Los jueces piden la supresión de los juzgados hipotecarios por su colapso | Mi dinero

La solución ideada al colapso judicial, especializando un juzgado por provincia para absorber todas las denuncias en materia hipotecaria, hace aguas ante la falta de recursos para asumir el aluvión de litigios que desatan los créditos bancarios. Así lo han denunciado los Jueces Decanos de España en el escrito de conclusiones de las XXVII Jornadas Nacionales que concluyeron este miércoles en Bilbao. Los jueces consideran tan grave la situación que instan a abolir este sistema a partir de finales de año para volver a repartir la carga entre todos los juzgados del país.

El colectivo judicial justifica su petición pormenorizando la situación de cada sede provincial, un informe del que se desprende que, desde su creación el 1 de junio hasta la fecha, acumulan unos 88.500 asuntos hipotecarios sin apenas recibir refuerzos. Y eso sin contar las denuncias recibidas en ocho provincias que no cuentan con datos actualizados. Sumando los casos que estas sedes tenían a comienzos de septiembre, el total de litigios sería ya de 98.677, cifra que sin duda ha sido superada en el último mes y medio.

“Y la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final”, advierten los jueces decanos, remachando que “las medidas de refuerzo” puestas en marcha “están resultando un completo y absoluto fracaso”.

Tal es la situación que los jueces decanos instan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dejar sin efecto el plan de juzgados especializados en materia hipotecaria a partir del 31 de diciembre, dado “que no se han puesto los medios que se preveían en un inicio”, para que a partir de 1 de enero de 2018, esos asuntos vuelvan a ser repartidos entre todos los juzgados de primera instancia de España.

En todo caso, los jueces entienden que los juzgados especializados deberían mantenerse en marcha hasta que el colapso que han provocado los litigios de consumidores contra la banca se rebaje y se hayan resuelto todos los asuntos que ya les han sido asignados.

Un colapso anunciado

Los últimos datos oficiales ofrecidos por el CGPJ revelaban que a 8 de septiembre los 52 juzgados por cláusulas suelo habían recibido ya 60.000 demandas hipotecarias (pese a que agosto es un mes inhábil), y que 24 de estas sedes requerían refuerzos.

El plan puesto en marcha en junio, que buscaba precisamente evitar el colapso del sistema judicial español ante la avalancha de demandas por cláusulas suelo y otros asuntos hipotecarios, preveía reforzar los juzgados especializados que recibieran más de 900 asuntos. Pero estos apoyos no han llegado en todos los casos, o se han demostrado insuficientes.

Así, la mayoría de sedes siguen trabajando con un solo juez (habitualmente en prácticas), pese a haber duplicado la cota que activa los refuerzos. La carga de trabajo es tal que en sus primeros meses, estos jueces solo fueron capaces de emitir un puñado de fallos.

Se da la situación de que el juzgado 101 bis de Madrid, el que más asuntos acumula de toda España, ha registrado ya 22.234 asuntos, con lo que requeriría unos 25 jueces. Sin embargo, solo cuenta con dos jueces en prácticas, el apoyo de uno de adscripción territorial y la asistencia parcial de otro que dedica el 25% de su tiempo. Completan el equipo 10 funcionarios y dos letrados de la administración de justicia en un piso de la Gran Vía en el que se acumulan los expedientes por los pasillos.

Los decanos aseveran que ya venían advirtiendo del problema y alertan de que se agravará cuando culmine el periodo de prácticas de los jueces destinados a estas plazas. Critican además la asignación de un único juzgado por provincia, sin analizar las necesidades de cada territorio. También recuerdan que en España hay 12’2 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 21 de media europea, y reclaman la creación de e 250 plazas anuales durante cuatro años.

Ante la posibilidad de que las autoridades ignoren su propuesta de dar marcha atrás al plan, los decanos exigen que Justicia y el CGPJ detallen qué refuerzos concretos se pondrán en marcha para tratar de desatascar el colapso. La situación, aducen, “ha desbordado todas las previsiones” de forma que “la inmensa mayoría de juzgados especializados en toda España, están ya saturados de asuntos, con números imposibles de ser manejados” por los apenas 60 jueces destinados a las plazas especializadas.

El origen del plan

La creación de estos juzgados se puso en marcha en junio en previsión del aluvión de demandas que iba a provocar el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado diciembre, en el que exigía que los bancos indemnicen a sus clientes con retroactividad total por lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo abusivas.

El Gobierno puso en marcha también, mediante un decreto, un sistema de negociación extrajudicial entre bancos y clientes, si bien las entidades financieras vienen siendo renuentes a abonar lo cobrado a los consumidores, lo que ha derivado a la vía judicial muchos de los casos. Hasta el punto de atascarla.

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El Gobierno crea 93 nuevos juzgados | Legal

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se crean un total de 93 nuevos juzgados con el fin de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y garantizar a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos.

Según informa el Ministerio en un comunicado, a estas nuevas plazas hay que sumar las 16 de magistrado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de marzo para hacer efectiva la segunda instancia penal, de manera que la creación total para el año 2017 asciende a un total de 109 unidades. Se logra así una respuesta de carácter estructural a las necesidades generadas por una mayor carga de trabajo en determinadas zonas del territorio nacional, así como mejorar el tiempo de respuesta y reducir el número de asuntos pendientes en cada juzgado.

En relación con la distribución concreta de los órganos judiciales de nueva creación, se establecen 46 juzgados de primera instancia, 21 de primera instancia e instrucción, cinco de lo penal, uno de lo contencioso-administrativo, siete de lo social, uno de vigilancia penitenciaria y seis juzgados de lo mercantil. Además, se dotan dos plazas de magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid para las secciones civiles 22ª y 24ª, especializadas en materia de familia.

La distribución por comunidades autónomas de las 93 plazas es la siguiente:

Juzgados

La transformación de los cuatro juzgados responde al objetivo de atender adecuadamente las necesidades específicas que plantea el volumen de carga de trabajo y ofrecer una mejor optimización de recursos materiales y personal. De esta manera, el Real Decreto transforma cuatro juzgados en una clase diferente:

juzgados

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La venta de casas aguanta la apatía de agosto y se encamina a las 470.000 anuales | Mi dinero

La actividad en el mercado inmobiliario resiste incluso el efecto agosto, un mes en el que tradicionalmente se suele frenar el ritmo de compraventas ante el cierre de numerosas empresas y las vacaciones de buena parte de la población. Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en agosto se vendieron un total de 41.282 viviendas, cifra que representa un incremento ya notable del 6,3% sobre el mes anterior, un 16% sobre idéntico periodo de 2016 y un 14% si se toma el periodo enero-agosto de este año sobre el mismo del ejercicio anterior.

Así, en los ocho primeros meses del año se han vendido un total de 315.795 casas, y en los últimos doce meses (septiembre 2016-agosto 2017) 444.055, lo que hace pensar al sector que a finales de este ejercicio se podrían alcanzar las 470.000 viviendas vendidas. Los más optimistas no descartan alcanzar la cota del medio millón que la mayoría de analistas deja para 2018. Lo cierto es que de llegar a esas 470.000, la mejora en un año sería de un nada despreciable 15,9%, ya que el año pasado se compraron 405.385 casas, el mejor registro desde 2010, último ejercicio en el que se rebasó la cota de las 400.000.

La mejora del mercado laboral y el flujo de crédito serán los dos principales factores que determinen si estos ritmos de ventas se mantienen, desaceleran o, por el contrario, se truncan, algo que los expertos ven poco probable. Lo normal es que en los territorios donde se concentre la actividad económica y se genere más empleo, las transacciones continúen manteniendo un buen ritmo de avance. En el resto de territorios la mejora será mucho más suave y paulatina.

Por tipologías pocos cambios, si bien la estadística comienza a reflejar cómo el aumento de las promociones de nueva construcción hace que poco a poco cada vez se vendan más viviendas a estrenar. Hay que recordar que las operaciones que contabiliza el INE son aquellas inscritas en los registros de la propiedad. En el caso de la vivienda nueva, si ésta se adquiere sobre plano, el comprador firma un contrato privado con el promotor que no se eleva a consideración de público hasta que se produce la entrega de llaves y se firma la operación ante notario, un proceso que puede prolongarse hasta 24 meses, según sea el momento en el que se cierra la venta.

En cualquier caso, del total de viviendas vendidas en agosto, el 82,1% correspondió a casas usadas y el 17,9% a pisos de nueva construcción. Aunque en el total sigue siendo poco su peso respecto al pasado (en pleno boom la proporción casi era del 50%), es destacable que el aumento de las compraventas de pisos nuevos se haya disparado un 21,3% respecto a agosto de 2016 y con ese mes son ya cuatro consecutivos en los que las operaciones de viviendas a estrenar registran incrementos superiores al 10%.

Por territorios, las comunidades autónomas donde se contabilizaron los mayores incrementos anuales fueron Castilla-La Mancha, con un 37,9%, seguida de la Comunidad Valenciana, con el 32,5% y Galicia, con el 23%. Madrid se situó en el quinto lugar con un crecimiento del 18,3% que tiene más relevancia si cabe, puesto que esta región suele liderar todos los meses el ranking de mayor actividad. Por contra, en otras regiones esos porcentajes tan elevados suelen responder a que parten de cifras muy bajas, lo que explica el fuerte repunte en términos relativos.

Pese a esta mejoría generalizada, en agosto también hubo territorios como Navarra o el País Vasco donde las transacciones inmobiliarias apenas aumentaron un 1,9% y un 4% anual, respectivamente.

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Alonso: “Somos un equipo de barrio y vamos a jugar la Champions League” | Fortuna

Su historia profesional puede considerarse de éxito. Estudió Derecho, que complementó con un grado en Gestión empresarial y con varios cursos de posgrado. Con todo este expediente académico, Nacho Alonso, madrileño de 45 años, comenzó a trabajar en el grupo gallego San José, dedicado en un principio a la distribución de firmas deportivas, donde en apenas seis meses fue nombrado subdirector, y con solo 26 años ascendió al puesto de director. Acabó dirigiendo nueve empresas y 12 marcas dentro del citado grupo empresarial. Fue hace dos años cuando decidió que quería dar un cambio, tanto a su vida personal como profesional. “Creía que tenía que hacer otra cosa en la vida”. Dejó el trabajo y se matriculó en un máster sobre digitalización en el ISDI. Le cambió la vida, como también lo hizo encontrarse, mientras paseaba a su perro por el Barrio de las Salesas, a su amigo Pablo Tresguerres. Le habló de un proyecto, Moonwater, en el que ya estaban implicados otros dos socios más, Daciel Fernández e Ismael Sánchez. A los cuatro, además de las ganas de emprender, les unía una tierra muy especial, Asturias.

Yes allí , en la localidad de Bueño, donde han establecido, con un millón de euros de capital, la sede social de la compañía, y de donde procede el agua del manantial con el que han elaborado la primera tanda de Moonwater, un refresco carbonatado con jengibre y lima, embotellado la noche del pasado 5 de octubre, en plena luna llena. Esta es la filosofía con la que nace este producto, buscando la diferencia con las superlunas y abriendo un nicho de mercado: cada lunada (añada) será diferente y en cada una de ellas se harán entre 10.000 y 300.000 latas. A pesar de que la sociedad está en Asturias, el cuartel general de Moonwater se encuentra en un vistoso ático, próximo a la calle Génova de Madrid. “He cambiado por completo mi forma de trabajar, ahora trabajo muchas más horas de manera diferente, me divierto mucho más”.

Su mesa de trabajo tiene impresos los dos rombos imagen de la marca, obra del diseñador gráfico Óscar Mariné. “Somos un equipo de barrio que venimos a jugar la Champions League de los refrescos”, afirma Alonso, coleccionista de todo tipo de objetos, desde calaveras a todos los objetos que tengan que ver con Star Wars. En la pared, dentro de un espacio “que queríamos que fuera cinematográfico”, destaca un gran mural, a modo de libro de visitas, con pintadas y firmas de familiares y amigos, con los mejores deseos para la empresa. De momento, quieren seguir siendo pequeños para ir creciendo poco a poco, “no buscamos capital de terceros, porque la idea es que si el plan dibujado en el papel se sostiene ser rentables a partir del segundo año”.

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Euskadi invertirá 295 millones en fomentar el emprendimiento | Compañías

Posicionar al País Vasco como un territorio atractivo para emprender. Ese es el objetivo básico del Plan Interinstitucional de Emprendimiento de Euskadi 2020 (PIE 2020), explica Aitor Urzelai, director de Emprendimiento del Gobierno vasco, a CincoDías . El programa, que se presentó esta semana en el Parlamento, recoge más de 300 acciones con un marco común y un repositorio único, y cuenta con una previsión presupuestaria de 295 millones hasta 2020.

“El plan es muy ambicioso. País Vasco siempre ha sido pionero en políticas públicas de emprendimiento, ahora se pretende que sea el mejor sitio para situar una startup”, explica Iñaki Ortega, director de Deusto Business School. El programa incluye medidas de formación, eliminación de barreras burocráticas o revisión de la fiscalidad. “Es amplio y apunta en la buena dirección. Involucra a todas las Administraciones –Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos–”, indica Lander Beloki, decano de la facultad de empresariales de Mondragon Unibersitatea.

El ecosistema emprendedor vasco destaca por su carácter industrial

Otro de los objetivos de la iniciativa es fomentar la cultura emprendedora entre los ciudadanos vascos. “Hay todavía mucho camino por recorrer. Ahora mucha gente emprende porque no encuentra hueco en el mercado laboral”, lamenta Beloki.

El último informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) señala a Euskadi como una de las comunidades donde menos personas prevén iniciar un negocio. “Se detectó que se estaba perdiendo fuelle emprendedor, porque implica un riesgo. Las oportunidades de empleo hacen que la gente opte por la cuenta ajena”, dice Ortega.

Todos los actores destacan la importancia de la constancia en el apoyo al emprendimiento. “No son políticas a corto plazo, sino programas de lluvia fina, de generar un ecosistema”, afirma Ortega. “El ecosistema emprendedor destaca por su carácter industrial. Las startups tecnológicas que tengan una aplicación industrial tienen un encaje perfecto en Euskadi”, cuenta Urzelai.

La aventura de emprender

Euskadi invertirá 295 millones en fomentar el emprendimiento

Perfil. El emprendedor en Euskadi suele ser un profesional con formación universitaria que ronda los 40 años. Destaca el papel de las mujeres emprendedoras, que llega casi al 50%.

Nuevo perfil. Los expertos señalan un cambio. “Hay una nueva generación que emprende en industria 4.0, big data o intenet de las cosas”, cuenta Iñaki Ortega. La universidad de Mondragón imparte desde 2009 un grado centrado en el emprendimiento –LEINN–, donde los alumnos crean su propia empresa.

Reconocimiento. “Falta una labor de reconocimiento social del empresario. Aquí era algo que estaba mal visto. En otras culturas consideran que genera empleo y crea riqueza”, señala Gonzalo Artiach.

Abrir una empresa en España requiere 13 días de media, según el informe Doing Business del Banco Mundial. “Crear una compañía es fácil, pero lo más complicado es conseguir un primer cliente”, apunta Gonzalo Artiach, fundador de Decidata, una startup de Getxo (Bizkaia) que se dedica a la ayuda a otras empresas en la toma de decisiones mediante análisis de datos.

Esta compañía resultó elegida en uno de los programas de emprendimiento más conocidos, el BIND 4.0, una aceleradora que ofrece la posibilidad de firmar un contrato con una gran empresa industrial, explica Urzelai. “Para nosotros fue decisivo ser uno de los ganadores”, cuenta Artiach. Con esta iniciativa, Decidata logró un contrato con Euskaltel y este año prevé alcanzar una facturación de 175.000 euros.

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Europa prepara medidas para facilitar a las pymes el traslado de país | Compañías

La Comisión Europea presentará este noviembre un paquete legislativo en materia de sociedades, en el que está previsto que se incluyan medidas para que las pymes puedan trasladar su sede de un país a otro de la UE mediante un procedimiento simplificado. Así lo explicó este viernes Susanne Knöfel, jefe adjunto de la Unidad de Derecho de Sociedades de la Comisión Europea, quien señaló en el congreso de notarios europeos que se celebra estos días en Santiago de Compostela que están trabajando en un paquete de derecho mercantil que quiere incluir medidas para facilitar este proceso a las pymes “porque no pueden permitirse asesoramiento jurídico y porque las soluciones alternativas actuales (crear una filial en otro país y luego fusionar matriz y filial en el nuevo país) son muy caras para ellas”.

La medida forma parte de un paquete más amplio que regulará las condiciones armonizadas para que las empresas puedan trasladar sus sedes en el espacio comunitario y poner fin a las incertidumbres jurídicas actuales, después de que en más de 20 años no haya prosperado la aprobación de ningún texto normativo referido a este asunto y de que el brexit haya puesto este debate en la primera línea.

En el mismo acto, la eurodiputada Evelyn Regner instó a la Comisión a legislar con urgencia sobre este asunto, porque la ausencia de una directiva de derecho mercantil, dijo, está provocando “una competencia enorme entre legislaciones mercantiles nacionales” y está permitiendo graves abusos, “como destaparon los Papeles de Panamá”. Regner, que insistió en que legislar sobre este tema es básico porque las empresas “deben seguir a sus clientes”, pidió a la UE que prohíba en la nueva directiva la creación de “empresas buzón” o “sociedades pantalla”.

Igualmente, los notarios reunidos en la ciudad gallega urgieron este viernes a que se cree un sistema legal armonizado en Europa para el traslado transnacional del domicilio social de las empresas, dado que la legislación que regula la domiciliación societaria no es la misma en los 28 Estados miembros, y en ocasiones es contradictoria. Isidoro Antonio Calvo Vidal, notario y coordinador del congreso, aseguró que “hace falta un estándar europeo que nos permita jugar a todos con las mismas reglas. Eso redundaría en una mejor y más leal competencia entre aquellos destinos que pugnan por ofrecerse para las sedes de las compañías europeas”.

En este contexto, Jens Bormann, presidente de la Cámara Federal del Notariado alemán, defendió que cualquier regulación que se haga tendría que cumplir tres requisitos. El primero, que esté armonizado con la directiva de fusiones transfronterizas de 2005. El segundo, que obligue al escrutinio en dos fases. Es decir, que haya un doble control de autoridad, en los que participarían los notarios. El primero deberá verificar, con la legislación del Estado de salida, que la empresa que se marcha ha cumplido con todos sus compromisos cuando abandona el país y, el segundo, y con la legislación del Estado de llegada, que la sociedad se ha adaptado a los esquemas previstos por su legislación. “Lo bueno de la presencia notarial es que nosotros tenemos sistemas de cooperación que nos permiten conocer las diferentes legislaciones y ayudar a las empresas en este proceso”, defendió Calvo Vidal.

Por último, Bormann señaló que la directiva no debería permitir que una empresa pueda mover solo el domicilio registral. Es decir, que “haga un traslado ficticio de sede”. En este sentido, el presidente de la Cámara del Notariado alemán defendió el principio de la unidad de sede y de hacerlo compatible con la libertad de elección (la línea que parece va a seguir la Comisión Europea en su regulación). El objetivo es evitar que los cambios de sedes no respondan a necesidades económicas reales sino que sea una vía para el blanqueo de capitales y la elusión fiscal.

Otras voces, en cambio, plantearon una opción más flexible: que baste con algún tipo de vinculación, especialmente económica, de la sociedad al Estado al que quiere trasladar su sede.

Sobre este punto, Calvo Vidal resaltó que la directiva deberá proteger los intereses de cada uno de los Estados. Pero también los intereses de los socios (especialmente los minoritarios), que deberán tener un derecho de salida; los de los trabajadores (no se podrá utilizar el traslado de sede para vulnerar los derechos adquiridos), y los de los acreedores, estableciendo por ejemplo un derecho de oposición.

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Los notarios proponen crear un sello notarial que inyecte seguridad jurídica al comercio electrónico | Compañías

El comercio electrónico necesita más seguridad jurídica. Así lo aseguraron ayer los notarios europeos reunidos en Santiago de Compostela, que defendieron la necesidad de establecer un marco claro y seguro de derechos de los consumidores si se quiere potenciar las transacciones digitales. El presidente del Consejo de los Notariados de la UE, José Manuel García Collantes, defendió en el 4º Congreso de los Notarios de Europa que los notarios tienen los conocimientos jurídicos necesarios para jugar un papel clave en este proceso y aportar al mundo online la misma seguridad que en el mundo físico.

En este contexto, presentaron dos iniciativas. La primera, a propuesta de los notarios españoles, es la creación de un sello de calidad, un “sello de conformidad notarial” que certificaría que las empresas que ofrecen servicios por internet incluyen condiciones de contratación en sus webs conformes a la normativa comunitaria de protección del consumidor. “Este sello daría mucha tranquilidad al consumidor, pero también otorgaría a las empresas un plus de confianza”, aseguró José Carmelo Llopis, notario y uno de los coordinadores del congreso.

La segunda propuesta, que llega de la mano de los notarios de los Países Bajos, tiene que ver con la creación de una especie de DNI de identidad digital, un certificado electrónico que emitiría el notariado europeo y que garantizaría que el consumidor es quien dice ser. “Esto permitiría a las empresas saber a quién están ofreciendo un servicio por internet, evitando por ejemplo que vendan a un menor un producto o servicio solo apto para mayores de edad. Además, siempre se haría salvaguardando la privacidad de los datos de la persona”, subrayó Llopis.

Este aclaró que tanto el sello como el certificado electrónico serán voluntarios. Parten de un supuesto de autocontrol y autoseguridad, pero “estamos convencidos de que la utilización de ambos recursos elevaría la reputación online de las empresas y animaría a las personas a contratar más servicios digitales”. “En el momento que cuatro empresas grandes te obliguen a presentar un certificado de identidad de este tipo, el resto les seguirán”, remarcó Llopis.

El sello de conformidad notarial aparecería tanto en la web de la empresa como en la web del notariado correspondiente, de tal manera que cualquier persona pueda consultarla y comprobar si una empresa ha sido visada por un notario.

Durante el congreso, el papel de los notarios fue destacado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que señaló que “no puede existir una Europa fuerte sin un notariado de calidad que facilite la contratación transfronteriza”. En la misma línea Tiina Astola, directora general de Justicia y Consumidores de la CE, también subrayó la importancia de los notarios en la construcción de un espacio jurídico, pero advirtió que la labor de los notarios se enfrenta a un cambio importante con la llegada masiva del comercio electrónico, “ya que han de asumir su papel para analizar y mejorar el contenido de este tipo de contratos”.

Durante el congreso también se ha hablado mucho de herencia digital y de blockchain, del papel que puede jugar esta tecnología en la labor del notario. No se descartó que pueda aplicarse a proyectos como el citado de identidad digital. “Ya hay empresas apostando por ello”, dijeron.

Respecto a la herencia digital, un aspecto sobre el que los notarios reciben cada vez más consultas, admitieron que es algo que urge regular, pero que no es fácil, debido a que muchos de los grandes prestadores de los servicios digitales son ajenos a la Unión Europea.

Los notarios quisieron dejar claro que existe un problema al respecto y que hay que determinar cuánto antes qué pasa con las cuentas digitales de una persona cuando fallece o qué pasa con sus criptomonedas. “Imagínense la herencia digital de un escritor que tiene sus obras en la nube, o de una persona que compró bitcoins cuando valían poco y ahora tiene un capital”.

Ante esta situación, el notariado maltés ha propuesto en el congreso una regulación supranacional (Europea, en este caso) para permitir que exista una persona designada por otra antes de fallecer que le legitime frente a todos los servicios de la red. “Se trata de crear una figura de albacea, de heredero digital o responsable al que se le atribuyan estas facultades sobre el patrimonio digital de alguien”, detallaron.

Dicho patrimonio incluiría todo aquello que esté en formato digital y que exista cuando la persona fallece. “Hablamos del dinero que puede haber en monederos electrónicos, de colecciones de música, de fotografías, de cuentas en Facebook o Instagram… Se trata de ver cómo se legitima a alguien ante Facebook para decirle que borre una cuenta o a Google para que puedas acceder al monedero electrónico de una persona fallecida, y que le hagan caso. Que le permitan borrar cuentas de correo electrónico o acceder a una cuenta”.

Se espera que todas estas propuestas salgan aprobadas en el congreso, que concluye este sábado, para presentárselas a las autoridades europeas.

Asimetrías informativas y costes derivados

Los notarios advirtieron durante el congreso que el mundo digital tiene cada vez más peso en la economía y la sociedad y que es muy cambiante. “Surgen continuamente nuevas circunstancias, como el comercio móvil, o contraprestaciones hasta ahora desconocidas, como el pago de servicios con los datos del consumidor, algo que antes no pasaba”. Ante este nuevo escenario, los notarios quieren convertirse en los garantes de la legalidad dentro del sistema digital. “Queremos poner nuestro grano de arena para que los consumidores tengan una mayor sensación de seguridad, porque según todos los estudios la desconfianza es la que está frenando un avance más rápido del comercio electrónico. La gente no se fía porque no sabe muchas veces quién está detrás de una web, qué pasa si no le llega el producto que ha pedido o qué ocurre si le llega mal”.

Según los notarios, en el ámbito digital hay hoy “asimetrías informativas” (el comprador, por ejemplo, no sabe a quién compra ni el vendedor a quien vende) que provocan inseguridad jurídica y costes económicos. “Nuestra participación, como terceros de confianza, reduciría este problema”.

La eurodiputada Pilar del Castillo aseguró en una entrevista con Efe y CincoDías que la confianza y la seguridad en el mundo digital no tienen por qué estar reñidos con los intereses de la industria europea del big data o con la expansión del comercio electrónico en la UE.

“La confianza y seguridad son dos aspectos fundamentales para que los ciudadanos de los países europeos se sientan más estimulados a utilizar los medios digitales en varios aspectos de su vida, entre otros, obviamente, en el comercio electrónico”, añadió Del Castillo, que es miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía el Parlamento Europeo.

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Invertir en educación es rentable: los salarios pueden ser hasta un 150% superiores | Mi dinero

La enorme importancia de la educación de los ciudadanos en el desarrollo de un país está más que comprobada en la teoría y en la práctica. Pero, además, el impacto de los niveles formativos en el éxito laboral es también constatable. El Consejo General de Economistas ha presentado hoy un conjunto de trabajos en los que se concluye que invertir en educación es, sin duda, rentable.

Es más, uno de estos trabajos ha calculado de cuánto puede ser esta rentabilidad, medida en los salarios de los trabajadores en función de su nivel formativo. En concreto, los economistas Inés P. Murillo y Josep Lluís Raymond han presentado, con datos de la Encuesta de Estructura Salarial, lo que denominan “primas salariales por niveles de estudio para España y Cataluña”. Según esto, en 2010 –último año utilizado por estos economistas– un trabajador con un doctorado universitario cobraba de media un 141% más que otro individuo sin estudios o solo con estudios primarios. Y esta prima era del 150% en el caso de Cataluña.

En el caso de los licenciados universitarios en España era aún mayor que los doctorados, ya que cobran el 145% más que aquellos sin estudios (un 138% en Cataluña). Además, estos economistas destacan que estas diferencias se mantienen en el tiempo “a pesar del aumento de educados”.

Si bien, el hecho de que haya cada vez más licenciados sí mitiga estas diferencias salariales. De hecho, en el año 2000 aquellos los trabajadores en posesión de un doctorado universitario llegaban a cobrar casi un 200% que los que tenían estudios primarios como mucho. Y los licenciados, cobraban, tanto en toda España como en Cataluña, alrededor de un 160% más que quienes carecían de formación.

Este trabajo atribuye estas primas salariales por formación a tres posibles cuestiones. La primera a “una mayor productividad de los más educados” debido a los años de educación recibida; en segundo lugar, a que el proceso de “screening” o “señalización” ha permitido a la sociedad apuntar a los más hábiles o más productivos, a través de los títulos acreditativos de la formación; y finalmente, a que los individuos más hábiles, y por tanto más productivos, han logrado los mayores niveles formativos.

“Posiblemente las tres causas ofrezcan una parte de verdad, por lo que invertir en educación constituiría una estrategia recomendable tanto en el ámbito individual como colectivo”, concluyen Murillo y Raymond.

De hecho, en general, desde el Colegio General de Economistas aportan más datos en esta misma línea, al asegurar que “la media de los salarios brutos mensuales de los ocupados con una titulación de enseñanza terciaria es prácticamente un 30% superior al dato para el conjunto de la población empleada”.

Y no solo mejoran los salarios. Si la comparación se hace entre los graduados superiores y los titulados en el nivel educativo inmediatamente inferior (bachillerato o ciclo formativo de grado medio), la tasa de ocupación de los primeros en España es un 16% más elevada; su tasa de paro es un 35% inferior y los ingresos un 51% superiores.

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García Collantes: “Queremos impulsar una red segura que interconecte todas las notarías europeas” | Compañías

La próxima semana se celebrará en Santiago de Compostela el 4º Congreso de los Notarios de Europa, y uno de los protagonistas será José Manuel García Collantes, desde enero presidente del Consejo de Notariados de la UE. Allí se debatirá, como el mismo explica, sobre cómo elevar la protección de los consumidores y las empresas en el ámbito digital, y plantearán medidas que garanticen la seguridad de la firma electrónica, de las identidades virtuales y del uso de tecnologías como el blockchain.

La economía digital ha transformado la relación entre empresa y cliente. ¿Cómo pueden contribuir los notarios a aclarar los aspectos legales de ese nuevo escenario?

En el congreso trataremos los retos que plantean las nuevas tecnologías y cuál es la posición que los notarios debemos tener para hacer frente a los mismos en beneficio de los usuarios. Hay puntos que nos preocupan. El comercio electrónico mueve ya ingentes cantidades de dinero, pero suscitan inseguridad al ciudadano a la hora de determinar cuáles son sus derechos cuando compra por internet y temor respecto a la identificación de la otra parte con la que contratan y que está al otro lado del ordenador. Por ello presentaremos soluciones a estos problemas. Y analizaremos nuevas herramientas tecnológicas como el blockchain, que pese a lo que se dice de que van a acabar con los notarios no creo que vaya a ser así. También abordaremos la herencia digital, los contenidos digitales que pueden formar parte de nuestro patrimonio. Hay que ver cómo se regula, combinándolo con una herencia analógica, tradicional. Cómo se heredan, por ejemplo, los bitcoins.

La agenda digital de la CE ha fijado 2020 como plazo para que las administraciones públicas sean digitales “por defecto”, interoperativas de un país a otro y basadas en la presentación de los documentos una sola vez. ¿Cómo afecta esa agenda a las notarías? ¿Han iniciado el proceso de adaptación?

Lo hicimos hace mucho tiempo, antes de que la Comisión lanzara su actual estrategia de mercado único digital. En España, los notarios tienen desde hace mucho una red privada segura de conexión entre todas las notarías, que se combinan también con todos los registros de la propiedad y registros mercantiles, y con las administraciones públicas a las que tenemos que mandar información (catastro, ayuntamientos, comunidades autónomas). En España, ya todas las escrituras se envían telemáticamente a los registros por procedimientos seguros, y es algo que están haciendo o empiezan a hacer todos los notariados de la UE que siguen el sistema latino germánico (22 de los 27 países de la UE).

Hay que ver cómo se regula la herencia digital, combinándola con la analógica, la tradicional. Cómo se heredan los bitcoins, por ejemplo

Pero la creación de un mercado único digital augura un consumidor cada vez más transfronterizo. ¿Tienen ustedes capacidad para adaptarse a ese marco europeo?

Por supuesto. Pero hay que distinguir los negocios que por imperativo legal se hacen ante notario (compraventa de un inmueble, constitución de una sociedad…) de lo que es el comercio de bienes mueble (la compra de un libro por internet, por ejemplo). Respecto a los primeros, vamos a presentar en el congreso dos proyectos. Uno pretende extender a nivel europeo una red segura que interconecte a todas las notarías europeas, de modo que un vendedor en Múnich con un inmueble en España y un comprador en Madrid puedan ante sendos notarios (en Múnich y Madrid) expresar la voluntad de vender y comprar, respectivamente, haciendo una sola escritura comunicándose telemáticamente las dos notarias. El segundo proyecto quiere impulsar el reconocimiento interestatal de la firma electrónica, porque ahora cada notario tiene su firma, que es reconocida solo a nivel interno dentro de su propio país. Respecto al otro tipo de negocio, presentaremos una propuesta para crear un sello notarial de conformidad, que se otorgaría a los oferentes de servicios por internet que incluyan condiciones de contratación en sus webs conformes a la normativa comunitaria de protección del consumidor. Eso daría tranquilidad al consumidor y otorgaría mayor confianza en las empresas oferentes.

Habla de una firma electrónica válida en toda Europa. ¿Hay algún cálculo sobre la inversión necesaria para digitalizar los servicios de notaría y hacerlos operativos con el resto de Europa?

Aún no hay un cálculo concreto, al céntimo, pero vamos a presentar el proyecto, el programa de desarrollo, que eso si está hecho.

¿Se sienten las notarías amenazadas por la revolución digital? ¿Temen que surjan servicios fedatarios que se ganen la confianza del consumidor en detrimentos de los suyos?

No, porque los notarios ofrecemos un servicio que muy pocos pueden ofrecer. Cuando se dice que el blockchain va a acabar con los notarios, no es cierto. El blockchain nada tiene que ver con nuestra función; es un sistema de almacenamiento de una serie de datos, que va encadenado de una manera totalmente inmutable y permanente en una cadena de bloques. Pero en esa cadena lo que se almacena es una referencia a un documento, una fecha y la hora exacta, pero no el documento. Los notarios lo que hacemos es controlar la legalidad de los documentos, asegurarnos que el contenido de los mismos está conforme a la ley. Eso el blockchain no lo cambia. Para nosotros, esta tecnología puede ser muy importante, porque podríamos usarla para hacer una cadena notarial de documentos, pero el control de los mismos, lo tienen que hacer los notarios.

Apostamos por impulsar el reconocimiento interestatal de la firma electrónica de los notarios, no que solo sea reconocida a nivel interno dentro de cada país.

En Europa conviven dos modelos, el latino basado en las notarías y el anglosajón que recurre a otras fórmulas. ¿Puede aumentar la tensión entre ambos si va a más, como parece previsible, el número de consumidores transfronterizos?

Estos dos modelos coexisten pacíficamente desde hace tiempo porque obedecen a sistemas jurídicos distintos. Los dos son buenos, con sus ventajas e inconvenientes, pero a cada uno nos va muy bien con el nuestro. Creo que va a seguir así.

En una Europa digital, sin fronteras, ¿se podrán mantener las estrictas regulaciones de las notarías en países como España (número clausus, demarcaciones territoriales)?

Sí, por supuesto. Nosotros somos funcionarios, y desarrollamos una función de interés público. Además, hay una sentencia muy reciente que corrobora y justifica que el Estado solo pueda delegar esa función en las personas en las que confía y que, por tanto, sea éste quien las seleccione (por oposición), y eso justifica una serie de restricciones importantes a la libre competencia porque no somos médicos, ni ingenieros, ni abogados, no somos una profesión liberal.

Pero cada cierto tiempo, Bruselas arremete con las regulaciones de los colegios profesionales e intenta imponer una liberalización. ¿Temen que la Comisión Europea vuelva a la carga?

Esto se basa precisamente en que la Comisión en algunos momentos ha desconocido o no conocía bien nuestra función, pero ya tenemos un precedente que cambia esto. Y no me refiero a esa sentencia, sino la modificación de la directiva de cualificaciones profesionales llevada a cabo en 2014, que excluyó expresamente a los notarios de la aplicación de esa directiva, precisamente por considerarlo un servicio estatal que realizaban los notarios por delegación del Estado.

García Collantes: “Queremos impulsar una red segura que interconecte todas las notarías europeas

Con los datos que ustedes manejan en sus notarías, ven si vuelve a haber cierta burbuja inmobiliaria.

Nosotros tenemos un servicio estadístico que da unas cifras muy exactas cada 15 días. No tengo en la memoria los números exactos, pero sí puede decirle que se está experimentando un repunte de las compraventas inmobiliarias con claridad y que los precios van poco a poco subiendo.

Ustedes dicen que las regulaciones son necesarias para proteger al consumidor, pero el estallido de la burbuja inmobiliaria reveló, al menos en España, que los clientes estaban en una clara inferioridad de condiciones en relación con los bancos y que de poco servía la presencia de un notario.

Es un tema que nos preocupa muchísimo. La ley del notariado nos obliga a ser imparciales, pero en determinados momentos, por circunstancias a veces externas, se ha podido dar la impresión de que no era así. Ha sido muy clásico el tema de ir los notarios a firmar a los bancos. Esto no está prohibido y en sí mismo no tiene porqué implicar una parcialidad del notario, pero de todas formas, y para evitar esto, la mayoría de los colegios de notarios en España han dictado normativas internas prohibiendo a los notarios ir a firmar a los bancos. La normativa dice que quien elige al notario es el consumidor, no el cliente poderoso (banco, constructora), pero eso a veces no se ha respetado. Hemos hecho muchas campañas publicitarias al respecto, pero igual no lo hemos hecho suficientemente bien. En el tema de las cláusulas suelo, no se puede excluir que en algún momento haya habido actuaciones notariales equivocadas, igual que hay malos policías, jueces o periodistas, pero estoy convencido de que en la mayoría de los casos, los notarios han actuado con una corrección enorme.

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¿Por qué se ha denegado el ‘habeas corpus’ a los detenidos por el referéndum de Cataluña? | Legal

Uno de los muchos términos jurídicos que nos está enseñando el desafío independentista es el de ‘habeas corpus’, un recurso que fue invocado por buena parte de los detenidos en el marco de la operación policial seguida por organizar el referéndum de Cataluña. Se trata de una figura muy conocida y empleada por la mayoría de los delincuentes en el momento de su detención, porque es una manera de que el juez les escuche rápidamente y pueda resolver su situación en menos tiempo.

El ‘habeas corpus’ consiste en un procedimiento especial, recogido en la Constitución (artículo 17) y regulado en la Ley Orgánica 6/1984, dirigido a la inmediata comparecencia ante el juez de una persona detenida para que escuche sus alegaciones y decida si la detención es legal o ilegal. Es rápido, porque finaliza en veinticuatro horas; sencillo, por ser accesible a todos los ciudadanos; general, de modo que se puede solicitar por un amplio elenco de personas, y universal, porque permite ver tanto las detenciones ilegales como las que, siendo inicialmente legales, se prolongan o se llevan a cabo en condiciones no amparadas por la ley.

¿Y por qué lo puede rechazar un juez?

Para decidir un ‘habeas corpus’, el juez debe valorar, en primer lugar, si concurren los supuestos legales y las formalidades y requisitos exigidos por el artículo 17 de la Constitución y por la norma procesal penal (artículos 489 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En segundo lugar, debe determinar si las personas están lícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar, es decir, si se cumplen los requisitos legales para internar a una persona. Además, se tiene que constatar si aún no ha transcurrido el plazo máximo legal de 72 horas para que el detenido sea puesto a disposición judicial. Y, por último, si se han respetado los derechos comprendidos en los artículos 17 y 24 de la Constitución y de las leyes procesales (artículos 520 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Si estos requisitos se cumplen, la detención es legal y el ‘habeas corpus’ se desestima. Así lo han entendido los jueces de Barcelona y Martorell, que han rechazado todos los presentados por los detenidos por la convocatoria de referéndum en Cataluña. Es importante saber, además, que contra esta decisión judicial no cabe recurso.

¿Cómo se tramita?

El ‘habeas corpus’ se solicita ante el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona detenida. Si no consta, el del lugar en que se produzca la detención y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.

Pueden pedirlo el fiscal, el defensor del pueblo, el detenido, su cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes, hermanos y, en caso de menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. También puede iniciarlo de oficio el propio juez.

No se habilita por lo tanto al abogado del detenido, por lo que éste tendrá que convencer a su representado o familiares, de la necesidad de la interposición del ‘habeas corpus’ para poder hacerlo.

Puede solicitarse por escrito o por comparecencia y el agente de la autoridad o funcionario debe poner en conocimiento del juez esta solicitud, que la traslada al fiscal, y si cumple los requisitos admitirá a trámite el proceso y ordenará la inmediata comparecencia ante él del detenido o, si no, irá el al lugar donde se encuentre. El juez escuchará al detenido -representado por su abogado, si lo ha nombrado, aunque, como ya se ha apuntado, no es obligatorio-, al fiscal y al funcionario que procedió a la detención. Valorará las pruebas que se aporten y resolverá en el plazo de 24 horas.

Si el juez considera que la detención es legal, se deniega el ‘habeas corpus’ y la persona continúa en prisión. Además, si ha habido temeridad o mala fe por parte del detenido este deberá hacerse cargo del coste de este proceso.

Si el juez entiende que la detención es ilegal acuerda la inmediata puesta en libertad del detenido y si entiende que ha transcurrido el plazo legal máximo de detención acuerda su inmediata puesta a disposición judicial. Puede también decidir que continúe detenido pero en otro centro o bajo la custodia de personas distintas.

Por último, hay que tener en cuenta que, en caso de concederse el ‘habeas corpus’, se perseguirán también los delitos que hayan podido cometer las personas que hayan procedido a la detención declarada ilegal.

Para saber más sobre el concepto ‘habeas corpus’ consulta el concepto en las guías jurídicas de Wolters Kluwer.

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