El juez investigará las tripas de Banco Popular y toda su actividad del último lustro | Compañías

La Audiencia Nacional ha echado a andar esta semana la investigación sobre las posibles responsabilidades penales por la debacle de Banco Popular en la que promete ser la mayor causa financiera desde la que se abrió una por la presunta estafa a inversores en la salida a Bolsa de Bankia, pendiente ahora de la apertura de juicio.

El juez responsable de la instrucción, de hecho, vuelve a ser Fernando Andreu que promete llevar a cabo una minuciosa tanda de pesquisas que recuerdan a las realizadas durante los últimos cinco años en el caso de la mayor entidad financiera nacionalizada.

En esta ocasión, las primeras diligencias previstas por el juez incluyen revisar las tripas de Banco Popular desde 2012, volver a contar con peritos del Banco de España para aclarar la veracidad de los datos contables ofrecidos o revisar desde la remuneración de directivos y consejeros al método bajo el que se contrató al último presidente, Emilio Saracho.

Así consta en los autos de admisión a trámite de las cuatro primeras querellas aceptadas por el juez. Las diligencias previstas por el magistrado no se pondrán en marcha, en todo caso, hasta que haya terminado de estudiar el resto de la treintena de denuncias que se han registrado por esta causa en la Audiencia Nacional, y decidido si también las acepta o las desestima.

A partir de ahí, Andreu contempla ya la puesta en marcha de casi cuatro decenas de actuaciones que implican requerimientos al propio Banco Popular (que acabó siendo adjudicado a Banco Santander por un euro simbólico el pasado 7 de junio), a su auditora, PwC, al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB).

A este último le solicitará la entrega del informe secreto elaborado por Deloitte en el que las autoridades europeas basaron su decisión de resolver Popular. Un documento clave para los accionistas que reclaman una compensación, pues establecía una horquilla de valor del banco de entre 1.500 millones en positivo y 8.000 en negativo, pero que la Junta de Resolución Única europea se viene negando a publicar.

Destaca también la solicitud del magistrado al Banco de España para que aporte dos inspectores que ejerzan como peritos judiciales y evalúen si es veraz la información con la que Banco Popular captó 2.505 millones de euros en la ampliación de capital de junio de 2016. También se les pedirá que revisen las cuentas del banco de los dos últimos años, incluyendo los errores contables que la entidad admitió en abril haber cometido.

Andreu ya solicitó una pericial similar en el caso Bankia, en el dictamen de los inspectores Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras de que la entidad saltó al parqué usando información falsa ha sido un pilar de la causa. El juez también revisará todas las actas de inspección del supervisor financiero sobre Popular desde 2012 a la actualidad, aunque ha descartado la petición de uno de los querellantes de solicitar toda la correspondencia entre el Banco de España y la entidad.

Más allá, el Andreu admite la petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, de pedir al cazatalentos Spencer Stuart que aclare el proceso de contratación de Saracho como presidente y si este fue encargado por la consejera independiente Reyes Calderón en medio del pulso por sacar de la silla de mando al histórico Ángel Ron.

También avala que Aemec encargue un informe a un experto en medios de comunicación sobre el posible peso de las filtraciones a medios en las caídas de la acción de los últimos meses, cuando se elevaron con fuerza las apuestas bajistas. Después de todo, el magistrado prevé articular el caso en dos piezas separadas, una sobre el posible engaño a inversores en la ampliación de capital, y otra sobre el presunto uso de información privilegiada que favoreciese las inversiones en corto.

En todo caso, el juez también estudiará las retribuciones de directivos y consejeros, los créditos que ellos y sus familias recibieron, la venta de participadas de Popular, o el famoso Plan Sunrise con el que Ron trató de evitar que el ladrillo lastrara la entidad.

Está previsto además que comparezcan en la Audiencia Nacional las 34 personas, o entidades, querellados (son 35 pero uno falleció) y que, en una fase posterior, testifiquen también representantes de Banco Santander (que absorbió Popular); BBVA, que barajó hacerse con al entidad antes de su debacle; o los bancos de inversión Goldman Sachs o JP Morgan

Las otras vías judiciales en marcha

– Demandas civiles: En paralelo a las querellas presentadas ante la Audiencia Nacional por las posibles responsabilidades penales de los gestores de Banco Popular en su quiebra, que supuso la pérdida del dinero para todos sus accionistas e inversores, han comenzado a plantearse también demandas civiles por parte de afectados que buscan recuperar su dinero. Aunque ante la confluencia de acciones civiles y penales tradicionalmente se suele dar prioridad a estas últimas, dejando suspendidas las primeras, el precedente del caso Bankia abre la puerta a que las reclamaciones de afectados se resuelvan antes. En ese caso, el Tribunal Supremo anuló en enero de 2016 la venta de acciones de Bankia entre particulares por la falta de veracidad de la información facilitada pese a que el juicio penal está todavía por celebrar.
– El contencioso: En paralelo, muchos de los accionistas de referencia de Banco Popular, entre los que se incluyen algunos de los que serán investigados ahora en la instrucción por la causa penal que abre la Audiencia Nacional, han decidido reclamar por la vía contencioso administrativa tratando de impugnar la decisión de las autoridades europeas de resolver Banco Popular. Las acciones legales se han presentado tanto contra la Junta Única de Resolución (JUR) como contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la intervención de la entidad y su adjudicación a Banco Santander por un euro simbólico.

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La Audiencia Nacional confirma que juzgará a Barcoj y seis exdirectivos | Compañías

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú Pons, el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj y otros cinco antiguos directivos de la entidad, entre ellos el exconsejero Arturo Fernández, presentados contra el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu el pasado mes de mayo por la salida a Bolsa, por lo que todos tendrán que sentarse en el banquillo.

En el caso de Sánchez Barcoj, la Sala recuerda que las cuentas relativas al ejercicio 2010 aprobadas en el consejo de administración de marzo del siguiente año fueron presentadas por el propio procesado, quien como director financiero era “responsable de su elaboración”. Además, indica que existió un cobro de ‘bonus’ “gracias al mantenimiento de la falacia contable de no contabilizar las pérdidas por deterioro y cargarlas contra la cuenta de reservas”.

En relación al argumento que empleó el exdirectivo de que no llegó a ser empleado de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), sino que pasó directamente de Caja Madrid a Bankia, la Sala le recuerda que en diciembre de 2010 fue nombrado director financiero de BFA. “El hecho de que el recurrente presentase ante el consejo de administración las cuentas anuales, unido a su real nombramiento como director financiero, es indicio racional y bastante que permite inferir su directa responsabilidad”, resalta.

Sobre el exvicepresidente Verdú Pons –una de las cuatro personas que no hizo uso de su ‘tarjeta black’ en Caja Madrid y, por lo tanto, no fue juzgado en ese caso–, el tribunal desestima igualmente su recurso porque el procesado ha reconocido que fue consejero delegado cuando el consejo de administración de Bankia aprobó la información económica y financiera del folleto descriptivo de las condiciones de salida a bolsa.

Según la Sala, está “acreditado documentalmente” que en una reunión inmediatamente anterior a esa se puso de relieve que las cuentas de Bankia no cumplían “la normativa nacional e internacional” y no reflejaban “la imagen fiel de la entidad”.

El tribunal también desestima el recurso presentado por la defensa del empresario Arturo Fernández al entender que las diligencias adoptadas durante la instrucción ponen de manifiesto que éste formaba parte del consejo de administración de Bankia en junio de 2011, cuando se adoptaron los acuerdos para poner en marcha la salida a Bolsa.

Una maniobra que contuvo “una serie de irregularidades y errores sobre activos que no se ajustaban a la normativa del Banco de España”, según responde la Sala, que recuerda que el hecho de que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, sólo dirija su actuación contra cuatro procesados (Rodrigo Rato, Francisco Verdú Pons, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella) “nada implica”, puesto que hay más acusaciones en el procedimiento.

En otros cuatro autos diferentes, la Sala de lo Penal rechaza igualmente los recursos presentados por los exconsejeros de Bankia Araceli Mora, Mercedes Rojo, Francisco Juan Ros y José Rafael García-Fuster.

Esta decisión del tribunal se une a las que ya tomó rechazando también los recursos de otros exdirectivos de la entidad, como el expresidente Rodrigo Rato y los exconsejeros Ángel Acebes, Javier López Madrid y Agustín González, entre otros.

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La Audiencia libra del banquillo a los supervisores en el ‘caso Bankia’ | Compañías

El caso Bankia se juzgará sin los supervisores sentados en el banquillo de los acusados. Así lo ha ratificado este viernes la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al resolver uno de los recursos presentados por la acusación popular, según confirman fuentes conocedoras de la decisión judicial.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y representada por el letrado Andrés Herzog, había solicitado incluir entre los acusados a los responsables del Banco de España y la CNMV durante la salida a Bolsa de Bankia.

La Audiencia Nacional ya les había dado la razón durante la instrucción de la causa, en contra del criterio del juez Fernando Andreu y del fiscal Alejandro Luzón, obligando a citar como investigados a los máximos responsables de los organismos supervisores.

En esta ocasión, sin embargo, la Audiencia Nacional avala la posición de juez y fiscal de no procesarles por la presunta estafa que sufrieron los inversores que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad que acabo requiriendo el mayor rescate de España.

La decisión del tribunal libra del banquillo al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernandez Ordóñezo al expresidente de la CNMV Julio Segura entre otros. En concreto, exime al exnúmero dos de la CNMV Fernando Restoy, así como a los cargos del Banco de España Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera, Jerónimo Martínez Tello y Javier Aríztegui.

Su papel de vigilantes del proceso quedó en entredicho durante la investigación judicial al aparecer unos correos del inspector del Banco de España responsable de Bankia en los que advertía a sus superiores de que sacar la entidad al parqué podía suponer el primer paso para su nacionalización.

“Se trata de una peligrosa doctrina, bendecida ahora por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con la decisión de no sentar en el banquillo a Miguel Ángel Ordóñez ex gobernador del Banco de España. Se considera que los supervisores financieros no tienen responsabilidades”, han manifestado los representantes del colectivo 15MparaRato, personados en la causa, al conocer la decisión.

Voto particular en contra

El auto de la Audiencia Nacional, en todo caso, contiene un voto particular de la magistrada Clara Bayarri en el que defiende que se proceda contra los responsables del Banco de España y la CNMV y considera “precipitada” la decisión de la mayoría de magistrados puesto que los indicios tomados en cuenta para llamares a declarar como investigados se han confirmado y aumentado, dice.

“Existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad que permiten inferir que los máximos dirigentes del Banco de España y la CNMV avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa de Bankia, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas, que era evidente iban a ser minoritarios, en estafa de inversores”, sostiene Bayarri en el voto particular.

Se juzgará a Deloitte 

Por otra parte, la Audiencia Nacional revoca el sobreseimiento del procedimiento en relación con la auditora Deloitte, que hasta ahora figuraba como responsable civil y a la que la Sala le atribuye responsabilidad penal.

El juez instructor exoneró previamente a la consultora de responsabilidad penal al considerar que la naturaleza particular de las sociedades profesionales, otorgaba una autonomía e independencia del socio auditor, Francisco Celma respecto a Deloitte. Sin embargo, la Sala de la Audiencia Nacional no comparte el criterio del juez y acuerda extender la responsabilidad penal a la consultora al entender que no tiene acogida esa autonomía profesional entre Celma y Deloitte, “socio y sociedad constituyen la misma unidad jurídica

En otro auto, los jueces confirman la responsabilidad penal del exministro Ángel Acebes, que fue consejero de la matriz de Bankia, BFA, por su “participación relevante” en la salida a Bolsa y del exconsejero de OHL y de Bankia Javier López Madrid.

El tribunal también rechazó los recursos de los exconsejeros Francisco Pons, Francisco Baquero, Rafael Ferrando, Alberto González y José Manuel Serra, que en los próximos meses se sentarán en un banquillo de más de 30 acusados con el expresidente de Bankia Rodrigo Rato a la cabeza.

La acusación popular recurrirá la decisión ante el Supremo

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación popular del caso Bankia que había solicitado sentar en el banquillo a los responsables de supervisión del Banco de España y la CNMV, consideran que la decisión de la Audiencia Nacional del librarles del banquillo es “un escándalo y un despropósito jurídico”, en palabras de su representante legal, el abogado Andrés Herzog.

La CIC, que preside Gonzalo Postigo, no entiende el “sorpredente cambio de criterio de la Audiencia Nacional”, que durante la fase de instrucción sí que rebatió al juez y obligó a citar como investigados a los responsables de supervisión de Bankia por el escándalo de su salida a Bolsa.

“España no puede permitirse un juicio del caso Bankia sin la presencia de dos de sus máximos responsables, el Banco de España, la CNMV”, ha expuesto Postigo avanzando que la CIC prevé presentar un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, y llegar al Tribunal de Justicia de la UE si es necesario, para sentar en el banquillo a los supervisores financieros.

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Presentan la primera demanda civil por el colapso de Popular | Mi dinero

La batalla judicial en torno al colapso de Banco Popular, intervenido el pasado junio y vendido por un euro simbólico a Banco Santander dejando sin dinero a sus accionistas y bonistas, presenta un nuevo frente.

Por primera vez, una firma particular ha presentado una demanda civil reclamando el dinero que invirtió en la entidad en la ampliación de capital que Popular celebró en junio de 2016, más los intereses generados desde entonces.

En concreto, solicita que se le abonen 9.996 euros. Su abogado, Felipe Izquierdo, que acompañó a la organización de consumidores OCU en la querella criminal presentada ante la Audiencia Nacional contra la cúpula del extinto banco, considera que la vía civil es compatible con la penal.

Así ocurrió, recuerda, con el caso Bankia, donde el Tribunal Supremo ya ratificó que salió a Bolsa utilizando información no veraz en un procedimiento civil que devino en un proceso de devolución generalizada a los inversores particulares, mientras que el juicio oral por la causa penal está pendiente de abrirse.

Izquierdo considera probado que Banco Popular amplió capital, por 2.500 millones de euros en junio de 2015, utilizando también información que no era fiable, como demostraría la propia comunicación de Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del pasado abril, informando de errores en las cuentas del ejercicio anterior.

Los argumentos de la demanda

“En el folleto de la ampliación, el Banco Popular estima unas pérdidas para el ejercicio 2016 por importe de 2.000 millones de euros, cuando lo cierto es que las pérdidas a 31 de diciembre de 2016 recogidas en la memoria del ejercicio, ascendieron a 3.485 millones de euros, es decir, existió un resultado manifiestamente contrario al publicitado en el folleto, elevándose el desfase en nada más y nada menos que en 1.485 millones de euros (un 75% más), pudiendo concluirse por tanto que los datos económicos publicitados en el folleto eran como mínimo gravosamente inexactos”, recoge la demanda, al a que ha tenido acceso este diario.

“Si lo anterior fuera poco, que desde luego no lo es, resulta que en fecha 3 de abril de 2.017, el Consejo de Administración del Banco Popular comunica a la CNMV un Hecho Relevante en el que reformulan las cuentas de 2.016 ahondando en mayores pérdidas y desvelando otra serie de importantes irregularidades”, prosigue el documento, recordando que la entidad evitó pese a todo reformular las cuentas del año anterior.

La “reformulación las nuevas cuentas las tendrían que firmar el nuevo presidente y sus nuevos consejeros y desde luego, el señor Saracho por nada del mundo quería asumir futuras responsabilidades (civiles y/o penales) de su antecesor en el cargo señor Ron (12 años de presidente)”, argumenta.

Las circunstancias de la compra

La demandante es una pequeña empresa dedicada al reciclaje de residuos “que en 11 años de existencia jamás había adquirido acciones de clase alguna”, reza el texto remitido al juzgado. Sin embargo, al acudir a su sucursal de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) a solicitar un crédito de 100.000 euros para la compra de un camión, asegura la demanda, “tanto el comercial como el director de dicha oficina bancaria le exponen la conveniencia de suscribir acciones de la ampliación de capital”.

Como resultado, la demandante adquirió 6.630 acciones de Banco Popular el 20 de junio de 2016, con un coste de 8.287,50 euros, al que hay que añadir 1.709,32 euros correspondientes a la compra de derechos realizada el 7 de junio de 2016. En total, 9.996,82 euros que reclama, por vicio en el consentimiento, junto a los intereses generados y las costas

Otras vías judiciales en marcha

La demanda civil presentada será previsiblemente la primera de muchas. En opinión de Izquierdo, es el camino más fácil y rápido para aquellos que acudieran a la ampliación de capital de Banco Popular de junio de 2016, mientras, aduce, que los accionistas más antiguos deberán esperar a ver si la investigación que pueda abrirse por la vía penal demuestra irregularidades anteriores a la del folleto de aquella operación.

El propio Izquierdo, de la mano de la OCU, ha presentado una querella criminal contra le excúpula de Popular en la Audiencia Nacional, medida que permite interrumpir la prescripción para las reclamaciones, expone.

En paralelo, la asociación de accionistas minoritarios Aemec, representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, o el despacho Durán & Durán, también emprendieron actuaciones por la vía penal. 

Más allá, esta misma semana trascendía que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha comenzado a aceptar los recursos presentados por accionistas de Banco Popular. Para Izquierdo, esta última es la principal alternativa para los grandes inversores de la entidad, aquellos que no podrán alegar que desconocían la situación real de la entidad o que debían fiarse únicamente de la información del folleto.

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¿Existe riesgo de oligopolio bancario? | Compañías

Tras los últimos movimientos en el mercado bancario español, actualmente de lo que más se habla es de la posibilidad de que se esté creando un oligopolio financiero. Y no es de extrañar: después de varios años de fusiones, adquisiciones y reestructuración financiera, actualmente tan solo tres bancos controlan más de un 50% del negocio.

Los reguladores insisten en continuar con el proceso de fusiones y adquisiciones para reducir costes operativos y aumentar ratios de eficiencia. Unos ratios que efectivamente se ven presionados por el descenso de sus ingresos derivado por los tipos de interés –entre otros factores–, pero no debemos olvidar tampoco la gran presión que los costes asociados están avivando. Y en este ámbito cabe destacar un dato importante: más del 20% de la inversión de los bancos en 2017 estará vinculada a la adaptación regulatoria que estos deben acometer. Esto es, la aplicación por parte de las entidades de un compliance bancario que han adoptado para adecuarse a las exigencias de los distintos reguladores y que, entre otras cosas, deben mejorar el comportamiento y reputación de los propios bancos, sus responsables y de todo el sistema en general. Un ejercicio especialmente necesario en un sector tocado a nivel de imagen. La reputación… esa gran baza en la fidelización de los clientes.

Pero como decía, la búsqueda de la eficiencia bancaria nos ha llevado a una reestructuración del sector tan dolorosa como necesaria. Inevitablemente, la evolución del mercado ha comportado una concentración bancaria que deriva en la reducción de la competencia. Nunca antes se había dado esta circunstancia en España, y quizás en toda Europa. Y probablemente, ante este escenario, muchos se echarán las manos a la cabeza al pensar en el riesgo de clusterización al que se nos ha expuesto, y los posibles efectos asociados sobre los consumidores, como el empleo de prácticas comerciales restrictivas en la fijación de precios o políticas de riesgo muy similares en el acceso a la financiación.

Es evidente que el proceso de concentración al que nos ha llevado este proceso de saneamiento podría suponer consecuencias no deseadas para los consumidores, pero si una cosa está clara es que estamos ante un sector clave para la generación de riqueza de un país, por lo tanto su buena evolución es crucial para la supervivencia del mismo en épocas de recesión. El rescate a la banca fue totalmente necesario para la economía española. Tan solo un ejemplo: a día de hoy, prácticamente la mitad de los activos tóxicos que estuvieron a punto de hacer colapsar el sistema financiero español todavía siguen en los balances de los bancos, tras años de implementación de políticas de limpieza. Este dato nos hace ser conscientes de la magnitud del problema y es por ello que hay que asumir que, en ocasiones, los riesgos asociados compensan las medidas adoptadas.

Pero entonces, ¿es cierto que actualmente tenemos un problema de competencia en el mercado? De momento, no. Si bien es cierto que existe una liga de los grandes bancos en España –llamémosle big five–, también es cierto que buena parte del negocio sigue en manos de una banca mediana sobre la que recae el papel de hacer que en el mercado financiero no se instaure un oligopolio permanente. Son entidades que deberán apostar por diferenciarse a través de elementos propios como la territorialidad o el enfoque a segmentos clave, para captar y fidelizar a sus clientes.

El círculo no se ha cerrado y los big five estiman que su crecimiento en el segmento de los clientes particulares pasa, inevitablemente, por el crecimiento inorgánico, es decir, la adquisición de otras entidades que aporten base de clientes a su negocio. Las integraciones realizadas recientemente impulsan al resto de players del sector financiero a no quedarse atrás.

Probablemente serán los organismos de regulación y supervisión bancaria los que deban ajustar sus pretensiones. Esto es, si hasta ahora han apostado por fomentar las fusiones y adquisiciones entre entidades, debería llegar el momento –si no lo ha hecho ya– de contener estos movimientos entre players nacionales e introducir nuevos elementos para fomentar la competencia.

Luis Fernández de Nograro es managing partner de Servicios Financieros y real estate en Axis Corporate.

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¿Cómo casan la red de oficinas de Santander y Popular? | Compañías

La adquisición de Banco Popular por parte de Banco Santander, saldada por un euro hace cosa de un mes después de que las autoridades europeas decretaran la inviabilidad de la primera entidad, promete abrir ahora un importante proceso de reestructuración a fin de que el grupo que preside Ana Patricia Botín digiera la nueva entidad afrontando los importantes solapamientos que se producen entre sus redes de oficinas comerciales.

Un estudio realizado por la firma Geoblink, que ofrece una aplicación dirigida a empresas con puntos de venta que deseen optimizar su red de tiendas y su estrategia de expansión, revela que, con su red original, Santander prácticamente duplica el público objetivo al que llega con su red de sucursales frente al alcance que tiene la de Popular y que ambas presentan importantes saturaciones en algunas regiones.

Solapamiento de redes a escala nacional:

En concreto, según los mapas elaborados por Geoblink, las redes de ambos bancos presentan multitud de duplicidades geográficas que son especialmente relevantes en algunas de las principales capitales españolas, como son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla y sus respectivos cinturones urbanos.

Por otra parte, aunque desde Geoblink destacan que “Santander cubre prácticamente todas las áreas dónde el Popular tiene presencia”, la red del banco fallido ayudaría a su comprador a alcanzar nuevos mercados, especialmente en zonas rurales, gracias a su red de oficinas de Girona, Córdoba o A Coruña, por ejemplo.

Todo dependerá, en todo caso, de los intereses estratégicos del grupo Santander en dichas áreas y del plan de reestructuración de oficinas y plantilla que acabe poniendo en marcha el grupo en una integración que prevé ejecutar de forma pausada y progresiva en los próximos años.

La empresa Geoblink, que ofrece su aplicación online para ayudar a las empresas a definir sus pautas de expansión geográfica, ha analizado la red de sucursales de ambas entidades bancarias partiendo de un análisis local para hacer una radiografía nacional que tiene en cuenta en cuenta multitud de factores del público objetivo al que llegan.

Solapamiento de redes en Madrid

“Para ello hemos analizado las variables externas que afectan al funcionamiento de sus oficinas, como número y perfil de los habitantes o renta disponible. Gracias a un alto nivel de granularidad en el análisis y a una segmentación entre zonas urbanas y rurales, hemos obtenido que el alcance del Banco Santander casi duplica el alcance de las oficinas del Banco Popular. Prácticamente no hay oficinas del Banco Popular a las que no llegue el Banco Santander”, detalla Andreu Jiménez, responsable de análisis de datos como Data Scientist de Geoblink.

Los datos de la compañía revelan la importancia que aún tiene la cercanía de las oficinas al público objetivo. Popular viene dando servicio a 4,1 millones de clientes con una red de 1.644 sucursales en España, tras haber completado recientemente el cierre de unas 300 oficinas en el marco de su último plan de ajuste en solitario. La cifra se acerca a los 4,9 millones de habitantes que, según estima Geoblink, tienen una oficina de Popular a menos de 10 minutos a pie de su domicilio (338.000 a menos de 5 minutos).

Solapamiento de redes en Barcelona

A su vez, Banco Santander cuenta con 12,5 millones de clientes con sus cerca de 2.900 sucursales en España, con las que se sitúa a menos de 10 minutos a pie de 12,4 millones de habitantes (2,4 millones a menos de 5 minutos). 

Incremento de la cuota de mercado

  • España: Banco Santander ampliará capital en 7.000 millones de euros para asumir Banco Popular, que adquirió por un euro simbólico. La operación dará lugar al mayor banco del territorio español con una cuota de mercado del 20% del crédito.
  • Regiones: A escala regional, el dominio de mercado del que disfrutarán las oficinas del nuevo grupo Santander, tras integrar la red de Popular, será especialmente relevante en zonas como Galicia, donde dominará el 28,9% del mercado, Madrid, con el 22,8% o Asturias, Cantabria y Canarias, donde superará el 20,7% de cuota de mercado. Las regiones donde menos peso tendrá son La Rioja, con un 11,4%, Aragón, con el 12,1% y Extremadura, con eel 13%.
  • Portugal: La integración de Banco Popular también promete reforzar la apuesta de Santander por Portugal. El grupo que preside Ana Patricia Botín ya cuenta con 657 oficinas en el país vecino, donde cuenta con cuatro millones de clientes. A estas cantidades se les suman ahora las 118 oficinas que aporta Popular en el mercado luso, donde da servicio a otros 320.000 clientes. Desde Santander estiman que la unión de ambas entidades pasa a controlar el 17% de la cuota de mercado crediticio de Portugal.

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Los analistas: la baja valoración de BMN favorece a Bankia en Bolsa | Mercados

A primera hora de la mañana se han conocido los términos de la fusión de Bankia y BMN y el mercado los ha acogido de buen grado. Las acciones de Bankia se han anotado un alza del 3,53% en Bolsa, hasta los 4,17 euros por título, situándose a la cabeza del Ibex 35. Unas subidas que llegaron a ser del 4,7%. Entre los detalles del acuerdo de absorción destaca que Bankia valora la entidad absorbida en 825 millones de euros, un precio por debajo de lo que barajaba el mercado, de hasta 1.300 millones de euros.

Ambas entidades han confirmado hoy el acuerdo suscrito ayer por el que Bankia absorberá BMN mediante la entrega a sus accionistas de 205,6 millones de acciones nuevas de Bankia (no habrá pago en metálico), lo que supone valorar BMN en 825 millones de euros, es decir, 0,41 veces su valor en libros. De este modo, los accionistas de BMN pasarán a tener un 6,7% del capital de Bankia una vez completada la operación y poseerán acciones líquidas, que cotizan en Bolsa y que pagan dividendo.

“La reacción del valor en Bolsa se debe en gran medida a que se esperaba que la valoración de BMN fuera superior, cercana a las 0,5 veces el valor en libros y finalmente ha sido de 0,41 veces”, destaca Juan J. Fernández Figares, de Link Securities.

Nuria Álvarez, de Renta 4, considera que la operación es “buena” porque “está por debajo de los precios que manejaba el mercado en los ultimos meses” y por eso el impacto en Bolsa está siendo positivo. “Se despejan dudas que tenía el mercado”, asegura la analista, que cree asimismo que la fusión no solo tiene un efecto positivo en las principales cifras financieras de la entidad, sino que se da una complementación de los negocios. “Hay poco solapamiento de las redes comerciales”. De hecho, BMN aportará a Bankia unos 38.000 millones de euros en activos y una franquicia líder en Murcia, Granada y Baleares, provincias donde BMN cuenta con 470 oficinas, el 71% del total.

De este modo, tras la operación, Bankia contará con cuotas de mercado superiores al 30% en Granada y Murcia, y del 25% en Baleares, según ha explicado la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Desde el departamento de análisis de Bankinter aseguran que las cifras que se manejan están en línea con sus estimaciones y valoran “positivamente” el sentido estratégico de la integración “que permite a Bankia incrementar el volumen de activos (en torno a un 20,0%) y ganar cuota de mercado en las regio nes de origen de actividad de BMN (Granada, Murcia e Islas Baleares)”.

La firma, reitera la recomendación de comprar el valor en Bolsa, apunta que es “interesante” para Bankia la adquisición de BNM en un rango de valoración comprendido entre 700 y 900 millones de euros. “Según nuestras estimaciones, la fusión permitirá mejorar el BPA de Bankia en torno al 9% a partir del primer año. Es decir, se trata de una operación “ relutiva” para Bankia desde el primer año”, dice Bankinter, y añade que “estimamos que la operación generará un fondo de comercio negativo superior a 1.4 00 millones de euros que permitirá compensar los costes de reestructuración y realizar provisiones adicionales para situar los índices de calidad crediticia de BMN en línea con los de Bankia”.

Para Daniel García, analista de XTB, aunque “de primeras” pudiera parecer una operación “descabellada” por el hecho de que una entidad rescatada como Bankia que todavía le debe dinero al Estado se lance a una operación de este tipo, “lo cierto es que resulta muy interesante porque se crean unas sinergias importantes que se están viendo reflejadas hoy en el parqué” con el alza de las acciones de Bankia. Bankia estima unas sinergias de costes de 155 millones de euros antes de impuestos (9% de la base de gastos BKIA+BMN 2016), incremento del BPA del 16% en 2020 y del ROIC del 12% el tercer año.

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