El Tribunal de Cuentas sospecha que la mutua Fremap fraccionó contratos | Mi dinero

La adjudicación de contratos por parte de Fremap, la mutua de accidentes de trabajo dependiente de la Seguridad Social, está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas. En un informe emitido este viernes, el órgano fiscalizador advierte de una serie de presuntas irregularidades que incluyen el fraccionamiento de un mismo contrato en dos de menor cuantía para evitar los controles previstos para los servicios públicos.

En concreto, el Tribunal hace referencia a la adjudicación de dos contratos, por 1.924.278 y 2.602.879 euros, respectivamente, realizada el mismo día, el 8 de julio de 2014, para la ejecución de obras de reforma del Hospital de Barcelona, para los que se eligió a una misma empresa.

Aunque el Tribunal no lo menciona, según ha podido saber este diario, la compañía elegida para los dos contratos, con un valor estimado conjunto de 6.081.631 euros (IVA excluido), adjudicados por un importe global de 4.527.157 euros, fue OHL.

En ambos casos, el objetivo de los contratos fue el mismo: la ejecución de obras para la reforma y adaptación del Hospital de Barcelona, justificándose la necesidad de contratar en los dos expedientes, según consta en las memorias fechadas el mismo día (11 de febrero de 2014), en la adaptación del centro y “gran parte de las instalaciones…a las nuevas necesidades…y…a las modificaciones normativas de obligado cumplimiento producidas en los últimos años”.

En ambos, los criterios de adjudicación planteados por Fremap fueron idénticos, incluyendo la exigencia de una facturación de al menos 11,5 millones de euros. “Exigencia que, por su elevada cuantía, resulta proporcional solo si se tiene en cuenta el importe conjunto de los dos contratos (6.081.631 euros, IVA excluido)”, advierte el Tribunal. Una exigencia que pudo restringir con fuerza el acceso de otras compañías a la licitación.

La coincidencia también alcanza a la fecha de inicio de las obras, el 6 de agosto de 2014 e incluso una doble modificación de los contratos el 23 de abril de 2015, con la misma justificación, la presencia de “errores u omisiones en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas”.

“Teniendo en cuenta estos hechos, el Tribunal de Cuentas considera que la tramitación separada de los precitados expedientes de obras constituye un supuesto de posible fraccionamiento del objeto del contrato”, subraya el informe.

Este alega que la suma del importe de los contratos supera el tope de 5.186.000 euros (IVA excluido) que exige un mayor grado de transparencia en las licitaciones que garantice un proceso competitivo. En este caso, dice el Tribunal, “pudo haberse eludido la aplicación de las normas establecidas” sobre “la preparación y adjudicación de los mencionados contratos”, citando “en particular, la publicidad obligatoria de la convocatoria de la licitación del procedimiento”.

La respuesta de Fremap

La mutua, por su parte, emitió un extenso documento de alegaciones en el que defiende que en el caso de estas obras “la semejanza o similitud no es identidad”, y que se trataba de dos procesos diferenciados que requerían de dos contratos diferentes.

Fremap asegura que no hubo fraccionamiento de los contratos y defiende además que no hay un criterio único para fijar las exigencias impuestas en las licitacioines en cuanto al volumen de facturación requerido a las empresas, que el Tribunal de Cuentas plantea que limitó la competencia impidiendo participar a firmas de una facturación inferior.

Otras irregularidades

Más allá del posible caso de fraccionamiento de contratos, el Tribunal de Cuentas advierte que ha detectado varias deficiencias en los criterios de adjudicación utilizados en los contratos de obras. Un ejemplo es que en todas ellas se puntuó la reducción del plazo de entrega o de ejecución del proyecto prometido por las emprseas, pese a que luego todas las compañías adjudicatarias incumplieron los plazos previstos y hubo que ampliarlos.

De hecho, hubo cinco casos en que pese a las demoras sobre el plazo previsto no consta que se impusieran penalidades económicas a las empresas que incumplieron el calendario marcado.

El Tribunal de Cuentas también alude a 13 contratos de servicios en que no se publicitaron debidamente los criterios de adjudicación, lo que redujo la transparencia. Algo que también ocurrió con los contratos de suministro.

Recomendaciones del Tribunal

En vista del análisis realizado, el organismo fiscalizador insta a la mutua a garantizar la capacidad de las empresas adjudicatarias de sus contratos fijando claros criterios de solvencia y experiencia.

También le recomienda elevar la transparencia general de los mecanismos de control de publicidad y formalización de los contratos así como afianzar el seguimiento y control de los contratos de obra y el incumplimiento de plazos

Los gastos indebidos

Se da el caso de que la mutua Fremap ya fue objeto de controversia hace unos años al conocerse que había gastado indebidamente más de 30 millones de euros, entre otras cosas en dietas a directivos o mariscadas.

Una utilización indebida del dinero para una asociación sin ánimo de lucro que la compañía tiene pendiente devolver a la Seguridad Social.

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AIE. La reunificación de autónomos para acceder a contratos públicos | Autónomos

Las grandes empresas capitalizan el 80% de los contratos públicos que se firman en España. Para evitar esta tendencia, y que las pymes y autónomos puedan optar a ellos, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) han diseñado un sistema que permite a los autónomos agruparse económicamente, dándoles más fuerza para acceder en mejores condiciones a las licitaciones.

Este proyecto nace como consecuencia de la necesidad experimentada por un grupo de autónomos, a los cuales el ayuntamiento de su localidad ha propuesto que se agruparan para optar a la contratación de un proyecto municipal. Un proyecto que combinaba el sector de la construcción con el sector servicios.

Las AIE: Agrupaciones de Interés Económico

Es por ello que UPTA ha recuperado las llamadas agrupaciones de interés económico. Una herramienta definitiva, a su juicio, para que los autónomos de distintos sectores puedan concursar a contratos públicos aportando la eficiencia económica, solidez técnica y experiencia necesaria para poder ser seleccionados por las administraciones públicas y desarrollar proyectos satisfactoriamente.

Por el momento la iniciativa está siendo presentada en distintas comunidades autónomas y está obteniendo una “magnífica” acogida por parte de todas las administraciones, sobre todos las locales, según UPTA.

Ello se debe a que entienden la filosofía y los beneficios que aporta a la comunidad el distribuir entre los trabjadores del entorno las oportunidades económicas que surgen a través de éstas contrataciones. De hecho, los autónomos y pymes fundamentalmente invierten en el entorno más cercano, fomentan el empleo local y generan nuevas actividades económicas.

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Al fin, auditoría pública de diputaciones y municipios | Mi dinero

En este año en que estamos celebrando el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en nuestro país, se ha aprobado una norma imprescindible para realizar un control eficaz de los recursos de las entidades locales. El decreto que regula su control interno, publicado en el BOE el pasado 12 de mayo, introduce –entre otras muchas novedades– la obligación de que se auditen anualmente las cuentas de todos los organismos locales. En democracia, la auditoría es imprescindible para la transparencia y esta es necesaria contra la corrupción y fundamental para una gestión eficiente.

Por ello, no se entiende el retraso de décadas en mejorar el control en el sector local, “uno de los principales fundamentos de un régimen democrático” (Carta europea de autonomía local. Estrasburgo 1985); y lugar donde históricamente “los abusos asolan la vida pública, transformándola en campo agramante de quienes disputan el dominio de las instituciones para satisfacción de privados intereses”, como ya exponía con brillante prosa y premonitoria descripción el preámbulo de nuestra ley de bases de régimen local, hace 32 años.

Desde 1984, año en que se aprobaron las normas de auditoría del sector público, no se han implantado en el sector local, a pesar de permanentes demandas sociales, recomendaciones del Tribunal de Cuentas e incluso exigencias de las leyes que regulan las haciendas locales desde 1988.

Ello ha producido que en el ámbito de gestión pública con más riesgo de corrupción e ineficiencia sea donde, según el indicador de la fundación FIASEP, menos se practica este eficaz sistema de control (solo se realiza en un 5,8 % de sus entidades).

No se entiende cómo la ley de auditoría de cuentas obliga a auditarse a las empresas privadas de determinado tamaño, y no había una norma que obligase a auditarse a los Ayuntamientos, que en la mayoría de los municipios son la unidad económica más importante. Dejando sin control eficiente al sector local que cuenta con cerca de 18.000 entidades que, a su vez, ceden la gestión de muchos servicios públicos a empresas privadas y conceden miles de subvenciones a empresas, organizaciones sociales y empresas. Pues bien, esta nueva norma moderniza y da más medios a los interventores locales, implantando el modelo de control estatal y autonómico, que se ha demostrado eficaz; incluye en el ámbito de control todo el sector local; prevé la aplicación de un control previo limitado para profundizar en controles posteriores; exige que se controle cada año al menos el 80 % del presupuesto; regula la resolución de discrepancias entre el interventor y los gestores o, entre otras mejoras, exige el envío de informes de su actuación a la Intervención del Estado y al Tribunal de Cuentas.

La novedad más importante es la implantación del control financiero mediante auditorías como medio de control principal de los interventores. Esta auditoría abarcará no solo las cuentas, sino que tendrá que evaluar el cumplimiento de la legalidad y la calidad de la gestión; se realizará anualmente sobre la totalidad de las entidades y, como novedad sustancial, el interventor podrá contratar a firmas privadas de auditoría para realizar todas sus competencias, al igual que viene haciendo el Estado. La norma prevé un periodo de un año para su entrada en vigor, plazo necesario para que se puedan implantar estos nuevos controles. Para ello será necesario la elaboración de un diagnóstico y de un plan de acción de las implicaciones que conllevará su aplicación según las características de cada corporación y el número o naturaleza de sus entidades; así como la aprobación del primer plan anual de control y auditorías; un proceso de formación de interventores para la utilización de las nuevas técnicas de control y la aprobación por el pleno de la corporación del acuerdo para implantar la intervención limitada previa.

Finalmente, esta norma, sin duda, mejorará el control interno en el sector local, imprescindible para una gestión más honrada y eficaz. Pero para que este ámbito, tan importante para la vida de los ciudadanos, preste unos servicios públicos con calidad y eficiencia; se necesita, además, solucionar sus problemas de financiación y establecer un sistema de información de indicadores de los servicios.

Alejandro Martínez Gómez es socio de Sector Público de EY.

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Abrir a las pymes el coto de los contratos públicos | Compañías

La contratación pública es un terreno vedado al que tienen acceso preferente las grandes empresas. De hecho, hace poco, la Fundación Civio concluía en un estudio que siete de cada diez euros que se adjudican en obra pública acaban en las mismas diez grandes firmas. Y eso a pesar de que, según el INE, estas solo representan el 0,01% de las empresas del sector. La nueva ley de contratos del sector público es una oportunidad de oro para equilibrar la situación.

Según el último informe del Banco Central Europeo sobre las empresas de la zona euro (abril-septiembre 2016), el principal problema que tienen las pequeñas y medianas empresas en España es la falta de ventas. Consciente de esta disfunción, la UE, en su directiva sobre compras públicas ya empuja a los Estados miembro a fomentar la “contratación estratégica”; es decir a emplear la contratación como herramienta para corregir estos desequilibrios y ponerla al servicio del interés general, lo cual pasa, indefectiblemente, por abrir la veda a las pymes, micropymes y autónomos.

Se nos llena la boca afirmando que este colectivo es la pieza clave del tejido productivo de nuestro país, pues representan el 99,99% de las empresas registradas en la Seguridad Social y generan el 69% del empleo, pero lo cierto es que llevan mucho tiempo esperando medidas concretas, directas y reales que les quiten los palos de las ruedas y las conviertan en las protagonistas verdaderas de nuestra economía.

Actualmente nos encontramos en el Congreso reformando la nueva la ley de contratos del sector público, y merece la pena destacar cuatro propuestas esenciales que hemos impulsado y que, de salir adelante, supondrían un antes y un después en la participación de pymes y autónomos en la contratación.

-Contratos separados. Es una práctica habitual en las administraciones englobar, dentro de un mismo contrato, tareas que se encuentran de algún modo relacionadas pero que no siempre tienen objetos similares. Ello les permite convocar un solo concurso, y no dos ni tres, lo que simplifica el proceso administrativo y presuntamente supone un ahorro para las arcas públicas. Sin embargo, las consecuencias de este modus operandi simplificador están lejos de ser beneficiosas: intrusismo empresarial, obras defectuosas y peores servicios para la ciudadanía y, a la larga, resoluciones de contratos, modificaciones irregulares y sobrecostes que pagamos todos y todas.

La solución es fácil y pasa por clasificar en lotes obras o servicios similares con objetos diferentes. Las ventajas son evidentes: especialización, innovación, modernización y, sobre todo, apertura a las pymes de nuevas posibilidades de negocio de las que se veían excluidas no poder acceder a contratos demasiado amplios, económica o temáticamente. Por ello, hemos propuesto que la división en lotes de los contratos sea norma general y obligatoria en los procesos de contratación pública.

-El muro de los criterios de solvencia. La gran muralla que encuentran nuestras pymes y autónomos para acceder a la contratación son los exigentes criterios de solvencia que generalmente les imponen las administraciones públicas. Como se exige una experiencia desproporcionada para contratar, las pymes nunca la adquieren y por tanto raras veces consiguen trabajar para la administración. Es la pescadilla que se muerde la cola. Se pide a voces flexibilizar estos criterios de acceso, de manera que hemos propuesto derribar este muro para que, al menos, no se las deje fuera a las primeras de cambio, se les permita competir en igualdad de condiciones y demostrar que están preparadas para prestar servicios de calidad. ¿Cómo? Abriendo la posibilidad a que las pymes puedan demostrar su experiencia por otros medios de acreditación, eximiendo a las empresas de nueva creación de acreditar su solvencia o flexibilizando las condiciones de clasificación profesional.

-Que gane el mejor, no el más barato. La preponderancia del precio más bajo como criterio de principal valoración no solo ha tenido como consecuencia unos servicios de ínfima calidad y un aluvión de contratos modificados irregularmente en la que los corruptos han campado a sus anchas, sino que ha propiciado comportamientos anticompetitivos, llevando a muchas empresas –sobre todo a las grandes– a presentar ofertas económicas por debajo de precios de coste.

Las que más han sufrido estas consecuencias han sido las pymes, con muchas menos posibilidades de bajar los precios que sus hermanas mayores, quedando excluidas de los contratos. Para solucionar el problema, hemos propuesto que los pliegos de condiciones de los contratos recojan una pluralidad de criterios a valorar donde la calidad y la especialización tengan un justo peso, cuya puntuación sea siempre superior a las ofertas económicas de los licitadores.

-Hay cantera en la segunda división. Como ha constatado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, el 68% de los proveedores ha tenido en 2016 contratos con empresas privadas que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la ley, superando las grandes empresas los 126 días según el barómetro de la Plataforma, mientras que las Administraciones pagan a 36, 24 y 60 días según sea estatal, autonómica o local.

Las perjudicadas son las de siempre… Y aunque las pymes no siempre podrán jugar en la primera división de los grandes contratos públicos, al menos debemos facilitar las mismas reglas de juego para ambas divisiones, de manera que cuando actúen como subcontratistas, puedan desarrollar su actividad sin verse estranguladas por las malas prácticas empresariales. Para eso hemos propuesto que, en caso de impago por parte del contratista principal, el subcontratista pueda solicitar el pago directo a la Administración. Así, no se establece una relación de esclavitud que a veces las aboca a la desesperación y a la quiebra.

Necesitamos una norma de contratación que, como dice la directiva, impulse “la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública”.

Y la necesitamos ahora, que estamos a punto de adoptar una nueva ley de contratos del sector público. Nosotros hemos empujado el cambio, pero solo será posible si las demás fuerzas políticas acompañan para conseguir este objetivo, pasando de las palabras a los hechos.

Auxiliadora Honorato es ponente del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público y Secretaria Estatal de Administraciones Públicas en Podemos y Fernando Acuña es asesor en Derecho Público y Derecho de la Contratación Pública

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Ocasión perdida: medidas básicas para el autónomo que no estarán en la Ley | Autónomos

La nueva Ley del Autónomo traerá consigo ciertas mejoras para el colectivo. Todo lo que sea avanzar, bienvenido sea. Sin embargo, existen cuestiones que no estarán incluidas en el nuevo reglamento. Aspectos que algunos especialistas consideran fundamentales, existiendo la sensación de que se ha perdido una oportunidad para reformar más profundamente un régimen que necesita mejoras estructurales.

En general, las nuevas medidas han sido recibidas de buen grado por los colectivos que representan a este tipo de profesionales. Pero, ¿se podría haber hecho más? ¿Qué se ha quedado fuera de la nueva Ley, y es importante retocar?

Desde la Confederación Intersectorial del Trabajo Autónomo recuerdan que se han olvidado de abordar convenientemente el paro de los autónomos. La prestación por cese de actividad sigue cosechando unos índices de rechazo superiores al 50%. Es decir, de cada dos solicitudes de paro, una se deniega.

Mientras que el colectivo de asalariados tiene una prestación asegurada cuando le despiden, si un autónomo cierra su negocio por falta de ingresos puede quedarse sin ninguna cobertura. Las Asociaciones ya han denunciado en diversas ocasiones que los requisitos son muy exigentes. Y, en privado, muchas de ellas dejan caer que la razón es que el Estado se ahorra dinero con estas barreras a dicha prestación.

Por otro lado, la nueva normativa no cuenta con un apartado específico para facilitar el acceso de los autónomos a la contratación pública. Bien es cierto que en otra Comisión paralela, los políticos están debatiendo una nueva Ley de Contratación Pública, que tiene la intención de facilitar el acceso a este tipo de Licitaciones a pequeñas empresas. Sin embargo, la nueva normativa difícilmente saldrá adelante en 2017. Y está más dirigida a favorecer la entrada de pymes en dichos proyectos, y no tanto del autónomo.

El IVA de caja

En CIAE también consideran que se ha perdido una gran oportunidad de reformar el IVA de caja, que debería establecerse como universal. De este modo, los autónomos conseguirían una inyección muy importante de liquidez, ya que no tendrían que adelantar el IVA de facturas que no han cobrado. Situación que es a todas luces injusta para el colectivo. A la medida, actualmente, apenas se acogen un 1% de los autónomos. Debido a las presiones ejercidas por sus clientes de mayor tamaño, que no pueden deducir el IVA de las facturas emitidas, si el autónomo está incluido en ese IVA de caja.

Cuestiones sin precisar

Desde ATA reconocen que la Subcomisión puesta en marcha tiene ahora el reto de definir ciertas cuestiones para evitar malinterpretaciones. Lorenzo Amor, presidente de dicha Asociación recuerda que las medidas concretadas son “muy necesarias y urgentes”. Sin embargo, queda por definir más claramente el concepto de habitualidad, las fórmulas de cotización a tiempo parcial y cuánto van a pagar (y cómo) los autónomos que no lleguen al Salario Mínimo Interprofesional.

Al margen de la Ley, pero pendientes

Fuera del ámbito regulatorio aprobado, aunque igualmente importante para los autónomos, se echan en falta medidas de reactivación del consumo, para favorecer un mayor desarrollo de pequeños comercios, establecimientos y actividades del sector servicios regentadas por autónomos, especialmente en ciudades más pequeñas.

Por último, el colectivo considera que sigue siendo necesaria una clara regulación de conceptos como economía colaborativa, que genera un nuevo tipo de  economía sumergida que impacta directamente en la competitividad de los trabajadores por cuenta propia, que están correctamente dados de alta y abonan sus impuestos con regularidad.

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