“La digitalización va a revolucionar el trabajo de los funcionarios” | Tendencias

Creemos que se puede eliminar el 25% de las horas de trabajo que realizan los empleados públicos. La digitalización y automatización de tareas hace que los funcionarios ya no tengan que hacer según qué cosas, como rellenar formularios u ordenar archivos. Es mejor dedicar ese tiempo a actividades que aporten más valor”. William D. Eggers (Chicago, 1967) tiene muy claro que el sector público necesita una reforma en profundidad. Y que las nuevas tecnologías la van a hacer posible. “La digitalización va a propiciar grandes cambios en la función pública en los próximos tiempos”.

Una de las consecuencias de ese cambio será una reordenación de la masa laboral. “Hay que retirar gente de las actividades manuales y pasarla a las digitales. Esto no es una novedad: llevamos un siglo haciéndolo. En los años 50, la gran mayoría de empleados públicos se dedicaba a mecanografiar documentos. Con el tiempo se fueron sustituyendo esos puestos de trabajo por otros que requerían personal con mejor formación, que aportaban más valor y se pagaban mejor. Ahora estamos en las mismas”, asegura este experto en administración pública, responsable de investigación en sector público de Deloitte y autor de una decena de libros sobre la transformación digital de los gobiernos. “Le aseguro que la digitalización y automatización crearán nuevos empleos que antes no existían. Todos los responsables públicos con los que he hablado en España me han dicho que no tienen gente suficiente con experiencia digital”, señala.

Eggers sostiene que los gobiernos deben volcarse en la digitalización de los servicios de la misma forma que lo hacen las compañías privadas. La Administración ganará así eficiencia y reducirá costes, mientras que los ciudadanos mejorarán su experiencia de uso. Uno de los ejemplos que cita son los sistemas de aviso incidencias por fotografía que han puesto en marcha muchos ayuntamientos de todo el mundo, como el de Córdoba en el caso de España. Basta con enviar desde el teléfono una imagen de una farola dañada para que el consistorio sepa que la tiene que reparar. “Desde el transporte hasta la educación, la sanidad o el medio ambiente, todas las áreas son susceptibles de ser mejoradas gracias a las herramientas digitales”, sentencia Eggers.

Estonia es, en opinión de este experto, el espejo en el que se deberían ver el resto de países. “Casi todos sus servicios se pueden hacer online. Nunca tienes que darles tus datos más de una vez; se tarda unos 8 minutos en pagar los impuestos y unos 15 en montar una empresa. Han decidido que, en tanto que país pequeño que quiere promocionarse, quieren convertirse en una referencia mundial en gobierno digital”. En Helsinki han decidido hacer lo posible para que la gente no tenga la necesidad de tener coche en propiedad para 2025. “Están combinando los servicios de compañías como Uber con los de carsharing y la oferta de transporte público, agregándolo todo en una app pública que te organiza los trayectos”, ilustra.

Aunque haya países capaces de poner en marcha proyectos tan avanzados como los citados, la prioridad a corto plazo debe ser acabar con el papel. ¿Por qué resulta tan complicado para algunos países digitalizar la burocracia? “Hace falta, ante todo, decisión política. También adoptar una estrategia adecuada, que debe ser consistente en el tiempo. Y poner en marcha departamentos de digitalización y responsables (chief digital officer, CDO) con poder real”, explica. Indicar a los gobiernos cómo dar esos pasos es a lo que dedica la mayor parte de su tiempo Eggers. En el fondo se trata de un cambio de mentalidad. “Hay que rediseñar los procesos. No puede ser que tengas que leerte documentos de diez páginas en el teléfono para hacer un trámite, esas cosas tienen que cambiar”, opina.

La experiencia dice que la digitalización de procesos abre la puerta no solo a la participación de la ciudadanía, sino a la cocreación de servicios. “Con el diseño correcto se pueden hacer muchas cosas. Mire el ejemplo de Waze: la gente informa de cómo está el tráfico, lo que beneficia a la comunidad. ¿Por qué no hacer fotos de grafitis o de mobiliario urbano estropeado para comunicárselo al Ayuntamiento sin hacer trámites farragosos? Lo mismo debería suceder para reportar un crimen, avisar de que hay carreteras poco seguras o alertar de otras incidencias”, arguye Eggers.

¿Llegará el día en que el smartphone sea el instrumento que nos comunique con la Administración? “El contacto humano sigue siendo útil para varias casas. Pero creo que llegaremos a que sea posible tener casi cualquier interacción a través de canales online. También lo haremos con robots, sin duda, ya sean chatbots u otro tipo de máquinas o dispositivos. Probablemente sea más barato darle teléfonos inteligentes a quienes no tengan que mantener abiertas oficinas físicas para atenderlas”.

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El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida del 7,25% en tres años | Mi dinero

La segunda reunión entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y los sindicatos más representativos de los empleados públicos (CC OO, UGT y CSIF), no ha podido culminar con un consenso. Fuentes de la negociación han avanzado que la oferta de partida que se ha debatido este martes en la mesa es una subida salarial del 7,25% en tres años (2018, 2019 y 2020) que se articulará a través de un 1,5% de incremento fijo para 2018, un 1,75% para 2019 y un 2% para el siguiente año, más una parte variable en función del crecimiento que registre el PIB, que en el mejor de los casos supondrá un incremento adicional del 0,50% en 2018, 0,75% en 2019, y este mismo porcentaje en el siguiente ejercicio. El incremento acumulado, por tanto, habrá sido de hasta un 7,25%.

Fuentes sindicales consultadas por Cinco Días califican esta cifra de insuficiente, ya que distintos estudios calculan la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores desde que se inició la crisis de entre el 13% y el 23%, según los colectivos.

Las mismas fuentes subrayan que en materia de empleo público sí que se ha producido un acercamiento de las posturas, puesto que la oferta de Hacienda consiste en asegurar que para el próximo ejercicio se garantizará el 100% de reposición de todas las bajas que se produzcan (jubilaciones fundamentalmente) en prácticamente todos los ámbitos de la Administración y en algunos, los más sensibles, el Gobierno está dispuesto a ir incluso más allá del 100% de reposición, por lo que se produciría creación neta de empleo.

En cuanto a la situación de los interinos, Hacienda también ha planteado que se puedan consolidar las plazas de aquellos que lleven como temporales más de dos años en todos los ámbitos de la Administración y no solo en Justicia, Sanidad y Educación, como reza el acuerdo alcanzado esta primavera entre el Ejecutivo y los sindicatos de funcionarios.

Tampoco ha habido consenso en lo relativo a recuperar la jornada de 35 horas semanales, uno de los asuntos capitales para los sindicatos para poder rubricar un pacto con el Gobierno. Hacienda se muestra por ahora inflexible a la hora de permitir que cada Administración pueda negociar con los representantes de los trabajadores si ve viable o no volver a las 35 horas en su territorio, en lugar de las 37,5 horas que estableció el Ejecutivo central en 2012 con carácter general para toda la función pública.

Así, ambas partes se emplazaron este martes para mantener un nuevo encuentro este miércoles en la Mesa General de la Función Pública, justo un día antes de que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley de presupuestos para 2018.

De no alcanzarse finalmente el acuerdo, los sindicatos de funcionarios han advertido que no dudarán en llevar a cabo movilizaciones en demanda de la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis y en defensa de la labor llevada a cabo por los casi tres millones de empleados públicos que componen la plantilla de la Administración en España.

Merma del poder de compra y temporalidad

Salarios. Los cálculos efectuados por CC OO estiman que los empleados públicos acumulan desde 2010 y hasta este año incluido una pérdida de poder adquisitivo media del 14,42%. A esta cifra, el sindicato recuerda que habría que añadir el efecto del recorte de salario por el ajuste de jornada (por pasar de 35 a 37,5 horas semanales), así como la merma por días de vacaciones, y de asuntos propios, entre otros.

Contratos. A la rebaja de salarios, CC OO recuerda que hay que sumar la precariedad en el empleo de muchos trabajadores públicos. Así, la temporalidad apenas se ha reducido en dos puntos desde 2005, al pasar del 25,4% hace 12 años a un 23,26% actual. Una temporalidad que afecta más a las mujeres (28,26%) que a los hombres (17,05%).

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Referédum Cataluña: ¿Y ahora qué?: ¿Cómo cobrarán los funcionarios catalanes? | Mi dinero

Cristóbal Montoro ha anunciado hoy, al término del Consejo de Ministros, la decisión de exigir a la Generalitat un acuerdo que congele los pagos de la Generalitat a funcionarios y proveedores, después del rechazo del Govern a informar semanalmente de los gastos.

¿Qué ha anunciado hoy el Gobierno?

Ha exigido a la Generalitat que firme un decreto de no disponibilidad presupuestaria que ceda a Hacienda el control de los pagos de la autonomía, y garantizar así que no se destinen fondos a la celebración del referéndum. Hacienda se hace cargo así del pago de nóminas y de los servicios públicos fundamentales de la comunidad y da 48 horas (desde la publicación del acuerdo en el BOE) al Govern para aceptar el acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto de la Generalitat, y presentar el resto de facturas pendientes, o negarse y dejarlas sin pagar.

¿Qué significa eso?

Se trata de un control directo de pagos por parte de la administración central. El Ministerio de Hacienda se encargaría de pagar directamente a los proveedores de la Generalitat y las nóminas de los empleados. Para realizar este pago se usarían fondos que en condiciones normales se transfieren periódicamente a la Generalitat.

¿Por qué se ha tomado esta medida?

Por la negativa del Govern a informar semanalmente de los gastos, medida exigida por Hacienda para garantizar que no se use dinero público para un referéndum declarado ilegal por la Justicia.

¿A cuánto dinero ascienden estos fondos?

Cristóbal Montoro ha asegurado que las transferencias a la Generalitat suponen 1.400 millones de euros cada mes.

¿Supone intervenir todas las cuentas de la Generalitat?

No, dado que algunos tributos, como por ejemplo el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, tienen recaudación y gestión autonómica. El Govern aún tendría fondos a su disposición.

Entonces, ¿la Generalitat podría pagar a sus funcionarios?

No a todos, dado que la recaudación autonómica es del todo insuficiente para realizar los abonos. Montoro calcula en 250 millones mensuales los recursos propios de la Hacienda catalana.

¿Y cómo cobrarían los funcionarios catalanes la nómina de septiembre?

El Estado solicitará al Govern la justificación de los pagos pendientes de realizar, y será Hacienda el que los ejecute, si la Generalitat le remite la información necesaria.

Entonces, ¿no podrán comprar urnas?

No con los 1.400 millones procedentes del Estado, pero sí con los 250 de recursos propios. El Gobierno ha advertido, no obstante, que pondría en manos de la fiscalía el uso de fondos para el referéndum. Es posible, además, que las urnas ya hayan sido adquiridas escapando al control de Hacienda.

¿En qué normativa se ampara la medida?

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el incumplimiento de los objetivos presupuestarios faculta a Hacienda a tomar medidas “preventivas, correctivas y coercitivas” sobre las cuentas autonómicas. Cataluña ha incumplido objetivos y ha rechazado facilitar información al Gobierno, por lo que Hacienda considera que está habilitada para la intervención. No obstante, numerosas autonomías han incumplido objetivos. Aunque es la primera vez que se toma una medida tan drástica, tampoco ninguna había rechazado anteriormente informar al Estado de sus gastos.

¿Es una intervención definitiva?

No, el Ejecutivo ha anunciado la intervención de forma indefinida, mientras se dé la “circunstancia excepcional” de la negativa a enviar información a Hacienda.

¿Qué más pasos puede dar el Estado?

La ley contempla que en el caso de que la autonomía incumpla las exigencias excepcionales aplicadas, se active el artículo 155 de la Constitución para la ejecución forzosa de dichas medidas. Se da la circunstancia de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria fue aprobada con votos de CiU.

¿Qué puede hacer la Generalitat?

Más allá de las acciones legales que considere, tiene tres escenarios. Uno es acatar la obligación de remitir información semanalmente, lo que supondría la retirada de las medidas de excepción aprobadas este viernes. Otro, aceptar el decreto de no disponibilidad de gasto y ceder a Hacienda el control de sus cuentas facilitándole las facturas pendientes. El tercer escenario sería rechazar el decreto de no disponibilidad, en cuyo caso los efectos prácticos serían los mismos: el control estatal de las cuentas, pero incurriendo en el impago de los servicios no fundamentales. Si la Generalitat rechaza facilitar al Estado la información necesaria eso complicará algunos abonos clave. El pago a proveedores sería más sencillo de realizar dado que Hacienda tiene en sus manos las facturas hasta ahora enviadas por éstos, dentro del Fondo de Liquidez Autonómicas.

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Finaliza sin acuerdo la reunión entre Hacienda y sindicatos de funcionarios | Mi dinero

Pesimismo y perplejidad fueron los dos sentimientos con los que salieron este jueves los tres grandes sindicatos de funcionarios, UGT, CC OO y CSIF de la reunión que mantuvieron con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

Pesimismo porque tal y como reconoció el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell, la sensación al término del encuentro es que hoy el acuerdo con el Gobierno es más improbable de lo que pensaba que sería hace una semana.

Y perplejidad porque a solo una semana para que sean aprobados en Consejo de Ministros los Presupuestos del Estado para 2018 el Gobierno sigue sin dar a conocer cuál es la oferta de incremento salarial que ofrece aplicar a los casi tres millones de empleados públicos los próximos tres ejercicios, hasta el final de la legislatura.

“Esperábamos más concreción puesto que el Ministerio ya nos había especificado que estaban valorando que la subida estuviera compuesta de una parte fija y otra variable en función del crecimiento del PIB esperado para los próximos años”, explica Monell. Nosotros ya le habíamos indicado que nos parecía razonable vincular parte del incremento de los sueldos al PIB porque es algo que ya se ha realizado alguna vez en la Administración y es más habitual en el sector privado.

Sin embargo, para hoy esperaban que el Gobierno presentara sus números con el objetivo de poder comenzar a debatir si estaban o no cerca de las pretensiones planteadas por los sindicatos. “Por el contrario, lo que han hecho es hablar de filosofía, de cómo sigue siendo prioritario cumplir con el déficit, por lo que sinceramente pensamos que hoy el acuerdo está más lejos que hace una semana”, añaden desde UGT.

Desde CC OO y CSIF muestran de la misma manera su preocupación por lo lejos que parecen estar las posturas a ocho días de que las cuentas públicas superen su primer trámite. El Gobierno, por su parte, se ha limitado a exponer el escenario macroeconómico que espera para los próximos años y cómo espera que se comporten los precios hasta 2020. De ahí se deduce que el departamento que dirige Cristóbal Montoro estaría barajando ofrecer a los empleados públicos una mejora salarial de entre el 5,5% y el 6% en tres años, a años luz de lo que reclaman los tres sindicatos.

“De confirmarse esas cifras, y con una pérdida acumulada de poder adquisitivo de entre el 13% y el 23%, según los colectivos, apoyar ese incremento sería tratar de tomar el pelo a los empleados de la función pública”, advierte Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Servicios Sanitarios de CC OO.

De esta manera, la percepción compartida por los representantes de los tres sindicatos asistentes a la reunión es que frente a los mensajes conciliadores del ministro reconociendo el esfuerzo realizado por los funcionarios, la disponibilidad a recuperar buena parte del poder adquisitivo perdido en un escenario plurianual se aleja.

En cuanto a la recuperación de la jornada de 35 horas, el Gobierno se ha mostrado inflexible a recuperar la situación que contemplaba el estatuto del empleado público antes de la crisis, donde se especificaba que la jornada sería como máximo de 35 horas. El Ejecutivo defiende que el coste de volver a generalizar esa jornada a toda la Administración es muy elevado. Y los sindicatos defienden, tal y como insisten fuentes de CSIF, que lo más razonable es que el Estado renuncie a imponer un criterio en todo el territorio y deje a cada Administración que negocie con los sindicatos y en función de su situación qué jornada puede aplicar.

En lo que sí parece que ha habido cierto acercamiento es en materia de empleo y en la prestación por incapacidad temporal. Hacienda ha transmitido a los sindicatos que está dispuesta a extender la oferta extraordinaria de empleo público a más colectivos y a eliminar o al menos ampliar las tasas de reposición (porcentaje de empleados que se jubilan que pueden sustituirse) a más colectivos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la Universidad o los servicios sociales, entre otros.

Respecto a la incapacidad temporal, la Secretaría de Estado de Función Pública también se ha mostrado partidaria de seguir estudiando la situación actual del absentismo en España y de ampliar el catálogo de enfermedades que quedarían excluidas de los recortes que se aplican ahora a los trabajadores que causan baja.

“Nuestra propuesta es clara, tenemos que conseguir que a ningún trabajador que caiga enfermo le cueste dinero de su salario estar de baja y que ningún trabajador acuda enfermo a trabajar por no poderse permitir ese recorte de sueldo”, coinciden los tres sindicatos.

Radiografía del sector público

Gobierno y sindicatos afrontan la recta final de la negociación con las posturas muy enfrentadas.

 Efectivos. La plantilla total del sector público asciende a poco más de 2,974 millones de trabajadores, un 0,1% por encima del nivel registrado en 2007. Sin embargo, en 2010, el máximo de la serie, la Administración llegó a contar con 3,25 millones de empleados. El mínimo se marcó en 2013, con 2.909.000 trabajadores. Esos más de 276.000 puestos destruidos por la crisis son los que ahora los sindicatos plantean recuperar para mejorar la calidad de los servicios públicos y promover el rejuvenecimiento de las plantillas. Hay departamentos donde más del 60% de los efectivos es mayor de 55 años. El Gobierno defiende haber puesto en marcha la mayor oferta de empleo público de la década con más de 20.000 plazas y la regularización de más de 200.000 interinos.

Poder de compra. Al abordar la pérdida de poder adquisitivo los números tampoco coinciden. Los sindicatos sitúan la pérdida promedio entre el 13% y el 23%, ya que algunas organizaciones recuerdan que no todos los colectivos se vieron afectados por igual. Hacienda elude dar cifras y defiende que la prioridad es el déficit.

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Hacienda ofrece a los funcionarios un alza salarial hasta 2020 ligada al PIB | Mi dinero

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ofrecido a los empleados públicos un plan de subida salarial a tres años vinculado al Producto Interior Bruto (PIB) y a otros indicadores macroeconómicos como pueda ser el precio del petróleo, según han confirmado fuentes sindicales.

De momento, los sindicatos que se encuentran estos días negociando con el Ministerio de Hacienda su sueldo para los próximos años, solo tienen dos certezas avanzadas por el titular de este departamento, Cristóbal Montoro: que los salarios de los empleados públicos crecerán por encima del 1% en 2018 –en 2017 aumentaron 1%– y que el Gobierno planterá un escenario plurianual de incrementos retributivos para toda la legislatura (2018, 2019 y 2020).

La intención del Gobierno, según lo manifestado por los responsables de Hacienda en el último encuentro tenido con los representantes sindicales de CC OO, UGT y CSIF, es ofrecer una fórmula para fijar los incrementos salariales de los empleados públicos que tenga en cuenta la marcha de la economía para establecer mayores o menores aumentos.

En concreto, la oferta gubernamental consistiría en emular, en la medida de lo posible, la fórmula que pactaron los sindicatos y los empresarios del sector privado en el II Acuerdo para el Empleo y  Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, donde se incluían las recomendaciones para fijar las retribuciones de más de diez millones de asalariados protegidos por convenio colectivo.

Los firmantes de aquel pacto admitieron un baremo de incremento de los salarios en función exclusivamente de la marcha del PIB. Decían concretamente: “En el año 2014, el aumento de los salarios pactados debería ajustarse al ritmo de actividad de la economía española, según los siguientes criterios: Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es inferior al 1%, el aumento salarial no excederá el 0,6%.  Si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 es superior al 1% e inferior al 2%, el aumento salarial no excederá el 1%. Y, finalmente, si el incremento del PIB a precios constantes en 2013 alcanza o supera el 2%, el aumento salarial no excederá el 1,5%”.

En aquel pacto se establecían también unos baremos de incremento salarial ligados a la marcha de los precios en España y su desviación sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo. En concreto, indicaba que “en el año 2012, el aumento de los salarios pactados no debería exceder el 0,5%, con una cláusula de actualización aplicable al final del ejercicio concretada en el exceso de la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre sobre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (2%)”.

Además, el texto añadía “si la tasa de variación anual del IPC general español del mes de diciembre fuera superior a la tasa de variación anual del IPC armonizado de la Zona Euro en el mismo mes, entonces se tomará esta última para calcular el exceso. De producirse este hecho, la cantidad resultante se aplicaría en una vez. Y si el precio medio internacional en euros del petróleo Brent en el mes de diciembre es superior en un 10% al precio medio del mes de diciembre anterior, para calcular el exceso citado se tomarán como referencia los indicadores de inflación mencionados excluyendo en ambos los carburantes y combustibles”.

Sin embargo estas referencias a los precios serían de difícil reproducción en la actualidad dada la existencia de la ley de Desindexación que prohibe referenciar la evolución de numerosos indicadores al IPC, salvo que pueda probarse que el incremento de la tarifa o el precio final del bien o servicio está generado por el aumento del precio de la materia prima, como podría ser el caso del petróleo.

Las previsiones del Gobierno estiman que el PIB crecerá un 2,6% en 2018, un 2,5% en 2019 y un 2,4% en 2020, del tal manera que vincular los salarios de los funcionarios al incremento de la economía evitaría, al menos, una pérdida de poder adquistivo, teniendo en cuenta además que el Ejecutivo contempla una evolución moderada de la inflación en los próximos años.

Reacciones sindicales

Desde los sindicatos valoran la propuesta de Hacienda como “un factor más a tener en cuenta” para el incremento salarial, pero a priori y a la espera de que se concrete la propuesta, consideran que el crecimiento del PIB no debería ser determinante para fijar la subida salarial, sino simplemente un factor más a tener en cuenta, señalaron a Europa Press en fuentes de UGT.

En su lugar, siguen reclamando una subida salarial para los funcionarios ligada al IPC para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, indicaron desde UGT y CSIF. Es más, desde esta última central hacen hincapié en que en los próximos años no solo se recupere el poder de compra perdido sino que no se pierda más. CSIF cifra en torno al 20% esta pérdida de poder adquisitivo.

Además, también ven “fundamental” la recuperación de la jornada de 35 horas para aquellas administraciones que así lo acuerden con las organizaciones sindicales, como ha sido el caso de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o el Ayuntamiento de Madrid.

Los sindicatos también destacan la importancia de aprobar una oferta de empleo público que ponga fin a la tasa de reposición y que permita, a través de un plan de recursos humanos, aumentar las plantillas por encima de las jubilaciones “en los ámbitos donde sea necesario”.

Antes de las vacaciones de verano, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostró abierto a incluir esta medida en las cuentas del Estado para 2018.

En esta línea, el Gobierno confirmó que estaba “dispuesto a negociar” y que quizás es posible recuperar las 35 horas en algunos ámbitos. No obstante, interlocutores sociales afirman que Hacienda “por el momento” no ha mostrado sus cartas y les han trasladado que están viendo “posibilidades presupuestarias”.

Nuevo encuentro esta semana

Hacienda convocará de nuevo esta semana a las centrales sindicales, previsiblemente para el miércoles o el jueves, para seguir negociando la subida salarial y el resto de asuntos relativos a los funcionarios, de forma que convocará la semana que viene la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

En la Mesa General están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno prevé aprobar el próximo viernes 22 de septiembre.

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Sindicatos y Gobierno vuelven a negociar la subida salarial de los funcionarios | Mi dinero

Después del fracaso de la negociación para alcanzar un pacto salarial en el sector privado, sindicatos y Gobierno asumen el reto de convertir a la Administración en el único ámbito donde sí podría llegarse a un consenso sobre cuánto deben aumentar los sueldos de los empleados públicos en los próximos años.

Fuentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT admitieron ayer que están a punto de retomar las negociaciones suspendidas a finales de julio por el descanso estival, ya que el reloj corre en su contra.

Todo apunta a que si no ocurre ningún imprevisto de última hora que lo impida, el próximo día 22 el Gobierno aprobará en su reunión semanal del Consejo de Ministros el proyecto de ley de Presupuestos de 2018. El caso es que el Ejecutivo no cuenta con mucho margen porque la ley establece que dicho texto ha de remitirse a las Cortes para su aprobación definitiva antes del 30 de septiembre, por lo que retrasar el visto bueno del Consejo al viernes 29 se antoja poco probable.

Y dicho proyecto de ley ha de contener como una de las grandes cifras de las cuentas públicas el gasto en personal previsto para el próximo ejercicio. Por eso, si el Gobierno quiere conseguir que esta vez exista un consenso total con los sindicatos en la subida salarial a los empleados públicos, apenas cuenta con 15 días para cerrar el pacto.

Por el momento, ninguna de las partes quiere hablar de horquillas de subidas salariales y sí de un acuerdo plurianual que logre recuperar la pérdida de poder adquisitivo registrada durante la crisis tras años de congelación salarial, los recortes decretados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la supresión de la paga extra de Navidad ordenada por el Gabinete de Rajoy.

El Gobierno, como es lógico, elude hablar de a cuánto asciende esa pérdida de poder de compra de los empleados públicos. Sin embargo, los sindicatos hablan de entre un 12% y un 15%, según los casos. De hecho, recuerdan que trabajadores de algunas administraciones, como aquellos dependientes de la Generalitat de Cataluña, sufrieron la pérdida de más pagas extras que, por ejemplo, los empleados de la Administración General del Estado; debido a la delicada situación de las finanzas públicas catalanas.

La extra de Navidad de 2012 no abonada ya ha sido devuelta a la totalidad de los empleados públicos y para 2016 y 2017 fueron decretadas sendas mejoras en sus retribuciones del 1%, pero los sindicatos consideran que ha llegado el momento de que el Gobierno haga un mayor esfuerzo.

“Si es cierto que la recuperación va tan bien y con la economía creciendo más del 3% durante varios años seguidos, nosotros consideramos que la subida para 2018 ha de situarse por encima del 1% y en ese compromiso está de acuerdo el Ejecutivo”, argumentó ayer el secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell.

En este sentido, el dirigente sindical recordó que una mejora por encima del 1% no solo sería buena para los trabajadores de la función pública, “es que una subida generalizada de salarios le vendría muy bien a la economía española”.

Por su parte, desde el Gobierno insisten en mostrar toda su disposición para la consecución de un buen acuerdo que no se suscriba únicamente a 2018, sino que abarque, al menos, lo que resta de legislatura, 2020 incluido. Admiten que las cuentas del próximo año tienen más margen para aprobar alzas más generosas que en 2016 y 2017, pero al mismo tiempo advierten contra los efectos que podrían tener “demasiadas alegrías” en la consecución del objetivo de déficit, del 3,1% del PIB.

Más allá del capítulo salarial, para los sindicatos es igualmente esencial que la negociación consiga avanzar en dos cuestiones claves. La primera es el contencioso sobre la jornada laboral de los empleados públicos. Uno de los recortes aplicados en 2012 consistió en modificar el Estatuto básico del empleado público y donde rezaba que su jornada de trabajo sería como máximo de 37,5 horas, el Gobierno decretó suprimir el término “máximo”, de forma que allí donde se había generalizado la jornada de 35 horas, esta tuvo que ampliarse a las citadas 37,5. Desde el Ministerio de Hacienda se recalca que esto también se va a estudiar.

Y otra de las reivindicaciones sindicales es la recuperación de la cobertura en salario que tienen los empleados públicos por incapacidad temporal (IT) o baja por enfermedad. Piden que dejen de descontarse del sueldo los primeros días de baja como ocurre en la actualidad.

Algunas claves que pueden facilitar el pacto

Estos son algunos de los asuntos que formarán parte de la negociación que ahora se retoma.

Jornada laboral. En algunas administraciones como la Junta de Andalucía, Gobierno regional y sindicatos han llegado a un acuerdo para recuperar la jornada de 35 horas, pero el Ejecutivo central ha de autorizarlo.

Bajas por enfermedad. De la misma manera, en algunos ayuntamientos y administraciones autonómicas se han mostrado partidarios de dejar de descontar del sueldo durante los primeros días de baja como fue decretado en 2012 para combatir el absentismo laboral. Los sindicatos exigen a Hacienda que elabore una norma de ámbito estatal que aclare en qué casos o por qué tipos de enfermedades no se podrá recortar dinero al trabajador que cause baja.

Empleo público. Y aunque en materia de empleo hay consenso y se ha logrado activar la mayor oferta de plazas de la última década, lo cierto es que se ha creado una comisión de seguimiento que velará porque eso sea así y continuará demandando otros aspectos. Entre ellos medidas para rejuvenecer las plantillas, como el fomento de la jubilación parcial y los contratos de relevo.

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Por qué en España se trabajan más horas que en el resto de Europa | Mi dinero

Borrón y cuenta nueva. Ante la soledad parlamentaria, el Gobierno rectifica su posición y se muestra dispuesto a que los funcionarios recuperen la jornada de 35 horas semanales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha comprometido con los sindicatos a incluir esta medida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, lo que supone una enmienda al decreto 20/2012 que estableció una jornada de 37,5 horas semanales como medida para fomentar la competitividad y garantizar la estabilidad presupuestaria.

Este cambio de rumbo llega tras haber decretado el Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la reducción de la jornada de los funcionarios andaluces impulsada por la Junta de Andalucía, al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno. Los sindicatos andaluces de la función pública defendieron la vuelta a la jornada de 35 horas como una medida “de creación de empleo y que redundaría en la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos”, asegura el sindicato CSIF.

El caso andaluz no es el único en el que se tumba una iniciativa para que los trabajadores públicos recuperen los horarios anteriores a la crisis. Los tribunales también frenaron antes iniciativas similares que beneficiban a los funcionarios de Castilla-La Mancha, Euskadi y del Ayuntamiento de Madrid.

El giro del Ejecutivo respecto a la anterior legislatura se debe a la presión de las Comunidades Autónomas, incluidos algunos de los feudos tradicionales del Partido Popular. La Junta de Castilla y León, que preside el conservador Juan Vicente Herrera, envió en enero una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, donde pedía la recuperación de la jornada de 35 horas.
La jornada laboral española no puede superar las 40 horas semanales, según establece el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, aunque sí puede ser inferior. “La negociación colectiva está capacitada para determinar la duración de la jornada de trabajo, sin rebasar las 40 horas”, explica el informe Los convenios de empresa de nueva creación tras la reforma laboral de 2012, realizado por el Observatorio de la Negociación Colectiva de CCOO.

Pero lo cierto es que los españoles pasan mucho tiempo en la oficina en comparación con otros países europeos. Si a las ocho horas diarias se le suman los descansos, que algunas veces rondan las dos horas para comer, el trabajador español puede salir de la oficina alrededor de las siete de la tarde. La tendencia de los países de nuestro entorno que nos superan en productividad es muy distinta, ya que poco a poco han ido implementando jornadas laborales cada vez más cortas que permiten una mayor conciliación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) asegura que a lo largo de 2015 los españoles trabajaron una media de 1.701 horas al año. Muy por encima de los empleados de Alemania, el país donde se pasan menos horas en la oficina, con un total de 1.368 horas, y Francia que acerca a las 1.500 horas. Por detrás de España se sitúan otros países europeos como Grecia (2.033 horas) o Polonia (1.963).

La Encuesta de población activa (EPA), que realiza el Instituo Nacional de Estadística (INE), también recoge datos sobre la jornada laboral. Los trabajadores han reducido su tiempo de trabajo en dos horas de media en comparación con las horas que realizaban antes de la crisis. La media de horas trabajadas ha pasado de las 39,2 en la encuesta de la EPA del primer trimestre de 2008 a 37,6 en el último sondeo, correspondiente al segundo trimestre de 2017.
A pesar de esta reducción, los sindicatos señalan que, a diferencia de otros países del entorno, donde durante la crisis se redujeron las jornadas de los trabajadores como medida para reducir los costes, en España las empresas optaron por los despidos. Rita Moreno, Secretaría de Acción Sindical de CCOO, explica en el informe El impacto de la reforma laboral de 2012 en la negociación colectiva que durante la crisis fue muy difícil negociar las reducciones de jornada pactadas en los convenios, algo fundamental para aliviar la necesidad de flexibilidad impuesta por la crisis y que era “bastante habitual en los años previos al inicio de la crisis”. Según el Ministerio de Empleo, la jornada media pactada para los 4.529 convenios colectivos es de 1.743,81 horas anuales.

Durante la crisis también se redujeron las horas extra que hacían los trabajadores. En el primer trimestre de 2008 un 7,3% de los asalariados realizaba horas extra, según la EPA. Sin embargo, en la actualidad únicamente un 4,7% de los empleados las realiza.

Las diferencias con el entorno también se aprecian en la encuesta Labour Force Survey, que elabora Eurostat. España registró una jornada semanal de 37,7 horas, superior a la media europea.

Francia constituye un ejemplo cercano de una jornada laboral más corta. En 1998, Martine Aubry, exministra socialista de Empleo, implementó la jornada de 35 horas semanales obligatoria para empresas públicas y privadas. Sin embargo, muchos consideran que no funcionó. “Es una ficción. Lo que se hizo fue computar las horas de trabajo anualmente, por lo que la mayoría de la gente sigue haciendo 39 horas pero tiene más vacaciones”, explica Mathieu de Taillac, corresponsal de Le Figaro en España. Este periodista recuerda que el expresidente francés Nicolás Sarkozy atacó esta regulación al facilitar las horas extra bajo el eslogan electoral Trabajar más para ganar más. “Se ha convertido en una cuestión política. Algunos lo ven como una reforma para dar más tiempo libre; otros, como una forma de combatir el desempleo; y los críticos consideran que es un ataque a las pequeñas empresas, que son quienes más sufren el coste”. A pesar de estos intentos de Sarkozt, los franceses trabajan 200 horas menos que los españoles, según la OCDE.

Dinamarca es uno de los países donde menos horas se trabaja. La jornada laboral no debe superar las 48 horas. A excepción de este límite, no existe una norma sobre las horas que tiene que durar la jornada. Sin embargo, la mayoría de los convenios colectivos establecen 37 horas a la semana.

La dificultad de conciliar la vida personal con la laboral cuando se tienen horarios como los españoles es evidente. Alfonso Merino, profesor de recursos humanos en Udima, considera que las desventajas de una jornada laboral larga van más allá. “España es de los países que tiene menos tiempo de descanso entre jornadas. Esto provoca cansancio y problemas de salud a medio plazo, como insomnio, ansiedad o problemas musculares. La conciliación se vuelve imposible y a la larga las familias se cogen más excedencias y reducciones de jornada, que normalmente minan la carrera profesional de las mujeres”, comenta.

La consecuencia es el descenso de la productividad, ya que el trabajador no está motivado y es consciente de que tiene muchas horas para realizar una sola tarea. Esto provoca presentismo, aquella conducta por la que el trabajador permanece en su puesto pero realiza actividades que no son productivas. Merino considera que una jornada más corta reduciría esta costumbre y mejoraría el carácter de los trabajadores.

Algo que comparte Fernando Botella, consejero delegado de la consultora de desarrollo de talento Think&Action: “En las empresas en las que está muy arraigada la cultura de hacer más horas para adquirir un mayor reconocimiento es muy complicado hacer transformaciones estratégicas y las transiciones digitales cuestan más”. También Merino considera que trabajar muchas horas no mejora la productividad. “Está demostrado que una jornada laboral extensa disminuye la productividad, cuanto más larga es la jornada menos productivos somos”, señala.

Trabajar menos de 30 horas a la semana, ¿utopía o realidad?

Una jornada laboral de 15 horas. Por radical que parezca, el historiador Rutger Bregman (Westerschouwen, País Bajos, 1988) incluyó esta propuesta en su libro Utopía para realistas, editado en España por Salamadra, en el que se defienden propuestas como la renta básica universal y la disminución del tiempo de trabajo a menos de la mitad de las horas que hacemos ahora. “Trabajar menos proporciona espacio mental para otras cosas que también son importantes como la familia, la implicación en la comunidad y la recreación”, señala Bregman en esta obra.
“Se entiende el trabajo como algo con lo que gano un dinero, pago impuestos y tengo una relación de jerarquía con otras personas. Yo defiendo que cambiemos la idea del trabajo a aquello que es de interés, útil e innovador. Hay empleos muy cualificados que no son útiles. Y peores que son imprescindibles”, comentó en una entrevista a CincoDías con motivo del lanzamiento del libro.

Pero Bregman no está solo en este movimiento a favor de la reducción de la jornada laboral. El think-tank británico New Economics Foundation lanzó hace unos años una campaña para realizar una transición gradual hacia la media jornada. En su informe 21 horas, una semana laboral más corta para prosperar en el s. XXI, editado por Icaria, la fundación destaca las ventajas de acortar la jornada laboral para vivir de forma más sostenible y plena. Además, defienden que reduciría el desempleo y permitiría una mayor conciliación.

Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo que se encargó de adaptar la obra al castellano, cree que una jornada laboral más corta es una medida de justicia social. “Esta medida distribuiría el trabajo remunerado de forma más homogénea entre las personas que no tienen empleo y las que acumulan demasiadas horas de trabajo diario”, explica. Asimismo, considera que se disminuiría la desigualdad de género en el mercado laboral. “Es la mejor forma de crear empleo sin crecimiento, es decir generar empleo sin nuevos impactos sobre el clima y el medioambiente. En lugar de perseguir siempre trabajar más para consumir más, y por tanto presionar aún más nuestros limitados recursos naturales, permitiría liberar tiempo para llevar vidas más sostenibles”, afirma.

Así lo han corroborado experimentos que se han realizado para comprobar los efectos de una reducción del tiempo de trabajo. Una residencia de ancianos en Gotemburgo (Suecia), que contaba con 68 enfermeros, redujo la jornada a seis horas diarias, con el mismo sueldo. El resultado fue positivo, ya que los trabajadores cogieron menos permisos por enfermedad y aumentaron la productividad. El ayuntamiento tuvo que contratar a 17 empleados adicionales para cubrir la reducción. A pesar de los beneficios, la reducción de jornada se terminó, tras dos años de prueba, debido a los costes.

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DGT: Los examinadores de tráfico convocan huelga indefinida tras 20 días de paros | Mi dinero

Espadas en alto. Tras 20 jornadas de paros, el conflicto entre los examinadores de tráfico y la Dirección General del Tráfico (DGT) está lejos de solucionarse. Joaquín Jiménez, presidente de la asociación mayoritaria Asextra, tiene previsto presentar este jueves la convocatoria de una huelga indefinida todos los días de la semana a partir del lunes 4 de septiembre, primera jornada de exámenes, al ser agosto mes inhábil.

Coincidiendo con el final de la huelga de tres días a la semana que se celebraba desde el 19 de junio, Asextra ha emitido un duro comunicado en el que denuncia la poca disposición del director general, Gregorio Serrano, a negociar con ellos. “La DGT no ha querido negociar (…) los dirigentes han demostrado que tienen nulo interés en lo que está pasando y no les importa lo más mínimo lo que le ocurre al sector o a los ciudadanos”, señala.

El origen del conflicto se encuentra en el incumplimiento del acuerdo alcanzado entre los examinadores y la DGT en noviembre de 2015. En aquel momento, tras seis semanas de huelga la entonces directora general de Tráfico, María Seguí, se comprometió a dar “garantías de seguridad a los funcionarios” tras las denuncias de agresiones e insultos por parte de los examinados y una compensación retributiva por la carga de trabajo.

El complemento salarial demandado por los examinadores supondría un aumento en torno a los 250 euros brutos al mes en el salario. Esta cifra se sumaría a los 1.250 y 1.360 euros que cobran, dependiendo de la categoría funcionarial a la que pertenezcan, bien el subgrupo C2 (la mayoría) o el C1. Además, tienen un plus de productividad de unos 140 euros, frente a los 1.000 euros que cobran los técnicos del organismo.

Por el momento, la DGT únicamente ha ofrecido la creación de una nueva especialidad de tráfico con 435 plazas de promoción interna. Los funcionarios que accedan pertenecerán al subgrupo C1. “A día de hoy, la promoción interna es algo que ya existía, que lo reconoce el Estatuto Básico del Empleado Público. Ya veremos si todo el mundo la aprueba”, señala Jiménez.

Las 20 jornadas de huelga han sido un éxito. “Ha quedado demostrado que la práctica totalidad del colectivo examinador demanda que se cumplan los acuerdos”, señala Asextra. La propia DGT ha cifrado en un 70% el seguimiento medio de los paros. El baile de cifras es habitual, el comité de huelga de los examinadores asegura que el seguimiento no ha bajado del 75%, llegando en algunos días al 90%.

Entre el 19 de junio y el 31 de julio, la DGT cuantifica en 127.000 los exámenes prácticos del carnet de conducir realizados y en 80.000 los cancelados por la huelga, al comparar con el mismo periodo del año anterior. Asextra y la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE) elevan esta cifra por encima de los 100.000.

La huelga también ha tenido un impacto económico. Cada jornada le costaba de media unos 65 euros a cada examinador. “La huelga nos va a costar unos 1.890 euros a cada uno. Si han secundado la huelga unos 580 examinadores, la DGT se va a ahorrar más de un millón de euros, mientras que lo que pedimos costaría tres millones al año”, señala Jiménez.

Una plantilla insuficiente


  • Recesión. La DGT cuenta con 774 examinadores en plantilla, aunque las asociaciones señalan que únicamente unos 650 salen a la calle a examinar. La previsión del Gobierno es que aumente hasta alcanzar los 928 efectivos a finales de 2018.

  • Rechaza la enmienda. Pablo Bellido, portavoz socialista en la comisión de Seguridad Vial en el Congreso, explica en su blog que el Gobierno rechazó una enmienda a los Presupuestos para aumentar en tres millones la partida de la DGT para el personal.

  • Recaudación. El diputado socialista cuenta que el total de tasas recaudadas por derechos de examen teórico y práctico del carnet en 2016 ascendió a 114,4 millones de euros, mientras que la plantilla de examinadores le cuesta al Estado unos 23 millones.

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El Tribunal de Cuentas pide reducir las tasas por publicación de anuncios en el BOE | Legal

Las tasas para publicar anuncios en los boletines oficiales son demasiado altas en relación con los costes reales del servicio. Así lo entiende el Tribunal de Cuentas que acaba de publicar el Informe de Fiscalización de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE) correspondiente al ejercicio 2014.

En su documento, el Tribunal de Cuentas recuerda que los principales ingresos de la AEBOE se derivan de las tasas por la publicación de anuncios en el BOE, así como de anuncios y actos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). En este sentido, apunta que, en su conjunto, estos ingresos ascendieron a 36,1 millones de euros en 2014 –el año que está fiscalizando el tribunal-, una cifra muy superior al total de los gastos de gestión ordinaria, que es de 26,7 millones de euros.

Según explica la institución fiscalizadora, “la cuantificación de estas tasas es contraria a la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, ya que está establecida por encima de los costes reales del servicio”. Concretamente, el artículo 7 de la citada ley recoge el principio de equivalencia por el cual “las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible”, algo que, al parecer, no sucede en el BOE.

El tribunal continúa explicando que esta circunstancia “generó una recaudación de 30,4 millones de euros –cantidad superior a los gastos de gestión de la Agencia-, lo que permite una transferencia al presupuesto del Estado, derivada de un exceso recaudatorio no permitido”.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas concluye que se deben “revisar las cuantías de las tasas por publicación de anuncios en el BOE y de anuncios y actos en el BORME, para cumplir con la obligatoriedad de considerar el principio de equivalencia, conforme a la legislación y, en consecuencia, dejar de incluir en el presupuesto de la AEBOE la transferencia anual a los presupuestos del Estado derivada de dicho exceso recaudatorio”.

Exceso de tesorería

Además, también se ha detectado que “el remanente de tesorería anual de la AEBOE es excesivo, ascendiendo a 104,3 millones de euros en 2014”. En este sentido, el Tribunal de Cuentas recuerda que ha venido recomendando, en sus Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado, “que se tomen las medidas necesarias para reducir los remanentes de tesorería de los organismos públicos, una magnitud que no debería exceder del importe de sus presupuestos de gastos”.

El tribunal recomienda que la Agencia incluya en su planificación estratégica “mejorar la configuración de las actividades industriales y comerciales, en especial las que desarrolla como medio propio, para justificar la atención, por un lado, a criterios de necesidad y utilidad para la Administración General del Estado y, por otro, a los requerimientos normales en las actividades que operan en un mercado competitivo (costes, tarifas, rentabilidad, etc.)”.

Incentivos vinculados a objetivos

Otra cuestión que sale a la luz en el informe de fiscalización es que “los complementos e incentivos de productividad al personal funcionario y laboral deben vincularse al cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión”.

Según explica el tribunal, “los objetivos estratégicos de la entidad no están cuantificados específicamente, sino que se valoran de un modo conjunto, a través del denominado Índice General de cumplimiento de objetivos de la Agencia (IGA)”. Este índice se obtiene con carácter anual mediante la ponderación de los resultados de diversos indicadores y, aunque el informe considera que son indicadores “relevantes, coherentes y medibles”, aprecia “algunas omisiones y carencias que pueden disminuir su validez para una evaluación rigurosa del cumplimiento de toda la actividad de la AEBOE”. Además, los resultados presentan un alto grado de eficacia, pero detecta en algunos casos “una excesiva prudencia o conformismo en las metas a alcanzar”.

Sobre esta cuestión, el tribunal recomienda “analizar el sistema de acreditación de los complementos e incentivos de productividad, tanto para el personal funcionario como para el personal laboral, de manera que su cuantificación individual se vincule al cumplimiento de los objetivos fijados en el contrato de gestión y al rendimiento individual”.

A 31 de diciembre de 2014 la Agencia contaba con 429 empleados, de los cuales 79 eran funcionarios y 350 laborales. Los gastos de personal son el principal elemento de costes de la organización, con un 71% del coste total de la Agencia.

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Casi el 30% de los asalariados extremeños cobra del sector público | Mi dinero

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda reflejan que a 1 de enero de 2017 había en España 2.523.167 de empleados a nómina de la Administración, entre personal funcionario y laborales. Supone un 0,2% más que en el mismo período del ejercicio anterior. Un incremento mínimo, pero que supone el primer avance en cinco años.

Esta tendencia se mantendrá e intensificará en los próximos años tras la aprobación de una oferta de empleo público para cubrir 28.249 vacantes. De éstas, 20.451 son de ingreso libre y 7.798 corresponden a promoción interna.

El peso del empleo público es mayor en las comunidades menos desarrolladas económicamente y con mayor paro. En Ceuta y Melilla, el número de funcionarios representan más de la mitad de asalariados. En el ranking autonómico, Extremadura es la comunidad con mayor peso del empleo público sobre el total. Los trabajadores que residen en Extremadura y están a nómina del Estado, de la Junta o de la administración local alcanzan lo 88.886 efectivos, el 28,6% del total de asalariados. Le sigue Castilla y León (23,1%), Castilla-La Mancha (22,4%) y Asturias (20,2%).

En el lado opuesto destaca Cataluña, donde solo el 11% de los asalariados cobra directamente del sector público. Baleares y Madrid también registran cifras relativamente bajas, del 12,2% y del 14,8%, respectivamente. De media, el 16,7% de los asalariados en España tiene una nómina vinculada a la Administración pública.

En números absolutos, Andalucía es la comunidad con más funcionarios, algo lógico si se tiene en cuenta que también es la autonomía más grande y poblada. De los 2,5 millones de funcionarios, 458.371 trabajan en Andalucía. Le sigue Madrid con 388.344 funcionarios. El efecto capitalidad beneficia a la comunidad madrileña al incrementar el número de funcionarios en la región.

Llas comunidades autónomas y las universidades son los dos eslabones de la administración que han registrado un incremento del número de efectivos en 2017. Así, las comunidades autónomas cuentan con 1.307.358 empleados, un 1%más que hace un año. El incremento en las universidades fue del 1,7% hasta los 150.287 efectivos. En cambio, el Estado central y la Administración local redujeron su plantilla un 1%hasta los 522.410 y las 147.770 personas, respectivamente.

Las comunidades autónomas, que son responsables de gestionar los pilares del Estado de bienestar (educación, sanidad y servicios sociales), suman el 52% de los empleados. De hecho, la mayor parte de los empleados que cobran de la administración autonómica están adscritos a áreas como la sanidad o la educación.

El capítulo de gastos de personal es uno de los más relevantes en los presupuestos públicos. En 2016, el conjunto de la Administración destinó 121.431 millones a pagar salarios públicos, un 2% más que el ejercicio anterior. Un incremento que se explica en buena medida porque el año pasado se devolvió el 50% de la paga extra de Navidad suprimida en 2012. Además, el sueldo de los funcionarios se mantuvo congelado durante los años más duros de la crisis económica. Para el ejercicio en curso, Hacienda aprobó un incremento del 1% de la remuneración. Ahora, el Gobierno ha iniciado la negociación de los Presupuestos para el próximo año y todo indica que se incluirá un nuevo incremento del sueldo de los funcionarios, que podría ser algo superior al 1%.

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