Defensa pone a la venta el solar del antiguo Hospital del Aire | Compañías

Defensa pone a la venta el conocido como Hospital del Aire, en la zona de Arturo Soria, uno de los barrios residenciales más caros de la capital.

El Consejo de ministros ha autorizado este viernes al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) enajenar por el procedimiento de subasta la propiedad denominada “solar del antiguo hospital central del Aire” ubicada en Madrid, con un precio de licitación de 25,1 millones de euros.

La propiedad se encuentra localizada en la calle Arturo Soria número 82, de Madrid, y tiene una superficie catastral de 28.341 metros cuadrados. Constituye una manzana rodeada por cuatro calles: Arturo Soria, Natalia de Silva, General Aranaz y García Quintanilla.

La propiedad fue adquirida por el desaparecido Ministerio del Aire en el año 1945 mediante compraventa. El 21 de diciembre de 2010 se procedió a la firma de un protocolo general de intenciones entre el Ministerio de Defensa y la Fundación Universidad Empresa para la enajenación de este inmueble, protocolo que quedó sin efecto el 30 de junio de 2011.

Ese edificio sirvió como hospital de referencia para el Ejército del Aire, aunque fue clausurado hace 15 años y posteriormente demolido. Desde entonces, se ha visto ese solar con un enorme potencial para el residencial e incluso para algún centro comercial.

Al tratarse de un bien cuyo valor de venta excede de veinte millones de euros, la enajenación debe ser autorizada por el Consejo de ministros.

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¿Tiene tiempo el Gobierno para aplicar el artículo 155 antes del 1-O? | Legal

Mucho se ha hablado en los medios de una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del Gobierno ante lo sucedido en Cataluña. De acuerdo con este precepto, ante un incumplimiento grave por parte de una comunidad autónoma de sus obligaciones constitucionales y legales, el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para obligar a su cumplimiento forzoso.

Los expertos consultados coinciden en la falta de tiempo para llevar a cabo la tramitación que exige la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno. Y es que el artículo 189 del Reglamento del Senado, que es el que regula este procedimiento, incluye, tal y como explica Germán Gómez Orfanel, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Complutense, “la propuesta del Senado por parte del Gobierno de las medidas concretas que pretende aplicar, el requerimiento al presidente de la comunidad autónoma para que cumpla sus obligaciones constitucionales y legales, la convocatoria de la Comisión General de las comunidades autónomas para que estudie la propuesta y permita alegaciones de la comunidad afectada y, finalmente, el debate y su aprobación por mayoría absoluta en el Senado”. Una tramitación que para este catedrático “requeriría unos veinte días”.

En sintonía con este planteamiento se sitúa Pablo Gutiérrez de Cabiedes, abogado y catedrático de derecho procesal de la Universidad CEU San Pablo, que coincide en que “no existe prácticamente tiempo para cumplir el procedimiento de aplicación del artículo 155″. Sin embargo, algunos expertos creen que todavía habría cierto margen para aplicarlo. En este sentido, José Eugenio Soriano, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense, matiza que si el Gobierno pretende aplicarlo “tiene que apresurarse para cumplir todos los trámites previstos en el artículo 189 del Reglamento”.

El 155 no concreta qué medidas puede tomar el Gobierno

Se trata de un mecanismo de gran alcance puesto que el precepto solo indica que el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias”, no especificando cuáles pueden ser esas medidas concretas.

Según recoge Gómez Orfanel, entre las medidas que podría adoptar el ejecutivo en aplicación del artículo 155 “podemos pensar además de en el desplazamiento de competencias, en categorías como la sustitución, ejercitando el Estado las competencias autonómicas, o en la suspensión o destitución de órganos autonómicos como por ejemplo se recoge en la Constitución italiana incluso con la disolución de la Asamblea regional y la destitución del presidente de la Región”. Soriano también hace referencia a la regulación de esta figura jurídica en la constitución italiana, donde sí se especifica que, ante “medidas regionales que violen la igualdad entre los italianos, directamente podrá sustituirse en ese Gobierno regional”. A lo que añade que en el caso de España, el Estado, en virtud de la activación del artículo 155 CE, también tendría la “posibilidad de suspender al Gobierno y colocar a un delegado” pero sólo ante “una situación de extrema emergencia que determinara que el cumplimiento de las obligaciones que la comunidad autónoma incumple tuvieran que realizarse de esa forma y que no hubiera alternativa”.

Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, destaca que la suspensión de la autonomía no tiene por qué ser una consecuencia de la aplicación de este mecanismo ya que “el artículo permite distintas medidas en contenido y grado que pueden oscilar desde la intervención de ciertas competencias hasta la asunción de algunas (interior, policía, economía, etc.) o todas las que ejerce la comunidad autónoma”.

Hacienda ya controla las cuentas de la Generalitat

Debido a la dimensión de las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que pretende evitarlo. Sin embargo, sí ha empleado otros mecanismos legales existentes como el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos publicado en el BOE el pasado 16 de septiembre, que supone la toma de control sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma de Cataluña por parte del Ministerio de Hacienda.

Se trata de una medida que genera controversia entre los expertos. José Eugenio Soriano considera que “tiene apoyo directo en el artículo 135 que establece el principio de estabilidad presupuestaria y en la evitación de la desviación de poder”, Por el contrario, Gómez Orfanel, afirma que esta iniciativa no está jurídicamente legitimada puesto que “no ha cumplido con la regulación prevista en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” ya que no ha realizado “el requerimiento al presidente de la comunidad para adoptar un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto, el Ministro de Hacienda no puede sustituirlo adoptando él tal acuerdo”. Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, añade que “precisamente porque el artículo 155 ha adquirido un carácter de tabú, cuya aplicación se ha querido evitar, el Gobierno ha actuado con otros mecanismos legales existentes” siendo uno de ellos “la intervención de gasto del actual Gobierno autonómico de Cataluña”.

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El recelo del PNV deja en el aire la rebaja del IRPF y la mayor baja por paternidad | Mi dinero

En mitad del clima enrarecido y crispado por el proceso soberanista en Cataluña, el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Un trámite que se prevé tortuoso. De hecho, Hacienda ha modificado el calendario previsto y ha sacado de la agenda del Consejo de Ministros de hoy la aprobación del Presupuesto. Se busca ganar tiempo para acercar posturas.

El PNV, que apoyó las cuentas del ejercicio en curso, se ha mostrado reacio a ceder sus votos y ha criticado la actuación del Gobierno en la gestión de la crisis política abierta en Cataluña. También el procés ha sido clave, pero en sentido contrario, para acelerar el acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos. La formación naranja ha querido confirmar su apoyo a las cuentas para dar una imagen de estabilidad.

Ciudadanos apoyará los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha negociado medidas como incluir una rebaja del IRPF. En concreto, las cuentas contemplarán que los asalariados que ganan menos de 14.000 euros al año no tributen por IRPF. Actualmente, la exención se limita a quienes cobran hasta 12.000 euros. Para las rentas entre 14.000 y 17.500 euros se fijará una reducción tributaria que aún no se ha concretado. También en el ámbito del IRPF, se ampliarán las bonificaciones y ayudas para las familias con hijos. Y el compromiso es bajar el IVA de las entradas de cine del 21% al 10% en 2018.

Ciudadanos cerró este pacto de la rebaja del IRPF en junio, tras sortear la negativa inicial del ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro era partidario de posponer a final de legislatura la reducción fiscal.

Ahora, el acuerdo para apoyar el Presupuesto también incluye elevar una semana hasta las cinco el permiso de paternidad. Ya el año pasado se amplió dos semanas. Rivera, que compareció ayer en el Congreso, señaló que entre los compromisos también se ha incluido la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. 

El presidente de Ciudadanos también aseguró que se incluirán ayudas de guardería para las familias con hijos entre cero y tres años y prometió inversiones para el Corredor Mediterráneo. En total, Rivera estimó que el pacto entre PP y C’s ascenderá a 8.000 millones de euros. “Si se cumplen, Ciudadanos dará luz verde a los Presupuestos”, dijo. 

En cualquier caso, el pacto con Ciudadanos se daba por hecho. Las cuentas del año pasado salieron adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. La clave será la negociación con los nacionalistas vascos, que ya arrancaron el año pasado una actualización del cupo muy beneficiosa para los intereses del País Vasco.

La posibilidad de que el Presupuesto no salga adelante es real y podría acelerar la convocatoria de elecciones. Sin embargo, fuentes del Gobierno reconocen que este escenario no es deseable en un contexto como el actual, en el que altos cargos de la Generalitat de Cataluña están detenidos y el movimiento independentista llama a una manifestación permanente.

Si no se produce un Consejo de Ministros extraordinario, será el viernes 29 de septiembre cuando se aprueben los Presupuestos de 2018, que deben ser remitidos al Congreso antes del 1 de octubre. Ello significa que podría habilitar el sábado 30.

El pasado julio, los Presupuestos ya sortearon su primer trámite parlamentario cuando el Congreso aprobó el techo de gasto para 2018 con los votos de PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y la abstención de Nueva Canarias. El límite de gasto no financiero se fijó en 119.834 millones, un 1,3% más que el ejercicio anterior. El incremento es inferior a la evolución prevista del PIBnominal y, por ello, Hacienda mantiene que son unos Presupuestos austeros.

España se ha comprometido con Bruselas a rebajar su déficit público hasta el 2,2% del PIB, lo que supondría cumplir el Pacto de Estabilidad de la UE por primera vez en una década. Se trata de un reto exigente, aunque es cierto que en el momento en el que se baja del entorno del 3%, los posibles desvíos se consideran más aceptables tanto por Bruselas como por los mercados.
La deuda pública, que ronda el nivel del 100%, también debe mantener una senda descendente. Según los objetivos de estabilidad, el pasivo se situará en 2018 en el 97,6% del PIB para caer hasta el 92,5% en 2020. El crecimiento económico, el aumento de los ingresos y la contención del gasto son las variables que permitirán reducir la deuda.

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Referéndum Cataluña: Montoro: “Ni un euro irá a pagar una actividad ilegal” | Mi dinero

El Consejo de Ministros ha abordado este viernes el paquete de medidas extraordinarias impulsadas desde el Ministerio de Hacienda como respuesta al último desafío soberanista de la Generalitat de Cataluña, que el jueves anunció que dejaría de dar cuenta de sus gastos.

Hacienda venía exigiendo desde julio un informe semanal de los gastos aprobados por el Govern para ir liberando los fondos destinados a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a fin de evitar que recursos públicos fueran destinados a la organización del pretendido referéndum independentista previsto para el 1 de Octubre, que el Tribunal Constitucional ha dejado en suspenso.

En respuesta, como adelantó este diario, Hacienda ha puesto en marcha medidas preventivas, correctivas y coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le permiten tomar el control de facto de la financiación autonómica.

“Hemos aprobado un novedoso sistema de pagos por los que el Estado sustituye en los pagos a la comunidad autónoma”, ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, matizando que “no completamente, pero sí en su mayoría”.

“Ningún euro irá a pagar ninguna actividad ilegal”, ha dicho Montoro, garantizando que Hacienda se cerciorará de que los fondos públicos que van a parar a la comunidad autónoma no sirvan para sufragar la consulta soberanista.

Para poner en marcha estas medidas, el Gobierno eleva un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dándole 48 horas para que emita un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, que si no firma, será el Gobierno quien aplique. Es decir, el pago de nóminas y servicios públicos fundamentales serán asumidos por Hacienda en cualquier caso, pero el Govern tiene dos días para entregar el resto de facturas pendientes si pretenden que el Estado las cubra.

A partir de ahí, será la administración central quien supervise directamente el pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma y apruebe los distintos gastos que se deban afrontar siempre exigiendo la debida justificación, ha explicado el ministro. Montoro ha aclarado que lo que el Estado pasará a controlar son unos 1.400 millones de euros al mes en gastos de Cataluña.

Montoro, eso sí, ha admitido que el Estado no entrará en los recursos propios que obtiene la comunidad por los impuestos regionales, que serían de unos 250 millones al mes. 

El Estado pagará hasta las nóminas

“Significa que el Estado pasa a pagar buena parte de las nóminas. Es un control de los pagos durante el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad que marcan los dirigentes de la Generalitat”, ha explicado, avanzando que este nuevo marco operará “mientras se sigan negándose a cumplir la ley”. “Con esa negación a cumplir la ley son ellos los que ponen en riesgo las prestaciones de servicios públicos, las transferencias a familias, los pagos de dependencia”, ha aseverado.

Montoro ha sostenido que “es imposible” que Puigdemont no cumpla, alegando que “por no cumplir, ¿nos van a decir que no paguemos los servicios públicos, la protección” de la ciudadanía?, se ha preguntado.

El ministro de Hacienda ha admitido que la legislación que se aplica es excepcional, es la primera vez que se aplica y que es una palanca previa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite retirar la autonomía a la comunidad.

Denuncia a la Fiscalía

Montoro ha avanzado que la negativa del vicepresidente económico de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, a informar a Hacienda de los gatos de la Comunidad Autónoma ha sido remitida a la Fiscalía.

El envío a la Fiscalía corresponde a la actuación de la interventora general de la Generalitat bajo prescripción de la Abogacía del Estado ante alguien que no cumple con sus responsabilidades con la justificación, ha aclarado Montoro, advirtiendo que “cualquier funcionario que recibe una orden de un superior que es una ilegalidad está sujeto a consecuencias del incumplimiento de la ley”. “El superior está colocado fuera de la legalidad, no, lo siguiente”, ha puntualizado Montoro sobre Junqueras, que fue quien ordenó a la interventora dejar de dar cuentas al Estado.

“Si una actividad es ilegal, ningún euro público puede ir destinado a una actividad ilegal. Pero tampoco privado. No puede haber ningún privado que lo haga. Un referéndum ilegal no puede tener financiación, sea pública o privada”, ha advertido Montoro. “Ni un euro de los catalanes irá a pagar un referéndum ilegal”, ha remachado el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Rajoy: “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”

 “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, adivirtió el viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su intervención en la Junta Directiva Regional extraordinaria del PP catalán celebrada en Barcelona horas después del Consejo de Ministros que aprobó arrebatar a Cataluña su soberanía financiera. Rajoy se mostró orgulloso de que el Fondo de Liquidez Autonómica haya facilitado 69.000 millones de euros para atender los vencimientos de deuda y el pago a proveedores de la región, pero advirtió que “si en 48 horas no hay cumplimiento de la ley, los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno de España”. “El Estado va a seguir actuando porque es su obligación”, expuso, asegurando que los funcionarios catalanes seguirán cobrando. Más allá, Rajoy felicito a la Guardia Civil por haber requisado 100.000 carteles de propaganda a favor del referéndum.

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Referéndum 1-O: El mercado quiere la vía vasca para Cataluña | Mercados

En Polonia o Hungría se está reduciendo y eliminando poco a poco la democracia, pero con el enorme apoyo de una mayoría. La palabra democracia suena muy bien, pero lo decisivo es el Estado de derecho, la separación de poderes. Hitler llegó al poder democráticamente, apoyado por una gran mayoría, pero el que alguien sea elegido por mayoría no es lo bueno; lo bueno es que exista la separación de poderes”. El filosofo Rudiger Safransky reflexionaba así en febrero (en una entrevista con Berna González Harbour para El País) sobre el “populismo que se define como una especie de democracia de base, de Twitter”.

No puede haber democracia sin Estado de derecho. Sin imperio de la ley, sin reglas claras, sin acatamiento de lo que resuelvan los tribunales. Lo sabe bien la UE, que empieza a tomar medidas contra Polonia (que pretendía controlar a los jueces desde el Gobierno) y contra Hungría (que desobedece sentencias de la justicia europea sobre refugiados escudándose en un referéndum). Sentenció esta semana el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, que el Estado de derecho “no es una opción, es una obligación”. Un mensaje a Polonia, a Hungría… y a esta Cataluña desobediente a todas las legalidades, metida en una vía revolucionaria que tiene arraigo histórico en aquella tierra pero no traerá nada bueno.

En la pretendida república catalana solo cuenta la mayoría parlamentaria, ni siquiera reforzada. La mitad más uno de los votos sirve para cualquier cosa. Para derogar la Constitución y el Estatut. Para anunciar que se van a incautar todos los bienes del Estado allí. Para poner, a la húngara, a los tribunales al servicio del poder político. Para establecer por ley que, aunque en el seudorreferéndum del 1 de octubre votara solo una pequeña parte del censo, y no se cumpla ninguna garantía, sería vinculante y se proclamaría la independencia exprés.

Lo llaman la “revolución de las sonrisas”, y la adornan con discursos amables, a veces naíf. Pero se quiere demoler las bases de la convivencia. Invocar la democracia para eso es un insulto a la bella idea de los griegos antiguos y a los principios de la Ilustración.

Lo más irritante del procés es que se haga en nombre de los derechos humanos. Puigdemont homenajeó a Rosa Parks en la víspera de la Diada, como si los catalanes fueran los negros obligados a ceder su asiento en el autobús a los blancos, como en la Alabama de 1955. La resistencia de aquella mujer a las injustas leyes de segregación racial en el transporte triunfó en el Tribunal Supremo y dio lugar al movimiento por los derechos civiles que cambió la historia de EE UU. Otras veces el independentismo ha citado a Mahatma Gandhi y a Nelson Mandela como sus ejemplos. Mal elegidos: Gandhi no celebró la descolonización de India porque le amargó la (sangrienta)partición de Pakistán. Nelson Mandela fue todo un estadista. Salió de prisión sin rencor y cuidó la concordia, llevando de la mano a las élites blancas en el proceso político de la Sudáfrica salida del apartheid. Son justo la concordia y los derechos de las minorías lo que se pone en peligro ahora en Cataluña. Ya se ven las fracturas en los municipios y en las instituciones, en algunos partidos, nos tememos (ojo) que en los Mossos.

Rosa Parks
Rosa Parks monta en autobús en Alabama en 1956, cuando la justicia derogó la segregación racial en el transporte público.

Puigdemont apela a Rosa Parks, como si los catalanes fueran negros obligados a ceder el asiento a los blancos en el autobús

¿Por qué esa fijación del independentismo con los héroes de la lucha por los derechos humanos? Pues porque la autodeterminación es, dice el preámbulo de su ley de referéndum, “el primero de los derechos humanos”. Por ahí no paso. Perdonen, pero el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) es este: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Donde figura la autodeterminación (y es para sacudirse situaciones coloniales o de ocupación, no aplicables aquí) es en la Carta de las Naciones Unidas, que no trata de derechos humanos sino de relaciones entre Estados. Entre los objetivos de la Carta (artículo 1, segundo párrafo): “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”. Que en el siguiente artículo se aluda a la “integridad territorial” de los Estados suele ser obviado por los nacionalismos. Es más rotundo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”, empieza. El punto 3 se dirige a los Estados “que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso”. Y el artículo 2 aclara que los países protegerán este derecho “con arreglo a sus procedimientos constitucionales”.

Las personas tienen derechos antes que las naciones (uno de esos mitos compartidos que facilitan la cooperación entre grupos de desconocidos, como bien las define Harari). Los derechos humanos nacieron para defender al individuo del poder, no para tomar el poder.

La primera Declaración de Derechos del Hombre se puso por escrito en Virginia, en 1776, en plena guerra de independencia contra la metrópoli británica. Desde el principio se decía (artículo V): “Que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben estar separados y distinguirse del judicial”. Los revolucionarios franceses hicieron lo mismo en su Declaración de Derechos Humanos de 1789. Artículo XVI: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”.

Las declaraciones de derechos humanos no consagran la autodeterminación, sino la separación de poderes

Lo primero, ahora, es restablecer el Estado de derecho en Cataluña. Que nadie entienda esta defensa de la legalidad como un elogio del inmovilismo. Las leyes se reforman gradualmente o de forma más ambiciosa cuando hay una mayoría consistente para ello. Por desgracia no existen hoy consensos amplios, pero nunca los habrá si no empezamos a explorarlos. Si España hubiera abordado hace unos años la reforma de su modelo territorial, incluida la financiación, quizás no habríamos llegado hasta aquí. Cabe suponer que si Mariano Rajoy pudiera rebobinar su trayectoria, se ahorraría ese recurso contra el Estatut que desató los demonios. No sé si admitiría que también fue un error dar portazo sin más al pacto fiscal con que se plantó Artur Mas en La Moncloa. Ahora, sin embargo, el Gobierno se muestra comedido ante el desafío: recurre a la justicia, claro, pero ni pide detenciones (no quiere regalarles esa foto) ni persigue por sedición (15 años) o rebelión (30 años). Nada del artículo 155. Por ahora.

Cuando pase el 1-O, algo tiene que moverse. Así lo están entendiendo los empresarios, los bancos, las agencias de calificación, aquellos que mueven los mercados. Su apuesta es clara: no va a haber independencia a corto ni medio plazo. La probabilidad de una secesión inmediata es “extremadamente baja” según Barclays, “altamente improbable” para DBRS. “El escenario central es que Cataluña continuará formando parte de España”, dice Standard &Poor’s. Para Fitch, la situación “no va a resultar en una disrupción significativa” económica ni política.

El mercado lo ve así. Ante una ruptura del Estado, la prima de riesgo estaría por las nubes (no pasa de 120) y los capitales huirían. Ni siquiera está en revisión a la baja la nota de España, pero sí la de Cataluña (ya bono basura), porque la confrontación puede resultar en “una reducción o retirada del apoyo del Estado” (Fitch), como está produciéndose ya ante la negativa de la Generalitat a rendir cuentas a Hacienda pese a la evidente necesidad de su auxilio.

A ojos de los que mueven el dinero, la salida a este enredo no está en la autodeterminación, sino en un acuerdo fiscal. Y los informes internacionales resultan más optimistas que los análisis que se escuchan en España. Fitch prevé “un movimiento hacia más transferencias con gran autonomía fiscal” para Cataluña. Más explícito: “Una solución duradera debería satisfacer algunas de las principales demandas catalanas, en particular las relacionadas con más recursos fiscales”, pero siempre “respetando las restricciones de la Constitución española”.

Un escenario prometedor:la presión por la independencia “puede relajarse más adelante”, dice DBRS, según mejore la economía, se negocie una nueva financiación y suba la inversión estatal en la comunidad. La firma percibe “una actitud más abierta a reconocer las diferencias regionales en el Gobierno nacional”.

Las agencias de calificación esperan un movimiento hacia una mayor autonomía fiscal de Cataluña

Sí, debe amainar la tensión. Una vez ablandadas las intransigencias a uno y otro lado, la crisis podría encauzarse por la vía vasca, que no es extrapolable tal cual pero puede servir de referencia. El País Vasco (como Navarra) obtuvo en la Constitución de 1978 el reconocimiento de “derechos históricos”, incluido el de recaudar los principales impuestos en sus tres territorios. Luego hace cuentas con el Estado de forma bilateral (y se calcula el llamado cupo). Esto no sirvió entonces para que los vascos apoyaran la Constitución, ni para evitar décadas de terrorismo, pero a la larga ha dado gran estabilidad.

Hay fuertes resistencias políticas a eso que llaman “federalismo asimétrico”, pero el modelo de 1978 ya era muy desigual. El País Vasco puede permitirse más gasto educativo o sanitario por habitante porque vive con más desahogo (quizás también porque gestionen mejor).

Muchos expertos creen que España puede soportar un trato fiscal especial, o privilegiado, para el País Vasco y Navarra porque no suman tanta población (16%) y PIB (19%) como Cataluña. Que sin Cataluña el sistema fiscal general estaría muy desequilibrado. Pero el problema no estaría en realidad en que las Haciendas locales recauden sus impuestos, sino en la forma en que se calcula su aportación al Estado. De Cataluña, dada su riqueza, cabe esperar un compromiso mayor con la solidaridad con el resto de comunidades. Por cierto, en el nacionalismo vasco no hace demasiada ilusión que se exporte su modelo, no sea que implique una revisión del que tienen ellos.

Un pacto fiscal con Cataluña no podría ser igual a los conciertos vasco y navarro. Pero es que ni siquiera se ha estudiado una fórmula que pudiera responder a sus peculiaridades. En contra de un acuerdo así pesa la dinámica del café para todos que vive España desde la transición. Como si el Estado autonómico no se hubiera diseñado en 1978 principalmente para resolver el encaje de los territorios con identidad más diferenciada. Algún día tendrá que vencerse ese temor. No todos los territorios ansían el mismo autogobierno. No hacen falta 17 marcos igual de distintos.

Avanzar en este sentido obliga a sacudirse el cortoplacismo que domina la política. Todos hicieron cálculos electoralistas. La entonces Convergència se sumó al independentismo, en un giro de 180 grados, cuando vio las calles llenas de esteladas. En el PP, una actitud impasible trataba de aparentar firmeza;se temía que cualquier concesión fuera vista por los suyos como debilidad. Con ese espíritu nunca habría sido posible la transición.

Puede parecer ingenuo esperar que un nuevo marco fiscal resuelva el ansia por la independencia. Desde luego, no bastaría. A los catalanes les han prometido una república, y cualquier otra cosa decepcionará a los más entusiastas. Pero quizás un acuerdo fiscal junto a otras reformas, que incluyan competencias mejor precisadas y cambios en la Constitución, irían moviendo el péndulo al atraer a los moderados del nacionalismo a posiciones más realistas. Si el suflé independentista subió tanto en poco tiempo (porque se atizaron las brasas irresponsablemente desde sus instituciones, y por la inacción desde el Estado), también podrá irse desinflando más lentamente.

En este terreno hay otras lecciones que aprender de Euskadi. Cuando Juan José Ibarretxe impulsó el plan que llevaba su nombre (no del todo independentista, sino de “libre asociación”), al menos respetó los procedimientos y los plazos. Esa frustrada reforma del Estatuto se debatió a fondo en Vitoria, se aprobó por los pelos (necesitó los votos de media Batasuna, la otra media en contra) y se llevó al Congreso, donde el propio Ibarretxe la defendió con solemnidad, en febrero de 2005. El Congreso dijo no.

Tres años después Ibarretxe intentó desbloquear el asunto mediante una ley de consultas (no vinculantes) que el Constitucional anuló. Hubo protestas, pero nunca se llamó a las urnas a las bravas. Tampoco existía la excitación festiva que en las calles de Cataluña provoca el procés, porque en Euskadi aún se sentía miedo al terror y la kale borroka.

El fiasco se pagó después: las elecciones autonómicas de 2009 dieron la presidencia al socialista Patxi López y el PNV se libró de su visionario lehendakari. Desde entonces manda en el partido gente pragmática: primero Josu Jon Imaz y ahora Iñigo Urkullu (quien no para de desmarcarse de la vía catalana). Como la prioridad en el País Vasco es consolidar la pacificación (y la prosperidad), el nacionalismo moderado se cuida mucho de aventuras irresponsables. Logran mucho más pactando en Madrid (como con los Presupuestos) que sacando multitudes a la calle. Otra constatación: el clima político mejora cuando se forman pactos transversales (gobiernan PNV y PSE) en vez de trincheras demarcadas por el sentimiento nacional.

No vale más tener la mayoría que respetar las reglas. La democracia no es “queremos votar”. Tenemos derecho al Estado de derecho. Rosa Parks merecía que pusieran su imagen en los billetes de 20 dólares, como estudió el Tesoro (al final eligió a otra afroamericana, Harriet Tubman). El secesionismo catalán podría referirse, mejor, a Safransky. O, más fácil, fijarse en cómo sus hermanos del PNV salieron del lío en que les metió Ibarretxe.

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El Gobierno creará 20.000 empleos públicos, la mayor convocatoria en siete años | Mi dinero

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha acordado con los sindicatos aprobar una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2017 de 10.606 plazas de reposición de libre ingreso –más de 7.000 en la Administración General del Estado (AGE) y 3.360 para la Administración de Justicia–, así como otra oferta de empleo público extraordinaria de 4.246 plazas de nueva creación para 2017 y 2018 en la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, oficinas de DNI y Dirección General de Tráfico (DGT).

Así lo han anunciado los portavoces de CSIF, CC.OO. y UGT en declaraciones a los periodistas en un receso de su reunión con Hacienda en el marco de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), en la que se ha concretado la oferta de empleo público de 2017 que aprobará mañana el Consejo de Ministros, así como otra oferta extraordinaria de empleo público, informa Europa Press.

En concreto, la oferta de empleo público para este año contempla 10.606 nuevas plazas, en las que se incluyen más de 7.000 plazas para la Administración General del Estado, la mayor oferta desde 2008, y más de 3.300 para la Administración de Justicia (2.600 plazas para consolidar empleo y 760 para reposición). En todos los casos se tratan de plazas de ingreso libre, según ha indicado el vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias.

A la oferta de empleo público ordinaria se sumaría otra extraordinaria que incluye 4.246 plazas de nueva creación para los ejercicios 2017 y 2018, que será convalidada por Decreto Ley el próximo martes en el Congreso para realizar la convocatoria de forma urgente, ya que está destinada a sectores prioritarios “deficitarios”.

En concreto, estas nuevas plazas son para la Agencia Tributaria, Seguridad Social, SEPE, Ministerio del Interior (oficinas de DNI y DGT) e Inspección de Trabajo. En total, la tasa de reposición de vacantes se situaría en torno al 120%, según ha apuntado el secretario del sector de la AGE de UGT, Carlos Álvarez Andújar.

Además, Hacienda ultima con los sindicatos una convocatoria de promoción interna de alrededor de 5.500 plazas, lo que supone un incremento de entre el 25% y el 40%.

Actualmente, el empleo público de la Administración General del Estado supone el 8,27% del empleo público total de todas las Administraciones Públicas, con unos 208.000 efectivos.

“ACUERDO HISTÓRICO”

El vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, ha valorado el acuerdo al suponer un “punto de inflexión”, con una oferta de empleo público, que supera las 20.300 plazas, que genera “empleo neto” por primera vez desde 2010 y con la que se abordará la situación “precaria” de algunos servicios públicos deficitarios, como examinadores de tráfico, oficinas de DNI con retraso de más de tres meses y oficinas de empleo.

Iglesias ha destacado que se cumple el acuerdo alcanzado el pasado 29 de marzo, que supone una mejora de empleo y se abre la “expectativa importante” de promoción interna.

Igualmente, Iglesias ha detallado que se aborda la creación de un cuerpo de tráfico para afrontar el problema de la escasez de examinadores, que se incluirá en el decreto, y otro nuevo cuerpo de gestión en el Servicio Público de Empleo (SEPE), que debe ser incluido en la oferta extraordinaria con las plazas que llevarán aparejadas, en el caso de examinadores de tráfico, una promoción de 435 funcionarios de C2 al nuevo cuerpo de tipo C1.

UNAS 5.500 PLAZAS DE PROMOCIÓN INTERNA

De su lado, el portavoz del área de servicios públicos de CC.OO., José Manuel Vera, ha destacado que hay un “reconocimiento” del Gobierno a sus demandas, si bien ha criticado que el proceso de negociación ha dejado “bastante que desear”, al no contar los sindicatos con ningún documento.

Por su parte, el secretario del sector de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha calificado de “acuerdo histórico” el consenso alcanzado y ha resaltado que será “muy positivo” porque es “satisfactorio para todas las partes”, al crearse empleo neto, cambiando la tendencia de la última década, en la que se arrastra una pérdida de empleo neto en la AGE del 15%.

Álvarez ha detallado que la tasa de reposición rondaría en torno al 120% en total, mientras que la promoción interna que se ultima de 5.500 plazas supondría un aumento de entre un 25% y un 40%.

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