Los inspectores piden que el Estado recompense a quien denuncie fraudes fiscales | Mi dinero

La Organización de inspectores de Hacienda del Estado ha presentado este jueves su propuesta de Estatuto de la Agencia Tributaria. Durante su congreso anual que se celebra hoy y mañana en Sevilla, este colectivo ha reclamado que se regule la figura del confidente fiscal. Es decir, proponen que el Estado premie a aquellos ciudadanos que denuncien un supuesto fraude fiscal si el caso finaliza con el cobro de una deuda fiscal. En el ámbito del contrabando, ya se contempla esa posibilidad. El Estado también premia, por ejemplo, con un 10% del patrimonio aflorado a aquellos ciudadanos que comunican la existencia de una herencia que pasa a manos del sector público por falta de herederos.

Los inspectores creen que premiar al chivato fiscal elevaría el número de comunicaciones de fraude e incrementaría la recaudación. En la misma línea de lucha contra la evasión, los inspectores propusieron que se les permita actuar de incógnito. Actualmente, tienen la obligación de identificarse como funcionarios públicos nada más acceder a una empresa o comercio.

El documento presentado será entregado a todos los grupos parlamentarios y los inspectores confían en que finalmente exista un compromiso firme de establecer un Estatuto de la Agencia Tributaria como se contemplaba cuando se creó este organismo en 1992. Los inspectores destacaron que es rentable invertir en políticas contra la evasión. Sostienen que por cada euro que destina el Estado a luchar contra el fraude recupera casi diez. Estas son otras medidas que proponen los inspectores:

  • Director de la Agencia Tributaria

Los inspectores proponen que el director de la Agencia Tributaria sea elegido por el Congreso de los Diputados y, no como sucede ahora, por el Ejecutivo. Para el nombramiento se requeriría una mayoría cualificada y el mandato sería por cinco años y renovable por otros cinco.  Además de no seguir el calendario electoral, para asegurar la independencia se fijarían causas de destitución tasadas y reguladas. Actualmente, el secretario de Estado de Hacienda es también el presidente de la Agencia Tributaria. Los inspectores piden que se suprima este cargo para desvincular el organismo público de la política.

“La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria”, señala el documento. Se trata de una muy vieja reclamación que ya fue estudiada, por ejemplo, por Josep Borrell en su etapa como secretario de Estado de Hacienda. 

  • Órgano único de recaudación

Los inspectores defienden que se centralicen las deuda a recaudar por todas las Administraciones Públicas mediante su integración en un sistema de red que permitiría la interconexión automática.

Proponen que la Dirección General del Catastro pases a formar parte de la Agencia Tributaria como un departamento más. “La integración generaría importantes sinergias, que reforzarían la estructura de medios de apoyos administrativo”.

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Los españoles declaran tener en el extranjero el equivalente al 13,4% del PIB | Mi dinero

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, anunció hoy que los últimos datos de la declaración de bienes en el exterior reflejan que los españoles han informado de bienes en el exterior por un importe de 156.122 millones de euros. Se trata de una cifra que equivale al 13,4% del PIB.

La declaración de bienes en el exterior obliga a los españoles con bienes o derechos (depósitos, cuentas, acciones o inmuebles, entre otros) que superan los 50.000 euros a informar de ello ante la Agencia Tributaria. Si bien se trata de una mera declaración informativa, el régimen sancionador es muy duro. De hecho, la liquidación y sanción puede superar el valor de los bienes en el exterior. Además, los contribuyentes que no han presentado el modelo 720 teniendo la obligación de hacerlo no se pueden amparar en la prescripción. La elevada sanción y la imprescriptibilidad son dos factores que han llevado a la Comisión Europea a abrir un expediente contra España. Bruselas emitió un dictamen en el que reclamó rebajar las multas por incumplir la obligación de informar de los bienes en exterior.

Durante su intervención en el congreso anual de la Organización de Inspectores de Hacienda celebrado en Sevilla, Fernández de Moya, recordó que la Agencia Tributaria recaudó 14.883 millones por su actividad contra el fraude fiscal en 2016. Una cifra elevada, pero que supone un 5% menos que el ejercicio anterior. Aunque la situación ha mejorado este año. Hasta junio, Hacienda ha recaudado por su plan contra el fraude fiscal 7.459 millones, un 5,2% más que en el mismo período del año anterior.

La situación política en Cataluña ha provocado que el Gobierno no cuente con suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados para aprobar las cuentas de 2018. Fernández de Moya recordó que estaba previsto incluir en las cuentas para el próximo año una rebaja del IRPF. En concreto, el pacto con Ciudadanos contemplaba que las rentas inferiores a 14.000 euros no pagaran el impuesto sobre la renta. El límite actual está fijado en 12.000 euros. Además, se contemplaba una reducción para contribuyentes con salarios hasta 17.000 euros. Esta medida ha quedado en el aire por la prórroga presupuestaria.

El Ejecutivo confía en aprobar el Presupuesto de 2018 una vez iniciado el año. El acuerdo con Ciudadanos también incluía ayudas fiscales adicionales para las contribuyentes con hijos a cargo. Además, se elevará el incremento de la reducción tributaria por familias numerosas

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Cataluña: La fragmentación fiscal no es la solución | Mi dinero

El sistema tributario de un país está integrado por unos impuestos que deben pagar los ciudadanos y por una Administración Tributaria que debe aplicar y gestionar dichos impuestos. El sistema tributario español es un foco permanente de problemas que ahora se ven agravados por las veleidades independentistas de algunas comunidades autónomas, como sucede con Cataluña.

El primer problema es el de los impuestos que configuran nuestro sistema tributario. Solo hay que fijarse en el impuesto sobre el patrimonio, del que no siempre se es consciente de si está en vigor o no, o con el impuesto sobre sucesiones, que se paga o no según la comunidad autónoma en la que se resida, provocando importantes problemas de deslocalizacion de contribuyentes. Sería más que deseable, imprescindible, que el nuevo sistema de financiación autonómica que ahora se negocia resolviera esos problemas y diseñara la distribución de los importes recaudados entre Estado, comunidades autónomos y ayuntamientos de la forma más justa posible.

El segundo de los problemas se refiere al enorme fraude fiscal y economía sumergida que existe en nuestro país, muy superior al de los países de nuestro entorno. Bien es cierto que existen fraudes, como el fraude carrusel en el IVA, la planificación fiscal de las multinacionales o la utilización de los paraísos fiscales, que exigen la adopción de medidas coordinadas a nivel internacional. Pero para combatir el resto, existen muchas otras que se podrían aprobar en España y no se ha hecho hasta ahora.

La tercera dificultad es la referida a los órganos que deben gestionar el sistema tributario, que para los impuestos estatales es la Agencia Tributaria, y las comunidades autónomas gestionan los tributos cedidos y los propios. La Agencia Tributaria tiene serios problemas de funcionamiento operativo por la falta de personal y de medios que, en cierto modo, ha empezado a paliarse con las ofertas extraordinarias de empleo público que el Gobierno ha aprobado últimamente, confiando en que en el futuro siga en esa línea.

Los tres problemas mencionados se agravan con el problema del independentismo catalán y sus efectos futuros.

Cuando el problema era solo de negociación, y de ver lo máximo que se podía sacar cada vez que el Gobierno español de turno necesitaba los votos de los partidos catalanes, estos últimos tenían muy claro en el ámbito tributario que querían “las llaves de Letamendi”, el edificio principal de la Agencia Tributaria en Barcelona, y en esa sencilla frase se resumía que se quedaban con el edificio, los funcionarios, y la gestión y cobro de todos los impuestos estatales. Se fueron dando pasos intermedios, como la creación de la Agencia Tributaria Catalana y de un Consorcio para ir haciendo el traspaso, con el objetivo final de que la Agencia Catalana lo asumiera todo. Lo que ocurrió después es que ninguna comunidad autónoma ha querido ser menos que la otra y todas se lanzaron a crear sus propias Agencias Tributarias o Consorcios.

Los inspectores de Hacienda sabemos el desastre que supondría esa situación de fragmentación de la Agencia Estatal desde muchos puntos de vista, de gestión de los impuestos, de recaudación y, sobre todo, de lucha contra el fraude fiscal. Por ello, no nos cansamos de remitir a las autoridades tributarias y a los grupos parlamentarios del Congreso nuestras propuestas y advertencias sobre lo que supondría de consecuencias desastrosas una división de las competencias de la Agencia Estatal. Dichas propuestas y peligros fueron presentadas incluso en el Parlamento de Cataluña, al que personalmente asistí en su momento como presidente de Inspectores de Hacienda para advertir de los graves peligros de esa fragmentación. Curiosamente y como detalle revelador señalar que no quisieron hacerme las preguntas en castellano, como solicité.

Los que trabajamos día a día con los impuestos sabemos lo imprescindible que es tener una buena base de datos y los problemas que genera en el día a día que, por ejemplo, no se disponga de la información que está en las Haciendas Forales. La base de datos de la Agencia Tributaria es admirada y envidiada en el ámbito internacional y se iría por mal camino si esa información se fraccionara y la gestionaran diferentes Administraciones tributarias, cada una con sus bases de datos.

Resulta curioso que los políticos catalanes hayan puesto algunas veces como ejemplo la descentralización existente en Alemania, cuando es precisamente este país el que ha tenido que dar marcha atrás en algunos aspectos de esa descentralización, como las bases de datos, al comprobar lo absolutamente desastroso que era el hecho de que cada región dispusiera de su propio sistema de número de identificación fiscal, haciendo imposible cualquier intercambio de datos con otras regiones y gestionar el propio sistema tributario nacional.

Sirva todo lo anterior para subrayar que la solución negociada, para contentar a algunos o para evitar problemas mayores, no puede suponer la fragmentación de la Administración Tributaria, por los efectos tan negativos que tendría desde el punto de vista de la eficacia en su aplicación y de la lucha contra el fraude fiscal.

Animo a los políticos a que adopten las soluciones que Inspectores de Hacienda venimos proponiendo durante años, insistiendo en la necesidad de aprobar el Estatuto de la Agencia Tributaria en el que se incluyera la participación de forma efectiva de las comunidades autónomas en sus órganos de dirección, conformando una Agencia Tributaria de todos y para todos, profesional e independiente.

José María Peláez Martos es inspector de Hacienda del Estado.

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La recaudación por IRPF sube un 6% y se disparan los ingresos por Sociedades | Mi dinero

Los datos de ejecución presupuestaria publicados hoy por Hacienda reflejan una mejora notable de la recaudación por IRPF, el tributo más relevante del sistema fiscal y que grava principalmente las rentas salariales. Este impuesto aportó 53.002 millones hasta agosto, un 6,1% más. La mejora de la recaudación, junto con la reducción del gasto, explica que el déficit del Estado se haya reducido hasta el 1,84% del PIB frente al 2,85% registrado en el mismo período del año anterior. Aun así, la cifra supera el objetivo de déficit anual fijado para la Administración central en el 1,1%. Dicho de otra manera, el Estado rebasará el límite. 

El impuesto que refleja una mejor evolución es el impuesto sobre sociedades, el tributo que se aplica sobre los beneficios empresariales. El Estado recaudó 8.450 millones, un 60% más. Este incremento se explica en parte por las medidas tributarias que aprobó Hacienda a finales del ejercicio anterior y que ha supuesto un incremento de los pagos fraccionados. Si bien la situación económica ha mejorado, la mera evolución de los beneficios no puede explicar un incremento tan notable de la recaudación. Si se corrige el impacto normativo de los pagos fraccionados y otros factores distorsionadores, los ingresos por Sociedades aumentan un 7,6% en términos homogéneos y ello sí se debe a la mejora de la situación empresarial.

En cambio, el IVA registra una pérdida de recaudación inédita en los últimos años. El principal impuesto sobre el consumo aportó a las arcas públicas 43.872 millones, un 1% menos que en el mismo período del ejercicio anterior. Esta pérdida recaudatoria se explica por la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII) que provoca que las grandes empresas puedan presentar sus declaraciones hasta el día 30 del mes siguiente, en lugar de hasta el día 20 como era habitual. Ello supone que la declaración del IVA de julio de las compañías acogidas a la obligación de informar del IVA en tiempo casi real se contabilizará en septiembre. Sin esta medida, la Agencia Tributaria calcula que la recaudación por IVA habría subido un 5,9%.

Por el lado de los pagos, el Estado gastó 97.634 millones hasta agosto, un 3,6% menos. Todas las principales partidas se redujeron. Destaca, por ejemplo, la caída del 4,2% del gasto en personal o del 6,7% en intereses.

Hacienda también publicó los resultados de ejecución hasta julio de las comunidades autónomas, que registraron equilibrio presupuestario. Las autonomías tienen el objetivo de cerrar el año con un déficit máximo del 0,6% y están en disposición de conseguirlo. Más preocupante es la situación de la Seguridad Social que hasta julio acumuló un déficit del 0,48% del PIB. Si bien supone una mejora respecto al año anterior, es la Administración que afronta un mayor desfase entre sus gastos e ingresos.

España se comprometió con Bruselas a bajar su déficit del 4,3% registrado el año pasado al 3% este ejercicio. Se trata de un reto exigente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera factible el cumplimiento, sin embargo, el riesgo de desvío es importante.

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Guarda los tickets porque los gastos escolares pueden desgravar: cuáles y dónde | Mi dinero

Las familias murcianas podrán aplicar una deducción en el IRPF de 100 euros por la adquisición de material escolar y libros de texto en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria. Si no se es familia numerosa, en declaración individual, la suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro no puede superar los 15.000 euros. En declaración conjunta, el límite es de 30.000 euros.

Además, los contribuyentes podrán deducir el 15% de las cantidades satisfechas por gastos de custodia en guarderías y centros escolares de hijos menores de tres años, con un máximo de 330 euros en tributación individual y 660 euros en tributación conjunta. Uno de los requisitos es que ambos padres trabajen fuera del domicilio familiar. Que la base imponible general, menos el mínimo personal y familiar, sea inferior a 19.360 euros, en declaraciones individuales, e inferior a 33.880 euros en declaraciones conjuntas, siempre que la base imponible del ahorro, sea cual sea la modalidad de declaración, no supere 1.202,02 euros.

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Errores de autónomo principiante que te generarán problemas con Hacienda | Autónomos

Los autónomos han de tener claras cuáles son sus obligaciones con el Ministerio de Hacienda y con la Seguridad Social. Sin embargo, cuando esta actividad se realiza por primera vez son varias las dudas que surgen, por lo que es fácil cometer errores con alguno de estos trámites.

Al respecto, según informa Eva Fernández en el blog corporativo de la aplicación de contabilidad Anfix, darse de alta en una cooperativa de facturación es uno de los fallos más comunes en los que se cae. Hasta ahora, estas han servido para poder emitir facturas sin estar dado de alta como autónomo.

No obstante, ahora el Ministerio de Empleo ha decido retirar la calificación de cooperativas a estas empresas, por considerar que su actividad era fraudulenta. Por su parte, y al constatar que estaban desarrollando una actividad por cuenta propia sin abonar las cuotas correspondientes, a los asociados se les está obligando a pagar los atrasos y los intereses de demora.

Otro de los errores con los que los expertos más se encuentran es cursar alta en Hacienda, pero no en el RETA. Al respecto, desde este espacio hacen hincapié en que no solo hay comunicar a Hacienda tu alta como autónomo, sino también que hacerlo ante la Seguridad Social, no demorándose en el trámite ya que de lo contrario se podrán llegar a pagar intereses de demora de hasta un 20%.

En tercer lugar destaca la mala elección del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Este impuesto es de obligado pago tanto para autónomos como empresas. Así, dependiendo de cuál sea la actividad se tiene que seleccionar un epígrafe y hacerlo constar cuando se rellene el alta ante la Agencia Tributaria, ya que de esta dependerá el nivel de tributación.

Finalmente, cometer errores en las facturas y comprar material deducible antes de materializar el alta se configuran como otros dos fallos en los que los trabajadores autónomos suelen caer con mayor frecuencia.

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El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida del 7,25% en tres años | Mi dinero

La segunda reunión entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y los sindicatos más representativos de los empleados públicos (CC OO, UGT y CSIF), no ha podido culminar con un consenso. Fuentes de la negociación han avanzado que la oferta de partida que se ha debatido este martes en la mesa es una subida salarial del 7,25% en tres años (2018, 2019 y 2020) que se articulará a través de un 1,5% de incremento fijo para 2018, un 1,75% para 2019 y un 2% para el siguiente año, más una parte variable en función del crecimiento que registre el PIB, que en el mejor de los casos supondrá un incremento adicional del 0,50% en 2018, 0,75% en 2019, y este mismo porcentaje en el siguiente ejercicio. El incremento acumulado, por tanto, habrá sido de hasta un 7,25%.

Fuentes sindicales consultadas por Cinco Días califican esta cifra de insuficiente, ya que distintos estudios calculan la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores desde que se inició la crisis de entre el 13% y el 23%, según los colectivos.

Las mismas fuentes subrayan que en materia de empleo público sí que se ha producido un acercamiento de las posturas, puesto que la oferta de Hacienda consiste en asegurar que para el próximo ejercicio se garantizará el 100% de reposición de todas las bajas que se produzcan (jubilaciones fundamentalmente) en prácticamente todos los ámbitos de la Administración y en algunos, los más sensibles, el Gobierno está dispuesto a ir incluso más allá del 100% de reposición, por lo que se produciría creación neta de empleo.

En cuanto a la situación de los interinos, Hacienda también ha planteado que se puedan consolidar las plazas de aquellos que lleven como temporales más de dos años en todos los ámbitos de la Administración y no solo en Justicia, Sanidad y Educación, como reza el acuerdo alcanzado esta primavera entre el Ejecutivo y los sindicatos de funcionarios.

Tampoco ha habido consenso en lo relativo a recuperar la jornada de 35 horas semanales, uno de los asuntos capitales para los sindicatos para poder rubricar un pacto con el Gobierno. Hacienda se muestra por ahora inflexible a la hora de permitir que cada Administración pueda negociar con los representantes de los trabajadores si ve viable o no volver a las 35 horas en su territorio, en lugar de las 37,5 horas que estableció el Ejecutivo central en 2012 con carácter general para toda la función pública.

Así, ambas partes se emplazaron este martes para mantener un nuevo encuentro este miércoles en la Mesa General de la Función Pública, justo un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley de presupuestos para 2018.

De no alcanzarse finalmente el acuerdo, los sindicatos de funcionarios han advertido que no dudarán en llevar a cabo movilizaciones en demanda de la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis y en defensa de la labor llevada a cabo por los casi tres millones de empleados públicos que componen la plantilla de la Administración en España.

Merma del poder de compra y temporalidad

Salarios. Los cálculos efectuados por CC OO estiman que los empleados públicos acumulan desde 2010 y hasta este año incluido una pérdida de poder adquisitivo media del 14,42%. A esta cifra, el sindicato recuerda que habría que añadir el efecto del recorte de salario por el ajuste de jornada (por pasar de 35 a 37,5 horas semanales), así como la merma por días de vacaciones, y de asuntos propios, entre otros.

Contratos. A la rebaja de salarios, CC OO recuerda que hay que sumar la precariedad en el empleo de muchos trabajadores públicos. Así, la temporalidad apenas se ha reducido en dos puntos desde 2005, al pasar del 25,4% hace 12 años a un 23,26% actual. Una temporalidad que afecta más a las mujeres (28,26%) que a los hombres (17,05%).

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Hacienda tomará el control financiero de Cataluña ante su insurrección económica | Mi dinero

El Ministerio de Hacienda trasladará este viernes al Consejo de Ministros un paquete de medidas en respuesta al último desplante soberanista de la Generalitat, que este jueves puso en marcha una suerte de insurgencia económica incrementando la autonomía fiscal de la región y la desconexión informativa con el Gobierno central.

En concreto, el Govern anunció este jueves que reforzará la llamada Hacienda catalana, pese a que el Tribunal Constitucional acaba de dejar en suspenso algunas de sus nuevas funciones, y que dejará de dar cuenta de sus gastos al Ministerio de Hacienda. En respuesta, el Gobierno se prepara para tomar el control financiero de Cataluña.

El detonante fue la carta del vicepresidente económico de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicando al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dejará de remitirle los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat.

Considera que “suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia”, recoge Europa Press. El Gobierno implantó esta exigencia de información semanal en julio para evitar que la Generalitat desviase fondos para la organización del referéndum de independencia previsto para el 1 de Octubre, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Hacienda cuenta para hacer frente a este nuevo desafío con las medidas preventivas, correctivas y coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cataluña es una región que está ya sujeta a medidas especiales de control por haber incumplido el objetivo presupuestario –lo que previsiblemente hará de nuevo este año– con lo que dejar de informar de sus gastos al Ministerio da pie a elevar el grado de intervención.

Hacienda tomará el control financiero de Cataluña ante su insurrección económica

El Gobierno, avanzan fuentes conocedoras de la materia, pasará a controlar directamente no solo el dinero que se traspasan a la Generalitat mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (que ha facilitado más de 53.000 millones a Cataluña desde 2012) sino también los recursos inyectados a cuenta, provenientes del cobro de tributos.

Hacienda pasará así a controlar directamente los fondos y pagos a los proveedores de la región, y exigiendo justificantes para cada gasto, incluyendo el pago de nóminas a funcionarios, evitando así el posible desvío de fondos públicos para a la celebración del referéndum soberanista.

El Consejo de Ministros estudiará medidas adicionales. A falta de conocerlas, la legislación permite que ante el incumplimiento de sus obligaciones, “las competencias normativas que se atribuyan a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado”. Más allá, Hacienda podrá sancionar a la región imponiendo un depósito en el Banco de España por el 0,2% del PIB catalán.

Reforzando la Hacienda catalana

En paralelo, la Generalitat se prepara para reforzar la llamada Hacienda catalana pese a que el modelo, potenciado en el marco del proceso soberanista impulsado por las fuerzas independentistas de la región, ha sido suspendido en parte por el Tribunal Constitucional.

En concreto, la Agencia Tributaria de Cataluña ha anunciado este jueves que convocará un centenar de nuevas plazas de trabajo en los próximos días para reforzar su plantilla con nuevas incorporaciones que se consumarían, como muy tarde, en el primer trimestre de 2018.

La Hacienda catalana busca contratar a 60 administrativos y 40 técnicos para reforzar el ámbito operativo de la agencia, que según la nueva regulación aprobada tendrá capacidad para gestionar todos los tributos de la región.

La convocatoria de plazas tendrá lugar por tanto en la recta final hacia el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre, que el Govern de Cataluña está dispuesto a celebrar pese a la suspensión impuesta por el Constitucional y la orden de la Fiscalía a los distintos cuerpos policiales para perseguir su organización.

El nuevo Código Tributario de Cataluña ha quedado suspendido cautelarmente, sin embargo, después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el Gobierno.

El propio Ministerio de Hacienda ya advirtió la pasada semana que hay tributos que solo el Estado puede gestionar y que no deben abonarse al organismo regional. El aviso llegó solo unas horas después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentara públicamente la nueva Hacienda catalana.

Varios miembros de su Gobierno replicaron luego que no han hecho un llamamiento a cobrar los impuestos estatales en la Hacienda catalana, pero aducen que la institución será la responsable de gestionar los tributos de la región si logra independizarse de España.

Algunas plataformas empresariales contrarias al proceso soberanista han criticado la nueva Hacienda catalana por la confusión que genera a la hora de tributar, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. 

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Qué debes saber si Hacienda aún no te ha efectuado la devolución del IRPF | Mi dinero

Han pasado las vacaciones de verano y también más de dos meses desde que terminara el plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente a 2016. A estas alturas, la mayoría de contribuyentes con resultado a devolver ya ha recibido su dinero; algunos incluso ‘cobraron’ apenas unos días después de haber rendido cuentas con el fisco. Hasta agosto, Hacienda ha devuelto más de 7.300 millones de euros a 11,7 millones de contribuyentes, efectuando el 83,9% de las devoluciones. Así, aún quedan 2,2 millones de declaraciones pendientes de abonar. Si eres de los que forma parte de esa cifra y todavía no has visto el ingreso que te corresponde, te conviene saber con qué plazos cuenta la Agencia Tributaria y cuáles son los posibles motivos de los retrasos en el pago.

Plazos e intereses

Cuando la autoliquidación del IRPF resulta a devolver, la Administración tributaria ha de practicar una liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración, que fue el pasado 30 de junio. Así, Hacienda tiene como tiempo límite hasta el próximo 30 de diciembre.

En caso de que no se haya procedido a la devolución dentro del plazo, entonces Hacienda ha de devolver de oficio aquel importe. Si no hubiera ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente, cuando lo haga, tendrá que devolver el importe pendiente más los intereses de demora devengados desde el día 31 de diciembre hasta el día de su devolución.

El tipo de interés de demora del año 2017 es el 3,75%, y el de 2018 será aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 (a finales de 2017).

La devolución se realiza por transferencia bancaria, aunque puede autorizarse el pago por cheque cruzado o nominativo.

Joan Pons, socio director del despacho ETL Global-LinkServices, señala que “la posibilidad de que la devolución del IRPF sea objeto de comprobación y, por consiguiente, se vea retrasada, es mayor en aquellos supuestos en que los elementos tributarios del contribuyente (ingresos, gastos deducibles, situaciones personales,…) requieran ser contratadas con diversas fuentes de información (básicamente de otros contribuyentes)”.

Motivos de retraso

Hay que tener en cuenta que el retraso no significa que Hacienda haya descubierto que hay errores. Por lo general, los contribuyentes que confirman el borrador tal cual los primeros días de campaña son los que antes obtienen las devoluciones (incluso en 48 horas). Esto es porque el contribuyente suscribe la documentación aportada por Hacienda y avala que todo es correcto (los expertos recomiendan no obstante repasar bien el borrador para evitar errores que pueden aflorar en un futuro). Si se realizan modificaciones en el borrador o se corrigen o añaden datos, entonces es posible que pase algo más de tiempo, dado que Hacienda se toma su tiempo en verificar los cambios. También, si se hace manualmente la declaración de la renta, las comprobaciones son más exhaustivas.

Algunas de las causas más habituales de retraso están relacionadas con la desgravación por la compra de la primera vivienda. Es frecuente que al comprar una casa no aparezca consignado en el borrador o en los datos fiscales y el comprador tenga que añadirlo. Se trata de una de las principales omisiones que suele haber en los borradores de la declaración. También si se ha disfrutado de algún periodo de excedencia o si hay diferencias con declaraciones de años anteriores en las circunstancias personales o familiares. En este punto, influyen un divorcio, un cambio de residencia o añadir hijos menores de edad a cargo.

Notificaciones

También pueden detectarse errores aritméticos (en una suma o al consignar los datos personales, por ejemplo). Así, en caso de que la declaración de la renta tenga alguna incidencia, se inicia el procedimiento de “Requerimiento de Datos” o “Propuesta de Liquidación Provisional” y Hacienda lo comunica al contribuyente vía notificación. Suele tratarse de expedientes sin mala fe y en tal caso el contribuyente no es penalizado.

Asimismo, cuando la cantidad a devolver es muy elevada, Hacienda mira con lupa esa declaración. Otro factor de retraso es presentar la declaración a última hora.

En esta campaña han presentado su declaración 19,66 millones de contribuyentes. Muchos también deben pagar a Hacienda.

Los mensajes de Hacienda

En la página web de la Agencia Tributaria es posible consultar el estado de la tramitación de la devolución del IRPF de 2016. El contribuyente debe de identificarse de tres formas posibles. Si no se tiene la Clave Pin o el certificado electrónico, entonces es necesario proporcionar el DNI y el número de referencia, que la propia AEAT remite en un mensaje SMS al teléfono móvil del contribuyente. Una vez se accede, aparece un mensaje. Pero, ¿qué significado tienen las notas de Hacienda? Dependen de la fase de tramitación en la que se encuentre la declaración presentada. Los mensajes que pueden aparecer son, básicamente, los siguientes:

Su declaración se está tramitando. Hacienda tiene en su poder la declaración de la Renta presentada, pero todavía no ha realizado ninguna revisión sobre la misma.

Su declaración está siendo comprobada. Los técnicos de la Agencia Tributaria están por fin revisando la declaración. Es un proceso rutinario para verificar que todo está bien. Si es correcta, tu declaración pasará en breve al siguiente estado.

Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted. La declaración está aprobada por el organismo, así que la devolución sigue su curso. Ahora queda esperar un poco a que devuelvan el dinero.

Su devolución ha sido emitida el dia X/X/XXXX; si en 10 días no ha recibido el importe, acuda a la delegación/administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. La orden de pago ya está dada.

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Referéndum Cataluña: El verdadero debate de una Hacienda catalana | Mercados

Como ya señalaba Bodino, uno de los atributos del poder soberano es la facultad de gravar a los súbditos con contribuciones e impuestos, así como de eximir de los mismos a algunos de dichos súbditos. Siendo así, no debe extrañarnos que parte del plan soberanista del actual Gobierno de la Generalitat incluya la pretensión de recaudar la totalidad de los impuestos exigibles en Cataluña a través de su propia Agencia Tributaria.

Ante todo, debemos aclarar que la creación de una Agencia Tributaria por parte de una comunidad autónoma no presenta ninguna particularidad ni implica, por sí misma, el incumplimiento del marco legal y constitucional. Las comunidades autónomas tienen competencia para la gestión de sus tributos propios y de los estatales cuya cesión no solo implica la recaudación, sino también las competencias para su aplicación. En concreto, se trata de los impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los tributos sobre el juego y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte.

Para ello, muchas comunidades han replicado el modelo de agencia que existe en el Estado, ya que la experiencia demuestra su eficacia como modelo organizativo para la gestión tributaria. Sin ir más lejos, así sucede en Andalucía, territorio poco sospechoso de tener un afán secesionista.

Por tanto, no es la creación de una Agencia Tributaria catalana lo que debe preocuparnos, sino el contenido con el que se le dote. Y, según el acto de su presentación pública, la aspiración del Gobierno catalán es que, en caso de que salga el sí en el referéndum del 10 –suponiendo que llegue a celebrarse–, esta agencia recaude la totalidad de los impuestos exigibles en Cataluña. Por tanto, estamos hablando, básicamente, de los impuestos sobre la renta, sobre el valor añadido y sobre sociedades, que quedan al margen de las competencias gestoras de las comunidades autónomas.

Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda ha hecho pública una nota en la que advierte a los contribuyentes de que las declaraciones por dichos impuestos presentadas y pagadas a la Administración catalana carecen de cualquier efecto. Se señala, además, que tal forma de proceder puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas e, incluso, penales.

Como puede comprobarse, el conflicto podría terminar afectando individualmente a ciudadanos y empresas que, como contribuyentes, podrían verse sometidos, hipotéticamente –la verdad, yo no creo que llegue a suceder– a dos Administraciones tributarias intentando ejercer su poder –uno legítimo, según nuestro actual marco normativo y otro, no– para la recaudación de los tributos. En esta situación, resulta difícil coincidir con el Ministerio de Hacienda en que la presentación equivocada de las declaraciones puede llegar a ser constitutiva de un ilícito penal. El delito fiscal exige dolo para su comisión y este no puede apreciarse en un estado de confusión administrativa como el que acabamos de describir. Pero, dicho esto, sí es cierto que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no va a renunciar a liquidar y exigir los impuestos que le corresponden, pudiéndose producir situaciones de pagos duplicados y de conflictos con el ciudadano derivados de la falta de competencia de la agencia catalana.

Por tanto, el anuncio realizado no constituye una buena noticia para la economía de la comunidad autónoma, ya que el clima de negocios de cualquier territorio depende, en buena medida, de la seguridad jurídica que se ofrezca. Todo lo contrario al escenario que plantea el Gobierno catalán. En todo caso y por la vía de la recomendación, nada mejor que presentar y pagar los impuestos a cada una de las Administraciones en función de su competencia. Esto es, los principales tributos del sistema –como decíamos, IRPF, IVA e IS–, a la Administración estatal.

En todo caso y como he señalado, no creo que esta situación de duplicidad de Administraciones tributarias llegue realmente a plantearse. Por ello, resulta más útil realizar alguna reflexión para el día después, una vez que el conflicto, en sus manifestaciones de unilateralidad más graves, haya desaparecido. La financiación autonómica, como sabemos, es una de las asignaturas pendientes en la presente legislatura y sus aspectos administrativos forman parte de la reforma que, antes o después, deberá acometerse. Esto es, deberemos plantearnos si resulta conveniente incrementar las competencias de gestión de las comunidades autónomas, extendiéndola a tributos, como el IRPF, cuya recaudación se cede parcialmente. Esta ha sido, ya desde antiguo, una aspiración de Cataluña, que planteó en la negociación del actual sistema de financiación.

A mi juicio, la respuesta debe ser negativa, aunque con matices. La experiencia comparada muestra –Alemania es un caso paradigmático– que una Administración tributaria fragmentada es mucho menos eficaz en la aplicación del sistema tributario y, en particular, en la lucha contra el fraude. Entre otras cosas, porque también se fragmenta la información y nada garantiza que esta sea compartida a fin de que se puedan planificar correctamente las actuaciones inspectoras. Dichas tareas deben seguir realizándose de manera centralizada, si no queremos perder en términos de eficacia.

Ahora bien, y estos son los matices, la actual participación de las comunidades autónomas en los órganos de dirección de la Agencia Tributaria del Estado no es del todo satisfactoria. Se produce a muy alto nivel y con una capacidad de influencia y decisión en el área operativa muy limitada. Tal vez aquí sí exista algún margen de mejora para dar cabida a las aspiraciones de comunidades que, como Cataluña, quieren tener un mayor control sobre los ingresos que dotan su Hacienda. Creo que esta es la verdadera discusión relevante, lo que tenemos ahora, fuegos artificiales.

Jesús Rodríguez Márquez es socio F&J Martín Abogados. Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UCM.

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