Casi el 30% de los asalariados extremeños cobra del sector público | Mi dinero

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda reflejan que a 1 de enero de 2017 había en España 2.523.167 de empleados a nómina de la Administración, entre personal funcionario y laborales. Supone un 0,2% más que en el mismo período del ejercicio anterior. Un incremento mínimo, pero que supone el primer avance en cinco años.

Esta tendencia se mantendrá e intensificará en los próximos años tras la aprobación de una oferta de empleo público para cubrir 28.249 vacantes. De éstas, 20.451 son de ingreso libre y 7.798 corresponden a promoción interna.

El peso del empleo público es mayor en las comunidades menos desarrolladas económicamente y con mayor paro. En Ceuta y Melilla, el número de funcionarios representan más de la mitad de asalariados. En el ranking autonómico, Extremadura es la comunidad con mayor peso del empleo público sobre el total. Los trabajadores que residen en Extremadura y están a nómina del Estado, de la Junta o de la administración local alcanzan lo 88.886 efectivos, el 28,6% del total de asalariados. Le sigue Castilla y León (23,1%), Castilla-La Mancha (22,4%) y Asturias (20,2%).

En el lado opuesto destaca Cataluña, donde solo el 11% de los asalariados cobra directamente del sector público. Baleares y Madrid también registran cifras relativamente bajas, del 12,2% y del 14,8%, respectivamente. De media, el 16,7% de los asalariados en España tiene una nómina vinculada a la Administración pública.

En números absolutos, Andalucía es la comunidad con más funcionarios, algo lógico si se tiene en cuenta que también es la autonomía más grande y poblada. De los 2,5 millones de funcionarios, 458.371 trabajan en Andalucía. Le sigue Madrid con 388.344 funcionarios. El efecto capitalidad beneficia a la comunidad madrileña al incrementar el número de funcionarios en la región.

Llas comunidades autónomas y las universidades son los dos eslabones de la administración que han registrado un incremento del número de efectivos en 2017. Así, las comunidades autónomas cuentan con 1.307.358 empleados, un 1%más que hace un año. El incremento en las universidades fue del 1,7% hasta los 150.287 efectivos. En cambio, el Estado central y la Administración local redujeron su plantilla un 1%hasta los 522.410 y las 147.770 personas, respectivamente.

Las comunidades autónomas, que son responsables de gestionar los pilares del Estado de bienestar (educación, sanidad y servicios sociales), suman el 52% de los empleados. De hecho, la mayor parte de los empleados que cobran de la administración autonómica están adscritos a áreas como la sanidad o la educación.

El capítulo de gastos de personal es uno de los más relevantes en los presupuestos públicos. En 2016, el conjunto de la Administración destinó 121.431 millones a pagar salarios públicos, un 2% más que el ejercicio anterior. Un incremento que se explica en buena medida porque el año pasado se devolvió el 50% de la paga extra de Navidad suprimida en 2012. Además, el sueldo de los funcionarios se mantuvo congelado durante los años más duros de la crisis económica. Para el ejercicio en curso, Hacienda aprobó un incremento del 1% de la remuneración. Ahora, el Gobierno ha iniciado la negociación de los Presupuestos para el próximo año y todo indica que se incluirá un nuevo incremento del sueldo de los funcionarios, que podría ser algo superior al 1%.

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Los funcionarios interinos ya pueden reclamar 20 días por año si son cesados | Legal

El Juzgado Contencioso nº 2 de A Coruña ha dictado una sentencia pioneraque reconoce a los funcionarios interinos el mismo derecho a ser indemnizados tras el cese en su trabajo. Se iguala así su situación a la de sus compañeros contratados en régimen laboral. Es decir, tienen derecho a cobrar 20 días por año trabajado.

Tras la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre indemnización por extinción de contratos de interinidad de 14 de septiembre de 2016, los tribunales siguen dando alegrías al personal temporal de la Administración Pública, ya no solo al laboral, sino que ahora también al funcionarial.

Se calcula que esta cuestión puede afectar a un total de 250.000 personas en España, según datos del sindicato de funcionarios CSIF, que ha facilitado la sentencia.

El funcionario, tras ser cesado, reclamó ante la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria una indemnización de 20 días por año trabajado que le fue denegado. En total reclamaba 1.500 euros como profesor sustituto en el periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2015 y el 14 de septiembre de 2016. Ahora, el juzgado le ha dado la razón, equiparando su cese a un despido por razones objetivas.

La sentencia indica que, de no admitir la petición del profesor, existiría una manifiesta discriminación entre el empleado laboral de la Administración (que sí se le ha reconocido derecho a la indemnización por cese) y el funcionario interino, a tenor de la doctrina del tribunal de justicia europeo y de las posteriores sentencias dictadas en el orden social.

El juez expone que la Administración no acredita qué razones pueden existir para tal diferencia de trato y le condena a pagar la cantidad reclamada por el profesor. En conclusión, el personal laboral y el funcionarial interino no pueden tener condiciones laborales diferentes, incluidas sus retribuciones, respecto del empleado público no temporal.

La cuestión de las costas

Aunque pudiera parecer que, al haberse estimado totalmente la reclamación del funcionario, éste debería quedar libre del pago de los gastos generados por el juicio (condena en costas, conforme al artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa), la sentencia señala que dada la complejidad del asunto, una situación de “mutación normativa”, cada parte deberá sufragar sus propios gastos.

Es decir, habrá que tener en cuenta cuál es la cantidad que se reclama, pues si esta es muy pequeña quizá los costes puedan superar la indemnización recibida.

Docentes de “usar y tirar”

Lo docentes son uno de los colectivos más afectados por la temporalidad en los contratos; ya sea en régimen laboral o administrativo, en numerosas ocasiones han padecido el llamado “fraude de ley en la contratación”, como encadenamiento de contratos temporales durante muchos años, o discriminación respecto a pluses y otras retribuciones que sí eran percibidas por compañeros que realizaban las mismas funciones.

Recientemente, la Sala de lo Social del Supremo ha condenado a la Universidad de Barcelona precisamente por este fraude de ley en la contratación; la sentencia aborda el problema planteado por un profesor que había trabajado para la Universidad a través de sucesivos contratos de carácter temporal desde el año 2003 hasta el 2013.

A pesar de que esa forma de contratación estaba prevista en la ley, llega a la conclusión de que el docente cubría necesidades permanentes y ajenas a un contrato temporal. Fue cesado, y ese cese, fue declarado despido improcedente, porque realmente se trataba de un contratado indefinido no fijo.

El profesor había acumulado, nada más y nada menos, que nueve contratos temporales durante 10 años y acreditó que impartía las mismas asignaturas troncales y otras complementarias en el departamento de escultura de la Facultad de Bellas Artes.

El Supremo recuerda que el ámbito universitario –a pesar de su autonomía en el ámbito de la contratación de personal- no es inmune a la normativa comunitaria y española sobre contratación temporal.

¿Cuál es la consecuencia por contratar en fraude de ley? En estos casos el Supremo ha declarado que si bien no puede hablarse de nulidad del contrato (porque no hay vicio del consentimiento, ni simulación…), sí que existirá un verdadero y oculto contrato, en este caso indefinido-no fijo, cuya extinción debe calificarse de despido improcedente, con las consecuencias indemnizatorias pertinentes.

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Hacienda convocará 8.000 plazas de empleo público este año | Mi dinero

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), uno de los sindicatos mayoritarios en las Administraciones ha anunciado la consecución de un acuerdo con los responsables del Ministerio de Hacienda para diseñar la oferta de empleo público para este año, tras la reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

En un comunicado enviado por este sindicato, destaca cómo Hacienda ha aceptado que se puedan incluir como nuevos sectores prioritarios, por primera vez desde el comienzo de la crisis, los servicios de atención a la ciudadanía, la prestación directa del transporte público y seguridad y emergencias, con el fin de garantizar la prestación de estos servicios estratégicos sin merma de su calidad.

Tal y como ha explicado esta organización sindical y avanzó (sin concretar cifras) el propio ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este consenso permitirá cubrir la práctica totalidad de las bajas que se produzcan, cifradas en torno a las 8.000, de tal manera que se trata de la mayor oferta de empleo público en la Administración general del Estado desde 2008.

CSIF ha explicado también que se está trabajando para que se produzca un refuerzo inmediato en ámbitos como las oficinas del DNI (300 plazas) y examinadores de tráfico (150 plazas). Asimismo, ha matizado que espera que se promueva la promoción interna, tal y como contempla el pacto suscrito en marzo pasado.

Del mismo modo, las mismas fuentes han informado de que Gobierno y sindicatos también están intercambiando información con el resto de administraciones para agilizar las convocatorias de empleo público en el conjunto del Estado, en el proceso de estabilización del empleo interino que permitirá la convocatoria de unas 250.000 plazas a lo largo de 2017, 2018 y 2019. El objetivo es que las convocatorias en los principales sectores implicados (Sanidad, Educación y Justicia) se hagan de manera coordinada con el fin de evitar el denominado efecto llamada, es decir, la presentación desmesurada de opositores a las convocatorias en unas pocas administraciones.

CSIF valora de manera positiva la voluntad política en el arranque de esta nueva etapa de diálogo social, si bien espera que se produzcan mejoras que compensen la insuficiente subida del 1% en los Presupuestos de 2017, recientemente aprobados, y la pérdida de poder adquisitivo desde el comienzo de la crisis. “Esperamos que podamos trabajar desde ya en un acuerdo que permita establecer una cláusula de revisión salarial y un incremento paulatino de las retribuciones en 3-4 años”, asegura el sindicato en su comunicado.

 

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