El Gobierno facilitará a las compañías catalanas el cambio ‘exprés’ de sede a otras regiones | Mi dinero

En circunstancias excepcionales, como las que vive España estos días ante el desafío independentista catalán, cambiar de región la sede social de una empresa está demostrando que, más allá de las necesidades operativas de la compañía, puede llegar a ser un movimiento de enorme calado desde el punto de vista legal y hasta político. Desde la reforma legal acometida por el Gobierno en 2015 se trata además de un paso fácilmente ejecutable en unas pocas horas. Ante la escalada de tensión que se vive estos días en Cataluña, y después de que sociedades tan relevantes como Banco Sabadell u Oryzon hayan decidido mudarse a otras comunidades autónomas, el Ejecutivo ultima ahora un decreto que facilitará aún más el proceso a partir de este viernes.

La decisión de estas compañías de trasladar su domicilio social a otras regiones busca aportar seguridad jurídica a sus clientes e inversores ante una eventual declaración unilateral de independencia. A la vez, el aplauso bursátil que recibieron este jueves Sabadell –o CaixaBank por la expectativa de que siga sus pasos– demuestran la importancia de una decisión empresarial que puede convertirse en uno de los principales frenos al pulso soberanista.

En este contexto, el Gobierno ha decidido dar una nueva vuelta de tuerca a la reforma de la ley de sociedades de capital que ya hizo hace dos años. Desde entonces, el cambio de sede social es una decisión que los gestores de una sociedad pueden consumar en unas pocas horas, sin consultar siquiera a los propietarios, y que no implica necesariamente el desplazamiento de personal o directivos al nuevo cuartel general.

Hasta 2015, era necesario que la junta de accionistas o los dueños de una firma dieran su visto bueno a un cambio de sede si era a otro municipio. Con la modificación, bastaba el visto bueno de los gestores, o del consejo de administración, para trasladar el domicilio a cualquier otro punto del territorio nacional. Con una excepción: salvo que los estatutos de la empresa especifiquen lo contrario.

El Gobierno se prepara ahora para eliminar también esta salvedad lo que permitirá que cualquier compañía pueda trasladar su sede social a otro lugar de la geografía española, en la que disponga de una dirección, sin necesidad de convocar a sus propietarios. La modificación, que el Consejo de Ministros prevé introducir por decreto este viernes según fuentes conocedoras, facilitaría a compañías como CaixaBank mover su domicilio pese a que la redacción de sus estatutos siga contemplando la necesidad de convocar una junta de accionistas.

La reforma de 2015 

“Toda sociedad debe tener desde que nace un domicilio social, real físico, una dirección. Los estatutos regulan cual será y qué puede hacerse para modificarlo y, en general, toda modificación de los estatutos corresponde a la junta de accionistas, a los socios o los dueños”, explica Federico Pérez de las Heras, socio de Dutilh Abogados.

En 2015, sin embargo, ya en medio de la creciente movilización de los independentistas en Cataluña y ante la petición de varias compañías radicadas en la región, se introdujo una enmienda para facilitar el proceso, relata. Salvo que los estatutos digan otra cosa, los administradores ya pueden modificar el domicilio de la sociedad dentro del territorio nacional en cualquier momento”, detalla el abogado.

“Son pocos pasos y la decisión es firme de inmediato”, explica Agustín Bou, socio del bufete Jausas, detallando que el cambio de sede es efectivo desde el momento en que lo aprueban los gestores y lo valida un notario, aunque luego sea necesaria su inscripción en el Registro Mercantil.

Este último paso, cuyo objetivo es hacer pública la decisión ante terceros, puede llevar de 10 a 15 días, aunque es posible agilizarlo, detalla Ignacio Aragón, socio del área mercantil del bufete Cremades & Calvo Sotelo.

El Gobierno despeja dudas 

Su experiencia revela que, tras la modificación de la ley de 2015, ni siquiera la salvedad de los estatutos de la empresa podía suponer un freno a la decisión de un consejo de administración de mover la sede social.

“Muchos de los estatutos remiten a la ley o la transcriben, por lo que seguían poniendo que corresponde a la junta aprobarlo”, detalla, por lo que “la Dirección General de los Registros y el Notariado estableció el criterio de que le corresponde decidir al órgano de administración porque estas compañías tenían una simple remisión a la legislación vigente en el momento de la redacción de los estatutos, y si la legislación cambia también” debe entenderse que lo han hecho estos reglamentos, expone Aragón, salvo que los accionistas hayan especificado lo contrario desde 2015.

Lo previsible, en todo caso, es que el Gobierno modifique este viernes la ley para eliminar esa salvedad de que pesan más los estatutos que la legislación, a fin de allanar el terreno a las compañías que busquen cambiar su domicilio con la máxima velocidad y plenas garantías.

Consecuencias de cambiar la sede

En cuanto a los efectos prácticos del cambio de domicilio, aunque lo normal es que la junta de accionistas sí pase a celebrarse en la nueva ciudad donde se establezca la compañía, los expertos en derecho mercantil aducen que no tiene muchas más repercusiones pues no exige el traslado efectivo de los centros de poder o el personal. Prueba de ello es que grupos como Banco Santander y BBVA tienen sus servicios centrales en Madrid aunque su sede se sitúe en Santander y Bilbao, respectivamente.

Tampoco tiene efectos relevantes el cambio de sede a efectos fiscales, dado que el impuesto sobre sociedades es nacional y se paga directamente a Hacienda, detalla Mabel Zapata, del bufete Cremades & Calvo Sotelo. “La decisión que puede tener implicaciones fiscales es la de modificar el domicilio fiscal de la sociedad, que puede no coincidir con el domicilio social, aunque lo habitual es que sí lo hagan”, matiza Eduardo Gracia, socio de Derecho Tributario del bufete Ashurst.

“Los únicos impuestos que se verán afectados por el cambio de localización del domicilio fiscal son los atribuidos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, en particular, el impuesto sobre operaciones societarias (1% de las reducciones de capital y de los pagos de la cuota de liquidación), actos jurídicos documentados (al tipo establecido por cada autonomía sobre los documentos que emitan notarios) y el Impuesto de Actividades Económicas”, explica.

Las pymes catalanas multiplican las consultas a notarios por traslados

El desplazamiento de la sede social fuera de Cataluña, ante la inseguridad jurídica que plantea el plan del Govern de realizar una declaración unilateral de independencia, no está siendo un movimiento protagonizado únicamente por grandes compañías como Oryzon o Banco Sabadell. Fuentes notariales revelan que en las últimas semanas han comenzado a elevarse las consultas realizadas a fedatarios públicos sobre los cambios de domicilio social por parte de pymes. Es más, algunas de ellas, han comenzado a ejecutarlos, según estas mismas fuentes. Sin embargo, no existirán datos estadísticos fiables de este movimiento hasta dentro de unos 15 días cuando los notarios de todo el país hayan volcado la información en los registros estadísticos, informa Marimar Jiménez.

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A Michel Temer se le da bien el sector del petróleo | Mercados

A Michel Temer le va bien en algún aspecto, al menos. El presidente brasileño ha mejorado la economía de su país, aunque su popularidad esté hundida por las acusaciones de corrupción. Suavizar las políticas energéticas nacionalistas de su predecesora permitió el miércoles un récord en la subasta de derechos de perforación de petróleo y es un buen augurio para la próxima, en octubre.

Brasilia consiguió 1.000 millones de euros por su venta de derechos de exploración y producción de petróleo. Exxon Mobil fue el mayor comprador, junto con el estatal Petroleo Brasileiro. En la última subasta, en 2015, fueron solo 32 millones de euros, con Dilma Rousseff como presidenta.

Dentro de una serie de cambios encaminados a reducir el déficit fiscal y atraer la inversión extranjera, Temer ha aliviado la regulación de la industria energética. También ha eliminado la exigencia de que Petrobras asuma el liderazgo y una alta participación mínima en el desarrollo de los codiciados campos petrolíferos subsalinos del océano Atlántico.

Los brasileños dan poco crédito a Temer por sus reformas, que incluyen propuestas profundamente impopulares para reducir el gasto en pensiones. Se enfrenta a nuevos cargos de corrupción que requerirán que la Cámara Baja vote si debe o no ser juzgado. Maestro de las maniobras legislativas, es probable que Temer gane y termine su mandato, pero más de tres cuartas partes de los brasileños dijeron en una encuesta publicada el jueves que consideran su Gobierno malo o terrible. Su promesa de no volver a presentarse, al menos, le libera para impulsar los cambios destinados a restaurar la salud fiscal de la mayor economía de América Latina.

México puede quedarse atrás. Ha llevado a cabo sus propias subastas de petróleo desde la liberalización del sector en 2013, también tratando de atraer la inversión extranjera tras décadas de abandono bajo el monopolio estatal Petróleos Mexicanos. Su próxima subasta de petróleo de aguas profundas está programada para enero. Dado que ha aumentado la competencia regional, es posible que los postores de ultramar apoyen a Temer aunque sus conciudadanos no.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.

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Defensa pone a la venta el solar del antiguo Hospital del Aire | Compañías

Defensa pone a la venta el conocido como Hospital del Aire, en la zona de Arturo Soria, uno de los barrios residenciales más caros de la capital.

El Consejo de ministros ha autorizado este viernes al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) enajenar por el procedimiento de subasta la propiedad denominada “solar del antiguo hospital central del Aire” ubicada en Madrid, con un precio de licitación de 25,1 millones de euros.

La propiedad se encuentra localizada en la calle Arturo Soria número 82, de Madrid, y tiene una superficie catastral de 28.341 metros cuadrados. Constituye una manzana rodeada por cuatro calles: Arturo Soria, Natalia de Silva, General Aranaz y García Quintanilla.

La propiedad fue adquirida por el desaparecido Ministerio del Aire en el año 1945 mediante compraventa. El 21 de diciembre de 2010 se procedió a la firma de un protocolo general de intenciones entre el Ministerio de Defensa y la Fundación Universidad Empresa para la enajenación de este inmueble, protocolo que quedó sin efecto el 30 de junio de 2011.

Ese edificio sirvió como hospital de referencia para el Ejército del Aire, aunque fue clausurado hace 15 años y posteriormente demolido. Desde entonces, se ha visto ese solar con un enorme potencial para el residencial e incluso para algún centro comercial.

Al tratarse de un bien cuyo valor de venta excede de veinte millones de euros, la enajenación debe ser autorizada por el Consejo de ministros.

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¿Tiene tiempo el Gobierno para aplicar el artículo 155 antes del 1-O? | Legal

Mucho se ha hablado en los medios de una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del Gobierno ante lo sucedido en Cataluña. De acuerdo con este precepto, ante un incumplimiento grave por parte de una comunidad autónoma de sus obligaciones constitucionales y legales, el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para obligar a su cumplimiento forzoso.

Los expertos consultados coinciden en la falta de tiempo para llevar a cabo la tramitación que exige la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno. Y es que el artículo 189 del Reglamento del Senado, que es el que regula este procedimiento, incluye, tal y como explica Germán Gómez Orfanel, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Complutense, “la propuesta del Senado por parte del Gobierno de las medidas concretas que pretende aplicar, el requerimiento al presidente de la comunidad autónoma para que cumpla sus obligaciones constitucionales y legales, la convocatoria de la Comisión General de las comunidades autónomas para que estudie la propuesta y permita alegaciones de la comunidad afectada y, finalmente, el debate y su aprobación por mayoría absoluta en el Senado”. Una tramitación que para este catedrático “requeriría unos veinte días”.

En sintonía con este planteamiento se sitúa Pablo Gutiérrez de Cabiedes, abogado y catedrático de derecho procesal de la Universidad CEU San Pablo, que coincide en que “no existe prácticamente tiempo para cumplir el procedimiento de aplicación del artículo 155″. Sin embargo, algunos expertos creen que todavía habría cierto margen para aplicarlo. En este sentido, José Eugenio Soriano, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense, matiza que si el Gobierno pretende aplicarlo “tiene que apresurarse para cumplir todos los trámites previstos en el artículo 189 del Reglamento”.

El 155 no concreta qué medidas puede tomar el Gobierno

Se trata de un mecanismo de gran alcance puesto que el precepto solo indica que el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias”, no especificando cuáles pueden ser esas medidas concretas.

Según recoge Gómez Orfanel, entre las medidas que podría adoptar el ejecutivo en aplicación del artículo 155 “podemos pensar además de en el desplazamiento de competencias, en categorías como la sustitución, ejercitando el Estado las competencias autonómicas, o en la suspensión o destitución de órganos autonómicos como por ejemplo se recoge en la Constitución italiana incluso con la disolución de la Asamblea regional y la destitución del presidente de la Región”. Soriano también hace referencia a la regulación de esta figura jurídica en la constitución italiana, donde sí se especifica que, ante “medidas regionales que violen la igualdad entre los italianos, directamente podrá sustituirse en ese Gobierno regional”. A lo que añade que en el caso de España, el Estado, en virtud de la activación del artículo 155 CE, también tendría la “posibilidad de suspender al Gobierno y colocar a un delegado” pero sólo ante “una situación de extrema emergencia que determinara que el cumplimiento de las obligaciones que la comunidad autónoma incumple tuvieran que realizarse de esa forma y que no hubiera alternativa”.

Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, destaca que la suspensión de la autonomía no tiene por qué ser una consecuencia de la aplicación de este mecanismo ya que “el artículo permite distintas medidas en contenido y grado que pueden oscilar desde la intervención de ciertas competencias hasta la asunción de algunas (interior, policía, economía, etc.) o todas las que ejerce la comunidad autónoma”.

Hacienda ya controla las cuentas de la Generalitat

Debido a la dimensión de las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que pretende evitarlo. Sin embargo, sí ha empleado otros mecanismos legales existentes como el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos publicado en el BOE el pasado 16 de septiembre, que supone la toma de control sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma de Cataluña por parte del Ministerio de Hacienda.

Se trata de una medida que genera controversia entre los expertos. José Eugenio Soriano considera que “tiene apoyo directo en el artículo 135 que establece el principio de estabilidad presupuestaria y en la evitación de la desviación de poder”, Por el contrario, Gómez Orfanel, afirma que esta iniciativa no está jurídicamente legitimada puesto que “no ha cumplido con la regulación prevista en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” ya que no ha realizado “el requerimiento al presidente de la comunidad para adoptar un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto, el Ministro de Hacienda no puede sustituirlo adoptando él tal acuerdo”. Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, añade que “precisamente porque el artículo 155 ha adquirido un carácter de tabú, cuya aplicación se ha querido evitar, el Gobierno ha actuado con otros mecanismos legales existentes” siendo uno de ellos “la intervención de gasto del actual Gobierno autonómico de Cataluña”.

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El recelo del PNV deja en el aire la rebaja del IRPF y la mayor baja por paternidad | Mi dinero

En mitad del clima enrarecido y crispado por el proceso soberanista en Cataluña, el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Un trámite que se prevé tortuoso. De hecho, Hacienda ha modificado el calendario previsto y ha sacado de la agenda del Consejo de Ministros de hoy la aprobación del Presupuesto. Se busca ganar tiempo para acercar posturas.

El PNV, que apoyó las cuentas del ejercicio en curso, se ha mostrado reacio a ceder sus votos y ha criticado la actuación del Gobierno en la gestión de la crisis política abierta en Cataluña. También el procés ha sido clave, pero en sentido contrario, para acelerar el acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos. La formación naranja ha querido confirmar su apoyo a las cuentas para dar una imagen de estabilidad.

Ciudadanos apoyará los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha negociado medidas como incluir una rebaja del IRPF. En concreto, las cuentas contemplarán que los asalariados que ganan menos de 14.000 euros al año no tributen por IRPF. Actualmente, la exención se limita a quienes cobran hasta 12.000 euros. Para las rentas entre 14.000 y 17.500 euros se fijará una reducción tributaria que aún no se ha concretado. También en el ámbito del IRPF, se ampliarán las bonificaciones y ayudas para las familias con hijos. Y el compromiso es bajar el IVA de las entradas de cine del 21% al 10% en 2018.

Ciudadanos cerró este pacto de la rebaja del IRPF en junio, tras sortear la negativa inicial del ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro era partidario de posponer a final de legislatura la reducción fiscal.

Ahora, el acuerdo para apoyar el Presupuesto también incluye elevar una semana hasta las cinco el permiso de paternidad. Ya el año pasado se amplió dos semanas. Rivera, que compareció ayer en el Congreso, señaló que entre los compromisos también se ha incluido la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. 

El presidente de Ciudadanos también aseguró que se incluirán ayudas de guardería para las familias con hijos entre cero y tres años y prometió inversiones para el Corredor Mediterráneo. En total, Rivera estimó que el pacto entre PP y C’s ascenderá a 8.000 millones de euros. “Si se cumplen, Ciudadanos dará luz verde a los Presupuestos”, dijo. 

En cualquier caso, el pacto con Ciudadanos se daba por hecho. Las cuentas del año pasado salieron adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. La clave será la negociación con los nacionalistas vascos, que ya arrancaron el año pasado una actualización del cupo muy beneficiosa para los intereses del País Vasco.

La posibilidad de que el Presupuesto no salga adelante es real y podría acelerar la convocatoria de elecciones. Sin embargo, fuentes del Gobierno reconocen que este escenario no es deseable en un contexto como el actual, en el que altos cargos de la Generalitat de Cataluña están detenidos y el movimiento independentista llama a una manifestación permanente.

Si no se produce un Consejo de Ministros extraordinario, será el viernes 29 de septiembre cuando se aprueben los Presupuestos de 2018, que deben ser remitidos al Congreso antes del 1 de octubre. Ello significa que podría habilitar el sábado 30.

El pasado julio, los Presupuestos ya sortearon su primer trámite parlamentario cuando el Congreso aprobó el techo de gasto para 2018 con los votos de PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y la abstención de Nueva Canarias. El límite de gasto no financiero se fijó en 119.834 millones, un 1,3% más que el ejercicio anterior. El incremento es inferior a la evolución prevista del PIBnominal y, por ello, Hacienda mantiene que son unos Presupuestos austeros.

España se ha comprometido con Bruselas a rebajar su déficit público hasta el 2,2% del PIB, lo que supondría cumplir el Pacto de Estabilidad de la UE por primera vez en una década. Se trata de un reto exigente, aunque es cierto que en el momento en el que se baja del entorno del 3%, los posibles desvíos se consideran más aceptables tanto por Bruselas como por los mercados.
La deuda pública, que ronda el nivel del 100%, también debe mantener una senda descendente. Según los objetivos de estabilidad, el pasivo se situará en 2018 en el 97,6% del PIB para caer hasta el 92,5% en 2020. El crecimiento económico, el aumento de los ingresos y la contención del gasto son las variables que permitirán reducir la deuda.

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Referéndum Cataluña: Montoro: “Ni un euro irá a pagar una actividad ilegal” | Mi dinero

El Consejo de Ministros ha abordado este viernes el paquete de medidas extraordinarias impulsadas desde el Ministerio de Hacienda como respuesta al último desafío soberanista de la Generalitat de Cataluña, que el jueves anunció que dejaría de dar cuenta de sus gastos.

Hacienda venía exigiendo desde julio un informe semanal de los gastos aprobados por el Govern para ir liberando los fondos destinados a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a fin de evitar que recursos públicos fueran destinados a la organización del pretendido referéndum independentista previsto para el 1 de Octubre, que el Tribunal Constitucional ha dejado en suspenso.

En respuesta, como adelantó este diario, Hacienda ha puesto en marcha medidas preventivas, correctivas y coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le permiten tomar el control de facto de la financiación autonómica.

“Hemos aprobado un novedoso sistema de pagos por los que el Estado sustituye en los pagos a la comunidad autónoma”, ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, matizando que “no completamente, pero sí en su mayoría”.

“Ningún euro irá a pagar ninguna actividad ilegal”, ha dicho Montoro, garantizando que Hacienda se cerciorará de que los fondos públicos que van a parar a la comunidad autónoma no sirvan para sufragar la consulta soberanista.

Para poner en marcha estas medidas, el Gobierno eleva un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dándole 48 horas para que emita un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, que si no firma, será el Gobierno quien aplique. Es decir, el pago de nóminas y servicios públicos fundamentales serán asumidos por Hacienda en cualquier caso, pero el Govern tiene dos días para entregar el resto de facturas pendientes si pretenden que el Estado las cubra.

A partir de ahí, será la administración central quien supervise directamente el pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma y apruebe los distintos gastos que se deban afrontar siempre exigiendo la debida justificación, ha explicado el ministro. Montoro ha aclarado que lo que el Estado pasará a controlar son unos 1.400 millones de euros al mes en gastos de Cataluña.

Montoro, eso sí, ha admitido que el Estado no entrará en los recursos propios que obtiene la comunidad por los impuestos regionales, que serían de unos 250 millones al mes. 

El Estado pagará hasta las nóminas

“Significa que el Estado pasa a pagar buena parte de las nóminas. Es un control de los pagos durante el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad que marcan los dirigentes de la Generalitat”, ha explicado, avanzando que este nuevo marco operará “mientras se sigan negándose a cumplir la ley”. “Con esa negación a cumplir la ley son ellos los que ponen en riesgo las prestaciones de servicios públicos, las transferencias a familias, los pagos de dependencia”, ha aseverado.

Montoro ha sostenido que “es imposible” que Puigdemont no cumpla, alegando que “por no cumplir, ¿nos van a decir que no paguemos los servicios públicos, la protección” de la ciudadanía?, se ha preguntado.

El ministro de Hacienda ha admitido que la legislación que se aplica es excepcional, es la primera vez que se aplica y que es una palanca previa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite retirar la autonomía a la comunidad.

Denuncia a la Fiscalía

Montoro ha avanzado que la negativa del vicepresidente económico de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, a informar a Hacienda de los gatos de la Comunidad Autónoma ha sido remitida a la Fiscalía.

El envío a la Fiscalía corresponde a la actuación de la interventora general de la Generalitat bajo prescripción de la Abogacía del Estado ante alguien que no cumple con sus responsabilidades con la justificación, ha aclarado Montoro, advirtiendo que “cualquier funcionario que recibe una orden de un superior que es una ilegalidad está sujeto a consecuencias del incumplimiento de la ley”. “El superior está colocado fuera de la legalidad, no, lo siguiente”, ha puntualizado Montoro sobre Junqueras, que fue quien ordenó a la interventora dejar de dar cuentas al Estado.

“Si una actividad es ilegal, ningún euro público puede ir destinado a una actividad ilegal. Pero tampoco privado. No puede haber ningún privado que lo haga. Un referéndum ilegal no puede tener financiación, sea pública o privada”, ha advertido Montoro. “Ni un euro de los catalanes irá a pagar un referéndum ilegal”, ha remachado el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Rajoy: “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”

 “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, adivirtió el viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su intervención en la Junta Directiva Regional extraordinaria del PP catalán celebrada en Barcelona horas después del Consejo de Ministros que aprobó arrebatar a Cataluña su soberanía financiera. Rajoy se mostró orgulloso de que el Fondo de Liquidez Autonómica haya facilitado 69.000 millones de euros para atender los vencimientos de deuda y el pago a proveedores de la región, pero advirtió que “si en 48 horas no hay cumplimiento de la ley, los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno de España”. “El Estado va a seguir actuando porque es su obligación”, expuso, asegurando que los funcionarios catalanes seguirán cobrando. Más allá, Rajoy felicito a la Guardia Civil por haber requisado 100.000 carteles de propaganda a favor del referéndum.

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Hacienda tomará el control financiero de Cataluña ante su insurrección económica | Mi dinero

El Ministerio de Hacienda trasladará este viernes al Consejo de Ministros un paquete de medidas en respuesta al último desplante soberanista de la Generalitat, que este jueves puso en marcha una suerte de insurgencia económica incrementando la autonomía fiscal de la región y la desconexión informativa con el Gobierno central.

En concreto, el Govern anunció este jueves que reforzará la llamada Hacienda catalana, pese a que el Tribunal Constitucional acaba de dejar en suspenso algunas de sus nuevas funciones, y que dejará de dar cuenta de sus gastos al Ministerio de Hacienda. En respuesta, el Gobierno se prepara para tomar el control financiero de Cataluña.

El detonante fue la carta del vicepresidente económico de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicando al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dejará de remitirle los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat.

Considera que “suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia”, recoge Europa Press. El Gobierno implantó esta exigencia de información semanal en julio para evitar que la Generalitat desviase fondos para la organización del referéndum de independencia previsto para el 1 de Octubre, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Hacienda cuenta para hacer frente a este nuevo desafío con las medidas preventivas, correctivas y coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cataluña es una región que está ya sujeta a medidas especiales de control por haber incumplido el objetivo presupuestario –lo que previsiblemente hará de nuevo este año– con lo que dejar de informar de sus gastos al Ministerio da pie a elevar el grado de intervención.

Hacienda tomará el control financiero de Cataluña ante su insurrección económica

El Gobierno, avanzan fuentes conocedoras de la materia, pasará a controlar directamente no solo el dinero que se traspasan a la Generalitat mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (que ha facilitado más de 53.000 millones a Cataluña desde 2012) sino también los recursos inyectados a cuenta, provenientes del cobro de tributos.

Hacienda pasará así a controlar directamente los fondos y pagos a los proveedores de la región, y exigiendo justificantes para cada gasto, incluyendo el pago de nóminas a funcionarios, evitando así el posible desvío de fondos públicos para a la celebración del referéndum soberanista.

El Consejo de Ministros estudiará medidas adicionales. A falta de conocerlas, la legislación permite que ante el incumplimiento de sus obligaciones, “las competencias normativas que se atribuyan a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado”. Más allá, Hacienda podrá sancionar a la región imponiendo un depósito en el Banco de España por el 0,2% del PIB catalán.

Reforzando la Hacienda catalana

En paralelo, la Generalitat se prepara para reforzar la llamada Hacienda catalana pese a que el modelo, potenciado en el marco del proceso soberanista impulsado por las fuerzas independentistas de la región, ha sido suspendido en parte por el Tribunal Constitucional.

En concreto, la Agencia Tributaria de Cataluña ha anunciado este jueves que convocará un centenar de nuevas plazas de trabajo en los próximos días para reforzar su plantilla con nuevas incorporaciones que se consumarían, como muy tarde, en el primer trimestre de 2018.

La Hacienda catalana busca contratar a 60 administrativos y 40 técnicos para reforzar el ámbito operativo de la agencia, que según la nueva regulación aprobada tendrá capacidad para gestionar todos los tributos de la región.

La convocatoria de plazas tendrá lugar por tanto en la recta final hacia el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre, que el Govern de Cataluña está dispuesto a celebrar pese a la suspensión impuesta por el Constitucional y la orden de la Fiscalía a los distintos cuerpos policiales para perseguir su organización.

El nuevo Código Tributario de Cataluña ha quedado suspendido cautelarmente, sin embargo, después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso presentado por el Gobierno.

El propio Ministerio de Hacienda ya advirtió la pasada semana que hay tributos que solo el Estado puede gestionar y que no deben abonarse al organismo regional. El aviso llegó solo unas horas después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentara públicamente la nueva Hacienda catalana.

Varios miembros de su Gobierno replicaron luego que no han hecho un llamamiento a cobrar los impuestos estatales en la Hacienda catalana, pero aducen que la institución será la responsable de gestionar los tributos de la región si logra independizarse de España.

Algunas plataformas empresariales contrarias al proceso soberanista han criticado la nueva Hacienda catalana por la confusión que genera a la hora de tributar, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. 

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Referéndum: Moody’s alerta del impacto negativo del ‘procés’ en la solvencia de España y Cataluña | Mercados

Cataluña celebró este lunes su día grande, la Diada, con una manifestación de decenas de miles de personas que desde hace un lustro se ha convertido en demostración de fuerza de los partidarios de la independencia. En la recta final para el pretendido referéndum del 1 de Octubre, la vía soberanista recibió un nuevo mazazo de los analistas del mercado, en este caso de los de la agencia de calificación de riesgos Moody´s, que se suma a los de los últimos días.

La firma expuso este lunes que a pesar de las tensiones cada vez más acentuadas entre el Gobierno central y regional, confía en que la secesión no tenga lugar. Más allá, Moody´s advierte que el proceso independentista catalán afecta negativamente a la solvencia de España y Cataluña. Para la agencia, una solución duradera del conflicto pasaría por otorgar a Cataluña más independencia fiscal y por llevar a cabo una reforma del sistema de financiación, dentro del marco legal constitucional.

A la hora de analizar el escenario, Moody´s recuerda que con la independencia catalana, España perdería una región con un PIB per cápita por encima de la media, en la que vive el 16% de la población del país. Esto supondría un recorte en el PIB del 19% que debilitaría la fortaleza económica del Estado.

También tendría efectos negativos en la economía catalana: desde el 2012 la Generalitat ha recibido 68.000 millones de las arcas del Estado, sobre todo a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que constituye alrededor del 70% de la deuda total de la comunidad. “La calidad crediticia de la región podría verse afectada negativamente si las tensiones políticas se intensificaban aún más, provocando dudas sobre la voluntad del gobierno central de proporcionar apoyo a través de la FLA”, explica Moody’s.

Las expectativas de la agencia no contemplan la secesión debido a “la oposición firme del Gobierno central”, a “los instrumentos legales” al alcance del Estado para frenar el desafío y a que las encuestas mostrarían más apoyo popular al “no”. Incluso si el referéndum acaba celebrándose y arrojara más votos independentistas, Moody’s cree que “la falta de base legal y la ausencia de una cuota de participación mínima” pondrían en tela de juicio la legitimidad de la consulta y el resultado.

En todo caso, la relación política entre el Gobierno central español y las autoridades catalanas se mantendrá muy tensa, vaticina. Para la agencia, esto podría complicar los esfuerzos para llegar a un compromiso que responda al deseo de muchos catalanes de una mayor autonomía fiscal. Sin embargo, Moody’s cree que las presiones independentistas podrían derivar en una mayor descentralización regional.

La valoración de Moody’s sigue a otras similares emitidas en los últimos días por otras agencias de calificación crediticia como Fitch o DBRS.

“El 1-O será un tsunami democrático que no podrá pararlo absolutamente nadie. La reacción que tenga el Estado nos da igual. Esto no lo para nadie, porque es pacífico, democrático y hay una determinación absoluta”, declaró este lunes el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, obviando las valoraciones de los analistas.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que el pasado viernes advirtió que no pondría en riesgo a los funcionarios apoyando una consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, matizó este lunes que hará “todo lo posible” para que los barceloneses puedan votar siempre que no se ponga en peligro la “seguridad de la institución y de los trabajadores” municipales.

De otra parte, el independentismo recibirá otro varapalo judicial previsiblemente este martes cuando el Constitucional aborde la Ley de Transitoriedad, que fija el marco legal de la región desde la consulta hasta la eventual consumación de su independencia, lo que supondrá la suspensión cautelar de la norma como ocurrió el jueves con la ley del referéndum.

Otros informes clave

  • Fitch. La valoración de Moody’s sigue a la hecha pública por Fitch el pasado viernes. Esta otra agencia aseguró que “ve poco verosímil” la independencia catalana, pero alertó de una escalada en las tensiones entre el Gobierno central y el Govern. Fitch afirmó que la normalización de las relaciones llevaría a una mejora del rating catalán que es de BB, dos escalones dentro del llamado bono basura o deuda de alto riesgo. También añadió que espera que el referéndum no altere la economía española.
  • DBRS. La agencia canadiense de calificación de riesgos DBRS también ha abordado el proceso independentista en los últimos días aseverando que la mejora de la economía y la reducción del desempleo han comenzado a restar apoyos a las fuerzas soberanistas. DBRS también asume que aunque el referéndum se llegue a celebrar carecerá de legitimidad.

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Hacienda ofrece a los funcionarios un alza salarial hasta 2020 ligada al PIB | Mi dinero

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ofrecido a los empleados públicos un plan de subida salarial a tres años vinculado al Producto Interior Bruto (PIB) y a otros indicadores macroeconómicos como pueda ser el precio del petróleo, según han confirmado fuentes sindicales.

De momento, los sindicatos que se encuentran estos días negociando con el Ministerio de Hacienda su sueldo para los próximos años, solo tienen dos certezas avanzadas por el titular de este departamento, Cristóbal Montoro: que los salarios de los empleados públicos crecerán por encima del 1% en 2018 –en 2017 aumentaron 1%– y que el Gobierno planterá un escenario plurianual de incrementos retributivos para toda la legislatura (2018, 2019 y 2020).

La intención del Gobierno, según lo manifestado por los responsables de Hacienda en el último encuentro tenido con los representantes sindicales de CC OO, UGT y CSIF, es ofrecer una fórmula para fijar los incrementos salariales de los empleados públicos que tenga en cuenta la marcha de la economía para establecer mayores o menores aumentos.

En concreto, la oferta gubernamental consistiría en emular, en la medida de lo posible, la fórmula que pactaron los sindicatos y los empresarios del sector privado en el II Acuerdo para el Empleo y  Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, donde se incluían las recomendaciones para fijar las retribuciones de más de diez millones de asalariados protegidos por convenio colectivo.

Los firmantes de aquel pacto admitieron un baremo de incremento de los salarios en función exclusivamente de la marcha del PIB. Decían concretamente: “En el año 2014, el aumento de los salarios pactados debería ajustarse al ritmo de actividad de la economía española, según los siguientes criterios: Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es inferior al 1%, el aumento salarial no excederá el 0,6%.  Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es superior al 1% e inferior al 2%, el aumento salarial no excederá el 1%. Y, finalmente, si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 alcanza o supera el 2%, el aumento salarial no excederá el 1,5%”.

En aquel pacto se establecían también unos baremos de incremento salarial ligados a la marcha de los precios en España y su desviación sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo. En concreto, indicaba que “en el año 2012, el aumento de los salarios pactados no debería exceder el 0,5%, con una cláusula de actualización aplicable al final del ejercicio concretada en el exceso de la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%)”.

Además, el texto añadía “si la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre fuera superior a la tasa de variación anual del IPC armonizado de la Zona Euro en el mismo mes, entonces se tomará esta última para calcular el exceso. De producirse este hecho, la cantidad resultante se aplicaría en una vez. Y si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el mes de diciembre es superior en un 10% al precio medio del mes de diciembre anterior, para calcular el exceso citado se tomarán como referencia los indicadores de inflación mencionados excluyendo en ambos los carburantes y combustibles”.

Sin embargo estas referencias a los precios serían de difícil reproducción en la actualidad dada la existencia de la ley de Desindexación que prohibe referenciar la evolución de numerosos indicadores al IPC, salvo que pueda probarse que el incremento de la tarifa o el precio final del bien o servicio está generado por el aumento del precio de la materia prima, como podría ser el caso del petróleo.

Las previsiones del Gobierno estiman que el PIB crecerá un 2,6% en 2018, un 2,5% en 2019 y un 2,4% en 2020, del tal manera que vincular los salarios de los funcionarios al incremento de la economía evitaría, al menos, una pérdida de poder adquistivo, teniendo en cuenta además que el Ejecutivo contempla una evolución moderada de la inflación en los próximos años.

Reacciones sindicales

Desde los sindicatos valoran la propuesta de Hacienda como “un factor más a tener en cuenta” para el incremento salarial, pero a priori y a la espera de que se concrete la propuesta, consideran que el crecimiento del PIB no debería ser determinante para fijar la subida salarial, sino simplemente un factor más a tener en cuenta, señalaron a Europa Press en fuentes de UGT.

En su lugar, siguen reclamando una subida salarial para los funcionarios ligada al IPC para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, indicaron desde UGT y CSIF. Es más, desde esta última central hacen hincapié en que en los próximos años no solo se recupere el poder de compra perdido sino que no se pierda más. CSIF cifra en torno al 20% esta pérdida de poder adquisitivo.

Además, también ven “fundamental” la recuperación de la jornada de 35 horas para aquellas administraciones que así lo acuerden con las organizaciones sindicales, como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid.

Los sindicatos también destacan la importancia de aprobar una oferta de empleo público que ponga fin a la tasa de reposición y que permita, a través de un plan de recursos humanos, aumentar las plantillas por encima de las jubilaciones “en los ámbitos donde sea necesario”.

Antes de las vacaciones de verano, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostró abierto a incluir esta medida en las cuentas del Estado para 2018.

En esta línea, el Gobierno confirmó que estaba “dispuesto a negociar” y que quizás es posible recuperar las 35 horas en algunos ámbitos. No obstante, interlocutores sociales afirman que Hacienda “por el momento” no ha mostrado sus cartas y les han trasladado que están viendo “posibilidades presupuestarias”.

Nuevo encuentro esta semana

Hacienda convocará de nuevo esta semana a las centrales sindicales, previsiblemente para el miércoles o el jueves, para seguir negociando la subida salarial y el resto de asuntos relativos a los funcionarios, de forma que convocará la semana que viene la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

En la Mesa General están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes 22 de septiembre.

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El déficit del Estado se reduce un 28,6% y supone el 1,86% del PIB | Mi dinero

El Estado registró un déficit de 21.604 millones de euros hasta julio, lo que supone un descenso del 28,6% respecto al mismo periodo de 2016, es decir, 8.655 millones menos, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda. La reducción del déficit se produjo por un aumento de los ingresos en un 4,8% y una reducción de los gastos en un porcentaje inferior, del 3,2%.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha indicado que este descenso incluye el impacto de la liquidación del sistema de financiación de 2015 efectuada en julio, que aumenta en 675 millones respecto a la liquidación realizada en julio del año pasado.

Excluyendo el efecto de la liquidación en ambos años, el déficit del Estado caería un 43,1% interanual.

En términos de PIB, el déficit del Estado hasta julio es equivalente al 1,86% frente al 2,72% del año anterior, resultado, según Hacienda, de “unos recursos que ascienden al 8,54% del PIB y de unos empleos que suponen el 10,40% del PIB”, informa Europa Press.

Los datos referidos al conjunto de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social correspondientes al mes de junio en términos de contabilidad nacional se publicarán el próximo 12 de septiembre.

Los recursos no financieros del Estado han aumentado a 99.329 millones hasta junio, frente a los 94.736 millones registrados en 2016.

SUBEN LOS INGRESOS POR IVA

Los ingresos por impuestos y cotizaciones han ascendido a 90.501 millones, de los que 56.085 millones que corresponden a impuestos sobre producción y las importaciones, que crecen un 5,1% por la evolución de los ingresos por IVA, que han aumentado un 5,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han registrado un incremento del 11,1%, hasta los 29.962 millones de euros. Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se encuadra en el grupo de los impuestos corrientes, el aumento ha sido del 2%, hasta alcanzar los 19.588 millones.

En concreto, Hacienda explica que este aumento se ha compensado en parte con el efecto de la liquidación del sistema de financiación del 2015, que supone unos mayores ingresos para las comunidades autónomas por importe de 640 millones.

El Impuesto de Sociedades ha crecido un 36,3% por el incremento del primer pago fraccionado. Del resto de recursos, que acumulan un importe de 8.828 millones de euros, destacan los menores dividendos procedentes del Banco de España, que disminuyen en 584 millones y que se compensan con los dividendos de Enaire, que ascienden a 292 millones sin correspondencia con el año anterior.

Por otro lado, la liquidación del sistema de financiación de las administraciones territoriales de 2015 ha ascendido a 9.262 millones, 675 millones más que la liquidación efectuada el año pasado. Así, la liquidación ha resultado a favor de las comunidades autónomas por importe de 8.653 millones y a favor de las corporaciones locales por 609 millones de euros.

El Ministerio también ha explicado que la liquidación del sistema de financiación “no afecta” al déficit del conjunto de las administraciones públicas, pero sí al de los distintos subsectores, suponiendo un mayor déficit para el Estado en el séptimo mes del año.

CAEN LOS GASTOS NO FINANCIEROS

En julio continuó la reducción de los gastos no financieros del Estado, con una caída acumulada del 3,2% en lo que va de año, hasta los 120.933 millones. Esta cifra también está afectada por la liquidación del sistema de financiación, que supone 7.571 millones de gasto para el Estado. Eliminando el efecto de la liquidación a comunidades autónomas del sistema de financiación en 2015 y 2016, la reducción de los gastos no financieros alcanzaría el 3,4%.

Se observa un descenso generalizado en prácticamente todas las rúbricas de gasto, con una disminución del 5,5% de los intereses, del 6,5% en consumos intermedios, del 4,1% en remuneración de asalariados, afectado en parte por la devolución de la paga extra realizada en 2016, sin reflejo en 2017, y el descenso del 10,1% en la aportación para financiar el Presupuesto de la Unión Europea.

Las transferencias corrientes entre administraciones públicas, que son la partida de mayor volumen, han bajado un 3,3%, destacando el descenso de las transferencias realizadas al Servicio Público de Empleo Estatal para financiar las prestaciones por desempleo en 1.775 millones, gracias a que se mantiene la favorable evolución del mercado laboral, según destaca Hacienda.

Las transferencias a los organismos de la Administración Central también han sido inferiores en un 18,4%.

Por último, las corporaciones locales han recibido del Estado un 3% menos en 2016 por los menores pagos derivados de la liquidación de 2015. En sentido contrario, aumentan un 1% las transferencias destinadas a comunidades autónomas consecuencia de la liquidación definitiva de 2015, debido al aumento de las entregas a cuenta del sistema de financiación que crecen un 1,1%.

CRECIMIENTO DE LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS

Entre las partidas de gasto corriente que aumentan cabe señalar las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, que registran un incremento del 1,9%, consecuencia fundamentalmente del crecimiento de las pensiones de clases pasivas.

Dentro de los empleos de capital, la formación bruta asciende a 2.457 millones, frente a los 2.589 millones del año anterior. La ayuda a la inversión crece hasta los 319 millones frente a los 281 millones de 2016, debido a las aportaciones de ADIF-Alta Velocidad por importe de 187 millones, sin correspondencia en 2016. Por último, se reducen las transferencias de capital un 4,6% hasta los 1.424 millones.

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