis económica que en un momento como el actual en el que la consolidación de la recuperación económica es una realidad que nadie niega. Creo en una banca pública anticíclica, adaptado al ciclo económico y complementaria. Venimos de un modelo expansivo porque el ciclo económico así lo demandaba y ahora vamos a un modelo de banca especializada, en el que nuestras prioridades se van a centrar en financiar la internacionalización de las pymes y atraer fondos del plan Juncker.

¿Tienen algún referente a la hora de diseñar esa banca pública?

El modelo alemán es un referente, no solo para España, sino para el resto de socios europeos. El ICO apoya la financiación inferior a los 12 millones de euros a través de las líneas de mediación. En el caso de financiación internacional estamos llegando a acuerdos comerciales con nuestros homólogos latinoamericanos o con banca comercial de aquella región para ofrecer los mismos servicios de mediación y además con moneda local.

Algunos expertos han criticado la vigencia de una banca pública en un contexto como el español en el que el ICO aparece como uno de los mayores competidores del sector privado.

El ICO tiene una clara vocación anticíclica. Eso se materializa en una apuesta por no competir con la banca comercial, si no complementarla. Debe existir si no compite con la comercial. Y una parte importante son las líneas de mediación, que desde 1993 han financiado a pymes fundamentalmente por valor de 170.000 millones de euros. Es el claro ejemplo de que los bancos son nuestros socios, la horma de nuestro zapato a la hora de comercializar estas líneas de mediación. Dentro del papel de banca pública y de agencia financiera, la banca pública tiene esa clara de vocación de complementar la actividad de las entidades financieras, nunca en competencia con ellas.

Uno de los últimos episodios acontecidos en la convulsa actividad de las entidades financieras en España ha sido la resolución del Popular y su compra por un euro por el Santander. El banco presidido por Emilio Saracho era uno de los que más cuota de mercado tenían en el mercado de pymes. ¿Cree que ese factor puede tener algún impacto en su actividad, muy dirigida a este tipo de compañías?

No creemos que la concentración bancaria vaya a tener impacto en la actividad del Instituto. No tenemos datos que así lo demuestren. Popular era un banco dirigido eminentemente a la financiación de pymes, era un referente, pero nosotros no somos los que debemos opinar y menos sobre cuál va a ser la estrategia del Popular en cuanto a su integración en el grupo Santander.

Otra de las iniciativas que más aceptación ha tenido dentro de sus clientes ha sido la de FondICO Global, el primer fondo de fondos de capital riesgo público creado en España, ¿Qué balance hace del mismo en sus tres años de vida?

Este fondo de fondos se lanza en 2013 con un tamaño de 1.500 millones de euros. Desde esa fecha se han cerrado operaciones por valor de 1.100 millones, de los que ya se han desembolsado 300 millones. Este último importe, a su vez, ha conseguido atraer capital por valor de 1.000 milones. Lo destacable de este instrumento es que hemos contribuido en los objetivos de la Comisión Europea de diversificar las fuentes de financiación (privado y público). El objetivo final es que FondICOglobal sea el catalizador de la creación de más de 40 nuevos fondos privados de capital riesgo, movilizando un total aproximado de 5.000 millones de euros.

¿En qué nuevos proyectos se está trabajando en la actualidad?

El año pasado estuvimos analizando una línea de riesgo compartido canalizando fondos del Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Creamos plataformas de eficiencia energética para canalizar estas inversiones y cofinanciamos proyectos con el Banco Europeo de Inversiones. También estamos diseñando proyectos de colaboración público privada para proyectos de depuración de agua en España, en el que el retraso con el resto de países de la UE es importante y por el que el Ejecutivo español aún puede recibir una sanción de Bruselas.

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