Cuatro vías para luchar contra la turismofobia | Compañías

Poca gente va a Londres a pasar sus vacaciones de verano ni a Siberia a disfrutar de las navidades. Los turistas van buscando experiencias satisfactorias durante sus estancias y existe una línea de pensamiento único que les lleva a coincidir en sus preferencias: sol en verano y sol en invierno. Esa es la razón que ha llevado a España a convertirse en uno de los países más visitados del mundo. Pese a que disfruta de un clima similar a otras naciones del entorno como Italia, Túnez, Egipto o Turquía, España ha abierto brecha con el resto por una razón: seguridad. No se ha visto dañada por los atentados que han afectado a esos cuatro enclaves (a los que habría que añadir dos destinos urbanos como Londres y París) y eso ha provocado un efecto llamada que ha llevado a España a ganar siete millones de viajeros en 2015, otro siete millones de viajeros en 2016 y probablemente a subir otros nueve en 2017. En esos dos primeros años ha ganado lo mismo que lo logrado en los doce años anteriores.

Con lo que nadie contaba, y menos los políticos que han realizado unos balances tan positivos sobre el buen pulso del turismo, era con la reacción de los vecinos que conviven a diario con los turistas. La llegada masiva de viajeros ha servido para acuñar el término de turismofobia, definido como el rechazo vecinal a la presencia masiva de viajeros en sus calles y en sus bloques de viviendas. Hasta ahora, los turistas colapsaban las ciudades, pero por la noche pernoctaban en los hoteles, lo que evitaba los conflictos nocturnos con los vecinos. Pero eso cambió con la llegada de plataformas como Airbnb o HomeAway, que han permitido un doble beneficio: ofrecer un alojamiento mucho más económico que los hoteles a los turistas y permitir a un gran número de particulares sacarse un dinero extra compartiendo su casa con turistas.

Los vecinos y los hoteleros quieren poner coto a los pisos para turistas, mientras que las plataformas no están dispuestas a renunciar a un negocio que les permite además potenciar su imagen como fuente de ingresos alternativa para muchas familias en la parte final de una crisis económica que se resiste a desaparecer. En este contexto, ¿qué soluciones existen para tratar de alcanzar la paz social? Una de las posibilidades que manejan las autonomías más visitadas es la de introducir tasas turísticas. Las grandes capitales europeas, como Londres, París o Roma, ya las cobran desde hace varios años. La experiencia, sin embargo, demuestra que el impacto sobre la demanda es mínimo.

Un buen ejemplo se ha producido en Cataluña, que desde octubre de 2012 cobra una tasa a todos los viajeros que se alojan en sus establecimientos. Las tarifas van desde los 2,50 euros para cruceristas y turistas de hoteles de cinco estrellas hasta los 0,50 de los hostales. La medida no ha servido para reducir el interés de los turistas por este destino. Más bien todo lo contrario. En 2013 recibió 15,5 millones de viajeros, consolidando su posición como la comunidad más visitada de España, y ha seguido sumando turistas hasta los 18 millones a finales de 2016.

Otra de las medidas, no exenta de polémica, es prohibir la construcción de hoteles y poner coto a los pisos turísticos, bien evitando su construcción o limitando al máximo el número de días para su alquiler. Esa decisión la tomó el ayuntamiento de Amsterdam, que también aprobó un plan para que en cinco años los cruceros de turistas desembarquen fuera del casco urbano y no en el centro. Una medida similar aprobó el ayuntamiento de Barcelona, que prohibió la construcción de nuevos hoteles desde 2015 y la concesión de licencias para apartamentos turísticos a partir de este año. Bruno Hallé, socio de la consultora Magma TRI Hospitality Consulting, cree que los esfuerzos para acotar los efectos indeseados del turismo deben concentrarse en el alojamiento ilegal. “Si lo controlas en Barcelona te quitas 70.000 camas de un plumazo. En cambio lo que se ha hecho es un plan que establece una moratoria sobre el 90% de la oferta frente al 70% que está paralizada en la actualidad”. Hallé considera que el plan supone un bloqueo de facto sobre la oferta hotelera en Barcelona, ya que solo se permitirá proyectos en zonas sin demanda. En los distritos con mayor demanda, como Ciutat Vella o el Eixample, solo se concederán licencias siempre que se suprima otra. “Si hay algún inversor que está dispuesto a gastarse 30 millones de euros es porque previamente habrá hecho un estudio sobre la viabilidad de la inversión. No creo que sea conveniente hablar de que existe sobreoferta hotelera si no más bien de la dificultad de invertir de zonas sin demanda”, dice.

La Comisión Europea baraja elevar la fiscalidad de las empresas ligadas a economía colaborativa ante la presión de Macron y Merkel

Los hoteleros, sin embargo, consideran que la solución al conflicto la tienen las autoridades políticas, que hasta ahora se han mantenido de perfil en el fenómeno de la economía digital. En primer lugar, las autoridades comunitarias han defendido hasta ahora el modelo de la economía colaborativa como algo diferente al resto. Cuando las protestas han arreciado y a las voces de países como España se han unido Alemania y Francia, la Comisión ya se ha tomado en serio la cuestión y prevé debatir un incremento de la fiscalidad a estas compañías en el próximo Consejo de Ministros de Economía que se celebrará en Tallin (Estonia) a mediados de septiembre. La mecha la ha prendido el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, que tildó de “inaceptable” la factura fiscal de Airbnb en Francia, donde solo pagó 100.000 euros en el último ejercicio fiscal, pese a ser su segundo mercado con más de diez millones de usuarios.

El trabajo más arduo les espera, sin embargo, al Estado Central y a las autonomías. Al primero, con competencias en sociedad de la información, le toca velar porque todos los anuncios que se publiquen en plataformas como Airbnb o Home Away estén dados de alta en los registros oficiales. Los hoteleros ponen como ejemplo lo sucedido en San Francisco, donde la amenaza de sancionar con 1.000 dólares a cada casa sin número de registro provocó la anulación de 14.000 anuncios. A las autonomías, competentes en materia turística, les toca regular para clarificar dónde y cómo se pueden alquilar pisos para turistas y si pueden compartir espacio con los vecinos.

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Baleares multará hasta con 40.000 euros a quien alquile un piso a turistas | Compañías

Los propietarios de pisos de edificios de cualquier zona de Baleares que los alquilen a turistas se enfrentan a partir del martes a multas que oscilan de 20.000 a 40.000 euros, según recoge la nueva ley del alquiler turístico de las Islas Baleares, que entra en vigor ese día.

En el caso de las inmobiliarias, intermediarios turísticos o plataformas digitales que los publiciten, como AirBNB o HomeAway, la sanción puede llegar a los 400.000 euros.

El Govern del PP de José Ramón Bauzá ya prohibió en la pasada legislatura, en 2012, el alquiler de pisos a turistas, aunque apenas se persiguió esta actividad.

Ahora, el ejecutivo progresista liderado por la socialista Francina Armengol y los econacionalistas de MÉS quiere hacer efectiva esta norma con instrumentos y sanciones ante una actividad que está creando a residentes y trabajadores que vienen a las islas serias dificultades para encontrar un lugar para vivir a precios razonables.

La nueva ley deja la posibilidad a los consells insulars de cada isla -Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera- y al Ayuntamiento de Palma de decidir si permiten el alquiler turístico en pisos, cuánto tiempo y en qué zonas.

Estas instituciones, gobernadas por partidos progresistas, tienen un año para acordar qué hacen, aunque se prevé que mayoritariamente mantendrán la prohibición.

Con el fin de perseguir el alquiler ilegal en pisos, la Conselleria de Turismo pondrá en funcionamiento una plataforma electrónica para que los ciudadanos denuncien a los propietarios que los alquilen. En ningún caso las denuncias pueden ser anónimas y solo servirán para que los inspectores inicien su trabajo.

A efectos prácticos, el propietario que desde el martes tenga en su piso a un turista menos de 30 días, sin un contrato de arrendamiento y sin que el visitante haya pagado una fianza, está actuando ilegalmente y se expone a ser multado.

Además, la documentación que demuestre que la actividad es legal la debe aportar el propietario, lo que resulta un cambio sustancial hasta ahora que facilita mucho el trabajo de los 15 inspectores actuales, cifra que el Govern incrementará.

Para ayudar a los turistas, la conselleria creará una aplicación de móvil específica para que consulten si la casa que se pretende alquilar es legal o no. A día de hoy en Mallorca hay 15.000 viviendas con autorización para alquilar.

La ley permite alquilar en Baleares a turistas si se trata de casas aisladas (chalés) o rústicas, adosados o medianeras de pueblos, siempre y cuando tengan la correspondiente licencia de la Conselleria de Turismo, requisito indispensable.

En esta misma línea de frenar la especulación inmobiliaria, el Govern ha aprobado esta semana el proyecto de la primera Ley de la Vivienda de las Islas Baleares, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

El texto obliga a los “grandes poseedores” de viviendas -sociedades y empresas, no particulares- a cederlas si llevan dos años vacías con el fin de hacer frente a una “necesidad objetiva de dificultad” de acceso a la misma, según ha explicado el conseller del Territorio, Energía y Movilidad.

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Juan Carlos Fernández: “El problema es el turismo de masas, no el piso turístico” | Compañías

Juan Carlos Fernández Pérez-Crespo es director general de la plataforma de alquiler vacacional HomeAway, del grupo Expedia, para el sur de Europa (España, Portugal e Italia).

Con dos millones de viviendas en el mundo, 100.000 en España, y unos 500 millones de usuarios, el ejecutivo defiende irrebatible este nuevo modelo de negocio. Y atribuye a la masificación turística los conflictos que han surgido en ciudades como Barcelona y a un interés competitivo los ataques del sector hotelero.

El alquiler de pisos turísticos está en auge, ¿cuáles son las perspectivas en España?

Este negocio goza de muy buena salud. Un estudio de Phocuswright prevé que en 2020 generará reservas por más de 45.000 millones. España es el tercer destino más solicitado en nuestra red después de Francia y EE UU. Pasamos de 15.000 viviendas en 2012, cuando llegamos, a más de 100.000. El alza será fuerte por la satisfacción de los viajeros: más de un 80% lo recomienda, especialmente para viajes de familias, nuestro perfil de usuario. No podemos dar datos desagregados, pero en el primer trimestre de 2017 el negocio global subió un 30%, hablamos de 2.500 millones en reservas.

¿Qué ha impulsado este negocio?

Crece por la labor de plataformas como HomeAway, que han concentrado el alquiler vacacional, algo muy local, para ponerlas al alcance de un público global.

Pero el precio es un factor determinante.

En cualquier viaje, el factor precio determina el lugar o el alojamiento. Pero también la localización, entorno, destino o motivación. Hoy el viajero combina hotel y piso turístico. Las personas que se alojan en ellos gastan más (unos 2.400 euros en hospedaje y restaurantes) que las de los hoteles, porque están más días, se desplazan con mayor frecuencia y el grupo es mayor.

La regulación tiene que ser adecuada a nuestra actividad, que es distinta de la del sector hotelero

… Y porque su plataforma de vivienda vacacional no ofrece servicios de comida.

Efectivamente, redunda en la economía del ecosistema que hay alrededor. Además, posibilita, con ese mayor número de viajes, que se desestacionalice el turismo.

¿Cree que este sector ha cubierto una demanda insatisfecha por los hoteles?

El sector del alojamiento tradicional, léase el hotelero, no está respondiendo de manera adecuada a las expectativas del viajero, concretamente al que viaja con familia.

Las empresas hoteleras los acusan de opacidad y competencia desleal, ¿qué opina?

Si hay algo que han aportado plataformas como HomeAway es mayor transparencia, seguridad y garantía. Ese es el éxito. Sencillamente, son intereses corporativos y competitivos; los hoteleros quieren quitarse competencia. Somos favorables a una regulación, pero tiene que ser adecuada a nuestra actividad, que es distinta de la hotelera. Nos acogimos a la ley de la sociedad de la información y de las instituciones europeas de comercio electrónico. Es verdad que una gente duerme en una vivienda, pero no ofrecemos comida ni limpieza o servicios.

Juan Carlos Fernández
Juan Carlos Fernández

¿Qué debe incluir ese marco regulatorio?

Ya existe. El alquiler estaba regulado por una normativa nacional, la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero las competencias se transfirieron en 2012 a las autonomías. Solicitamos homogeneidad regulatoria y que sea cumplible, porque hay requisitos que van en contra de otras normas de carácter superior. Hay que regular, pero sin poner puertas al campo. Curiosamente donde hay más trabas es donde hay mayor presencia hotelera, en Canarias y Baleares.

¿Hay que cumplir unos requisitos para darse de alta en HomeAway?

Sí, hay un protocolo y un equipo dedicado a garantizar la legalidad de los alojamientos. Requerimos, como condición indispensable, que confirme que cumple con la legislación vigente, sea gestor o propietario particular. Pero no tenemos una obligación previa de control del contenido que ofrecemos, nuestra competencia es su retirada una vez que nos lo comunica la Administración competente de forma efectiva.

Barcelona está en el punto de mira, hay quejas constantes por el ruido.

La conflictividad tiene que ver más con el modelo turístico. El debate es: ¿qué modelo queremos? ¿Cuántos turistas asume un lugar como Barcelona o Palma? ¿Quién los trae, adónde van? ¿Qué tipo de oferta cultural se ofrece: bares y discotecas? Puede ocurrir en un punto específico de una ciudad, donde hay una mayor concentración de viviendas turísticas y gente, como Salou (Tarragona) o Magaluf (Mallorca), pero es más por la masificación. El público, no el alojamiento, es el que genera la conflictividad. El 51% de los viajeros que traemos son familias y parejas (28%), no grupos de amigos que forman jaleo.

Juan Carlos Fernández
Juan Carlos Fernández

Hay una responsabilidad compartida entonces: Gobierno, agencias de viaje, hoteles y plataformas turísticas.

Absolutamente, pero, en nuestro caso, no traemos a 2.000 personas a un mismo sitio.
Se atribuye también a este negocio el incremento del precio del alquiler. Diversos estudios demuestran lo contrario. Tiene que ver con un mayor nivel de actividad, la mejora económica del país, que impulsa la demanda de viviendas, y la llegada de profesionales extranjeros cualificados que quieren alojarse en el centro. No puede achacarse únicamente a la vivienda turística.

¿Cuáles son los planes de la compañía para España?

La apuesta y e l compromiso de nuestra compañía con España y la ciudad de Madrid es fuerte y muy duradero. Somos más de 200 empleados en la oficina madrileña, la más grande de Europa y desde donde gestionamos los otros países. Estamos apostando por desarrollar nuevos equipos en distintas áreas para dar servicio a Europa, y seguiremos creciendo en número de empleados de forma muy fuerte [no especifica el número de contratos].

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